Recopilatorio 23 de octubre

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 23 de octubre de 2019

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Fotos EFE - Pancarta en manifestaciĂłn espaĂąola.

Sangre por honores

Lydiette Carrión - Piedepagina.mx - La Trama Previa 19, Octubre, 2019 Hay un mandato de masculinidad, explica Rita Segato, que empuja guerras y mete a los jóvenes en la necesidad de violencia. Una trampa. Es la manera de alienar a los hombres en un perpetuo probarse hombres. Lo que buscan los sicarios en los barrios: ser un chapito con dinero, mujeres y autos de lujo.

Un cuento dentro de un cuento. Un mito milneario narrado de forma independiente en una de las obras maestras de la fantasía del siglo XX: Lavondyss.

“Había una vez tres hermanos. Eran los hijos de un gran rey. Vivían en una enorme fortaleza y el Rey los amaba. Al igual que su madre, la reina. Pero el rey y la reina no se caían bien, y él la encerró en una gran torre en la cara norte, la cara más fría de la fortaleza del rey.

“El primer hijo se llamaba Mordred: el niño que viajará. El segundo, Arturo: el que triunfará. Y el tercero fue nombrado Scathach: el que será marcado.

“Los tres hermanos eran buenos en deportes, en peleas, en la música. Y amaban mucho a su hermanita.

“Cuarenta años vivió el Rey, y sus hijos ya eran hombres: habían peleado cuerpo a cuerpo en las batallas, y ganado muchos honores (…).

Hay pocas formas para que los hijos del rey se conviertan en hombres: en batalla, peleando cuerpo a cuerpo, viajando y conquistando lejanos reinos, matando dragones, rescatando princesas o madres.

En el caso del tercer hijo, al ser desterrado más adelante, deberá probarse en el lugar último, extremo: el inframundo. Lo mismo que ocurre en el Popol Vuh, cuando los héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué bajan al inframundo, y salen avantes.

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Masculinidad Rita Laura Segato, la antropóloga feminista, advierte cinco mitos fundacionales del patriarcado: 1. El camino del “héroe”: tener que “probarse” como hombre de manera constante por medio de despliegues de fuerza y virilidad: batallas, conquistas, etcétera.

2. La violación sexual como castigo y ajusticiamiento a las mujeres.

3. La vagina dentada, como símbolo de una mujer peligrosa 4. Las amazonas: un imperio matriarcal previo, cuyo declive y destrucción dio paso al patriarcado.

5. El amor romántico bajo la forma del amor imposible.

La misma antropóloga explica que este mandato de masculinidad es aquel que empuja guerras, que mete a los jóvenes en la necesidad de violencia. Este mandato está implicado en los feminicidios de Ciudad Juárez, del Estado de México: en esta lógica, el probarse viril significa probarse fuerte, capaz de desplegar violencia física, someter a otros hombres.

No puedo dejar de pensar en esto cuando el siguiente TW del ex secretario de Trabajo, Javier Lozano: @JLozanoA / 18 oct. 2019 Me pregunto cómo se sentirán, no en el fuero militar sino en su fuero interno, mando y tropa de las Fuerzas Armadas, al verse humillados y derrotados por instrucciones de su “comandante supremo”. Mi solidaridad para con ellos y sus familias.

Entonces la liberación de Ovidio Guzmán es un atentado contra el mandato de masculinidad de las fuerzas armadas.

Los posibles muertos civiles no importan, en tanto las “bolas” del Ejecutivo sean patentes. O esa sensación deja leer después que Andrés Manuel le llaman ahora “el comandante sin bolas”.

La verdad en México / @Franciscopont / 18 oct. 2019 En respuesta a @JLozanoA La decisión la tomaron los militares asno 2

Many Rod / @MRtzizon / 18 oct. 2019 Si, tu comandante supremo / #ElComandanteSinBolas Trampas de las bolas de oro Rita Laura Segato explica que el mandato de masculinidad es una trampa. Es la manera de alienar a los hombres en un perpetuo probarse hombres. Y es que el ser hombre, en el patriarcado, no viene con el nacimiento, sino que es un estatus que se persigue permanentemente: más violencia, más mujeres, más poder. Es ser un “comandante con bolas” lo que buscan los sicarios en los barrios, la aspiración a ser precisamente un chapito con dinero y mujeres y autos de lujos (nuevos símbolos de poder y masculinidad).

Hay otras formas de “ser hombres”, por supuesto. Pero eso es historia de otro mito.

Twitter: @lydicar

Atrevernos a desear

Celia Guerrero - Piedepagina.mx - Igualada - 9, Octubre, 2019 No vamos a pedir ni perdón ni permiso por abortar. Pero el tema de la legalización toma relevancia cuando somos conscientes de que la penalización del aborto existe para inhibir nuestros deseos, toma de decisiones y autonomía en general como mujeres.

Han sido semanas movidas con respecto a la despenalización del aborto en México: Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país en aprobar la interrupción legal del embarazo, hasta la semana 12 de gestación; unos días antes de que sucedieran las manifestaciones que demandan desde hace 30 años en Latinoamérica, y recientemente en otros países, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; aunque luego el Congreso en Puebla aprobó la propuesta del gobernador Miguel Barbosa de mantener la irrupción del embarazo como un delito en el código penal local. Todo en las últimas dos semanas.

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Este escenario convulso es tan sólo reflejo de una lucha de poder [nadie dijo que no lo fuera] por la posibilidad de desear siendo mujer. Y es importante ponerlo en esas palabras: la maternidad obligatoria, la no elegida, es un castigo que quisieran imponernos por atrevernos a desear. Y me refiero al ‘deseo’ que implica anhelo o aspiración del disfrute de algo [algo así como ¡nuestra propia vida!], no solo a la acepción de la palabra que se refiere a la apetencia sexual.

Tan evidentemente injusta es la sociedad patriarcal en las vivimos que las mujeres necesitamos pelear la posibilidad de desear sin ser castigadas por ello. Porque, aún formando parte de sociedades que se dicen democráticas, nos restringen y castigan el poder de decisión sobre nuestras propias vidas y cuerpos.

Para muchas feministas la decisión de gestar o no es una que hemos valorado y no permitiríamos que ninguna autoridad, normativa o juicio moral nos la arrebatará. En pocas palabras, no vamos a pedir ni perdón ni permiso. Sin embargo, el tema de la legalización toma relevancia cuando somos conscientes de que la penalización del aborto existe para inhibir nuestros deseos, toma de decisiones y por lo tanto autonomía en general como mujeres. Además de que la criminalización afecta principalmente a las empobrecidas, que vivieron o viven violencia sexual y acumulan otras vulnerabilidades.

En medio de varias discusiones que emergen al rededor del aborto [la intromisión de fobias, intereses y doble moral religiosa en asuntos del Estado; la necesaria distinción entre despenalización, legalización, interrupción legal del embarazo (ILE) e interrupción voluntaria del embarazo (IVE); las restricciones de gobiernos que deberían ser responsabilidades para respetar los derechos reproductivos de sus ciudadanas; las mujeres que han creado redes autónomas y prescinden de la venia de cualquiera que se piense con derecho sobre nuestros cuerpos y vidas] quiero retomar un suceso importante, también sucedido hace poco.

En agosto, la Suprema Corte desechó dos proyectos que buscaban invalidar la NOM-046-SSA2-2005, lanzó un tuit y por un mo4

mento colocó la discusión en la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso al aborto legal en caso de violación. Si revisan el tuit, podrán notar que tuvo una graaaaan aversión de los anti-derechos. Les dolió que difundiera la información desde una institución como la Suprema.

Sucede que aunque hubo estados como Baja California y Guanajuato que intentaron oponerse a la modificación de la norma, la mayoría de ministros dijeron nel, esta norma está chida, respeta la Constitución y —más importante aún— aplica para todo el territorio mexicano: las instituciones de salud pública deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que expresen estar embarazadas producto de una violación.

Así que, como lo parodió Malena Pichot: ¡a abortar amigas, estén embarazadas o no!

Otras cuestiones importantes que establece la NOM-46 para no olvidar y difundir: • No es requisito levantar una denuncia por el delito para recibir el servicio de interrupción. Basta con solicitarlo al personal médico, que no está obligado a verificar si fuiste o no violada.

• Si eres adolescentes mayor de 12 años de edad, puedes hacer la solicitud tú sola, aún sin la mayoría de edad.

• Si el personal médico que te atendió se niega a realizar el procedimiento por la llamada “objeción de conciencia”, el hospital o clínica debe llamar a otros que sí atiendan tu solicitud. Y deben darte la información necesaria para presentar una denuncia formal.

• Coincido con las amikas feministas en que no es benevolencia que nos condicionen el derecho a decidir sobre nuestras vidas y cuerpos a haber sido víctimas de violación. Tampoco es precisamente interrupción voluntaria del embarazo (IVE), como nos lo quieren vender. Pero éste es el triste escenario en el que estamos. Nos toca construir otro en donde no tengamos cancelado atrevernos a desear. @celiawarrior 5

Los Estados y las empresas no pueden resolver el cambio climático

Raúl Zibechi - desinformemonos.org - En Movimiento - 14 octubre 2019 Es muy positivo que millones de jóvenes salgan a las calles contra el cambio climático, en todo el mundo. Para muchas es la primera experiencia de lucha y movilización, y es destacable que lo hagan sin que medien aparatos políticos que convoquen y/o manipulen.

Este es el aspecto fundamental que debemos valorar, especialmente cuando la acción directa no abunda en ninguna parte del mundo.

No comparto las críticas de quienes reclaman mayor politización, achacan ingenuidad de las y los jóvenes que se manifiestan, o quienes los acusan de no ser declaradamente anticapitalistas y no ser hijos de la pobreza. A menudo son críticas hechas desde una generación, la mía, que sigue creyéndose en posesión de la verdad, pese a los evidentes fracasos que hemos cosechado en el último medio siglo.

Creo que estas grietas (y desencuentros profundos) entre dos períodos de las luchas sociales, merecen alguna explicación.

En primer lugar, es evidente que existe una brecha generacional que ha impedido transmitir saberes y valores entre generaciones. Brecha que incluye las culturas políticas y los modos de vida, y ha llevado a que existan pocas posibilidades de convivencia entre generaciones.

No tengo duda que el sistema (capitalismo neoliberal) es en gran medida responsable.

Sin embargo, en los movimientos hay pocas chances de diálogo en6

tre las diversas experiencias históricas, ni siquiera puntos físicos de encuentro y, por lo tanto, casi nula capacidad de trasmisión generacional y de aprendizaje de los errores cometidos. Mi generación, la de los años 1960-1970, es en gran medida la responsable, ya que es reacia a la autocrítica y mira por encima del hombro a las generaciones más jóvenes.

En segundo lugar, parece poco probable que las grandes movilizaciones consigan sensibilizar al 1%, para que tomen medidas que modifiquen las pautas civilizatorias, que son las responsables en última instancia del cambio climático. En este punto, los jóvenes no hacen más que poner en práctica la cultura política hegemónica, consistente en presionar para conseguir algo a cambio.

Alguien debe explicar, aunque resulte antipático, que no existe la menor posibilidad de reducir las causas del cambio climático si la humanidad no abandona la cultura del consumo, a la que se están sumando frenéticamente las nuevas clases medias y sectores populares de los dos países más poblados del mundo: India y China. En cierto sentido, todos somos responsables por el cambio climático, aunque en con niveles de responsabilidad diferentes.

En tercer lugar, alguien debería también explicar, en particular a las generaciones más jóvenes, que el caos climático al que estamos ingresando es una tendencia profunda provocada por el comportamiento de la humanidad, incluyendo a quienes nos manifestamos en contra del cambio climático. Los gobiernos no pueden ni quieren detenerlo y, en el mejor de los casos, se limitan a declaraciones cínicas y mentirosas.

Las clases dominantes de Occidente se están preparando hace mucho tiempo para enfrentar situaciones caóticas, en base a sus recursos materiales que, creen, les permitirán sobrevivir al “hundimiento del Titanic”. El problema es que los sectores populares y los movimientos anti-sistémicos estamos muy lejos de asumir que un colapso de la humanidad es inevitable.

Por lo tanto, decir que “nos queda poco tiempo” para detenerlo, desvía la atención de las tendencias que nos llevan a la catástrofe, 7

creando ilusiones de que podemos detenerlas si presionamos suficientemente a los de arriba. Sólo derrotando al 1% tendremos alguna chance de detener la catástrofe, pero con eso tampoco alcanza aunque sería un paso importante.

Si asumiéramos esta realidad, estaríamos construyendo las arcas comunes capaces de afrontar las tormentas que se avecinan. Es a esta construcción a la que debemos dedicar los mayores esfuerzos, las energías colectivas vitales para afrontar el futuro.

Aquí aparece un cuarto y decisivo factor. Es posible que podamos tomar decisiones capaces de salvar a una parte de la humanidad.

Pero es seguro que no lo conseguiremos si no nos comprometemos a fondo con la realidad que nos rodea, en base a dos herramientas que nunca debimos desaprender: la crítica y la autocrítica.

Algunas claves de #YoPrefieroelLago Daliri Oropeza - Piedepagina.mx - Microfilme Postal 15, Octubre, 2019 - @Dal_air

A un año de la campaña #YoPrefieroelLago —y de la consulta por el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México—, ¿cómo puede ser tan efectiva que hasta el presidente dice que se va a restaurar el Lago de Texcoco? Aquí algunas claves para entender la comunicación de una campaña desde los pueblos Sentados a la mesa después de comer, en una casa en Atenco, integrantes de la familia Del Valle y un grupo de jóvenes activistas caen en cuenta que la consulta que anunció el —entonces— presidente electo puede ser la última oportunidad para impedir la destrucción de los territorios de los pueblos de la orilla del Lago de Texcoco, con un proyecto de aeropuerto que tiene casi 20 años en la mira de los gobiernos y empresarios.

El aeropuerto ya estaba en construcción. Desde el aire se apreciaba el tache de cemento sobre la parte más baja del lago. En los videos del gobierno del Peña salían animaciones de un edificio hí8

per moderno, de lujo, con gran infraestructura y trenes. Pero nunca apareció en dónde estaba situado, sólo sus fantasías de progreso y grandeza. Puros espejismos.

Integrantes de los pueblos de Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac y Tocuila no habían bajado la guardia, pero la construcción del NAICM avanzaba cada día más, lo notaban en la destrucción de los territorios de municipios a su alrededor, esas poblaciones, poco a poco, se fueron conformando en una Plataforma en contra del aeropuerto. Pero la protesta estaba paralizada.

Ese era el panorama, con un gobierno corrupto saliente y, en la puerta, el primer presidente —decían— de izquierda en México. Él puso el tema sobre la mesa, fueron meses clave para la discusión mediática sobre el NAICM. #YoPrefieroelLago tuvo muchos aciertos dentro de una coyuntura política específica. El principal y más notorio es que la comunicación dejó de centrarse en negar un aeropuerto, para poner sobre la mesa lo que realmente está en juego: el último vaso del Lago de Texcoco.

El mensaje dejó de ser “Tierra Sí, Aviones No” o “No al Aeropuerto de Muerte”, consignas utilizadas durante 18 años por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Con la campaña, los patos, los ajolotes, el agua, los habitantes de la orilla estaban en el centro del discurso.

Más allá de responder a una “consulta” sí o no, dinámica del nuevo presidente, se abocaron a apuntar narrativamente a lo que prefieren y defienden los pueblos afectados, el territorio que no estaba en el imaginario, ni en la consulta.

El equipo nombrado Hackear el Aeropuerto (integrado por activistas, académicos e integrantes del FPDT) logró dirigir la discusión al impacto medioambiental del proyecto, asunto que no había sido cuestionado al discurso de desarrollo económico y comercial —su progreso—, además de la sobresaturación del Aeropuerto Benito Juárez.

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“No se esperaba que una conversación se volviera sobre agua, patos, comida, la forma en que eso apeló a todo tipo de personas, de otros espacios y otros colectivos tuvo que ver con que fue un cambio de discurso muy radical porque hablas de su agua, de sus temblores, en su ciudad”, asegura una participante de la campaña Yo Prefiero el Lago y el equipo Hackear el Aeropuerto.

Este equipo logró hacer cohesión social a través de revertir los símbolos, y con ello el referente en el campo imaginativo. Una X sobre el lago, cerca del tache el nombre de Peña, presidente saliente —con pésima popularidad desde que inició el #YoSoy132. Del otro lado, la naturaleza, el ecosistema lacustre que remite a la grandeza de un lago donde se asentó el Pueblo Azteca.

Con un símbolo tan fuerte como el Lago de Texcoco, se podían dirigir a los pueblos, afectados o no, pero también los jóvenes, personas urbanas, abuelas, por igual. El referente resonó en quienes tienen los medios para producir y reproducir el discurso. El mensaje se replicó al igual en marchas que en redes sociodigitales.

Esos símbolos ya estaban ahí. Por ejemplo, el de los campesinos con machete, criminalizados por quienes buscaban —y todavía aun— imponer esta mega construcción que además conllevaba urbanización voraz de lo que queda del campo fértil. “Los macheteros”, “los que se oponen al progreso”, ya estaban en el campo imaginario: “no hay mala publicidad, los enemigos del progreso estaban presentes en la conversación sobre el aeropuerto, sin que se volvieran más relevantes y más presentes, son importantes como figuras antagónicas de la conversación”, dice la participante, son décadas de reconocer la lucha del F TDP. Todo el corazón de estas personas campesinas fue trasladado a una carta naciente de sus propias experiencias, la cual conllevó técnicas de prácticas narrativas para ser el tronco del sentir de la campaña.

Para otros pueblos que defienden el territorio, esta campaña y el resultado de la consulta significó saber que ganar es posible, en un momento en el que ganar ni siquiera era una opción.

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Ahora la televisora más famosa de México pasa la construcción del NAICM “inundada”, “abandonada”, llena de agua y aves. Ese símbolo de Lago es ahora un actor determinante.

PD.- Los empresarios que avalan el NAICM —aún— siguen empecinados en en el proyecto, no sólo han interpuesto amparos contra Santa Lucía argumentando por los derechos de los pueblos originarios —como nunca lo han hecho— a través de un grupo llamado “No más derroches” en entrevista con la BBC aseguró su abogado, Gerardo Carrasco, que “ese terreno (SL) no tiene la capacidad de solucionar el problema de capacidad que tiene el actual aeropuerto, en todo caso se debe continuar con un proyecto, no ese, sino en la zona de Texcoco a través de contratación de empresas honestas. Además, el Décimo Tribunal Colegiado decidió por unanimidad suspender la intención de destruir lo que queda de las obras —¿conservar esas obras?—, en donde la “4T” quiere hacer un Parque Ecológico y un parque fotovoltáico. Los pueblos de la orilla del Lago tienen su propuesta.

Enlace del documental: youtu.be/Z1drhgCv8zM

San Luis Tlaxialtemalco y su lucha por la emancipación

Francisco López Bárcenas - La Jornada - 20 de octubre de 2019 El año 2019 tiene varias significaciones en la formación de la nación mexicana, su situación actual y su relación con los pueblos indígenas. Con él se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés y sus huestes a la gran Tenochti-tlan, capital del imperio azteca, con lo cual comenzó la conquista y colonización del Anáhuac, que se convertiría en colonia de la Nueva España y que ahora es capital del Estado mexicano. El hecho no pasa desapercibido para quienes nos preocupan la situación y el futuro del país. El mismo Presidente de la República se ha pronunciado en diversas ocasiones exigiendo que los españoles de ahora nos pidan perdón por los actos de los españoles de entonces; mientras desde la academia se elaboran análisis sobre lo que ocurrió y continúa sucediendo en nuestra nación.

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A los pueblos indígenas este suceso les interesa, aunque de manera distinta a la que provoca el interés a la mayoría de los mexicanos, sobre todo porque ellos continúan sufriendo las prácticas coloniales que los españoles trajeron consigo, las mismas que heredaron los criollos que se hicieron del poder político del país después de la guerra de Independencia, y ahora reproducen los políticos que a cinco siglos de aquellos sucesos ejercen el poder, sean del partido que sean y proclamen la ideología que proclamen. Como en aquellos tiempos, sus acciones se ven legitimadas por algunos indígenas que los apoyan para certificar sus acciones, sin importar que con ello contradigan prácticas y discursos de reinvidicaciones autonómicas de años pasados.

Un claro ejemplo de esto es la lucha que diversos pueblos indígenas de la Ciudad de México vienen sosteniendo desde hace años en defensa de sus derechos políticos y territoriales, ignorados por la Constitución política de ella, aprobada el 31 de enero de 2017, misma que es promovida como la más avanzada en su tipo, ignorando que ignora los derechos políticos de los pueblos originarios, derecho central para el ejercicio de la autonomía. Superando esa limitación jurídica los pueblos indígenas de la capital del país han recurrido al derecho internacional y han registrado importantes batallas para superar este colonialismo que se ejerce sobre ellos.

Dentro de estas luchas sobresale por sus logros la del pueblo de San Luis Tla-xialtemalco, en la alcaldía de Xochimilco, que este domingo 20 de octubre instalará su Concejo Autónomo de Gobierno.

Después de un largo y tortuoso proceso ante tribunales electorales que desde un principio reconocieron su derecho a gobernarse por sí mismos de la manera que lo consideren necesario y de enfrentar la falta de voluntad política de las autoridades de la alcaldía –morenista– que considera que son más importantes sus intereses políticos que los derechos de los pueblos originarios. Finalmente la sentencia judicial correspondiente ha quedado firme. Ya no está en la voluntad de las actuales autoridades de la alcaldía de Xochimilco reconocer o no este derecho porque están obligadas a acatar la sentencia en los términos acordados, de lo contrario caerían en desacato y podrían hacerse merecedoras de sanciones adminitrati12

vas severas, de las cuales la más drástica sería la destitución.

El del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en únicamente uno de otros casos de reclamo del derecho de los pueblos indígenas por la vía judicial. Es importante tener presente que ellos no exigen que se reconozca su Concejo Autónomo de Gobierno sólo para evitar los enlaces territoriales o subdelegaciones que durante mucho tiempo fueron sus representantes ante las entonces delegaciones y que en las décadas recientes se convirtieron en empleadas de las autoridades delegacionales; también lo hacen porque necesitan una representación legítima para reclamar su derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales, bosques y aguas entre ellos, de los cuales la parte urbana de la Ciudad de México es beneficiaria sin que ellos reciban una retribución por cuidarlos.

A 500 años del inicio de la colonización, el sistema político mexicano continúa siendo colonial para los pueblos indígenas en nuestra nación, por eso no cesan los esfuerzos de los pueblos originarios por emanciparse. La lucha de San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía de Xochimilco es un claro ejemplo de ello.

El analista de arriba y la calle

Raúl Zibechi - La Jornada - 20 de octubre de 2019 Los pueblos y los sectores populares, las mujeres y los varones de abajo, están ganando las calles en todo el mundo. En Barcelona y en Hong Kong, en París y en Quito, y en un largo etcétera imposible de abarcar en pocas líneas. A mi modo de ver, este sólo hecho da para celebrar, para el regocijo de quienes deseamos el fin del capitalismo, porque éste no sucederá sin confrontación y lucha de calles, entre otras formas similares de pelea.

La poderosa reorganización de los aparatos represivos los ha hecho casi invulnerables a la protesta, de modo que desbordes como los que vimos en periodos anteriores (siempre recuerdo el mítico Cordobazo de 1969, cuando obreros y estudiantes derrotaron en la calle a la policía del régimen militar), son cada vez más infrecuentes.

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Por eso la lucha de calles, es tan importante, como escuela y como horizonte.

Es cierto, por otro lado, que con marchas y acciones directas no es posible trascender el sistema, que hacen falta por lo menos dos cuestiones centrales: una crisis sistémica profunda, como las que se registraron en Europa hacia el final de la guerra de 1914-1918, y una potente organización de los pueblos, no sólo para afrontar la crisis, sino de modo muy especial para construir los mundos otros llamados a expandirse mientras vamos deshidratando la hidra capitalista.

Los pueblos organizados y los militantes celebramos las pequeñas victorias, la multiplicación de caracoles en Chiapas o el frenazo al paquetazo del FMI en Ecuador. Nos conmovemos con esos miles que arañaron las piedras, literalmente hasta sangrarse, para erigir barricadas con adoquines y trozos de edificios en Quito. Nos indignamos con la represión que provocó una decena de muertos y mil 300 heridos.

Festejamos los avances. “En Loja y Azuay se crearon asambleas populares autónomas, espacios organizativos de abajo para construir poder popular, dar continuidad al proceso y articular planes y acciones”, nos dice un militante contra la minería del sur. Valora, de forma muy especial, que los 12 días de lucha hayan sido la primera experiencia para toda una generación, porque no está pensando en tomar el palacio, sino en la continuidad de la pelea.

Otros compas estiman la trascendencia de que haya emergido una nueva generación de militantes y dirigentes indígenas y populares, así como la importancia del protagonismo masivo de las mujeres.

En paralelo, se emocionan con los estudiantes que armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, “integrando así una lucha campo-ciudad”.

Son los temas estratégicos que deberían preocuparnos, porque de ellos depende el futuro, y no si la acción favorece a tal o cual potencia global, a tal o cual político que quiere llegar o volver al palacio.

Por eso nos indigna, por lo menos a quien esto escribe, cuando 14

el analista de arriba se limita, desde su escritorio, a censurar a los dirigentes, sean de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), del pueblo mapuche o del EZLN, porque no hicieron lo que ellos consideran oportuno o necesario.

Los pueblos no son acarreados por los dirigentes, como suele creer el analista de arriba, porque no se molesta en preguntar y, sobre todo, en escuchar razones de la gente común. Si lo hiciera, descubriría una lógica propia, diferente por cierto a la del académico o del político profesional, porque responde a necesidades concretas que no pasan por la academia y la literatura especializada.

Sinceramente, me parece insignificante, por decirlo en tono amable, si la lucha nuestra beneficia a China, a Rusia o a Estados Unidos. Son tres potencias imperiales que están dispuestas a masacrar pueblos, para seguir acumulando poder y capital.

Me parece igualmente poco importante si una lucha de abajo, con toda su cuota de dolor y sangre, termina beneficiando a tal o cual candidato a la presidencia. No es ése el camino de los pueblos. Todo lo que fortalezca el protagonismo y la organización de los de abajo es muy positivo, más allá de consecuencias que nunca se pueden medir a priori.

Hubo un tiempo en que el analista de arriba era, sistemáticamente, parte del sistema. En las pasadas décadas, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y de las derrotas de la revoluciones centroamericanas, han surgido multitud de analistas que se dicen de izquierda, pero no se manchan las manos, ni ponen el cuerpo en las barricadas, ni escuchan a los pueblos.

Se sienten portadores de la verdad, cuando deberían ser apenas trasmisores del pensamiento y la acción colectivas. No puede haber análisis valederos que subestimen a los pueblos. Siempre fue y será una actitud propia de la derecha, funcional al sistema.

No se vale que unos pongan los muertos y otros usen los cuerpos ultrajados como escaleras, materiales o símbolos. “No queremos ser escaleras de ustedes”, dicen los aymaras a los políticos corruptos.

Sólo sirven los análisis nacidos del compromiso, no con los de aba15

jo, sino abajo y a la izquierda.

Isaías Cantú y Arnulfo Cerón

Gloria Muñoz Ramírez - La Jornada - Los de abajo 19 de octubre de 2019 Un defensor indígena del territorio asesinado y otro desaparecido es el saldo de la última semana en el convulso estado de Guerrero.

Isaías Cantú Carrasco, presidente del comisariado de Bienes Comunales de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), fue asesinado el pasado 11 de octubre en el contexto de su lucha contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá, como señaló la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Las organizaciones guerrerenses no dudan en señalar al gobernador Héctor Astudillo Flores como artífice o cómplice de la clara ofensiva contra los defensores, pues empresas mineras y gobierno son uno solo en la entidad. Oro y plata son los minerales que están en la mira.

Un día después del asesinato de Cantú Carrasco, fue desaparecido Arnulfo Cerón Soriano, del Frente Popular de la Montaña, en la misma entidad. En un comunicado firmado por 11 organizaciones de la Costa Chica, Montaña y Acapulco, se responsabiliza a Dionicio Merced Pichardo García, presidente municipal de Tlapa de Comonfort, pues afirman que lo había amenazado “por su lucha incansable en favor de los comerciantes ambulantes en las calles de Tlapa, donde sin duda estorbó los intereses de ciertos grupos de poder que trabajan en colusión con la presidencia municipal de Tlapa y el crimen organizado”.

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Las organizaciones afirman que el gobernador amenazó a Cerón en una reunión que sostuvieron con él para demandarle la libertad de los presos políticos de Cacahuatepec. “No vamos a permitir que nos arrebaten así a uno de nuestros hombres más valientes de Guerrero, a uno de los más valiosos luchadores sociales, que ha sabido defender a los desfavorecidos y a los débiles”, advierten. “¿Hasta cuándo seguirá permitiendo usted que esto suceda?”, preguntan al Presidente de la República los colectivos que no han dejado de movilizarse un solo día exigiendo la presentación de su compañero. Le reprochan que no quiera confrontar “a los go­b iernos locales que trabajan con la delincuencia organizada”.

Justicia para Isaías Cantú y presentación con vida de Arnulfo Cerón es la exigencia. hablanlospueblos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Ayotzinapa/Iguala: lectura desde necropolítica Maciek Wisniewski* - La Jornada - 18 de octubre de 2019

Si bien la masacre en Iguala (bit.ly/2MOjI0f ) fue un claro producto de la imperante lógica de la necropolítica en México, la misma constituye también una suerte de “mirador” que pone al desnudo sus “mecanismos de muerte”, demostrando que: A pesar de diferentes transformaciones, la estructura de poder en México sigue descansando en su vieja facultad: la necropolítica: “la soberanía como el poder de dar vida o muerte” (A. Mbembe); si bien el PRI reconfiguró sus herramientas de dominación y pasó por una profunda mutación siguiendo la evolución del propio capitalismo, sus “fuerzas del orden” lejos de pasar al segundo plano sólo profundizaron su “trabajo de muerte”: Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Nochixtlán o Tanhuato son “lugares-casos” que demuestran que la soberanía en México consiste básicamente “en el ejercicio de un poder al margen de la ley” y donde “la paz tiene el rostro de una guerra sin fin”.

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Si por un lado tenemos a los normalistas rurales, “productos” de la Revolución que mantienen la llama de una parte de su legado −oportunidad de educación para los pobres y su concientización−, por otro tenemos al Estado posrevolucionario que trata de deshacerse de este “residuo” rompiendo códigos éticos, flexibilizando el derecho y obrando en un clima de estado de excepción creando cuerpos “torturables” y “desechables” −morenos y pobres−, un proceso alimentado por la basada en odio de clase y raza lógica del llamado “exterminismo”.

La constante demonización y estigmatización de los normalistas, fruto de su activismo político y la sostenida persecución y criminalización por el Estado (“pinches ayotzinapos”, “bandidos manipulados por las guerrillas locas”, etcétera), son parte del clásico proceso de la “construcción del enemigo” en el que la deshumanización (“parásitos inútiles” y “cucarachas”, entre otros) es el paso crucial a convertir el sujeto en un “ser matable” − uccidibile (G. Agamben)− y “exterminable”.

La noción de necropolítica acuñada por Mbembe con ejemplos de Kosovo, Palestina y Sudáfrica (véase: Necropolitics, en: Public Culture, número 15-1, 2003, p. 11-40) bien podría tener a México como uno de sus casos; ésta es en esencia “un amplio abanico de ‘políticas de muerte’ para el control poblacional” que implica no únicamente “el derecho de matar” por el soberano/el Estado, sino también “de exponer a otros −la propia población de un país incluida− a la muerte” y decidir “qué tipo de cuerpos están destinados a ocupar una estrecha franja entre la vida y la muerte”, un modo de ejercer el poder que a menudo pasa a ser camuflado como “emergencia”, “crisis humanitaria” o... “guerra a las drogas” y donde una de sus principales herramientas es la creación de ciertas “zonas de muerte” −pensemos en algunas regiones de México...− donde la muerte misma “es a la vez herramienta de dominación y de resistencia” (sic).

Es precisamente en este sentido que el asesinato, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de los normalistas más allá de su móvil inmediato, se vislumbra también por un lado como una política de disciplinamiento de varones jóvenes de clases subordinadas 18

ante la creciente desigualdad y la privación de derechos y bienes (educación, etcétera) y por el otro, de “limpieza” en el contexto de una sostenida en México “guerra en contra de los jóvenes, de los que ‘sobran’, destinados a ser ‘descartados’ con pretexto de la guerra contra las drogas” (C. Fazio, Sobre los hechos de Ayotzinapa/Iguala..., en: La noche de Iguala..., M. Aguilar Mora y C. Albertani, editorial JP, 2015, p. 74).

La instauración de una grave crisis de seguridad −también conocida como la “guerra al narcotráfico”− un “estado de excepción/ emergencia” que se extendió con el tiempo y empezó a considerarse “normal”, ha sido instrumental en esta política de disciplinamiento o “limpieza”, haciendo del narcotráfico no sólo un negocio, sino una herramienta de terror y prolongación ( outsourcing) de la contrainsurgencia, donde los grupos criminales que obran mano a mano con agentes estatales son la cara oculta del Estado ( proxy) y continúan “su trabajo de muerte”.

Así, dado que el crimen organizado es la parte integral del capitalismo tardío −no una “aberración” en sus márgenes−, la masacre en Iguala ( vide: el “quinto autobús”) constituye también una ventana a las entrañas del capitalismo narco y necropolítico “que impone decadentes, pero aceleradas formas de acumulación por desposesión con base en la política de muerte y la economía criminal” (L. Arizmendi, J. Beinstein, Tiempos de peligro: estado de excepción y guerra mundial, PyV/UAZ, 2018, p. 28-29), y expone el “carácter necrófilo” del sistema: la “compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (la muerte)” (C. Fazio..., p. 80), algo que a su vez nos regresa a Mbembe, que localiza la emergencia de la propia necropolítica en el nacimiento del capitalismo y el tráfico de los seres humanos “convertidos ‘en metal’ y en mercancía” ( Necropolitics...).

Si en la dialéctica Ayotzinapa/Iguala el segundo nombre representa la desaparición y la muerte y el primero toda la historia de resistencia y esperanza, el movimiento que se formó en su torno se vislumbra como “un movimiento antinecropolítico” par excellance (bit. ly/2OT3dCL): por la vida, la verdad y la justicia. *Periodista polaco 19

Chilenos desafían el toque de queda decretado por el Gobierno Telesur 21 octubre 2019 0 Al menos ocho mil personas mantienen su postura de continuar en pie hasta altas horas de la madrugada, a pesar del toque de queda, tal como hicieron en la jornada del sábado.

Miles de manifestantes chilenos desafiaron este domingo el toque de queda decretado por el presidente Sebastián Piñera, en varias regiones del país para continuar las protestas en contra de políticas neoliberales.

Al menos 8 mil personas se mantienen movilizados exigiendo la renuncia del Ejecutivo; no obstante, agentes militares están desplegados en las calles de la capital para reprimir a los manifestantes.

Los habitantes de Santiago de Chile (capital) comenzaron a llegar a la céntrica Plaza Italia y todas las avenidas influyentes, donde se han tenido que enfrentar a las fuerzas de la policía chilena.

De igual forma, los manifestantes denunciaron la represión de los carabineros chilenos en las protestas a gritos de “Váyanse, la calle es nuestra”.

El pueblo chileno asegura que el Gobierno fracasó, pues la medida que anunciaba el aumento del precio del pasaje del metro, tuvo que ser revertida por el jefe de Estado.

El toque de queda está instaurado en siete regiones del país: Antofagasta, Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío 20

y Valdivia.

La medida regirá en las zonas por dos noches consecutiva De igual forma, los manifestantes denunciaron la represión de los carabineros chilenos en las protestas a gritos de “Váyanse, la calle es nuestra”.

El pueblo chileno asegura que el Gobierno fracasó, pues la medida que anunciaba el aumento del precio del pasaje del metro, tuvo que ser revertida por el jefe de Estado.

El toque de queda está instaurado en siete regiones del país: Antofagasta, Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío y Valdivia.

La medida regirá en las zonas por dos noches consecutivas, desde las 19 horas (hora local) hasta las seis de la mañana del próximo lunes.

Publicado originalmente en teleSUR tv

Nostalgia peligrosa Gustavo Esteva Cunde por el país una ola de nostalgia que parece peligrosa. Muy diversos sectores, de todo el espectro ideológico, están tomando posición respecto a la “presidencia imperial”, que fue rasgo central del régimen político mexicano a lo largo del siglo XX. Hay quienes dan por sentado que está en operación y la impulsan o la resisten. Entre quienes la consideran ida, unos suspiran por ella y la quisieran de regreso, mientras otros muestran su preocupación por lo que ven como síntomas de ese ejercicio e intentan prevenir su restauración.

Enrique Krauze acuñó esa expresión como una variante de la “dictadura perfecta” de Vargas Llosa, para poner énfasis en la voluntad 21

presidencial como rasgo central de la hegemonía del PRI desde los años 20.

El planteamiento daba expresión analítica formal a ciertas circunstancias conocidas y reconocidas. Cuando apareció en 1997 parecía especialmente oportuna: era el momento de escribir el obituario de ese régimen.

El libro de Krauze reflejó sus sesgos ideológicos y metodológicos, que fueron oportunamente señalados. Pero la expresión pegó por buenas razones: describía bien un estado de cosas.

El partido hegemónico y la estructura gubernamental estaban claramente construidos en torno a la figura presidencial, la cual ejercía un poder prácticamente ilimitado en el país entero. Mientras las dictaduras personales de otros países sólo podían funcionar mediante la destrucción abierta de la fachada democrática, en México se le mantuvo siempre. La renovación sexenal del monarca y otros dispositivos trataban de mantener la ilusión.

El desmantelamiento de ese régimen político no puede atribuirse a las fuerzas que impulsaban un ejercicio “democrático” más convencional. Se realizó desde adentro. Miguel de la Madrid, que sustituyó a la vieja clase política por un grupo tecnocrático el día que tomó posesión, inició una serie de golpes de Estado incruentos para “normalizar” el sistema en los términos del credo neoliberal que se adoptó acríticamente. Carlos Salinas empleó a fondo todos los dispositivos del viejo régimen… contra él. Ernesto Zedillo profundizó la labor de zapa.

En 2000 quienes integraban la vieja clase política parecían gallinas sin cabeza: no sabían actuar sin su jefe máximo. Tendieron a reproducir el único estilo político que conocían en los estados en que aún gobernaba el PRI y formaron así una coalición inestable de mafias locales y regionales, de afiliaciones múltiples, que usaban o no las siglas del PRI como si fueran una franquicia.

Fox y Calderón emplearon de manera corrupta e incompetente lo que quedaba de la maquinaria del viejo régimen y terminaron de 22

disolverla.

A pesar de las apariencias y las inercias, Peña Nieto no representó una restauración. Nunca llegó a tener el poder de sus predecesores.

Fue expresión menor de fuerzas políticas y económicas que controlaban la voluntad presidencial…y el país, dentro de un régimen de transición.

Andrés Manuel López Obrador encabeza el Poder Ejecutivo cuando la “presidencia imperial” resulta ya imposible. Hay presiones para restaurarla, pero a pesar de sus cualidades personales, su astucia política y la popularidad que aún mantiene, las expresiones de su voluntad personal no tienen el efecto que antes tenía la figura presidencial.

Dentro del aparato gubernamental, en los tres poderes y niveles, numerosos funcionarios llevan hasta la parálisis su devoción por el Presidente y se muestran decididos a obedecerlo ciegamente. Pero hay también personas y fuerzas que resisten la voluntad presidencial, tanto en la orientación general de su política como en instrucciones específicas.

La contradicción abierta con el mandatario era imposible y, de hecho, impensable en el viejo régimen. Quien se atreviera a practicarla sabía que era políticamente suicida y en general estéril. Hoy se manifiesta en todas las esferas y niveles del gobierno.

La virtual extinción de los partidos políticos, la operación fragmentaria de Morena, la recomposición política en todas las escalas y esferas de la sociedad y el gobierno así como otros muchos factores, como la coyuntura internacional, crean una situación peculiar que parece justificar la nostalgia por mecanismos del pasado que despejen la confusión reinante y pongan orden en el funcionamiento general.

La creciente fragilidad del nuevo gobierno, sin embargo, al aumentar los desencantos de buena parte de quienes pusieron en él su esperanza así como las presiones de las fuerzas acostumbradas a gobernar el país, no puede remediarse con dispositivos que ya no 23

existen.

Crece así la incertidumbre, ante una coyuntura muy riesgosa. Se hará aún más evidente el carácter despótico de lo que seguimos llamando “democracia”, como ocurre en casi todo el mundo. Pero las formas que ese proceso tomará entre nosotros son todavía imprevisibles; sólo sabemos que no podrá ser con la “presidencia imperial”, a pesar de sus nostálgicos adeptos. gustavoesteva@gmail.com

Megaproyectos y derechos Carlos Fazio Heredero del megaproyecto del istmo de Tehuantepec de Ernesto Zedillo (1996) –luego renombrado Plan Puebla-Panamá (Fox, 2001), Iniciativa Mesoamericana (Calderón, 2008) y Zona Económica Especial del Istmo (Peña Nieto, 2016)–, el Corredor Interoceánico de Andrés Manuel López Obrador parece destinado a reproducir la misma lógica neoliberal.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 formó parte del entramado jurídico-político de la dominación de clase del capital. Desde entonces, los derechos corporativos derivados de la imposición del TLCAN significaron una profunda ruptura del contrato social del Estado de bienestar, y los derechos de los pobres y los trabajadores fueron arrasados por la “tiranía privada depredadora” (Chomsky dixit), que demolió también, vía una violencia reguladora, la jerarquía y la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos.

El TLCAN no fue diseñado para promover el bien social; tampoco un acuerdo entre la gente de los tres países de América del Norte para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función de sus ventajas comparativas. Fue un pacto que elevó el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculó y subordinó el poder económico del Estado a los intereses corporativos, a la par que erosionó el compromiso y las 24

opciones del Estado para proteger a la ciudadanía. Un fin central del TLCAN fue desarmar a los pueblos originarios para despojarlos de las herramientas de identificación, expresión, cultura, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. El desarme del Estado mexicano frente a los intereses corporativos adquirió características trágicas, al convertirse en promotor y certificador de las operaciones privadas de los inversionistas. Particularmente grave resultó el acelerado desmantelamiento de la Constitución de 1917, que había introducido los derechos sociales y subordinado el derecho privado de la propiedad al interés común.

La violencia estructural del sistema capitalista –la acumulación de la riqueza de una minoría a costa de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos– se incorporó al tratado de manera transversal. La contrarreforma del artículo 27 Constitucional, que modificó la propiedad de la tierra ejidal y comunal, supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y los bienes naturales. Esas prácticas se presentaron como pretendidas políticas de desarrollo, pero fueron verdaderas acciones de despojo a las que, posteriormente, se les proporcionó cobertura legal.

Bajo la lógica de la contrainsurgencia, los regímenes neoliberales echaron mano de la violencia estatal, paramilitar y criminal para generar terror y miedo, como parte de una estrategia de control de territorios y poblaciones; esquema de violencia institucional que utilizó ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas, la tortura sistemática, el desplazamiento forzado de población y la apropiación de tierras para imponer políticas económicas que responden al interés de la plutocracia y atacan los derechos e intereses del pueblo pobre mayoritario.

Como parte de un proceso de “desvío de poder” −una transformación del aparato estatal que, a la vez que reforzó, mercenarizó (tercerizó) y actualizó una tremenda capacidad punitiva−, el Estado, en un giro reaccionario histórico, abandonó toda preocupación por el bienestar de la población, abolió la esfera pública, liquidó a la sociedad e instauró un socialdarwinismo delincuencial y mafioso, vio25

lando todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos.

Esa regresión salvaje en el ejercicio del poder consistió en el uso −por parte de los gobiernos, representantes políticos y poderes fácticos− de las capacidades económicas, políticas, culturales y jurídico-institucionales del Estado con el propósito de satisfacer o beneficiar intereses plutocráticos, en contra o en detrimento del interés público y general de la población, y a costa de desatender las condiciones mínimas de reproducción y desarrollo de la vida social y de supeditar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos del grueso de la ciudadaníaa dinámicas económicas ajenas a sus intereses. La función prioritaria del Estado se reformuló para convertirlo en organizador y/o ejecutor del despojo y las expropiaciones, de la transformación y destrucción de la estructura productiva y de la implementación de masacres, represiones y numerosas violaciones de derechos necesarios para el quiebre del tejido social comunitario.

En su artículo 2, la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, incluyendo el derecho a la consulta libre e informada, aunque de forma inadecuada. De todos modos, al reconocer México los tratados internacionales, se deberá entender que el Estado tiene obligación de reconocer dichos derechos más allá de la contraria restricción constitucional.

Los instrumentos donde constan esos derechos son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Esas garantías deben reconocerse hoy de manera efectiva, en lo referido a la autonomía política, a la propiedad de sus tierras y a ser consultados sobre los megaproyectos que pueden afectarlos directamente, como el Corredor Interoceánico y el llamado Tren Maya.

La fuerza de la insurrección en Ecuador R. Aída Hernández y Juan Illicachi* - La Jornada 16 de octubre de 2019

Tras 12 días de movilizaciones sociales, el pasado 13 de octubre el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó el decreto 883, conocido como el paquetazo, que eliminaba el subsidio a la gasolina y promovía una serie de reformas que afectaban a los 26

sectores más desprotegidos de la sociedad ecuatoriana. Desde el pasado 2 de octubre, un movimiento ciudadano amplio encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (F UT) y la Federación de Indígenas Evangélicos de Ecuador (Feine), llamaron a una huelga nacional, tomando las calles de las principales ciudades del Ecuador. Esta movilización ciudadana se dio en respuesta a las medidas de austeridad decretadas por el presidente Moreno Garcés, siguiendo los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condiciones para un nuevo préstamo por 4 mil 200 millones de dólares. La derogación del decreto 883 fue un triunfo de la coalición de organizaciones indígenas y populares, que mostraron en las últimas semanas la capacidad de resistencia que puede tener el pueblo organizado.

Pero el alto al subsidio de las gasolinas era sólo la punta del iceberg de una serie de reformas estructurales que están en el tintero de Moreno, que incluyen varios puntos que afectan de manera directa a los sectores más empobrecidos del país, y en específico a los territorios indígenas. Entre las recomendaciones del FMI está una reforma tributaria para hacer más favorable la inversión extranjera directa, reduciendo los impuestos de las empresas extranjeras, a la vez que se promueve la minería y la extracción de petróleo por empresas trasnacionales. Esta reforma respondería a las acciones exitosas de resistencia del movimiento indígena contra el extractivismo. La primavera pasada los habitantes de Girón, provincia de Azuay, dijeron “no a la minería”, para proteger la reserva natural Quimsacocha, afectando la empresa canadiense INV Metals. Mientras, las organizaciones indígenas de la región de Intag, en el norte de la provincia de Imbabura, declararon esa zona libre de minería y exigieron la salida de las compañías extractivistas. Ante la defensa de la vida y el territorio, los intereses del gran capital tratan de imponerse con la fuerza de la ley, sustentada en la violencia legitimada.

El presidente de seudoizquierda Lenín Moreno, quien había sido vicepresidente durante las dos gestiones de Rafael Correa (2007-09 y 2009-13), subestimó la capacidad de resistencia de los pueblos, al traicionar todas sus promesas de campaña e imponer el programa neoliberal, que el FMI ha querido establecer en el continente. Al 27

estado de excepción declarado el 3 de octubre por el gobierno, que amplió los poderes militares y policiales para la represión, la Conaie respondió, declarando su propio estado de excepción, exigió el retiro de las fuerzas gubernamentales de sus comunidades y advirtió que serían sometidas a la justicia indígena en caso de violar sus jurisdicciones. Paralelamente, la articulación de fuerzas políticas, urbanas y rurales, aun la población evangélica, mostró el poder de convocatoria del movimiento indígena en Ecuador y obligó al gobierno a sentarse a negociar. Junto con la derogación del decreto 833, se acordó instalar una comisión formada por el gobierno y sectores sociales para hacer una propuesta que permita equilibrar la economía.

Sin embargo, está pendiente el balance de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante estos 12 días de movilizaciones.

El gobierno respondió con toda la fuerza de su aparato represivo contra las manifestaciones pacíficas, pues según las cifras oficiales, sólo entre el 3 y 6 de octubre se detuvo a 485 manifestantes, y se reportó la muerte de cinco más, entre ellos un líder de la Conaie, de la provincia de Cotapaxi.

La crónica de los hechos del 11 de octubre, en los que estuvo presente uno de los autores de este texto, da muestra de la violencia que usó el gobierno contra el pueblo organizado, cuyas consecuencias aún se tienen que evaluar. En el noveno día de movilización: indígenas y mestizos, estudiantes y obreros, mujeres y hombres, viejos y jóvenes, del campo y la ciudad, marcharon pacíficamente hacia la Asamblea Nacional, y fueron atacados con bombas lacrimógenas por más de cuatro horas. Luego se hizo uso de las estrategias más deleznables para emboscar a los manifestantes y después de un rato de suspender los ataques, en medio de ríos de personas, que clamaban justicia, aparecieron tres vehículos con alimentos. Los presentes, hacían fila para tomar agua, pan, arroz y refrescos, y un descanso, después de horas de marchar y recibir agresiones. Nadie sabía de dónde habían llegado los alimentos, pero cerca de las 16:20, se escucharon los disparos de las bombas lacrimógenas, que tomaron por sorpresa a los manifestantes. La gente gritaba: “¡Nos traicionaron!”, “¡Hicieron pausa hasta reabastecerse de municiones!”, “¡No estamos armados, no nos ataquen!” Surgen varias preguntas: ¿el espacio, se constituyó 28

en el campo de ataque? ¿Se puede decir, un campo de concentración de ataque a la protesta? Lo que sí está claro, es que la policía y las fuerzas armadas ecuatorianas fueron usadas de manera infame y desmedida contra el pueblo, generando violencia y muerte. No se sabe la cifra exacta de heridos y detenidos, pero la misma oficina de la Defensoría del Pueblo informó que los hechos de esta semana han sido los más violentos de los últimos años.

Es lamentable que sean los gobiernos que llegan al poder con una supuesta agenda de izquierda, que se supone priorizaría las políticas de bienestar social, quienes impongan los megaproyectos extractivistas y de despojo a los pueblos indígenas, así como las reformas estructurales que afectan a los más pobres. El triunfo del movimiento popular ecuatoriano es ejemplo de lo que se puede lograr articulando alianzas y usando la resistencia civil pacífica. El gobierno mexicano haría bien en aprender de la realidad ecuatoriana, las consecuencias que puede tener el querer imponer sobre los pueblos, los proyectos extractivistas, que atentan contra la vida y el territorio. * Investigadora de Ciesas y ex rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi y dirigente kichwa de una organización de base de la Conaie.

Ecuador: del centro al fin del mundo

Boaventura de Sousa Santos - La Jornada - 15 oct 2019 Como su propio nombre indica, Ecuador está situado geográficamente en el centro del mundo. Todo lleva a creer que el neoliberalismo ha decidido llevar a cabo su agenda de fin del mundo en este país. Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. No reconoce otra libertad que la libertad económica, por lo que le resulta fácil sacrificar todas las demás. Por cierto, es bueno que los portugueses sepan esto con respecto al partido Iniciativa Liberal, la versión más tardía del liberalismo en forma de bancarrota. La especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre im29

plica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay. El Fondo Monetario Internacional es el agente encargado de legalizar el robo en el que se traducen las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero.

El robo es tan evidente hasta el punto de que el montante de los préstamos casi siempre equivale a los beneficios públicamente contabilizados que se ofrecen a los acreedores internacionales y a las grandes corporaciones multinacionales que se articulan con ellos.

Los casos más recientes de este proceso van desde Grecia hasta Portugal (2011-2015), desde Argentina hasta Brasil y muchos países africanos. Lo que está sucediendo en Ecuador representa el paroxismo, el momento de máxima intensidad de la voluntad destructiva del neoliberalismo. Con el fin de salvaguardar el derecho al robo legal por parte de los acreedores y las empresas multinacionales, el país se incendia socialmente, se declara un estado de excepción rápidamente legitimado por una Corte Constitucional cómplice, se movilizan las Fuerzas Armadas entrenadas por la infame Escuela de las Américas (hoy con un nombre diferente que borra la historia para mantener los propósitos) a fin de ejercitarse en la lucha contra los enemigos internos, es decir, las grandes mayorías empobrecidas, se asesina y hiere a los manifestantes y se provoca la desaparición de cientos de niños. Es una estrategia maximalista y de fin del mundo dispuesta a arrasar el país para hacer cumplir la voluntad imperial y de las élites locales a su servicio.

Lo más trágico de todo es que Ecuador fue el país de la esperanza en la primera década de este siglo. Tuve el placer de ser consultor en la elaboración de una de las constituciones más progresistas del mundo, la Constitución de 2008, la primera que en su articulado consagró los derechos de la naturaleza y ofreció una alternativa al desarrollo capitalista. Una alternativa que se basaba en los principios de armonía con la naturaleza y de reciprocidad que los pue30

blos indígenas siempre han practicado, un modelo de vida que, por resultar tan extraño a la lógica occidental, tuvo que consagrase en su versión original, en lengua quechua, el suma kawsay, traducido imperfectamente por buen vivir. Los años siguientes fueron años de experimentación innovadora y grandes expectativas, de manera especial para los pueblos indígenas que, sobre todo desde 1990, venían luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto de sus formas de vida y la dignidad de su existencia como supervivientes del gran genocidio colonial moderno, perpetuado hoy por el nuevo colonialismo y el racismo que durante décadas caracterizó tanto a los partidos políticos de derecha como de izquierda.

La presidencia de la República la ocupaba Rafael Correa, un gran comunicador, sin gran arraigo en los movimientos sociales, con un discurso antimperialista, siempre polémico en sus posiciones y poco tolerante con las divergencias en su propio campo político. A pesar de ello, realizó un trabajo notable de renegociación de la deuda externa y de redistribución social, aunque erróneo y tal vez insostenible por dos razones principales. Por un lado, tenía dificultades para reconocer en los pueblos indígenas algo más que gente pobre; sus derechos colectivos, su cultura y su historia apenas contaban; la redistribución social implicaba centralismo de Estado y la liquidación de las autonomías territoriales del autogobierno indígena, garantizadas al menos desde la Constitución de 1998; pronto trabajó duro por demonizar a los líderes indígenas. Por otro lado, en contra de la Constitución e invocando dificultades financieras, adoptó el modelo de desarrollo capitalista neoextractivista (centrado en la extracción de recursos naturales, especialmente petróleo), aunque dando preferencia a los inversores chinos en detrimento de los inversores norteamericanos tradicionalmente presentes. En los últimos años, Correa fue abandonado por una buena parte de la izquierda ecuatoriana, no solo por su desarrollismo, sino por su virulencia contra los líderes indígenas. Yo mismo fui crítico con Correa, pero nunca compartí los excesos de cierta izquierda, ungida por la izquierda ecologista europea, que llegó a considerar a Correa como un líder autoritario de extrema derecha. Hoy deben estar experimentando un baño de realidad sobre lo que verdaderamente es la extrema derecha en Ecuador y en todo el subcontinente.

Rafael Correa estuvo en el poder entre 2007 y 2017 y fue relevado por su vicepresidente durante varios años, ahora presidente, Lenín 31

Moreno. Inicialmente, dio la idea de que lo que cambiaría solo sería el estilo de gobierno, no la sustancia. Sin embargo, quien conocía los antecedentes de Moreno debería haber estado estar más atento.

Nadie se dio cuenta de que la persecución judicial contra Correa por presunta corrupción, que Moreno patrocinó, no era más que otra versión de la nueva estrategia estadounidense para neutralizar a los gobernantes que pusieran en peligro los intereses de las empresas estadounidenses, especialmente en el sector petrolero: la supuesta lucha contra la corrupción. Fue así contra Lula da Silva y Cristina Kirchner, entre muchos otros. Poco a poco, Moreno fue mostrando su verdadero propósito: realinear Ecuador con los intereses de Estados Unidos. El acuerdo con el FMI culminó la celebración de esta alianza. El llamado “paquetazo” decretado el 1 de octubre, el paquete de medidas de austeridad, es de una violencia extrema para las familias de bajos ingresos, la gran mayoría de la población ecuatoriana.

La trágica trayectoria de las recetas del FMI es de sobra conocida. Nunca dan nada más que buenos negocios para sus inversores.

Siempre resultan en el empobrecimiento de las grandes mayorías.

A pesar de ello, o tal vez por ello, siguen aplicándose y, cada vez que se aplican, se anuncian como la única alternativa para salvar el país.

Que el FMI sea indiferente a las desastrosas consecuencias sociales de sus recetas no resulta sorprendente, porque no se puede exigir que el capitalismo haga otra filantropía que la que redunda en su propio interés (y por tanto no es verdadera filantropía). Lo sorprendente es que Lenín Moreno parece no recordar que la resistencia de los pueblos indígenas, una resistencia aprendida a lo largo de los siglos, ya ha derribado a tres presidentes desde 1990, y es muy probable que él sea el próximo. Lo más trágico para el pueblo ecuatoriano es que los anteriores derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) fueron mucho menos violentos de lo que se anuncia para el siguiente. La tímida declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya incapacidad para defender con autonomía los derechos humanos es bien conocida, es una señal de los tiempos autoritarios en los que nos encontramos.

Tras doce días de lucha, Moreno cedió. Derogó el decreto 883 que estableció las políticas de austeridad (sobre todo, la práctica duplicación del precio de la gasolina). Es un paso atrás de supervivencia política, pero mal disfrazado. El decreto 894 comienza justificando 32

la derogación del decreto 883 por razones técnicas (que no son otras que la imposibilidad de aplicarlo debido a la resistencia del pueblo), para luego esgrimir razones de paz social y concordia y anunciar el propósito de negociar con las organizaciones sociales las nuevas medidas. El artículo 2 del nuevo decreto estipula que los subsidios se mantendrán y solo se racionalizarán y enfocarán para que no se beneficien de ellos quienes no los necesitan o los usan para el contrabando. Si este fuese el propósito inicial, el país no habría reaccionado como lo hizo.

A dos años del fin de su mandato, Moreno sabe que esta cesión es una derrota personal que le saldrá cara en un futuro próximo. Todos recordarán la arrogancia de su propósito inicial de llevar la austeridad adelante a cualquier precio. Este discurso se dirigía al FMI y no al pueblo ecuatoriano. El nuevo discurso, con un toque patético y supuestamente conmovido, es un discurso dirigido al pueblo ecuatoriano y es poco más que un discurso de rendición. De hecho, la principal derrota no es la de Lenín Moreno, sino la del FMI y sus políticas de austeridad. Las últimas maniobras se abortaron, como se dice en la jerga militar. Tal y como se abortaron en Argentina. Y otros países seguirán. Las dificultades del FMI reflejan el declive del neoliberalismo en esta segunda década del siglo.

Los antecedentes de Moreno, ahora más expuestos, hacen que el pueblo ecuatoriano no se desarme en la nueva fase de lucha. Con su lucha, están dando una lección al mundo: el poder injusto, por fuerte que sea, siempre tiene un punto vulnerable, su injusticia y la resistencia pacífica y organizada contra ella Traducción de Antoni Aguiló

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23 de Octubre de 2019

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA