Recopilatorio 25 de abril

Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 25 de Abril de 2018

¿Prohibido pensar?

Gilberto López y Rivas – La Jornada Los semilleros-conversatorios organizados por el EZLN, como el que tiene lugar esta semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, constituyen espacios abiertos al pensamiento crítico sobre lo que ocurre en México, –y en el ámbito planetario–, con la imposición de la globalización neoliberal basada en la guerra social, el despojo y la violencia sistémica y cotidiana propios de un proceso de recolonización de nuestros países.

Recordamos, en esta dirección, una de las tesis sobre las luchas antisistémicas del difunto subcomandante insurgente Marcos, que considero necesario asumir en su profundidad y actualidad: “No se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina.

En la etapa de globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera. (Escritos sobre la guerra y la economía política.

México, Pensamiento Crítico Ediciones, 2017, p. 275)” El análisis de la coyuntura electoral en curso tiene sentido cuando se fundamenta en este contexto de mundialización capitalista militarizada y criminal, en el que la democracia procedimental se viene abajo y entra en una crisis sin retorno, caracterizada por la pérdida de legitimidad y credibilidad de las entidades responsables de llevar a cabo, vigilar y sancionar la pretendida legalidad de esos procesos electivos.

La entrada de dos conocidos delincuentes electorales como candidatos supuestamente independientes a la Presidencia de la República es una demostración más del palpable deterioro institucional del Estado mexicano, desgastado gravemente por ese conflicto armado no reconocido, esto es, la guerra que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto.

Especialmente resulta grotesca, y fuera de toda lógica jurídica, la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar el registro del Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en la boleta electoral para la Presidencia, 1

cuando a todas luces sus firmas de apoyo ciudadano fueron obtenidas por medios fraudulentos; muchas eran apócrifas o simuladas; para respaldar otras miles ni siquiera presentó credenciales de elector; además, utilizó para su campaña recursos públicos, otros de procedencia desconocida o sospechosa, de empresas fantasmas; no reportó millones de pesos al INE, y, por si esto fuera poco, participaron en la recolección de firmas funcionarios de su fallida administración estatal. Asimismo, la forma adulterada e ilegal de obtención de apoyo ciudadano, el origen y ejercicio de los recursos monetarios de Margarita Zavala, han sido muy cuestionados, y, es claro, ambos personajes de la picaresca nacional no resisten una investigación judicial, al menos, por presuntos delitos electorales y fiscales.

La campaña de apoyo ciudadano de María de Jesús Patricio Martínez, en el otro polo equidistante, puso en evidencia la calaña moral de la clase política profesional y la de la partidocracia, y demostró una paradoja de los tiempos neoliberales, la izquierda antisistémica es la única capaz de actuar con honestidad y con base en principios éticos, respetando la legalidad y las reglas del juego, mientras las instituciones gubernamentales violentan sus propias leyes y reglamentos, actúan con discrecionalidad, acorde a sus intereses de clase, y son los principales enemigos del sistema de democracia representativa capitalista. El proceso electoral, en consecuencia, estará marcado por lo que ya se vislumbra como elección de Estado, que, en el caso mexicano, se caracteriza por un desvío de poder, esto es, por su carácter delincuencial. Esto significa que los poderes fácticos, los grupos mafiosos dominantes que lo sostienen, serán los que en última instancia decidirán quién puede garantizar la continuidad del sistema de explotación-dominación capitalista imperante y utilizarán los aparatos represivos con los que cuenta el Estado, legales y clandestinos, para tratar de imponer su candidato.

Por otra parte, la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuyo propósito es la reconstitución de los pueblos originarios, el establecimiento de alianzas con los explotados y oprimidos del país, conformando redes territoriales de apoyo y organización, coincide plenamente, con otra de las tesis del fallecido sub Marcos: las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen irrelevantes para el político y el analista de arriba. (Ibíd., p. 276) 2

En esta guerra contra la humanidad, en la que está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, los pueblos originarios de todos los continentes constituyen los sectores socio-étnicos mejor preparados para enfrentarla debido a sus formas de organización y toma de decisiones tendencialmente colectivistas, que, en muchos casos, conlleva la formación de autogobiernos y la adopción de economías redistributivas y autosustentables, y, sobre todo, de cuidado de la Madre Tierra; a sus resistencias en defensa de los territorios asediados por las corporaciones capitalistas, en las que el crimen organizado amenaza directamente no sólo territorios sino también la existencia de la cultura indígena y la vida misma de los integrantes de los pueblos originarios.

Particularmente, en América Latina, los pueblos indígenas están en lucha permanente contra los neolatifundistas y sus modernas guardias blancas, ahora, con el uniforme de las compañías de seguridad; contra las consorcios que intentan adueñarse de las semillas e introducir variedades transgénicas; contra las empresas mineras que envenenan con mercurio y cianuro todo el entorno circundante, contaminando ríos y corrientes subterráneas; contra la privatización del agua; contra los megaproyectos carreteros, eólicos, turísticos e hidroeléctricos; en suma, contra todo lo que apoya la clase política que aspira a gobernar en nombre de la democracia y el progreso.

La lucha continúa. Hay vida después del primero de julio.

Carta abierta al señor Carlos Slim Jueves 19 de abril de 2018 Señor Carlos Slim: Al dar una rueda de prensa respecto al nuevo aeropuerto, usted nos obliga a replicarle.

Usted se ha metido en nuestras tierras, en nuestra historia y nuestras vidas y no nosotros en la suya.

Usted dice que con el aeropuerto se trata de crear trabajo. Habla de miles de empleos. Nosotros decimos que no es el capital el que crea 3

al trabajo, sino el trabajo el que crea al capital. Legiones de obreros y asalariados a su servicio, lo han encumbrado hasta el tercer lugar en la lista de los hombres más ricos del planeta. Es usted la prueba viva de que es el trabajador el que crea la riqueza y no la riqueza al trabajador.

Usted lo único que quiere es hacerse más rico con el aeropuerto, no nos venga con cuentos de que sólo quiere generar empleos.

Usted dice que hace cinco años se tomó el acuerdo de construir el aeropuerto, que incluso esto empezó desde Fox. Nos parece que su ignorancia es falsa. Pero por si las dudas, nosotros le informamos que desde hace 17 años echamos abajo ese decreto expropiatorio de nuestras tierras y desde entonces no hemos dejado de luchar por defenderla de gente como usted, ambiciosa y sin escrúpulos, que por todos los medios posibles nos la quieren arrebatar.

Usted dice que cancelar el aeropuerto frenará el desarrollo de todos. En nuestro México más del 60% son pobres, difícilmente tienen para comer. ¿Usted piensa que ellos son viajeros frecuentes de avión? ¡A veces no tienen ni para un boleto del metro! Otro 30% lo constituye una clase media en franco proceso de seguir perdiendo lo que con trabajo y enmiendas del neoliberalismo, habían conseguido. ¿Usted creé que importan sus alimentos y ropa por transporte aéreo? Millones de mexicanos jamás han puesto un pie en el aeropuerto, y muy probablemente nunca lo hagan.

Pero usted se burla y afirma que habrá “bienestar para 5 millones de habitantes”, que será “un paradigma detonador de desarrollo fantástico”, que “es sólo comparable con el canal de Panamá”.

Salinas dijo que el TLC nos llevaría al primer mundo, y el único que llegó al primer mundo fue usted. No nos venga ahora con la misma cantaleta. En el torneo mundial de los ricachones, usted quiere regresar al primer lugar y para eso quiere su aeropuerto. Un aeropuerto que no será del y para el pueblo, sino para usted y sus semejantes.

Usted dice que “si hay corrupción en lo del aeropuerto se debe castigar” No señor Slim, ha habido más que corrupción y sin castigo. En lo que usted llama “lo del aeropuerto”, ahí mataron a Alexis Benhumea y Javier Cortés y golpearon y violaron sexualmente a varias de nuestras compañeras. Ahora conteste ¿Y por qué no hay ni un asesino ni violador en prisión?

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Peña Nieto en su campaña para la presidencia confesó que él orquestó ese operativo. Y usted, sin recato ni vergüenza, se favorece y beneficia de esas acciones represivas e invierte su dinero para que, en nuestras tierras ensangrentadas por el gobierno, se construya el aeropuerto, su aeropuerto.

Y así, usted habla de que ya ha colocado inversiones por varios millones de pesos. ¡Caray señor Slim! Nosotros hemos puesto los muertos, las violaciones y torturas, los presos, los perseguidos. Hemos invertido sangre, lágrimas y vidas. ¿Con todo su dinero puede usted pagar todo el daño que nos han hecho? ¿Puede con su dinero lograr la reparación de una vida segada? ¿Puede cotizar en su Inbursa el costo de reparación a una mujer violada, o un hijo arrebatado? ¿Quién ha invertido más, usted o nosotros?

No señor Slim. Hay de inversiones a inversiones. Y justamente por eso, de una cosa estamos absolutamente seguros: NUESTRA INVERSIÓN NO SERÁ EN VANO. Porque mientras usted, en su rueda de prensa, se muestra agitando y blandiendo su chequera; nosotros, desde nuestras tierras, nos encontramos blandiendo el machete de la dignidad.

Usted se cree invencible y eso está a prueba.

Usted es un millonario, uno de los más ricos del planeta. Nosotros solo campesinos, amas de casa, empleados, artesanos, pero por nuestras venas aun corre la sangre de ZAPATA, que al llegar a nuestro corazón en cada palpitar repite su grito de batalla: TIERRA Y LIBERTAD. Así es señor Slim. Se trata de otro capítulo en la lucha del dinero contra la dignidad. Y la historia nos enseña que al final de los tiempos, lo único invencible es la dignidad.

Atentamente: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra - Atenco Y todos los pueblos vecinos del campo y la ciudad que hoy luchan y se levantan contra el Aeropuerto de muerte.

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Zoques en vilo extractivismo y resistencia Fermín Ledezma Rodríguez - Ojarasca Una ola de despojo recorre los territorios de los pueblos originarios de México. No hay rincón del país exento de proyectos extractivos que legitimados bajo el discurso de la racionalidad del desarrollo, la modernidad y el progreso usan como mercancía a la tierra, el agua, el aire y los bosques que sin importar el deterioro de las condiciones ambientales del planeta nos conducen a una crisis civilizatoria de largo aliento. En oposición a este modelo extractivo y depredador, desde sus propios lenguajes los pueblos indígenas están de vuelta para denunciar las injusticias ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas construidas en el último siglo. Desde sus propios saberes y lenguajes, los pueblos indígenas no sólo ponen el cuerpo para defender su territorio, sino que plantean la urgente necesidad de construir alternativas para salir de esta crisis sistémica construida por el capitalismo venido de Europa.

Uno de esos pueblos originarios con profundo conocimiento de su territorio y de milenaria existencia son los zoques, asentados en el sur de México hace más de dos mil 500 años, particularmente en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Con la imposición colonial española, sus territorios fueron fragmentados, explotados, saqueados y reducidos a pequeños pueblos dispersos, de tal suerte que fueron subyugados y casi desaparecidos en sus modos de existencia, tanto que en la historiografía mexicana y la agenda nacional son inexistentes. Los zoques no son un grupo étnico que se caracterice por su excentricidad en rituales y vestimentas coloridas exigidas por las políticas culturales de integración nacional.

Para las políticas desarrollistas promovidas desde la década de 1960 como proyecto nacional, el territorio zoque del norte de Chiapas es visto como zona de enclave de extractivismo interno para mejorar las condiciones económicas de los estados del norte y centro del país.

La puesta en marcha de centrales hidroeléctricas para las ciudades industriales ha sido a costa de inundar 30 mil hectáreas de tierras agrícolas campesinas en Tecpatán, Chicoasén, Ostuacán y Malpaso y el desplazamiento de cuatro mil familias en un lapso de 30 años. Estas políticas extractivas evidencian las desiguales relaciones geográficas construidas por el capitalismo y por el Estado, las cuales no han parado, por el contrario, se profundizan.

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Desde la década de 2000, una ola de proyectos mineros, geotérmicos y de extracción de hidrocarburos pretenden instalarse en el territorio zoque sobre 170 mil hectáreas en 10 municipios. La biodiversidad contenida en los bosques de niebla y el modo de vida cultural de los campesinos se encuentran amenazados.

De pronto los zoques se convirtieron en un referente de lucha por la defensa del territorio. En un hecho histórico, el 22 de junio de 2017, los pueblos organizados en torno al Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite) irrumpieron en la escena de las luchas socio-ambientales de México, para exigir el respeto a los territorios heredados y sus espacios simbólicos como el cerro del Tzitzun Cotzak, lugar habitado desde tiempos ancestrales por Piogba Chuwe (mujer que arde).

Ese 22 de junio, los zoques decidieron peregrinar hacia Tuxtla Gutiérrez para exigir al gobierno la cancelación de todos los proyectos extractivos, en particular la ronda petrolera 2.2 que amenazaba con licitar (entregar) 84 mil 500 hectáreas de tierras zoques y tsotsiles a conglomerados de empresas nacionales y extranjeras para la extracción de gas naturales y aceite ligero. Ese mismo día, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición de la Secretaría de Energía, decidió “suspender temporalmente” el proceso de licitación en virtud de que la consulta indígena no había alcanzado a la totalidad de las comunidades afectadas. En realidad, los pueblos zoques frenaron las “consultas indígenas” en Tecpatán, Francisco León e Ixtacomitán por considerarlas tramposas y amañadas, toda vez que nunca tuvieron acceso a información previa, libre y en su propia lengua sobre los daños ambientales, los impactos en la salud humana y animal que causarían la extracción de hidrocarburos en sus tierras.

Ha transcurrido casi un año desde aquella peregrinación zoque y el proceso organizativo en torno al rechazo a los proyectos extractivos crece en comunidades zoques y mestizas del norte de Chiapas porque la ronda petrolera no está cancelada, sólo suspendida, y eso aún roba los sueños de las comunidades y de la propia Piogba Chuwe, según cuentan en Chapultenango. Este 24 de marzo, unos tres mil zoques de 40 pueblos –mujeres, hombres, niñas, ancianos y ancianas– se reencontraron en la cabecera municipal de Francisco León, al pie del volcán, para votar de 7

manera simbólica en contra de los proyectos de muerte, pero también para reivindicar la memoria colectiva, recuperar sus territorios, reafirmar su identidad cultural y evidenciar las injusticias históricas contra los pueblos indígenas, a propósito de los 36 años de la erupción del Volcán Chichonal. Las luchas socio-ambientales promovidas por los pueblos indígenas son acciones colectivas para defender el espacio territorial que además evidencian las desigualdades históricas en nuestro país.

La movilización de los pueblos zoques de Chiapas no es un hecho aislado en México ni en Abya Yala. Es expresión viva de que los pueblos originarios están de vuelta como un acto de persistencia pese a los 500 años de colonización y extractivismo, para hacer frente a la geopolítica del exterminio que busca despojar de sus territorios y modos de existencia a los pueblos indígenas. También es un anuncio al mundo de la urgente necesidad de repensarnos como sociedad para construir salidas a la compleja crisis de la modernidad.

México: Secuestro de 2 indígenas en Jalisco busca concretar despojo de tierras comunales Santiago Navarro F – Avispa Midia Lorenzo Azqueltan, municipio de Villa Guerrero, norte del estado de Jalisco, los indígenas de la comunidad autónoma Wixarika-Tepehuan sostienen una lucha para recuperar 38 mil hectáreas de tierras de las 94 mil que aparecen en el título virreinal del año 1777, que les acredita legalmente ser los dueños de su territorio. Estas tierras han sido usurpadas por pequeños propietarios, ganaderos y la clase política de esta región. El jueves 19, alrededor de las 13h, personas desconocidas y armadas secuestraron a Catarino Aguilar Márquez, representante agrario de la comunidad, y a Noé Aguilar Rojas, ambos miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes han sostenido una lucha constante por la defensa y reconocimiento de su territorio.

La comunidad indígena de Azqueltan está formada por dos pueblos que conviven en el mismo territorio comunal, el pueblo Wixarika y el Tepehuano. “Recientemente han creado bloqueos en la entrada del 8

pueblo por cuestiones de seguridad y por las amenazas de muerte, de las cuales responsabilizan directamente al gobierno municipal de Aldo Gamboa Gutiérrez, de Villa Guerrero Jalisco. También a los supuestos pequeños propietarios quienes han usurpado el territorio indígena”, dijo para Avispa Midia, Cristian Chávez, integrante de la Comisión de Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y acompañante de la comunidad indígena Tepehuana.

Oficialmente, se encuentra en el municipio de Villa Guerrero y comparte linderos con las comunidades wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán.

El 23 de abril de 1777 la comunidad de San Lorenzo Azqueltán recibió de la Corona Española su Título Virreinal, mismo que fue declarado auténtico el 15 de diciembre de 1954 por el Departamento Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero el gobierno nunca concluyó la Confirmación y Titulación de los Bienes Comunales y actualmente el trámite se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, en Guadalajara, Jalisco.

Chávez señala que Catarino Aguilar fungía como representante legal de la comunidad ante el Tribunal Agrario del Distrito 16 y el secuestro puede estar vinculado a las autoridades municipales.

“Catarino ya había denunciado que había recibido amenazas directas por parte de las autoridades municipales. Incluso en un video, Ignacio Reyes Márquez, regidor municipal, reconoce haber contratado a un grupo de choque para agredir a la comunidad”, dijo el acompañante de la comunidad indígena Tepehuana.

Los comunitarios de Azqueltán llevan meses alertando públicamente que la situación en su territorio se está agudizando con las iniciativas implementadas por las autoridades municipales, quienes han fortalecido y respaldado a las personas quienes se han asentado en territorio indígena, con apoyos para el ganado, programas estatales y federales. “Esto ha derivado en diversas agresiones, incluso balazos contra los compañeros comuneros”, agrega Chávez.

Ciertamente, en diversos comunicados la comunidad, a través del CNI, ha denunciado que, “en todos estos años, en lugar de reconocer 9

nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad”, dice la denuncia presentada en diciembre del año 2017 por el CNI. Desaparición Forzada Las autoridades municipales, estatales y federales tienen información de primera mano sobre la situación en el pueblo indígena de Azqueltán. “Ha habido una completa omisión y negligencia. Lo que está sucediendo son desapariciones forzadas, porque cuando el grupo armado levanto a nuestros compañeros, rápidamente en las redes sociales, 10 minutos después, se informó que incluso se había ido con dirección a San Martín de Bolaños. A pesar de la presencia militar en la región, de la Fuerza Única de Jalisco y de la policía municipal, nadie detuvo el vehículo. Es una sola carretera, no hay para donde desviarse, una desaparición de esa índole no se puede realizar sin la complicidad del Estado Mexicano, por eso decimos que es una desaparición forzada”, agrega Chávez.

María de Jesús Patricio (Marichuy,), vocera del CIG, en el evento convocado por Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llamado Conversatorio Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, denunció que los indígenas habían sido levantados por personas desconocidas y armadas que viajaban en una camioneta Toyota Hilux, color gris doble cabina. “Al parecer se dirigieron con rumbo a San Martín de Bolaños, Jalisco”, denunció la vocera. Minutos después las redes sociales se inundaron exigiendo la presentación con vida de los indígenas.

“Exigimos la inmediata presentación con vida de nuestros compañeros y responsabilizamos al gobierno municipal de Villa Guerrero y al gobierno estatal de Jalisco de cualquier atentado contra su integridad”, señaló Marichuy en un comunicado que leyó en nombre del CNI.

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¿Alcalde o rey?

En un medio de comunicación, el alcalde municipal Aldo Gamboa Gutiérrez ha señalado que no reconoce a las autoridades comunitarias.

“Como si a él le correspondiera reconocer el derecho agrario. Se creé rey de la región, con el derecho de decidir de quien es la tierra”, asevera Chávez.

Una lengua que puede desaparecer El Tepehuán es el nombre que se da a dos idiomas indígenas de México, llamados Tepehuán del norte y el Tepehuán del sur, región conocida como el Gran Nayar, que abarca el área meridional de la Sierra Madre Occidental, en porcionesde los estados de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco.

La lengua Tepehuán del sur cuenta con dos variantes dialectales: el o’dam, o tepehuán del sureste, y el audam, o tepehuán del suroeste.

La lengua tepehuana del sur está estrechamente emparentada con la que hablan los tepehuanes del norte (ódami) que viven en el sur de Chihuahua, la de los Pimas de Sonora (oob no’ ok), la de los Pápagos (tohono o’odham) de Sonora y Arizona, así como con la de los Pimas (akimel o’odham) de Arizona, en Estados Unidos. Estas lenguas conforman una subfamilia lingüística denominada Tepimana y son parte de la gran familia de lenguas yuto-nahuas. Tepehuán significa personas de la montaña.

“El pueblo Tepehuano de Azqueltán es el único donde permanece la cultura, la lengua y la identidad Tepehuana del sur. Con el despojo territorial, el Estado mexicano está cometiendo un crimen de dimensiones históricas al desaparecer una lengua originaria de México. Hay una embestida muy fuerte para concretar el despojo de este territorio. Han querido desaparecer el archivo general agrario donde hay un expediente histórico de este pueblo, para favorecer a la pequeña propiedad. Entonces para la comunidad no hay duda de que con la desaparición de los compañeros, se busca concretar este despojo”, dice Chávez.

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América Latina es objetivo geoestratégico de las transnacionales españolas Sare Frabes – Avispa Midia Mientras que en los lugares centrales del capitalismo hay espacios para la negociación, en las regiones periféricas donde operan las transnacionales la estrategia básica para acallar a los colectivos que resisten, compuestos por los estratos sociales más explotados, es la violencia sistemática En los últimos 20 años las empresas con sede en España han llevado a cabo un intenso proceso de internacionalización que ha hecho que 62,4% de la facturación de las compañías del IBEX 35 – principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico -, se genere en el exterior. “Desde que comenzó el proceso de internacionalización en los años 90, las empresas españolas pusieron la mirada en América Latina en un período caracterizado por la adopción de políticas económicas neoliberales en el marco del proceso de globalización”, dice el informe El Ibex 35 en guerra contra la vida: transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina, un análisis Ecofeminista, realizado por Ecologistas en Acción, una organización española.

Mientras en España se fomentaban fusiones, reestructuraciones y privatizaciones de compañías que aumentaron de tamaño y capital, en América Latina se imponían reformas estructurales basadas en la privatización, la liberalización de los mercados y la apertura a la inversión extranjera directa. “Esto hizo posible que las empresas españolas accedieran al control de los sectores estratégico de los países latinoamericanos – bancario, eléctrico, de telecomunicaciones, hidrocarburos, construcción etc – y que de esta región obtuvieran entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales”.

En los últimos años se ha producido un direccionamiento de las inversiones hacia Europa y han comenzado a expandirse, todavía menos, en África, Asia Oceanía. Pese todo, América Latina continúa siendo un objetivo geoestratégico para los intereses de las 12

transnacionales españolas. A día de hoy España es uno de los primeros inversionistas en la región. “Los beneficios económicos obtenidos por las grandes corporaciones se sostienen sobre la generación de importantes impactos sociales y ecológicos, y sobre la vulneración de derechos humanos”.

En la primera parte del informe se describen tres conflictos provocados por la acción de empresas españolas: 1. La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol; 2. La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala; 3) El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a varias empresas entre ellas a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.

Los tres conflictos incluidos en el informe, explica la organización española, permiten detectar la existencia de patrones comunes en la actuación de las empresas analizadas. “Para empezar, su inserción en los países donde operan ha estado marcada por la posición de privilegio que les otorga un poder económico desmedido, una notable influencia mediática, una relación de connivencia con los actores estatales, y una legislación cada vez más favorable a sus intereses”.

Por otro lado, es más que evidente que la acumulación de su riqueza es posible gracias a la apropiación geoestratégica de bienes comunes natural que con frecuencia se ubican en áreas protegidas, territorios indígenas, y zonas megadiversas de especial fragilidad ecosistemica y socio-cultural. “Hay que enfatizar, por lo tanto, que la implementación de megaproyectos por parte de las transnacionales españolas está intrínsecamente vinculada al surgimiento de conflictos socioecológicos y a la generación de graves impactos en los territorios y en las comunidades donde se asientan. Contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas, y pérdida de biodiversidad son algunos de los impactos ecológicos provocados por las empresas de forma sistemática en todos los casos analizados”.

Mientras que en los lugares centrales del capitalismo hay espacios para la negociación, en las regiones periféricas donde operan las transnacionales la estrategia básica para acallar a los colectivos 13

que resisten, compuestos por los estratos sociales más explotados – pueblos indígenas y negros, mujeres, sectores empobrecidos – es la violencia sistemática.

El Atlas Global de Justicia Ambiental ha catalogado hasta la fecha 2316 conflictos socio-ecológicos propagados por todos los continentes. Así, las transnacionales son capaces de mantener sus ganancias a través de la implementación de megaproyectos mineros, petroleros, dirigidos a alimentar el metabolismo de la economía global, cuyos costes sociales y ecológicos recaen con mucha frecuencia sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas.

Si bien el análisis de los casos seleccionados está orientado a mostrar el accionar de las empresas españolas en los territorios donde operan, “no queremos dejar de mencionar la connivencia político-económica en el Estado español”, dice el informe. Solamente en las compañías incluidas en el informe se puede encontrar una ingente cantidad de casos de puertas giratorias entre el poder corporativo y político. “Por citar un ejemplo, Gas Natural Fenosa tiene en su historial más de 30 casos de puertas giratorias, entre los que destacan dos expresidentes de gobierno – Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe Gonzales -, exministros y decenas de exdiputados y secretarios de Estado”.

Ecofeminista Ningún conflicto socio-ecológico es neutral al género, como tampoco lo es a la clase, el origen étnico o la cultura, puntualizas las Ecologistas en Acción.

En la segunda parte del informe, ella se centró en analizar cómo la penetración de las grandes corporaciones en los territorios y en las vidas de las comunidades conlleva una reactualización del patriarcado.

“La masculinización de las formas de decisión, la profundización de estereotipos sexistas, la conformación de estructuras laborales patriarcales, la responsabilidad feminizada de sostener la vida ante la ruptura de los ciclos de reproducción, o la intensificación del control social de los cuerpos de las mujeres son, como argumentaremos, condiciones necesarias para que las transnacionales implementen sus megaproyectos”, sostienen.

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México: Imponen mega granja porcina, soya transgénica y economía verde en Yucatán Aldo Santiago – Avispa Midia La mañana del lunes 16 de abril y desde el pueblo Ich Kan Sihó en Mérida, apuntaron las críticas contra diversos planes de despojo, que invaden sus territorios y no respetan la libre autodeterminación de los pueblos.

Una de los conflictos es originado por la autorización a la construcción de una granja de 49 mil cerdos en la comunidad de Homún. En dicho poblado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente concedió el permiso aun cuando es una región considerada como la reserva de agua de la península de Yucatán debido a la enorme cantidad de cenotes que alberga.

“Este megaproyecto que está desarrollando la empresa PAPO (Producción Alimentaria Porcícola) en una extensión de 120 hectáreas impactará negativamente en la calidad del agua y también en las actividades de turismo local que desarrollamos los habitantes en los cenotes”, explicaron durante conferencia de prensa.

También denunciaron el denominado “Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán” (ASPY), cuyo principal objetivo “es fomentar la economía verde que no es otra cosa que convertir en mercancía la naturaleza en beneficio de las empresas y en perjuicio de las comunidades”.

Las comunidades denunciaron que el ASPY se realizó sin la participación real de miembros del pueblo maya y se llevó a cabo tan sólo con la inclusión de la opinión de las empresas y autoridades de universidades y escuelas tanto privadas como públicas de la península yucateca. https://youtu.be/vBJFo9l7ITc Enlace con la conferencia de prensa.

“También participaron en la construcción del ASPY, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a ellos”, enunciaron las comunidades mayas quienes señalaron parte del entramado de organizaciones no gubernamentales y trasnacionales que trabajan de la mano para la implementación de proyectos como correderos turísticos en las reservas naturales, los cuales servirían de punta de lanza para la incursión de otros megaproyectos.

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Uno de los sectores con mayor interes en la región son las inmobiliarias.

Voceros de pobladores de Chablekal, indicaron que dichos empresarios del sector han excluido a los integrantes de las comunidades en el proceso de construcción de sus obras. Incluso una de las estrategias de las autoridades para ignorar las peticiones en contra de los proyectos es negar la pertenencia de los habitantes al pueblo maya.

“Las autoridades han dicho que Chablekal no es un pueblo maya, negando nuestra pertenencia a este pueblo que vivimos diariamente a través del uso de nuestra lengua y el respeto a nuestras tradiciones culturales”, señalaron para los medios de comunicación.

Otro de los conflictos que se desenvuelven en la región desde hace más tiempo es la presión gubernamental y empresarial que busca permitir la siembra de semillas transgénicas en los territorios de la península por parte del gigante estadounidense Monsanto.

A pesar de las fuertes inversiones corporativas en la región para comercializar semillas modificadas y sus derivados, los pueblos se han negado al cultivo de cualquier alimento alterado genéticamente.

Ante las violaciones a sus derechos como pueblo indígena y la invasión a sus territorios, los mayas exigieron un alto a las políticas públicas que, “en un marco de ilegalidad, violan leyes,decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido”, así como el cese a la “simulación” del cuidado al medio ambiente y la naturaleza “a través de proyectos que dicen ser ecológicos” y el fin del “falso enaltecimiento” de la cultura maya ancestral a través de museos, reconstrucción de zonas arqueológicas, festivales “mal llamados mayas” y la folklorización que atiende “únicamente al mercado turístico”.

Energía renovable no está a discusión Desde el pasado noviembre del año 2017, decenas de pueblos mayas presentaron a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, una serie de denuncias sobre el despojo de sus territorios.

En un comunicado emitido por el equipo Indignación señalaban desde entonces que “una fuente de grave afectación al derecho a la libre 16

determinación y a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán, es el creciente número de proyectos de energía renovable, tanto solares como eólicos que se pretenden implementar en territorio indígena”.

“Una de las características de estos proyectos, es que los mismos se someten a consulta de las comunidades una vez que ha sido aprobado todo el procedimiento administrativo, sin dar la debida información a las comunidades, sobre los proyectos, lo que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, como ha sucedido en Tizimín, Muna, Sacalum, Ticul y Kimbilá, entre otros”.

“De estos casos concretos en los que no ha habido una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para instalar parques eólicos, se desprende el gran desconocimiento de los comisarios ejidales de los detalles de los proyectos eólicos al momento de la firma de los contratos de arrendamiento; las asambleas no se están llevando a cabo en lengua maya; la falta de asesoramiento a los líderes ejidales y la poca claridad en los tratos entre empresas y comisariados ejidales, derivan en corrupción y en la firma final de contratos sin consulta previa” denunciaron en el texto.

Saquean mineras el agua de Oaxaca Ivonne Mateo – Noticias Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso doméstico.

Destacan los grupos mineros Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y Penta Cal, entre otras con concesiones para el uso y extracción de agua en las regiones de la Costa y la Sierra Mixe respectivamente, según los datos obtenidos por el grupo de investigación Carto Crítica.

La empresa ICA tiene bajo su poder tres concesiones de las que extrae 35 mil 020 m3 anuales en cada una, en total su volumen de extracción al 17

año asciende a 10 mil 060 m3; La empresa Penta Cal extrae anualmente 13 mil 365 m3 y una empresa cementera 1 millón 151 mil 815 m3 en el mismo periodo. Cada metro cúbico equivale a mil litros de agua.

La cantidad de agua que extraen estas compañías al año en conjunto alcanza 1 millón 256 mil 875 metros cúbicos, con este volumen se podía satisfacer la necesidad de hidratación e higiene de al menos 17 mil 955 habitantes, tomando en cuenta que el Banco Mundial asegura que un ser humano necesita aproximadamente 73 metros cúbicos anuales para ello.

Este volumen de extracción de agua supera por mucho lo permitido para el uso doméstico que es de 85 mil m3 y para los concesionarios ganaderos, mismos que sólo pueden extraer 539 mil metros cúbicos anuales, según refiere la Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo, a diferencia de la extracción ganadera o doméstica, las consecuencias de la extracción minera lejos de hacer un bien colectivo, deja consecuencias negativas para el territorio y sus habitantes.

Habitantes de Capulálpam de Méndez, señalan que 13 de 17 manantiales que abastecen de agua a la comunidad están contaminados; acción provocada por las malas prácticas de las empresas mineras en su comunidad.

En ese mismo sentido, la geógrafa Sol Pérez Jiménez documenta que se ha causado grave contaminación en los ríos y los mantos freáticos de la entidad por el mismo hecho.

Así mismo refiere que, además del daño ambiental que se ocasiona, los casos de cáncer de colón, estómago, hígado y riñones también involucran a la minería en su contacto con el agua.

En Oaxaca se registraron al menos 7 conflictos activos de comunidades en contra de las empresas mineras en el 2017, mismas que han buscado sacar de sus territorios a estas empresas

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Activan pozos de captación en Oaxaca para revivir el campo Octavio Vélez - Noticias Después de no presentar escasez, la severa sequía registrada en el 2005 dejó casi sin agua a los pozos de riego que utilizaban los campesinos de esta comunidad zapoteca para trabajar la tierra.

Antes, el espejo de agua se encontraba a cinco metros de profundidad, pero en aquella ocasión, hasta 25 y 30 y en algunos casos, hasta 40 metros.

Chile Chilhuacle, endémico de Oaxaca y en peligro de extinción El descenso fue originado por las obras hechas años antes por los gobiernos federal y estatal para secar las ciénegas de las comunidades aledañas de esta parte de la región de los Valles Centrales, para construir caminos a fin de facilitar la comunicación.

Aunque lo que vino a dar al traste fue la ampliación del cauce del río Tocuela, ordenada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la década de los 90, para supuestamente evitar inundaciones aguas abajo.

Ubicación Se localiza en la parte central del estado, en la región de los Valles Centrales; pertenece al distrito de Ocotlán, se ubica a una altura de 1,480 metros sobre el nivel del mar; su distancia aproximada a la capital del estado es de 33 kilómetros al sur.

Limita al norte con el municipio de San Juan Chilateca; al sur con Ocotlán de Morelos, Santa Catarina Minas y San Miguel Tilquiápam; al oriente con San Baltazar Chichicápam; al poniente con Ocotlán de Morelos.

El daño de la Conagua “Cuando llovía, se salía el río Tocuela y eso nos enriquecía, se inundaban los terrenos y nos dejaba mucha humedad; pero la Conagua, lejos de ayudar, nos afectó, porque empezaron a bajar los mantos freáticos.

En algunos casos, los compañeros escarbaron más abajo, hasta llegar a la roca, pero ya no había agua”, contó don Juan Justino Martínez González, un hombre que ha dedicado toda su vida a la tierra y 19

representante común de las 16 comunidades de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda).

Con el estiaje, los campesinos debieron extraer entonces el agua a mayor hondura y como consecuencia utilizaron un mayor consumo de energía eléctrica que fue reportado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la Conagua, porque supuestamente hacían uso de un mayor volumen.

“Era lógico que usáramos dos bombas porque el agua estaba profunda, una abajo y otra arriba, a ras de suelo, para regar la tierra; pero eso no quiere decir que gastáramos más agua, ya que había una terrible sequía. Fue así, que la Conagua empieza a mandar ‘cartas invitación’ para que se pagaran multas. A un compañero de Santiago Apóstol, lo sancionaron casi con 25 mil pesos. ¿En qué cabeza cabe que un campesino va a tener ese dinero para pagar una multa?”, asentó.

Decreto de veda Entonces, los campesinos empezaron a organizarse y a demandar a la Conagua que detuviera la andanada de multas, porque el nivel del agua cada vez era más profundo y por tanto, se requerían de dos bombas.

“En mi casa se hicieron varias reuniones para dialogar con la Conagua y no nos cobraran esas multas porque no teníamos agua. Pero, no hubo ninguna respuesta, nos dijeron ‘la ley es así’ y no se llegó a nada”, apuntó.

Fue entonces que los campesinos se enteraron que esa ley era en realidad un decreto de veda impuesto por tiempo indefinido en 1967, por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en los distritos de Ejutla, Zimatlán, Ocotlán, Centro y Tlacolula de la región de los Valles Centrales, con el argumento de cuidar el agua para las futuras generaciones y detener la perforación de pozos en la zona.

“Ese decreto de veda limita y afecta el derecho que tiene nuestra comunidad sobre el agua del subsuelo como parte de nuestro territorio; no es justo que sólo se nos reconozca derechos sobre la tierra y no así sobre el agua del subsuelo. Ahora resulta que el gobierno es el que puede ejercer derechos sobre nuestro territorio, porque solamente con un permiso podemos hacer uso del agua”, refirió.

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Defiendneus derechos Frente a esta situación, los campesinos empiezan a organizarse, informarse y capacitarse sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, porque con la denegación de la Conagua y el decreto de veda, se estaban violando sus derechos al agua, a la alimentación y al trabajo digno y remunerado.

“Teníamos que hacer algo, porque vivimos de la tierra, amamos a la tierra, de eso vivimos. No tenemos otro modo de subsistir, de la tierra traemos el sustento a la casa. Además, muchos compañeros empezaron a migrar a los Estados Unidos o a dedicarse a otra cosa”, terminó.

Tlanixco: defensa del agua y criminalización Francisco López Bárcenas – La Jornada Abril es el mes del agua. Bajo la advocación de San Marcos, santo católico al que se acogieron por ser portador del rayo, desde hace siglos las comunidades indígenas suben el día 25 de este mes a las montañas o acuden a las cuevas y ojos de agua a venerar a sus divinidades; les rezan para que las favorezcan con buenas lluvias, para que los campesinos tengan abundantes cosechas y la gente no sufra de hambre. Esta práctica milenaria se mantiene y reconfigura a través de los años. En los tiempos que corren, donde el capital, ignorando el carácter sagrado del agua la ha convertido en mercancía, además de buenas lluvias, las comunidades piden que los empresarios no los despojen del líquido sólo por sacar adelante sus negocios, que los campesinos que han caído en defensa del recurso descansen en paz, los que se encuentran presos por las mismas causas alcancen su libertad y se deje de perseguir a los que han sido criminalizados por los mismos motivos.

Es el caso de los nahuas de la comunidad de Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, estado de México, quienes desde hace década y media sufren la separación de Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Be­rriozábal y Dominga González Martínez, seis de sus integrantes que se encuentran privados de su libertad, sentenciados a 50 años de prisión, acusados de la muerte del empresario Alejandro 21

Isaak Basso, líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero, municipio aledaño al de Tenango del Valle, a quien la Comisión Nacional del Agua había concesionado el líquido, contraviniendo el derecho preferente que los pueblos indígenas tienen para acceder a él, lo mismo que lo dispuesto en la ley, la cual ordena destinarlo a actividades de producción de alimentos antes que a otras de tipo comercial.

Los hechos por los cuales se acusó a las seis personas que hoy se encuentran privadas de su libertad sucedieron el primero de abril de 2003, cuando los miembros de la Asociación de Floricultores de Villa de Guerrero, de capital extranjero, ingresaron a la comunidad de Tlanixco en actitud agresiva y desafiante, acusando públicamente a sus habitantes de estar ensuciando el agua para perjudicarlos en sus riegos.

Quienes los vieron llegar hicieron lo que siempre hacían cuando veían peligro para la comunidad: tocaron las campanas de la iglesia alertando a sus habitantes de la situación y éstos comenzaron a reunirse para saber qué era lo que sucedía. Cuando las partes se encontraron se hicieron de palabras, unos defendiendo su derecho a regar sus sembradíos de flores y otros defendiendo el agua para el consumo humano y producción de alimentos. Tal vez no lo sabían pero estaban viviendo una situación similar a la que se vive en otras partes del país.

Lo que siguió fue todo confusión. Y en ella perdió la vida el empresario Alejandro Isaak Basso. Sus compañeros acusaron a los habitantes de Tlanixco de haberlo linchado ahí mismo en la comunidad, mientras éstos afirman que cuando los ánimos se calentaron los invasores salieron corriendo por donde pudieron y en su huida el empresario cayó accidentalmente a un barranco, lo que le provocó la muerte. En lugar de emprender una investigación imparcial sobre los hechos, la autoridad, con una mentalidad profundamente racista, aceptó como cierta la versión de que el empresario había sido asesinado por los miembros de la comunidad y se dispuso a castigar a los presuntos asesinos de manera ejemplar: detuvo a seis personas, la mayoría de ellas entre los 30 años, salvo la señora Dominga González Martínez, que es mayor que ellos, les fabricó procesos a modo y los condenó a 50 años de prisión.

Conscientes de que se trata de una sentencia injusta, donde los denunciantes han cambiado las versiones de los hechos en varias ocasiones, no se han tomado en cuenta las especificaciones culturales 22

de los procesados y por lo mismo el debido proceso ha sido violentado, la Secretaría de Gobierno del estado ha intervenido directamente en las investigaciones y no se ha tomado en cuenta la retractación que en el juicio han realizado algunos denunciantes; el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensor de los procesados, ha iniciado una campaña denominada #Sentencia Racista, en un contexto que acertadamente han nombrado Abril Azul. Acertadamente porque, como dije al principio, abril es el mes del agua y el agua es azul. Ojalá y que la campaña sirva para poner en evidencia lo que el antropólogo Yuri Escalante ha denominado racismo y judicial, pero sobre todo abone para liberar a los seis miembros de la comunidad nahua de Tlanixco injustamente detenidos.

Para Abel Barrera, por su pronta recuperación.

GENTE DE LA CALABAZA Hubert Matiúwàa - Ojarasca Filosofar Mè’phàà Los abuelos dicen que cada palabra tiene una historia y nosotros somos la encarnación de esa historia. Así nació el nombre del pueblo de los Mbò matha yúwaá’, de las palabras mbó (gente), matha (río) y yúwàa’ (lugar de la guía de calabaza): “gente del río de la guía de calabaza”. Todas las personas que nacen en ese territorio usan el gentilicio “gente de la calabaza”. Deriva de una historia de origen que comparten varios pueblos de la zona mè’phàà de Acatepec, y filosofan a partir de la guía de la calabaza conocida como zilacayota, pachayota, chilacayote.

Cuentan los abuelos que un día un xi’ña (abuelo sagrado) encontró en el cerro una guía muy grande de zilacayota con muchas calabazas.

El dueño de esa guía era Akúun (señor sagrado de la lluvia). El xi’ña cortó una, la partió en dos y la probó, se dio cuenta que una mitad era dulce y la otra amarga. Se dijo: “Esta calabaza puede alimentar a mis hijos y a los hijos de sus hijos, pero les puede hacer daño si no cuidan y respetan la guía, si no se equilibra lo dulce con lo amargo”. Por ello, vio la necesidad de construir una casa del trabajo (gu’wa ñajún), lo 23

que hoy conocemos como ayuntamientos o casas de gobierno, para que cuidemos de la guía; allí sentó el pueblo, y año con año al realizar el cambio de autoridades, toda la “gente de la calabaza” van a ese lugar y se bañan en el río que está junto a la loma donde nació la guía de la zilacayota. Lavan simbólicamente sus malas acciones, ofrendan flores contadas, piden sabiduría y fortaleza para sus gobiernos, dan palabras de respeto al Akúun (Señor sagrado de la lluvia).

Para la gente de Matha yúwaá’ la calabaza es referente de identidad, resume características simbólicas del pensamiento y vida cotidiana.

Hay cuatro ceremonias en torno a ella: Ndxáo túmgàa (Cambio de comisario), Ndxáo tsíjní (La fiesta del ratón), Mandiyia’ (Soplar el agua) y Kunite’ (Espíritu malo). De ellas se puede inferir el valor estético, religioso, político y moral de la calabaza dentro de la comunidad.

• Ndxáo túmgàa: Cada año los nuevos comisarios se bañan en el río donde nació la guía de calabaza que dio origen a su gobierno, lavan el bastón de mando, purifican sus acciones. Al regresar a la comisaría, bajo la silla de mando entierran un tigrillo y a partir de una ceremonia el nuevo comisario se transforma en él, para que sepa lidiar los problemas. Después él y su gente ayunan nueve días, alimentándose de caldo de chile, hoja de tabaco y cal molidos.

Los principales los orientan para que sean buenos gobernantes.

• Ndxáo tsíjní: Al caer la lluvia, a finales de mayo o a principios de junio se hace una ceremonia, donde los principales emborrachan al ratón y bailan con él, con la finalidad de que no se coma las semillas de la calabaza, maíz, frijol y permita que la vida siga.

• Mandiyia’: La analogía gente-calabaza está presente en la manera de curarnos. Los abuelos dicen que somos como la calabaza, si nos espantan ya no crecemos con fuerza, por eso curan nuestros miedos con el soplido de agua en el cuerpo, lo que permite expulsar el miedo y sanar el cuerpo. Esto tiene el mismo valor que cualquier método de la psicología moderna.

• Kunite’: Cuando la parte amarga de la calabaza se apodera de nuestras acciones, trae el mal espíritu a la comunidad, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo. Es necesario expulsar 24

ese espíritu, y se busca a un xi’ña (abuelo) que limpia la ceniza de la casa para alejar el mal y ora para reencontrar el equilibrio en el hogar, tal como lo relata la historia de la calabaza, que es una con su mitad amarga y mitad dulce.

Para los Mbò matha yúwaá’, la calabaza es la memoria de los caminos, sostiene la luz de la lengua, cada año se hacen rituales para respetar y recordar su importancia. A partir de ella se fundamenta la política que permite guiar a la comunidad. La historia reencarna el nombre y territorio de la gente de la calabaza.

Desde el nombrar está el respeto a la diferencia. Cuando territorializamos lo hacemos respetando lo existente: un cerro, un río, un animal, una cultura.

Cada ser devela su nombre conforme el hacer que le es característico. José Ángel Quintero escribe: “El proceso de territorialización se configura como el conocer y aprender el lugar y, durante el mismo, la comunidad humana no sólo observa, reconoce, prueba, experimenta y comprueba todo lo presente en el lugar, sino sobre todo, nombra, precisamente, a partir de su observación y experimentación con lo existente. Este nombrar será entonces el resultado de: a. Una perspectiva o punto de vista desde donde el colectivo social observa al mundo y lo experimenta; y, b. Una síntesis conceptual de la observación y experimentación con el mundo” ( José Ángel Quintero Weir, Wopukarü jatumi wataawai: El camino hacia nuestro propio saber. Reflexiones para la construcción autónoma de la educación indígena, p. 17) El nombre del pueblo de Matha yúwaá’ derivó de su hacer, pues en ese lugar existen condiciones para que las zilacayotas se reproduzcan, y eso tiene que ver con otros haceres como el de la tierra que le da los nutrientes, el de otras plantas que le sirven de abono, el de los insectos que combaten la plaga, el de los árboles que le brindan sombra, el del clima que trae la lluvia. ¿Cuándo un territorio deja de nombrarse en su hacer? ¿Cómo entendemos las fronteras territoriales? Para nosotros, todo funciona en conjunto, las fronteras cambian cuando no hay condiciones para su hacer, para la tierra de la zilacayota. La frontera es donde no existen condiciones para que crezca la calabaza, el límite territorial está relacionado con otros haceres que garantizan la subsistencia de forma 25

recíproca. “Para las territorialidades indígenas la relación de la gente con el mundo no puede ser antropocéntrica; la gente no constituye, en ninguna forma, el centro de la vida del mundo, sino que su vida y la reproducción de su existencia como comunidad humana está definitivamente atada a la vida y a la reproducción de la existencia de otras comunidades de seres con quienes, a fin de cuentas, conforma una comunidad cósmica. Por tanto, la vida y la reproducción de la existencia de la comunidad cósmica como totalidad, depende esencialmente de la armonía en las relaciones de complementariedad entre las diferentes comunidades de seres presentes en el mundo, la comunidad humana incluida” (Quintero Weir, op. cit., p. 13).

Hace tiempo un grupo mè’phàà territorializó Matha yúwaá’. Explicó su origen y su sistema político a partir de ella. Hoy las mineras tienen interés en esas tierras: el territorio es su objeto que puede producir riqueza material, mientras para los pueblos es fundamento de su hacer y estar en el mundo. “En los últimos años el territorio de los pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero ha despertado el interés del sector minero debido a los 42 yacimientos mineros que ahí se encuentran. El gobierno federal ha otorgado unas 38 concesiones por 50 años para que diversas empresas realicen exploración y explotación en la región sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas naua, mè’phàà y na savi. Los títulos entregados ahí corresponden a cerca de 200 mil hectáreas y ahora se encuentran, todos, en la fase de exploración” (Tlachinollan, Informe Juba wuajiín, 2017).

De llevarse a cabo, estos proyectos implicarían desalojo y prohibición de culto, agricultura, caza, propios de la subsistencia en que se fundan el saber y la identidad de la vida comunitaria. En la Montaña se vive el constante acoso paramilitar, militar y de grupos criminales, que son una forma de despojo de las tierras comunitarias. Nuestro pueblo ha resistido, ya que si nos quitan el territorio nos quitan la posibilidad de ser mè’phàà.

En la Montaña, la primera voz del rayo anuncia la llegada de las lluvias. Las semillas de las calabazas despiertan para convertirse en guías y enseñarnos que son posibles otras formas de gobernarnos.

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Inauguran cocina comunitaria hecha de Bambú para damnificados de San Mateo del Mar Diana Manzo - Agencia de Noticias Istmopress La sonrisa de las mujeres indígenas ikoots del barrio “La Paz” y la colonia Juárez en San Mateo del Mar lo decía todo, eran ellas las que más aplaudían y agradecían la construcción de un espacio seguro donde cocinar y seguir privilegiando la vida comunitaria después del terremoto del 7 de septiembre que las dejó sin un techo seguro por que sus viviendas se inundaron por el agua de mar que creció provocado del fuerte movimiento telúrico.

A 7 meses del terremoto, la solidaridad y ayuda floreció en San Mateo del Mar debido a que diversas organizaciones sociales entre ellas el Centro Cultural Bacaanda A.C, Granja Nut, Eco construcciones para el desarrollo comunitario, Permacultura y Agrocooperativismo Sostenible (Pasos Mermacultura) decidieron construir conjuntamente con los habitantes este espacio como solidaridad y brindar alivio a la situación de reconstrucción que vive esta localidad indígena.

En un espacio de 35 por 35 metros que fue donado por las autoridades agrarias de la colonia la Paz, durante varias semanas, voluntarios y también pobladores además de especialistas de la Granja Nut construyeron un refugio con base al bambu y techo de palma, como técnica natural resistente.

Mientras los hombres comenzaban la labor de construcción del refugio asesorados por personal voluntario especializado, las mujeres realizaban los alimentos, y entre risas e historias del terremoto pasaban las horas y los días, finalmente fue inaugurado y ahora será útil para realizar también sus asambleas comunitarias.

Este refugio además de beneficiar a las 75 familias del barrio La Paz de forma permanente también será alivio de forma provisional para las 65 familias de la colonia Juárez y Pacifico, debido a que en ambos sitios también se tiene el proyecto de construirles un refugio elaborado con Bambú.

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Cristian Pineda, artista visual de origen zapoteco y representante del Centro Cultural Bacaanda , uno de los impulsores de este proyecto recuerda que fue un largo caminar coincidir con el pueblo ikotjs debido a que la única condición es que hubiera un donativo del espacio donde se construiría y finalmente se logró de parte de las autoridades agrarias que lo asignaron en asamblea comunitaria.

“Me siento contento de ver a las mujeres ikoots recibir este espacio que con tanto gusto lo hicimos, es un espacio digno y natural para que usen y puedan realizar sus alimentos y también sus asambleas, después de un terremoto ya nada es igual, pero me ha sorprendido el amor que le tienen a su tierra, eso demuestra que saldrán adelante y seguirán siendo los hombres pescadores de antes y las mujeres luchadoras que siempre ha identificado a San Mateo del Mar”, señaló.

El artista visual recordó que se visitaron varias localidades que habían sido afectadas por el terremoto, y finalmente fueron los ikotjs quienes mostraron mediante la organización su aceptación al proyecto y ahora serán ellos los que cuidaran del espacio.

Explicó que el donativo para poder realizar esta obra arquitectónica de bambú fue gracias al apoyo de Heifer México y recursos donados de un evento musical llamado “Amplifica” en donde participaron músicos de Molotov, Zoé, Café Tacuba Kinky y Mon Laferte en donde fue seleccionado el Centro Cultural Bacaanda.

Juana Rosales Hurtado, indígena ikotjs y quién es una de las mujeres que participaron en la creación de la cocina comunitaria agradeció el apoyo recibido y manifestó en su lengua materna la lucha que han hecho las mujeres después del terremoto, quienes no se doblegaron y al contrario se empoderaron para sacar adelante a sus familias.

“Me siento muy contenta de estar con mis compañeras, somos amigas y vecinas y juntas creamos la cocina comunitaria durante los primeros días después al terremoto, nos quedamos sin casas porque la nuestra se llenó de agua, pero aquí seguimos firmes y con ganas de seguir adelante, esta ayuda la recibimos con mucho cariño, gracias”, dijo.

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El agente municipal del Barrio Juárez, Cornelio Salmeron Torres también mostró su gratitud ante las personas solidarias que llegaron a su comunidad y sin conocerlos les brindaron un apoyo, el cual dijo será recordado para toda la vida.

Mauricio Cervantes, también del Centro Cultural Baccanda dio a conocer que además del refugio entregado a los damnificados del barrio La Paz, también se tiene contemplado en una segunda etapa la construcción de un baño seco para cada familia y una planta potabilizadora de agua.

La admiración y curiosidad de usar el bambú en las construcciones ha sido grata y aceptada por lo que jóvenes y adultos, quienes ahora están aprendiendo la técnica para crear cuadrillas de construcción como alternativa para sus viviendas y a la par trabajan en construcción de un aula del bachillerato comunitario Ikojts a cargo del Comité por una reconstrucción por dignidad.

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Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 25 de Abril de 2018

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