Recopilatorio 5 de febrero

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 5 de febrero de 2020

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“Como si fuera una guerra”

Tlachinollan - 31 enero, 2020

Para Don Pablo Sandoval: forjador de luchas emblemáticas en Guerrero, siempre cercano a los más humildes.

Congruente con su forma de vivir y de pensar. Desconf iado del poder adulador.

Un gran maestro que, en sus 101 años, nunca dejó de aprender y sorprender.

Con la tenacidad de su lucha, cimbró a gobernadores e increpó a los caciques.

Triunfador de mil batallas.

A mi primo de quince años que había ido a tocar con los de Sensación Musical, también lo quemaron. Me gustaba ver como tocaba. Siempre me invitaba cuando iba a ensayar. Ahí veía que tocaba varios instrumentos. Él quería estudiar la secundaria, pero ya no pudo ir a Hueycatenango. Allá no podemos ir, porque en el camino luego nos atajan los que andan armados. Desde que mataron a un compañero, en el pueblo ya ninguno estudia en la secundaria. También dicen que a otro chavo se lo llevaron, y hasta fecha, no aparece.

Ahorita en el pueblo hay varios niños y niñas, que llegaron con sus papás de Acostapachtlán. Dicen que secuestraron a dos de sus tíos y que ya van dos meses que no aparecen. Se vinieron porque tienen miedo de que los vayan a matar. Llegaron en la noche cargando a varios niños chiquitos. No pudieron salir con cosas, porque tuvieron miedo de que se dieran cuenta que se iban de su pueblo. Mi papá dice que en la comisaria comentaron que las familias se van a repartir en varias casas, para que ahí puedan comer y dormir. Con mayor razón, ahora tiene que haber más vigilancia todo el día y toda la noche, para estar pendiente de que no vayan a entrar los de Paz y Justicia. Ya no solo los grandes tienen que cuidar, también los que ya terminamos la primaria. Ya nos toca también dar servicio porque hay mucho peligro y muchas necesidades.

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Cuando va mi papá a la parcela, mis hermanos más grandes lo acompañan, porque es muy peligroso andar solo en el campo. Antes la gente nomás llevaba su machete para ir a la parcela. Eso ya no sirve para defenderse, tenemos que ir al campo con rifle y siempre viendo que no vaya estar alguien escondido. Para cuidar los chivos, íbamos con nuestra resortera y a veces con nuestro chirrión. Ya no vamos solos, por lo mismo de que nos puede pasar algo, y aunque sea un rifle tenemos que llevar.

Mi papá tuvo que vender varios chivos para comprar el fertilizante.

Ahora también los del gobierno nos castigan porque muchos señores del pueblo no les toco ningún bulto. Ya no se puede hablar con el gobierno en Chilpancingo porque no te hacen caso y porque sale más caro el viaje. Hace como seis meses salieron de comisión dos señores para ir hablar con el gobierno. Ya nunca regresaron porque allá en Chilapa los mataron, por eso ya nadie quiere ser autoridad, porque a ellos son los primeros que persiguen.

Lo que más me gustaba, era cuando había fiesta, porque llegaba los juegos mecánicos y también comíamos carne con caldo rojo.

Venía gente de otras comunidades con sus bandas y en la noche había toritos y castillo. Eso ya se acabó. Dice mi abuelita que porque ahora hay mucha gente mala, y que luego cuando la gente toma empiezan los pleitos y hasta se matan. En la escuela a veces los maestros hacían algún programa y en el día del niño nos daban dulces. Tampoco vamos a la escuela, porque los maestros tienen miedo de viajar al pueblo. En navidad hacían una posadita y a veces llegaban gentes a la iglesia que rezaban y el mero 24, quebraban una piñata. Ya no podemos salir de noche, porque luego se escuchan las balaceras.

Apenas murió mi abuelito cuando andaba pizcando. No sabemos que le paso, nada más se quejó y se quedó tirado en el suelo. Mi papá con mis hermanos se lo trajeron a la casa de mi abuelita.

Las personas que tienen camioneta no quisieron hacer el viaje a Chilapa. Nada más consiguieron unas pastillas para el dolor y así estuvo tirado hasta que se murió. Aquí fácilmente se muere uno, porque no hay quien te cure, solo con puras hierbas, pero no todos aguantan. A mis hermanitos chiquitos los cura mi abuelita. Ella es 2

partera y siempre la llaman cuando va a nacer un niño. Dice que cuando nací pensó que ya estaba muerto, porque sintió que ya no me movía en la barriga de mi mamá. Por eso dice que la virgencita le hizo el milagro para que yo viviera.

Yo quisiera estudiar la secundaria y aprender música como mi primo, pero ninguna de las dos cosas se puede. Mi primo ya no está y solo él me animaba para que aprendiera a tocar la guitarra. Desde que se dio la balacera hace un año en el pueblo, cuando vinieron a querernos matar la gente de los Ardillos, los señores dijeron que teníamos que organizarnos para defendernos. Ya no solo estaba el peligro cuando íbamos a Hueycatenango, sino en los caminos y en los cerros que están aquí cerquita. Por eso ya no pude estudiar la secundaria. Ahora tengo que ayudar a los señores más grandes en la vigilancia. En la reunión del pueblo dijeron a los papás, que los niños más grandes deben prepararse para apoyar a la policía comunitaria. Con todo lo que está pasando, otras comunidades también se están organizando para defenderse. La gente de Tula corre mucho peligro, porque está como a 300 metros de donde se encuentran los Ardillos. Varias veces han sido atacados, y por eso, están viendo que varios niños grandes se preparen para formar parte de la policía comunitaria.

Mi papá y mi mamá quieren que sigamos estudiando, porque saben que ahí en el pueblo no vamos a salir adelante. Cada año se cosecha menos maíz. Dice mi papá que en esta cosecha solo va a sacar dos cargas. Por eso quiere que estudiemos, porque ya ni el maíz alcanza para todo el año. Yo también quiero seguir estudiando, pero la verdad ahora si tengo miedo de que, si voy a la secundaria, me pueden matar. Yo no sé si eso también les pasa a los demás niños, porque aquí es como si fuera una guerra, donde cualquiera puede morir, así como le pasó a mi primo y a los demás músicos. Quisiera irme lejos a trabajar, como lo hacen algunos paisanos en Estados Unidos, pero no tenemos dinero ni para llegar a México. Me tengo que aguantar, aquí con mis hermanitos y nos tenemos que cuidar y defender, porque aquí en la Montaña nadie ve por nosotros.

Diario nos llegan amenazas de que los Ardillos van a entrar a nuestro pueblo, por eso no podemos vivir tranquilos. Más bien tenemos que estar preparados para protegernos, para correr o para 3

defendernos. Por eso, no solo la gente grande, sino también los muchachos y los niños tenemos que estar cuidando nuestro pueblo, porque ya vimos que el gobierno no nos protege. Aunque el ejército esta en uno de los cruceros cerca de Hueycatenango, los que andan armados suben y bajan con sus camionetas y no les hacen nada.

En El Jagüey, tienen su retén y ahí revisan los carros y cuando ven que es gente de los comunitarios los detienen, y si saben que es autoridad, se lo llevan y en varios casos, los han desaparecido y asesinado. Los del gobierno no los investigan y los dejan que ahí tengan su retén. Entre ellos mismos se coordinan y hasta se comunican por teléfono. No nos pueden ver, porque no aceptamos ser de su grupo. Siempre nos acusan que la gente de mi pueblo son los que hacen todo lo malo y nunca hemos recibido la ayuda de la policía ni de los militares. Al presidente municipal ni lo conocemos, solo atiende a su gente. Los que no podemos hablar español no nos hacen caso, se burlan cuando hablamos en nahua. No les interesa atender nuestros problemas. Nos dejan morir solos.

Con lo que pasó con los músicos el gobierno tiene la culpa porque nunca nos hizo caso, no creyó que los otros se sienten los meros jefes y que nadie les hace nada porque ellos tienen el control de estos pueblos.

Aunque yo quisiera jugar, no puedo, porque tengo miedo de que me alcance una bala. En el pueblo no hay lugar donde jugar y ya ni en el cerro podemos correr. En la casa nos escondemos, pero ni ahí estamos seguros porque también entran las balas. Siento que esto es una guerra contra todo el pueblo, contra nosotros los niños y las niñas. Por eso tenemos prohibido de salir a jugar.

Veo que a veces mi mamá y mi papá no duermen, porque tienen miedo que nos vayan a matar. Yo también tengo miedo y, por eso, me abrazo a mis hermanitos para que Dios nos cuide a todos. A veces no quisiera despertar, pero luego me doy cuenta que hay problemas cuando mi papá sale de la casa muy temprano. Eso quiere decir, que pasaremos otro día encerrados en la casa. Yo por eso, quiero ir con mi papá y estar a su lado cuando se va con la gente para defender al pueblo. Por eso también quiero ser comunitario.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 4

Una economía incluyente

Javier Sicilia - Revista Proceso - 2 febrero, 2020 Cuando pienso en una economía verdaderamente incluyente, de inmediato me vienen a la cabeza las palabras con las que los pueblos indígenas se oponen a los megaproyectos impulsados por la 4T: la “Madre Tierra”.

La diferencia de este concepto con el de los megaproyectos que, en su lógica industrial, tienden a destruir todo lo que no comprenden y a depender de esa destrucción para continuar su desarrollo, es que la Madre Tierra –que el poeta y granjero Wendell Berry compara desde su tradición cristiana con el “Reino de Dios” y llama la “Gran Economía”–, incluye todo, desde la vida de las hormigas hasta la vida de los seres humanos: cualquier cosa que sucede en ella es significativa. Segundo, que cada cosa está unida a esa madre de manera ordenada. Tercero, que los seres humanos, que somos parte de ella, no podemos conocer a todas las criaturas que la Madre Tierra engendró y el modo completo y el orden en el que las cuida. Cuarto, que los seres humanos debemos tener economías proporcionadas, que al mismo tiempo que permitan la vida humana, permitan también la vida de esas otras economías que desconocemos, pero de las que dependemos y depende la vida del planeta.

Mientras la lógica industrial de los megaproyectos reduce este concepto a un recurso que hay que explotar para generar valores mercantiles, los indígenas ven en él una realidad materna que ningún poder tecnológico puede sustituir, una Madre cuya capacidad de dar vida sólo se sostiene si la cuidamos y colaboramos en su propio proceso de fecundidad. Cuando se le destruye en nombre de la riqueza que promete el industrialismo, nunca más volverá, como ya lo anuncian los trastornos del cambio climático, la pauperización de las ciudades y sus grandes migraciones y el crecimiento de la criminalidad. Ella, en su maternidad, al mismo tiempo que nos incluye en todo lo que hace, nos rebasa en su quehacer.

A diferencia de los modelos económicos indígenas –pensemos en los caracoles zapatistas o en las comunidades de las Abejas y de Cherán– que, al mismo tiempo que pertenecen a la economía hu5

mana, se insertan, en sus límites, en la Gran Economía de la Madre Tierra, la economía de los megaproyectos se mira a sí misma como una economía única que considera la inmensa diversidad de la Madre Tierra como un reservorio del que toma lo que considera “materia prima” para transformarla en otra cosa: un tren turístico o de carga, una refinería, una mina, una termoeléctrica. Aquello que no puede utilizar lo excluye, calificándolo de “inservible”, de “desperdicio” y, si se trata de seres humanos que se resisten a las “bondades” de sus desarrollos, de “premodernos”, “rezagados”, “conservadores radicales de izquierda”, gente “que no entiende” y que puede desaparecer o ser asesinada como Samir Flores.

Lo que los pueblos indígenas dicen cuando se exasperan frente a la sordera de la 4T, y arremeten con palabras duras, es que la economía impulsada por los megaproyectos no sólo se funda sobre la invasión y el pillaje de la Madre Tierra y sus innumerables vástagos, se funda también en la presunción –que los antiguos griegos, los maestros de la proporción, llamaron hibris– de pretender ser más grandes de lo que en realidad somos. Al definir a la Madre Tierra como un “fondo potencial”, los megaproyectos hacen de su empobrecimiento la condición necesaria y paradójica de la abundancia, y de su prisa la avidez de la voracidad. La palabra que mejor la sintetiza es “minería”: la explotación de un fondo limitado hasta su agotamiento.

Es posible encontrar un análogo de la economía de la Madre Tierra en una tradición muy cercana al presidente y a algunos de sus colaboradores, el Evangelio, en particular en la prédica de Jesús sobre las aves del cielo y los lirios del campo (Mateo 6, 24-34). Una y otra hablan, con el lenguaje poético de las tradiciones sagradas, de que una economía humana sana e incluyente debe encontrar armónicamente su lugar en las entrañas de esa Gran Economía.

Hoy, cuando la economía industrial y sus megaproyectos muestran ya sus graves estragos en la vida del planeta, es importante que la 4T atienda la visión y la palabra de los indígenas para transitar y fortalecer los modelos económicos que esos pueblos han preservado contra viento y marea de la insaciable voracidad de la economía industrial.

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Un tema fundamental si la 4T pretende realizar la transformación que prometió para México. Esos modelos hacen eco de la frase que Gandhi utilizaba para su Programa Constructivo de la India, basado en el fortalecimiento de las aldeas y de sus autonomías: “Si quieres combatir la miseria (la miseria creada por la voracidad industrial), cultiva la pobreza”, cultiva el lugar proporcional en el que la economía humana se inserta de manera incluyente en el misterio de la Madre Tierra. Ese es el camino si realmente queremos salvarnos como país y como humanidad.

Contra la economía industrial, que intenta obtener provecho con el máximo de fuerza y el mínimo de responsabilidad, y cuyas consecuencias son día con día más terribles, desastrosas y excluyentes, la Madre Tierra pide obtener el máximo de bienestar con el mínimo de consumo, una tarea que exige acciones más complejas que las del poder de los megaproyectos: la paciencia, la automoderación, la escucha, la generosidad y la cooperación con ella.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos. L

¿Fantoches los indígenas?

Abel Barrera - 3 febrero 2020

Las declaraciones recientes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre la presentación de niños armados por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Alcozacán, municipio de Chilapa, son de suma preocupación. El mandatario identificó este sistema de seguridad y justicia comunitaria, que fue creado con mucho éxito hace 25 años por los pueblos Me’phaa y Na’savi de la Costa – Montaña, con grupos de la delincuencia organizada. Nada más alejado de la realidad, los comentarios que hizo el presidente en su conferencia mañanera del pasado viernes 31 de enero, de que la CRAC-PF 7

haya realizado una “demostración de fantochería, de prepotencia… (de que) esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada, hacen ruido… vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso”. Es claro que esta postura presidencial se focaliza contra las organizaciones criminales que se han fortalecido en los últimos años, debido a la complicidad que prolifera entre lo cuerpos de seguridad del estado, algunos miembros del ejército mexicano y de la marina, así como algunas autoridades estatales y municipales. El señalamiento está hecho sin ningún matiz, se va con todo contra las autoridades de la CRAC-PF, haciendo tabula rasa del prestigio que tiene esta institución indígena en el estado de Guerrero.

Preocupa que al presidente no le compartan información veraz sobre el trabajo que realizan los grupos de la Policía Comunitaria, que se rigen por un reglamento interno y que tienen como base de su funcionamiento la asamblea comunitaria. Deducimos que los altos funcionarios del gabinete de seguridad federal no cuentan con datos fidedignos ni una radiografía clara de lo que esta sucediendo en las diferentes regiones del país, y en el caso concreto, de la Montaña baja de Guerrero. Lo mismo sucede con las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, donde supuestamente se analizan los diferentes escenarios delictivos que se gestan en las siete regiones del estado. Es lamentable que no se tenga el pulso de lo que sucede en municipios donde hay alta incidencia delictiva y donde se ubican varias organizaciones criminales que han tomado el control territorial. También entendemos que hay un seguimiento puntual de los hechos de violencia y de las denuncias que se interponen que dan la pauta para tener un mapa delictivo y en consecuencia tomar acciones de contención y prevención del delito.

El mismo presidente de la república ha expresado que no todos los gobernadores están atendiendo de manera prioritaria el problema de la violencia e inseguridad, porque muchos de ellos no participan en estas Mesas de Coordinación. No sabemos si en realidad hay deficiencias en el conocimiento del contexto y en la información que se procesa o más bien, existen aún intereses macrodelincuenciales que obstaculizan las investigaciones y que mantienen intocado el pacto de impunidad.

El peso de la palabra presidencial cobra dimensiones inusitadas por 8

la representación que ostenta como líder de la nación. Sus opiniones tienen mucha fuerza, al grado que impactan directamente en las personas aludidas. La calificación que da a determinados hechos que suceden en el país tienen una gran carga de veracidad, por lo mismo, lo que llega a decir el presidente en las conferencias mañaneras, un gran sector de la población lo toma como datos irrefutables. El poder que ostenta el presidente no solo es simbólico sino real, por ende, todo lo que dice se transforma en noticia que afecta para bien o para mal a las personas u organizaciones que son motivo de sus comentarios. Por lo mismo, el señalamiento que hizo de la CRAC-PF, no ayuda a clarificar el ambiente de criminalidad, que se da en la región de Chilapa y confunde a los actores que están en esta disputa por el control territorial. Se pone en el mismo nivel a los grupos de la delincuencia organizada que pululan en la región y a las comunidades indígenas que se encuentran adheridas al sistema de seguridad y justicia comunitarias.

Es importante resaltar que los pueblos originarios del estado de Guerrero tienen una cosmovisión que los hace diferentes del resto de la población nacional. Tienen su propia forma de organización social, política y cultural. Como sujetos de derechos, los pueblos y las comunidades deben ser respetados en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.

Desde antes de la conformación del Estado Nacional, los pueblos indígenas ya contaban con un sistema de justicia propio, que hoy pervive en las comunidades como sistemas normativos internos, que comprenden instituciones, procedimientos, principios y lineamientos, para garantizar la seguridad y justicia comunitaria. La defensa de estos sistemas hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esta línea de reivindicación de sus derechos, los pueblos indígenas de América -y de manera relevante de México- libraron significativas batallas para afirmarse, reconstituirse y revertir el hostigamiento contra sus sistemas normativos internos. No se deben pasar por alto las discusiones que se han dado en los Organismos y Foros Internacionales como la OIT, el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos indígenas que depende del Con9

sejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con diferentes matices, en el plano internacional se ha establecido el derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos.

Hay quien considera que estos esfuerzos, en el caso de México, cristalizaron en la Reforma Constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de México del año 2001, que como se sabe no fue suficiente para reconocer a cabalidad los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es preciso subrayar que, desde antes de esa contrarreforma, con el influjo digno del alzamiento zapatista de 1994, los pueblos indígenas empezaron a fortalecer sus propias formas de organización social y política: se conformaron los Caracoles en Chiapas; surgieron jueces indígenas en otros estados; y, en Guerrero se conformó en 1995 la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).

En el estado la CRAC – PC es un ente colectivo de los pueblos originarios, cuyo proceso de surgimiento, desarrollo y consolidación se ha transformado en un sistema de justicia efectivo y exitoso. Las mismas estadísticas lo han demostrado al reducir los niveles de criminalidad en el territorio comunitario de la Montaña y Costa Chica. Los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC hoy en día son seguros; allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aun cuando el funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y denostación permanente por parte de las autoridades. Por esta razón, ha sido inspiración de otros proyectos de seguridad y justicia en nuestro estado y otras entidades.

La CRAC tiene veinticinco años funcionando. Cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, sin asfixiar el dinamismo propio del derecho consuetudinario que por su propia naturaleza es oral y casuístico. Este reglamento es el marco de actuación de la Policía Comunitaria y sus Coordinadores.

La CRAC imparte justicia mediante un proceso eminentemente 10

oral, inmediato, sencillo, expedito, basado en la cosmovisión indígena y la retribución comunitaria. Se rige bajo los principios de imparcialidad e independencia, respetuoso de los derechos humanos universalmente reconocidos. La actuación de policías y coordinadores se somete permanentemente a un exigente mecanismo de rendición de cuentas y control: la Asamblea comunitaria a la cual las autoridades de la CRAC se deben.

Hoy en día la CRAC, con sus casas de justicia en San Luis Acatlán, Ziltlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas y El Paraíso, es un actor fundamental del movimiento social guerrerense y un ejemplo a nivel nacional de la reconstitución de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En medio de la crisis de violencia que azota al país, la CRAC brilla como una alternativa de justicia y seguridad con arraigo comunitario. La CRAC-PF no es una organización delincuencial, tampoco es una institución creada por los pueblos indígenas para la fantochería y la prepotencia.

Es importante decir que el surgimiento de la CRAC-PF en la región de Chilapa se da en el marco de agresiones sistemáticas por comunidades vecinas, debido a conflictos agrarios añejos y a la incursión de grupos de la delincuencia organizada en esta región, que cuentan con la complicidad de autoridades municipales y estatales.

Este asedio creciente y brutal contra las comunidades que se han aglutinado en torno al sistema de la CRAC-PF, por parte del grupo de la delincuencia organizada, ha obligado a que 16 comunidades nauas tomen el acuerdo de implementar medidas de seguridad, redoblando la vigilancia en las entradas a sus poblaciones y estableciendo una guardia permanente que proteja a las familias cuando se desplazan para realizar sus trabajos en el campo. Fue en el marco de estas asambleas donde los principales, las madres y los padres de familia de Ayahualtempa y Alcozacán decidieron incorporar a 19 niños, en las filas de la Policía Comunitaria como una medida extrema, para hacer frente a la violencia criminal. Esta lucha es la que honra a sus antepasados para defender su territorio y su vida, y por lo mismo por ningún motivo “les da vergüenza”.

Publicado originalmente en Tlachinollan 11

Rebelión contra el narco en la Montaña

Zósimo Camacho - Revista Contralínea Febrero 2020 - Reportaje completo en: contralinea-nahuas.shorthandstories.com/nahuas/index.html Veintidós comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero se rebelan contra el poder del narcotráfico. Han decidido expulsar de sus territorios a los cárteles y ahora resisten los embates armados. Los Ardillos –una antigua facción de los Beltrán Leyva, famosos por su nivel de violencia– mantienen cercada la región y disputan a las comunidades las veredas, caminos terregosos y carreteras. Desde las trincheras, donde no llega la Guardia Nacional ni ninguna otra corporación policiaca o militar, los nahuas dicen a Contralínea que ya no hay marcha atrás Montaña baja, Guerrero. Algunos apenas superan los 18 años de edad. Otros ya van por su sexta década. En las trincheras que no cuentan con techo, los hombres se protegen de la lluvia con bolsas de plástico. Se mantienen alerta, parapetados detrás de sacos de arena o pequeñas bardas de piedra. Defienden posiciones clave para evitar que los sicarios del narcotráfico retomen el territorio indígena.

De los hombros les cuelgan fusiles de asalto AK47 y R15, alguna Uzi o, mayoritariamente, escopetas recortadas y rifles calibre 22.

El poder que tienen enfrente es superior en cuanto a capacidad de fuego. Los Ardillos y Los Rojos, antiguas facciones del Cártel de los Beltrán Leyva, cuentan con camionetas artilladas y blindadas y fusiles barret calibre 50. Ninguno de los sicarios portaría escopetas.

“Pero ellos no tienen lo más importante y que nosotros sí tenemos: el mandato de las comunidades y sus asambleas”,señala Juan Hernández, quien rebasa los 50 años edad y está a cargo del grupo que defiende esta trinchera. El nombre ha sido cambiado, como todos aquellos escritos en cursivas, por seguridad de los declarantes.

Sólo en lo que va de 2019, en esta región de la Montaña baja de Guerrero, al menos han muerto 30 personas en hechos violentos.

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Entre los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera, han ocurrido tres grandes enfrentamientos directos entre nahuas y sicarios. En todos, los Ardillos han buscado tomar alguna población o ingresar a algún punto del territorio comunitario liberado. No han podido.

En un solo intento de incursión, el 27 de enero de este año, resultaron muertos 12 integrantes del cártel. Los Ardillos entonces intensificaron el sitio contra las poblaciones y han cazado de uno en uno, o de dos en dos, a dirigentes indígenas y mantienen bajo zozobra a las poblaciones en general.

Los narcotraficantes han asesinado de enero a la fecha, al menos, a 12 personas y secuestrado a una sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Diez de las víctimas son indígenas de las 22 comunidades organizadas en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la mayoría de ellas también integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Las otras dos son de partidos políticos de la región.

Hay paz y seguridad dentro de las comunidades. Pero los habitantes no pueden salir libremente. Han dejado de comerciar productos en las cabeceras municipales. Ni siquiera pueden ir a gestionar obras, apoyos sociales o solicitar una mesa de diálogo con el ayuntamiento. Los maestros y los médicos ya no llegan a algunas comunidades y el servicio eléctrico se interrumpe constantemente.

Los retenes de los Ardillos se encuentran en Atzacualoya, El Jagüey, Hueycantenango y Tlanipatla. Los tres lugares son paso obligado para quienes desde las comunidades buscan bajar a las cabeceras municipales de Chilapa o José Joaquín Herrera. En el retén de El Jagüey los narcotraficantes han construido habitaciones provisionales y de manera permanente concentran a 150 de sus efectivos. El lugar funciona como centro de operaciones del brazo armado del cártel. Los soldados de la Guardia Nacional dejaron de hacer patrullajes en la zona.

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En el recorrido realizado por Contralínea, los únicos retenes de la Guardia Nacional observados se encontraban en las entradas de la ciudad de Tlapa, a unos 110 kilómetros de la región. La zona vive un estado de sitio sin auxilio de alguno de los tres niveles de gobierno. En las 22 comunidades habitan alrededor de 50 mil personas.

Los Ardillos no existen: gobierno federal Desde el 28 de junio pasado el Cipog-EZ, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las 22 comunidades nahuas y los integrantes de la organización.

Pero el Estado mexicano pidió a la CIDH el 19 de agosto –ya durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador– “declinar la solicitud de medidas cautelares para la región”, a decir de Jesús Plácido Galindo, promotor estatal del Cipog-EZ. De acuerdo con el activista indígena enterado del proceso, de entrada el gobierno federal no reconoce al Cipog-EZ como organización interlocutora y, de manera contundente, niega la existencia de grupos narcoparamilitares y de grupos de civiles armados.

Además, la administración de López Obrador arguye que una Base de Operaciones Mixtas (integrada por militares y policías federales y estatales) se ha instalado en la región. Asegura, además, que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado realizan patrullajes por la zona.

A pesar de que para el gobierno de la “cuarta transformación” no existen los Ardillos, en la región pobladores de todas las edades saben quiénes son y sienten temor cuando se habla de ellos.

Cuerpos destazados, violaciones tumultuarias, torturas con instrumentos elaboradas para ello y ataques indiscriminados, obras de los Ardillos y los Rojos, han sido documentadas incluso por la prensa, tanto la de circulación nacional como la del estado.

Los enfrentamientos ahora son casi exclusivamente con los Ardillos. Luego de la detención –en el estado de Morelos– de San14

tiago Mazari, el Carrete, líder de los Rojos, este cártel se ha ido replegando en la región. Por su parte, los Ardillos, con el campo libre, se han fortalecido en la zona.

Los representantes de la comunidad, en asamblea, pasan del asombro al enojo cuando Jesús Plácido les informa que para el gobierno federal no existen los Ardillos. Sus muecas de incredulidad se convertirían en carcajada si sus vidas y las de sus familias no estuvieran en peligro permanente.

Los hermanos Celso, Jorge Iván y José Antonio Ortega Jiménez son los líderes de los Ardillos. Son hijos de Celso Ortega Rosas, la Ardilla, asesinado en 2015. Otro de los hermanos Ortega Jiménez es Bernardo, quien es el actual coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del estado.

Por su parte, los indígenas nahuas integrantes del Cipog-EZ en la Montaña baja de Guerrero, para los que se han pedido medidas cautelares, habitan las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahuehuetlán, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena V ista, Xolotepec, Xulchuchuio, El Paraíso de Tepila, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa y Mexcaltepec 1, ubicadas en el municipio de Chilapa de Álvarez; y Xochitempa, Ayahualtempa y Hueycantenango, del municipio José Joaquín Herrera.

En estas comunidades confluyen dos proyectos que asumen los principios del Congreso Nacional Indígena: la CRAC-PC-PF y el Cipog-EZ. La primera se enfoca en lo relacionado con la seguridad y la justicia. La segunda, con los procesos políticos para lograr la autodeterminación de los pueblos. Ambas trabajan coordinadas.

El Cipog-EZ se constituyó el 10 de abril de 2008, luego de la disolución de otros movimientos indígenas y campesinos en Guerrero. Señala que retoma las anteriores experiencias organizativas de la entidad, pero hace suyos los principios de Congreso Nacional Indígena.

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Los feminicidios y el narco son una forma de control social: Zibechi Aranzazú Ayala Martínez - ladobe.com.mx - Dic 11, 2016

Los feminicidios y el narco son parte del sistema, no una desviación de este: con esta afirmación provocadora inició el escritor, pensador y activista uruguayo Raúl Zibechi la charla “Retrocesos y horizontes. Una agenda urgente en materia de Derechos Humanos”, en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Durante la conferencia realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, Zibechi dijo que no basta con decir que los Derechos Humanos están siendo violados y que la agenda para las autoridades sería tal, porque esa agenda no se va a cumplir.

Para entender lo que está pasando ahora con el control del Estado y el respeto a los Derechos Humanos, el escritor se remontó a la historia de Latinoamérica: primero había un Estado de bienestar, a la “latinoamericana”, seguido de un Estado soberano, seguido de una etapa donde el Estado apenas y se preocupaba por la población. Pero en la década de los 70 hubo un desborde social desde abajo, un desborde de las formas tradicionales de control.

El uruguayo explicó los cambios sociales son un ejemplo del crecimiento de las ciudades, con el desborde de la trama humana.

Cuando las ciudades crecen sin orden, las formas tradicionales del disciplinamiento aplicadas por el Estado ya no funcionan. Esto, refiriéndose al control de espacios cerrados como fábricas, oficinas, etc. Pero, ¿qué se hace para controlar a la población que vive fuera de estos espacios cerrados? La disciplina ha dado paso a otras formas de control a cielo abierto, dijo Zibechi. Para quienes viven dentro de la formalidad y la trama urbana, uno de estos métodos es la tarjeta de crédito con el endeudamiento.

Y para quienes viven en la zona del “no ser”, donde los derechos y la humanidad no son respetados, empiezan a tallarse otras formas de violencia para controlar: paramilitares, narcos, feminicidios.

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“Hago la pregunta al revés: ¿qué pasaría con esos jóvenes de los sectores populares pobres si no hubiera narco ni feminicidios, dónde estarían?”, cuestionó Zibechi. Dijo que el sistema aprendió a utilizar al narco contra los sectores populares como una forma de disciplinamiento y control en espacios “a cielo abierto”, en cada caso con una lógica particular.

Antes los Derechos Humanos tenían un valor y se disputaban ante el Estado y el capital, se conseguían victorias. Ahora, dijo el escritor, se ha creado una amplia gama de emprendimientos para sobrevivir y para hacer respetar los Derechos Humanos. “La pregunta es: cómo trabajamos los DDHH, la autoprotección de la vida que es nuestra sobrevivencia cuando el estado sólo nos manda violencia?”. Ahí mencionó ejemplos de lo que se hace en varios países de Latinoamérica, desde la recuperación de fábricas hasta las organizaciones autónomas indígenas.

Pese a estas nuevas formas de organización y defensa, dijo que la gente no va a dejar de reclamar ni exigirle al Estado, ni tampoco de señalar las violaciones a los Derechos Humanos. “Eso se hizo durante décadas y se seguirá haciendo, lo seguiremos haciendo, pero eso no alcanza”, dijo Zibechi. Las estrategias de la sociedad han cambiado. Durante años la clase obrera organizada en sindicatos, estudiantes, campesinos, tuvieron la lógica de la demanda al Estado, pero el sistema muta desde 1968, generando nuevas formas de hacer valer los Derechos.

También las formas del Estado cambiaron: para controlar a los habitantes de los espacios a cielo abierto ha usado también políticas sociales, todas relacionadas a la “integridad de vida”. Y las formas de dominación, dijo Zibechi, se han complejizado.

En el tema específico de los feminicidios, el pensador dijo que este fenómeno es parte del control a cielo abierto. No hay una razón ni una explicación sencilla que revele por qué se está matando a las mujeres. “¿Cuándo sucedió que el cuerpo de la mujer no es sólo matado sino descuartizado?”, se preguntó. Ejemplificó con el descuartizamiento de Tupac Amaru: cuando lo descuartizaron, 17

descuartizaron también a un pueblo entero. La violencia contra la mujer no es sólo material sino simbólica, es hacer en una y enviar un mensaje a todas.

Lo que se ve hoy en día no es el patriarcado de antes, es otra cosa, dijo. Lo de hoy es “una violencia que llama a todas las mujeres y sobre todo las jóvenes a “quédense en cama tranquilitas, no molesten. Ni en la maquila, ni saliendo de su barrio, ni vistiéndose como putas”, dijo. Los que asesinan a las mujeres no las ven como seres humanos, sino como cualquier cosa que se puede matar y descuartizar. En esta realidad no sólo local sino nacional y regional, no hay gobierno ni fuerza política que pare los feminicidios.

Territorio y poder

Raúl Zibechi - Viernes 31 de enero de 2020 - La Jornada Los movimientos antisistémicos y las relaciones sociales no capitalistas, cobran fuerza y se potencian cuando echan raíces en territorios recuperados y bajo control de sujetos colectivos. Una de las claves de esta potenciación de los movimientos consiste en que los territorios nos brindan la posibilidad de construir poderes propios, fuera del control de las instituciones estatales.

Si las mujeres zapatistas pueden decir que en el año pasado no hubo feminicidios en sus tierras, es porque se han hecho fuertes (“empoderadas”, diría la academia), capaces de defenderse, activando las nuevas relaciones sociales que están construyendo. Algo similar puede decirse de otros pueblos en movimiento, en particular en América Latina.

De algún modo, podemos calibrar la fuerza de un movimiento por su grado de territorialización; ya que los otros modos de evaluar las potencias colectivas, como la cantidad de personas que se movilizan, siendo barómetro, no resulta suficiente para construir algo nuevo, diferente y duradero. El territorio puede ser la casa común donde nacen y crecen otros mundos.

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Las asambleas territoriales que se han creado en Chile al calor de la rebelión popular que estalló el 18 de octubre, son la creación más importante del pueblo chileno, porque encarnan la autoorganización colectiva para resistir y crear nuevas relaciones, por fuera del mercado y el Estado.

En noviembre pasado, en Santiago había 120 asambleas territoriales enlazadas en dos coordinadoras, según la zona de la ciudad, con fuerte arraigo entre los vecinos movilizados (https://bit.ly/2RwOzSu).

El 18 de enero en el encuentro de la Coordinadora de Asambleas Territoriales eran casi 200 (se registraron 164, siendo 24 asambleas de fuera de Santiago). Al encuentro asistieron más de mil delegados, que se organizaron en 20 grupos de trabajo para debatir sobre cuatro temas: la coyuntura constituyente, el pliego de demandas (salud, educación, seguridad social, vivienda, etcétera), derechos humanos y construcción de poder territorial.

El colectivo de educación popular Caracol fue el encargado de promover dinámicas para que circulara la palabra y no quedara monopolizada por los varones militantes. En su análisis, las asambleas territoriales son el aspecto organizativo “más relevante” de la revuelta en curso, que generó “un clima de ingobernabilidad nunca visto en la posdictadura”, sólo comparable con las jornadas de protesta contra Pinochet entre 1983 y 1986 (https://bit.ly/37OfIGp).

Define a las asambleas como “poder popular local” en las ciudades, ya que resuelven sus problemas más urgentes “por mano propia y colectiva”, sin perder el horizonte nacional. El colectivo Caracol nos recuerda que la asamblea y la educación popular son las formas organizativas legitimadas por el Chile de abajo, formas de democracia directa que están en la base de los movimientos estudiantil, feminista, medioambiental y en las protestas territoriales. Por eso actualizan las viejas consignas de “todo el poder a las asambleas” y “levantar dos, tres… mil asambleas territoriales”.

En la apertura del encuentro, realizado en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago, se leyó un comunicado de la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) que rechaza la convocatoria desde arriba de la asamblea constituyente, mientras defiende un proceso para una nueva Constitución desde las asambleas, los cabildos y los movimientos populares (https://bit.ly/315VNAb).

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Apuesta a fortalecer el sujeto popular con base en el trabajo solidario y colectivo en los barrios, la autoeducación y autoformación popular, y defiende “una democracia directa sin jerarquías”. Llama a destituir a la clase política, al poder y a las militancias tradicionales, mientras defiende la idea de vivir en comunidad y tejer lazos de confianza en los territorios.

Este es el núcleo de la rebelión y la herencia político-cultural más importante para las próximas generaciones de rebeldes. Así como el levantamiento ecuatoriano parió un Parlamento Indígena y Popular donde se coordinan ya 200 movimientos, el estallido chileno se condensa y adquiere densidad política en la red de asambleas territoriales.

La experiencia nos enseña que la acción multitudinaria intensa, que suele denominarse “ciclo de protesta”, se desgrana con el paso del tiempo. Para que las prácticas colectivas no se diluyan, para que “la dignidad se haga costumbre”, como señala la Coordinadora, lo vivido por miles de personas debe cristalizarse en estas organizaciones territoriales, que seguirán horadando el sistema, en silencio, cuando los focos mediáticos se apaguen. Hay mucho para debatir y para seguir aprendiendo. Como crear nuestra propia agenda y no depender de la agenda de arriba; como rehuir la lógica de llevar a las instituciones o al escenario macro, lo que vamos construyendo abajo y a la izquierda.

Estas asambleas son el mundo nuevo posible, que debemos cuidar para que otros y otras lo multipliquen, cuando puedan y quieran.

“Ellas no viven en el mundo que es el nuestro” Celia Guerrero - Piedepagina.mx - Igualada- 29 enero, 2020

El feminismo de élite continua prácticamente dominando el discurso, imponiendo agenda al feminismo que “se olvidó de luchar contra el sistema” Hace 45 años, una mujer boliviana, trabajadora de su hogar y madre de 7 hijos, fue invitada a la primera conferencia mundial sobre la mujer organizada por las Naciones Unidas. Su nombre era Domitila Barrios y cuando subió a la tribuna de este evento —cuya 20

sede fue la Ciudad de México y al asistieron cientos de representantes de gobiernos miembros de la ONU y grupos de mujeres de estos países para exponer y discutir lo que consideraban una estrategia para “el progreso de las mujeres y la igualdad de género”— se presentó diciendo al micrófono: “Bueno, yo soy la esposa de un trabajador minero de Bolivia”.

Era 1975 cuando Domitila participó en dicha conferencia como representante del Comité de Amas de Casa del Siglo XX, una agrupación de esposas de trabajadores de una mina de estaño en los Andes bolivianos, y puso sobre la mesa una discusión que hasta el momento no se había dado en tan sagrado espacio: la distinción entre el pensamiento de una élite feminista y las cotidianidad de las mujeres latinoamericanas.

“Me subí y hablé. Les hice ver que ellas no viven en el mundo que es el nuestro”, narra en el inigualable testimonio Si me permite hablar…, reunido en 1977 por la socióloga feminista Moema Viezzer.

“Por eso —les dije yo—, ustedes tienen que comprender que nosotras no vemos ninguna solución a nuestros problemas mientras no se cambie el sistema capitalista en que vivimos”, narra Domitila en su testimonio sobre su exposición ante licenciadas, maestras, abogadas, periodistas que discutían sobre un plan mundial para su progreso en el que ni ella ni sus condiciones de vida no se veían reflejadas.

“Aquellas mujeres que defendían la prostitución, el control de natalidad y todas esas cosas, querían imponer aquello como problemas primordiales a ser discutidos en la Tribuna. Para nosotras eran problemas reales, pero no los fundamentales”, continua.

Señalar la miopía de quienes se negaban a hacer una distinción de clase para poder estipular una agenda mundial para “el progreso de las mujeres” le valió a Domitila Barrios el reconocimiento de otras latinoamericanas que al escuchar sus palabras le pidieron volver a la tribuna para representarlas. Y, repito, por más actual que parezca, esto sucedió ¡hace 45 años!

Si nos adelantamos 20 años, en 1995 se organizó la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. En esa ocasión en el evento los paí21

ses miembros adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un documento cuyas iniciativas diseñadas para sortear los obstáculos para “el empoderamiento de las mujeres” hasta la fecha continúan en evaluación.

Entonces, desde la esfera de poder más alta se dictó una nueva agenda mundial: mujer y pobreza, educación, salud, medio ambiente, violencia contra la mujer, las niñas y las mujeres en ejercicio del poder, los conflictos armados, la economía, medios de difusión.

De eso, este septiembre de 2020 habrán pasado 25 años. Y no deja de ser triste que el testimonio de Domitila Barrios sea tan vigente y se repita como un eco que a pesar del silenciamiento continuará resonando, aunque algunos escenarios sí se hayan modificado para bien o para mal, como el de la actual mediatización del movimiento feminista.

En “Un feminismo útil para la la lucha de los pueblos”, Adriana Guzmán, otra feminista boliviana perteneciente a una nueva generación, plantea la necesidad de superar el feminismo colonizado y colonizante, centrado en “luchas temáticas, por los derechos, por la diversidad, por la inclusión”, muchas veces individualista y funcional al sistema de opresiones.

Desde un feminismo de acciones políticas —no de teoría—, Adriana y otras integrantes de Feminismo Comunitario Antipatriarcal apuestan por la construcción otra forma de vida, una en la que, por ejemplo, el aborto es una forma de decolonización del cuerpo y la sexualidad; la crianza comunitaria, una responsabilidad con la vida; y el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar es visto como la raíz del capitalismo, entre otros planteamientos.

Pero el feminismo de élite continua prácticamente dominando el discurso, imponiendo agenda al feminismo que “se olvidó de luchar contra el sistema”, como sugiere Adriana Guzmán.

En este preciso momento se realiza en Santiago de Chile la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la que se comparten los avances de la Plataforma de Acción de Beijing y la discusión que dictan las grandes organizaciones aparece, 22

de nuevo, totalmente descolocada de la realidad social de un país y una región en convulsión. Mientras, las otras propuestas caminan a contracorriente para transformar ese mundo en el que ellas viven.

Posneoliberalismo con piquete de ojo Juan Carlos Ruiz Guadalajara* - La Jornada Sábado 1º de febrero de 2020

En un ensayo reciente, Joseph Stiglitz no dudó en declarar que “el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización”. El Nobel de economía se refirió con ello a los devastadores efectos climáticos que ha provocado ese modelo capitalista global que depende del saqueo, la desposesión, la desregulación a ultranza del mercado, la mercantilización de los bienes bioculturales y, fundamentalmente, del neoextractivismo en sus múltiples manifestaciones; pero Stiglitz también señaló que la actual situación empeora debido a los demagogos “que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia”.

En teoría, ninguno de estos asertos nos deberían concernir en el ámbito mexicano, pues al presidente López Obrador (AMLO) le bastaron cuatro meses en el cargo para anunciar la abolición del neoliberalismo en México y el arribo de una nueva era, la posneoliberal, definida por el surgimiento de un “Estado de bienestar igualitario y fraterno” (AMLO dixit). Sin embargo, y a más de un año de su arribo al poder, las declaraciones del Presidente sobre el final de “la larga y oscura noche neoliberal” no se sostienen. En cambio, lo que se aprecia es una profunda falta de voluntad política para desmontar los fundamentos jurídicos del neoliberalismo que los tecnócratas nos comenzaron a imponer desde 1983. De hecho, en su último libro Hacia una economía moral, entre las páginas 81 y 88, AMLO da una lista casi completa de las reformas que durante esa “larga noche neoliberal” gestionaron y operaron políticamente diputados a quienes acusa de haber sido “fieles servidores de los potentados y de sus jefes políticos”, reformas que siguen vigentes.

Establecer las bases de un “nuevo régimen” posneoliberal, que por el momento sólo aparece en declaraciones políticas, pasa necesariamente por la abrogación de las múltiples reformas constitu23

cionales y de las leyes secundarias que terminaron por dar vida a un neoliberalismo “a la mexicana”, profundamente corrupto, entreguista y apátrida. Pero también, las particularidades y los elementos constitutivos de ese hipotético “nuevo régimen” deben manifestarse con urgencia y claridad, sobre todo para que los ciudadanos comencemos a conocer cuál es el verdadero proyecto de nación, más allá de haber sido nuestro voto y nuestras luchas los factores que como país nos permitieron transitar desde una cleptocracia (hasta ahora impune por la manifiesta voluntad presidencial del “punto final”) hacia una honestocracia que, si bien tiene enormes beneficios, no basta para declarar el final de lo que AMLO denomina el “viejo régimen”.

La sacudida que el Presidente está dando a la realidad nacional es de pronóstico reservado, es como un tornado que se nutre de verdadero amor patrio y de una interpretación pueril de la historia de bronce en México, de ello no hay duda. Pero también hay amores que matan, y en el caso de AMLO no se puede vivir como Juárez en términos de honestidad política republicana y actuar como Porfirio Díaz cuando se trata de grandes inversiones, megaproyectos e imposición de nuevas y arbitrarias condiciones socioecológicas a los pueblos a través de la desposesión o la devastación de sus territorios.

Hasta ahora el discurso de la 4T se ha construido como supuesta antítesis del modelo de economía neoliberal y se acompaña de políticas públicas de verdadera justicia social (inédita lucha contra la corrupción, redistribución de recursos públicos hacia sectores vulnerables y tradicionalmente excluidos, inicio del difícil proceso hacia la salud y la educación gratuitas y universales, etcétera); sin embargo, los aspectos más destructivos y determinantes de dicho modelo neoliberal se mantienen e incluso se promueven desde el nuevo gobierno, principalmente la frenética carrera por transformar en mercancía el patrimonio biocultural de las futuras generaciones. ¿Será que AMLO no se ha planteado desandar la estructura legal del neoliberalismo porque, así como está, le es útil para sus megaproyectos estelares? La pregunta tiene sentido cuando escuchamos decir al mismo Presidente, por ejemplo, que en los casos del Co24

rredor Transístmico y el Tren Maya se buscará que los dueños de la tierra se conviertan en socios del negocio, incluidos ejidatarios y comuneros. O cuando vemos que el proyecto del Tren Maya es la fachada de una reconfiguración del sureste mexicano con base en capital privado para la circulación de hasta 10 millones de toneladas anuales de mercancías, materias primas (minerales incluidos) y animales, además de la irrupción en la zona de 50 millones de turistas anuales para mediados de este siglo, todo con un impacto climático difícil de describir, pero con toda certidumbre desastroso.

Ambos proyectos responden plenamente al modelo neoliberal, a la combinación de neoextractivismo, megaproyectos y mercantilización del patrimonio. Nada más infame que la naturaleza turística del proyecto estratégicamente bautizado como Tren Maya. Los pueblos de la región o los migrantes ya no serán dirigidos a plantaciones de henequén como en el siglo XIX, sino a cargar palos de golf en el siglo XXI, o a responder a la demanda de empleados que el crecimiento del turismo y su infraestructura asociada necesitará. Todo ello lo tienen claro los zapatistas, gracias a lo cual el Tren Maya y el transístmico todavía no son fatalidades cortesía de lo que podríamos bautizar provisionalmente como el nuevo neoliberalismo fraternal. En este contexto, lo único cierto es que en México el posneoliberalismo llegó con moche, con piquete de ojo. *Investigador de El Colegio de San Luis.

La emergencia climática como negocio

Silvia Ribeiro * - La Jornada - Sábado 1º de febrero de 2020 Justo antes de que los super-ricos del planeta se reunieran en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado, la trasnacional Microsoft anunció sus planes de volverse una empresa “negativa en emisiones de carbono” para 2030. Poco antes, BlackRock, la billonaria y mayor gestora de inversiones especulativas del globo, aseguró que cambiaría parte de sus inversiones para atender el cambio climático. La “emergencia climática” fue uno de los temas centrales en las sesiones del Foro de Davos este año. Otras grandes empresas, muchas culpables del caos climático, como las de agro25

negocios, energía, automotoras, plataformas digitales, han hecho recientemente declaraciones similares. ¿Significa esto que las trasnacionales, principales causantes del cambio climático, finalmente asumirán la gravedad de la situación y cambiarán sus causas? Claro que no. Lo que están haciendo es asentar una nueva ola de oportunidades de negocio. Por ejemplo, nuevas formas de apropiarse de la tierra y los ecosistemas –con graves impactos sobre las comunidades y el ambiente– y el desarrollo de tecnologías de geoingeniería.

Engloban estas propuestas con expresiones engañosas, como “soluciones basadas en la naturaleza”, “reducción neta de emisiones”, “carbono neutral”, “cero emisiones netas” o el aún más absurdo “emisiones negativas”. Absurdo porque no existe ningún gas que una vez emitido sea menos que cero. Todas son trampas de lenguaje, ya que no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que alegan compensar esas emisiones para justificar el seguir contaminando. No son reducciones, sino malabarismos contables para que la suma termine en cero o incluso en “negativo”, caso en el cual la humanidad quedará debiéndoles el favor a las empresas que causaron el desastre.

Microsoft, justamente, afirma que para 2030 tendrá emisiones de carbono negativas y para 2050 habrá removido toda la huella histórica de carbono de la empresa, incluso la de los usuarios de sus productos. Para ello, por una parte, continuará con “compensaciones” de carbono (por ejemplo, invertir en monocultivos de árboles u otras actividades que compensen sus emisiones supuestamente absorbiendo carbono). Además, anunció nuevas acciones, como el cambio en sus instalaciones a transportes eléctricos o basados en agrocombustibles. Medidas similares anunciaron también Amazon, Apple y Alphabet (dueña de Google), ya que las plataformas digitales consumen una enorme cantidad de energía. Es poco conocido, pero todas están entre los principales consumidores de energía en Estados Unidos. Este cambio podría parecer positivo, pero debe ser analizado a la luz de a qué fuente de energía se refieren y cómo se obtiene. Por ejemplo, la bioenergía y los biocombustibles, si se analiza su ciclo de vida completo, usan más petróleo y emiten más gases de lo que dicen sustituir.

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Microsoft explica que no sólo compensará emisiones, sino también removerá carbono de la atmósfera, usando una mezcla de “soluciones basadas en la naturaleza” y “soluciones” tecnológicas. Lo primero debe traducirse como la intención de apropiarse de territorios que considere fuentes significativas de absorción y retención de carbono, de bosques a humedales, turberas y mares. Además, promoción y cabildeo para que los suelos agrícolas sean aceptados como sumideros de carbono, algo que actualmente no sucede, porque la absorción en suelos no es permanente. No sólo Microsoft, sino todas las empresas que ahora hablan de “soluciones climáticas basadas en la naturaleza” se proponen abrir nuevos frentes de disputa por el control de campos agrícolas y territorios, que esperan les sirvan para obtener nuevos créditos comerciables en los mercados de carbono, pese a que está demostrado que esos mercados no han funcionado para combatir el cambio climático.

En cuanto a “soluciones” tecnológicas, Microsoft anunció el aumento exponencial de apoyo a tecnologías de geoingeniería. Bill Gates, fundador de esta empresa, es actualmente el principal financiador privado de investigación en estas tecnologías de manipulación del clima. Ahora Microsoft anunció la creación de un fondo por mil millones dólares para desarrollo de tecnologías de geoingeniería. Comenzarán con bioenergía, con captura y almacenamiento de carbono (Beccs, por sus siglas en inglés), y “captura directa de aire”, que son megainstalaciones que filtran aire y separan el dióxido de carbono con sustancias químicas. No está claro dónde lo almacenarían para que no retorne a la atmósfera. Como todas las tecnologías de geoingeniería, requieren grandes cantidades de energía, son de alto costo y no está técnica ni ambientalmente probado que puedan funcionar a la escala necesaria para afectar el cambio climático. El fondo estará abierto a financiar también otras técnicas de geoingeniería, incluso la modificación de radiación solar, con lo cual se convertirá en el mayor fondo de promoción de la geoingeniería hasta ahora.

Por sus altos riesgos e incertidumbres, el despliegue de geoingeniería está bajo moratoria en Naciones Unidas, algo que será necesario afirmar ante estos nuevos ataques corporativos (https://tinyurl.com/vztyloz). * Investigadora del Grupo ETC 27

Violencia en enero: exterminio en zona indígena Vania Pigeonutt - piedepagina.mx - 3 febrero, 2020

En Guerrero celebran, el índice de homicidios bajó. Pero no baja el nivel de crueldad, y la violencia se concentra en zonas indígenas.

Acusan que detrás de los ataques se esconden intenciones de despojo El viernes 17 de enero, diez hombres, entre ellos, un adolescente de 15 años, fueron asesinados en Mexcalcingo, una comunidad a tres horas de Chilapa de Álvarez. Eran integrantes del grupo musical La Sensación y uno de ellos pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Los asesinados, de entre 15 y 24 años, eran indígenas de la comunidad nahua de Alcozacán. Fueron a trabajar a Tlayelpan, cuyos límites, de acuerdo a las versiones dadas por las autoridades de Guerrero, es una zona tomada por el grupo criminal Los Ardillos.

Por este ataque quedaron huérfanos casi 20 niños.

Esa zona es la entrada a la región Montaña de Guerrero. Ahí, sólo en un año –del 27 de enero de 2019 al 17 de enero de 2020– fueron asesinados 48 habitantes de 16 pueblos de los municipios de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Chilapa, que juntos conforman la zona nahua más grande del estado. Tan sólo en estas 16 comunidades viven alrededor de 5 mil habitantes.

Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, fue uno de los asesinados. Se había ido de Alcozacán para alejarse de la violencia. David Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF es originario de Rincón de Chautla, una comunidad pequeña entre los municipios Chilapa y Hueycantenango. Ahí se han presentado emboscadas.

Sánchez Luna compartió que mucha gente tuvo que regresar de Estados Unidos para defenderse, o, como Israel, para trabajar. Él se encontraba en el estado de Morelos.

En esta área de entrada a la Montaña se concentran varios problemas: la pobreza estructural, el desplazamiento forzado interno de decenas de familias de colonias y poblaciones aledañas, acosadas por 28

el grupo criminal que opera con impunidad en la zona. Y también está la migración hacia estados del norte y Estados Unidos, en busca de fuentes laborales. El acoso para que los habitantes abandonen todo es constante. Consideran que es una estrategia para despoblar sus territorios ricos en minerales, árboles frutales y maderables.

Cuando la comunidad los llama Israel era el chofer del grupo musical Sensación. Él regresó apenas dos viernes atrás, el 3 de enero, a su comunidad. Volvió porque lo eligieron para ser policía comunitario por un año. Igual que él, otros dejaron sus trabajos recogiendo fresas y cerezas en Baja California para integrarse de lleno a sus sistemas de seguridad.

“Acá las cosas se empezaron a poner más y más difíciles. Nos cooperamos con mi familia para comprar esta escopeta, que nos costó 12 mil pesos, lo invertimos porque fui elegido como policía. Yo no planeaba regresar, ganaba bien, 3 mil pesos a la semana y podía mandar dinero. Llegué y mi esposa me recibió llorando, tenía poco que dos señoras que fueron por mandado habían sido asesinadas.

Decidí quedarme”, cuenta un policía que prefiere solo compartir su historia, no le interesa dar su nombre.

Estos 10 homicidios se suman a los 115 asesinatos que hubo en enero, de acuerdo al recuento periodístico que puntualmente realiza el diario El Sur cada mes, con base en notas reportadas por sus corresponsales, desde las siete regiones de Guerrero. ¿A la baja?

De acuerdo al conteo de El Sur, hubo 35 asesinatos menos, con relación a enero de 2019. Hay una tendencia a la baja, en cuanto a número de homicidios dolosos. Sin embargo, los asesinatos siguen ocurriendo en la mayoría de las regiones. Acapulco, Chilpancingo y Chilapa, siguen siendo municipios punteros en cuanto a número de homicidios.

“En enero en Acapulco hubo 42 homicidios, en Chilapa 12, en Chilpancingo 10, en Taxco ocho, en Huitzuco cinco, en Zihuatanejo, en Zirándaro, en Iguala y en Ometepec cuatro, en Ciudad Altamirano, Cochoapa el Grande y Atlixtac tres, en Coyuca de Benítez, en Coyuca de Catalán y Copanatoyac dos. En Atoyac, 29

Zitlala, Tlapa, Eduardo Neri, Cuajinicuilapa, Tepecoacuilco y Petatlán un asesinato”, se lee en su nota publicada este 3 de febrero.

II. Homicidios dolosos a nivel nacional y postura del gobierno estatal El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que administra la Secretaría de Gobernación (Segob), confirma que 2019 fue el año con mayor número de asesinatos a nivel nacional. Pero en Guerrero las autoridades celebran que el estado dejó de estar en los primeros lugares de homicidios dolosos.

Entre enero y diciembre pasados se cometieron en el país 34.582 homicidios dolosos. Esto representa un 2.5 % de aumento con respecto a 2018. Junio fue el mes con más homicidios: 2.993, concentrados, en su mayoría, en los estados de Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California.

Cifras alegres En el caso de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, presume que hay una disminución en número de homicidios. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz – nuevo nombre de la coordinación entre instituciones federales de seguridad del estado y la federación– aseguró que en los primeros días de enero disminuyó casi el 50 % de homicidios dolosos.

“Acapulco registra los primeros 12 días de este 2020, una disminución de hasta el 61 % con 29 homicidios menos respecto a 2019 y 11 municipios más registran homicidios dolosos con una disminución del 47.9 % en todo el estado en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2019”, presumieron a mediados de enero, antes de la masacre en Chilapa.

Luego del informe del SNSP, el gobierno de Guerrero asegura que la criminalidad bajó un 18 %, en relación al año pasado. Pasó al séptimo lugar en número de homicidios dolosos. La entidad cerró 2019 con el número más bajo de homicidios dolosos en los últimos cinco años, de acuerdo a las estadísticas.

“Tan sólo de 2019 a 2018 pasó de dos mil 222 asesinatos a mil 583.

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Mientras que en comparación con 2015 se registraron dos mil 016 casos, la caída de la incidencia delictiva fue de 21.4 %”, alardeó Astudillo.

Más allá de las cifras Sin embargo, las estadísticas son sólo eso para activistas como Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una organización que ha alertado que la lectura de las cifras debe ser cuidadosa. El fenómeno de la violencia se debe erradicar hasta llegar a cero asesinados. Mientras siga habiendo homicidios, feminicidios y las formas de matar sigan siendo cada vez más crueles, no hay nada qué festejar.

Considera también que hay un exterminio y despojo, sobre todo en las zonas indígenas, donde mayormente opera Tlachinollan.

En los hechos recientes de Chilapa, la organización fijó una posición: “El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se necesita serenar al país y trabajar en una estrategia más integral que atienda las causas de la violencia, requiere intervenciones al más alto nivel para poder contener esta avalancha delincuencial. No se pueden postergar respuestas a un mediano y largo plazo; se requiere implementar ya acciones coordinadas para desmontar esta estructura delincuencial”.

Continúa: “los pueblos indígenas de Chilapa, que han sido grandes artistas y que le han dado identidad e historia a nuestro estado no pueden seguir sometidos por grupos que quieren utilizar sus territorios para imponer negocios de la economía criminal. Sobre todo en esta región sureña de Chilapa lo que sigue prevaleciendo son los balazos y no los abrazos, contrario a lo que ha planteado el presidente de la República”.

III. Acoso hacia la policía comunitaria en Chilapa y mapa criminal En septiembre de 2014, varios de los pueblos de esta ruta, crearon la Policía Comunitaria para defenderse de las incursiones del grupo criminal Los Ardillos, liderado, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), por los hermanos Ortega Jiménez. Uno de los integrantes de esta familia es Bernardo, quien se ha deslindado múltiples ocasiones de sus parientes, pero ha sido tres veces diputado local por los votos de la población en las zonas de influencia de su familia, una de esas, incluso fue coordinador del Congreso.

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El área de control de Los Ardillos abarca ya cinco municipios: Quechultenango –donde viven los hermanos Ortega Jiménez– Mochitlán, Tixtla, Chilapa y José Joaquín de Herrera.

En el mapeo de grupos delictivos de este 2020, el gobierno del estado asegura que en total operan 14 grupos criminales, repartidos en las siete regiones. En la Tierra Caliente: Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios; zona Norte: Los Rojos, Guerreros Unidos y Gente Nueva; Costa Grande: Jalisco Nueva Generación, Guardia Guerrerense, Los Viagras y Los Cornudos.

En la zona Centro –donde ocurrió la masacre de los 10 integrantes del grupo musical–, Los Rojos, Los Ardillos y el Cartel del Sur; en Acapulco: La Empresa, Los Virus, Los Capuchinos, El CIDA, Beltrán Leyva; Costa Chica: Beltrán Leyva y la región Montaña: Los Ardillos. Estas dos últimas regiones que concentran a la mayor población indígena en el estado y los municipios más pobres de la entidad también presentan el menor número de homicidios dolosos.

A ningún grupo le da ya la denominación de cartel.

Los datos del gobierno de Guerrero, en cuanto a la situación de las policías comunitarias y civiles armados, son contundentes en algo: sólo la CRAC es considerada policía comunitaria. Además, hay 24 grupos de civiles armados repartidos en el territorio. Esta concentración abarca el 70 por ciento de los 81 municipios que tiene Guerrero.

IV. Infancia armada Los 16 pueblos de Chilapa y Hueycantenango están enojados con el presidente de la República. En declaraciones telefónicas, uno de los coordinadores, David Sánchez Luna le respondió enérgico al mandatario: “Dice que somos irresponsables por armar a nuestros niños, cuando no entienden que es autodefendernos, porque ellos no hacen su trabajo. ¿De qué nos sirve la Guardia Nacional y el Ejército, si en los hechos nos siguen matando, desapareciendo, desplazando?

Que se venga a parar acá para que vea la situación”.

David Sánchez Luna Ellos votaron por un cambio. Creyeron que con López Obrador sí 32

sería efectiva la atención a los pueblos originarios, tal y como se comprometió, pero no.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un acto prepotente” que niños entrenen en las comunidades de Chilapa.

“Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder; porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”.

AMLO El domingo 12 de enero, sólo cinco días antes de que estuvieran de luto por las 10 personas asesinadas –cinco de ellas fueron calcinadas–, 19 niños entrenaron en la comunidad de Ayahualtempa.

Lo hicieron a sólo 800 metros de donde están atrincherados, presuntos sicarios del grupo criminal Los Ardillos.

La comunidad de unos 800 habitantes tiene un lago, varias iglesias, una católica y dos templos cristianos. Varios de los habitantes adoptaron en los ochenta la religión pentecostés o presbiteriana.

Se escuchan cumbias cristianas en dos casas, y Manuel, de ocho años, va a dejar su biblia a la casa de su abuelita, para agarrar un palo y ponerse a entrenar en la cancha frente a la Comisaría.

Rifles y burro castigado Los niños entrenan posiciones de tiro, les enseña uno de los coordinadores de la CRAC. La mayoría tienen palos, pero hay quienes ya portan escopetas reales. Los niños entrenan alrededor de 30 minutos y después juegan burro castigado, un juego de saltos colectivos. Después comen frituras y ríen y corren alrededor de la cancha.

Uno de los policías, de 17 años, da una explicación: “acá la mayoría somos cristianos. No creemos en la venganza, pero tampoco vamos a permitir que nos sigan matando. A mí me mataron a mi papá, y no por eso voy a ir a buscar a esa gente, porque sé perfectamente quienes son. Con un arma nos sentimos un poco más tranquilos, más respetados. Es por autoprotección, no somos asesinos como ellos”.

Foto: Desinformémonos

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