Caminos de la autonomĂa Bajo la tormenta 20 de febrero de 2019
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Pronunciamiento Ante El Asesinato Del Compañero Samir Flores Soberanes Al pueblo de México y a los pueblos del mundo A las redes de apoyo al CIG A las redes de resistencia y rebeldía A la Sexta Nacional e Internacional A los medios de comunicación Denunciamos con dolor y rabia el cobarde asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos; uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y delegado desde hace muchos años del Congreso Nacional Indígena. Alrededor de las 6:00 am del día de hoy 20 de febrero, llegaron personas armadas a bordo de dos vehículos que tocaron la puerta y al salir Samir, le dieron cuatro balazos, dos de ellos en la cabeza que unos minutos después le arrancaran la vida. El día de ayer Samir expuso los motivos que como pueblos de Morelos tienen para oponerse al Plan Integral Morelos, en un evento organizado por el delegado del mal gobierno federal Hugo Erick Flores, quien se presentó en el municipio de Jonacatepec para organizar el foro relativo a la supuesta “consulta” con la que pretenden imponer la termoeléctrica de Huexca, Morelos y las obras complementarias que despojan del territorio y amenazan la vida de toda la región. Responsabilizamos por este crimen al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir. Atentamente Febrero de 2019 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Más Un México Sin Nosotros Congreso Nacional Indígena Concejo Indígena de Gobierno 1
Asesinan a Samir Flores Soberanes miembro del Fpdta-Mpt y opositor al Proyecto Integral Morelos El día de hoy 20 de febrero, a las afueras de su casa, fue asesinado de 2 balazos en la cabeza el defensor de derechos humanos SAMIR FLORES SOBERANES de la comunidad de Amilcingo, Mpo. Temoac, Morelos. Alrededor de las 5 de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió, se escucharon 4 disparos y dos de ellos ultimaron a nuestro compañero en la cabeza. Un día antes, Samir y compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo que el superdelegado de López Obrador en Morelos, Hugo Erik Flores realizó en Jonacatepec. Ahí le cuestionaron las mentiras que está diciendo acerca de la termoeléctrica en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. Desde el pasado 11 de febrero el FPDTA advirtió en una carta pública dirigida a López Obrador, que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua, al anunciar la consulta pública sobre el PIM, podría generar mayor violencia y lo invitamos a que reconsiderara su posición y se sentara a dialogar con nosotros, que conociera de primera mano el clima de hostilidad y violencia que ha generado el PIM. Samir estuvo presente en la protesta del domingo 10 de febrero en Cuautla. Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador, hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amilcingo y toda la región. Responsabilizamos al Gobierno Federal de este asesinato pues Samir no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el gobierno y la CFE en Amilcingo. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el FPDTA lleva contra el Proyecto Integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Este asesinato es resultado de la omisión de este y los gobiernos anteriores de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el inviable Proyecto Integral Morelos, de la imposición del capital sobre 2
los pueblos. De la justicia que no llega para los pueblos originarios afectados, de las sentencias y recomendaciones de la CNDH que llegan tarde y no se cumplen, al contrario, se vuelven a violar. Sr. Obrador millones de personas confían en usted como un sujeto que mejorará las condiciones del país, nosotros le advertimos a tiempo de esta situación y usted no nos quiso escuchar, hoy nadie nos va a devolver a nuestro compañero, pero sí, exigimos de usted JUSTICIA PARA EL COMPAÑERO SAMIR Y PARA TODOS LOS PUEBLOS AFECTADOS POR EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS, NO PUEDE HABER CONSULTA SI ASESINAN A NUESTROS COMPAÑEROS, CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Samir Flores Soberanes, fue indígena náhuatl originario de Amilcingo. Samir fue fundador de la Radio Comunitaria de Amiltzinko 100.7 fm, fue principal impulsor de la organización contra el Gasoducto Morelos y todo el Proyecto Integral Morelos, su trabajo fue incansable tanto en Huexca como en todos los pueblos, así como con los niños de su comunidad a quienes les enseñaba a conocer y amar a su territorio, actualmente formaba parte del Comité de Padres de Familia de la escuela del centro de Amilcingo, la cual se encuentra en resistencia desde hace 16 meses por el conflicto generado por el grupo de choque que se ha generado en la comunidad liderado por Humberto Sandoval, líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos. Alegre, valiente, incansable, solidario, comprometido y claro en sus ideas, Samir fue un ejemplo de lucha para todos nosotros. Por su posición y labor de promoción de la autonomía de Amilcingo y la defensa del territorio contra el Proyecto Integral Morelos, Samir fue amenazado en varias ocasiones desde el año 2012, así como difamado e incluso señalado en volantes y memes por internet, todos signos de desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y comunicadores populares. Hoy el Proyecto Integral Morelos cobró la vida de nuestro compañero, ayer vimos con indignación y coraje como con la fuerza pública y el ejército enterraron los tubos de este proyecto de muerte en Amilcingo y hoy enterramos a nuestro compañero en el contexto de una consulta ilegal, ilegitima e inequitativa que, en lugar de resolver un conflicto que por años ha existido, lo ha acrecentado por no tomar en cuenta a las comunidades afectadas, por no escucharnos. 3
Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se aprenda y castigue a los asesinos materiales e intelectuales de SAMIR FLORES SOBERANES, así como se garantice la protección de todos los miembros y pueblos integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Campamento Zapatista de Apatlaco y todos los que nos oponemos al Proyecto Integral Morelos y somos para López Obrador, radicales ultraconservadores. ¡A 100 AÑOS DE LA MUERTE DE ZAPATA EN MORELOS! ¡SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE! ¡VIVA AMILCINGO! ¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS! ¡JUSTICIA, TIERRA, AGUA Y LIBERTAD! Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
La ruptura de Cuautla, se repite la historia Al-Dabi Olvera*
El zapatismo, antes y ahora,termina en el lugar del referente de congruencia enfrentado a todo poder político. La postura de Emiliano Zapata hace 100 años, la radicalidad del neozapatismo de Chiapas, y la protesta de quienes hoy luchan por agua y tierra en Morelos tienen un punto en común: no se doblegan ante el incumplimiento de sus demandas. El zapatismo enfrentó así a Díaz, a Madero y a Carranza. Las luchas inspiradas en Zapata han enfrentado con tenacidad a Salinas, a Fox, a Calderón, a Peña y ahora a López Obrador. La ruptura entre Francisco I. Madero y Zapata el 18 de agosto de 1911 en Cuautla se debió a que el primero exigía el licenciamiento del Ejército Libertador del Sur, pero no ofrecía garantías de la restitución de tierras, principal motivo de la insurgencia campesina. En 2001, la ruptura del Ejército Zapatista con toda la institucionalidad partidista fue por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, garante de autonomía en territorios indígenas. Esta vez, febrero de 2019, los sectores organizados de Morelos, herederos de la lucha del caudillo, se sienten 4
traicionados por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la misma ciudad en la que Zapata y Madero tuvieron un grave desencuentro, los integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) protestaron durante el acto en el que el Presidente les cambió la jugada: en lugar de cancelar la termoeléctrica, corazón del Proyecto Integral Morelos, algo que el hoy Mandatario prometió en 2014 en Yecapixtla y en 2018 ante los usuarios del Río Cuautla, impuso una apresurada, inequitativa e ilegal consulta ciudadana. Es sintomático que este problema, heredado de las administraciones pasadas, le explotara a López Obrador justo cuando durante una visita oficial a Villa de Ayala declaró mediante decreto el Año de Emiliano Zapata a propósito del asesinato del “Jefe” el 10 de abril de 1919. El Ejecutivo calificó la ruptura entre los dos íconos de la Revolución como un “desacuerdo”; para Zapata fue una traición. Es sintomático que cuando un gobierno de cambio llega a la Presidencia da la espalda a algunos sectores populares y críticos claves para su triunfo y, además, los denosta. De acuerdo con el historiador Francisco Pineda Gómez, Madero dijo: “la única bandera de las chusmas surianas es el bandidaje”. López Obrador dijo a los activistas morelenses: “Escuchen: radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores.” Al insistir que las tierras eran de los hacendados, Madero recibió en Cuautla la consigna: “¡Muera Madero!”. Un siglo después, Obrador escuchó: “¡Palero Madero!” El escenario enfrenta hoy a conservadores de su forma de vida relacionada al campo ante los regeneradores del sistema. La Historia repite el capítulo. Lo que antes eran haciendas cañeras, ahora son gasoductos, acueductos, plantas de generación de energía y otros megaproyectos. Los pueblos organizados exigen a este nuevo gobierno se cumplan sus demandas ancestrales. Por eso, la APPM mandó una carta al Presidente: “no puede haber homenaje legítimo a Zapata si no cancela la termoeléctrica”. También, el zapatismo de Chiapas, en boca primero de sus voceros, y ahora de sus mujeres, se han puesto en alerta ante la construcción del Tren Maya y las políticas agrarias obradoristas: “a luchar con todo y con todas nuestras fuerzas en contra de esos megaproyectos. Si conquistan estas tierras, será sobre la sangre de nosotras las zapatistas”, escribieron las mujeres del EZLN. 5
Sólo si los sectores agraviados (el zapatismo de Chiapas, el nuevo zapatismo de Morelos, los opositores a la Guardia Nacional), se reagrupan con las nuevas luchas que brotarán ante el inminente paso de la minería canadiense, la operación de ductos ya impuestos (como las mujeres yaquis de Bácum, los otomíes de Pahuatlán, los rarámuris de Chihuahua), habrá una constelación de luchas que propondrá la posibilidad de plantear formas de vida distintas a la derecha recalcitrante y al progresismo de continuidad. Sólo así será posible romper el ciclo de la historia, aquel que repite eventos como el de Cuautla, y que nos coloca de nuevo en el lugar que un campesino que protagonizó la protesta ante Obrador decía: “volvemos a caer en el mismo punto: la defensa de la tierra como hace 100 años. “Pero se va a topar con la resistencia de los pueblos”. * Cronista
Lo contraproductivo
Javier Sicilia , 17 Febrero, 2019 - Proceso Hacia las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, Iván Illich acuñó un término para designar lo que sucede cuando, pasados ciertos umbrales, los fines para los que las instituciones del Estado fueron creadas se vuelven su contrario. Para mostrarlo, eligió tres instituciones fundamentales de nuestra modernidad: la escuela –La sociedad desescolarizada-, el transporte –Energía y equidad– y la medicina –Némesis médica–. Cincuenta años después, sus análisis resultaron reales: la escuela ya no alcanza para todos y tal vez enseña ya muy poco; los transportes tienen no sólo colapsadas las ciudades, sino destruido el medio ambiente, y la medicina, que tampoco alcanza para todos, se ha vuelto en muchos sentidos iatrogénica, es decir, hace daño a la salud. Mostraron también que el Estado entero y sus instituciones de servicio tal y como Occidente las concibió con la Iglesia y, luego, con el Estado laico –una copia degradada de la estructura clerical–, se volvieron contraproductivas y colapsaron: el Estado ya no nos proporciona ni seguridad ni justicia, y todos, en mayor o menor grado, disputamos los supuestos beneficios 6
de sus instituciones de servicio. De allí la corrupción y la violencia que el gobierno de la Cuarta Transformación busca combatir, más con buenas intenciones que con acciones contundentes. Quizá el rostro más brutal de esta cotraproductividad sean las redes del crimen organizado, que se han apoderado del Estado y de las Fuerzas Armadas, que desde hace 13 años los gobiernos utilizan para combatir el crimen. Las redes criminales no son instituciones del Estado, pero, como lo ha mostrado el combate al huachicol, son impensables sin él. Usan al Estado para robar, amenazar, extorsionar, corromper, secuestrar, matar. Las Fuerzas Armadas, que sí pertenecen al Estado, se han vuelto también contraproductivas como el Estado mismo. Creadas para defender la seguridad de la nación, han sido reducidas a labores policiacas y con ello le han dado rango de ejército enemigo a los criminales. Un hecho inédito en la vida de las naciones. Ambos –criminales y Fuerzas Armadas– son contraproductivos en el sentido de que, al haber instalado en toda la nación una guerra, malversan los fines del Estado, sembrando, mediante la compra de armas cada vez más sofisticadas y la deshumanización de sus miembros y de la vida civil, el miedo, el terror, la muerte y la desconfianza. Todavía hasta antes de la Primera Guerra Mundial, muchas guerras sucedían fuera de las ciudades con el fin de preservar la paz popular hecha de cultivos de subsistencia que proveían a los mismos ejércitos de víveres. Era un remanente de lo que en el siglo XII significaba paz, no la ausencia de guerra entre los señores, sino la preservación de la subsistencia. La paz que la Iglesia y el emperador buscaban garantizar en medio de ella se dirigía a preservar a los pobres y sus medios de vida de la violencia. “Protegía –escribe Illich– al campesino y al monje [que también trabajaba en la producción agrícola]. Por sanguinario que fuese el conflicto, la paz preservaba la cosecha futura y el ganado. Salvaguardaba la reserva de granos, el tiempo de la cosecha” y los valores de uso común. Desde hace dos sexenios y lo que va de este, la guerra que vivimos y parece interminable se mezcla con la vida de la ciudad y de los pueblos con el fin no de proteger ninguna subsistencia, sino de controlar los 7
territorios, los cuerpos y los bienes vueltos mercancías de consumo que sólo pueden obtenerse al precio de guerras. Destruidos los medios de subsistencia, saturada la producción de cualquier tipo de bienes –desde los necesarios hasta los más superfluos–, y transformados por quienes los controlan en escasos, lo único que queda es la contraproductividad que va de la mano de la violencia. En el fondo ya no hay nada que producir. Lo que hay es la necesidad de hacerse del dinero o del poder necesario para consumirlos y repartirlos discrecionalmente, aunque existen pueblos en todo el país que aún protegen la subsistencia –el ejemplo más visible son los zapatistas– y se oponen tanto a la penetración del crimen organizado como a la de las Fuerzas Armadas y a la idea del desarrollo que redunda en la contraproductividad. Las ciudades y los citadinos ya no lo comprenden. Podrían, sin embargo, comprender lo que se ha dado en llamar “Decrecimiento”, sobre el cual hubo un gran foro en la Ciudad de México a finales del año pasado. El decrecimiento propone una disminución del consumo y una producción controlada y racional, que permita una nueva forma de la producción basada en la amistad, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente. El decrecimiento, en muchos aspectos, está en consonancia con la austeridad republicana de la Cuarta Transformación. Pero para ello es necesario poner un coto a la mercantilización de todo, a la reducción de la inmensa propaganda consumista que se despliega a lo largo y ancho de los sistemas de comunicación, a la protección de los pueblos que aún viven de la subsistencia y a la limitación de ese mal endémico que se llama Desarrollo. Quienes hablan de la 4T deberían visitar las teorías sobre el decrecimiento y aplicarlas. De lo contrario, la austeridad que pregonan, lo único que mantendrá, bajo el parloteo de la demagogia, es la misma contraproductividad de los anteriores gobiernos. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE. 8
Vuelve la consulta
Josefa Sánchez Contreras - Ojarasca - La jornada ¿Más parques eólicos en Unión Hidalgo, Oaxaca? Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), Oaxaca En octubre de 2018, el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca revocó la suspensión definitiva de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec. Ello implicó que la empresa eólica Electricitè de France y las instancias gubernamentales involucradas reanudaran el proceso el 30 de noviembre, realizando una asamblea que ha supuesto la primera fase de acuerdos previos, de modo que actualmente la instalación del proyecto eólico Gunaa Sicarú, que consta de 96 aerogeneradores contemplados en más de 4 mil 400 hectáreas de bienes comunales, se encuentra en consulta. Es reiteradamente conocido que la Consulta Indígena es un derecho que los pueblos poseen, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. No obstante, en su aplicación concreta se encuentra plagada de irregularidades y obstáculos. Es el caso de esta comunidad zapoteca, cuya asamblea de comuneros sostiene un litigio desde el 2018, en el que ha reclamado que la Secretaría de Energía y su Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial, así como las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas con sede en la Ciudad de México, en vínculo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las estatales secretarías General, de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Indígenas, y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, todas del gobierno del estado de Oaxaca, que junto con el Ayuntamiento Constitucional de Unión Hidalgo han omitido las garantías para un procedimiento de Consulta que cumpla con el principio de ser previa. Esta arbitrariedad que priva en el proceso se evidencia en el permiso para generar energía eléctrica que otorgó la comisión reguladora de Energía a la empresa eólica el 29 de junio de 2017, nueve meses antes de que se promoviera la Consulta; a ello se le suma la evidencia de que desde el 2016 la empresa firmó contratos con pequeños propietarios omitiendo el carácter previo y violentando la tenencia comunal de las tierras. 9
Pese a dichas evidencias la empresa y las instancias gubernamentales insisten en continuar el proceso. Asistimos a un tiempo de Consultas Indígenas inmersas en las arbitrariedades y orientadas a legitimar la instalación de los proyectos eólicos, cuyo impacto para los pueblos es la acelerada privatización de sus tierras comunales y los daños ambientales al territorio, tratándose justamente de energías “renovables” vendidas en el mercado verde como medidas ambientales frente a la crisis del cambio climático. Este discurso ecologista es propagado por los gobiernos de Alemania, Francia y España, principales inversores de eólicos en México, cuya justificación es la “transición energética” que requiere la catástrofe nuclear. Sin embargo, en los hechos la producción de energía renovable y nuclear son dos aliados naturales. Más que hablar de una transición asistimos a una acumulación energética, donde los aerogeneradores representan la venta del derecho de contaminación y tienen la función de legitimar a un sistema de producción organizado alrededor de las centrales nucleares. De este discurso no está exento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien el primero de diciembre en su toma de posesión anunció la inminente instalación de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, omitiendo lo que ello implica en materia agraria, ambiental y de derecho indígena. El mercado de la venta de carbono implica acelerar la mercantilización total de los territorios. En México significa desmantelar la propiedad social de la tierra cuya extensión abarca más de la mitad de este país, generando un escenario nacional y local en el que los pueblos quedan desprovistos de condiciones para ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía. El contexto regional del Istmo de Tehuantepec, permeado por violencias, cacicazgos locales y problemas agrarios estructurales, imposibilita el real ejercicio de una Consulta Indígena libre, previa e informada, y por el contrario la supedita a los intereses del capital transnacional, tal como es el caso de las inversiones de Electricité de France en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña).
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La CNTE y la abrogación de la reforma educativa Luis Hernández Navarro
Los viejos compañeros de gabinete posan para la foto. José Ángel Gurría y Esteban Moctezuma están felices y sonrientes. Muestran a las cámaras unas publicaciones, como si fueran las orejas de un toro cortadas después de una gran faena. Son unos estudios sobre la educación en México, elaborados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La mesa del estrado está adornada con un mantel color vino tinto con los logotipos de la nueva-vieja alianza: el de la Cuarta Transformación (4T), el de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el del organismo internacional. El director de la OCDE, José Ángel Gurría, quien fue canciller y secretario de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo, justo cuando Esteban Moctezuma se desempeñó como secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, celebra su triunfo: 12 nuevas recomendaciones para “finalizar la mala planeación de la educación”. Para que no haya dudas sobre el alcance del acuerdo, el secretario de Educación informa que solicitó a la OCDE su colaboración con la dependencia gubernamental para elaborar propuestas concretas que sirvan en la transformación del sistema de educación superior. El anuncio cayó como balde de agua fría entre muchos maestros. La OCDE fue un actor clave en el diseño de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, contra la que se insubordinaron cientos de miles de trabajadores de la educación en el país. Es, con sobrada razón, una de las principales bestias negras del magisterio. Moctezuma ha insistido en distintos foros que su presencia al frente de la SEP representa una ruptura con el pasado. Sin embargo, el nuevo matrimonio de la secretaría con la OCDE anunciado el pasado 10 de enero, manda a los maestros la señal de que hay una línea de continuidad entre las pasadas administraciones y ésta, indeseable para el magisterio. Por ello, Wilbert Santiago Valdivieso, secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22 del SNTE (Oaxaca), arremetió contra el 11
organismo multilateral al anunciar el acuerdo de la asamblea estatal de la gremial de suspender clases el 25, 26 y 27 de febrero para trasladarse masivamente a Ciudad de México, en el contexto de los debates en el Congreso sobre una nueva reforma educativa. “Todo parece indicar –dijo– que nada más es un cambio para que todo siga igual. [La iniciativa gubernamental] mantiene el mismo enfoque del proyecto educativo del sexenio anterior. La OCDE sigue marcando el rumbo de un proyecto educativo con visión empresarial y colonial”. Sus palabras expresan también la opinión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En su posicionamiento sobre la iniciativa de reforma educativa de la 4T, del pasado 2 de febrero, la coordinadora ve en la propuesta del nuevo gobierno la “continuidad del proyecto educativo neoliberal, reforzado por la relación del secretario con la OCDE”. Añade: “La reforma peñista está vigente. La que está por venir no garantiza su abrogación en los términos que plantea” el movimiento. No se trata –como parecen creer algunos funcionarios– de que la coordinadora no quiere reconocer que ya triunfó, que a su interior permee la cultura de la derrota, o que los “conservadores de izquierda” que conducen al movimiento pretendan rebasar al nuevo gobierno. Nada de eso. Sus inquietudes tienen fundamento. Llevan años estudiando y analizando los alcances de la reforma educativa de Peña. La conocen al detalle. Y pueden reconocer en la iniciativa del nuevo gobierno no pocas líneas de continuidad sustantivas con la norma parida por el Pacto por México. “La iniciativa de ley con la que se pretende reformar los artículos 3, 31 y 73 constitucionales –señala la CNTE– no resuelve la abrogación de la reforma educativa vigente”. Ésta “parte de una visión neoliberal. Contempla términos como “excelencia”, que perfecciona el concepto infundado de “calidad”, que no son términos pedagógicos sino empresariales, planteados desde la perspectiva de la OCDE y Mexicanos Primero. Distorsiona el carácter universal y humanizador que debe prevalecer en la educación”. Según los maestros democráticos, la propuesta del nuevo gobierno sigue siendo punitiva. Le abre la puerta al cierre y la privatización de planteles educativos al promover la acreditación y certificación de escuelas y maestros. Condiciona la permanencia de los trabajadores 12
de la educación de no cumplir los estándares e indicadores de estos procesos. Desaparece de la redacción del texto constitucional los niveles inicial, especial, educación física, educación para adultos y otras. Plantea una educación bicultural y bilingüe, en lugar de pluricultural, intracultural-plurilingüe e intercultural-bilingüe. En su lugar, la CNTE reivindica la necesidad de “un acuerdo nacional que recupere el proceso cultural de la educación para los mexicanos”. Y propone otra educación sustentada en un “enfoque humanista, integral, holístico, comunal, gratuito, público y equitativo, clasista, universal, nacionalista e internacionalista”. Twitter: @lhan55
Regresiones jurídicas y uso de la fuerza política Magdalena Gómez
Hoy tenemos un ambiente de polarización y confrontación abierta, tratándose de la relación del Presidente de la República con los pueblos indígenas, cuyos territorios están amenazados por megaproyectos. Y señalo al titular del Ejecutivo federal y no a las secretarías de Estado o a las empresas, por el rasgo personalísimo para ejercer el poder de quien se sabe respaldado por 30 millones de votos. Desde Palacio Nacional ha dicho que todo lo va a consultar, pretendiendo denotar una actitud democrática. Sin dar cuenta de que el tema de la consulta indígena está sujeto a estándares internacionales y es parte de la resistencia de los pueblos frente al extractivismo y los megaproyectos. En lugar de ello, se ha optado por organizar consultas populares, figura asentada en el artículo 35 constitucional, al cual tampoco se apegan tales ejercicios, pues tiene otra naturaleza jurídica, otro procedimiento y ante todo debe coincidir con alguna elección federal y ser organizada por el Instituto Nacional Electoral. Hace 32 años se debatió ampliamente en el plano internacional y con participación de líderes indígenas sobre la necesidad de abandonar el concepto de poblaciones indígenas, con clara traducción demográfica y sustituirlo por el de pueblos indígenas por su procedencia histórica, antes de que se crearan las actuales fronteras nacionales. Los estados planteaban que los derechos de las personas eran suficientes y que 13
los derechos colectivos amenazaban su integridad. Pueblo sólo hay uno, decían; territorio sólo uno; soberanía sólo una; la autonomía y la libredeterminación indígena atentan contra ella. El Convenio 169 de la OIT logró finalmente establecer el concepto de pueblo indígena con una acotación impuesta por los estados, de que a ese concepto de pueblos, los indígenas, no se le daría el significado que entraña al derecho internacional. Es decir, que conforme a ese convenio no podrían aspirar a crear nuevos estados. Traigo acá el enunciado de ese debate porque estamos viviendo una virtual regresión ante el derecho indígena, ya no sólo en la flagrante violación al muy precario derecho a la consulta, sino a la columna vertebral que es el concepto de pueblos indígenas. Hoy se ha decidido que la consulta al pueblo en general es la vía idónea para aprobar megaproyectos que afectan directamente a los pueblos indígenas o a comunidades equiparables en contravención al convenio referido, al artículo 2 constitucional y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, que amplía con el derecho al consentimiento, sin dejar fuera la declaración americana sobre estos derechos. Ya está convocada la consulta genérica en Morelos y municipios de Puebla y Tlaxcala, para los próximos 23 y 24 de febrero, a decir si o no a la termoeléctrica Huexca, parte del Plan Integral Morelos (PIM). Es el mismo mecanismo que “aprobó” el Tren Maya, el canal transístmico, entre otros y se corresponde con el concepto de población que dejó atrás la OIT en 1989, tratándose de pueblos originarios. Estamos así no sólo ante la violación al derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente sino ante la desnaturalización del titular de los derechos al territorio, a la libre determinación. En lugar de ello, el Presidente declaró el pasado 10 de febrero en Cuautla: “aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida”. Ciertamente hubo gritos de las organizaciones que llevan casi una década oponiéndose al PIM. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala le señaló en una carta que en 2014 les ofreció su apoyo y hoy cómo es posible que reconozca que fueron reprimidos, encarcelados y torturados, pero que la termoeléctrica tiene una inversión de 20 mil millones de pesos y no se pueden perder. Ofrece a los afectados bajas tarifas de electricidad. De paso, califica a los opositores de “ultraconservadores de izquierda radical”. Éstos piden que se detenga la consulta anunciada y acusan que ellos no valoran el dinero, sino la vida. En alusión a los daños, de la contaminación del agua, además del riesgo volcánico del gasoducto, otro componente del PIM. El 10 de febrero, como ya es común, el Presidente inició su discurso 14
enumerando los apoyos y las becas que ofrece su gobierno, para en seguida abordar su propuesta de consulta. La oposición al PIM se mantendrá, y no es suficiente con el compromiso reiterado de que no reprimirá al pueblo; qué bien que no lo ordene y, sin embargo, el despojo y daño ambiental dónde queda ubicado, ¿no es una forma de represión? Se está avanzando con los megaproyectos, fomentando el aislamiento de los pueblos indígenas, en la confianza del respaldo popular. Me pregunto: ¿estamos ante un uso desproporcionado de la fuerza política?
AMLO, las consultas y las mariposas Guillermo Almeyra
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos indígenas sobre toda medida que pudiera afectarlos. Esa consulta –dice el Convenio 169 de 1989 firmado también por México– debe realizarse previamente, por medio de las instituciones de los habitantes e informándolos ampliamente sobre el tema y deben ser los pueblos quienes fijen las prioridades y decidan. No se puede llamar consultas a supuestos referendos realizados cuando ya todo ha sido previamente resuelto por pocas personas y empresas que sólo piensan en ganar dinero. No puede decidirse nada sin previo acuerdo de los afectados, y solamente de ellos, y esa aceptación debe expresarse en las formas propias de las comunidades y tras un periodo adecuado para la información pormenorizada y la discusión al respecto para que los interesados puedan enmendar los proyectos, rechazarlos o proponer una alternativa. Cuando –para tratar de imponer un proyecto prácticamente cocinado– se alega que se realizaron ya grandes inversiones pero que se hará un referéndum 15 días después (el 23-24 de febrero) como en el caso del Proyecto Integral Morelos que busca construir una termoeléctrica en Cuautla y tender un gasoducto en la falda del volcán Popocatéplet, esa supuesta consulta no sirve para nada, es un gasto inútil del dinero público y una insultante falta de respeto a la capacidad de pensar de las comunidades. 15
El gobierno tiene por supuesto el derecho de elaborar proyectos o de considerar favorablemente proyectos de las grandes empresas pero, puesto que el dinero que se invertirá es de los contribuyentes, los pueblos y comunidades de las regiones donde se realizarán esos proyectos tienen el derecho de conocerlos previamente, de discutirlos, enmendarlos, proponer otros o no cambiar nada. López Obrador dijo en Cuautla en 2014 que ese proyecto en la tierra de Zapata equivalía a instalar una planta nuclear en Jerusalén y que se opondría al mismo. Ahora, en cambio, quiere construir la termoeléctrica en Cuautla a pesar de que los morelenses se oponen desde hace años a ese intento y de que los datos ofrecidos por los ecologistas demuestran que una instalación para captar la energía solar ahorraría el agua necesaria para la agricultura, no la contaminaría, no causaría daños al ambiente y, además, permitiría ahorrar casi un tercio de los 22 mil millones de pesos que costará la termoeléctrica. Los vulcanólogos y los ambientalistas en general critican también duramente la construcción de un gasoducto en una zona con constantes terremotos y junto a un gran volcán que podría explotar en cualquier momento. Pero López Obrador descarta de un manotazo todas las críticas y los críticos y los acusa a todos, como un nuevo senador McCarthy, de ultraizquierdistas atribuyéndose de paso la autoridad para decidir hasta dónde llega la izquierda razonable y tolerable y dónde empieza el límite entre ella y los condenados al fuego eterno por el nuevo Júpiter. Para colmo, organiza además su seudovotación sobre el proyecto en Cuautla para dentro de apenas dos semanas y quiere ahogar a los afectados por la termoeléctrica con los votos de los desinformados habitantes de grandes ciudades como Puebla o Cuernavaca. Como admirador de Madero debería recordar sin embargo que éste virtualmente se suicidó al romper con Zapata y los morelenses y recurrir a Huerta, su futuro asesino, para reprimir a los pueblos que ya entonces defendían su agua… El proyecto de promoción turística bautizado Tren Maya es también peligroso y dañino desde el punto de vista ecológico, social y cultural, y no ha sido previamente discutido en todos sus aspectos por los habitantes de los territorios que se verían gravemente afectados. Tratar de cubrir eso con un referéndum a toro pasado no es más que una maniobra de prestidigitador político. En cuanto al Istmo de Tehuantepec, la modernización de los puertos de Coatzalcoalcos y Salinas Cruz y de la comunicación ferroviaria 16
y vial facilitaría la comunicación entre ambos océanos, lo cual es positivo. Pero el plan incluye la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) y proyectos eólicos y forestales antiecológicos rechazados por las comunidades indígenas que no fueron previamente consultadas. En esas ZEE la idea central consiste en urbanizar y crear industrias para explotar a los desocupados producidos por la falta de apoyo estatal a los campesinos, el crecimiento demográfico en las comunidades y la baja productividad de las zonas rurales con el objetivo de fijar en la zona a los trabajadores migrantes centroamericanos y a los guerrerenses, oaxaqueños y chiapanecos que hoy emigran hacia el norte. Superar implica conservar lo necesario y cambiar radicalmente. Como la oruga que se transforma en mariposa. El anticapitalismo implica conservar los recursos aún salvables para hacer menos penosa la reconstrucción ambiental, económica y social. Mantener este sistema de explotación de la gente y de la naturaleza, no es transformar, es conservar y repintar el burdel, la cárcel. almeyraguillermo@gmail.com
Inconformidad social contra la presa Milpillas Francisco López Bárcenas
El 7 de octubre del año pasado, en la visita que el Presidente de la República hizo al estado de Zacatecas como parte de su gira de agradecimiento por el voto recibido el primero de julio, aprovechó para anunciar su compromiso de apoyar la construcción de la presa Milpillas y un acueducto para llevar el agua que almacene en ella y sea transferida al corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe. Se trata de una obra que fue anunciada desde el año 2005 por el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes y de concretarse ocupará tierras de 19 ejidos ubicados en los municipios de Jiménez de Teúl, Sombrerete y Fresnillo. Pero la obra tiene un problema de origen: ninguna autoridad informó a la población que podría ser afectada y ante la incertidumbre de lo que pudiera pasar se están organizando para defenderse. El apoyo que el Presidente de la República ofreció al gobierno del estado para que la obra se lleve a cabo ha generado inquietud entre los posibles 17
afectados, que se ha traducido en movilización para no permitirlo, o al menos no a costa del deterioro de sus condiciones de vida. Parte de su lucha se ha concretado en conseguir aliados que expliquen los impactos que tendría la obra. En ese contexto, los días 6 y 7 de febrero se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas el “Foro sobre la presa Milpillas”, en el que participaron miembros de las comunidades que podrían ser afectadas, investigadores nacionales y extranjeros que realizan investigación en la región, estudiantes y población en general; con el objetivo de hacer un análisis del proyecto a partir de la información que han podido conseguir porque, dijeron, las autoridades nada han informado al respecto. Dentro de los problemas que se plantearon se aseveró que la obra no es viable ni técnica, ni financiera ni socialmente, porque además de despojar de agua a decenas de comunidades rurales ubicadas en los alrededores del río Atenco, sobre el cual se construiría la obra, el costo anual del trasvase y bombeo del líquido a más de 160 kilómetros y casi 500 metros de altura superaría los 350 millones de pesos. Darcy Teatreault, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, explicó que el acueducto tendría un diámetro de 42 pulgadas y una extensión de 166 kilómetros para transportar el agua desde la presa hasta el lugar donde se ubican las cuatro principales ciudades de la entidad: Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Calera, y se deberá bombear el agua a una distancia vertical neta de 490 metros en su trayectoria a la capital del estado. Otro motivo de inconformidad es la falta de información verídica que dé certeza sobre la obra, sus verdaderos fines y sus impactos. Ante la falta de ella, muchos zacatecanos sospechan que la obra no busca abastecer de agua a los habitantes de las ciudades mencionadas sino facilitar su entrega a grandes empresas mineras propiedad del Grupo Peñoles y de Fresnillo PLC, que podrían seguir sobrexplotando los acuíferos de la región sin la presión social por la falta de agua para las zonas urbanas. En el evento se reveló que la cervecería Grupo Modelo está interesada en financiar en parte el proyecto hidráulico para beneficiarse del agua. La sospecha adquiere tintes de verdad entre los ciudadanos que, afirman, Alejandro Tello Cristerna, el actual gobernador, hace años fungió como directivo de la empresa. “Por el bien de todos, primero los pobres”, decía el actual Presidente de la República cuando andaba en la lucha por obtener los votos que 18
lo llevaran a la Presidencia. Pero los pueblos que serían afectados por la construcción de la presa Milpillas piensan que se ha olvidado de esa propuesta, pues no sólo es el apoyo público a una obra pública que les perjudica lo que los molesta, sino la actitud de las instituciones encargadas de asesorarlos, como la Procuraduría Agraria, actúen para que el despojo de sus tierras se consuma, lo que los obliga a defenderse también de ella. Por acá, dicen, ni la consigna de campaña ni las señales de que la Cuarta Transformación será una realidad muestran su rostro. Pero eso no los desanima, al contrario, les dice que tienen que luchar para defender su patrimonio.
Presos políticos y de conciencia Miguel Concha
Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social. Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa. Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad. 19
El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema. Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito. Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la “autonomía” del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales. Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio 20
se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto. Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local.
Buscadoras de vida Raúl Romero*
En 2011 la tristeza ydesesperación estaban matando a María. Sus hijos Raúl y Salvador fueron desaparecidos en Guerrero, en 2008. Después, en 2010, otros dos de sus vástagos, Luis Armando y Gustavo, también fueron víctimas de desaparición, esta vez en Veracruz. María los buscó por todos los medios posibles. Acudió a todas las instancias de gobierno necesarias. Sólo encontró silencio y desprecio. Con la esperanza ya medio deshecha, María supo por la prensa que cientos de personas recorrían el país buscando a sus familiares desaparecidos y denunciando la política de muerte y destrucción. Decidió entonces viajar a Morelia, en Michoacán, para escuchar y ser escuchada. Encontró ahí a muchas otras personas que como ella buscan a sus familiares. Comprendió que su tragedia era compartida. Fue así como María se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. María ha participado en toda suerte de iniciativas de articulación y diálogo. Ha visto nacer y perecer organizaciones. Se ha entrevistado con tres presidentes. Impulsó la ley de víctimas y luego protestó contra la 21
ineficiencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También acudió a los “foros de pacificación”del nuevo gobierno y atestiguó el desastre en que se convirtieron. María ha escuchado promesas de muchas personas de diferentes partidos y gobiernos, pero nadie le ha devuelto a sus hijos. Con familiares y gente que la acompañan, María fundó la organización Familiares en Búsqueda María Herrera. También impulsó la Red de Enlaces Nacionales: “un espacio de articulación de familiares de personas desaparecidas que tiene como objetivo central encontrar, y regresar a sus familias, a todas las personas desaparecidas en México”. Desde esos espacios han construido la Brigada Nacional de Búsqueda, la cual lleva cuatro años seguidos funcionando. Se trata de un ejercicio de autonomía ante la complicidad e ineficiencia del gobierno. En su cuarta realización, la brigada reporta haber encontrado siete cuerpos, 100 restos óseos y evidencias de fosas clandestinas en Huitzuco, Guerrero. También informa que “restos humanos se encontraron en áreas que ya habían sido procesadas por las autoridades sin que se realizara una revisión a fondo”. El fenómeno de la desaparición de personas en México ha alcanzado magnitudes terribles. Recientemente, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, reconoció que existen más de 40 mil personas desaparecidas. Sin embargo, apenas en agosto pasado, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, indicó que podrían ser más de 300 mil personas en esta condición. La desaparición de personas puede entenderse como una “tecnología militar represiva”, desarrollada y perfeccionada durante el siglo pasado. Para conocer su historia e implementación vale mucho revisar a profundidad los diferentes escritos de Pilar Calveiro. En México actualmente la desaparición de personas está vinculada a la represión política o como herramienta de limpieza social. También se realiza con fines de trabajo esclavo, de prostitución, para tráfico de órganos y de otros negocios que las corporaciones criminales han desarrollado con gran éxito en el país. Para que dichas corporaciones funcionen necesitan de sólidas redes de corrupción con diferentes instancias de gobierno, con políticos, policías y militares; pero también con sectores empresariales que ocupan “mano de obra barata”, o con banqueros que se encargan de “lavar” el dinero que se produce en estos negocios. 22
Junto a los homicidios violentos y los feminicidios, la desaparición de personas es uno de los grandes problemas nacionales que es urgente atender. Ahí se encuentra parte de la “emergencia nacional” que diferentes organizaciones han diagnosticado desde hace más de una década. En días recientes se anunció el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y se dieron los primeros pasos para su operación. Aunque el plan contiene elementos interesantes, hay señales que siguen preocupando a las organizaciones de víctimas. Principalmente se cuestiona si la política de “borrón y cuenta nueva”que anunció el Presidente se aplicará en esta materia, o si se llegará “hasta las últimas consecuencias” cuando se descubra que altos y medios mandos del Ejército participaron de dichos crímenes. La misma interrogante surge cuando se trata de desaparición de personas vinculadas a los proyectos de empresas extractivas. Las preocupaciones no sólo advierten justicia para casos del pasado, apuntan sobre todo a desarticular las redes que hoy siguen operando. “Es posible que hayan extraviado la brújula // y hoy vaguen preguntando preguntando // dónde carajo queda el buen amor // porque vienen del odio.”escribió Mario Benedetti en su poema Desaparecidos. Hoy nos toca seguir buscando el “buen amor”, para encontrar a todos y todas nuestras desaparecidas, y nos toca también vencer ese odio que al parecer, cada día se expande más y más. *Sociólogo - Twitter: @cancerbero_mx
De las “misiones de paz” a la “ayuda humanitaria” Raúl Zibechi
Por fin conocemos en detalle la participación de militares en el gobierno de Jair Bolsonaro. Un informe del diario Zero Hora, de Porto Alegre, asegura que 100 oficiales ocupan los escalones superiores del gobierno, desde el presidente y su vice hasta ministros, gerentes de las grandes estatales y puestos clave para el funcionamiento del aparato estatal. Los uniformados se desplegaron en lugares estratégicos que les permiten tomar o vetar decisiones sobre cuestiones que van mucho más allá de la seguridad nacional o las agencias de inteligencia. Tienen peso decisivo en las gerencias de Petrobras, Eletrobras, la represa binacional 23
de Itaipú y la Zona Franca de Manaus. Por sus cargos en los ministerios y otras entidades, supervisan la extracción de minerales, el sistema de comunicaciones, las carreteras e hidroeléctricas. La presencia militar es especialmente fuerte, además de los siete ministros con que cuentan, en Ciencia y Tecnología (con cinco altos cargos, además del ministro), Educación, Infraestructura, Justicia, la Caixa Económica Federal (cuarto banco de Brasil) y la Secretaría General que rodea a un presidente en conflicto con su vice, al que no ha querido traspasarle el mando durante su larga internación hospitalaria, por sencilla desconfianza. Los militares no se han limitado a los espacios que siempre han controlado, como Defensa o el Gabinete de Seguridad Institucional, sino que controlan los principales resortes de la administración. Pero el dato que permite comprender lo que está sucediendo, es que “el núcleo duro de los militares en el gobierno de Bolsonaro son oficiales “boinas azules”, que comandaron o tuvieron funciones en Misiones de Paz de las Naciones Unidas”, explica el periodista Kaiser Konrad en el citado reportaje. En este punto empiezan a develarse los nexos entre las misiones de paz y las políticas internas en Brasil y en la región. Cinco generales del actual gobierno son veteranos de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), donde Brasil jugó un papel determinante entre 2004 y 2017. Otros tres militares de alto rango actuaron en misiones de paz en Bosnia y Angola, entre ellos el vice Hamilton Mourão, quien fue además agregado militar en la embajada en Caracas. No es casualidad que haya sido Mourão el que pregona una “salida” para Maduro, que consiste en crear un “corredor de escape” Desde hace varios años venimos señalando las conexiones entre la presencia de militares brasileños en la Minustah y la ocupación militar de las favelas, entre otras políticas de orden interno que se extienden cada vez a más estados de Brasil. Hace 10 años destacamos que los militares brasileños reconocían que “las técnicas empleadas en la ocupación de la favela Morro da Providéncia, son las mismas que las tropas brasileñas utilizan en la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití” (goo.gl/4pN4RB). Tomando el caso de Brasil, señalaba a propósito de las llamadas políticas sociales, que “el plan Hambre Cero es compatible con la militarización de las favelas”. Ahora es necesario dar algunos pasos más, a la vista de los planes para intervenir en Venezuela. 24
Primero, la mayoría de las tropas de paz en Haití pertenecieron a países latinoamericanos. Más de la mitad de los 7 mil soldados provenían de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Honduras y Guatemala. Buena parte de ellos con gobiernos progresistas. Las fuerzas armadas de Brasil tuvieron la jefatura de la Minustah durante más de una década. Como la tropa y los oficiales van rotando, es posible que en esos 13 años más de 30 mil efectivos de la región hayan participado en la “misión de paz”, una de cuyas tareas consiste en entrenarse en “ayuda humanitaria”. Segundo, las fuerzas armadas de Brasil llevaron a Haití su experiencia militar en las favelas y las políticas socioeconómicas exitosas en el país, e importaron las experiencias obtenidas en la isla. Una investigación de Tamara Jurberg (goo.gl/3chj6x) analiza las relaciones entre la misión y las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), creadas en Río de Janeiro cuatro años después del inicio de la Minustah, para “pacificar” las favelas. Concluye que Haití fue “una herramienta para mejorar las propias operaciones militares internas”, o sea, el control de los pobres. Tercero, el autoproclamado Juan Guaidó anuncia que Brasil abre el segundo centro de acopio de ayuda en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela. Los militares brasileños serán los encargados de ingresar al país esa “ayuda humanitaria”, coordinando con Colombia. Un general brasileño pasa a integrar, por primera vez en la historia, el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos. No habrá una invasión clásica, con bombardeos y desembarcos de marines. La invasión es la “ayuda humanitaria”, estrategia que los militares prepararon durante 13 años en Haití, con el apoyo de gobiernos progresistas.
Venezuela y la mafia humanitaria José Steinsleger
Frente a la hipócrita y estridente “ayuda humanitaria”a Venezuela y los impredecibles posicionamientos de Donald Trump y la pandilla de Mike & Mike, conviene recordar algunas premisas de la política internacional: 1. La política exterior es la política. V.gr: Estados Unidos necesita mentir al mundo, y Venezuela cantarle sus verdades. Tómese algunos minutos, por favor, para oír la impresionante intervención 25
del embajador Samuel Moncada, en las entrañas de ese nido de ratas llamado OEA. https://bit.ly/2X8EnQU. 2. La geopolítica no es una ciencia exacta, pero existe. V.gr: “América Latina no es un problema de política exterior de Estados Unidos. Es una cuestión doméstica de nuestro país”(respuesta de Henry Kissinger a un diplomático argentino, apuntada por el riguroso periodista Jorge Elbaum). 3. En política internacional, no hay ideologías. Hay intereses que se dirimen en espacios distintos a los de la impotente ONU, la crujiente Unión Europea, la desacreditada OEA y, mucho menos, en las redes antisociales de los trolls y las usinas mediáticas del terrorismo mundial. En la época de la invasión de la CIA a Playa Girón (Cuba, abril de 1961), reinaba en la Casa Blanca John F. Kennedy, un cultivado y glamoroso personaje de la élite política bostoniana. Kennedy encarnaba el sueño lúbrico de las primeras damas de América Latina, y de presidentes como el venezolano Rómulo Betancourt, alfil político de Washington y acérrimo enemigo de Fidel Castro. Los gobiernos “democráticos” de entonces (liberal-conservadores, conservador-liberales, junto con tres o cuatro “desarrollistas”) eran menos sanguinarios que las satrapías impuestas por Washington en Nicaragua (Somoza), Haití (Duvalier) o Paraguay (Stroessner). Pero cuando la OEA (o sea Washington) llamaba a misa, demócratas y tiranos se tomaban de las manos, y dando gracias al señor recitaban las epístolas de la llamada “doctrina Betancourt” (1959). La “doctrina Betancourt” (o sea Washington) llamaba a la cooperación de los gobiernos democráticos de América Latina para someter a “riguroso cordón sanitario” (sic), a los regímenes que no respeten los derechos humanos, y erradicarlos mediante la “acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional” (sic). Con dedicatoria a Cuba, la “doctrina Betancourt” sería precursora de la Carta Democrática Interamericana, que 42 años después Washington impondría en la OEA con dedicatoria a Venezuela, un 11 de septiembre de… ¡2001! Simultáneamente, el “pentagonimo” restructuraba la vieja política imperialista de mera conquista territorial, con fines de explotación de los pueblos. Y el encargado de explicarla sería el ex presidente dominicano Juan Bosch (1909-2001), “cuando la definió a partir del dominio del complejo militar estadunidense en la política exterior y doméstica de 26
Washington, desde la Segunda Guerra Mundial, y cuyo eje se expresa en la frase ‘la paz no es rentable’” (Goevanny Vicente Romero, Sputnik). Por ende, si la paz (o sea la diplomacia, la política) ya no era “rentable”, la ideología de las élites económicas, ya no se nutriría de “paradigmas imperiales más o menos estables”, como observó el sociólogo Jorge Beinstein. En un ensayo publicado poco antes de morir, Beinstein sostiene que la degeneración parasitaria del sistema ha llegado a un punto de inflexión, caracterizado por el rápido ascenso hacia el poder total de una élite mafiosa con aspiraciones dictatoriales. “Se trata –escribe Beinstein– de un poder mafioso que asume perfiles preidológicos, culturalmente confusos, primitivos. Y la explicación estructural de esa barbarie se encuentra en la dinámica inmediatista de sus negocios (financieros y turbios en general), donde el largo o mediano plazos no existen.” En suma, fin de las mediaciones, desconocimiento de los estados nacionales, financiarización de la economía, judicialización de la política, jibarización de la sociedad, centrifugación de las instituciones, vaciamiento de la democracia, saqueo de los recursos naturales, desaparición del derecho internacional y, por sobre todo, muchas fake news y muchas mentiras. Por último, lo que importa: “La diplomacia es la habilidad para conseguir objetivos”. Palabras de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa (1921-97), orgullo y ejemplo de la política exterior mexicana.
Brasil ingresa al Comando Sur contra VenezuelaDestacado Raúl Zibechi
Por primera vez en la historia un general del Ejército de Brasil se integra al Comando Sur del ejército de EEUU. El anuncio fue hecho el 7 de febrero por el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. 27
En su informe dice que Brasil, Chile y Colombia son los países de la región con los que mantiene mayores lazos. Agrega que Brasil fue el primero en firmar un acuerdo para el uso pacífico del espacio (Space Situational Awareness Agreement), que Colombia es el primer socio latinoamericano de la OTAN y que Chile se ha integrado a través del Anillo del Pacífico a la mayor marina de guerra del mundo. En su comparecencia en el Senado, el almirante Faller dijo: “Queremos enemigos que nos teman y amigos que hagan alianzas con nosotros”, y mencionó seis países que define como “amenazas” a los intereses estadounidenses: Rusia, China, Irán y sus “aliados autoritarios” en la región, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Faller se mostró preocupado con el soporte militar de Moscú a Caracas y los créditos de China destinados a controlar los puertos y fortalecer su presencia en el área de infraestructura, en particular la asociada al canal de Panamá. En relación a la compra de productos de la empresa de telecomunicaciones Huawei, Faller lanzó una suerte de amenaza: “Si los gobiernos de América Latina y del Caribe continúan usando sistemas chinos de información, nuestra habilidad y capacidad para compartir informaciones estará afectada”. El diario económico brasileño Valor destacó que sectores de Itamaraty, como se denomina a la Cancillería, “mostraron preocupación con la posibilidad de que un cargo en la jerarquía de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos venga a legitimar una eventual intervención militar en la región”. El diario empresarial añade que la participación de oficiales brasileños en el ejército de EEUU “colide con documentos aprobados por el Congreso que definen las directrices nacionales que privilegian la actuación multilateral de las Fuerzas Armadas sin prevalencia de una única nación”. Se refiere a la Estrategia Nacional de Defensa y el Libro Blanco de la Defensa Nacional. En el mismo sentido se manifestó el excanciller y exministro de Defensa, Celso Amorim. Dijo que el nombramiento de un militar brasileño para desempeñarse como vicecomandante de interoperabilidad el Comando Sur es “impropia e incompatible con la Política Nacional de Defensa” y que servirá para “legitimar una eventual intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y conferirle a una unidad de aquel país un papel similar al de la OTAN, sin que ningún tratado haya sido firmado con tal objetivo”. 28
Amorim considera el anuncio como muy grave por el momento en que fue realizado, cuando se prepara una intervención en Venezuela. “No estamos ante algo menor”, dijo, sino “una función militar operacional, que coloca a nuestro Ejército en una posición delicada, que discrepa, a mi modo de ver, de la concepción de independencia que contienen los documentos citados”. Agregó que esta decisión es muy diferente a la participación de oficiales brasileños en operaciones de las Naciones Unidas y que habría que volver al período de la Segunda Guerra Mundial para encontrar una situación similar. Una semana después del anuncio, el almirante Faller visitó Brasil y se reunió con la plana mayor de las Fuerzas Armadas, incluyendo una visita al astillero donde se debería construir el primer submarino nuclear, cuyo inicio viene siendo retrasado por cuestiones presupuestarias. El tema de Venezuela estuvo entre los asuntos tratados. Un interesante artículo de opinión de la periodista Maria Cristina Fernandes en Valor, pone las cosas en el lugar exacto. Señala que el miliar designado para ocupar el cargo de subcomandante en las Fuerzas Armadas de EEUU a partir de abril es el general Alcides Faria Jr., actual comando de brigada en Ponta Grossa en el estado de Paraná. Cuando el general brasileño “desembarque en el Fuerte San Houston para asumir sus funciones de subcomandante de las fuerzas armadas estadounidenses, ya se habrán agotado todos los plazos dados por EEUU para que Venezuela acepte los envíos de alimentos y medicamentos”. En caso de una intervención miliar contra Venezuela, esa unidad del Fuerte San Houston será una de las que deberán participar en acciones armadas. En la medida que estamos “ante una acción militar revestida de ayuda humanitaria”, la periodista se pregunta: “¿Si el Pentágono envía la orden [de intervenir], qué debería hacer el general brasileño?”. Por supuesto, el Ministerio de Defensa “descartó que la posición brasileña consista en una adhesión a una acción militar en Venezuela, aún bajo un argumento humanitario”. Los militares del gigante latinoamericano se encuentran en una posición muy delicada. Por partida doble. Ver reportaje completo en: https://www.desdeabajo.info/mundo/ item/36187-brasil-ingresa-al-comando-sur-contra-venezuela.html 29
Caminos de la autonomĂa Bajo la tormenta 13 de febrero de 2019