Recopilatorio 22 de enero 2020

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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 22 de enero de 2020

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Más allá del EZLN: la hora del Congreso Nacional Indígena Zósimo Camacho - Contralínea - Enero 21, 2020

Para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no pasó desapercibido el “les guste o no les guste” de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República habló claro y mandó un mensaje directo a quienes se oponen a los megaproyectos que pretende erigir sobre territorios indígenas. “Eso quiere decir –interpreta el EZLN– ‘así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer’. Y nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato.” En el comunicado del pasado 31 de diciembre, firmado por el subcomandante insurgente Moisés, los zapatistas responden también claramente al “reto” del presidente: “Sí, estamos dispuestos a desaparecer como propuesta de un nuevo mundo; sí, estamos dispuestos a ser destruidos como organización; sí, estamos dispuestos a ser aniquilados como pueblos originarios de raíz maya; sí, estamos dispuestos a morir como guardianes y guardianas de la Tierra; sí, estamos dispuestos a ser golpeados, encarcelados, desaparecidos, asesinados como individuos e individuas zapatistas”. Y señalan que defenderán la Madre Tierra con todas las capacidades y recursos del EZLN. Hasta morir, si es preciso. Para el presidente, al menos en la formalidad, eso no significa nada. Parece decir: ¿Qué capacidades puede tener hoy el movimiento zapatista frente la 4T con sus 30 millones de votos? De hecho, el pasado martes 14 –durante la conferencia mañanera– dijo literalmente: “No hay oposición al Tren Maya”. Aseguró que “nadie” se opone a este megaproyecto, como si no supiera de la posición zapatista y de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. O tal vez es una manera de decir: Se oponen ellos, pero son nadie. Lo cierto es que el EZLN es hoy el movimiento armado más grande de América Latina y la mayor guerrilla que ha visto México desde la Revolución de 1910-1929. Los datos públicos más conservadores


del oficialismo señalan que los zapatistas suman 40 mil milicianos. Es decir, la cifra real debe ser varias veces mayor. Con todo, la fuerza del zapatismo no radica en su número (que sí es considerable). Radica en su exitosa autonomía indígena que ha construido en un vasto territorio y que en los últimos meses rebasó el cerco militar impuesto desde 1995. También radica en la basta red solidaria que cuenta entre movimientos, organizaciones, colectivos y personas de la izquierda social, aquella que no cabe en el sistema electoral mexicano y que no está representada ni en Morena, el PRD o sus satélites. Y sobre todo, radica en la organización de los pueblos, tribus y naciones de todo el país que vienen oponiéndose activamente al despojo de territorios: el Congreso Nacional Indígena, una organización creada a convocatoria del propio EZLN y que cumplirá 24 años construyendo, como dicen ellos, “redes de resistencia y rebeldía”. Se trata de una red tendida por toda la geografía mexicana. De levantarse, podría dislocar al Estado mexicano, aunque no se hable oficialmente de ella y esté ausente de la agenda mediática racista, clasista y más ocupada en la pirotecnia de fifís y conservadores contra chairos y liberales. Ya en el reportaje “CNI: la rebeldía indígena alcanza 24 estados” (https://bit.ly/373QDXj) dábamos cuenta de la magnitud del movimiento indígena anticapitalista. En el CNI participan 89 tribus, pueblos y naciones, de cientos de comunidades ubicadas en 179 municipios de 24 estados de la República. Los estados con mayor número de municipios con presencia del Congreso Nacional Indígena son Oaxaca (46); Chiapas (23); Guerrero (16); Veracruz (15) y Puebla (11). Le siguen Yucatán (nueve); Sonora, (ocho) Chihuahua y Estado de México (siete cada entidad); Jalisco (cinco) y Baja California y la Ciudad de México (cuatro cada una). Completan la lista Campeche, San Luis Potosí y Tabasco (tres por entidad); Morelos y Sinaloa (dos) y Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo (un municipio por cada estado). Un listado detallado puede consultarse en el texto citado y en “Cárteles, en guerra contra los pueblos indígenas” (https://bit. 2


ly/2tjYlhG), donde además se señala qué cárteles del narcotráfico realizan labores de contrainsurgencia contra los pueblos originarios. ¿Acaso el presidente no lo sabe? Todo indica que sí, aunque diga que todo el “pueblo bueno” está con él. Como señalábamos en la entrega anterior, no es casualidad que haya decidido recorrer toda la geografía indígena como si anduviera en campaña. Y es que el EZLN ha devuelto el reto y doblado la apuesta. Lanza dos preguntas. La primera a la 4T: “¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos?” La segunda, está dirigida al CNI-Concejo Indígena de Gobierno y a organizaciones afines, aliadas, adherentes y simpatizantes: “¿A qué están dispuestos, dispuestas y dispuestoas para detener la guerra que hay contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos?”. El EZLN ya sabe la respuesta del Estado mexicano. Espera conocer la del Congreso Nacional Indígena. Puede venir en los próximos días. Y no, no es sólo una consigna: los zapatistas no están solos.

Una semilla germina en el oriente de Edomex Celia Guerrero - Igualada - 15 Enero, 2020 Piedepagina.mx

Mover el foco de atención de la organización y las manifestaciones feministas de la capital hacia sus periferias es una necesidad para las mujeres que las habitan. La Red de Mujeres del Oriente del Estado de México planea recorrer esas calles el próximo domingo, 19 de enero Esta Igualada decidió convertirse en un canal para recibir una mini respuesta a tres preguntas que van de la mano de una reflexión sobre lo que puede germinar cuando las mujeres se encuentran y 3


lo que cultivaremos si somos capaces de apreciarlo: ¿Qué convoca a un grupo de mujeres diversas a unir sus luchas? ¿Cuáles son las prioridades de las habitantes de la periferia de la capital que piden descentralizar el movimiento feminista? ¿Cuál es la invitación que hacen a otras y otros habitantes de esos territorios periféricos asolados por la violencia machista? * Hay diversas circunstancias que distinguen a las integrantes de este grupo de mujeres reunidas un sábado por la mañana a unas cuadras del palacio municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México: la generación, la profesión, las vivencias personales. Pero basta una razón para unirlas: todas son habitantes de esa demarcación o de otra colindante, Chimalhuacán. Es preciso decir que son mujeres de la periferia de la capital mexicana. Están ahí para acordar los últimos preparativos para el domingo, 19 de enero, día en el que han convocado a una manifestación como Red de Mujeres del Oriente del Estado de México para acompañar a familiares de mujeres desaparecidas. Platican de manera colectiva sobre lo que las lleva a estar reunidas ahí, son un coro que cuenta una historia que comienza en 2018, cuando varias de las integrantes asistieron al primer Encuentro de Mujeres que Luchan del que las zapatistas fueron anfitrionas. En ese evento, que podría decirse fue el punto de partida de esa Red, decidieron que iban a organizarse junto a otras mujeres del lugar en donde habitan porque esa fue una de las tareas que las zapatistas dejaron a las más de cinco mil asistentes al finalizar las actividades: “Acordamos seguir vivas y seguir luchando, cada quién según su modo, su tiempo y su mundo”, dijeron. Al regresar de Chiapas, lo siguiente que hicieron quienes imaginaron la Red fue comenzar a vincularse con organizaciones, colectivos y grupos de mujeres que ya trabajaban en lo mismo que ellas: parar la violencia machista, y desde el mismo sitio que ellas. Para ello convocaron a una nueva reunión, esta vez en su territorio: el encuentro de mujeres del Estado de México. Ese evento les permitió ver que el nombre les quedaba muy grande porque a él asistieron al rededor de 50 mujeres, pero solo de los municipios Nezahualcóyotl, 4


Chimalhuacán y Ecatepec. Así que, al final, para ser más precisas, se nombraron mujeres del oriente del Estado de México. Luego vinieron las marchas del 8 de marzo en Ecatepec y la del #24N Descentralizado en Chimalhuacán en la que participaron por primera vez con una insignia: las máscaras que portan y ellas mismas confeccionan para representar a las mujeres desaparecidas y asesinadas de Chimalhuacán y Neza. Y es que la prioridad de las integrantes de esta Red es dar acompañamiento a familiares de mujeres y niñas víctimas de violencia en su territorio, uno tremendamente asolado por la violencia feminicida, potenciada por las desigualdades sociales propias de esa periferia. Su objetivo es organizarse porque saben que es una necesidad para cambiar eso que quieren sea diferente, buscan acompañarse para sanar juntas. Mover el foco de atención de la organización y las manifestaciones feministas de la capital hacia sus periferias es otra necesidad para las mujeres que las habitan. Ellas, en el oriente, necesitan mayor visibilidad de sus problemáticas y que más personas se enteren que están unidas en la defensa de la vida —con todos los riesgos que eso implica en un territorio donde los poderosos imponen la muerte—, organizadas en resistir pero también en construir. Así, esperan por fin reaccione la sociedad civil desactivada a través de la política de la impunidad. En el camino que han recorrido durante casi dos años, el último de sus sueños colectivos es la creación de un refugio para mujeres violentadas en Chimalhuacán. También han pensado en continuar manifestándose en los sitios donde nadie más lo hace porque saben lo simbólico que es salir a protestar en las mismas calles que la violencia machista y feminicida invade, porque dimensionan la importancia de reclamar como propios esos espacios que les han querido arrebatar. La Red de Mujeres del Oriente del Estado de México, una pequeña semilla que germina y necesita riego, planea recorrer esas calles el próximo domingo, 19 de enero. La convocatoria la encuentran aquí. https://www.facebook.com/Red-de-Mujeres-del-Oriente-delEstado-de-M%C3%A9xico-que-Luchan-102061651262452/ 5


La tragedia de Torreón

Luis Hernández Navarro - Martes 21 de enero de 2020 www.jornada.com.mx La saga de Eric Harris apareció en el colegio Cervantes de To­r reón. El pasado 10 de enero, el estudiante José Ángel, de 11 años, disparó dentro de la escuela dos pistolas Glock. El saldo, trágico: asesinó a una maestra, hirió a cinco alumnos y a un profesor, y se quitó la vida. “Hoy es el día”, dijo José Ángel a sus compañeros poco antes de comenzar clases. Luego, salió del aula al baño con su mochila. Quince minutos después, la maestra fue a buscarlo. Él comenzó entonces el tiroteo. Ella fue la primera víctima. El tirador escolar vestía camiseta con la leyenda “Natural Selection”, tirantes y pantalones negros, similar al atuendo que Eric Harris llevaba el 20 de abril de 1999, cuando perpetró, junto a Bennet Klebold, la masacre de la preparatoria de Columbine, en Estados Unidos. Natural Selection es también nombre de un videojuego que el niño jugaba. José Ángel vivía con sus abuelos paternos. La familia aparecía frecuentemente en la sección de sociales de la prensa lagunera. Su padre estuvo preso en Estados Unidos durante 46 meses, acusado de delitos contra la salud. Su madre murió en una operación, pero el secretario de Gobierno de Durango difundió falsamente que había sido degollada. La Unidad de Inteligencia Financiera halló en las cuentas del abuelo irregularidades respecto a los ingresos por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. El colegio Cervantes en Torreón es una escuela para clases medias, formal y estricta. Brinda buena educación tradicional. Comenzó a funcionar durante el curso escolar 1939-1940, como parte de un proyecto más amplio del gobierno republicano español en el exilio mexicano, que estableció centros escolares para ofrecer empleo a los maestros trasterrados. Se crearon así colegios Cervantes en Córdoba, Tampico, Tapachula, Mérida, Veracruz, Jalapa, Cuernavaca y Torreón. Estaba previsto que los maestros se convirtieran en sus propietarios. En un primer momento, se aplicaron las metodologías activas usadas en las escuelas durante la República, especialmente 6


las técnicas Freinet. Su primer director fue Antoni Vigatá, profesor fuera de lo común, que llegó al país en el Sinaia y se nacionalizó mexicano. (Salomó Marqués, Educación republicana en Cataluña y Torreón, INAH-Jalisco, 2011). Contra lo que profusamente se ha dicho, la tragedia de Torreón es una excepción y no síntoma de una problemática más general. Ciertamente, las escuelas de casi todo el país están atravesadas dramáticamente por la violencia, pero es una violencia de naturaleza distinta, diferente a la del tirador solitario. José Ángel sabía disparar, sabía manejar las armas. Fue instruido en su uso. No sólo tenía acceso a ellas. Diversas versiones señalan que su abuelo se las proporcionó. Conocía el legado de Eric Harris. Como lo muestra su “puesta en escena”, estaba inmerso en una cultura proveniente de Estados Unidos que “naturaliza” a los tiradores escolares. Estos elementos (como el caso del colegio Americano del Noreste en Monterrey, en enero de 2017 https://bit.ly/2sDbdit) son hechos únicos, no generalizables al conjunto del sistema escolar. La violencia que atraviesa masivamente las aulas en el país es de otra naturaleza. Una parte proviene del control territorial por parte del crimen organizado en localidades que van, desde la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, hasta la sierra sinaloense, pasando por la Montaña de Guerrero y las zonas urbanas de Tamaulipas. Otra, tiene que ver con la precariedad, pobreza y exclusión social existente en casi todo el país, asociada, frecuentemente, a una enorme crisis de identidad y autoridad. Cientos de miles de maestros del sistema público enseñan a diario en esas condiciones. Han tenido que generar, por la vía de los hechos y sin apoyo de las autoridades educativas, conocimientos para mantener, en esas condiciones, el control y la disciplina en el salón de clases. Ello ha sido ignorado por los antiguos y los nuevos funcionarios educativos. Lejos de solucionar los problemas de violencia realmente existentes en las aulas, las medidas anunciadas ante la tragedia de Torreón por Esteban Moctezuma, titular de la SEP, ahondan en los prejuicios existentes para abordarla. El secretario anunció la creación de un plan nacional de Mochila segura, recomendando que los padres 7


de familia revisen las mochilas en la escuela. Olvida que Mochila segura es hija de la fracasada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Ni previene ni protege a niños y jóvenes. Viola su derecho a la intimidad, respeto y dignidad, reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Su aplicación es reflejo autoritario de un Estado de vocación policial. Que ahora lo hagan los padres de familia –como pretende Moctezuma– sólo transfiere a ellos las funciones policiales. Igual sucede con su ocurrencia de cambiar la moral social, “sembrándola desde la escuela para la formación de ciudadanos que tengan una concepción de la vida ajena a la violencia”. Como escribió Manuel Pérez Rocha, para educar a un niño o un joven se necesita la cooperación de toda la aldea. Poner a los maestros (algunos de los cuales deben pagar derecho de piso para poder trabajar en Puebla y Guerrero) y a las escuelas (varias de ellas cerradas en el norte del país) como responsables de generar una nueva “moral social” no hace más que cargar sobre sus hombros responsabilidades que no está en sus manos solucionar. Twitter: @lhan55

Impunidad faraónica

Magdalena Gómez - www.jornada.com.mx Martes 21 de enero de 2020 Concentrado como está el gobierno de la llamada 4T en fortalecer la narrativa de lo que considera sus logros, simplemente ignora los muy dramáticos acontecimientos que integrantes de pueblos indígenas en la sierra Tarahumara y en la Montaña de Guerrero sufrieron los pasados 16 y 17 de enero. Estas dos regiones no son las únicas en el país donde se ha normalizado la impunidad, y poco importa a estas alturas para las víctimas señalar que se trata de violencia sistémica heredada. 8


El pasado 16 de enero, un grupo de hombres armados, al menos 150 sicarios a bordo de aproximadamente 50 camionetas, incendió cerca de 22 viviendas y siete vehículos en el poblado de Las Pomas, municipio de Madera, Chihuahua. Hay personas secuestradas. Pobladores señalaron que al menos cinco hombres, fueron atados y están desaparecidos. Autoridades de la fiscalía estatal presumen que se trata de la disputa de dos cárteles. No es la primera vez que se produce un enfrentamiento en esa comunidad ni es la única que en la sierra Tarahumara provoca desplazamientos e incluso crímenes. Por otra parte, el 17 de enero se cometió un asesinato contra una decena de músicos indígenas pobladores de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, ligados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRACPF), que ha intentado impedir el accionar del grupo conocido como Los Ardillos. Fueron emboscados en el camino MexcalzingoTlayelpa; venían en dos camionetas, en una de las cuales cinco de ellos fueron calcinados, mientras la otra fue aventada a un barranco con los otros cinco integrantes del grupo musical. El absurdo es que, pese a estar plenamente identificadas las víctimas, familiares y comuneros tuvieron que recurrir a un bloqueo de la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango, para exigir la entrega de los cuerpos de los 10 músicos asesinados y la detención de los responsables. También en esta región es larga la cadena de violencia y de impunidad con que actúan grupos de la delincuencia organizada. Poco esperan sus habitantes de las investigaciones. En ese contexto, la policía comunitaria, que años atrás logró contener a la delincuencia, hoy está rebasada y fragmentada. Estos dos casos son sólo una muestra de afectación a la sociedad en general; en particular los pueblos indígenas se encuentran amenazados cuando sus integrantes se organizan para la defensa de sus territorios; los saldos de la criminalización también permanecen impunes. Como denuncia el Congreso Nacional Indígena, nada dice el Estado a casi un año del crimen de Samir Flores Soberanes, del pueblo nahua de Amilcingo, Morelos; ni de Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero; Ignacio Pérez Girón, del pueblo tzotzil del municipio de Aldama, 9


Chiapas; José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, del pueblo nahua organizado con el Concejo Indígena y Popular de GuerreroEmiliano Zapata (CIPOG-EZ); Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco; Feliciano Corona Cirino, del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ni de Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, del pueblo popoluca de Veracruz. ¿Quién se está haciendo cargo de abatir la impunidad? ¿Quién de prevenir la criminalización? Para muestra, colocamos dos ejemplos de violencia cotidiana. En días recientes se han denunciado otras agresiones como la que sufrió el pasado 10 de enero la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, con un nuevo ataque contra el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández, quien ha sido delegado del Congreso Nacional Indígena y defensor de los terrenos comunales, a manos de una persona al servicio del cacique llamado Favio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla, del cual recibió a quemarropa ocho disparos de arma calibre 38 automática, sin que resultara herido al cubrirse tras un tronco grueso. Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) fue agredido por fuerzas policiales el pasado 14 de enero, cuando las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen se manifestaban en instalaciones del ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal. Los casos de la sierra Tarahumara y la Montaña de Guerrero involucran a expresiones aparentemente regionales del crimen organizado; en Azqueltán y CSIM se trata de luchas por la autonomía. Ni unos ni otros son considerados con prioridad y atención por la 4T. Se opta por ignorarlos aun si logran espacio en los medios de comunicación, demandarían colocar la mirada crítica en los alcances de la política en materia de seguridad y la relativa a pueblos indígenas, más allá de becas a sus integrantes y megaproyectos en curso.

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Guerrero y la violencia del narco contra los pueblos indígenas

R. Aída Hernández Castillo* - Martes 21 de enero de 2020 La masacre de 10 indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, y la incineración de sus cuerpos por los agresores el 18 de enero pasado, es parte de la pedagogía del terror que se ha profundizado en los últimos meses en territorios indígenas del estado de Guerrero. Estas formas de violencia extrema están siendo utilizadas contra poblaciones indígenas que se han caracterizado por sus procesos organizativos contra la violencia y las economías ilegales del narcotráfico. Quemar los cuerpos es una estrategia necropolítica que busca ir más allá de acabar con la vida de los asesinados, busca afectar a sus familias, a las comunidades, sembrar el miedo y usar los cuerpos para mandar un mensaje a quienes se oponen al control territorial de los c á rteles de las drogas. Los indígenas asesinados, aparte de pertenecer a un grupo musical, eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), sistema de seguridad y justicia que por más 25 años había logrado mantener al crimen organizado fuera de los territorios bajo su jurisdicción. La llamada policía comunitaria de Guerrero fue por muchos años ejemplo de la capacidad de los pueblos indígenas para reconstituir sus sistemas de justicia y fortalecer el tejido comunitario, ante la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con sus funciones de seguridad y justicia. Los múltiples estudios antropológicos y sociológicos que se han hecho sobre este sistema de justicia –creado hace 25 años por comunidades me’phaa, nahuas, na savi, afrodescendientes y mestizas– lo habían mostrado como ejemplo de formas de justicia restaurativa, mucho más efectivas que la justicia punitiva del Estado. La CRAC había sido también un caso etnográfico para mostrar las posibilidades de la gubernamentalidad indígena para contener la violencia del crimen organizado. Si bien en administraciones pasadas hubo varios intentos de debilitar el sistema criminalizando y encarcelando a varios de sus integrantes, y utilizando la cooptación para causar fracturas internas, nunca habían vivido el nivel de violencia y terror que se ha desatado contra ellos en los últimos meses. El 10 de diciembre el comandante y consejero regional 11


del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue asesinado en la puerta de su casa, sin que hasta la fecha se haya consignado a nadie por el homicidio. Las autoridades de la CRAC denunciaron en esa ocasión que desde la creación de ese Comité de Enlace, cinco policías comunitarios habían sido asesinados, en el marco de lo que denominaron “proceso de limpieza” del crimen organizado contra las policías comunitarias. Entre los coordinadores ejecutados, se encuentra Julián Cortés Flores, uno de los titulares de la CRAC en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, asesinado en abril pasado. Estos homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un clima de terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la CRAC, debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la población. Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan diariamente. La violencia del narco provoca nuevas formas de desposesión de los pueblos indígenas de Guerrero, que al desplazarse dejan sus territorios “libres” para la entrada del gran capital. Urge documentar y analizar el nexo entre las violencias extremas del narcotráfico en territorios indígenas y los procesos de desposesión y apropiación de sus recursos naturales. Según informes gubernamentales, en Guerrero se encuentran 42 yacimientos mineros listos para ser explotados, algunos de los cuales coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahua, me’phaa y na savi. Estos pueblos de la Montaña y la Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de esas concesiones y en lugares como San Miguel el Progreso han dado una lucha contra la explotación minera en sus suelos. La embestida de violencia contra la CRAC debe entenderse en el marco de procesos más amplios de desposesión y ocupación de territorios indígenas por redes de macrocriminalidad, cuyas complejidades aún no alcanzamos a entender, pero cuyos impactos están afectando de manera profunda el tejido social de sus comunidades. * Investigadora de Ciesas 12


Chile: a tres meses de la rebelión antineoliberal Pablo Sepúlveda Allende* - Domingo 19 de enero de 2020

El Despertar Este 18 de enero se cumplen exactamente tres meses del estallido social del pasado 18 de octubre. A partir de ahí comenzó el derrumbe del mito del exitoso modelo chileno. El oasis era sólo un espejismo. La principal vitrina del neoliberalismo fue quebrada y rodeada de barricadas, levantadas por estudiantes secundarios y todo un pueblo precarizado, endeudado y humillado por décadas. Ese día despertó un Chile que estaba con sobredosis de sedantes y calmantes. Despertó y empezó a rencontrarse nuevamente. Una sociedad fragmentada en un conjunto de individualidades exprimidas y excluidas en su inmensa mayoría, se reconoció y comenzó a ser pueblo una vez más. La memoria histórica despertó con la alegría, la creatividad y la música de la juventud, principal motor de esta transformación en curso. En las marchas aún no se ven banderas de partidos políticos, pero sí los símbolos históricos de justica: la bandera mapuche como símbolo de resistencia y lucha se juntó con la bandera chilena ahora resignificada. Consignas inmortales como “El pueblo unido, jamás será vencido”, es una de las más vitoreadas. Estos tres meses han sacudido a la sociedad chilena como pocos otros tránsitos históricos. La indignación y la rabia, mezcladas con la alegría del rencuentro, se mantienen intactas en las calles de todo Chile. Las movilizaciones y las acciones directas aún mantienen en vilo a toda la institucionalidad y gobernabilidad que rige con base en la Constitución del 80, heredada de la dictadura. El modelo no se toca Ante esto, el gobierno de Sebastián Piñera y el statu quo neoliberal han respondido de la forma más brutal y despiadada. Estado de 13


emergencia y toque de queda con militares en la calle durante la primera semana. Posteriormente, y, hasta la fecha, ha sido la policía militarizada de Carabineros de Chile la encargada de ejercer la peor de las represiones, comparada sólo con los peores años de la dictadura militar pinochetista. En cifras, hasta el 15 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta: 412 casos de tortura y tratos crueles, 191 de violencia sexual, entre estos muchas violaciones consumadas. Al menos 3 mil 649 personas heridas (sin contar otros miles de personas heridas, atendidas en terreno por los colectivos de voluntariado de salud agrupados en el Movimiento Salud en Resistencia), entre ellas 269 niñas, niños y adolescentes. Heridas oculares, 405 (33 con estallido o pérdida total de la visión, y otras, con pérdida parcial de la visión en el ojo afectado); 2 mil 63 personas heridas por disparos de distintos tipos de arma de fuego y 253 heridas por bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo. Esta sistemática, grave y masiva violación a los Derechos Humanos en ascenso, demuestra la negativa del gobierno a escuchar el clamor popular y que el modelo neoliberal se defiende con el terrorismo de Estado, de la misma forma en que se impuso. También ha quedado claro una vez más, que Carabineros de Chile y las FFAA son instituciones mercenarias del capital y que su función es cuidar los privilegios de las minorías acaudaladas. La gran explosión social que se vive en las calles de Chile no puede entenderse sin remitirse a la historia. Las causas de esta crisis están íntimamente relacionadas al modelo económico neoliberal y privatizador de los derechos sociales, que comenzó a instalarse tras el golpe militar contra el gobierno popular de Salvador Allende. Las actuales manifestaciones son en contra de ese modelo generador de obscenas desigualdades e injusticias. En octubre pasado comienza a terminar el ciclo político que empezó con el golpe de Estado del año 73. En estos momentos sólo lo sostiene el uso criminal de la fuerza. En el terreno de las ideas, sólo una derecha ciega niega las causas reales; de forma muy absurda y torpe, sostiene que la rebelión es producto de un complot internacional castro-chavista.

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Un proceso constituyente en marcha ¿desde abajo o desde arriba? “No era depresión, era el capitalismo”, “Esta es la rabia contenida que intentaron callar con Fluoxetina” Rayados en las paredes de Santiago * Médico, nieto del presidente Salvador Allende

Nada que no se pueda cumplir de inmediato

Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo - Sábado 18 de enero de 2020 La crisis que actualmente se vive en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un espejo de lo que ocurre no sólo en el resto del país, sino en el mundo entero, donde las mujeres están visibilizando las múltiples violencias de género en su contra, y actuando firmemente para terminar con ellas, o por lo menos para sentar las bases de un cambio profundo. Un grupo de estudiantes nombrado Mujeres Organizadas tomó las instalaciones de la FFL el pasado 4 de noviembre con la demanda principal de poner fin a las distintas violencias de género y terminar con el encubrimiento de los agresores. Las autoridades de la UNAM han expresado su preocupación por la entrega de las instalaciones ante la posible pérdida del semestre escolar, pero hasta hoy lo único concreto es el compromiso de dar cumplimiento a los 11 puntos establecidos en el diálogo público del pasado 15 de enero. No se trata de un capricho estudiantil ni de un complot político alrededor de la toma pacífica de las instalaciones, sino de un movimiento legítimo y urgente que busca que la máxima casa de estudios asuma su responsabilidad para dotar de seguridad a sus estudiantes. La UNAM y la FFL han sido históricamente reflejo de las demandas ciudadanas y, por lo mismo, una solución clara a sus exigencias podría sentar un precedente importante no sólo en el 15


resto de las universidades, sino en el país entero. La pregunta es si desde arriba las autoridades están dispuestas a llegar a fondo. Es urgente que en la UNAM se considere la violencia de género como falta grave y, a partir de ahí, se establezcan las sanciones; reabrir las denuncias que no tuvieron cauce satisfactorio y garantizar que las víctimas hayan tenido la atención y el seguimiento adecuados. Para empezar. Impartir talleres con perspectiva de género y feminista para toda la planta académica y administrativa es otra de las demandas. Educar para dejar de agredir, en pocas palabras. Y que a la comunidad estudiantil se le programen asignaturas con perspectiva de género. Nada que no se pueda cumplir en un futu-ro inmediato. desinformémonos.org losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Persecución, silencio y escritura Al-Dabi Olvera - Sábado 18 de enero de 2020

¿Por qué dejó de escribir Juana Inés de la Cruz? La vieja polémica sin resolver sobre el abrupto silencio literario de Juana Inés tiene mucho que ofrecer para pensar el ejercicio de las letras y su relación con el poder, entonces y ahora. La literatura nunca es sólo la literatura. Y en este continente el oficio letrado constituyó un poder en sí mismo que convive, se sirve y sirve al poder político. Así, una ejecutante anómala de las letras, como Juana Inés, en su condición de mujer, y con su habilidad para debatir con los más doctos teólogos, muestra la incomodidad no sólo para el Santo Oficio, sino para el poder de los letrados. Reconocida y publicada en vida, el veto al intelecto de la poeta de Nepantla, y la presión para su reclusión mística, se dio a partir de 16


la polémica que desató su debate teológico de su Carta atenagórica, aunque traía consigo sus polémicos villancicos y diatribas sobre su derecho al conocimiento. Y es que el ejercicio de la escritura siempre se da en un contexto de poderes dentro del propio oficio. El filósofo alemán Leo Strauss denunciaba en Persecución y el arte de la escritura (1952) que la libertad de pensamiento y escritura en Occidente comenzaba a ser suprimida en aras de una creciente “compulsión por coordinar el discurso” por parte de los gobiernos liberales. El proceso de persecución que caracteriza Strauss no sólo ocurre en dictaduras ni bajo controles inquisitoriales. Y va desde los procesos del Santo Oficio hasta el ostracismo, la prohibición de libros y de publicar. Sucede en épocas de apertura también como en la Europa de la ilustración y el romanticismo. Y hoy mismo parece reactivarse con controles en apariencia invisibles en la época de las democracias modernas capitalistas. En el siglo XXI, después de la caída del Muro de Berlín, ocurren linchamientos virales (que piden prohibiciones para publicar), se establecen temas tabú (como con el historiador mexicano Pedro Salmerón Sanginés y su polémica sobre la guerrilla), desaparece la crítica literaria sobre el texto y se desplaza a las acusaciones morales y, además, surgen censores. Si a Juana Inés le indicaba el lado correcto de su ejercicio escritural su confesor Antonio Núñez de Miranda, el mundo editorial estadunidense confía sus catálogos a “lectores sensibles”, censores que determinan la corrección de las obras, no como un acto de justicia escritural, sino como una apropiación para ofrecer más réditos a la industria editorial. Y es que si en tiempos de Juana Inés de la Cruz era la Iglesia la que dictaba el comportamiento letrado, y en el de Leo Strauss los gobiernos nacionales, ahora es el gran mercado editorial y sus algoritmos. Sin embargo, el oficio de la escritura contiene la doble operación de dictar la norma y a la vez la posibilidad de mostrar el síntoma de la insurrección.

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El filósofo Carlos Hernández Mercado esboza en su reciente libro Filosofía de la escritura el concepto de “escritura oscura”, el cual parte de restar claridad a los textos para obligar a varias lecturas atentas de pasajes críticos. Así el estilo se convierte en una decisión y estrategia de pervivencia ante el disciplinamiento. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, fue leído primero como una obra de humor. Pero, dedicada al poder monárquico y leída por los censores, tiene niveles subterráneos que rompen la ilusión imperial hispánica. Así, la decisión cervantina de oscurecer la escritura abre el campo de la fertilidad de sentidos y relecturas para sortear la persecución moral y política que genera el poder dentro de la propia escritura. Sin embargo, hay otra operación letrada que va más allá de la persecución, y es el silenciamiento y apropiación que implica la escritura misma. Poblaciones enteras que por su falta de acceso a la letra o por su condición étnica o sexual y económica, se les borra. Sus estrategias y prácticas de vida retan no sólo en las épocas de censura, sino a toda la lógica del escribir. Los estudios culturales, los fuertes movimientos de literatura negra, indígena y feminista en la década de los 70 se dieron en repúblicas liberales. La voz y verso de las poblaciones silenciadas, y su vida misma, retan tanto los ciclos hegemónicos de la operación letrada, incluida la persecución-censura y disciplina. Y a pesar de los intentos de la corrección política actual, siempre tendrán un elemento rebelde, de fuga contra el mercado editorial. Al repensar la obra de Juana Inés de la Cruz frente a la persecución, habría que hacer una vuelta de tuerca y pensar, quizás, en que el gesto de la venta de su biblioteca y usar el dinero para los pobres, y morir en el combate a la peste, sean su última obra, el gesto que terminaría por catapultar su vida como obra frente al poder. Así, la pregunta real sería: ¿dejó de escribir Juana Inés pese a la persecución? Ya en su Respuesta había escrito: “ni ajenas reprensiones [...], ni propias reflejas [...], han bastado a que deje de seguir este natural impulso.”

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¿Enemigos del Estado?

Silvia Ribeiro * - Sábado 18 de enero de 2020 Así eligió la organización Global Witness llamar su informe anual 2019 sobre la persecución y asesinato de defensores ambientales y de la tierra. Cada vez más gobiernos, corporaciones trasnacionales y crimen organizado colaboran, intencionalmente o de facto, para despojar territorios, invadir tierras indígenas y campesinas, desplazar pueblos y comunidades, criminalizar, penalizar y/o asesinar a los defensores de la tierra, en su mayoría de comunidades. En esa trágica lista México está, desde hace años, en los primeros lugares y nada ha cambiado. (https:// tinyurl.com/rncf9bd). Al contrario, aumentan las amenazas y asesinatos –además impunes– de defensores y activistas. En las actividades convocadas por el EZLN en diciembre de 2019 (Combo por la Vida), con participación de 6 mil personas de México y otros 50 países, se sucedieron denuncias sobre violencia, desapariciones forzadas, asesinatos de compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y otros espacios de lucha ambientales en defensa de territorios, contra el patriarcado. En su 26 aniversario, el primero de enero, el EZLN recordó al gobierno y al mundo que vienen de las peores situaciones de violencia y despojo y que están dispuestos a dar la vida por defender su libertad, dignidad, territorio, la Madre Tierra, como lo vienen haciendo por décadas. Una historia que no es sólo resistencia, sino también es construcción comunitaria permanente que se ha traducido en que sus condiciones de trabajo, salud, alimentación, educación, autonomía, seguridad, justicia y equidad son mucho mejores que en otras comunidades en México y muchas otras partes del mundo. El mensaje retomó también a Jacinto Canek, quien fue asesinado en la defensa de la tierra y del pueblo maya. Una mención especialmente relevante ante la nueva ola de promoción de proyectos que afectarán gravemente esos territorios, especialmente

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el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos (https://tinyurl.com/qvob4ew). No son proyectos nuevos ni del actual gobierno. Éste sólo le dio su formato actual. Son proyectos de larga data, estratégicos para los intereses de Estados Unidos y de las peores trasnacionales extractivas, energéticas y de agronegocios. Los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los apoyaron, pero no lograron avanzar más por la resistencia continua de pueblos, comunidades y organizaciones. Ahora, envueltos en paquete nuevo y con sello de “desarrollo 4T”, acompañados de simulaciones de consulta que han sido cuestionadas por muchas comunidades directamente afectadas y también por Naciones Unidas, el gobierno de López Obrador no oye razones –como tampoco los anteriores–, pero acusa y expone a comunidades que han resistido por años y décadas de ser “conservadoras”, “ultras” y “radicales”. Además de múltiples fallas en las consultas sobre estos proyectos –y que en el caso del Tren Maya, por ejemplo, sólo participó 2.86 por ciento de la población de los municipios afectados–, el tema de fondo son las preguntas que planteó Samir Flores, opositor asesinado al Proyecto Integral Morelos, y que retomó el EZLN el pasado primero de enero: ¿Qué progreso? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Hay una presunción oficial de que los indígenas no quieren estar donde están y deben ser convertidos al “progreso”. Un progreso que ya ha significado en otras partes del territorio maya pasar a ser mano de obra disponible, barata y explotada de grandes empresas turísticas, o en el Istmo, víctimas de la violencia, tráficos y contaminación de puertos y carreteras. Esto no se pone a discusión en ninguna consulta. Los impactos directos, ambientales, de salud y otros, que tampoco se han discutido, son sólo una parte de los efectos en las comunidades y sus culturas. Como resume Heber Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, “el Tren Maya es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península, como las celdas fotovoltaicas, los parques eólicos, la agroindustria, las megagranjas porcícolas y el llamado turismo “verde” (…) La especulación de la tierra ya empezó y desde el anuncio del proyecto mucha gente está 20


llegando a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia”. (Desinformémonos, Derecho de réplica. Hablan los pueblos. https://tinyurl.com/sha4ups) En lugar de escuchar qué quieren realmente los pueblos indígenas, el gobierno busca la imposición de los megaproyectos sobre sus territorios por múltiples vías, blandas o duras, con información parcial o falseada, que junto con la propaganda oficial sobre los proyectos que se disemina en todo el país (ahí no parece haber austeridad) va construyendo al mismo tiempo una imagen de “enemigos del Estado” sobre los pueblos afectados y opositores, que abre cotos de caza y justifica dejar a los que son amenazados o asesinados a su suerte. Por ello, el CNI, el EZLN, la Asamblea en Resistencia de Amilcingo (Morelos) y muchas organizaciones llaman ahora a las jornadas nacionales e internacionales “Samir somos todas y todos”, en defensa del territorio y la Madre Tierra, del 20 al 22 de febrero (https://tinyurl. com/qn74o8z). Crece también la oposición en el Istmo: https:// elistmoesnuestro.org/. La resistencia colectiva crece y seguirá. * Investigadora del Grupo ETC

Las nuevas-viejas formas de dominación Raúl Zibechi - Viernes 17 de enero de 2020

Los escuadrones de la muerte creados por las oligarquías en la década de 1960, claves para contener las insurrecciones populares, tenían funciones y modos casi idénticos a los actuales grupos paramilitares, al llamado narcotráfico y, en no pocas ocasiones, al accionar de las fuerzas estatales de represión. Echemos un vistazo al pasado inmediato, digamos los años 60 y 70, en un país azotado por los escuadrones y los paramilitares, como El Salvador, cuyo caso puede aplicarse a toda América Latina. 21


El primer grupo paramilitar formal se llamó Organización Democrática Nacionalista (Orden) y fue creado por el director de la Guardia Nacional en 1964, en completo secreto, en el contexto del Programa de Seguridad de Estados Unidos en El Salvador, que un año antes había iniciado el entrenamiento de integrantes del cuerpo policial. El objetivo de Orden era el control del campesinado en las áreas rurales, ya que en esos años la principal riqueza del país era la producción de café, caña y algodón para la exportación. Entre sus objetivos figuraba adoctrinar al campesino en favor de “la democracia representativa y el mundo libre”, en un país gobernado por militares que habían masacrado a 30 mil trabajadores rurales e indígenas en la revuelta de 1932, en la que participó Farabundo Martí.1 Los integrantes de Orden recibían entrenamiento militar y permiso para portar armas; a cambio debían delatar a sus vecinos en pueblos y cantones. También se beneficiaban con recomendaciones para obtener trabajo, servicios de salud, educación para sus hijos, diversos insumos agrícolas y, si era necesario, la destrucción de expedientes judiciales comprometedores. Como la estructura económica no estaba en condiciones de proporcionar servicios a los campesinos, que habían perdido sus tierras por el avance de la mecanización en la agricultura de exportación, Orden suplía ese vacío a través de la prebenda personal, que “simulaba constituir a los habitantes en ciudadanos”, según la acertada frase de la investigadora Sara Gordon. Como puede observarse, una misma organización paramilitar cumplía la doble función de control policial y de servicio social, lo cual le otorgaba un poder extraordinario. Orden fue responsable, entre muchos otros y siempre en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, del asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977, como parte de la escalada represiva contra la Iglesia popular y las organizaciones campesinas y estudiantiles que desembocó, dos años más tarde, en el asesinato de monseñor Óscar Romero (por escuadrones mejor organizados y pertrechados) y el inicio de la guerra civil en la que murieron más de 70 mil personas. 22


Un integrante de Orden expresaba de este modo las “ventajas” que le daba pertenecer a la organización paramilitar: “podemos arrestar a cualquiera que queramos, cualquiera que ande por ahí metiendo ideas extrañas en la cabeza de la gente. Aquí en mi cantón, yo soy la ley”. Vale reflexionar quiénes son, hoy en nuestra realidad cotidiana, los que tienen el poder suficiente para comportarse de ese modo. No hace falta indagar demasiado para concluir que se trata de esa peculiar amalgama entre aparatos represivos estatales, paramilitares y narcos. Ellos son la “ley”, los que tienen vía libre para detener, violar, desaparecer, torturar y asesinar a quienes quieran. Son los herederos de los escuadrones de la muerte. Una “modernización” similar sucede con las formas clientelares que usaron las oligarquías para extender favores a sus incondicionales, para consolidar una base social que les permitiera seguir esquilmando a los campesinos. Esos modos, como la caridad de la Iglesia, fueron sistematizados por el Pentágono como “acción cívica”, aplicando en las guerras centroamericanas formas de contrainsurgencia aprendidas en Vietnam. Modos que evolucionaron hasta lo que hoy denominamos “políticas sociales”, aplicadas tanto por gobiernos progresistas como conservadores, porque han mostrado cierta utilidad para contener la protesta y, sobre todo, para abrir fronteras a la acumulación capitalista. Es cierto que han aparecido nuevas formas de control social a caballo de las nuevas tecnologías. Pero ellas no sustituyen el control parapolicial y paramilitar, sino que se superponen y complementan. Para la población que vive en la zona del no-ser, donde la vida no es respetada y la violencia es el modo de regular las relaciones sociales, las viejas formas de control contrainsurgente siguen vigentes. Fernand Braudel, maestro del tiempo largo, nos enseñó a desconfiar de los cambios rápidos: “ni siquiera las revoluciones son rupturas totales”. La persistencia y la duración son más potentes que “los golpes de teatro”. Por eso, no nos hagamos muchas ilusiones con los “cambios” desde arriba: la violencia, que fue la partera del capitalismo, lo seguirá sosteniendo hasta el final, pese a los discursos que maquillan la dominación. 1 Sara Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador , Siglo XXI, p. 142 23


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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 22 de enero de 2020


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