CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 3 de abril de 2019
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Comunicado del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Ggobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante nueva simulación de consulta para imponer mega proyectos en el Istmo de Tehuantepec Al pueblo de México A los pueblos del mundo A las Redes de Apoyo al CIG A las Redes de Resistencia y Rebeldía A la Sexta Nacional e Internacional A los medios de comunicación Ante la agenda de despojo y destrucción que los malos gobiernos hacen para imponer lo que allá arriba llaman “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, y que para nosotros los pueblos originarios, es el anuncio de la tragedia que pretenden expandir en los territorios de los pueblos en toda la región del Istmo Los que somos el CNI-CIG rechazamos y desconocemos cualquier simulación que se proponga la imposición de los megaproyectos de muerte, como es la supuesta consulta que pretende realizar los malos gobiernos en diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec los días 30 y 31 de marzo Denunciamos las prácticas corruptas que los malos gobiernos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han estado realizando para buscar dividir, engañar e intimidar a nuestras comunidades, donde ofrecen programas y proyectos a cambio de decir que sí en sus supuestas consultas, como si lo que está en juego no fuera el territorio y los recursos naturales. Los pueblos originarios Binizzá, Ikoot, Chontal, Zoque, Nahua y Popoluca, que habitamos el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz ya dijimos NO a los megaproyectos de muerte, rechazamos la destrucción que quieren llevar a nuestros territorios y que está matando a nuestra madre tierra. 1
Rechazamos la invasión por empresas mineras que quieren destruir los cerros, manantiales ríos y aire, a las empresas eólicas que despojan de nuestras tierras y negocian con el viento. No queremos sus trenes que transportarán la muerte, ni la violencia represiva militar o paramilitar que se jalonea nuestros territorios. Reiteramos que nuestra lucha por proteger a la madre tierra, las comunidades y territorios indígenas no se detendrán por más simulaciones que el mal gobierno capitalista neoliberal pretenda hacer para imponer, con la guerra, los proyectos que apuestan al dinero a costa de la muerte de la naturaleza y de los pueblos originarios. Por el contrario, seguiremos organizándonos en resistencia y rebeldía con las y los de abajo. En consecuencia, llamamos a los colectivos y organizaciones honestas, a las redes de apoyo al Concejo indígena de Gobierno y a la Sexta Nacional e Internacional a permanecer atentos y solidarios ante este nuevo intento de imposición y despojo. Atentamente Marzo de 2019 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Mas un México sin Nosotros Congreso Nacional Indígena Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional
CONSEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS AUTÓNOMAS - COOA EN PIE DE LUCHA Las organizaciones indígenas y campesinas que conformamos el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA): APIIDTT, CINPA, CODEDI, OIDHO y UCIO – EZ, nos vemos obligadas a iniciar una serie de jornadas de lucha en protesta por los graves atropellos del estado contra nuestros pueblos y organizaciones. Las violaciones a nuestros derechos se dan en tres grandes ámbitos: 2
JUSTICIA: A pesar de nuestras múltiples denuncias, movilizaciones y exigencias ante las autoridades correspondientes, no hay sustanciales avances en los casos de los cinco asesinatos contra compañeros de CODEDI y otros tres asesinatos contra compañeros de OIDHO, UCIOEZ y APIIDTT. Existe una total impunidad ante crímenes contra indígenas que defienden sus pueblos. Lo mismo pasa con cientos de feminicidios no esclarecidos en el estado. Los cuerpos policiacos y militares, en lugar de defender a la ciudadanía, participan en ataques armados contra nuestra gente, como fue el caso de los asesinatos mencionados y en el reciente ataque contra pobladores de San Miguel el Puerto. Al mismo tiempo, se utiliza la detención arbitraria y se fabrican órdenes de aprehensión para poder amedrentar a los que siguen teniendo el valor de organizarse, se criminaliza la protesta social y se financian campañas de desprestigio contra el pueblo organizado en los medios de comunicación. El abuso del poder de la policía, el ejército, los partidos políticos y las autoridades estatales es el pan de cada día en todos los ámbitos, como fue el reciente caso de dos compañeros de OIDHO que fueron desaparecidos e incomunicados más de 40 horas por la policía municipal de Oaxaca. En cuanto a justicia social, es evidente la corrupción con recursos públicos, como lo muestra la nula aplicación de fondos destinados para los damnificados del terremoto en el Istmo de Tehuantepec, así como la ausencia de proyectos efectivos y sustentables para el campo oaxaqueño, para solo mencionar algunos. La pobreza en nuestras comunidades y colonias es notoria, el sistema de salud agoniza casi inexistente, y la educación pública está siendo más golpeada que nunca. TERRITORIO: Para los pueblos indígenas, territorio significa el espacio donde vivimos, convivimos, trabajamos la tierra, nos organizamos, nos autogobernamos, utilizamos los bienes comunes con responsabilidad, y donde desarrollamos nuestras culturas, nuestras lenguas y nuestros saberes. Tenemos el derecho inalienable de vivir de esta manera y ejercer la autodeterminación de nuestros pueblos en nuestros territorios. Estos derechos están consagrados en la Constitución Mexicana, en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo de la ONU) y en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos In3
dígenas, de la ONU. Son la garantía formal de nuestra existencia como pueblos. Sin embargo, las políticas del mal llamado “desarrollo” que no es otra cosa que el saqueo y despojo de nuestros bienes a mano de los grandes ricos nacionales y extranjeros, pisotean estos derechos y ponen en riesgo la sobrevivencia de nuestros pueblos. Denunciamos el contubernio de los gobiernos estatal y federal con empresas transnacionales para imponer en Oaxaca una inmensa cantidad de megaproyectos que devastarán el medio ambiente y el tejido social en nuestros territorios: Exigimos la cancelación de todo tipo de proyecto y concesión minera, ya que contaminan- como ha sido el caso en San José el Progreso y en Magdalena Teitipac - el agua, los campos y los bosques esenciales para la vida humana, la flora y la fauna. Solo en la Sierra Sur se han concesionado ilegalmente 120 mil hectáreas a las empresas mineras, y se está amenazando a las autoridades para que permitan la minería. Exigimos la cancelación de proyectos hidroeléctricos como la presa Paso de la Reyna, las presas planeadas para el río Copalita y en la región de la Cañada, entre otros, porque solo producirían electricidad para grandes consorcios transnacionales, además de destruir los ecosistemas regionales. Exigimos respeto a las familias en Resistencia Civil y Pacífica por el Reconocimiento de la Energía Eléctrica como Derecho Humano. Rechazamos contundentemente la Zona Económica Especial y el Megaproyecto Transístmico por sus graves implicaciones para toda una región y toda Oaxaca. De igual manera, no aceptaremos el Tren Maya, porque entrega una región de mayor biodiversidad en México a la voracidad de las empresas transnacionales. No somos “anti-progreso”, somos anti-neoliberales, y exigimos políticas ecológicas y de justicia social para el campo y la ciudad que beneficien a las generaciones futuras y no destruyan los fundamentos de nuestra vida. Miles de científicos de todos los países han declarado que tenemos 12 años para salvar al planeta tierra, y en muchos lados ya se toman medidas, pero los gobiernos en Oaxaca y en México al parecer no están enterados… En lugar de implementar políticas integrales energéticas, agroecológicas y sustentables que nos respeten a los pueblos y estén a la altura del siglo 21, nos quieren acallar y comprar con programas de limosnas de los siglos pasados y sueños modernizadores de los años cincuenta. 4
LIBERTAD: Con la sangre de nuestros antepasados se conquistaron las libertades que actualmente están consagradas en la Constitución Mexicana. Con la sangre de los campesinos y las campesinas que lucharon junto con Emiliano Zapata, se consiguieron logros fundamentales para la vida y existencia de nuestros pueblos. Con siglos de lucha de los Pueblos Indios de Oaxaca, se conquistaron nuestros derechos a nuestras tierras, nuestros territorios, nuestras autonomías municipales, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura política de asambleas y servicios al pueblo, nuestra autodefensa; todos estos forman parte de nuestra libre determinación. Aun así, los mestizos en el poder, y algunas élites indígenas que les hacen el trabajo sucio, no lo han entendido. Se inventan seudo-rituales folclóricos para justificar el remate de nuestros territorios, y nos implementan “consultas” manipuladas para arrancarnos nuestros bienes naturales, que irónicamente las aplica el llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, por hacer uso de nuestras libertades de expresión y de organización, el estado nos manda a matar, encarcelar, golpear, perseguir y reprimir. Criminalizan el movimiento indígena y campesino, el movimiento magisterial, el movimiento feminista, el movimiento ecologista y muchos más. Y ahora, hasta en el nombre de la llamada “Cuarta Transformación” se difama, se ridiculiza, se amedrenta y se reprime la lucha de los pueblos. Les advertimos que nuestros derechos y nuestras libertades no se acaban con ningún gobierno. Ni con el PRIista inepto de Oaxaca, ni con el Morenista autoritario de México. La Libertad no se anula ni se consulta. Se respeta. Es por todo esto que a pesar de nuestro trabajo y nuestras carencias nos hemos trasladado de todas las regiones del estado de Oaxaca para HACER UN LLAMADO A LA RESISTENCIA y EXIGIR lo siguiente: ¡ALTO A LOS ASESINATOS DE LUCHADORES INDÍGENAS! ¡DETENCIÓN DE LOS CULPABLES! ¡BASTA DE CONSULTAS SIMULADAS! ¡RESPETO PLENO A LOS DERECHOS INDÍGENAS! 5
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL! ¡ALTO A LOS CONSTANTES ATAQUES CONTRA CODEDI Y RESPETO A SUS TOPILES COMUNITARIOS! ¡CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS! ¡NO AL PROYECTO TRANSISTMICO! ¡CANCELACIÓN DE TODOS LOS MEGAPROYECTOS QUE PONEN EN PELIGRO A NUESTROS TERRITORIOS! ¡RESPETO A LAS DEMANDAS SOCIALES DE NUESTROS PUEBLOS! ¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DEL CAMPO OAXAQUEÑO! ¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y NUESTROS TERRITORIOS NI UN PASO ATRÁS! CONSEJO DE ORGANIZACIONESOAXAQUEÑA AUTÓNOMAS (COOA) ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT) COORDINADORA INDÍGENA POPULAR AUTÓNOMA (CINPA) COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS (CODEDI) ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA (OIDHO) UNIÓN CAMPESINA INDÍGENA DE OAXACA EMILIANO ZAPATA (UCIO-EZ) Oaxaca de Flores Magón, Abril 2019, Año 100 del Asesinato del General Emiliano Zapata
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No a la simulación de consulta en el Istmo de Tehuantepec Preparatoria Comunitaria José Martí. San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. 31 marzo, 2019
Compañeros y Compañeras: Nos hemos consagrado al cuidado y la defensa de la vida y el territorio, hemos asumido el compromiso con el Congreso Nacional Indígena de Reconstruir desde abajo lo que desde arriba se destruye. Sobre todo, hemos de prevenir que se siga destruyendo lo que por siglos nuestros ancestros cuidaron. Entendemos perfectamente la lógica neoliberal del gobierno actual, lo sabíamos desde que acordamos la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y promovimos el nombramiento de nuestros concejales jóvenes y su integración en el CIG. Sabemos que su demagogia va cubierta del discurso de los pueblos y de personas honestamente comprometidas que ilusamente pretendieron hacer un cambio. Ante la supuesta consulta que el gobierno federal pretende implementar en el Istmo de Tehuantepec para legitimar las ZEE que nos impusieron en la emergencia de los terremotos de septiembre de 2017, hacemos un llamado a nuestros pueblos y comunidades para hacer un cerco y no permitir la consulta, ya que: • • • •
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No es previa, porque el proyecto ya está decretado, No es libre porque es una consulta para legitimar lo ilegitimo y se tiene la presión de los defensores del gobierno actual, No es informada porque no se ha dado la información y 10 días no son suficientes para hacer un estudio de su impacto; No es de buena fe porque debe haber buena disposición, un diálogo equitativo, imparcial, con igualdad de oportunidades de poder influir en la decisión final, y con reconocimiento del otro como interlocutor válido, legítimo y en igualdad de condiciones, lo cual no existe; No es culturalmente adecuada porque nuestros pueblos eligen en asambleas y el gobierno actual no está tomando en cuenta las instituciones representativas de los pueblos y comunidades. 7
“Recomendación General Núm. 27/2016: sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas de la República mexicana”. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 11 de julio de 2016. Las acciones de despojo que el Istmo de Tehuantepec (igual que el resto de los territorios de los pueblos originarios) sufre por parte de las empresas nacionales y transnacionales con el permiso del gobierno federal no son nada nuevo, son la lucha que por siglos hemos resistido. Como Concejales jóvenes, y como escuela preparatoria, hacemos un llamado a las juventudes y las personas que les gusta disfrutar de nuestras montañas, de nuestros ríos, de nuestras playas, de nuestros manantiales, de nuestras fiestas istmeñas a que se unan haciendo un cerco y presionen para que el Gobierno Federal deje de “Concesionar” (vender) lo que por siglos hemos cuidado. Les pedimos que no se dejen llevar por el sueño iluso del desarrollo que nos mata, que se unan a los diversos movimientos que se llevan a cabo en las distintas comunidades, con quienes se organizan contra la minería, contra los parque eólicos, contra las líneas de transmisión, contra la biopiratería, en defensa de los derechos de las mujeres y mucha organizaciones más, hasta lograr que ningún proyecto de lo que comprende las ZEE pueda realizarse. El capataz que el neoliberalismo puso está haciendo su trabajo, hagamos nosotros el nuestro. A quienes desde el extranjero se pueden reunir les pedimos, este 30 y 31 de marzo, su asistencia a las embajadas y consulados en sus países para exigir la cancelación de los teatros montados como consulta y la cancelación de los contratos y concesiones ya pactados sin nuestro consentimiento. En Ixhuatán es momento de hacer Sesión de Cabildo Abierto San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, en el día 21 de Marzo, día del natalicio de Benito Juárez, primer concesionador del istmo. 2019. Nunca más un México sin Nosotros Nunca más un México sin sus jóvenes Ixhuatán Libre de ZEE, libre de minería y libre de Eólicas 8
LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS” 1° de abril del 2019
Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo. En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder. En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos. 9
La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales. En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera. Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía. Un listado que argumenta aún más nuestra postura: •
Las consultas no son previas, sino pre elaboradas
Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en 10
donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”. • Las consultas no son libres, sino forzadas La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no. Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T. •
Las consultas no son informadas, sino manipuladas
El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello. 11
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Las consultas son vinculantes cuando les conviene
Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el “consentimiento vinculante”. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado. Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética. • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción –como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real. Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el esta12
do no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo. Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo. Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas. MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO DE LOS PUEBLOS ¡NO A LAS CONSULTAS! RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
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Lo imperdonable hoy Magdalena Gómez
No me referiré a la promoción de perdones de Estado frente a impunidades de la historia. Para mí fue suficiente observar cómo en 1992 los estados latinoamericanos acudieron a la fiesta del mal llamado encuentro de dos mundos, organizada ni más ni menos que por España. Lo más importante de aquel momento fue la otra fiesta, la de la resistencia por los 500 años, organizada a escala continental por los pueblos, donde el movimiento guerrerense tuvo participación destacada. Dicho esto, ubiquemos lo imperdonable hoy, en tiempos en que los pueblos indígenas están buscando resistir. Hablo de los pueblos, no de las personas que los integran, las cuales pueden recibir los llamados apoyos oficiales, ojalá que con la conciencia de que eso no es un acuerdo de “asamblea” y que por tanto recibirlos no les compromete a abandonar la lucha frente a la amenaza de la continuidad y profundización del despojo en nombre del “desarrollo”, tal como hoy se ha transmutado a la consigna porfirista de “orden y progreso”. Muestra de ello es el ejercicio de consulta realizado el pasado fin de semana a través de la figura de la asamblea regional consultiva, en el contexto del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Fue convocada días antes por el jefe de las zonas económicas especiales y coordinador del proyecto del corredor transoceánico, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la subsecretaria de participación ciudadana de Gobernación. La consulta fue dirigida a las comunidades indígenas de los pueblos binnizá (zapotee), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano. Este ejercicio calificado de inédito por el titular del INPI, lo es por malas razones, a diferencia de los estándares internacionales que dicen respetar, resultó absurdo que se diseñara un protocolo en el cual se definieron la etapa informativa, la deliberativa y la de construcción de acuerdos a realizarse en un solo día y mediante asambleas regionales. Lejos de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en el sentido de respetar las instituciones representativas de los pueblos. Quienes participaron, asumiendo que algunos fueron autoridades, difícilmente realizaron, antes de asistir a los foros regionales, una asamblea en su 14
lugar de origen y la misma les mandató que acudieran, recibieran información, deliberaran y sacaran acuerdos sobre temas que la asamblea municipal o comunal desconocía. Tal situación resulta contraria a los mecanismos y tiempos que utilizan los pueblos para decidir. El proyecto predecidido está basado en el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. Entre las obras de infraestructura considera: modernizar el ferrocarril transístmico del puerto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, realizar infraestructura carretera y de caminos rurales, la construcción de un gasoducto y la implementación de una línea de fibra óptica, preservando, señalan, el cuidado al ambiente y priorizando la inversión pública y nacional. Ante la inminencia del plan de consultas anunciado, se realizó, dos días antes, el foro Vientos del Istmo en Resistencia, y anunciaron su rechazo a las asambleas regionales a través de la que denominaron “consulta exprés”, participaron, además de representantes del pueblo de San Mateo del Mar, lo hicieron los activistas por la tierra en San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Zanatepec y Juchitán, así como la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios, la Asamblea de Pueblos del Istmo y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Dicha postura motivó que el gobierno federal cancelara la asamblea regional prevista en San Mateo del Mar y la trasladara a la ciudad de Salina Cruz. También se sumaron, por su parte, en un comunicado el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En un reconocimiento implícito a la distorsión oficial de los estándares internacionales, se indicó que para aquellos casos en que “sientan” así lo dijo el titular del INPI, “que se vulneran sus derechos, hay la posibilidad de llevar a cabo una consulta específica con la comunidad afectada y se escuchará su voz para no afectar a nadie y sí tener un desarrollo integral e incluyente”. Es evidente que la afectación ya se consumó. Como señaló la CNDH, al solicitar medidas cautelares en respuesta a una queja: se violenta el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas convocados, y afecta su sistema normativo interno la figura de asamblea regional consultiva (comunicado de prensa DGC/118/19). Por ello, 15
pobladores de cinco comunidades indígenas de Oaxaca solicitaron el amparo de la justicia federal, que se conceda con la ley en la mano, sin la retórica oficial, para impedir que forme parte de perdones a futuro.
Reforma educativa y Cuarta Transformación Luis Hernández Navarro
No habrá en Méxicotransformación social profunda al margen del magisterio. Menos aún en contra suya. No habrá Cuarta Transformación (4T) ni una nueva escuela mexicana si se pretende enjaular a los maestros en un régimen laboral de excepción. Tampoco si se pretende mantener el proyecto educativo neoliberal, así sea maquillado. Con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hacía décadas tenía con los trabajadores de la educación. La reforma transformó sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros, de la noche a la mañana, al reino de la inseguridad y la precariedad laboral. El magisterio dejó de ser una profesión de Estado para convertirse en una profesión semiliberal, cuyo desempeño está sujeto al arbitrio de la autoridad. De paso, decretó la práctica extinción del normalismo. La nueva reforma educativa retoma aspectos esenciales de la reforma del Pacto por México. Así lo han reconocido el PRI, el PAN y especialistas educativos del mundo empresarial. Tan es así que votaron entusiasmados en favor del dictamen de la reforma en la sesión conjunta de las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación en la Cámara de Diputados. Como escribió Pablo Hiriat, nada sospechoso de simpatizar con el obradorismo: “La reforma educativa aprobada ayer en comisiones en la Cámara de Diputados es prácticamente igual a la que promulgó en febrero de 2013 el presidente Peña Nieto, luego del Pacto por México entre todos los partidos”. Es falso que el rechazo de los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al dictamen de los diputados sea por el control de las plazas. La coordinadora ha 16
señalado una y otra vez, en cuanto foro y negociación ha participado, que no quiere que el sindicato controle las plazas. Pese a ello, políticos y expertos educativos ligados al mundo empresarial reiteran la calumnia. De hecho, como recuerda el investigador Aldo Muñoz, “ni antes ni después de la federalización de 1992 se entregaban al Comité Nacional del SNTE 50 por ciento de las plazas más bajas que se estipula en el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”. Lo que el magisterio democrático demanda es no ser confinado a un régimen laboral de excepción, que trata las garantías laborales del magisterio como derechos de segunda. Juzga inadmisible que el ingreso, promoción y reconocimiento sean temas administrativos bajo el control gubernamental, al margen de cualquier bilateralidad. Ni en el artículo tercero, ni en algún transitorio. Tampoco admite que, aunque se reconozca en un transitorio que, salvo el ingreso, la promoción y el reconocimiento, las relaciones laborales se regulen por el apartado B del 123 constitucional. Por una razón elemental: para efectos de ley superior, un transitorio no está por encima de la ley madre. Formalmente, la reforma educativa de la 4T declara que busca robustecer al normalismo. No lo hace. El texto dice: “El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley”. Los diputados mocharon la propuesta presidencial original que establecía el dar atención prioritaria a estas instituciones. Fortalecer realmente el normalismo implica varias cosas, no contempladas en el dictamen: dar plazas a los egresados de las normales públicas al terminar sus estudios; que los egresados de estas instituciones tengan primacía para ocupar una plaza de trabajo sobre los que vienen de otros centros educativos; libertad académica y autonomía real. El normalismo es una profesión de Estado, surgida de la obligación de éste de impartir educación. Es la vía de formación de los profesionales que se requieren para cumplir con el ordenamiento constitucional en la materia. Los normalistas son evaluados por las autoridades educativas al ingresar a la normal, mientras están en ella y para recibirse, obtener su título y su cédula profesional. Los planes de estudios que cursan son fijados por el Estado. 17
Es absurdo que, en lugar de seguir la ruta que durante muchos años se siguió exitosamente, no obtengan su plaza y comiencen inmediatamente a trabajar al recibir su cédula profesional. Y que deban concursar por un trabajo compitiendo con profesionistas que no poseen los estudios para enseñar a niños y jóvenes. Es como si los cadetes del Heroico Colegio Militar, al terminar sus estudios, en lugar de ingresar directamente al servicio con un grado, tuvieran que presentar un nuevo examen, junto a profesionistas que no cursaron la carrera de las armas. Las plazas de los normalistas de nuevo ingreso del sistema público no son administradas por el sindicato. No es el SNTE el que se las da. Es la autoridad educativa quien las asigna directamente a los egresados. Porque se necesitan sus servicios y porque demostraron, a lo largo de toda la carrera, que están capacitados para ser maestros. Con la nueva reforma es imposible que se establezca pacto alguno entre los maestros y el Estado. O que se haga realidad una nueva escuela mexicana. Por el contrario, tal y como sucedió en el sexenio pasado, en el que los legisladores del PRI asumían que “todo estaba bajo control” y se enfrentaron a oleadas intermitentes de descontento magisterial, lo que veremos es un desencuentro permanente entre los trabajadores de la educación y la 4T. Twitter: @lhan55
¡Abrogación sí, simulación no! Pedro Hernández Morales*
La iniciativa que envió elpresidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de diciembre de 2018 al Congreso fue modificada en el proyecto de decreto aprobado por las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales el 27 de marzo de 2019, como producto de la negociación con los partidos del pacto reditado (PRI, PAN, PRD, MC) para alcanzar los votos necesarios para su aprobación; así, una minoría le impone su visión e intereses a una supuesta mayoría legislativa (Morena). La intención es devolverle a los que perdieron las elecciones el primero de julio de 2018 un “nuevo acuerdo educativo” que significa que la reforma educativa neoliberal de 2013 es reditada, maquillada y con pilón. Esta reforma da continuidad al proyecto educativo neoliberal de la derecha reforzado nuevamente por la intervención de los 18
empresarios y sus organismos (Mexicanos Primero) y la excelente relación del titular de la SEP con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El proyecto de decreto con la que se pretende reformar los artículos, tercero, 31 y 73 constitucionales, no resuelve la abrogación de la reforma educativa vigente, mantiene en esencia la contrarreforma de Peña Nieto, aun cuando sustituye el concepto de calidad por el de excelencia, sigue en la lógica empresarial del “máximo logro de aprendizaje de los educandos”. En el dictamen, se elimina el objetivo central de la iniciativa de AMLO: el bienestar de las personas, además de omitir que la educación busca el pleno desarrollo de sus potencialidades. Se desdibuja la proclamada gratuidad pues no obliga al Estado a distribuir los recursos de manera equitativa, es decir aportando más donde se requiere. Tampoco señala la necesidad de destinar 12 por ciento del PIB a educación como recomienda la Unesco. Significa una pérdida, una regresión sustancial en los derechos de los maestros y jóvenes. El derecho a la educación superior se reduce porque queda sujeto a que se cumpla con los requisitos dispuestos por las instituciones, es decir continuará el examen de selección como requisito para el ingreso. Si bien apunta que “el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales” no define las políticas de financiamiento y autonomía necesarios para su fortalecimiento, a sus egresados les sigue imponiendo un examen de selección para el ingreso a la docencia; el Estado forma a sus maestros, pero no los contrata. Aunque AMLO manifestó en campaña que la reforma de 2013 era en realidad laboral, ahora se insiste en colocar en un régimen laboral de excepción a los docentes, anotando en el 16 transitorio que “los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional apartado B” pero, que “la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de Maestros”, dejando abierta la puerta para 19
que en una ley secundaria se decidan temas que vayan contra los derechos laborales básicos. A los docentes se les reconoce sólo como “agentes fundamentales del proceso educativo” y no como profesionales de la educación con plenos derechos y se acentúan los procesos administrativos para la admisión, promoción y su reconocimiento. Con el argumento del interés superior de los niños y jóvenes, en el acceso y permanencia en los servicios educativos se vulneran los derechos de los trabajadores de la educación. Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo sustituye un nuevo “organismo público, descentralizado, con autonomía técnica” que retoma toda su estructura, mantiene la idea de un espacio privado al que se otorgan funciones estratégicas como la de emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, la mejora de las escuelas y establecer los criterios para avalar qué instancias privadas entran al negocio de la certificación; cuando esas funciones y responsabilidades son facultades de la SEP. El tercero constitucional debe ser un artículo esencialmente filosófico, educativo y pedagógico, que constituye el proyecto educativo de una nación que aspira a una plena independencia. Por tanto, el artículo tercero a reformar no debe significar un régimen de excepción laboral como lo plantea al definir el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Para abrogar verdaderamente la reforma educativa es necesario derogar en su totalidad las modificaciones al tercero y 73 constitucional que los partidos del Pacto por México aprobaron en 2013, así como cancelar sus programas, modelos, acciones, presupuestos, normas, instituciones y prácticas vigentes en el Sistema Educativo Nacional. En lo inmediato, como señaló el 2 de febrero de 2019, la CNTE en su posicionamiento ante la iniciativa, deben “resarcir todos los daños ocasionados por la implementación de la reforma educativa: abrogación… reinstalación de los docentes cesados, suspensión inmediata de los procesos de evaluación punitiva, se garantice la plaza automática a los egresados de las escuelas normales, sea detenida la aplicación del nuevo modelo educativo, por una educación con pertinencia cultural 20
y verdadera participación de los trabajadores de la educación en su construcción, dar solución a las demandas económicas y salariales no resueltas, además de la libertad de todos los presos políticos, cancelación de todo proceso jurídico, penal, laboral y administrativo derivado de la implementación de las reformas estructurales”. *Profesor normalista Sección 9 CNTE
El dolor por los hijos muertos en Chile Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo
Un taxista cualquiera en una calle cualquiera de Santiago previene sobre la noche del 29 de marzo: “Habrá violencia. Cada año es lo mismo. No salga”. Es el Día del Joven Combatiente y un día antes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile se presentan Luisa y Manuel con sus 80 años a cuestas y sus tres hijos asesinados durante la dictadura, dos de ellos, Rafael y Eduardo, un día como hoy de 1985. Pablo, el tercero, cayó en los años siguientes dinamitado. Ana, la menor de los hijos y la única mujer, sobrevivió, pero hoy su hija está presa. Rafael y Eduardo, de 18 y 20 años de edad, cayeron en la Villa Francia, en Estación Central, población marginal y combativa de la periferia de Santiago, donde los jóvenes protegían a la población para evitar que entrara la policía del dictador. El relato de sus padres interpela a la juventud de ahora. Por su muerte se conmemora el Día del Joven Combatiente. Se trata, dicen, de recuperar la memoria en sentido contrario a la historia oficial, desde las poblaciones. Ése es el espíritu. Salen a las calles, cortan la circulación, ponen en la mesa sus actuales reivindicaciones. Y espantan a una sociedad que los niega. Por eso el comentario del taxista. Doña Luisa habla con los jóvenes como si estuviera frente a sus hijos. Los conmina a rebelarse, a dejar el teléfono celular que los aleja de la realidad, a ensuciarse los pies en el campo, a reivindicar en la calle sus derechos. Manuel se dice viejo, pero tiene la energía de cualquiera de su joven público, a quien invita a no confiar en los políticos, a organizarse desde abajo, a resistir a las mañas del capitalismo que los hace actuar individualmente y olvidarse del colectivo. 21
Una vida de lucha en dictadura que se extiende a la actualidad. Luisa y Manuel cargan más de 30 años de dolor a cuestas, pero no paran. Se organizan con los pobladores de Villa Francia y actualmente buscan películas para pasar en el nuevo ciclo de cine que organizan. La austeridad de su vida, la ética y la congruencia son las enseñanzas para quienes año con año los acompañan. www.desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Estados mafiosos y poder político Raúl Zibechi
Ante nuestros ojos podemos observar cómo los Estados-nación se van deslizando hacia instituciones controladas por grupos paramilitares, mafias policiales y narcotraficantes. Lo que antes parecía una excepción, acotada a situaciones casi extremas, ahora se está convirtiendo en norma, a medida que el Estado ya no es aquella institución capaz de controlar territorios y asegurar el monopolio de la violencia legítima, como sostuvo Max Weber. La crisis de los estados va de la mano con el crecimiento de grupos que ocupan los espacios que en otros tiempos fueron controlados por aquellas instituciones. El sociólogo brasileño José Claudio Alves, especialista en las periferias urbanas, asegura que las “milicias” de Río de Janeiro controlan la adjudicación de las áreas donde los migrantes del nordeste pueden comprar terrenos y construir sus viviendas, gracias a “informaciones privilegiadas obtenidas dentro del Estado” (goo.gl/KSQY5G). “Me impresiona mucho el poder que tienen estos grupos y la fragilidad de la justicia frente a ese poder”, sostiene Alves. Está haciendo referencia a un poder territorial que tiene su propio brazo político, anclado en las bancadas de la ultraderecha y partidos con una lógica fundamentalista religiosa, en el caso de Brasil. Como sucedió con Marielle Franco, concejala negra y lesbiana asesinada hace un año, se asiste a un aumento de las ejecuciones sumarias ante la nula respuesta estatal. No se están registrando ni homicidios ni desapariciones, por lo menos en Río, porque el miedo es más poderoso que la voluntad de denunciar. 22
Estamos ante la pérdida de derechos y la situación va empeorando, en toda la región latinoamericana. “Cinco décadas de grupos de exterminio han elevado hasta 75 por ciento la votación para Bolsonaro y la extrema derecha en la Baixada Fluminense”, la región carioca más violenta del estado, según Alves. La violencia actual fue construida durante la dictadura y profundizada en democracia. Las milicias van cambiando. Ahora detectan dónde se está moviendo el capital (grandes obras de infraestructura, como parte del modelo extractivo), y controlan de forma violenta el acceso al empleo que esas obras generan, de modo que cobran “impuestos” a las personas que quieren trabajar en las empresas, ya sean privadas o estatales. Los empleados deben entregar parte de sus salarios a los paramilitares. Esto lo he visto en Medellín, en Río de Janeiro y cada vez en más ciudades de América Latina, ya sea bajo gobiernos conservadores o progresistas, porque estamos ante una mutación estructural de esa relación que llamamos Estado. “Otra novedad es la milicia marítima”, sigue Alves. Aborda a los pescadores en el mar, les pide licencia de pesca y exige dinero para que sigan haciendo su trabajo de sobrevivencia. “Controlan incluso el acceso a los servicios médicos de los hospitales de Río”, cobrando tasas y negando el ingreso a quien no paga. Conclusión: “La relación de las milicias con el Estado es determinante para que se transformaran en una estructura de poder absoluta, amplia, autoritaria, potente y creciente en Río de Janeiro”. Actúan de forma legal, con acceso a informaciones económicas que consiguen del Estado mediante aliados; pero también ilegal: asesinan, torturan y desaparecen. “Salimos de la dictadura oficial, para la dictadura de los grupos de exterminio y las milicias”, apunta Alves, para quien nunca existió un fin de la dictadura. Ante esta deriva creo que podemos hacer dos reflexiones. La primera es que la crisis de los estados es el aspecto determinante que lleva a la creación de poderes como las milicias, paraestatales que no antiestatales. Este es el cambio estructural en relación con las instituciones; algo que he visto días atrás en Barcelona, donde el poder municipal no pudo detener la represión policial a los inmigrantes. Este poder creció incluso bajo Lula o los Kirchner, no por culpa de ellos 23
sino porque estamos ante un proceso global, irreversible por ahora. La segunda se relaciona con nuestras estrategias. Incrustarse en el Estado, ocupar el Estado o tomarlo, o como se llame a ese proceso consistente en ganar elecciones y administrar lo existente, tenía sentido cuando los Estados-nación encarnaban una configuración mínimamente democrática. Ahora puede ser muy peligrosa, porque nos paraliza ante enemigos que desbordan cualquier control institucional y nos hace cómplices de sus desmanes. El historiador Emilio Gentile señala que la novedad de la ultraderecha actual consiste en “el peligro de que la democracia se convierta en una forma de represión con consentimiento popular”(goo.gl/5v37eS ). Una fachada electoral que encubre la falta de democracia es un mal asunto porque nos entretiene mientras desarma los poderes propios, que son los únicos que nos pueden permitir enfrentar y superar esta fase del capitalismo extractivo que depreda los bienes comunes, desarticula los estados-nación y arremete contra los pueblos del color de la tierra.
El neoliberalismo y la 4T
Javier Sicilia - Proceso, 31 Marzo, 2019 La palabra “neoliberalismo”, una palabra recurrente en el discurso de la 4T, ha perdido como tantas otras sus contornos. Es, diría Iván Illich, una palabra “amiba”, que lo mismo sirve para referirse a la derecha que a las empresas privadas; lo mismo para señalar al liberalismo que al conservadurismo –en su acepción de reaccionario–. En los discursos de la 4T parece referirse a otras cosas más: a las organizaciones de la sociedad civil, incluso a los académicos. Sospecho, sin embargo, que en el fondo de esta amibiasis lingüística lo que la 4T entiende por “neoliberalismo” no sólo es la idea del liberalismo económico clásico que resume la famosa frase de Adam Smith: Laisser faire, laisser passer –el libre movimiento de la economía de mercado sin regulaciones del Estado. Parece extenderlo también a todo lo que escapa a la tutela del Estado, en materia de independencia económica y sin distinción alguna. 24
Esta manera de entenderlo hace que la 4T caiga en constantes y graves contradicciones inherentes, por lo demás, a cualquier amibiasis lingüística. Así, como la 4T es consciente de los desastres que ha traído el neoliberalismo, no lo es de sus fundamentos, que ella quiere preservar y que son la sustancia tanto del liberalismo económico como del neoliberalismo nacido en los años treinta del siglo XX: el Progreso o, como se renombró, el Desarrollo, que llevará el bienestar material para todos y que es inseparable del capital, el industrialismo, la producción, el salario y el consumo o, en otras palabras, que es inseparable de la transformación del valor de uso en valor de cambio, es decir, en mercancía. Creer que el Desarrollo regido por el Estado y no por la libertad de las empresas privadas terminará con el neoliberalismo, es un grave equívoco. No es el capital privado, sin intervención del Estado, el que hace al neoliberalismo. Es la noción de Desarrollo la que lo crea y lo sostiene. Al remplazar el valor de uso (que los pueblos indígenas llaman sabiamente Pachamama) por mercancías, destruye las producciones autónomas –basadas en economías de subsistencia, es decir limitadas, proporcionales y basadas en otros saberes– sustituyéndolas por formas de producción y de consumo industriales, estandarizadas e ilimitadas que, como vemos todos los días, cada vez alcanzan para menos y nos sumen en formas descomunales de violencias humanas y ambientales. Por eso, la 4T, utilizando otras amibas lingüísticas, acusa, como lo hacen abiertamente los neoliberales, a los pueblos indígenas no colonizados por la noción de Desarrollo, de “radicales conservadores de izquierda” y los atropella con proyectos que están en la raíz del mismo neoliberalismo; por eso abomina de cualquier proyecto que no esté regulado por el Estado, se base o no en la idea de Desarrollo. Por eso, en lugar de generar procesos productivos no industriales, sino autónomos y limitados, prefiere generar políticas asistencialistas para aquellos a los que el Desarrollo no alcanza ni alcanzará jamás. La sustancia neoliberal de la 4T estaba ya plasmada en lo que los muralistas representaron teatralmente antes de que los expertos definieran las etapas del Desarrollo. El hombre del Progreso, del Desarrollo, el hombre nuevo, salido del atraso premoderno, es el hombre en overol detrás de su máquina o en bata blanca inclinado detrás de su microscopio. Perfora túneles en las montañas, hace funcionar las altas chimeneas de las fábricas. Las mujeres lo dan a luz, lo amamantan, lo educan. 25
En un claro contraste con los modos de producción de las economías autónomas del mundo indígena, que han resurgido con el movimiento indígena, o de otras organizaciones autónomas con distintas alternativas económicas y productivas, “los murales de Rivera y de Orozco – dice Iván Illich– evocan la labor industrial como la única fuente de los bienes necesarios para la existencia y, eventualmente, para la felicidad”. Pero este ideal hace tiempo que colapsó. Casi 100 años después de haberse impuesto al país a través del Estado y en recientes fechas a través de la libre empresa, nos ha llevado al desastre y a la crisis en la que nos encontramos. Esa es la contradicción de la 4T: querer poner un coto a las atrocidades del neoliberalismo, pero manteniendo la raíz que las genera. La única manera de salir de la lógica neoliberal, que ha invadido todo, es el fortalecimiento de las autonomías y la recuperación del valor de uso que limite las producciones irracionales del Desarrollo. No se trata de volver a épocas pasadas, sino de apoyar la creatividad de los ámbitos comunitarios y sus formas de vida no mediadas por el salario, la producción y el consumo irracional de la economía estandarizada del Desarrollo. Creer, como sugiere la 4T, que volviendo de alguna forma al pasado exaltado por los muralistas se pondrá fin al arrasamiento neoliberal, es confundir la luna con el dedo que la señala y hacer más profundo el desastre. Tal vez la contradicción se encuentra en sus orígenes: transformación y regeneración. No se trata de cambiar de forma; tampoco de poner en buen estado lo deteriorado. No se puede ni transformar ni regenerar lo que nació de la locura de la ambición y que ya mostró sus consecuencias. Se trata de refundar, y para hacerlo es necesario ir a la raíz del problema y escuchar lo que emerge de lo mejor de las tradiciones negadas por la locura del Desarrollo. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE. 26
La Conquista de México 1519-1521 Enrique Dussel
En 1992 se debatió la problemática de la invasión del Amerindia (denominada eurocéntricamente el descubrimiento de América) a 500 años de 1492. Sería bueno que en estos dos años (2019-2021) rememoremos la problemática todavía actual por sus efectos de la sangrienta conquista de las grandes culturas de Mesoamérica (la azteca, maya, zapoteca, otomí, etcétera) que fue un genocidio de significación mundial, porque aquí se produjo el choque y la dominación violenta del extremo occidente de Eurasia (España) sobre las culturas del extremo oriente del Asia (ya que nuestros pueblo originarios posiblemente llegaron procedentes del Asia oriental por el estrecho de Bering). Ciertamente España (por su ocupación militar) y Roma (por la organización de la Cristiandad de las Indias occidentales) son autoras y cómplices de un genocidio. En efecto, no bien conocidas las Islas del Mar Océano al occidente del recién descubierto Océano Atlántico, el Papa concede a los reyes de España por la bula Inter caetera del 3 de mayo de 1493 las tierras recién descubiertas con la obligación de evangelizar a sus habitantes. Aquí se encuentra ya el primer motivo que justifica pedir perdón a los pueblos originarios por parte del Papa. El mismo Bartolomé de las Casas se preguntaba qué: ¿con qué derecho el Papado otorgaba o donaba al rey de España tierras y pueblos sobre los que no tenía ningún conocimiento, posesión o dominio? Bartolomé le negaba al Papa este derecho, que además lo hacía cómplice del crimen injusto y genocida de la conquista, con sus matanzas y por la horrible servidumbre a la que habían reducido a los pueblos originarios del continente. Y, con respecto a España y Portugal, y muy especialmente sus reyes y al Consejo de Indias, fueron responsables de la ferocidad, violencia, sangrientos enfrentamientos con armas desconocidas para los indígenas (tales como los cañones, ballestas, caballos, etcétera), y todo tipo de vejámenes que se cumplieron. Valgan unas citas de cartas que tuve en mis manos en el Archivo de Indias de Sevilla, enviadas al rey mostrando la situación: Mucha de la plata que de acá se saca y va a esos Reynos, se beneficia con la sangre de 27
os indios y va envuelta en sus cueros (Carta del obispo mechoacano Don Juan de Medina y Rincón del 13 de octubre de 1583; AGI, México 374). Y otro: Avra quatro años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió un aboca del infierno por la qual entra cada año gran cantidad de gente, que la cobdicia de los españoles sacrifica a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí (Carta del obispo Domingo de Santo Tomás, del 1 de julio de 1550; AGI, Charcas 313) . Quien ignore la violencia e injusticia de la conquista de Latinoamérica, y muy especialmente de México, lo mínimo que puede decirse que es un ignorante, y que al no tener mala conciencia de un verdadero crimen se hace hoy culpable de ese mismo crimen, aunque sea, y en mayor medida, el rey de España. He leído miles de Reales Cédulas en las que los reyes españoles estampaban un gran firma y que decía: YO EL REY, sin mayor indicación (había que averiguar por la fecha del documento el nombre del personaje). Los conocidos historiadores demógrafos, Cook-Borah y Simpson dan para México una población de 11 millones de habitantes en 1519, que decreció en 1607 a los 2 millones de indígenas. Claro es que hubo enfermedades contra las cuales la población indígenas no estaba protegida, pero las matanzas en las guerras narradas por el Chalan Balam, el mal trato en la mita, la encomienda y las haciendas e ingenios, y el trabajo doméstico de las mujeres indígenas en las casas de los blancos (que se quedan amancebadas obligándolas a dejar a sus maridos para ser vejadas por los españoles y criollos), el cambio de territorio agrícola de los más fecundos a los desiertos estériles (lo que produjo hambrunas mortales como entre los tarahumaras) significará una crisis demográfica gigantesca. Todo esto nos sugiere que es muy conveniente en México comenzar a tener presente, día a día, el 500 aniversario de la horrenda Conquista de México. Hay fechas emblemáticas: el 18 de febrero hace 500 años Hernán Cortés salía de La Habana con 600 hombres, 16 caballos, 10 cañones, 32 ballestas. El próximo 22 de abril hace 500 años que desembarcó en Veracruz; estando ya asentado en México Tenochtitlán vence el 30 de junio a Pánfilo Narváez. El próximo año, el 30 de junio se cumplirán los 500 años de los comienzos del asedio de México con el auxilio de los tlaxcaltecas y otros pueblos dominados por los aztecas. 28
El 13 de agosto de 1521 tomarán y destruirán Tenochtitlán hace 500 años. Deben ser fechas recordadas y estudiadas día a día para tomar conciencia de que fuimos colonia, y después no hemos dejado de ser neocolonias del que no se tiene autoconciencia por el eurocentrismo cultural de nuestros criollos (los mexicanos blanco americanos hijos de españoles que quedan después en el poder hasta el presente). La plena descolonización política, económica y cultural es necesaria en el futuro después de 500 años de la Conquista. Debe ser un propósito de la Cuarta Transformación. ¡Es tiempo ya que el rey de España y el Papa romano pidan perdón, no sólo por medio de palabras sino por actos objetivos, a los pueblos originarios por el crimen de la Conquista! ¡Pero también que pidamos perdón los criollos mexicanos, los blancos y principalmente los racistas a los pueblos originarios cumpliendo con los acuerdos de San Andrés y dando plena autonomía a los nobles y cultos herederos de las altas culturas milenarias mesoamericanas!
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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 3 de abril de 2019