Recopilatorio 30 de septiembre de 2020

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 30 de septiembre de 2020 1

Seis años sin los 43 Ayotzinapa: corazón en llamas

Abel Barrera Hernández* - La Jornada - 26 de septiembre de 2020 Mis lágrimas no son de tristeza, brotan de coraje y de rabia. Por dentro mi corazón se agita y en mi cuerpo la sangre se acelera cuando recuerdo cómo el gobierno de Peña Nieto construyó su mentira histórica. Utilizaron la tortura para armar las declaraciones de los detenidos. El mismo Tomás Zerón estuvo presente en los interrogatorios para arrancar confesiones que le ayudaran a construir su teoría del caso. Vimos también cómo Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal, se encargó de interrogar al testigo que estaba siendo torturado.

Lo que más coraje nos da es la destrucción de evidencias, como los seis videos del Palacio de Justicia de Iguala, donde las cámaras captaron cómo fueron llevados entre 15 y 20 estudiantes a Huitzuco. Los videos pueden aclararnos cuántas patrullas eran, quiénes eran esos policías y hacia dónde se los llevaron. Son datos muy importantes porque hasta la fecha no sabemos el paradero de este grupo de estudiantes. Es increíble que a seis años las autoridades del Poder Judicial del estado se hagan ojos de hormiga. Ese es el cinismo que no podemos tolerar, porque muchos funcionarios fueron copartícipes en la destrucción de las evidencias. Ellos mismos consintieron que se sembraran pruebas en las escenas del crimen y otras, que eran importantes, las destruyeron.

Ahora vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta muchos obstáculos, porque dentro de la misma Fiscalía General de la República existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica, y son un impedimento para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Los mismos jueces han puesto en libertad a muchos detenidos y con José Ángel Casarrubias, El Mochomo, se volaron la barda, porque un juez le puso un alto precio a su libertad. El mismo Presidente dijo que su liberación “tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado”. Por eso hemos estado alertas para que todas las autoridades jalen parejo y no abusen de 1

sus poderes. El Ejército y el Poder Judicial han sido reticentes para alinearse en esta ruta que hemos trazado para alcanzar la verdad y la justicia. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, para emplazar a las autoridades a que investiguen y sancionen a los jueces que inclinan la balanza de la justicia hacia el dinero.

Con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, hemos podido construir una plataforma muy importante, porque nuestra palabra tiene eco entre las autoridades y hay avances significativos. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre la búsqueda que hizo el gobierno anterior, hecha sin estrategia, sin objetivos claros. Sin contar con información objetiva, sin haber analizado los datos obtenidos. Fue una búsqueda a ciegas, muy aparatosa y costosa. No hubo avances porque la misma investigación estaba sesgada, por eso no les interesó buscar en otros lugares, como en la barranca de la Carnicería, porque ya tenían armada su historia. Las búsquedas que hoy se sustentan en datos de prueba objetivos, sobre todo de personas que colaboran eficazmente. Con testigos que van identificando lugares donde pudieran encontrar restos. Son búsquedas más organizadas porque parten de un trabajo previo y de un análisis del contexto y de la misma orografía. Está información de los testigos se procesa y es la que ayuda a planear las búsquedas. Por eso, ahora se ha tenido oportunidad de conocer mejor cómo se hacen los recorridos y el barrido. Son trabajos más exhaustivos y profundos. Uno de los resultados alcanzados es la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, porque con esto quedó demostrado que no fue veraz la versión del gobierno anterior, que en el basurero de Cocula habían quemado a todos los estudiantes.

Con mucho dolor en nuestro corazón sentimos que vamos avanzando en la búsqueda de nuestros hijos. Seguimos exigiendo que continúen las búsquedas en vida, porque nunca perderemos la esperanza de que regresen a casa. Esta lucha es un tormento. Son días y noches de mucho sufrimiento. Con la mirada siempre puesta en el nuevo amanecer, tenemos la corazonada de que un día nos darán la sorpresa. Las búsquedas en terreno nos han dado la pauta de que sí podemos avanzar en la 2

dirección correcta, para dar con el paradero de nuestros hijos.

Por eso hemos tenido que participar en estos trabajos para corroborar cómo avanza la fiscalía.

Para nosotros lo más importante es que la fiscalía ponga todo su empeño para detener a todos los que saben adónde se llevaron a nuestros hijos. Mientras no se logren estas detenciones, las buenas intenciones del Presidente serán insuficientes, porque seguiremos estancados en meros trámites burocráticos y estadísticas huecas que siguen prolongando nuestro ­s ufrimiento.

El nuevo gobierno tiene que dar un salto cualitativo para desmontar todo el aparato gubernamental, que se confabuló con grupos de la delincuencia organizada. Por eso urge desactivar a los grupos y personas que operan dentro de las instituciones que encubren a los perpetradores. No basta ubicar a Tomás Zerón en Israel, se requiere ejercer la orden de aprehensión. Lo mismo debe hacerse con los policías federales, los policías municipales y miembros del Ejército, porque ellos fueron los responsables de las desapariciones de nuestros hijos. No vamos a permitir que la incertidumbre nos consuma y apretuje el corazón. Si existe un gobierno diferente se tiene que romper el pacto de impunidad y se tienen que desbaratar las redes criminales que hunden sus raíces en los sótanos del poder público.

No queremos que, con la pandemia, la Fiscalía General encuentre el argumento para no avanzar en las órdenes de aprehensión que están pendientes. La justicia es una actividad esencial, que no puede parar, porque de esta lucha dependen la vida y la salud de nuestros desaparecidos. La falta de verdad es parte de la brecha de la desigualdad social que padecemos en México. Los que trabajamos en el campo no sólo cargamos siglos de olvido, sino que padecemos gobiernos caciquiles, represión militar, persecuciones, torturas y desapariciones forzadas. Es un continuum de impunidad, una estela de muerte y una época sombría donde aún no despunta la aurora de la justicia. Nuestro corazón en llamas espera que llegue ya el momento luminoso de la verdad. *Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan 3

Ayotzinapa a seis años

Mario Patrón - La Jornada - 24 de septiembre de 2020 El próximo sábado se conmemoran seis años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que ha marcado un parteaguas en la historia reciente de México. Son seis años de búsqueda, de exigir justicia y verdad.

Tiempo en el que se han desenterrado miles de cadáveres no identificados, y con ellos, se ha desvelado la realidad de la violencia y de las desapariciones en el país. Después de seis años que han visto el final y el comienzo de dos periodos de gobierno, ¿qué balance tenemos?

Durante los primeros cuatro años, la dignidad de los padres y madres de los 43 sobresale como la fuerza que sostuvo su resistencia y lucha ante el cúmulo de mentiras y el maltrato que les propinó el gobierno de Enrique Peña Nieto: desde el agravio que supuso la “verdad histórica” y todas y cada una de las irregularidades que se fueron acumulando en la investigación durante esos años, tales como detenciones arbitrarias, torturas y manipulación de evidencias.

Los dos años recientes han estado marcados por una relación sustancialmente distinta con el gobierno de la 4T, a partir de la declaración oficial de la llamada “verdad histórica” como una mentira. El propio Presidente ha afirmado que la única verdad es que no hay verdad aún en este caso, y ha asegurado que no se detendrá hasta dar con el paradero de los estudiantes. Se han revelado las ilegalidades de la investigación y se ha procedido, incluso, a la detención de algunos de los funcionarios corruptos que perpetraron los montajes que hasta la fecha han perpetuado la negación de la verdad y la justicia para las 43 familias.

Gracias a la legitimidad de la lucha de estas familias y a su digna resistencia, se ha logrado la edificación de un andamiaje jurídico-político que involucra a diversas instituciones públicas, que ha permitido analizar la desaparición con imparcialidad. Los padres de los 43 consiguieron que se creara una Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia, que implica la realización de reuniones mensuales en las que el propio Presidente de la República es 4

quien informa los avances del caso y en las que frecuentemente comparecen también el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y el fiscal general, Alejandro Gertz; es decir, setrata de un mecanismo político de primer nivel prácticamente sin precedentes. También, se rediseñó, dentro de la Fiscalía General de la República, una unidad de investigación con un fiscal autónomo dotado de recursos y capacidades técnicas. Asimismo, se concretó el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo de supervisión internacional en tiempo real.

A seis años de la desaparición de los 43, la principal novedad en este proceso se resume en las claras expresiones de voluntad política que el actual gobierno ha presentado ante los familiares. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si las acciones antes descritas se han traducido en un avance sustantivo que acerque a los padres a conocer el paradero de sus hijos. La respuesta, sin ninguna duda, es que el camino es aún insuficiente. Enuncio enseguida tres ejes en los que se requiere más profundidad.

Primero. No se ha esclarecido el entorno de macrocriminalidad que imperaba en Guerrero al momento de los hechos. Uno de los aportes del GIEI, en sus dos informes sobre el caso, estriba en afirmar que se trató de un operativo coordinado durante más de ocho horas, con recursos materiales y estrategia de operación en distintas regiones de Iguala y lugares aledaños. Esto sólo pudo suceder mediante una estructura criminal que amalgamaba al crimen organizado con los distintos niveles de gobierno. Es pertinente reiterar que, al hablar de macrocriminalidad, nos referimos a la criminalidad fortalecida desde el Estado, en la que instituciones públicas trabajan para los intereses del crimen organizado.

Segundo. La investigación ha probado la participación, tanto activa como de comisión por omisión, de integrantes de la policía estatal, la Policía Ministerial estatal, la Policía Federal y el propio Ejército. No obstante, hasta el momento, no se ha detenido a ningún elemento de estas corporaciones. Sin duda, es-tas detenciones podrían ser relevantes para obtener información sobre el paradero de los estudiantes.

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Tercero. Un avance ciertamente muy significativo es la identificación genética de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar distinto al basurero de Cocula. El hallazgo representa, en palabras del propio fiscal del caso, que la “verdad histórica” se ha derrumbado. Sin embargo, en términos del derecho a la verdad, es imprescindible que mediante un acervo probatorio se genere una nueva narrativa de lo que sí sucedió esa trágica noche. Si bien se ha fortalecido la hipótesis de que los estudiantes habrían sido separados en grupos que tomaron rumbo hacia distintas direcciones, aún no se cuenta con una narrativa que explique integralmente lo sucedido.

Es plausible que este gobierno no acuda a la construcción mentirosa de supuestas verdades; sin embargo, sólo reconstruyendo el modus operandi de los perpetradores, nos acercaremos al conocimiento del paradero final de todos los estudiantes.

Ayotzinapa representa una lucha histórica en nuestro país. Las 43 familias son expresión viva de la reserva de dignidad que sostiene a un México adolorido que grita su negativa a la impunidad gestada desde el poder del Estado. Para un país con cientos de miles de víctimas y familias destrozadas por la violencia, si un caso como Ayotzinapa se resuelve en verdad y justicia, devolverá la esperanza a miles de personas que durante años han esperado en vano la resolución de sus casos. Pero también, si Ayotzinapa se queda en una experiencia de mera voluntad política discursiva, significará que la agenda en pos de un efectivo estado de derecho ha sido derrotada una vez más por la impunidad.

Caso Ayotzinapa: crimen de Estado

Magdalena Gómez - La Jornada - 29 de septiembre de 2020 El 26 de septiembre, desde Palacio Nacional, tanto el Presidente de la República como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa de la FGR y, de manera virtual, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecieron información y valoraciones relevantes en ocasión del 6

informe en torno a la investigación de los hechos acaecidos entre el 26 y 27 de septiembre de hace seis años, esto es, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

No obstante, hay que destacar, las madres y los padres de dichos estudiantes, ahí presentes, no obtuvieron la anhelada información sobre el paradero de sus hijos, por la que han caminado en esa larga noche que para ellos significan estos seis años de búsqueda incansable. A nombre de los progenitores de los 43 jóvenes desparecidos de Ayotzinapa, la señora María Martínez Ceferino afirmó: “Venimos por más, pero hasta hoy no tenemos nada”; saludaron algunos de los avances hechos en la actual administración, pero llamaron a las autoridades a “apretar el paso” para encontrar verdad y justicia.

La relatoría de acciones, capturas y procesos en curso tanto a integrantes de grupos delictivos como a policías municipales y federales cómplices, conforman el entramado de que en Iguala, Guerrero, el gobierno peñanietista cometió un crimen de Estado y parte central de ello fue la construcción del andamiaje jurídico para sustentar la falsa verdad histórica . El fiscal especial para el caso destacó la detención de la Ministerio Público Federal, quien presuntamente falseó la actuación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón para oficializar la “verdad histórica”.

La determinación de que sí hubo intervención del Ejército y de la Policía Federal y la ubicación de restos de al menos un estudiante fuera del basurero de Cocula permite asegurar que la verdad histórica del gobierno peñista ha colapsado (de que en ese lugar fueron asesinados y quemados los estudiantes), aseguró Alejandro Encinas. Afirmó que, con la judicialización de soldados, de policías ministeriales, de ministerios públicos federales y de integrantes del cártel Guerreros Unidos se comenzó a romper el “pacto de silencio” que había impedido avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala. Concluyó que “la única verdad es que no hay verdad”.

La FGR, afirmó su titular en mensaje virtual, ha establecido con base en indagatorias, que en la administración pasada “el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento 7

generalizado sobre lo sucedido con los estudiantes”. Enfatizó: “ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Dijo que los estudiantes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses de grupos de la delincuencia organizada, que se disputan el municipio de Iguala, por ser un centro de distribución de la droga que se produce en la sierra de Guerrero, se envía a la Ciudad de México y se trafica a Estados Unidos.

Concluyó con una revelación sin aclarar si pesa sobre ello una de las órdenes de aprehensión: To­m ás Zerón, ex jefe de la AIC, hoy prófugo, robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la en­t onces PGR con anuencia de sus superiores.

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que el desafío “sigue siendo romper los pactos de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes” (vía remota Francisco Cox Vial, integrante del GIEI).

El Presidente de la República confirmó que se ha retirado el boicot para esclarecer la responsabilidad del Ejército la noche de Iguala: “Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar; cero impunidad; el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”. No habrá protección para nadie, pues “se va a llegar hasta los niveles más altos”. A los padres de los 43 normalistas desaparecidos ofreció disculpas en nombre del Estado por la gran injusticia y “atrocidades” cometidas contra sus hijos, reiteró que estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado. El proceso está en curso, debe lograr resultados por las víctimas y la sociedad; dos años ha requerido sólo desenredar la madeja de Ayotzinapa y los factores develados ameritan fortalecer la voluntad política, con acciones de Estado; el entramado estructural de corrupción e impunidad que operó en Iguala está presente en el país y aflora en los otros miles de desapariciones.

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Pensar el normalismo desde Ayotzinapa Tanalís Padilla* - La Jornada - 28 de septiembre de 2020

A las históricas demandas de los normalistas rurales, los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014 añadieron una más: que se haga justicia en el caso de sus 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos esa noche. Desde entonces, con la participación de cada nueva generación, los alumnos de estas instituciones marcan la fecha, participan en sus movilizaciones y acompañan a los padres y madres que, tras seis años del crimen de Estado, no han cesado en la búsqueda de sus hijos.

La justicia en el caso no sólo ha sido ilusoria, ha sido deliberadamente negada. El proceso de ofuscación, mentiras y encubrimiento empezó escasas horas después del ataque. Primero se trató de pintar a los estudiantes de Ayotzinapa como partícipes en el crimen organizado; después se dijo que era un asunto puramente local; después vino la mentira histórica, un elaborado montaje oficial afirmando –en contra de toda evidencia científica– que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula; después se dio el ataque mediático contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como un intento de espionaje con el spyware Pegasus; después no se renovó el permiso del GIEI para seguir su investigación en México.

Más allá de las normales rurales y el dolor y desesperación de los familiares de los 43 desaparecidos, para muchos, la noche de Iguala fue un despertar. Fue un despertar sobre la brutalidad del Estado, sobre la situación de unas escuelas frecuentemente tachadas de reliquias del pasado, y un despertar sobre las décadas de asedio a sus alumnos. Y ese despertar demandaba acción, una acción que se tradujo en múltiples y constantes protestas, a escala nacional e internacional. Por eso, todo intento de dar carpetazo a la investigación fracasó. Ahora, un nuevo régimen ha expresado su voluntad de encontrar respuestas y ha restaurado el mandato del GIEI. Esto no significa que se haya hecho justicia ni que necesariamente se hará. El camino parece largo y el crimen ya tuvo daños 9

irrevocables. Los tuvo para los familiares de los desaparecidos, y los asesinados esa noche, y para quienes fueron heridos. Además, el permanente estado de lucha para confrontar las mentiras, defenderse de las calumnias y demandar justicia conlleva a un desgaste físico, emocional y familiar. Y, si bien las movilizaciones en torno a Ayotzinapa aportaron una reconsideración sobre la leyenda negra que desde los círculos oficiales y los medios de comunicación se había construido sobre las normales rurales, la barbarie del crimen también provocó miedo a quienes enviaban, o querrían enviar, a sus hijos a estudiar a una normal rural. Esto contribuyó a una reducción de aspirantes de nuevo ingreso.

Por si fuera poco, la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto canceló la garantía de trabajo que antes tenían los egresados de las normales rurales. Así se socavó seriamente el papel de estas instituciones en formar maestros para las regiones que más los necesitan y de proveer de un trabajo digno a quienes la pobreza da escasas posibilidades de estudiar. Esta reforma marcó una baja todavía más seria en el número de aspirantes, lo cual ha dado pretexto para ir reduciendo el número de becas. No es difícil imaginar cómo este proceso pudiera llevar a una lenta pero eventual extinción de las normales rurales.

Y no sólo han sido las normales rurales las que están siendo estructuralmente debilitadas, es el normalismo en general. Aquí también las acciones de la pasada administración, estableciendo que ya no hacía falta una carrera normalista para ser maestro, amenazaron gravemente al sistema formador de docentes. Esa amenaza se ha recrudecido con la reciente iniciativa que reduciría el presupuesto a la educación normal por un alarmante 95.3 por ciento ( La Jornada, 21/9/20). Tal abrumante ajuste de fondos es una amenaza frontal al sistema.

En el estado de Michoacán –cuna del normalismo rural por persistir allí la más antigua normal rural, originalmente establecida en Tacámbaro y que hoy se localiza en Tiripetío– la crisis en las normales ha llegado a niveles tan críticos que sus egresados decidieron jugarse la vida en plena pandemia al organizar el mes pasado un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

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Con esta movilización exigían la regularización de trabajo para los cientos de graduados de la generación de 2019 y 2020. Si en Michoacán los normalistas en general han sido blanco de ataques durante el gobierno de Silvano Aureoles, los de Tiripetío en especial han sido víctimas de represión. El más reciente ejemplo se dio el pasado 11 de septiembre, cuando un camión de policía arrolló a estudiantes que se manifestaban por la libertad de sus compañeros detenidos.

Dado este contexto, vale la pena preguntar qué significa hacer justicia en el caso Ayotzinapa. Ciertamente consiste en esclarecer lo sucedido, identificar y procesar a los autores materiales e intelectuales y atender y reparar los daños a los familiares. Pero si se trata, además, de un renovado proyecto de nación, habría también que fortalecer la estructura social y en ella el sistema educativo en general y el normalismo en particular son clave.

Debilitarlo o pretender contar con la iniciativa privada es una receta desastrosa. La justicia hacia los derechos humanos no puede ir separada de la justicia social, pretender hacerlo tiene trágicas consecuencias. Establecer ese vínculo requerirá una movilización permanente, cosa que históricamente han comprendido los estudiantes de las normales rurales. ¿Lo comprenderemos también los demás? * Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Después de Zapata: el movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México, 1940-1962 ( Akal/Inter Pares, 2015)

Huellas de seis años

Gloria Muñoz Ramírez - La Jornada - Los de abajo 26 de septiembre de 2020 Han caminado 2 mil 190 días buscando a sus hijos. Llevan 52 mil 560 horas sin consuelo. Su caminar, dicen en el sexto aniversario de la desaparición de sus hijos ,“ha sido muy difícil”. Y piden, con humildad, que “la sociedad nos entienda”, porque “si a alguien le llega a fal11

tar un ser querido no se quedaría en su casa con los brazos cruzados”.

Se apostaron este viernes un día antes del sexto aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa frente a la Fiscalía General de la República (FGR). Y ahí, junto al colectivo Huellas de la Memoria y gente solidaria, dejaron plasmadas las huellas de sus zapatos con los que, literal, han recorrido el país buscando a sus hijos, reclamando justicia y exigiendo verdad.

Ni una sola madre y ni un solo padre se ha rendido. Algunos han enfermado, e incluso muerto sin conocer el paradero de las víctimas, como Minerva Bello, madre de Everardo, quien fue mermando su salud en las calles hasta que un cáncer la mató.

“Seis años de lucha en las calles; hemos sufrido de todo, hemos tenido represión, el gobierno nos ha puesto a sus fuerzas para que tengamos miedo, hemos hecho marchas, mítines, de todo en seis años. Y, mientras no sepamos donde están nuestros hijos, los seguiremos buscando”, expresa una madre frente a los mosaicos con los rostros de sus hijos. Son las 43 caras que más se han visto de México en el mundo. Y, seis años después, no se sabe dónde están.

La terca memoria se impone. Huella de la Memoria lo sabe. Los familiares les ofrecen unos zapatos con un mensaje dirigido a su hijo o hija ausente.

La suela marca el camino, la fuerza, la carga y el no poco cansancio de cada allegado. Son huellas para no olvidar, y los vinculan también con las miles de personas que los han acompañado. “Nosotros no hacemos nada solitos”, explican, agradeciendo siempre el apoyo de la sociedad en su conjunto.

El reconocimiento mayor, seis años después, es para los padres y madres que cargan siempre un cartel con el rostro de su hijo en las manos, que caminan dejando huellas de amor y dignidad y que, además, se dan tiempo para acompañar otras luchas, pues saben que es la misma, y no van solos. desinformémonos.org losylasdeabajo@yahoo.com.mx 12

Óscar Eyraud Adams, ecologista de los pobres

Luis Hernández Navarro - La Jornada - 29 de septiembre de 2020 El activista indígena kumiai Óscar Eyraud Adams fue asesinado el pasado 25 de septiembre en Tecate, Baja California. Entre las 6 y las 7 de la tarde, ocho hombres empecherados, con armas de alto poder, llegaron a su casa en dos lujosas camionetas de vidrios polarizados. No cruzaron una palabra con él. Le dispararon 13 tiros a mansalva. Los casquillos calibre 40, .223, 7.62 x 39 y 71.87, usados por rifles AR-15 y por AK-47, quedaron en el suelo. Óscar, nacido en la comunidad de Juntas de Neji, tenía 34 años y una larga trayectoria de lucha en defensa de su comunidad y del pueblo kumiai. Su equipo de futbol era los Xolos de Tijuana, su cantante favorito Residente y su libro preferido Los cucapá: su pasado y el presente. Según cuenta Daliri Oropeza, sus amigos decían que él era “correoso como la tierra” y “siempre tenía ganas de aprender” (https://bit.ly/3kQw9rG).

Los kumiai viven en Estados Unidos y México. Tienen tras de sí al menos mil años de historia. Ocupaban ese territorio antes de que esas dos naciones se formaran. Ellos no cruzaron la frontera, la frontera los cruzó a ellos. Son, literalmente, un pueblo en resistencia contra la extinción. Como los han estado orillando y orillando se suben al cerro, van y vienen. No tienen nada.

Al constatar que las cosas estaban cada vez más difíciles para ellos, en los últimos tiempos Óscar se concentró en tres frentes de trabajo: la autodeterminación de su comunidad, la defensa del agua y la presentación de los desaparecidos. Antes, acompañó las movilizaciones en Mexicali contra la Constellation Brands, se sumó a las protestas de la CNTE contra la reforma educativa y apoyó a las víctimas de la masacre de Nochixtlán.

Convencido en que si no se involucraba en la lucha por la libre determinación en no más de 20 años se perderían la cultura y se olvidarían los sistemas normativos internos comunitarios, se preparó para defenderlos. Estaba en modo investigación. Buscaba respaldo en ­a rtículos y tratados internacionales sobre autonomía. Planeaba 13

presentar en la asamblea de su comunidad una iniciativa para que ésta fuera reconocida legalmente como comunidad indígena.

En su sitio de Facebook advirtió: “Hay un gran atraso en el tema agrario, más en materia de aguas. Ocupamos una reforma a las leyes de agua que favorezca al campo y a las comunidades indígenas del norte del país”. Mientras que en la región la cervecería Heineken disfruta prácticamente sin restricciones el acceso líquido vital, los kumiai carecen de él.

“Inexplicablemente –escribió–, la Conagua ha iniciado una campaña para la renovación masiva de las 531 mil concesiones de aguas nacionales (2 por ciento de los concesionarios controlan 70 por ciento de las aguas concesionadas), la cual perpetuaría hasta 2050 las actuales dinámicas de sobreconcesionamiento, violación de los derechos de los pueblos indígenas, de compra-venta y especulación de concesiones, acaparamiento-despojo, contaminación e impunidad”. Añadía: “La cervecería Tecate, ahora Heineken, ocupa recibir este comunicado. Ya no posible su desmesurada operación”. Óscar participó en las jornadas por la presentación con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa. En 2017 marchó en la Ciudad de México al lado de los padres de los normalistas. Más recientemente, después de que una de las mamás de los 43 vio una foto de un muchacho muy parecido a su hijo, que presuntamente se encontraba en Mexicali, se involucró en su búsqueda. Como parte de esta iniciativa, subió un logo de la búsqueda de desaparecidos a su Facebook. Una hora después fue asesinado.

El activista creció en el seno de una familia de tradición de lucha en defensa de la tierra y en el movimiento indígena. Su tía, Aurora Meza, fundó el grupo Abuelas, para promover la enseñanza y conservación de la lengua kumiai. Los gobiernos panistas la persiguieron por oponerse al saqueo de sus territorios. Durante 30 años denunció cómo los ganaderos metían vacas y caballos en predios que pertenecen a los kumiai, para después acusarlos de robo.

Uno de ellos, Rubén Martínez, la demandó falsamente de hurtar un equino para quedarse con sus tierras. En diciembre de 2014, fue salvajemente detenida y encarcelada durante un año. Enferma 14

de diabetes, su salud se quebrantó en prisión. Ya en libertad, murió en agosto de 2018, a los 54 años.

Además de la disputa por la tierra, de la mano del boom del Napa Valley mexicano en Valle de Guadalupe, grandes vitivinicultores y campesinos protagonizan una verdadera guerra por el agua, de la que los kumiai son también víctimas (https://bit.ly/30dfOVU).

Como lo señalan sus compañeros de Mexicali Resiste, “la defensa del territorio y agua en Baja California ha provocado, muerte, desaparición y persecución de luchadores sociales. Porque les echamos a perder sus negocios entre el gobierno y las trasnacionales”.

En años anteriores, en esta labor de saqueo de la tierra y el territorio kumiai, políticos y ganaderos contaron con el apoyo del Ejército. En septiembre de 2012, los habitantes de Juntas de Neji y de La Huerta denunciaron torturas, secuestros, robos, golpes y toda clase de abusos por parte de militares (https://bit.ly/30eBcKD).

Ahora, por lo visto, tal como ha sucedido en Oaxaca a partir de 2006, y en Guerrero, Michoacán y Morelos, las fuerzas castrenses han sido sustituidas en esa función por gatilleros y narcos. El brutal asesinato de Óscar Eyraud Adams, ecologista de los pobres, no debe quedar impune.

Twitter: @lhan55

Injusticia climática y pandemia

Silvia Ribeiro * - La Jornada - Sábado 26 de septiembre de 2020 Un informe de Oxfam de septiembre 2020 sobre los responsables del cambio climático entre 1990 y 2015, expone la lacerante desigualdad en el tema, que está directamente relacionado con la salud de los ecosistemas y de las personas (https://tinyurl.com/ info-oxfam). Las causas del cambio climático se entretejen con las de la pandemia: en ambos casos el sistema alimentario agroindustrial es uno de sus principales causantes.

Según el informe, el 10 por ciento más rico de la población mundial (630 millones de personas) generó 52 por ciento de las emi15

siones de gases de efecto invernadero (GEI, por sus siglas en inglés) acumuladas, mientras la mitad del mundo más pobre (3 mil 100 millones de personas) generó tan sólo 7 por ciento de los gases. O, expresado de otra manera, la mitad más adinerada del mundo ha generado 93 por ciento de las emisiones acumuladas.

En el lapso 1990-2015 las GEI anuales (como dióxido de carbono y otros que calientan la atmósfera en forma permanente) se incrementaron 60 por ciento, pese a que ya existía claro conocimiento de sus causas y el riesgo de colapso climático.

De la población más rica, 5 por ciento (aproximadamente 315 millones de personas) fue responsable de 37 por ciento de este aumento. El repunte total de las emisiones de apenas el uno por ciento más adinerado fue, en volumen, tres veces mayor que el de todo el 50 por ciento más pobre.

Solamente 10 países son responsables de dos terceras partes de las emisiones históricas de GEI acumuladas desde 1850, aunque esa referencia es engañosa, ya que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero se realizaron en los 50 años recientes, y se aceleraron después de 1990. Estados Unidos encabeza esa lista.

Con menos de 5 por ciento de la población mundial, consume cerca de 25 por ciento de la energía global. En la década pasada, China se convirtió en el principal emisor de los referidos gases y Estados Unidos pasó a segundo lugar, seguido de la Unión Europea e India.

No obstante, medido en emisiones per cápita, Estados Unidos sigue emitiendo 10 veces más GEI que India y más del doble que China.

Lo más terrible es que más de 100 países del sur global y la mitad de los habitantes más pobres del planeta prácticamente no emiten gases de efecto invernadero, pero son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, con inundaciones y sequías extremas, migraciones obligadas y por quedar sin casa ni vías de sustento, entre otras.

En el mundo, dentro de cada país, los efectos del calentamiento global provocado por las minorías más ricas los sufren los más pobres y marginalizados, tanto en comunidades urbanas como ru16

rales e indígenas, como, entre otros, los efectos de huracanes en Nueva Orleans, las inundaciones en Reino Unido o los incendios descontrolados de la costa Oeste de Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina e Indonesia.

Las causas del cambio climático son ya bien conocidas. Es una consecuencia del sistema de producción y consumo industrial a gran escala basado en combustibles fósiles.

Según el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los principales sectores emisores, por orden de magnitud, son la extracción y generación de energía, la deforestación y agricultura industrial, así como la construcción y transportes.

Si de estas fuentes extrapolamos el uso de energía, uso de suelo, deforestación, transportes, emisión de gases por desechos orgánicos, se muestra que el sistema alimentario agroindustrial (desde las semillas y agrotóxicos a los supermercados con empaques, refrigeración, transportes, desechos) es responsable de 40 a 55 por ciento de las emisiones de GEI. Ese mismo sistema agropecuario industrial es el factor principal en la generación de epidemias y pandemias. (https://tinyurl.com/ycfcksva).

Pero ni en el cambio climático ni en las pandemias, las políticas oficiales se dirigen a eliminar las causas: en ambos casos se privilegia volver a subsidiar a las poderosas industrias causantes de tan tremendas crisis, apoyando salidas tecnológicas que les garantizan nuevos mercados.

En la pandemia, con enormes inversiones públicas en vacunas escasamente evaluadas y que plantean nuevos riesgos (Ver Covid y vacunas transgénicas, https://tinyurl.com/yxzlpxv9), dejando intocadas las causas.

En políticas climáticas, permitiendo que, en lugar de reducir emisiones reales, las empresas y países se basen en el concepto perverso de “emisiones cero netas”; es decir, que puedan seguir contaminando con GEI, pero que supuestamente lo compensen con otras medidas.

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En la reciente Semana del Clima, realizada en Nueva York paralela a la Asamblea de la ONU, las mayores corporaciones globales expusieron varios proyectos en ese sentido, como tecnologías de geoingeniería y lo que llaman “soluciones basadas en la naturaleza”, que es un concepto para disfrazar megaproyectos de plantaciones y otras formas de explotar y mercantilizar áreas naturales (https://tinyurl.com/y2te9eco).

Ni la injusticia climática ni las pandemias son naturales. Son producto de sistemas de producción y consumo que nos enferman y que tenemos que terminar. * Investigadora del Grupo ETC

Derribar estatuas

Raúl Zibechi - La Jornada - Viernes 25 de septiembre de 2020 “El riesgo de un destructor de estatuas es convertirse en una”, cita Carlos Monsiváis, al final de su ensayo De monumentos cívicos y sus espectadores, a Jean Cocteau.

Líneas arriba había escrito que uno de los primeros actos de liberación de un pueblo es la destrucción de monumentos a héroes y caudillos, que de ese modo dejaban de serlo.

A raíz de la oleada de derribos de monumentos, multiplicada luego del asesinato de George F loyd por la policía en Estados Unidos, aparecieron críticos de tales derribos, quienes se rasgan las vestiduras porque, dicen, las estatuas son parte del espacio público.

El episodio más reciente sucedió en Popayán, capital del Cauca, en el sur de Colombia. El 16 de septiembre un grupo de misak y nasa derribaron el monumento a Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad y de Guayaquil, Q uito y Cali. Recibió el título real de gobernador vitalicio de Popayán, además de otras condecoraciones.

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Su estatua fue colocada en el Morro de Tulcán, un cerro de Popayán donde había una pirámide ceremonial construida por pueblos originarios que fue literalmente, decapitada para instalar la estatua ecuestre del conquistador, como demostró hace medio siglo el antropólogo colombiano Julio César Cubillos (https://bit. ly/3mKFYci).

Ante los lamentos de la oligarquía local, que fue la que en 1940 instaló el monumento sobre el sitio sagrado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) recordó a la población que en lo que va de este año “han sido asesinados 65 integrantes de las comunidades indígenas en el Cauca”, algo que no a todos parece importarle. Saluda “el acto de valentía” del pueblo misak al “decolonizar el pensamiento y reconstruir nuestra propia historia” (https://bit.ly/3kF7KoL).

Recuerda que Belalcázar es sinónimo de “genocidio, racismo, esclavitud y discriminación a los pueblos indígenas” y que en vida fue uno de los mayores genocidas de los pueblos originarios de América Latina (https://bit.ly/3kF7KoL).

No tengo tan claro como Monsiváis si el derribo de monumentos anticipa la rebelión o si la acompaña. El año pasado en Chile, más de 30 figuras de militares y conquistadores fueron marcadas con graffities o les arrojaron pintura, desde Arica en el norte, hasta el sur mapuche. Recuerdo cómo los jóvenes se enardecían, en la Plaza de la Dignidad, ante la estatua del general Baquedano (“héroe” de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, según la historiografía de arriba) que fue pintada y tapada parcialmente con banderas mapuches.

A lo largo de Chile, y al calor de la revuelta popular que barrió el país desde octubre, rodaron esculturas de Colón, la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre (en cuyo lugar colocaron la escultura de una mujer Diaguita) y el busto de Pedro de Valdivia, en Temuco, cuya cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

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El 12 de octubre de 1992, los zapatistas realizaron una gran marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y derribaron la estatua de Diego de Mazariegos, frente a la iglesia de Santo Domingo. “Si volvieron a levantarla no importa. Nunca podrán levantar de nuevo el miedo a lo que representaba”, escribió en mayo de 2015 el subcomandante insurgente Galeano.

Menos de 15 meses después, se encendió el Ya Basta! de la insurrección zapatista. En este caso, la frase de Monsiváis es tan acertada como justa.

Pero quisiera detenerme en la cita de Cocteau, que trae el escritor mexicano. Una de las características más notables de la revolución zapatista es que nunca pretendió sustituir a los villanos derribados por personajes más nobles, en el mismo pedestal. No se trata de derribar a un conquistador genocida para colocar a un “hermano” libertador en su lugar. La cosa es mucho más profunda.

Las estatuas son una herencia colonial. Como los estados. Representan la cultura de la clase dominante. Los pueblos originarios tienen otra forma de representar sus cosmovisiones en la arquitectu-ra, como las pirámides, que enseñan también modos jerárquicos de ver el mundo. Tampoco se tratade sustituir estatuas coloniales por pirámides sacramentales.

En el lugar de los tiranos, los zapatistas construyen, crean, inventan mundos nuevos y diferentes, clínicas de salud, escuelas, espacios de vida para seguir viviendo. Las juntas de buen gobierno, por ejemplo, pertenecen a ese tipo de creaciones colectivas, donde el jefe es el pueblo, donde las mujeres y los varones que gobiernan obedecen al colectivo. Rotan para no petrificarse en el lugar de mando, porque no tienen vocación de monumentos, sino de servicio.

En estos momentos en que los de arriba están asesinando bases de apoyo zapatistas en el ejido de Tila, tzotziles en Aldama, nasas y misak en el Cauca, y pueblos negros, originarios, campesinos y de periferias urbanas en todo el continente, podemos reflexionar para qué resistimos y damos la vida: no para cambiar de caporales, sino para vivir en un mundo sin mandones.

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La derecha empresarial, acólitos de Pinochet y detractores de la democracia

Marcos Roitman Rosenmann - La Jornada - 23 de septiembre de 2020 Salvado por la acción torticera de tres gobiernos, el británico, el español y el chileno, los defensores de Pinochet tomaron aliento y recuperaron fuerzas. Sus acólitos respiraron tranquilos, podían seguir reivindicándolo. Adquirieron carta blanca para archivar sus violaciones de los derechos humanos. En Chile, el vicepresidente del gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Foxley, tomó la delantera.

Será recordado por su lapidaria frase: Augusto Pinochet pasará a la historia de Chile por haber cambiado la vida de todos los chilenos, para bien, no para mal y eso sitúa a Pinochet en lo más alto de la historia. Pero quienes lo han alzado a la categoría de héroe han sido los empresarios. En México, durante la ceremonia de entrega a Joan Garcés, jurista y abogado de la acusación particular y popular contra Pinochet, de la orden Ignacio de Loyola por su contribución a la defensa de los derechos humanos, fui testigo de un hecho execrable. Uno de los invitados, empresario acaudalado, ex deportista y abanderado olímpico, preguntó quién era el galardonado, a lo cual respondí con orgullo. La réplica del empresario fue una retahíla de improperios al homenajeado, al tiempo que profería insultos contra Salvador Allende a la par que adjetivaba a Pinochet como un ser visionario, defensor de las libertades, del cual los chilenos debían sentirse orgullosos. Un auténtico héroe y mártir. El empresario regiomontano, colérico de rabia, obvió sus vínculos con el dictador y trapicheos financieros en biotecnología y transgénicos. Lo que tampoco le impidió estafar al dictador, esquilmándole más de un millón de dólares. Así lo recoge Mary Anastasia O’Grady, editorialista de The Wall Street Journal, en dicho medio. Información que más tarde recoge Carlos Fernández Vega, en su columna de México SA (La Jornada, 28/3/2005). El empresario al que me refiero es Alfonso Romo Garza. Pero su actitud beligerante y defensora del tirano, no ha sido la única. He vivido esa circunstancia en España y América Latina. Empresarios y políticos no tienen empacho para transformarlo en mártir. Elevarlo a la condición de estadista y político visionario. Cuando sucede, sólo cabe levantarse e irse por decencia, dignidad y respeto a las víctimas, a la que estoy acostumbrado.

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Si la democracia alguna vez cotizó entre los empresarios, hoy es un valor sin rédito. Ellos no invierten en democracia y si lo hacen, es para asesinarla. Sienten odio visceral cuando se mencionan propuestas de justicia social e igualdad. Una animadversión rayana en delirio sicótico. Sucedió con los empresarios en el Tercer Reich, financiando al partido nazi. El banquero Kurt von Scröder, el rey del acero Gustav Krupp, las empresas Bayer, Mercedes Benz, BMW, Hugo Boss, Kodak o Telefunken lo auparon para satisfacer sus ansias de poder. En España fue Juan March y su banca quien financió el golpe de Estado de Francisco Franco.

En Chile, los Edwards, Yarur, Matte o Alessandri, sentían una inquina personal contra Allende y el programa democrático. En Argentina Videla contó con el apoyo de los grupos financieros y empresarios. En Paraguay, hicieron a Stroessner más fuerte. En República Dominicana, Trujillo les fue útil. Batista en Cuba fue un mantenido de los grupos azucareros y la mafia estadunidense.

Sin olvidar las trasnacionales que aborrecen todo anhelo de justicia social. IBM, Coca-Cola, Ford o Nestlé, en Alemania; United Fruit Company, en Guatemala; ITT, en Chile, o Repsol en Bolivia. Los casos se multiplican.

La desafección de los empresarios hacia la democracia forma parte de un argumentario cuyo principio la define como una conspiración de pobres. Marginados que mendigan beneficios sociales.

Ellos pagan y otros holgazanean a su costa. En pocas palabras, la democracia es un proyecto de gentes incapaces de tener iniciativa.

Atentan contra la libertad de mercado, la iniciativa empresarial y la propiedad privada. Son recurrentes sus críticas a la inversión pública en sanidad, educación, vivienda, cultura o al pago de impuestos sobre el capital. Es ya habitual escucharles decir, nada más triunfar un proyecto democrático: “Te quitarán la casa, se llevarán a tus hijos y los educarán en consignas comunistas”; “te expropiaran tus empresas”; “tus ahorros pasarán a manos del Estado”; “todos vestiremos iguales”; “no tendrás derecho a elegir tu futuro”; “quemarán iglesias, fusilarán sacerdotes, violarán mujeres”; “manipularán tu cerebro con drogas”. ¿Cómo rebatir sus diatribas? Cualquier argumento sensato es desechado. Así justifican el asesinato, la tortura y la desaparición de personas. Ellos o nosotros. El bien contra el mal, y el mal siempre es la democracia.

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Los derechos humanos, para ellos, son una cuestión estética perfectamente prescindible.

Los empresarios del mundo sienten un verdadero amor hacia Pinochet. Algunos por rubor, lo ocultan. Pero todos mencionan el éxito del modelo chileno y el lugar que ocupa Pinochet en su triunfo. Fue su determinación por trasformar Chile en el edén del neoliberalismo, su obra culmen. Todo es perfecto, pueden campar a sus anchas. La pobreza, la desigualdad y el hambre no van con ellos, menos aún, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Son los dueños del país, el resto sus esclavos. La democracia no les concierne. Da igual Chile, México, Colombia o Estados Unidos. Para los empresarios, Pinochet encarna su proyecto de ley y orden. Sean regiomontanos, chilenos o estadunidenses.

Las lenguas indígenas predominan en el mundo Kau Sirenio - Pié de Página - Voz De Lluvia - Tatyi Savi 23 septiembre, 2020

La política pública del Estado mexicano no ha sido clara ni ha entendido que es necesario y urgente propiciar estrategias para fortalecer la identidad nacional en sus variantes idiomas De las casi 7 mil lenguas que existen en el planeta, entre 4 y 5 mil están clasificadas como indígenas, según estudios de Darrell Addison Posey, profesor de la Universidad de Oxford y galardonado por las Naciones Unidas con el premio ambiental Global 500. El mayor número de idiomas se habla en Papua, Nueva Guinea, donde se distinguen 847 lenguas diferentes.

Le siguen Indonesia con 655, Nigeria con 376, India con 309, Australia con 261, Camerún con 201, Brasil con 185, Zaire con 158 y México con 62. Las lenguas más amenazadas son aquellas con menos de mil hablantes. Más de mil idiomas son hablados por entre 101 y mil personas. Pero otros 553 son hablados por apenas 100 personas o menos. Según el estudio de 2005, 234 lenguas ya murieron. Y algunos investigadores calculan que en los próximos 23

100 años, 90 por ciento de los idiomas del mundo se habrán extinguido o estarán por extinguirse.

Una vez conocidos los datos de investigadores universales, es necesario precisar lo que pasa con las lenguas indígenas de México, en donde las lenguas están por desaparecer, un ejemplo de ello son las lenguas aguáchatelo, con 59 hablantes de Veracruz, y el kiliwa (k’olew), con 107 hablantes de Baja California.

Lo cierto es que la política pública educativa del Estado mexicano no ha sido clara y tampoco ha entendido que es necesario y urgente propiciar estrategias para fortalecer la identidad nacional, en sus variantes idiomas, que cubren lo largo y ancho del país.

“La pérdida de una lengua y de su contexto cultural representa la quema de un libro de consulta único del mundo natural, en donde los secretos de la naturaleza, guardados en las canciones, las historias, el arte y las artesanías de los pueblos indígenas, podrían perderse para siempre como resultado de la creciente globalización”, escribía Miguel León Portilla.

La uniformidad genética pone en riesgo a los cultivos a nivel global, y nuevas fuentes de medicinas, por ejemplo, podrían perderse también como resultado de la extinción de los idiomas, las culturas y las tradiciones indígenas. Además, pone en peligro a los hablantes ante la pandemia que vivimos en estos días.

Si estas culturas desaparecen, ellas y su íntima relación con la naturaleza se perderán para siempre. Debemos hacer todo lo posible para proteger a los hablantes de alguna lengua materna.

Porque si desaparece una lengua, el mundo será un lugar más pobre y desértico.

Pero: ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las lenguas indígenas, aparte de la falta de atención institucional? La discriminación hacia los hablantes ha sido una constante, ya que no se cuenta con espacio propio dónde hablar la lengua sin ser discriminados, por eso cada vez son más los hablantes que niegan su identidad para no ser vistos con desprecio.

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Otro ente generador de la pérdida de identidad son los medios masivos de comunicación, porque reproducen más la lengua extranjera (que los 62 idiomas mexicana), como el inglés, la lengua más difundida con la intención de hacer creer que es un medio de desarrollo; cuando no lo es.

También influye mucho la discriminación institucional y jurídica, porque los pueblos indígenas no pueden acceder a los programas por falta de traductores e intérpretes, porque simple y sencillamente no hay un nuevo modelo educativo que permita mejorar y fortalecer las lenguas indígenas, y me voy más lejos a decir que ni con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) no se resolverán las demandas de las lenguas porque la política educativa está diseñada con el fin de “desindianizar” a México, además porque en su política de acreditar a intérpretes de lenguas maternas lo único que generan es profundizar más la discriminación.

Espacios públicos para la memoria

Celia Guerrero - Pié de Página - 23 septiembre, 2020 Las colectivas y los familiares que están trabajando en la apropiación de espacios reconocen los sitios públicos de los que se les ha despojado como los ideales para hacer y construir memoria: ¿qué recordamos?, ¿qué vamos a recordar?

En marzo de 2020, la colectiva Vivas en la Memoria imprimió 120 cédulas de identidad de mujeres y niñas desaparecidas en Ciudad Nezahualcóyotl y junto a algunos familiares de víctimas las pegaron en el muro de una cancha de frontón frente a Plaza Jardín, uno de los centros comerciales más concurridos en este municipio del Estado de México. En la pared, que nombraron “Memorial Hasta Encontrarlas”, también plasmaron las palmas de sus manos con pintura, escribieron algunos de los nombres de las desaparecidas y la pregunta: ¿Dónde están?

Alí Aguilera, integrante de la colectiva, cuenta que dos semanas después de que intervinieron el muro, un espacio público que durante años permaneció abandonado por las autoridades, apareció bardeado por láminas de metal. En julio quitaron la cerca y pudie25

ron ver que las cédulas habían sido arrancadas. Por si fuera poco, en agosto pintaron un mensaje de un regidor del municipio encima de lo que quedaba del mural, en lo alto de la propaganda aún se podía leer “Hasta encontrarlas”. Después de que la colectiva señalara la indolencia y censura de las autoridades municipales en medios, el mensaje del regidor fue cubierto, quedando una barda blanca que la colectiva planea volver a intervenir.

“Colectivas y familiares hemos empezado a construir estos espacios de memoria, a rescatar estos espacios públicos que es donde ejercen violencias contra nosotras, donde nos desaparecen, asesinan, donde hay acoso, donde no se nos permite participar”, dice Alí, mientras enumera otros sitios de la zona donde se han desarrollado ejercicios similares: el mural que se levantó en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Diana Velázquez, víctima de feminicidio en Chimalhuacán; las cruces rosas en el bordo y frente al palacio municipal de Neza, la antimonumenta, murales en colonias y zonas identificadas como inseguras para niñas y mujeres.

Como mujeres la apropiación de los espacios públicos siempre es una lucha. En México, son muestra mediática la serie de tomas separatistas de facultades y escuelas de la UNAM, que pronto cumplirán un año de haber iniciado, o la reciente toma de una de las sedes de la CNDH. Estas apropiaciones de escuelas, de instituciones, de lo público en manos de mujeres, son formas de protesta con mensajes varios: por un lado, la exigencia de un alto a la violencia machista y feminicida; por otro, el arrebato de lo negado que representa un acto de resistencia por sí mismo.

Pero, como los casos de las tomas de facultades más allá de Ciudad Universitaria o la toma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ejemplifican, hay apropiaciones más difíciles de concretar y sostener.

Con todo y ello estos arrebatos de lo negado son una realidad cotidiana para mujeres que habitan espacios inseguros, en especial para niñas y mujeres. Cada manifestación de mujeres que recorren avenida Chimalhuacán, donde colectivas detectan un incremento de sitios en los que probablemente existe trata; cada llamado feminista a protestar en plazas públicas de estados donde la so26

ciedad civil vive silenciada por el crimen organizado desde hace décadas; son apropiaciones temporales destacables.

Están también los ejercicios de denuncia y memoria, la intervención de los espacios con pintas, carteles, pegas con mensajes contra la violencia feminicida para hacer esas apropiaciones tangibles y más permanentes en el tiempo. Otra estrategia es la resignificación de los espacios públicos, temporal o permanentemente, donde se han colocado tendederos de denuncias, cruces rosas, antimonumentas y memoriales a víctimas como el de “Hasta Encontrarlas”.

Hacer y construir memoria son dos acciones que se conjugan en tiempo presente. Sin embargo, la primera se origina y fija en el pasado al que se apela; mientras, la segunda empieza en el hoy y termina en el mañana.

Son parte una de la otra, distintas, pero ligadas. Si las traducimos a cuestionamientos serían: ¿qué recordamos? y ¿qué vamos a recordar?

Las colectivas y los familiares que están trabajando en la apropiación de espacios para su resignificación se están planteando estas preguntas y no solo eso, sino que reconocen los sitios públicos de los que se les ha despojado como los ideales para hacer y construir memoria.

Por lo demás, es importante mantener especial cuidado del cómo queremos recordar. La respuesta: no como lo imponen desde un ejercicio de poder patriarcal, sino desde la apropiación colectiva del espacio público para la memoria y la reivindicación de los procesos de resistencia a la violencia contra las mujeres.

La comunicación que vivimos

Daliri Oropeza - Pié de Página - Microfilme Postal 30 septiembre, 2020 Lo que vivimos en términos de comunicación política va más allá de enumerar cuántos artículos y columnas de opinión están a favor o en contra de un presidente. La polarización que atravesamos es resultado de distintos factores La polarización que vivimos en el espacio público tiene diversos factores. Es más compleja que sólo los dichos de un presidente que enumera los artículos de opinión en los periódicos nacionales, a 27

los que catalogó en tres rubros: a su favor, neutrales y en contra de su “proyecto de transformación”. Utilizó como ejemplo a 7 diarios.

Esta es una primera aproximación a un análisis del fenómeno de comunicación que vivimos: 1.- Informar desde el poder Hay un notorio cambio en lo que publican los medios nacionales a partir de la transición de gobiernos en diciembre del 2018. El sexenio pasado todas las primeras planas parecían dictadas por la misma persona, con la misma foto, del mismo evento irrelevante de Enrique Peña Nieto.

Ahora hay diversidad de temas en las portadas; agendas que exponen un abanico de intereses de grupos de poderes políticos y económicos.

El modo de informar en una conferencia matutina diaria diversifica los temas que involucran al presidente, con diferentes ángulos que abordan los periodistas. Además de la apertura del discurso del gobierno, hay una cierta manera de dar paso a medios independientes digitales y, también a youtubers. Una apertura a la fuente (como se dice en el argot periodístico) de presidencia nunca antes reporteada de esta manera.

Varios grupos de poder apuestan al periódico Reforma como su medio de comunicación. ¿Cuándo este periódico se fijaría o publicaría en su portada a un defensor del territorio, un familiar de víctimas o una feminista gaseada? Para acusar AMLO, lo hacen frecuentemente. ¿Cuándo antes se iba a ver una agenda de portadas nacionales plural? No durante el priismo y el panismo.

El presidente y su equipo de comunicación se quieren colgar la medalla de la “libertad de expresión y la democracia”. Le apostaron a querer orientar la opinión pública desde la mañanera con la sobre exposición del presidente en medios digitales en combinación con las redes sociodigitales (tema del apartado 2). Demeritaron lo que pasaba en los periódicos. Les recortaron la publicidad al mínimo.

Se reunieron con los dueños y editores de cada uno. Y se dieron cuenta que no podían hacer caso omiso de esas publicaciones.

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Las matrices de análisis y opinión se exponen desde los periódicos impresos. Eso no cambia en los hábitos de consumo de información.

Y como tal, los poderes detrás de los grandes cabezales se han vuelto más que evidentes. Se asoman grandes intereses de poderosos políticos o cúpulas empresariales (tema que abordo en el apartado 3).

El gobierno se dio cuenta que tiene dificultades para dictar la agenda sólo desde la conferencia matutina. No puede contener a la prensa escrita. Y sin embargo, el espacio está abierto para que youtubers, periodistas o personajes le hagan preguntas al presidente. (O con distintos funcionarios de la administración en una serie de conferencias vespertinas que dan sobre programas sociales, economía y salud) 2- Sobreexposición Hoy vivimos en la era de la sobreexposición a la información.

Es más que una era de la información, o de la desinformación o de la posverdad. Vivimos todo el tiempo expuestos a la comunicación por medios digitales. Todo el tiempo. Medios digitales que no son neutros. Repito. No hay neutralidad en las redes sociodigitales y están direccionadas a los algoritmos e intereses económicos de los empresarios creadores y asociados (corporaciones o gobiernos).

(Para comprender esto recomiendo ver el documental ‘El dilema de las redes sociales).

Esta sobreexposición sumergió a las personas. No se dieron cuenta. Esto generó el analfabetismo mediático informacional. Las personas son incapaces de distinguir si lo que ven es verdad, si es mentira, qué postura ética tiene la información que consumen.

No pueden tener una visión crítica o una distancia de lo que ven y cómo lo vuelven parte de su vida. Así ves activistas de izquierda compartiendo al periódico de la extrema derecha. Así ves a la derecha hablando de temas de los que nunca antes quiso hablar.

Y sin embargo nunca antes nos habíamos podido comunicarnos así.

Y tampoco habíamos tenido la posibilidad de enterarnos de tantas fuentes sobre un mismo hecho. Las personas consumen por igual contenidos generados por las grandes firmas mediáticas, por 29

periodistas de medios de comunicación masiva y de medios independientes y youtubers. En esa ola del maremoto, pocos reconocen a la persona detrás del anzuelo.

Poco habló el presidente de la sustancia de los artículos de opinión para exponer la numeralia en su favor, en su contra o neutral.

Igual las críticas más inteligentes en contra de su gobierno han salido de diarios donde él dice que “lo tratan bien” mientras que las críticas más golpeadoras y vacías vienen de los que repite una y otra vez en su conferencia, el Reforma, por ejemplo.

En su análisis el mandatario omitió la dimensión referencial, o la realidad discursiva creada por el emisor. Dejó de lado la dimensión enunciativa y el posicionamiento de los periódicos. No consideró en su análisis la dimensión estructural de los mensajes de los articulistas. Es un análisis de la comunicación, por decirlo suavemente, pobre.

Esos matices no los detalla el presidente. Estos matices no los distinguen las personas que participan en grupos de güats, féis o jáshtags de tuiter.

3. Derecha Vacía Parece exagerado dedicar un apartado a la derecha vacía, que no ha logrado articular una oposición al gobierno. Que ha tenido en sus disparates y escándalos de cúpulas, su propio reflejo de debilidad.

Los partidos políticos que podrían ser la oposición no terminan de recomponerse ante la podredumbre que les llevó tener el poder.

La oposición más clara que ha tenido el presidente, hablando de poderes, han sido las cúpulas empresariales, el bloque de 10 gobernadores en contra de sus reglas, y la prensa escrita que refleja justo el abanico de poderes opositores.

Estos poderes cuestionarán y golpearán la figura presidencial por cualquier motivo, con discursos fáciles.

Por eso, desde la conferencia mañanera, el presidente se va directo a la yugular a los bloques de opinión construidos desde la revista Nexos y la revista Letras Libres.

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Y si bien, quieren presentar a estas críticas de opositores como resultado exclusivo del recorte en publicidad oficial, en los hechos estas críticas en periódicos expresan, además, la pugna de las cúpulas del poder económico y político.

A esto se suma que el cuadro de escritores que ha impulsado la “Cuarta Transformación” no ha logrado un relato creíble de lo que es este gobierno. Un relato que permee en la opinión pública, y que quede como la Historia con hache mayúscula que el presidente quiere que su gobierno sea recordado.

Óscar Eyraud Adams: guerrero que defendió el agua del pueblo Kumiai Daliri Oropeza - Pié de Página - 26 septiembre, 2020

El jueves pasado, asesinaron al defensor del territorio Óscar Eyraud Adams, kumiai de Tecate, Baja California. Él denunció el despojo de agua de las trasnacionales, y la negativa de Conagua de permitirles un pozo. Buscaba la libre determinación para su pueblo. Óscar Eyraud Adams siempre tenía ganas de aprender. Defendía las codiciadas tierras del pueblo Kumiai en Tecate, Baja California. El nació en la comunidad Juntas de Neji, en un lugar que se llama Rancho los baños. Sus amigos lo recuerdan siempre preocupado por la tierra que cultivaba. Una persona que siempre les expresó orgullo de su cultura y tradiciones.

En el último mes denunció públicamente la corrupción en las concesiones actuales de la Conagua en la región. Con ello evidenció la negativa de la Comisión a permitirles a los habitantes kumiai hacer un pozo que alimente los cultivos de la comunidad. Óscar lo denunció en todos los territorios que pisó: Sin agua, la comunidad Kumiai de Tecate corre el riesgo de desaparecer.

Mostró ante las cámaras de un periódico de circulación nacional la tierra árida en dónde antes había árboles frutales: 31

“Todo esto desapareció por falta de agua; porque no tenemos la suficiente agua, pues. No tenemos un permiso para extracción de agua con un pozo, y quisiéramos que Blanca Jimenez la titular de Conagua nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua. Heineken tiene más de 12 pozos, y el acuífero está sobreexplotado”.

El pueblo Kumiai carece de agua para su siembra. Óscar participó recientemente en reuniones asamblearias y organizativas para la libre determinación del pueblo Kumiai; para defender el agua, ante el constante asalto de las corporaciones. Siempre estaba al pendiente de que vinícolas, extranjeros o “vivillos» locales, como les llamaba, no le quitaran terreno a la comunidad. Él estaba comisionado por su comunidad Kumiai Juntas de Nejí para investigar sobre el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante la amenaza que viven por la falta de agua, indagó sobre los tratados internacionales que les respaldaran. También se acercó a los abogados agrarios del Congreso Nacional Indígena.

“Sin pelos en la lengua”, como lo recuerdan sus amigos, tenía ya más de dos años sumergido en el tema del agua y su escacez en el territorio Kumiai. Se dedicó a denunciar la sobre explotación de los mantos por parte de empresas trasnacionales y el desabasto de agua que sufre su comunidad Kumiai Juntas de Nej. Denunció las omisiones de los gobiernos local, estatal y federal ante el derecho al agua. Así como la falta de interés de las autoridades por las cuestiones de los pueblos indígenas de Baja California.

En ese contexto se enmarca la extracción del agua de la vinícola LA Cetto en el Valle de Guadalupe. Esta empresa se ha apoderado de terrenos en la región Kumiai de manera discrecional.

En los últimos días, estaba formalizando una denuncia social a través de diversos medios por la explotación del agua.

“Oscar siempre andaba duro con la crítica al gobierno farsante, que es bien sabido por todos que el gobierno no deja trabajar más que a los narcos. Y pues con el tema del agua hay muchos intereses 32

de por medio, intereses políticos, transnacionales por las empresas de cerveza, y pues económicos ni se diga”, describe Mauro.

Correoso, como su tierra “Mostraba siempre su inconformidad con el gobierno por el abandono al que tienen sometidos a los integrantes del pueblo Kumiai, a esa situación de olvido que los está llevando a su extinción”, asegura el activista Mauro Cuevas Luna. Óscar siempre se mostraba orgulloso de ser Kumiai, conocía muy bien las tierras áridas de Tecate, las solía caminar para contemplar los antiguos asentamientos de su pueblo. Constantemente rememoraba a sus antepasados. Hizo varios compromisos con sus amistades de llevarlos a conocer “una que otra rareza Kumiai poco conocida”.

“Se perdía en la sierra”, asegura el activista Adrián Zapata. Él lo recuerda “correoso, igual que el clima de la Baja California”.

El modo en que luchaba por su pueblo era haciéndolo visible.

Exigiendo que se respetaran sus derechos y su existencia, aunque la lengua se esté perdiendo.

“Lo recuerdo siempre preocupado por el futuro de su comunidad, negado al exterminio kumiai”, describe la activista Diana Tlazohkamati.

La lucha por el agua tenía que ver también con la defensa de su propio origen. Óscar era consciente de la relación de su pueblo con el agua, por eso, el activista Adrián Zapata la describe como “literalmente y metafóricamente, una lucha única, pionera, arrojada. Se enfrentó sólo a la peor y más mortal guerra en el mundo, la de la defensa el agua”.

De acuerdo con Diana, su lucha es importante porque buscaba poner en manos de quién realmente sepa utilizarla, el agua para el bien común: el pueblo kumiai.

Reportaje completo en el siguiente enlace: https://piedepagina.mx/oscar-eyraud-adams-guerrero-que-defendioel-agua-del-pueblo-kumiai/ 33

RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 30 de septiembre 2020