CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 26 de Junio de 2019
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Big Brothers
Javier Sicilia , 20 Junio, 2019 - Proceso Para Luis Raúl González Pérez Una de las aportaciones más importantes de la larga reflexión de Giorgio Agamben en su monumental obra Homo sacer, es mostrarnos que el Estado tiene un doble rostro: el de la inclusión de sus ciudadanos dentro del sistema que custodia y el de la exclusión de aquellos que no caben en él: desechos humanos, dice Zygmund Bauman; zoe, dice Agamben: una especie de presencia animal. El Estado, sea totalitario o no, funciona así como una especie de Big Brother orweliano que tiene también otro rostro: el de la exclusión. Al mismo tiempo que integra segrega. En el mundo líquido, el mundo moderno del Progreso y del consumo, los seres excluidos tienen muchos rostros –víctimas de la violencia, negros, musulmanes, ninis, indígenas… El que recientemente tomó preeminencia en los medios de comunicación es el de los migrantes. Tanto el Estado norteamericano como el mexicano reconocen la condición humana de estos seres en busca de protección, pero al mismo tiempo que la reconocen los excluyen. Esos seres –al igual que otros que no tienen posibilidad de empleo ni de consumo– no encajan en el mundo que custodia el Estado. No hay lugar para ellos; son una plaga cuya inutilidad puede contaminarlos de la rabia del crimen o del terrorismo. Por eso, el Big Brother norteamericano –que en el caso migrante representa su papel orweliano– levanta muros en la frontera, proporciona a los oficiales de inmigración listas de personas que no deben entrar en su territorio, instruye a sus guardias sobre aquellos que debe detener en la puerta, insta a sus ciudadanos a denunciarlos y exige al Big Brother mexicano –en su rol de encargado de limpiar el traspatio– que haga lo suyo y se deshaga de ellos como se limpian los desechos del mercado y sus consumos. Por ello, el Big Brother mexicano –cuya capacidad de violar derechos humanos es ejemplar– abandona a los migrantes como perros, para, como perros, ser alimentados por ciudadanos compasivos o, como perros, desaparecer bajo el cepillo de esas Guardias Blancas llamadas 1
Cárteles (me pregunto si la Guardia Nacional será también un instrumento de limpieza). O bien –ahora que los migrantes se han vuelto hordas– encerrarlos en campos de concentración llamados eufemísticamente “refugios”. El supuesto acuerdo al que sobre el tema migrante llegaron los Hermanotes después de que el del norte levantó la voz, no varió en nada la situación: el del Norte mantendrá sus restricciones y empantanará en la burocracia las solicitudes de asilo; el del Sur reforzará la contención en su propio traspatio y asilará, es decir, mantendrá en sus “refugios” a los migrantes que el Big Brother del norte devuelva. Los demás –eso no se dice– seguirán la suerte de los perros. De esa manera, los dos Hermanotes, con sus respectivos discursos (uno sincero, brutal y exigente, porque así es el sistema; el otro hipócrita en su humanitarismo y su apertura al diálogo) “controlan – dice Bauman– la frontera entre el ‘dentro’ y el ‘afuera’”. Debajo de sus diferencias, lo que en realidad hay es un acuerdo, disfrazado de retórica humanitaria y diplomática, para dominar juntos la totalidad del universo social en función de sus respectivos campos de acción. “La crueldad inhumana del primero sostiene la duplicidad diabólica del segundo” y viceversa. Jugando al policía malo y al policía bueno, su tarea es la misma: identificar el desecho, contenerlo y limpiarlo. En el sistema social que ambos Big Brothers protegen –el del Progreso–, lo único que les queda a quienes han sido incluidos en él es sostenerse, sea como sea, bajo su tutela; los que no, aceptar, sea como sea, el rechazo; en otras palabras: permanecer bajo la custodia del Big Brother orweliano o sucumbir bajo su otro rostro. Ambos presiden el juego del Estado: el de la inclusión obligatoria, para los que pueden, y el de la exclusión forzosa para los que no alcanzan la obligatoriedad. No hace mucho tiempo, algunos de mi generación nos resistíamos a los poderes del rostro orweliano del Big Brother. Cada uno, a nuestra manera y en nuestra trinchera, luchábamos por romper los muros del Estado que quiere volvernos seres unidimensionales, abrigados por los apriscos del sistema. Por momentos llegamos incluso a transitar y a vivir en sitios de nuestra elección, de los cuales quedan todavía vestigios (pienso en El Arca de Lanza del Vasto, en la del recién fallecido Jean 2
Vanier o en los Caracoles zapatistas). Pero conforme emergió el otro rostro del Big Brother, sabemos que al arreglárnoslas para mantenernos a distancia de su rostro orweliano, nos hemos topado con su otra cara. Frente a eso, la pregunta que debemos responder la formula Bauman: ¿los seres humanos no tenemos más alternativa que vivir bajo el peso de uno de los dos rostros del Big Brother –el de la inclusión en un mundo unidimensional o el de la exclusión en el “refugio”, en la azarosa vida animal, en el ejército de reserva de los limpiadores de desechos o en la fosa clandestina? ¿Hay otras formas posibles de vivir la vida humana en nuestro mundo compartido? Las hay, pero están fuera de la idea del Progreso que ambos rostros del Big Brother custodian. Están en las márgenes del control de cualquier poder, en esos vestigios que aún quedan de la libertad y que se levantan como un signo de la resistencia. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, y rescatar los cuerpos de las fosas de Jojutla.
Gramsci, Fanon y después Raúl Zibechi - La Jornada
Alguien escribió hace no tanto tiempo que lo importante no es quién habla, sino desde dónde lo hace. Recién pude comprender aspectos centrales del pensamiento de Antonio Gramsci en las comunidades campesinas de su Cerdeña natal, donde estoy participando en debates con la Coordinación de Comités Sardos que agrupa a 60 organizaciones de base. El concepto de “subalternidad”, fundante de toda una corriente teórica anti-colonial (aunque se denominan de formas algo más sofisticadas), no habría sido formulado por Gramsci si no hubiera nacido en una isla colonizada durante siglos por potencias extranjeras, que la convirtieron en “colonia de explotación”. 3
En el pensamiento perezoso, del que nunca estamos a salvo, existe la creencia de que todo el Occidente es colonizador y todo el Sur es colonizado. Cuando en la realidad, existen periferias en una y otra parte del mundo. Y resistencias formidables. En 1906, cuando Gramsci tenía 15 años, Cerdeña fue sacudida por luchas obreras y revueltas campesinas, que se erguían sobre los fuertes desequilibrios Norte-Sur, la represión implacable del Estado italiano y un amplio movimiento “sardista” que el joven llevó en su maleta y en su corazón cuando emigró al Turín proletario. Pudo comprender la Rusia soviética y campesina por su experiencia en Cerdeña, incluyendo el papel de los intelectuales en el proceso de emancipación. Aunque nunca me afilié al pensamiento de Gramsci, por prejuicios y desconfianzas, puedo ver que plantó un mojón en el pensamiento crítico con su mirada anti-colonial y su apuesta por el papel de los “subalternos”. La siguiente etapa, por decirlo de un modo mecánico y seguramente injusto, corresponde a Frantz Fanon, en el periodo de la descolonización y las revoluciones del tercer mundo. Si Gramsci debe parte de sus sentimientos e ideas a Cerdeña, Fanon está en deuda con la Argelia que se levanta para sacudirse el yugo colonial francés. Comprendió como pocos la “inferiorización” que provoca la dominación, por su experiencia como siquiatra en el hospital de Blida y, luego, en la militancia activa en el Frente de Liberación Nacional al que entregó su vida y sus sueños. En esta etapa del pensamiento crítico, los sujetos de la descolonización son los de “más abajo”, campesinos y desocupados, portadores de la energía colectiva que impulsa los cambios. Critica el papel que la izquierda, en los países colonizados, concede a la clase obrera, por traslado mecánico de la experiencia en la metrópolis. Quienes nacimos a la militancia en la década de 1960, estamos en deuda profunda con Fanon, ya que pudo escalar la pendiente más difícil, la que lo llevó a debatir cómo sacudirnos la interiorización del dominador que tanto daño ha producido a los procesos revolucionarios. Sólo este inestimable aporte, debe colocarlo en un lugar destacado del mundo nuestro. 4
Pero es en el tercer momento cuando se registran los cambios más asombrosos y esperanzadores. Es el momento actual, digamos, el que transcurre desde el fin del socialismo real y que tiene uno de sus centros en América Latina. El pensamiento crítico anti-colonial empieza a trenzarse con el pensamiento anti-patriarcal, fecundando un anti-capitalismo radical, enraizado en sujetos y sujetas colectivas que, en adelante, llamaremos “pueblos en movimiento”. El concepto me llegó por medio de una joven estudiante quechua de Abancay (Perú), Katherin Mamani, en un debate en el que rechazamos la idea eurocéntrica de “movimiento social”. La menciono porque encarna el núcleo del momento actual. Lo primero, es que resulta imposible separar ideas de prácticas. Las masivas y constantes acciones de los pueblos, son el combustible del pensamiento crítico, que se torna estéril cuando sólo se mira en el espejo de la autosatisfacción intelectual. Lo segundo, es la impronta de las mujeres de abajo. Esto resulta tan evidente que me exime de mayores comentarios. Aunque habría que superar el concepto de pensamiento cuando nos referimos a la palabra de las mujeres que luchan, algo que aún estamos lejos de conseguir. Lo tercero, es que estamos ante pensamientos colectivos, comunitarios, que hacen casi imposible determinar quién acuñó tal o cual concepto, lo supera la herencia patriarcal/colonial legada por las academias. Ideas que van germinando por fuera de las instituciones, aunque éstas siempre pretendan cooptarlas, y que son el fruto de las comparticiones entre los abajos cuando debaten y combaten. Por último, los nuevos desarrollos sólo tienen validez si muestran alguna utilidad para potenciar las emancipaciones colectivas. Y, sobre todo, para construir lo nuevo. Porque de lo que se trata, además de ponerle límites a los proyectos de arriba, es construir y crear vida allí donde el sistema, a derecha e izquierda, sólo produce muerte. No es poco en los tiempos que corren. El camino andado en poco más de un siglo, es notable. Estamos ante pensamientos colectivos que nacen poniendo el cuerpo al sistema y a sus represiones. 5
Masacre de Nochixtlán, tres años de impunidad Rogelio Vargas Garfias* - La Jornada
Al llegar 2016, laCoordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplía casi tres años de lucha contra la mal llamada reforma educativa del Pacto por México. La ofensiva gubernamental contra los maestros del país fue violenta y sanguinaria para imponerles una reforma laboral administrativa. Producto de su aplicación, en la nación se generó el cese de centenas de profesores, la militarización de los estados fuertes de la CNTE (Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán) con miles de policías. El gobierno de Peña Nieto negoció con el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, la impunidad del mandatario estatal a cambio de que le entregara la plaza (el gobierno estatal) y apoyara la destrucción del movimiento magisterial oaxaqueño. La Secretaría de Educación Pública (SEP) sirvió como una especie de cuartel policiaco donde los gobernadores y los jefes de la policía federal planeaban la estrategia de ataque a los maestros democráticos. Aurelio Nuño, El Sargento, tomaba decisiones –con la venia presidencial– para que jueces venales obsequiaran órdenes de aprehensión contra líderes magisteriales. Todo el aparato judicial-policíaco fue puesto al servicio de la SEP. En mayo de aquel año, la CNTE estalló un paro indefinido; el Estado mexicano estaba dispuesto a exterminarla con exámenes punitivos, descuentos indebidos, millonarias campañas desinformativas y persecución de sus dirigentes. Los maestros eran obligados a acudir a los exámenes y hasta se usaban vehículos antimotines, helicópteros y policías para resguardar las sedes. En el plan táctico policiaco, se consideraba que destruyendo la resistencia de los maestros oaxaqueños, la reforma educativa no tendría oposición. A un mes de movilizaciones con un paro indefinido, bloqueos carreteros, marchas en las entidades y un plantón representativo en la Ciudad de México, la CNTE resistía anunciando que no daría un paso atrás en su decisión de abrogar la reforma educativa; en contra6
parte, el gobierno federal mantenía su cerrazón al diálogo y arreciaba sus ataques tomando presos con cargos falsos a varios dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, entre ellos al secretario general, profesor Rubén Núñez Ginez (QEPD). El mensaje era muy claro: la reforma educativa no la para nadie, la cárcel los espera. El Estado mexicano estaba resuelto a no ceder en nada y derrotar el paro de la Coordinadora; entonces ocurrió un hecho que cambió de tajo la historia de la mal llamada reforma educativa. El 19 de junio de 2016, la clase política gobernante dio la orden de atacar para remover barricadas en carreteras y ciudades; seguramente en su reunión interna, analizaron que era el momento adecuado, algo muy parecido a la decisión tomada por el asesino Ulises Ruiz Ortiz el 14 de junio de 2006. Las barricadas en carreteras y ciudades fueron defendidas por los profesores y el pueblo; el uso de la fuerza policiaca fue criminal, dispararon sin piedad; la agresión fue mortal. La noticia de la masacre perpetrada en Nochixtlán, dio la vuelta al mundo; el saldo fue de ocho muertos, 27 detenidos, 150 heridos de bala y otros proyectiles, y cientos de personas intoxicadas con gases, así como la persecución y desplazamiento forzado de niños , maestros y ciudadanos. Durante horas, las fuerzas policíacas allanaron domicilios e impidieron la atención hospitalaria de los heridos. Ese día, la CNTE denunció: “a cambio de diálogo, nos asesinan a balazos” y pidió la renuncia de los autores intelectuales del crimen de lesa humanidad, señalando a Aurelio Nuño (SEP), Miguel Ángel Osorio (SG), Enrique Peña (Presidente) y Gabino Cué (gobernador de Oaxaca); asimismo, exigió el castigo inmediato a los asesinos materiales e intelectuales. Los funcionarios mencionados declararon que “no renunciaban”, que “asumían la responsabilidad del uso de la fuerza y armas de fuego”, pero Peña Nieto se vio obligado a declarar que “en el marco de la ley, se tomen las acciones necesarias para solucionar el conflicto” ( La Jornada, 20/6/16). El sacrificio de los héroes de Nochixtlán determinó el destino de la mal llamada reforma educativa del Pacto por México; ese día murió también la pretensión de Aurelio Nuño en sus aspiraciones a la candidatura presidencial. 7
Han transcurrido tres años y el crimen sigue impune; los asesinos siguen sin castigo, y la CNTE tiene una deuda enorme con las familias de las víctimas. En la mesa de negociaciones con el presidente López Obrador, la masacre de Nochixtlán no es prioritaria, lo que deja mucho qué decir de la CNTE, pero principalmente de los negociadores de la sección 22 de Oaxaca. Mientras, las familias de los asesinados esperan justicia. Es hora que la CNTE y el gobierno de la Cuarta Transformación vuelvan los ojos hacia ellos; pues sin ser maestros, contribuyeron para la derrota de la mal llamada reforma educativa punitiva y el triunfo del actual gobierno. *Profesor de educación básica
T-MEC: al peor postor Silvia Ribeiro - La Jornada
Acontrapelo de la soberanía nacional y alimentaria, el gobierno y el Senado de México tomaron varias decisiones que empeñan al país. Las concesiones a partir de la amenaza de Trump de aumentar los aranceles a las importaciones, a menos que México fuera su guardia fronteriza, mostraron que, contra toda lógica, las amenazas comerciales del fantoche de presidente de Estados Unidos funcionan. Aunque fueran basadas en datos falseados y motivadas por el intento de Trump de mejorar su imagen electoral. Son, además, ilegales bajo el TLCAN, pero en lugar de apelar a ello México aceptó convertirse en siervo militar de Estados Unidos para rechazar y reprimir a miles de mujeres, niños y hombres que huyen de la violencia y pobreza que Estados Unidos creó en sus países. México tiene mucho mejores opciones de desarrollo económico, social y ambiental que una economía basada en grandes empresas exportadoras y explotadoras. El gobierno tenía además otras salidas a la situación inmediata. Entre otras, impugnar las amenazas, mantenerse aprovechando la diferencia cambiaria o establecer aranceles en represalia. Pero el gobierno optó por la que mejor sirvió a Trump –que se apresuró a tomar el crédito– y a los grandes empresarios mexicanos y trasnacionales basados en México, que son quienes detentan la gran mayoría de las exportaciones. 8
A renglón seguido de este lamentable episodio, sin tomar en cuenta los severos impactos negativos del TLCAN para México, el Senado, con apenas cuatro negativas, aprobó al vapor la ratificación del tratado renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al anterior si los congresos de Canadá y Estados Unidos lo aprueban, porque ellos sí toman tiempo para analizar si les conviene. El T-MEC conserva todas las desventajas del TLCAN contra México y agrega nuevos elementos, entre ellos los aspectos de propiedad intelectual, especialmente en farmacéutica y agricultura, con el fin de aumentar los privilegios y el dominio de mercado de las empresas trasnacionales que dominan ambos sectores. Se agregan además secciones nuevas, como la de biotecnología agrícola, destinada a aumentar y facilitar la importación de maíz y otros transgénicos a México y presionar al país a aceptar su siembra y consumo. Obliga también a México a unirse en un plazo de cuatro años a la versión 1991 de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), la cual criminaliza y prohíbe a los agricultores replantar de su propia cosecha o intercambiar semillas registradas y restringe su uso para investigación pública, aunque esas semillas privatizadas puedan derivar directamente de semillas nativas o de producción pública. Es absurdo pensar que sólo porque tenga comercio internacional, un país se beneficia. En realidad, en todos los tratados de libre comercio de las últimas tres décadas, especialmente en los tratados entre países económicamente muy desiguales, quienes se benefician con largura son las empresas trasnacionales. Los tratados pisotean la soberanía alimentaria, la soberanía de producción industrial y de servicios, incluida la educación y salud, al abrir los mercados a la competencia de los productores nacionales chicos y medianos con megaempresas, en supuestas condiciones de “igualdad”. Proveen además a esas gigantes con reglamentos que les permiten enjuiciar a los propios estados, si se consideran discriminadas o si un Estado, por razones de bien público, ambientales, sociales o culturales, rechaza una inversión que otro sector gubernamental ya hubiera aprobado. Por el TLCAN, México ha debido pagar decenas de millones de dólares en este tipo de juicios a todo tipo de empresas contaminantes, por haberles “arruinado” no sus inversiones, sino sus planes de inversión. Como explica Ana de Ita, para integrarse al TLCAN México transformó toda su economía, sacrificando la soberanía alimentaria, la econo9
mía campesina, la regulación de mercado, el crecimiento de mercado interno, el salario y conquistas sociales de los trabajadores, los recursos naturales y la biodiversidad, apostando a una integración en beneficio exclusivo de las trasnacionales. (https://tinyurl.com/yyoksfkt) Todo esto fue ampliamente documentado en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, con cientos de casos presentados sobre los impactos negativos económicos, ambientales, sociales y de salud provocados por esa transformación para integrarse en el TLCAN. Tal como explica Andrés Barreda, México ofreció como ventaja comparativa la libertad de contaminación del medio ambiente, la falta de regulación y fiscalización ambiental y de protección de la salud de la gente. (https://tinyurl.com/y2u8dqo2) El gobierno de Trump nunca tuvo la intención de terminar con el comercio, que favorece a sus empresas, solamente usó sus bravatas para aumentar aún más los privilegios de su país y provocar, si le servía mejor, acuerdos bilaterales. Toda la negociación del T-MEC se hizo bajo amenaza y en círculos cerrados, sin acceso público a lo que se estaba negociando. Pese a ello, se presentó como paquete al Senado, que en tiempo récord y sin análisis de los graves impactos del TLCAN ni de las consecuencias negativas del T-MEC lo aprobó en armoniosa convergencia entre todos los partidos. Realmente es de cuarta. * Investigadora del Grupo ETC
El bosque de vuelta Al-Dabi Olvera*
El pueblo ñatho (otomí) de Huitzizilapan hizo pública una exigencia histórica: la petición de devolución de su territorio boscoso tras el vencimiento el pasado 29 de mayo de un decreto expropiatorio que el ex presidente Enrique Peña Nieto lanzó en 2014 contra 6-93-87 hectáreas del bosque de la comunidad. Este hecho es una victoria indígena inédita contra los resabios del derrotado poder priísta. 10
La autopista, concesionada en 2007 por el gobierno del estado de México a Grupo Higa, contratista favorito del sexenio pasado, representaba a la vez corrupción oficial, el financiamiento de campañas del partido en el poder y la violación de los derechos de los pueblos originarios de la montaña ubicada entre México y Toluca. Durante cinco años, esta comunidad, como muchas otras del Bosque Otomí-Mexica, resistió los embates de la policía, intentonas de despojo de sus bienes comunes y territorio, y la imposición de la vía de cuota de cuatro carriles destinada por “utilidad pública” a la rápida circulación de personas y mercancías entre el aeropuerto de Toluca y zonas ricas como Interlomas y Santa Fe. Ismael Santana, comunero de Huitzizilapan, dijo en conferencia de prensa el 18 de junio: “nos quieren desaparecer”. El decreto borraba y desaparecía totalmente a los pueblos que habitan entre los dos grandes centros urbanos y quienes son los principales defensores del medio ambiente. De esta manera, la intención del poder priísta con la autopista era cruzar, vencer y colonizar el bosque para luego “aprovecharlo”. Mediante amparos, movilización y difusión, los pueblos otomíes se convirtieron en referente de lucha durante el sexenio peñista; así, reintrodujeron el contraste del desarrollo de la megápolis y su expansión. Los pueblos viralizaron imágenes de hogares destruidos, árboles talados, montes fracturados. Hoy, todavía, el canto de jilgueros compite con el ruido de la maquinaria y las futuras ganancias del superviviente Grupo Higa frente a los hongos, la leña, los quelites y el ocoshal que los habitantes recogen en época de lluvias. Ndëthe, el nombre más antiguo de Huitzizilapan, que significa pueblo grande, comenzó en 2014 la reorganización de su estructura comunal para enfrentar los embates. Primero, las mujeres de la comunidad se levantaron en contra de una tala disfrazada de aprovechamiento forestal. Semanas después, enfrentaron a más de mil granaderos en asambleas destinadas a desincorporar a sus instituciones comunales y pasarlas a manos del municipio. Para resistir, Huitzizilapan se hizo fuerte hacia adentro y se unió al Congreso Nacional Indígena. 11
Hoy, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Expropiación, y con el propio decreto presidencial vencido, las tierras deberían volver a manos de sus dueños originales. Ndëthe-Huitzizilapan emprendió el pasado 17 de junio una “Solicitud de devolución del territorio” ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, cuyo titular es Samuel Peña Garza, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a cargo de Román Meyer. Interpuesto por su autoridad por usos y costumbres, comités internos del agua y otras instancias comunitarias, el recurso legal insta a la creación de un proceso sui generis “que nos pueda devolver lo que nunca se nos solicitó”. La apuesta es ambiciosa, y está fincada en un reto al Estado mismo. Puede abrir una grieta y un antecedente ante comunidades que logren frenar en el tiempo leyes o decretos injustos. También abre una petición al nuevo gobierno en tiempos de transición: “Obrador nos tiene que devolver lo que Peña nos quitó”, dijo el otomí Efrén Santana en conferencia. Y es que, al igual que el NAICM, la vía Toluca-Naucalpan representa lo peor del antiguo régimen, además de que, sospechan los comuneros, es la punta de flecha para otros despojos como parques de golf, extracción de agua, desarrollos inmobiliarios. Devolver sus tierras sería para el obradorismo desmarcarse radicalmente del peñismo. Además, a un mes de la contingencia ambiental en las metrópolis de México y Toluca, las cuales flanquean esta montaña, el mensaje de Huitzizilapan adquiere una importancia hasta mundial. La propia viabilidad ambiental de las dos ciudades está en juego si continúa esta autopista, la cual aumentaría drásticamente las emisiones de contaminantes y devastaría una de las únicas fuentes comunes de bienes ambientales en el centro del país. Abundio Rivera, representante por usos y costumbres de la comunidad, dice: “los indígenas somos quienes mejor sabemos cuidar el medio ambiente”. Apoyar la exigencia de devolución del bosque a Huitzizilapan y la cancelación de la vía, herencia de Peña Nieto, aportaría un antecedente igual de importante que la victoria de Atenco y los pueblos del Lago de Texcoco para revertir de manera práctica las crisis ambientales que vivimos. * Cronista 12
Pueblo de Xochimilco vs. Terrazas Arenal Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo
Los pueblos originarios de la Ciudad de México, al igual que los del resto del país, tienen derecho a ser consultados sobre las obras que empresarios, al amparo de gobiernos locales, pretenden construir sobre sus territorios. Esto, que es obvio y legal, quedó claro en el amparo que ganó el pueblo de Santa María Tepepan, en Xochimilco, contra la plaza comercial Terrazas Arenal, pero parece que el alcalde José Carlos Acosta Ruiz no se enteró, o no le pareció bien, que el pasado 31 de mayo el juzgado décimo de distrito en materia adminis-trativa de la Ciudad de México reconociera el derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada. La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, informó que la sentencia advierte que tanto la alcaldía como la Secretaría de Medio Ambiente y la Secreta-ría de Desarrollo Urbano “debieron haber valorado los impactos que podría resentir el pueblo de Tepepan con motivo de la construcción y operación de la plaza comercial Terrazas Arenal, antes de emitir o autorizar los permisos correspondientes a la obra”. Hasta aquí todo conforme a derecho. La organización autónoma de Xochimilco señala que la plaza Terrazas Arenal no cuenta con la autorización de uso de suelo y por lo tanto“opera en la ilegalidad”, a pesar del resolutivo jurídico en su contra, lo que sólo puede entenderse con la complicidad de las autoridades locales que, en una clara postura en favor de los empresarios y en contra de los pueblos originarios, ingresaron “un escrito ante el juzgado en el que se niega que el pueblo de Tepepan tenga algún derecho a ser consultado”. A nombre de la alcaldía, el representante jurídico Francisco Pastrana Basurto solicitó al juzgado “que se le negara totalmente el amparo al pueblo de Tepepan, bajo argumentos sin sustento legal”, informó la Coordinación de Pueblos, organización que exige a la autoridad “congruencia y apego a la normativa establecida a favor de los pueblos”. Probablemente sus viajes a Cracovia, Polonia, le resulten más importantes al alcalde Acosta Ruiz, pero los pueblos originaros no pueden esperar más. www.desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx 13
Tren Maya: colapso ecológico Cristina Barros - La Jornada
Un grupo de integrantes del Centro de Investigación Científica de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán –Casandra Reyes García, Celene Espadas Manrique, Alejandra García Quintanilla y Manuela Tamayo Chim– explican los motivos de preocupación de los biólogos (y no sólo de ellos) por los efectos que podría tener el Tren Maya. Ante la descalificación que hace el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, tildando de “conservacionistas” a quienes se oponen, y expresando que “primero va la gente” y que en el país “no ganamos nada con tener jaguares gordos y niños famélicos”, ellas hacen un recuento de argumentos. Desde su punto de vista el llamado Tren Maya puede provocar “un colapso ecológico” en la Península de Yucatán. Definen “colapso ecológico”como la situación en la cual “el ecosistema sufre una serie de cambios irreversibles que afectan a gran parte de su organismos y resulta en una extinción masiva”. Este colapso no afecta solamente a la flora y a la fauna, “sino que repercute directamente sobre todos los seres vivos, incluyendo los humanos, que nos beneficiamos de los servicios que la selva nos brinda”. Algunos de estos servicios son que los bosques o selvas favorecen la formación de nubes por el vapor de la transpiración y promueven la lluvia, y que las raíces de los árboles favorecen la infiltración del agua al manto freático. Además la fauna de las selvas contribuye “al control natural de plagas, así como a servicios de polinización”. La polinización permite la producción de frutos. Los jaguares y pumas “controlan la proliferación de herbívoros ayudando a la regeneración de las plantas en los bosques. La selva además da madera, leña, frutos, plantas medicinales, colorantes, especias, animales para la caza, y brinda servicios culturales, “la naturaleza es parte intrínseca del ser de los pueblos originarios, son un importante valor intangible”. Estos pueblos han mantenido por milenios una relación armoniosa con la naturaleza. En este contexto señalan que “las estaciones Tulum-Carrillo Puerto-Bacalar y Bacalar-Calkmul-Escárcega, “atraviesan porciones de la Península de Yucatán que aún albergan zonas de vegetación conservada, donde se encuentran dos de las áreas naturales protegidas más importantes de México: la Reserva de la Biósfera de Calakmul, que por su extensión de selva continua constituye la segunda reserva más importante de América tropical, sólo después de la Amazonia y la reserva de la Biosfera de Sian 14
Ka´an, que alberga un sinnúmeros de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan con cenotes y petenes, y que ha sido declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)”. En la Reserva de Calakmul “se encuentra una zona arqueológica que ha sido denominada Patrimonio Mundial Mixto por la Unesco y que se pretende potenciar como atractivo turístico”. Este lugar está hoy poco comunicado y recibe 40 mil turistas al año. “Al conectarse con el tren se espera que de los casi 17 millones de turistas que llegan a Cancún, tres millones lleguen a visitar Calakmul”. Un adelanto de lo que esto significa, puede verse en la Riviera Maya. Si bien se dijo –escriben las investigadoras– “que se iba a mantener un desarrollo responsable con el medio ambiente y de bajo impacto, y que traería consigo bienestar”, lo que ha ocurrido es que la población local fue reubicada y que la biodiversidad ha sido fuertemente impactada. Ha habido ecocidios “tanto en el mar como en la tierra, donde el coral, las selvas y los manglares han muerto”. La ONU ha advertido que frente a los problemas ambientales “es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental”. Ellas comentan: “Si el proyecto del Tren Maya no hace un análisis exhaustivo del impacto ambiental, social y económico que causaría, claramente impactará primero a los más pobres”. Son ellos quienes “verán la disminución de miel en sus apiarios y de las cosechas en sus milpas”. Concluyen: “Es importante detenerse y hacer un verdadero análisis de los impactos del Tren Maya y modificar su ruta para salvaguardar la selva”. La voz de los pueblos mayas al respecto puede leerse en el Pronunciamiento de organizaciones mayas de la Península de Yucatán del 19 de junio. Fortalece lo expresado por las investigadoras. Así como hoy vemos islas formadas con los desechos de plástico que hemos arrojando al mar, un día veremos, si se insiste en construir este tren, cómo “cambiarán las lluvias, se vaciarán los mantos freáticos, subirán las temperaturas y los cultivos no serán polinizados”. Esto no sólo afecta a la Península de Yucatán, nos afecta a todos. 15
Aniversario 30 del Convenio 169 de la OIT Magdalena Gómez - La Jornada
La Conferencia Internacionaldel Trabajo número 76 aprobó el texto del Convenio 169 en su sesión del 27 de junio de 1989. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró en la sesión 18 del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas de la ONU: “A pesar del progreso logrado en las últimas tres décadas, los pueblos indígenas y tribales continúan siendo afectados de manera desproporcionada por la marginación y la exclusión”. En México, el Senado aprobó su ratificación el 11 de julio de 1990 y, en consecuencia, el Presidente de la República expidió un decreto el 3 de agosto de 1990 ( DOF). Luego, el 4 de septiembre de 1990, registró tal decisión ante el director general de la OIT en Ginebra. La trayectoria del convenio en cada país ha estado muy ligada a su apropiación por parte de los pueblos indígenas y a la reacción del Estado respectivo. Sin embargo, la vigencia del Convenio que se inició dos años después de su aprobación, coincide con la instauración del periodo neoliberal que ha marcado y uniformizado los embates contra los territorios de los pueblos indígenas. Así, en especial en América Latina, la última década las luchas y resistencias se han orientado a denunciar la violación al derecho a la consulta, el cual como ya hemos señalado, es una suerte de derecho al debido proceso que en realidad se constituye en el mecanismo para la defensa territorial ante los megaproyectos característicos del periodo. Hay que recordar que los debates en la redacción del convenio referido no tuvieron el centro en ese tema, sino en la implicación muy sustantiva de adoptar el concepto de derechos colectivos, instaurar el concepto de pueblos indígenas, abandonar el de poblaciones que entraña criterio demográfico, suma de personas, y avanzar en la apertura del concepto de territorios, entre otros importantes elementos. En nuestro país el convenio guarda cercana relación con procesos como el de la suspendida negociación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, cuando se firmaron los muy emblemáticos Acuerdos de San Andrés Sakamch’en. Este vínculo no sólo proviene de la mera formalidad, la OIT a través de su comisión 16
de expertos afirmó: “Tomando en consideración que el convenio fue utilizado como un marco de referencia en las negociaciones mencionadas […] pide al gobierno que continúe suministrando informaciones sobre la evolución de la situación en cuanto a la aplicación práctica de los acuerdos alcanzados en las rondas de negociación”. Se indicó además: “Es motivo de preocupación la aparente falta de un diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas que contribuiría a la resolución de los problemas que les afectan”. (CEACR, Observación Individual sobre México,1997 y 1999.) Estas presiones diplomáticas, además de las internas, llevaron a que Ernesto Zedillo considerara, a finales de su gobierno, la denuncia del convenio al cumplirse los 10 años de su ratificación, esto es, para romper el compromiso de aceptar su obligatoriedad para el país. A Fox le correspondió desestimar tal posibilidad. También en esos años, entre 1996 y 2001, varios pueblos presentaron reclamaciones contra el gobierno mexicano: los wixárikas de San Andrés Cohamiata, Jalisco, impugnaron un despojo territorial en favor de mestizos; el pueblo chinanteco, sobre el impacto de la construcción de la presa del Cerro del Oro en San Lucas Ojitlán, Oaxaca. La presa controlaría el río Papaloapan, pero inundaría la región de San Lucas Ojitlán y provocaría el traslado y la reubicación forzosos de 5 mil familias indígenas chinantecas. El Presidente de la República promulgó una serie de decretos presidenciales (29 de agosto de 1972, 3 de junio de 1973, y 14 de enero de 1974, respectivamente) en los que se autorizó la construcción de la presa; asimismo, a raíz de la reforma constitucional de 2001 en materia indígena se presentaron tres reclamaciones, que fueron resueltas conjuntamente, para establecer criterios específicos sobre la consulta y desestimar lo que es práctica, aún hoy, justamente en estos días, esto es el mecanismo de foros, que es consuetudinario del Estado mexicano (OIT -GB289/17/3/2004-02-0047-3ES). En días pasados la CIT conoció la observación general del mecanismo de expertos, 2019, el cual insistió en que “la consulta va más allá de una medida particular”. Estas observaciones resultan irrelevantes para el gobierno en curso, el cual ha instaurado una suerte de positivismo político, consistente en transcribir normas internacionales, incluso referir que de manera uni17
lateral, ahora sí, se cumplirán unos acuerdos aun cuando no participe la parte central involucrada en ellos, el EZLN, todo ello para justificar la imposición de su muy arbitraria forma de “aplicarlas”. Operación en la cual encuentran promotores y acompañantes que practican el olvido.
Guerrero y el fertilizante Luis Hernández Navarro
Rectificar es de sabios.Durante muchos años, Jorge Gage Francois fue un convencido dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la principal organización campesina del PRI. Hoy, es el flamante coordinador nacional del Programa Estratégico de Fertilizante de la Cuarta Transformación (4T). Como secretario de Energía de la CNC, Gage Francois defendió la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En octubre de 2013, declaró que era vital para transformar el campo, pues “es la columna vertebral por donde transitará el cambio de época que México está construyendo”. En estos días, el ex dirigente cenecista y nuevo funcionario de la 4T está en el ojo del huracán guerrerense. Campesinos han realizado cierres de carreteras, tomas de oficinas, retención de funcionarios y alcaldes en varias regiones del estado. Su demanda es la misma: la entrega de fertilizantes. Uno de los programas a cargo de Gage Francois. El cenecista fue designado para el cargo a finales de enero de este año, en sustitución de Héctor Manuel Popoca. Antes de que le cortaran la cabeza, Popoca levantó los padrones de productores en Tierra Caliente, apoyándose en las asambleas ejidales. Detectó múltiples anomalías. El malestar campesino que sacude al estado es legítimo. La producción maicera en la entidad es, en mucho, de autoconsumo. De ella se alimentan las familias en el campo. Para que las mazorcas crezcan en los desgastados suelos, necesitan de abonos. Como la mayoría de las siembras son de temporal, los labriegos necesitan echarlo con las primeras lluvias. Para su preocupación, éstas ya llegaron, pero, en buena parte del estado, los fertilizantes no. Si no lo ponen en unos cuantos días, la cosecha se malogrará y las lluvias destrozarán los caminos para trasladarlos a las parcelas. 18
La gravedad del asunto es tan grande, que el coordinador de delegados nacionales, Gabriel García Hernández, quien ha tenido que entrarle a resolver la cuestión ante los graves problemas de coordinación de los responsables federales en el estado, pidió “a Tláloc que sea paciente porque si llueve antes, será lamentable. [Le pedimos que] nos pueda dar una tregua a que llegue el material”. El programa de entrega de fertilizante a los productores de maíz de Guerrero funciona desde hace 24 años. Consiste en la entrega gratuita, desde los municipios, de seis bultos por hectárea por campesino. Algunos labriegos reciben el equivalente a dos o tres hectáreas. Fue un programa estatal, en el que participaban las 81 presidencias municipales. Hoy, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó a manos de la Federación, para evitar la corrupción en su manejo. Desde su nacimiento, el programa fue pieza clave del control político en el estado. Durante años, la distribución del fertilizante fue negocio del cacique Rubén Figueroa. Los padrones estaban inflados. Este año, el gobierno estatal quería incluir 400 mil beneficiarios, en lugar de los 230 mil que quedaron. Los alcaldes manejaban su entrega para formar clientelas electorales, excluyendo a sus adversarios políticos. Muchas organizaciones independientes se movilizaron activamente a lo largo de este tiempo, para exigir la entrega de bultos del abono químico. El retraso en la distribución de fertilizante ha propiciado un conflicto social en la entidad. Varias organizaciones tradicionales se han montado en la inconformidad de los labriegos para ganar presencia. El gobernador ha jugado sus cartas. El gobierno federal está intentando acabar con la corrupción en el manejo del programa. Pero su respuesta ha sido improvisada, lenta, incapaz y torpe. Algunos funcionarios parecieran desconocer la realidad con la que se topan. Las disputas internas dentro de la 4T, han complicado más las cosas. Las aspiraciones por la gubernatura de la entidad, hace que entre los morenistas no se respete la máxima de que “entre bomberos no hay que pisarse la manguera”. Misteriosamente, fuera de programa, la Secretaría de Agricultura decidió entregar semillas de maíz a los campesinos por valor de 400 millones de pesos. 19
Una y otra vez, los responsables gubernamentales hacen declaraciones sin sustento en la realidad. “Hay padrón, vales y fertilizante”, dijo Gage. Pero, el padrón final es resultado no del levantamiento de un censo en asambleas, sino de cruzar varios padrones previos. En muchos municipios, los vales que se han entregado no pueden ser canjeados por abono. Y el fertilizante que ha llegado, es, a toda luces, insuficiente. Hasta el pasado fin de semana, había arribado a las bodegas sólo la mitad del requerido. En todo el tema hay, muy claramente, un problema no previsto de logística. El gobierno federal necesita entregar 120 mil toneladas de abono. Para trasladarlas desde Michoacán y Querétaro se requieren 4 mil 800 tráileres. Urge que el producto llegue a más tardar en 10 días. El conflicto del fertilizante en Guerrero muestra que no es suficiente proponerse acabar con la corrupción para tener un buen gobierno. Se requiere, también, evitar la desorganización, la falta de coordinación, las visiones encontradas y la ineficiencia de los responsables. Hace falta, además, apoyarse realmente (no de palabra) en la gente. Twitter: @lhan55
¿Quién le teme al maíz nativo? Ramón Vera-Herrera
Desde los primeros encuentros ocurridos tras la evidencia de contaminación del maíz en la Sierra Norte de Oaxaca a fines de 2001, personas de diferentes comunidades originarias y campesinas, organizaciones y movimientos, investigadores o activistas coincidimos en que la defensa del maíz no sería posible si no se asumía una visión integral, relacional, donde el maíz como cultivo, como semilla, no se entendiera como una cosa sino como un entramado de relaciones en una crianza mutua (la milpa) entre comunidades humanas y colectivos diversos de plantas, bichos, microrganismos, animales, que se entreveraban para reforzarse y hacerse crecer diversificándose. Así, no basta defender en abstracto al maíz como “grano”, como “semilla”, con sus “variedades”; o el maíz “nativo”, como aparte del maíz en genérico al que pueden ocurrirle tragedias sin fin siempre y cuando mantengamos el “maíz nativo” incólume, listo para los nichos gourmet del mundo entero. 20
La conclusión que mucha gente sacamos es que para defender el maíz había que defender a las comunidades, a los pueblos que cultivan una relación de crianza mutua con la milpa, con el maíz entendido como centro de civilización, que resulta en una lógica comunitaria de cuidado, pero también de autonomía. ¿Y por qué es necesario defender al maíz, si es tan bueno y “generoso”, y las comunidades lo procuran tanto? ¿Quién le teme al maíz nativo? Dieciocho años después de que comenzó la contaminación con organismos genéticamente modificados, sabemos muchísimas más razones por las que las corporaciones buscan contaminar con OGM, imponer tales cultivos y otras manipulaciones biotecnológicas que la tecno-ciencia nos quiere vender como “naturales”, como “normales”. Cuando hablamos de modificación genética, o de transgenie, estamos hablando de transgresiones violentas a las escalas naturales en las que ocurren los procesos propios de los cultivos o especies de las que hablamos. La metáfora más cercana sería la fisión atómica que puede provocar mutaciones y devastación por efecto de la radiación o las bombas nucleares. Pero como la violencia de los OGM parece invisible y no es instantánea como un estallido atómico, la tecno-ciencia nos vende la idea de que es inocua, pese a que con los cultivos transgénicos se busca un control (mientras más absoluto más eficaz) o la erosión del entramado de relaciones entre saberes, conversaciones y semillas que el campesinado ejerce por milenios. Es acaparar, de un modo cada vez más descarado, los eslabones de una cadena que le agrega valor a cada proceso implicado en producir, transportar, almacenar y transformar materias primas en “comestibles” que impone y vende por el planeta el sistema agroalimentario industrial. Los transgénicos son entonces un instrumento, bastante extremo, para propiciar los acaparamientos emprendidos por el sistema agroalimentario industrial, por los que requiere emprender una guerra contra la subsistencia deshabilitando a la competencia, ese campesinado mayormente originario, que sigue produciendo la mayor parte de la comida en el mundo entero sin que las contabilidades ni los censos lo registren con precisión. Si invocamos la imagen de una semilla transgénica, su transgenie es un grillete electrónico con código de barras. Su función es doble: im21
pide que la semilla despliegue toda la variabilidad de la que es potencialmente capaz en las transformaciones infinitas que experimenta una variedad a lo largo de milenios (como la especie humana donde cada persona es individual, diferenciada, única, y al mismo tiempo somos lo humano, pertenecemos). La otra función es que identifica al “propietario” para que la patente no deje dudas de que es privada. Buscan apropiarse de las llaves de la vida acaparando unas variedades o rasgos, y erosionan otras, no porque no sirvan, sino para que no puedan ser utilizadas por una agricultura campesina o agroecológica independiente. Se trata de acabar con la agricultura independiente. La guerra a la subsistencia es constante desde la Revolución Verde, pues le es crucial precarizar, fragilizar al campesinado. Arrancar a la gente de su entorno de sustento, su territorio, y erosionar sus estrategias más antiguas: entre ellas el uso y manejo detallado de sus variedades de maíz, frijol, calabaza, jitomate, quelites, chiles, miltomate, chayote. Le hacen creer a la gente que nada sirve si no se siembra en grandes extensiones, en monocultivo y con fertilizantes y plaguicidas químicos más semillas estandarizadas “híbridas” o “genéticamente modificadas”, lo que encarece las tareas agrícolas y sitúa en zozobra a las poblaciones que ya no pueden cumplir con las precisiones y contratos de las corporaciones con quienes las políticas públicas los fuerzan a asociarse. Las deudas y las coerciones terminan por ahogar a los agricultores que abandonan sus tierras al exilio. Otro gozne más son los tratados de libre comercio, que hicieron irreversibles las reformas estructurales: así llegan convenios, normas, estándares, políticas públicas que establecen prohibiciones, tiempos, condiciones contractuales, privatizaciones, catálogos o registros de variedades y hasta “directorios” de productores “originarios” que pueden, ellos sí, sembrar maíz “nativo”. Se extreman las divergencias. El sistema industrial convierte el maíz en una fábrica de materiales y componentes para alimentos procesados: le convienen los híbridos de alto rendimiento, los genéticamente modificados, con los que las compañías ganan en un extremo de la cadena de valor (la agricultura de monocultivo con kilos de 22
agroquímicos y semillas “mejoradas” o de laboratorio), y en el otro extremo, con comestibles procesados de dudosa calidad. Mientras, buscan romper la cohesión comunitaria, base de confianza de quienes han logrado mantener conversaciones milenarias, colectivas, con sus milpas, defendiendo su autonomía. Ahora, la propuesta de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo propone algunas fórmulas que se intentaron en Tlaxcala hace unos años, como crear un consejo de productores y autoridades, inventarios de variedades y directorios de productores elegibles a ser apoyados, bancos de semillas centralizados y la vaga fórmula de “proteger y fomentar el maíz libre de organismos genéticamente modificados”. En tanto, la Red en Defensa del Maíz, activa desde 2002, ha declarado en diversas ocasiones y sigue reivindicando: Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo). La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor). La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente. La propuesta de ley mencionada no rasguña siquiera la complejidad que dice querer proteger. 23
Escenarios de la resistencia, hoy Gloria muñoz ramírez
ISTMO EN PELIGRO Cada que alguna fuerte amenaza se vierte sobre sus suelos, las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca, tan complejas como diversas, responden con fuerza y firmeza. El Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec —Tren Interoceánico, conocido desde 1996 como “megaproyecto del Istmo” o Corredor Transístmico, ha unido en los últimos meses a casi la totalidad de los actores políticos de la región que coinciden en su rechazo. Se trata, advierten las organizaciones, de un proyecto de saqueo y privatización “de los invaluables bienes naturales de los territorios indígenas y campesinos, de 80 municipios oaxaqueños y veracruzanos, ubicados en la zona más biodiversa de México, por un corredor industrial y agroindustrial de empresas maquiladoras, armadoras y extractivistas (minas, extracción petrolera, parques eólicos, represas y turismo)”. Nada nuevo, es cierto, pero, como el resto de los megaproyectos que se impulsan en este sexenio, ahora llega con un discurso “legitimador” del desarrollo impulsado por el gobierno federal. El pasado 8 de junio se reunieron en Salinas Cruz, Oaxaca, representantes de decenas de organizaciones sociales, 350 autoridades comunitarias, profesores de la sección 22 de la CNTE y colectivos de derechos humanos, en el Encuentro Regional “El Istmo es Nuestro”, en el que deshilvanaron las diversas afectaciones al territorio de un proyecto que, denunciaron, se quiere imponer bajo la simulación de una consulta. Al foro acudieron comunidades de 21 municipios de Oaxaca y Veracruz que conforman la zona más angosta del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, región privilegiada y estratégica que concentra la mayor diversidad biológica de México, resguardada por once pueblos indígenas, ocho con posesión ancestral: zapotecos, mixes, ikoots, zoques/chimalapas, zoque popolucas, chontales, chochocos y nahuas; y tres pueblos migrantes, por desplazamiento y reubicación forzada: chinantecos, mixtecos y tsotsiles. 24
En el comunicado conjunto signado por todos los participantes, se advierte que el megaproyecto del Istmo, “no es otra cosa que un monstruoso canal seco multimodal, alternativo al de Panamá, para beneficio del comercio corporativo global entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que tiene como eje un tren bala de carga, la ampliación y modernización de la carretera transístmica y los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos”, concebidos para “el lucro multimillonario de las empresas multinacionales y los gobiernos más poderosos del mundo”. La multimillonaria inversión anunciada, alertan, implicará “la total militarización del Istmo, poniendo en riesgo la región geoestratégica más importante de nuestra nación”, razón por la que lo consideraron un atentado contra la madre naturaleza, los derechos de los pueblos del Istmo, los derechos de todo el pueblo mexicano, y la soberanía nacional. Entre las organizaciones convocantes al foro y firmantes del pronunciamiento se encuentran Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO); Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Café Zapata Vive; Centro de Derechos Humanos Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Colectivo Defensoras de Derechos Humanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI); Concejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Congregación Comunal, La Libertad (Sta. María Chimalapas); Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), entre muchas otras que convocan a que: - A partir de este momento —retomando la experiencia vivida por el movimiento nacional “El Istmo es Nuestro”, en el periodo 19951998 y en alianza con todos aquellos movimientos y organizaciones que de forma congruente luchen por los mismos objetivos, iniciemos la reconstrucción de un amplio y plural movimiento y de una intensa campaña global, denominada: “el Istmo es nuestro”, de los pueblos in25
dígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas, ni de los gobiernos. Un movimiento y campaña que sea un combativo instrumento, para informar, reflexionar, analizar y dialogar profundamente, acerca de los riesgos y peligros que conlleva realmente este monstruoso megaproyecto de muerte, para el Istmo de Tehuantepec —la cintura geopolítica de nuestra Nación— y movilizarnos masiva y pluralmente, no sólo para detener y revertir su instrumentación, sino para construir colectivamente, una propuesta alternativa de desarrollo sustentable, comunitario y popular, para el Istmo de Tehuantepec. POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA Ante el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena —Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Comité Organizador de las “Jornadas por la Vida y contra la Guerra”, convocó a colectivos, organizaciones y activistas a que a través de foros, actividades culturales y artísticas, mesas de debate y concentraciones denuncien los ataques y el despojo que han incrementado en las comunidades del país. El Comité señaló que la violencia contra los integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero —Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera requiere “particular seguimiento y atención”, pues cuatro de los integrantes de la organización fueron asesinados y grupos narcoparamilitares cercaron 20 comunidades indígenas. Para ello, llamó a que el próximo 27 de junio se organice una entrega masiva de cartas que denuncien la situación de violencia contra el CIPOG-EZ ante embajadas y consulados en el exterior y organismos de derechos humanos en México, así como a iniciar un acopio de víveres y recaudación de fondos para los integrantes de la organización y las comunidades afectadas por los grupos narcoparamilitares. En la convocatoria se advierte que los ataques paramilitares en el municipio de Comala, Colima; la destrucción de localidades de la comunidad binizzá en Oaxaca, y la represión y el despojo contra la comunidad otomí que reside en la Ciudad de México, son otras de las agresiones hacia los pueblos indígenas, por lo que se continuará con las Jornadas por la Vida con el fin de “romper el cerco informativo y mediático” sobre la violencia contra los pueblos. 26
Lo que esconde el Tren Maya: la “cuarta transformación” de las fronteras mexicanas Sergio Prieto Diaz - Revista Contralínea
En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con intereses sobre los mismos. Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo, pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre ha estado presente. Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones, políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura. Desde mediados de 2018, el Tren Maya es el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico sin impacto ambiental, be27
neficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos. Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque. En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un “proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por: 28
-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes). -El Corredor Transístmico: para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza. -Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global” (sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”). -La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués…). El análisis completo se encuentra en la siguiente página: www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/13/lo-que-escondeel-tren-maya-la-cuarta-transformacion-de-las-fronteras-mexicanas/ 29
CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 26 de junio de 2019