CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 3 de julio de 2019
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Qué hacer
Gustavo Esteva - La Jornada - 1º de julio de 2019 Hemos de hacernos, una y otra vez, la vieja pregunta de Lenin: qué hacer. La mentalidad dominante parece incapaz de salir del callejón en que nos metió. No puede siquiera imaginar que existe salida. El “libre comercio” es buen ejemplo. Pocas cosas han sido más destructivas para el país que el tratado de libre comercio. Desmanteló nuestra planta productiva, causó la emigración forzada de 20 millones de mexicanos y nos dejó en la miseria dependiente actual. Sólo unos cuantos se beneficiaron. En vez de emprender el arduo camino de reconstrucción el nuevo gobierno se aferra a otro tratado, que será aún peor. Y las autoridades entraron en pánico ante la amenaza de aranceles que hubieran sido un paso hacia la salida para romper nuestra dependencia actual. No parece posible que los gobiernos descubran el camino alternativo y su margen de maniobra es muy reducido. Tenemos que tomar el asunto en nuestras manos. Al preguntársele cómo cambiar la sociedad, en los años 80, Iván Illich respondió: “Ni la revolución ni la reforma pueden a final de cuentas cambiar una sociedad. Se requiere más bien una nueva historia poderosa, una historia capaz de barrer los viejos mitos y convertirse en la historia preferida, una historia tan incluyente que arme en un todo coherente todos los fragmentos del pasado y del presente, una historia que arroje alguna luz sobre el futuro para que podamos dar el siguiente paso adelante. Si se quiere cambiar la sociedad, es necesario contar una historia alternativa”. Ni la Reforma ni la Revolución cambiaron suficientemente la sociedad mexicana. Mantuvieron el régimen despótico creado desde la Independencia, que a lo largo de 200 años ha operado en la forma de una dictadura abierta o con diversas fachadas democráticas. Ha llegado la hora de ponerle fin. Por eso necesitamos cambiar la manera de cambiar. Lo primero, quizás, es atrevernos a enfrentar el lenguaje patriarcal en que hemos sido formateados. Según las palabras que usamos, así 1
experimentamos el mundo. Y nos han dado palabras que ofrecen filtros occidentales distorsionados y patriarcales. Como el fondo del asunto está en el sistema de mando y control reinante, debemos desmantelar toda jerarquía en nuestros espacios, organizaciones y actividades, disolviendo así el corazón mismo del régimen patriarcal. No cabe ya colgar esperanzas o iniciativas de una vanguardia iluminada o de un líder carismático. El control de los aparatos estatales no ha sido camino al cambio. No lo es una “democracia” que es sólo pantalla de un régimen despótico, racista y sexista, desde su diseño original y hasta hoy. Necesitamos reconstruir la sociedad desde su base y forjar una nueva historia, dejando atrás los mitos asociados con el horizonte político del Estado-nación, la “patria”, y la “sociedad en conjunto”. Debemos renunciar al futuro, por el carácter ilusorio de las tierras prometidas, y empacar en el presente tanto pasado y futuro como podamos. En vez de la promoción leninista de nuevos caminos, suponiendo que la gente está paralizada o se mueve en dirección equivocada, debemos apelar al contagio y la conmoción: se trata de movemos junto con el otro, la otra, para descubrir juntos el camino. Hemos de recobrar sentido de la proporción. El hombre industrial fracasó en su pretensión de ser dios. La lucha social ha de concebirse desde la dimensión de los mortales ordinarios que somos. Podremos recuperar nuestra agencia autónoma al actuar a nuestra escala, en vez de pretender que podemos ver el mundo desde arriba, desde el Estado, como si estuviéramos ahí o aún más alto. La política y la ética deben regresar al centro de la organización social, desplazando de ahí a la economía, para concentrarnos en el cuidado de la vida y enfrentar radicalmente la política de muerte dominante. Hace falta decir no al desarrollo, en cualquiera de sus formas, con cualquiera de sus adjetivos o pretextos. No queremos ser como los desarrollados. Debemos recuperar la noción de suficiencia, la idea de tener sólo lo suficiente para vivir bien. Alabandonar la compulsión a tener siempre más, con base en la premisa de la escasez que funda la sociedad económica, ésta también será disuelta. 2
La nueva sociedad ha de fincarse en la amistad, no en el lucro o la ideología. No somos individuos, esa construcción en la que se nos ha formateado y liquida nuestra condición humana. Tampoco somos masas, en las cuales se potencia la inhumanidad de la condición individual. Somos personas singulares, nudos de redes de relaciones reales y concretas que están inmersas en entramados comunitarios que forman las células de la nueva sociedad. En esos entramados no sólo están seres humanos; se encuentran también todos los que forman la Madre Tierra que somos. Paso a paso puede así concebirse, contarse y realizarse la nueva historia, la historia de la sociedad nueva que nació en las entrañas de la antigua y la empieza a dejar atrás, con todo su horror. gustavoesteva@gmail.com
Kana’antik k-lu’umo’ob: El horizonte Maya
Francisco López Bárcenas / La Jornada / 27 de junio de 2019 El 21 de junio es un día muy importante para los mayas de la península mexicana. Es la fecha en que comienza el Saq’ Q’ij, conocido como solsticio de verano entre la población mestiza, época que denota días claros, luminosos y resplandecientes, cuando el padre sol detiene su viaje para anunciar el N’imla’j, el día más largo del año. Entre los mayas el suceso es motivo de grandes ceremonias y fiestas para agradecer al Dios Sol todos los bienes que ha dado, pero sobre todo para que los pueblos se alineen con los astros y la energía que irradian y el equilibrio del mundo pueda continuar. Tal vez por eso, dicen los mayas de la península, el pasado 21 de junio tres hechos distintos convergieron en ahí en torno a un asunto del cual depende su futuro: la construcción del Tren Maya. Uno de esos eventos fue protagonizado por el Presidente, que en una gira por la península visitó los tres estados que la integran prometiendo obras y entregando recursos fiscales a los beneficiarios de sus programas sociales. Inició el 21 de junio por Yucatán y terminó dos días después en Quintana Roo, justo los tres días sobre los que se mueve el Saq’ Q’ij maya. En Yucatán participó en una reunión convocada para informar al público de los beneficios que tendrá la 3
construcción del Tren Maya, sólo de sus beneficios, nada sobre sus impactos negativos. Ese día 18 organizaciones productivas, culturales, ejidales y diversos colectivos hicieron público un manifiesto producto de dos días de liberación en la ciudad de Mérida, para analizar la política del gobierno de la Cuarta Transformación. En sus conclusiones, entre otras cosas anotaron: “Oleadas de promesas de cambio fluyen en los caminos de nuestros pueblos, en nuestras asambleas y nuestras familias; historias que hablan de un futuro luminoso, de la llegada del desarrollo y los beneficios para nuestras comunidades con el Tren Maya. La tierra de los pueblos mayas en la península de Yucatán está siendo, más que nunca, ofrecida y subastada al mejor postor, aquel quien engaña a nuestra gente y viola y desmiembra nuestros territorios con el afán de crecer sus capitales. La agroindustria, el turismo masivo, los megaproyectos solares y eólicos y los desarrollos inmobiliarios crecen de manera descomunal, recrudeciéndose el despojo y devorando insaciablemente la vida, nuestra vida. De esta manera se conduce por manos ajenas el proyecto de “reordenamiento integral”de nuestra Madre Tierra, que busca cambiarle el rostro a la península de Yucatán y a sus habitantes mayas, aún poseedores legítimos y legales de la tierra que nos fue reconocida gracias a la lucha de nuestros antepasados”. Otro grupo de mayas se reunió el 21 de junio en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo. Kana’antik k-lu’umo’ob, fue el lema bajo el cual dialogaron y según una de las mujeres participantes, significa “preservando nuestro territorio”. Dos fueron los ejes de su discusión: la construcción de autonomías indígenas y la defensa del territorio como una manera de construir un futuro diferente. Las críticas a los gobiernos afloraron por todas partes advirtiendo lo rápido que está olvidando sus propuestas de campaña para correrse a la derecha de quienes lo apoyaron porque creyeron en sus promesas. Sobre el Tren Maya lamentaron que no se dé a conocer el plan para su construcción, que lo que más abunden sean los rumores sobre la obra y las amenazas para que los ejidatarios vendan sus tierras, como sucede en los alrededores de la laguna de Bacalar. Ante esta situación ambas reuniones concluyeron que es necesario valorar lo que tienen y a partir de ello organizar la defensa de su existencia que, según su expresión, pasa por vivir con honor y dignidad, 4
cosa que actualmente no sucede porque todos los desprecian y no los toman en cuentan para la construcción del futuro. Much’ Ximbal se escuchó por el recinto donde la reunión se celebraba y todos asintieron porque, dicen, significa caminar juntos. Para lograrlo proponen rescatar su cultura y crear condiciones para que florezca, para que los pueblos mayas vuelvan a ser fuertes, defender lo que existe porque lo han construido con los saberes de las abuelas y los abuelos, “con la tenacidad y rebeldía de hombres y mujeres que han permitido el mantenimiento de una cultura en torno a la milpa maya, espacio generador y unificador de nuestro pensamiento y nuestra sabiduría, alimento y reproducción de la vida; referente universal de la convivencia con la tierra y fuente de la nutrición familiar”. El Much’Ximbal y el Kana’antik k-lu’umo’ob se unieron y fortalecieron en el N’imla’j. Unidos para la preservación del territorio, forma y fondo sobre cómo los mayas trazan su horizonte. Un proceso muy alejado de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación pregonada por el gobierno, porque no es el camino de los pueblos y nadie los ha invitado a caminarlo. El Saq’ Q’ij, dicen, envía sus señales. Está en los hombres y mujeres saberlas interpretar.
Desaparecidos de la Guerra Sucia, una puerta se abre Zósimo Camacho / Revista Contralinea Columna Zona Cero / Junio 28, 2019
La demanda contra sí mismo que ha aceptado el Estado mexicano por desaparición forzada no es retórica. Implica acciones para que distintas instituciones y actores aporten documentación a una investigación ordenada por el Poder Judicial de la Federación. A 50 años de que el régimen mexicano iniciara una Guerra Sucia contra estudiantes, campesinos, trabajadores y guerrilleros, hoy se abre una puerta para saber qué pasó con aquellos cientos de desaparecidos (o miles) y determinar quiénes fueron los responsables de tales crímenes de lesa humanidad. 5
En la entrega anterior dimos a conocer la admisión a trámite con número de identificación 184/2019 contra el Estado mexicano por desaparición forzada: el caso de David Jiménez Fragoso, quien estaba al frente del Comité Nacional de Prensa de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC 23S) y que fue detenido-desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad, la siniestra DFS dependiente de la Secretaría de Gobernación. Al día de hoy, el Poder Judicial ha admitido a trámite una segunda demanda contra el Estado mexicano por desaparición forzada, ésta por el caso de Florencio Coronel Chavarría, integrante de la Liga, detenido desaparecido en mayo de 1978. Como el primero, el caso lo lleva el abogado Jaime Laguna –exintegrante de la LC 23S–. También participa en este caso el abogado Jesús Morales Hernández. Pronto podrían admitirse en cascada los casos de casi 400 militantes de la organización de los que hay documentación sólida acerca de su desaparición a manos de agentes del Estado mexicano. La admisión a trámite, con número de identificación 184/2019, implica la reapertura de las investigaciones sobre el paradero de David Jiménez Fragoso. Como decíamos, hay requerimientos a distintas instancias que de inmediato deben estarse cumpliendo. Y es que una vez admitida la demanda por desaparición forzada, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México –del Poder Judicial de la Federación– ha ordenado “al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva a efecto de que remitan la información pertinente que obre en sus expedientes, en copia certificada, respecto de la persona desaparecida de nombre David Jiménez Fragoso”. Además, ha dispuesto: “Procédase a llamar a juicio a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia en que se actúa, por medio de edictos”. Para ello también ha ordenado que se gire un oficio al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Búsqueda “para hacerle llegar el edicto que se elabore y lo publiquen en su página electrónica”. 6
También emitió un requerimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que proporcione una copia certificada de la recomendación 026/2001 (concerniente a la desaparición de David Jiménez Fragoso). Además, ordenó al Archivo General de la Nación le sea remitido el expediente relacionado con los numerales: DFS.11-235-75, Exp. 28, Fojas 244 a 247; DFS.11-235-75, Exp. 27, Fojas 88 a 93; DFS.11235-75, Exp. 28, Fojas 234 a 237; DFS.11-235-75; Exp. 28, Fojas 244 a 247, y DFS.11-235-75, Exp. 28, Foja 278. Se trata de los documentos, hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación, en los que consta la detención de David Jiménez Fragoso y los interrogatorios a los que fue sometido. Se trata, principalmente, de los documentos generados por la propia DFS en los que señala el día de la detención (7 de mayo de 1975) y en los que también se asientan las declaraciones que le fueron arrancadas a David en medios de la tortura: al menos el 8 y el 23 de mayo de ese año. Incluso algunos de los documentos que dan cuenta de los interrogatorios a los que David fue sometido están firmados por el capitán Luis de la Barreda, entonces titular de la DFS. Es decir, hay pruebas sólidas de que quien cometió el delito de desaparición forzada contra David Jiménez fueron policías y militares adscritos a la DFS y a la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. En realidad, las pruebas siempre estuvieron ahí. Lo que no hubo nunca fue voluntad política y, por el contrario, encubrimiento total a los perpetradores. Primero, los delincuentes eran los mismos que debían investigar el asunto. El mismo régimen que cometía las desapariciones era el encargado de aportar las evidencias. Además, nada podía esperarse de un Poder Judicial totalmente subordinado, como el Legislativo, al Ejecutivo. Pasó el tiempo y en los siguientes sexenios se mantuvo el pacto de impunidad. Nada se hizo por investigar esos crímenes. Finalmente, era el mismo régimen. Llegó después la alternancia de partido en el poder y el histriónico Vicente Fox –el primer panista en asumir la 7
Presidencia de la República– sólo simuló investigar y ningún caso se resolvió. Todo quedó de nueva cuenta en la impunidad. El actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que no le interesa hacer justicia con respecto de los delitos cometidos en el pasado. Sin embargo, esperemos que, por lo menos, personajes enquistados en su gobierno no entorpezcan las investigaciones que hoy ha ordenado el Poder Judicial de la Federación. Familiares y pueblo en general tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó con los desaparecidos y quiénes fueron los responsables de tales crímenes de lesa humanidad. @zosimo_contra
“Desaparecidos”
José Blanco / La Jornada / 2 de julio de 2019 Una palabra desmesuradamente aseada para la brutalidad imposible de encubrir. Una palabra limbo: quienes han desaparecido frente a los de más, especialmente frente a sus seres queridos, o han sido asesinados o, remotamente, están en alguna parte contra su voluntad. Pero nadie lo sabe. Fueron eliminados en ácido, fueron decapitados y descuartizados, yacen en una fosa oscura y anónima… Palabra misterio escalofriante. En tanto, la sociedad se ha tornado insensible frente a la abominación. Palabra que en realidad traza en la sociedad una frontera invisible entre las familias asoladas por la desaparición forzosa, que nada saben de los seres queridos que han perdido, y el mundo oscuro de los perpetradores de esos crímenes y de los agentes del Estado que los han encubierto y los encubren; éstos sí que saben bien qué fue de sus propias víctimas. Es el hampa resultante de la asociación de los delincuentes armados y de los agentes del Estado que los tapan y mantienen en el anonimato. Palabra que también oculta su propia dimensión: nadie sabe con certeza cuántos y quiénes son los “desaparecidos”. Más de 40 mil, dijo el subsecretario Alejandro Encinas en marzo. No hay protocolo echado a andar después de cada desaparición. No hay rastros. Las 8
autoridades, pero mucho más aún los colectivos de las familias de los “desaparecidos” más incansables voluntarios, han buscado y buscan fosas anónimas donde pueda haber restos de los suyos. La búsqueda sistemática de los perpetradores también ha desaparecido. Nadie parece saber si hay o no forma de intentarlo. Todo es erial desolado y dolor. Es el Estado desaparecido: desde que Felipe Calderón inició la guerra sin sentido contra el crimen organizado: guerra que además de las miríadas de muertos, produjo la nefanda concertación hasta ahora inexpugnable entre inmensas zonas del Estado, especialmente del Poder Judicial, las policías, el Ejército y la Armada, y el ingente mundo de los criminales armados. El 24 de junio la señora María Isela Valdez hincada suplicó al Presidente buscar y encontrar a su hijo “desaparecido” hace cinco años. La escena del llanto de María Isela y el consuelo que pudo brindarle el Presidente se “viralizaron”, recordando a todos el horror de la desaparición forzada. En entrevista de Julio Astillero con periodistas el pasado 27 de junio, Paula Mónica Felipe refirió: “El primer caso de desaparición forzada documentada fue en mayo de 1969 en Guerrero, Epifanio Avilés Rojas campesino y alfabetizador; se han cumplido 50 años y no sabemos nada. Si se pudo ‘desaparecer’ a personas a partir de entonces, el presente de impunidad es lógico” (https://bit.ly/31XUao4). Dos casos extremos en el tiempo de una historia siniestra. Apenas en noviembre de 2018 fue expedida la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; con esa ley se establecen los tipos penales de la desaparición forzada y se crea el señalado Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Está por desarrollarse la institucionalidad creada por la Ley, la formación real de los agentes capaces de empezar por instituir los protocolos indispensables para cada nueva desaparición, pero la historia de los más (o muchos más) de 40 mil “desaparecidos” continúa sin respuesta contundente del Estado. Es posible que la iniciativa legal esté bien encaminada para empezar a frenar el horror cotidiano. Pero parece una respuesta débil para el tamaño de una tragedia acumulada equivalente a la de un país en guerra efectiva. 9
Múltiples razones reclaman una reforma profunda del Estado. La impunidad respecto a los “desaparecidos” es una, de una inmensa fuerza, qué duda cabe. El gobierno de Morena se ha propuesto separar los poderes económicos de los poderes políticos. También es preciso que los poderes criminales y el Estado sean separados. Ello debiera ocurrir especialmente en las instituciones de seguridad y justicia. Volver a crear una frontera efectiva entre el Estado y el hampa es una necesidad imperiosa y extrema. Ha sido evidente para investigadores y periodistas especializados la complicidad del Poder Judicial federal y de los gobiernos estatales, con el crimen organizado. Detrás de cada “desaparecido” está el hampa, con sus dos partes soldadas a plomo: los delincuentes armados y los agentes del Estado de esos espacios que alguna vez fueron institucionales. Con frecuencia inusitada, ambas partes colaboran a efecto de asegurar el éxito de una “desaparición”. Luego vendrá el amaño de los procesos “judiciales”(cuando rara vez existen) que mantendrán en la impunidad esos mismos crímenes de lesa humanidad. La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser una lucha por la reconstrucción y reforma del Estado, nada menos. Hace mucho que el gobierno no se ocupa del Estado; es una necesidad apremiante para el futuro de México.
Trump y el Estado policiaco global Carlos Fazio / La Jornada / 1º de julio de 2019
En muy corto plazo, la guerra de migrantes por aranceles desatada el 30 de mayo por Donald Trump derivó en una grave crisis humanitaria en México. Y de manera vertiginosa, también, la imagen progresista y humanista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se trasmutó en la de un país que opera como un módulo más del Estado policiaco global, como característica principal del capitalismo actual, asentado en sistemas cada vez más ubicuos y omnipresentes de control social de masas y humanidad superflua mediante la represión estatal y guerras difusas, como forma militarizada de acumulación de capital por despojo. 10
Más allá de la narrativa populista, el “neoliberalismo con esteroides” de Trump (William I. Robinson dixit) es una respuesta clasista de la ultraderecha a la crisis de legitimidad del sistema, que descansa sobre un mensaje nacionalista y proteccionista de corte neonazi, dirigido, en particular, a generar emociones y movilizar al sector más reaccionario de su electorado blanco, anglosajón y protestante (WASP, por sus siglas en inglés), que en 2016 resultó deslumbrado por el narcisismo, el rostro rosado, la gorra roja y el grito de campaña “America first!” del actual inquilino de la Casa Blanca. Entonces como ahora, la fanfarronería imperial y el discurso supremacista blanco y xenófobo de Trump −que criminaliza al Otro, ese extranjero− están dirigidos a despertar el sentimiento antimexicano y antinmigrante en ese sector de trabajadores estadunidenses perjudicados por el TLCAN, para que canalicen su temor e inseguridad hacia una conciencia racista de su condición; lo que alienta la reproducción de milicias privadas, organizaciones fundamentalistas de todo tipo y grupos de vigilancia antinmigrantes. En la coyuntura, la retórica de “construir el muro” y el fuerte incremento de las redadas y las detenciones de personas sin papeles que huyen del horror, la persecución y la violencia criminal (delincuencial y estatal) forman parte de una estrategia más amplia para desarticular en EU a las llamadas “minorías” en resistencia. A lo que se suma la necesidad de la economía estadunidense y la clase capitalista trasnacional, de remplazar el actual sistema de superexplotación de la mano de obra indocumentada con un masivo programa de “trabajadores con visas”, que sería más eficaz en conjugar la superexplotación y nuevas formas autoritarias de disciplina laboral con la vigilancia en masa y el supercontrol social. De allí la guerra (no) declarada de Trump contra los inmigrantes, los refugiados y las pandillas (los bad hombres), que se combina con la construcción de muros fronterizos, cárceles y centros de detención de inmigrantes (lucrativos negocios todos), incluso fuera de EU, como es el caso de México en la coyuntura. Un sistema concentracionario que se va gestando a la par del surgimiento de una cultura neofascista mediante la militarización de sociedades enteras, la xenofobia, la misoginia y la imposición de una ideología 11
que abarca una supremacía racial/cultural que normaliza la guerra, la dominación y la violencia social. Pero la cultura militarista y masculinista de Trump viene de atrás. Las políticas de Hitler se inspiraron en el racismo institucionalizado de EU y el pragmatismo del derecho consuetudinario; en Mein Kampf, el futuro führer alabó las restricciones de EU a la inmigración. Los nazis consideraban a EU modelo para la raza blanca, un imperio racial nórdico que había conquistado una ingente cantidad de lebensraum (“espacio vital”). Rasse y raum −raza y espacio vital− eran para los nazis palabras claves tras el triunfo de EU en el mundo. Los nazis veían a los judíos, los zíngaros, etcétera, como inferiores, igual que los sureños blancos veían a los esclavos negros y sus descendientes como una “raza extranjera” de invasores que amenazaba con “tomar la delantera”. Asimismo, y a la luz de la historia, el magnate especulador inmobiliario de Nueva York no habría llegado a la Oficina Oval, si antes el senador republicano Barry Goldwater no sentara las bases del neoconservadurismo extremista de estirpe racista, que abrazaría después Ronald Reagan. El eslogan Make America great again fue creado y usado por primera vez por Reagan en 1980. Por lo que Trump no es una falla crítica del sistema, sino la culminación de ese proceso. Como dice James Petras, Trump está completamente integrado en la estructura más profunda del imperialismo estadunidense; durante su mandato, las “instituciones permanentes” del Estado se han mantenido sin cambios. A pesar de sus ocasionales referencias a la no intervención en guerras en el extranjero, Trump sigue los pasos de sus predecesores. Sus diferencias con Barack Obama se limitan al estilo y la retórica. Con su demagogia seudoprogresista Obama expulsó a una cifra récord de trabajadores mexicanos (2 millones en ocho años); Trump ha continuado la senda prometiendo aumentar las deportaciones. Pero inmigrantes y refugiados son producto del cambio climático, de la depredación ecológica, de la acumulación de capital por despojo. Y de las guerras directas y encubiertas de Obama; de sus políticas de “cambio de régimen” que provocaron desplazamientos forzosos, la muerte de millones de civiles y miseria por doquier. Obama derramó la sangre y a Trump le toca “arreglar el caos”. México no escapa a esa lógica. 12
“Muérete en México”, la nueva política migratoria binacional Laura Carlsen / 3 julio 2019 / Fronteras Abiertas
La fotografía de Óscar Martínez y su pequeña hija, Angie Valeria, boca abajo en el lodo a la orilla del Río Bravo ha dado la vuelta al mundo. Los salvadoreños murieron arrastrados por la corriente en su intento de cruzar de México a Estados Unidos. Su madre en El Salvador dijo que el sueño de su hijo era tener casa para su joven familia. Cuentan los testigos que el padre logró dejar a su hija al otro lado, pero cuando iba a regresar por su esposa, la niña volvió al río tras él. Es natural, ¿cómo se explica a una niña de dos años que el río representa vida y muerte a la vez? —la vida mejor (en potencia), la muerte latente (en presencia). El padre la amarró en su camisa y así se ahogaron juntos. La historia no es nueva, pero tiene aspectos muy propios de la crisis que viven hoy en día las personas migrantes, sobre todo, las que huyen de Centroamérica y por eso su muerte se volvió símbolo de esta etapa desalmada en la vida fronteriza. El Río Bravo/Rio Grande se ha llevado cientos de migrantes —en los panteones a ambos lados hay tumbas de migrantes anónimos recogidos de sus riberas. El desierto tiene su propia manera de matar. Ahora que se vive un calor infernal en el norte, solo en Texas se reportaron siete muertes de migrantes en una semana de junio, entre ellas, una mujer con dos bebés. Son dos factores nuevos en la crisis humanitaria que se vive hoy: las políticas migratorias endurecidas de Trump, como parte de la agenda de supremacía blanca y la coyuntura electoral, y la participación del gobierno de México. Las autoridades del gobierno de Trump inmediatamente culparon al padre muerto. “La razón por tragedias como esta en la frontera es que el padre no esperó pasar por el procedimiento de asilo de manera legal,” dijo Ken Cuccinelli, el jefe de ICE. Su respuesta muestra un enorme cinismo. De hecho, la política de Trump fue causa directa 13
de la desesperación de Óscar. Se llama “metering” y consiste en restringir exageradamente el número de solicitantes de asilo que pueden cruzar desde México a argumentar su caso en Estados Unidos. Sin trabajo, sin techo en muchos casos, y sin las necesidades básicas, se ven obligados a cruzar por fuera de los puertos de entrada para entregarse llegando a territorio estadunidense. Y en este acto, según Cuccinelli, se vuelven criminales y responsables de su propia muerte. El programa “Quédate en México” también aporta a la muerte de migrantes. Con el retorno a México de miles de solicitantes de asilo, sin apoyo de ninguno de los gobiernos para su manutención durante esperas que pueden durar meses, y con la presencia de niños y niñas que necesitan urgentemente cuidados y seguridad, mucha gente decide cruzar de otra manera a pesar de los riesgos. Además, están retornando a la gente a las ciudades más violentas de México, primero Tijuana y Ciudad Juárez, y ahora ciudades fronterizas de Tamaulipas. Con la expansión del programa bajo el acuerdo para evitar aranceles, los peligros y la desesperación aumentan. En México, fueron asesinados dos jóvenes hondureños en Tijuana, murió hace poco una mujer hondureña en el desierto cerca de Samalayuca, murió Saily Andino (19) en Tabasco intentando subir al tren, y según testigos, las fuerzas de seguridad mexicanas vueltas cazamigrantes mataron a balazos a Zenaida Escobar, una salvadoreña de 19 años, mientras viajaba en una camioneta en Veracruz. No es casual que suban las muertes de migrantes en el país, ni es solamente resultado de mayores flujos. Este es precisamente el propósito de la política de “disuasión por muerte” que empezó mucho antes de Trump y se ha intensificado con el gobierno racista en el poder. El gobierno estadunidense apuesta a que la gente se desespere, se arriesgue en condiciones cada vez más letales, y muera de las maneras más crueles —cocinados en el desierto, golpeados, ahogados en el río o baleados impunemente por la Patrulla Fronteriza. Su muerte sirve de mensaje para desincentivar la salida de otros como ellos. Son para sus cálculos mensajes, noticias, estadísticas—no seres humanos. Esperemos que al aceptar los acuerdos con el gobierno de Trump, no fue la intención del gobierno de López Obrador causar la muerte 14
de migrantes centroamericanos en México, como la de Óscar y Valeria. Sin embargo, este modelo de deshumanización y de exponer a migrantes a condiciones riesgosas a propósito para inhibir la migración (que, por cierto, ni siquiera funciona) está en el fondo de los acuerdos de “Quédate en México”, de administrar el metering y de criminalización, detención y deportación desde territorio mexicano, que forman parte de los acuerdos. Las muertes son funcionales, no accidentales, bajo esta estrategia que, según parece, México ya ha importado de EEUU. ¿Qué pasa si México rechaza el retorno de solicitantes de asilo en EEUU? El gobierno de Trump tendría que asumir sus responsibilidades y procesar de manera eficiente y con debido proceso las solicitudes. La mayor parte de las personas que esperan audiencias tienen donde irse, con familiares o conocidos en Estados Unidos que pueden cuidarlos mientras. Y más importante, no se podría seguir desviando la atención de las causas hacia las víctimas. Si México fuera realmente ejemplo de un nuevo paradigma y no el verdugo de las políticas de Trump, se podría pensar en soluciones que respeten realmente los derechos humanos, primordial entre ellos, el derecho a la vida.
Pueblos originarios y programas de bienestar Ana de Ita / 28 de junio de 2019
El 18 de junio pasado, el presidente López Obrador al referirse al apoyo de su gobierno a la cultura –que él de manera reductiva define como “lo que tiene que ver con los pueblos”– sostuvo que: “nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas habían sido atendidos como ahora, pues el objetivo preferente de los programas sociales son los pueblos indígenas.” Esa concepción es justo la que rechazaron integrantes de 20 pueblos: maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, me`phaa y zoque, reunidos en la Ciudad de México el 15
mes pasado para analizar la situación en que se encuentra la defensa de sus territorios ante el nuevo gobierno. Reivindicaron con orgullo ser pueblos originarios, sujetos colectivos, con una cultura e identidad propia y se opusieron a ser tratados por Presidencia como pobres individuales, necesitados de asistencia. Por eso cuestionaron que los programas de bienestar están dirigidos exclusivamente a individuos, mientras no hay apoyos que fortalezcan las comunidades agrarias o indígenas, ni los ejidos, ni otras formas de organización que han sido la base agraria sobre la que los habitantes originarios han mantenido sus identidades, sus sistemas normativos, sus instituciones, en fin su cultura. Analizaron que la correlación de fuerzas para la defensa del territorio no ha mejorado con el gobierno de la 4T. El principal problema que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad es la disputa por sus asentamientos, de los que quieren apropiarse tanto las empresas, como el gobierno, el crimen organizado o todos en combinación. Para los pueblos el territorio es la condición que garantiza su sobrevivencia y que posibilita ejercer su libre determinación, por eso en su defensa les va la vida. Pero los proyectos que los amenazan como la minería, las presas hidroeléctricas y termoeléctricas, los generadores eólicos, las explotaciones petroleras y de hidrocarburos, los gasoductos, los grandes proyectos de infraestructura se mantienen, con excepción de la prohibición presidencial al fracking que consideran un acierto. Revisaron las declaraciones del presidente López Obrador sobre los proyectos energéticos y extractivos y encontraron que en la minería las concesiones –que según cifras presidenciales invaden 30 por ciento del territorio nacional– se respetarán, aunque no se otorgarán nuevas. Sobre las presas hidroeléctricas el jefe del Ejecutivo declaró también que no se construirían nuevas, sino se modernizarán las 60 existentes que trabajan muy por debajo de su capacidad. Los proyectos sigue 16
Pero en ciertos casos como en la presa El Zapotillo, en Jalisco, han visto que su construcción se ha reiniciado. El proyecto de la termoeléctrica de Huexca definió la relación del gobierno con los defensores del territorio, pues el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prioridad del actual gobierno para avanzar en la soberanía energética se colocó sobre los derechos indígenas al territorio. Las comunidades que han detenido los pasos de gasoductos se sienten emplazadas. Las leyes energéticas y extractivas que durante los sexenios neoliberales legalizaron este despojo de las tierras y bienes naturales de los pueblos indígenas y campesinos no se derogarán, ni se restituirán a las comunidades sus bienes. A esos proyectos se suman los nuevos proyectos federales para modernizar el sur-sureste del país, como el tren Maya, el corredor multimodal transístmico, la refinería Dos Bocas, que se planean ubicar en territorios ancestrales y afectarían las formas de vida, futuro y territorios de miles de comunidades. Por ello sería imprescindible obtener su consentimiento o respetar su rechazo, sin embargo este gobierno ha vulgarizado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, llegando al extremo de realizarla como opinión de asistentes a una reunión, sin representatividad y con participación de quienes no serán afectados, sin información ni análisis, sin discreción y polarizando las opiniones y a mano alzada. Tal como los ñu savi expresaron “nos quitan la posibilidad de ejercer nuestra libre determinación”. La violencia en las comunidades no ha cesado. El asesinato a los defensores del territorio sigue siendo una constante, sin importar que el nuevo gobierno haya prometido que no habrá más persecución política a los opositores. La impunidad en la que se mantienen los crímenes de los ecologistas indígenas abona a que la violencia continué y a que los narcoparamilitares hagan el trabajo sucio a los invasores del territorio para deshacerse de quienes estorban a los proyectos. Frente a este panorama sostuvieron que los pueblos originarios han resistido por cientos de años y no bajarán ahora la guardia. Se mantendrán organizados para defender sus bienes naturales, y la vida en sus territorios. 17
Por la vida, la paz y la justicia en la montaña de Guerrero Gilberto López y Rivas / 28 de junio de 2019
El Congreso NacionalIndígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocaron recientemente a una Campaña por la vida, la paz y la justicia en la montaña de Guerrero para romper “el cerco impuesto por grupos criminales que, aliados con los malos gobiernos, pretenden acabar el poder de abajo con el terror y la violencia, porque saben que es ahí donde ellos serán derrotados.” Esta convocatoria, de carácter urgente, exhorta a llevar acabo las acciones necesarias, paralelas y simultáneas, para desmontar la considerada guerra de los poderosos en contra de la vida de la humanidad y el planeta entero, y la que denominan “guerra narco-paramilitar en contra de pueblos y comunidades miembros del Congreso Nacional Indígena”. El 4 de mayo pasado, fueron secuestrados y asesinados el concejal nahua José Lucio Bartolo y el delegado Modesto Verales Sebastián, de las comunidades indígenas de Xicotlán y Buenavista, respectivamente. El 23 de mayo, en las inmediaciones del Chilapa, Guerrero, fueron privados de la libertad, asesinados y descuartizados los integrantes de la policía comunitaria de las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, Bartolo Hilario Morales (comandante), e Isaías Xanteco Ahujote, promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que, en un comunicado, especifica: “Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su policía comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, los Ardillos y los Rojos, quienes controlan las presidencias municipales de la región, cuentan con la complicidad del Ejército mexicano y de las policías estatales y municipales...” Para el CIPOG-EZ está clara la relación entre el desarrollismo del gobierno actual, con sus megaproyectos, y los diversos tipos de actores armados que operan en los territorios indígenas, así como el papel de la autonomía como instrumento esencial de resistencia y rebeldía 18
anticapitalistas: “Los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas, estamos resistiendo no sólo a los megaproyectos con los que los dueños del poder se apropian de la naturaleza y la tierra, también en contra de la muerte, miedo y desolación que sus grupos armados imponen en todo el país. Aunque tengan la camisa de los Rojos, los Ardillos o las fuerzas represivas del mal gobierno, el poder del dinero y la ambición por hacerlo ganancias basadas en el sufrimiento de los pueblos, los hace uno mismo. Construir esa paz y autonomía para los pueblos de Chilapa y la región es el horizonte por el que luchan nuestros hermanos asesinados por el capitalismo neoliberal.” El CNI-CIG-EZLN está convocando a una caravana que partirá de Amilcingo, Morelos, el día 12 de julio, para estar los días 13 y 14 en Acahuehuetlan, Chilapa, Guerrero. Paralelamente, se invita a un acopio de alimentos, medicamentos y recursos económicos en los lugares y la cuenta del CNI-CIG que se especifican en la convocatoria. La finalidad es visibilizar la crisis humanitaria de regiones enteras, en las que no pueden entrar alimentos y medicamentos, ni sembrar la tierra “ante el riesgo de ser asesinados en la parcela, o el no poder tener abiertas las escuelas por temer un posible ataque a nuestras hijas e hijos.” Pero la guerra contra el CNI-CIG no sólo tiene lugar en el estado de Guerrero. En toda la geografía nacional se aplica la estrategia de guerra irregular descrita en los manuales de la Sedena. En carta contra la militarización y en solidaridad con las comunidades zapatistas y los pueblos indígenas de México, reconocidos intelectuales de México y ámbito mundial, externaron su preocupación por la creciente actividad militar en territorios zapatistas, y señalan: “Nos preocupa enterarnos de los recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio.” Zósimo Camacho contabiliza al menos 117 integrantes del CNI asesinados desde su fundación en 1996, y destaca: “Andrés Manuel López Obrador cumple medio año de haber asumido la Presidencia de la República, tiempo en el que 10 casos se sumaron a la larga lista de asesi19
natos y desapariciones contra activistas indígenas de esta organización (…) Nadie ha sido detenido por estos asesinatos y las investigaciones no avanzan. La muerte, en lo que va de la “cuarta transformación” tiene permiso si de indígenas se trata” (Contralínea, 17/06/19). Por acción u omisión, el Estado mexicano debe responder por estos crímenes.
Nochixtlán: tres años de impunidad Miguel Concha / 29 de junio de 2019
Han pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha. En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo. Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias. A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un “enfrentamiento” entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las vícti20
mas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos. Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida. Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio. Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias. Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18). Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental. 21
Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural. Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas. Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio. Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán.
El mal llamado Tren Maya
Gloria Muñoz Ramírez / Los de abajo / 29 de junio de 2019 Al cumplirse un año de la elección del nuevo gobierno federal y siete meses al frente de la administración de este país, el mal llamado Tren Maya y el Corredor Transístmico se perfilan como dos de los principales megaproyectos del sexenio, y aunque desde el poder cantan victoria, los pueblos indios afectados aún no dicen la última palabra.
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Afectados en su territorio, cultura, biodiversidad y tejido comunitario, los pueblos indígenas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, así como las comunidades istmeñas de Oaxaca y Veracruz, demandan información fidedigna, al tiempo que tejen acuerdos desde abajo, reactivan asambleas y expanden sus alianzas. Mientras desde arriba se realiza el trabajo necesario para romperlos, dividirlos y militarizarlos, al mismo tiempo que les ofrecen proyectos que van desde el dinero personal hasta pequeños emprendimientos colectivos. Nada nuevo. Cuatro meses después de su elección, el entonces presidente electo realizó una especie de encuesta a la que llamó consulta popular, en la que participó uno por ciento del electorado mexicano, porcentaje suficiente para quienes, en sus propias palabras, pretenden cambiarle la fisonomía a la Península de Yucatán, sin que les pase por la cabeza que ningún maya demandó esa transmutación. Apicultores, campesinos, guardianes de la semillas y colectivos de mujeres mayas exigen lo mismo: seguir produciendo su milpa; generar y distribuir su propia energía eléctrica; criar sus propios animales; mantener y enriquecer su cultura y fortalecer la convivencia y la amistad con otros países del mundo. Quieren también seguridad para sus pueblos y conservar la unidad al interior de sus comunidades. En contraste, exigen la suspensión de monocultivos que envenenan su tierra; suspender los megaproyectos privados de energía, así como las mega-granjas de cerdos que contaminan su agua. Rechazan el modelo de turismo depredador que “banaliza y mercantiliza la dignidad indígena”; y exigen la salida de las fuerzas oficiales del Estado y “otras fuerzas delictivas en nuestros territorios”. No al tren maya, gritan desde el sur las comunidades hasta ahora no escuchadas. www.desinformemonos.org / losylasdeabajo@yahoo.com.mx
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Los derechos de un ejido y los de los indígenas en el PIM Juan Carlos Flores* / 29 de junio de 2019
De los 11 amparos que tiene interpuesto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua contra el Proyecto Integral Morelos, 10 son sobre derechos indígenas de 11 comunidades. Sin embargo, todos los juzgados federales han manifestado que su derecho a la seguridad y autodeterminación, están por debajo del interés social del transporte de gas natural, sin importar la falta de medidas de seguridad, información y violación a la libre determinación de las comunidades que implica la implementación del Proyecto Integral Morelos. Ni siquiera el interés superior de la niñez de la población de Huexca, que reclama su derecho a la seguridad ante un segundo gasoducto que sube a la zona del volcán y rodea la comunidad con una pinza de gasoductos, ha logrado combatir el interés social (más bien privado) que implica el transporte de gas natural, en ese caso, de la empresa Gas Natural del Noroeste, una de las empresas más beneficiadas en México por el comercio de gas industrial. Otros tres amparos se interpusieron en favor de nueve comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, una semana antes de la consulta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y previo al asesinato de Samir Flores. Se trató de llamar la atención de los juzgados para que reaccionaran previo al “ejercicio participativo” del Presidente, porque éste, estaba generando mucha tensión. Sin embargo, fueron desechados los amparos al señalar los juzgados que la consulta “no era un acto de autoridad”y no afectaba el derecho de las comunidades indígenas a la consulta. El resultado fue el asesinato de nuestro hermano Samir, el Ejército y la policía cuidando las urnas y persiguiendo a Amilcingo en luto y enojado. Estos amparos se impugnaron y finalmente, los tribunales colegiados le dieron la razón a las comunidades. Otros dos amparos interpuestos con posterioridad a la consulta corrieron la misma suerte. Cansadas las comunidades de ser ignoradas por parte de las autoridades, deciden reclamar su derecho a la autoconsulta y se interponen 24
tres amparos más, reclamando ahora que se les respete su decisión de no al Proyecto Integral Morelos y que ya no quieren más consultas, quieren que se respete la decisión tomada en asambleas por usos y costumbres, respaldados en el artículo 29 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que establece que no se puede almacenar, ni eliminar “materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”. Exigiendo se reconozca y respete su derecho de autodeterminación, tan sonado en los Acuerdos de San Andrés y las ahora promesas de cumplimiento del gobierno. Como nuestra historia, viven centenas de comunidades indígenas en el país que se les niega el acceso a la justicia y el respeto a su derecho de autodeterminación. Pues así están las condiciones legales que imponen la Ley de Amparo, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Minera y la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras. Aunque seamos “sujetos de interés público”, como dice la Constitución, los pueblos indígenas valemos menos que el interés social de los objetos sin vida, como petróleo, gas o los minerales. Mucho menos se nos reconoce como sujetos de derecho público. Para fortuna de las comunidades afectadas por el PIM, aún existen los derechos agrarios, emanados de la Revolución Mexicana, donde sólo con un salvaje derramamiento de sangre, se consiguió que se respetaran los derechos de los pueblos originarios a través de la fundación del ejido y el reconocimiento de la propiedad comunal, protegiéndolos legalmente ante cualquier intento de despojo. Un amparo agrario que interpuso Amilcingo hace unas semanas consiguió lo que no se había conseguido en siete años de lucha legal, la suspensión de la operación del Gasoducto Morelos, porque éste pasa por tierras del ejido y no obtuvo el consentimiento de la asamblea ejidal. Por eso es que la 4T, está interesada en impulsar una nueva reforma de derechos agrarios en el país, para acabar con cualquier garantía de protección de los pueblos ante los megaproyectos. En la nueva burla de consulta exprés que recién impulsa el INPI para reformar los derechos indígenas en la Constitución, vemos un nuevo peligro de recortar aún más los derechos que nos han sido apenas reconocidos, reduciendo el derecho a la consulta indígena 25
(que solo es un derecho procedimental que pretende proteger el derecho fundamental de autodeterminación de los pueblos), a mero trámite administrativo del Estado y las empresas y que, cuando tiene la suerte de implementarse, deja divididas y lastimadas a las comunidades, no fortalecidas en su autodeterminación, como debería ser. De esta manera, es preciso discutir los avances y posibles retrocesos que enfrentan los derechos de los pueblos indígenas en nuestra nación y regresar la mirada a los derechos reconocidos previamente como resultado de la Revolución Mexicana. *Abogado del FPDTA, miembro del CNI
Suspenden construcción de gasoducto de termoeléctrica en Huexca
José Raúl Linares / 2 Julio, 2019 / www.proceso.com.mx Un juez federal concedió una suspensión a favor del ejido de Amilcingo, Morelos, y ordenó detener la construcción del gasoducto que abastecerá a la termoeléctrica Huexca –parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Lo anterior luego de obtener una victoria en materia agraria, en el litigio que mantienen sesenta comunidades aledañas. Al respecto, los opositores señalaron que la resolución del Juez Noveno de Distrito en el Décimo Octavo Circuito, según el expediente 642/2019, protegerá a sesenta comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, quienes han rechazado la instalación de un gasoducto cuando existen riesgos por la actividad volcánica del Popocatépetl. “Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para 26
alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, manifestó en un comunicado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire (FPDTAA). A ellas, se suman 20 comunidades más quienes también mantienen su oposición al acueducto que abastecerá a la central energética, con lo cual sumarían 80 las comunidades que serán resguardadas por esta medida cautelar. Los opositores al PIM recordaron que el proceso para emprender el juicio de amparo, fue impulsado por el activista Samir Flores Soberanes, asesinado sólo cinco días antes de la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner en operaciones el proyecto de energía que abastecerá al centro del país. El revés judicial fue notificado el pasado fin de semana, antes de que el propio presidente López Obrador se volviera a manifestar en favor de concluir el PIM y la termoeléctrica. Del cual dijo sólo “faltan cien, 200 metros para conectarla” y existe una inversión de 20 mil millones de pesos que se perderían ante su cancelación. “Por eso se llevó a cabo la consulta, el resultado fue que se utilice esa obra y no se pierda la inversión. Sin embargo, están pendientes de resolverse amparos y juicios legales y no queremos atropellar a nadie”, manifestó en el informe que ofreció con motivo del primer aniversario de su victoria electoral. El FPDTAA resaltó la importancia del resultado judicial obtenido por el ejido de Amilcingo, ya que en siete años en que las comunidades de los tres estados han manifestado su rechazo no habían obtenido una resolución que permitiera, en lo que dura el juicio de amparo, tener protección jurídica contra los riesgos que representaría la obra. “Ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social, aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación. Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal, de parar este 27
proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuenta con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos”, indicaron los opositores. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante 4 años”, añadieron. La suspensión durará en lo que se resuelva de fondo el juicio de amparo respectivo, a lo que seguramente se sumarán los recursos que impulsen las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos, con ello “podemos tener un nuevo suspiro de que no seremos despojados en nuestros bienes naturales, salud y seguridad”. La única forma que podría operar la termoeléctrica de Huexca es que el gobierno federal “pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos”, adviertieron los activistas. Y es que, según el Frente, ni las pruebas de violación a derechos de las comunidades, ni las posibles afectaciones al ambiente y la salud, han podido detener el Proyecto, sólo el derecho agrario, como esta vez.
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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 3 de julio de 2019