CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 5 de Junio de 2019
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COMUNICADO DEL CNI-CIG Y EL EZLN ANTE LA VIOLENCIA DESATADA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A A A A
los pueblos del mundo las redes de apoyo al CIG la sexta nacional e internacional los medios de comunicación
El paso del capitalismo neoliberal está marcando sus pasos con la sangre de nuestros pueblos, donde la guerra arrecia porque no cedemos nuestra tierra, cultura, nuestra paz y organización colectiva; porque no cedemos en nuestra resistencia ni nos resignamos a morirnos. Denunciamos el cobarde ataque perpetrado el pasado 31 de mayo a la comunidad indígena nahua de Zacualpan, miembros del Congreso Nacional Indígena en el municipio de Comala, Colima, en la que un narco paramilitar disparó armas de grueso calibre contra un grupo de jóvenes, asesinando a uno de ellos y dejando gravemente heridos a tres más. Ante los graves hechos, hacemos responsable a los tres niveles del mal gobierno que permiten la operación de estos grupos narco paramilitares en la región, principalmente el director de seguridad pública Javier Montes García. Exigimos el pleno respeto a los usos y costumbres de la comunidad indígena nahua de Zacualpan. Condenamos la agresión y destrucción ocurridos la madrugada del 31 de mayo en las localidades de Rebollero y Rio Minas, pertenecientes a la comunidad binizza de San Pablo Cuatro Venados en el municipio de Zachila, Oaxaca, a manos de un grupo armado, que con violencia destruyeron la casa de decenas de familias. Un numeroso grupo de personas llegó a la localidad disparando armas de grueso calibre y acompañados de maquinaria pesada, tras muchos disparos derribaron las casas, obligando a salir y refugiarse en el monte a las y los compañer@s, entre los que se encontraban menores de edad. Derribaron 24 viviendas, quemaron maíz y otros granos almacenados como semillas para la siembra, quemaron las pertenencias personales de la comunidad como ropa y zapatos. Además, se robaron ganado, plantas generadoras de energía y bombas de agua. 1
Condenamos la represión y despojo cometido en contra de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México que de forma violenta, fueron desalojados por grupos de choque al servicio del mal gobierno y las empresas inmobiliarias, junto con cientos de granaderos al servicio de Néstor Núñez, titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, el pasado 30 de mayo a las 11:00 horas en el campamento que mantenían sobre la calle de Londres No. 7, Col. Juárez, desde donde la comunidad otomí mantiene campamentos temporales desde el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Condenamos el cerco narco paramilitar que grupos criminales, solapados y apoyados por los tres niveles del mal gobierno y todos los partidos políticos, mantienen en contra de las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en el municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera, que con autonomía construyen la paz con su lucha. Hacemos un llamado a los pueblos de México y el mundo a estar atentos y solidarios con la lucha de los pueblos de Guerrero, a romper el cerco que impone la violencia por la apropiación capitalista de los territorios indígenas, que limita el ingreso de alimentos y medicamentos. Llamamos a apoyar el acopio de víveres que serán destinados a las comunidades afectadas, y que recibirá productos como maíz, arroz, frijol, chiles de lata, azúcar, sardina, atún, papel de baño, pañales y medicamentos, en el local de UNIOS, ubicado en la calle Dr. Carmona y Valle No. 32, colonia Doctores, en la Ciudad de México. Reiteramos que nuestra madre tierra no está en venta al gran capital ni a nadie, nuestra existencia no se negocia y por lo tanto tampoco la resistencia de nuestros pueblos. Atentamente Junio de 2019 Por la reconstitución integral de nuestros pueblos Nunca más un México sin nosotros Congreso Nacional Indígena Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional 2
Llamado por la Paz y por la Vida los pueblos indígenas de Chilapa, Guerrero Las 22 comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, que nos organizamos en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) estamos de luto, pues durante el pasado mes de mayo hemos tenido que devolver a la tierra a cuatro de nuestros hermanos asesinados. Con amargura, dolor y con todos los honores que un pueblo puede brindar a sus hijos más ejemplares, nos despedimos de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos emboscados el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de participar en una reunión en la capital del estado; días después, el 23 y 24 de mayo, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, fueron secuestrados y ejecutados cuando regresaban de comprar víveres para sus comunidades. Sus cuerpos fueron descuartizados y embolsados para provocar terror nuestras comunidades. También deben saber que nuestros hermanos que ahora hacen falta en sus familias y en nuestras comunidades, eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) que el año pasado impulsó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, a la que con cariño llamamos Marichuy. El asesinato de nuestros compañeros se suma al de Samir Flores en Morelos, al de Gustavo Cruz Mendoza en Oaxaca y muchos otros que defienden la naturaleza, los bosques, los ríos y las montañas de la depredación de las empresas mineras. La zona donde vivimos es rica en recursos naturales y minerales, sabemos que incluso se han realizado estudios para detectar la existencia de petróleo, mina, talas de árboles en nuestras montañas. Las grandes empresas, nacionales y transnacionales que saquean los recursos naturales que son de todos los mexicanos, han convertido a todo el estado de Guerrero en una zona de conflicto de guerra. Los pueblos indígenas que somos los guardianes milenarios de estas tierras vírgenes, somos un estorbo para su codicia. Resistimos como pueblos porque no hemos permitido que nuestras tierras sean lotificadas, individualizadas y arrancadas una por una. Nos encontramos ante el acecho permanente de los grupos criminales que son el brazo armado de los dueños del dinero. Estos 3
grupos siguen siendo protegidos, financiados y dirigidos principalmente por los gobiernos municipal, estatal y federal…muy pocas cosas han cambiado desde la noche de Iguala, los mismos grupos económicos, políticos y criminales que nos arrebataron a nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, siguen cobrando la vida de gente buena del campo. Los grupos criminales se han apoderado de los caminos que utilizábamos para bajar a la ciudad a comprar víveres y estamos amenazados de muerte si pasamos por ahí. No hemos podido sembrar nuestras tierras y todas las escuelas están cerradas. Tienen que saber que necesitamos de su solidaridad y de la fuerza de todos ustedes, campesinos, trabajadores, obreros, amas de casa, estudiantes, sindicalistas de todo el país, para detener esta guerra, para romper el cerco paramilitar que rodea a nuestras comunidades. Llamamos a los organismos nacional e internacionales su solidaridad con nuestras comunidades y pueblos de esta región de la Montaña Baja de Guerrero. También hacemos de su conocimiento que las autoridades federales encabezada por Andrés Manuel López Obrador omiten nuestra exigencia de justicia. Únicamente los hermanos del Congreso Nacional Indígena CNI y las redes de organizaciones sociales culturales, hemos encontrados su solidaridad hasta ahora en la lucha por la paz, justicia y por la vida. Pedimos de manera urgente nos brinden la mano, como hermanos que somos, llamamos a otros hermanos y hermanas para frenar la guerra en contra de nuestros pueblos. Les pedimos realizar todo tipo de actividades políticas para exigir por la paz y por la justicia, así mismo por la defensa de nuestra tierra y territorio. Les pedimos instalar centros de acopio de víveres para nuestras comunidades que a pesar del hambre y el frío resistimos y resistiremos como lo venimos haciendo desde hace 500 años. Por el bien de nuestros pueblos luchamos por la paz y la dignidad, que sin hacer daño a nadie vivimos en armonía con la naturaleza y así viviremos. Atentamente Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
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La corrupción del lenguaje Gustavo Esteva
Es sin duda la más grave. Pero casi no hablamos de ella. Experimentamos el mundo según las palabras que usamos. No podemos separar el lenguaje de la condición humana. Aludir a la corrupción del lenguaje es, por tanto, hablar de un daño profundo a nuestra existencia. Denunciar, como hago aquí, que tal corrupción se ha vuelto estilo del gobierno mexicano actual, es sólo un intento modesto de llamar la atención sobre uno de los males más graves que nos agobian. El control del lenguaje ha sido siempre instrumento de dominación. El capitalismo sólo profundizó y extendió prácticas anteriores. Tal despojo tuvo un sentido particularmente pernicioso después de la Segunda Guerra Mundial. El lingüista alemán Uwe Poerksen documentó cómo se impuso sobre el habla vernácula la tiranía de un lenguaje modular formado por las que llama “palabras plásticas”. Su estudio es fascinante pero muy deprimente. Muestra cómo se nos ha despojado de buenas y sólidas palabras, con las cuales dábamos pleno sentido a nuestras interacciones. Términos vacíos que nada significan pero están llenos de connotaciones ocupan ahora su lugar. Quien los usa cree estar diciendo algo muy importante y puede encontrar signos de aprobación en su audiencia, pero se sorprendería si un experto le explicara el significado técnico del término: nada tiene que ver con lo que cree estar diciendo. Poerksen explica la manera en que la tiranía se estableció, cuando la ciencia se apodera de una palabra vernácula para construir una metáfora y al regresar al terreno vernáculo esa palabra pierde su significado técnico pero llega con un poder colonizador sorprendente, se vuelve de uso común y destruye la conversación, al llenarla de palabras vacías. El lenguaje, explica Poerksen, cristaliza la conciencia y forma un mundo intermediario. Quizá no sea lo que querían los románticos, el espíritu de un pueblo, pero es claro que ese mundo intermediario institucionaliza y sanciona prácticas sociales e históricas. Según Poerksen, las palabras plásticas que estudia no son en sí mismas el mal pero enmascaran la brutalidad. “Con una palabra como ‘desarrollo’ es posible arruinar toda una región” ( Plastic Words,Pennsylvania State University, p. 7). 5
En el terreno minado por las palabras plásticas circula ahora la corrupción del lenguaje para disimular el despojo que patrocinan el capital y el gobierno. Se emplean palabras que aún conservan cierto prestigio, como la ciencia, para esconder bajo su manto la intención atroz. Hace unos años se denunció la investigación que científicos estadunidenses realizaban en la Sierra Norte de Oaxaca, con recursos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Un estudio notable documenta ahora el despojo que se prepara en la Sierra Mazateca. Bajo la máscara legítima de la espeleología, el estudio de las cuevas, las corporaciones y el gobierno pasan por encima de la voluntad de los pueblos para organizar su expoliación y el saqueo de sus tesoros. Un riguroso artículo de Saraí Piña y Federico Valdés documenta cómo “grandes proyectos extranjeros están explorando las extensas y profundas cuevas de la región mazateca… con falta de ética, simulación y poca transparencia” (https://bit.ly/2KkX3sz). Pueden multiplicarse ejemplos de este tipo, en que el gobierno y los científicos son cómplices del saqueo corporativo. Mucho más grave es el uso de términos como “desarrollo”. Con esa sombrilla el gobierno prepara acciones que arruinarán a regiones enteras, como advirtió Poerksen. “El lenguaje político”, decía Orwell, “está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdaderas y que el asesinato sea respetable”. La mentira como forma de gobernar se extiende cada día, como ilustra bien el señor Trump. En México, el mejor ejemplo es la palabra “consulta”. Se pretende legitimar decisiones que enfrentan inmensa resistencia con encuestas de opinión que se presentan como consultas ciudadanas. Las convocatorias a “consultas” a pueblos indígenas son ejemplo trumpiano: enuncian en la primera parte su derecho a la consulta previa, libre e informada, y describen en la segunda cómo se le violará. El ejercicio no es previo –la decisión ya se tomó, como el gobierno reconoce–, ni libre –se practica con manipulaciones– y tampoco es informado: es tan engañoso como insuficiente. Se adopta así el modelo Orbán de gobernar, cuando la consulta ciudadana se presenta como “democracia directa” para disimular la tiranía húngara, denunciada por la Comisión Europea de Derechos Humanos y celebrada por el señor Trump. Por nuestro propio bien, para aliviar la pobreza y cuidar la naturaleza, dice el gobierno, debemos aceptar atrocidades como el 6
Corredor Transístmico o el Tren Maya. Pocos despojos son más graves que la corrupción del lenguaje, cuando las palabras se usan para manipular y dar apariencia democrática a un ejercicio tiránico. gustavoesteva@gmail.com
Por la vida y contra la guerra en las comunidades zapatistas Gilberto López y Rivas
Este día se está llevando a cabo en territorio nacional, y en varios países del mundo solidario (entre ellos, Francia, España, Grecia y Estados Unidos), una jornada en contra de la militarización de los territorios y las comunidades zapatistas, que ha sido denunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y estudiada metódicamente por el Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). El Frayba, mediante la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registra un aumento de 100 por ciento en el número de incursiones del Ejército Mexicano, patrullajes terrestres y sobrevuelos desde helicópteros a partir de diciembre de 2018, y, concluye, con fundadas razones, que estos actos de intimidación y hostigamiento “significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población. Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños, animales en el camino”. El Frayba registró, también, actos de espionaje en el campamento de observación internacional de La Realidad, que vulneran, igualmente, la integridad y seguridad de quienes realizan el monitoreo. Este proceso de militarización se está efectuando, además, mediante un incremento en la actividad de los grupos paramilitares, que la Sedena, por cierto, en una reinterpretación de la vieja metáfora de “quitar el agua a los peces revolucionarios” (aislarlos del pueblo), considera, en sus manuales de contrainsurgencia, que da mejores resultados en el accionar contrarrevolucionario, introducir “peces más 7
bravos” en el teatro de la guerra. Recordemos el crimen de Estado de Acteal, o la labor que realiza el sicariato en los territorios en resistencia para entender esta “contribución metafórica” de los militares mexicanos a la contrainsurgencia mundial. El EZLN, en el comunicado que denuncia la ofensiva militar, señala: “Los patrullajes y sobrevuelos no siguen la ruta del narcotráfico, ni de las agobiadas caravanas de las hermanas y hermanos migrantes que huyen de una guerra que se niega a decir su nombre… para entrar a otra que se esconde detrás de un Ejecutivo federal parlanchín y pendenciero. No, esa amenaza de muerte recorre por aire y tierra las comunidades indígenas que han decidido mantenerse en resistencia y rebeldía para defender la tierra, porque en ella está la vida. Ahora, además, miembros del Ejército y Fuerza Aérea se adentran en las montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y sólo están esperando ‘órdenes de mero arriba’. El interrogante obligado en este punto es: ¿Quién está dando las órdenes?” En el resto del país, la militarización (y paramilitarización) se concretan, por un lado, en la puesta en marcha de la Guardia Nacional, que constituye una entrega a los militares de la seguridad pública, ahora legalizada, y, por el otro, en el papel asignado a la delincuencia en los asesinatos de dirigentes indígenas defensores del territorio y la Madre Tierra, concejales del CNI–CIG, muchos de ellos comunicadores de radios comunitarias, como Samir Flores Soberanes, ejecutado 10 días después de anunciarse la continuidad del Proyecto Integral Morelos. Este proceso de militarización y paramilitarización en territorios zapatistas, o en resistencia anticapitalista, se lleva a cabo, sin que los intelectuales orgánicos de la Cuarta Transformación se inmuten, ocupados como están en escribir epístolas de apoyo incondicional al Ejecutivo federal, o aceptando carteras claves del gabinete para el eventual otorgamiento de los permisos necesarios para continuar con los megaproyectos de muerte. La actual crisis civilizatoria global detona una radical destrucción de las bases de la vida. Entre sus principales formas se juegan el etnocidio, el ecocidio, o el capitalismo necropolítico. (Ver el excepcional libro de Luis Arizmendi / Jorge Beinstein, Tiempos de Peligro: Estado de excepción y guerra mundial. UAZ-Plaza y Valdés Editores, México, 2018). El pensamiento crítico contemporáneo está profundizando en la denuncia de las nuevas formas de destruc8
ción que conlleva, necesariamente, relacionar la acumulación por desposesión “de bienes públicos, de bienes comunes y de bienes genéricos (como los códigos genéticos o el agua)” (Arizmendi, ibíd. p. 20), hasta llegar a la política de muerte como fundamento de una acelerada acumulación basada en la economía criminal. El proceso de militarización en Chiapas abre el peligro de un nuevo Acteal. La desmilitarización, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el respeto a las comunidades zapatistas, sus territorios y sus procesos autonómicos tienen que ser acatados de inmediato. ¡El EZLN no está solo!
Migrantes indefensos
Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo La carta del presidente de México al de Estados Unidos tiene en Tenosique, Tabasco, otra lectura, pues se da en el contexto del regreso, esta misma semana, de las redadas de los agentes de migración contra centroamericanos que llegan a esta ciudad para esperar al conocido tren La Bestia, con la intención de cruzar el territorio mexicano y alcanzar la frontera norte “... Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país”, dice la misiva presidencial. Pero aquí se viola todo. México sigue siendo el patio trasero de la política migratoria de Estados Unidos, y en Tenosique, luego de un impasse en el que se había suspendido la caza de indocumentados, se reactivó su violenta e indiscriminada persecución. Por los 60 kilómetros que hay entre el punto fronterizo de El Ceibo hasta la ciudad, se observa a grupos corriendo entre los matorrales al paso de la perrera, como le dicen a la camioneta de migración. Silvia y Rodrigo fueron hoy asaltados por la policía, cerca de la comunidad que irónicamente lleva el nombre de Sueños de Oro; mientras se encontraban reposando en el camino, les robaron dinero y hasta su pollo y refresco. A Willy lo golpearon los agentes y él pudo huir, pero no sabe qué pasó con sus tres compañeros. Mientras el gobierno federal instruye a sus funcionarios para llegar a acuerdos arancelarios en Washington, en la frontera sur se 9
viven la cotidianidad de la persecución y el horror del camino migrante. Nada, dicen en el Hogar-Refugio La 72, ha cambiado por estos rumbos, sólo que ahora es más difícil denunciarlo. El cerco sigue ahorcando a los hombres, mujeres y niños que llegan a esta ciudad tomada por la Policía Federal desde hace más de un mes. En el Centro hay patrullaje todo el día, y el jueves persiguieron ilegalmente a una camioneta de apoyo humanitario con 25 migrantes abordo. En el patio de La 72 compiten las historias de horror. En la noche repasan las extorsiones, asaltos, corretizas, violaciones, el hambre y la sed que pasaron, sin que, hasta hoy, haya ninguna acción del Estado mexicano para protegerlos y liberarlos de las mafias y agentes policiacos que los acosan y cazan como animales. ¿Hasta cuándo? www.desinfomemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Apoyos individualizados: ¿contrainsurgencia o contención social? Peter Rosset*
El campo mexicano rebosa de luchas y de proyectos alternativos. Tiene una larga historia de pugna agraria, de defensa de territorio, y de apropiación de procesos productivos y comercialización mediante cooperativas campesinas y otras formas de empresas y sociales ejidales. Hay un rico tejido comunitario y organizativo, y muchas construcciones colectivas de alternativas al modelo capitalista dominante. Es lamentable que para AMLO y la 4T todo esto se reduce al moche de las organizaciones campesinas y sus líderes viciados. Es teñir a todos/as con la misma brocha. Podemos dividir las organizaciones del campo en dos grandes categorías: or un lado esta el zapatismo y una parte significativa del CNI y movimiento indígena, cuya estrategia se remonta a la construcción de las autonomías. El zapatismo, desde hace más de dos décadas rechaza todos los programas gubernamentales, porque piensan que los recursos corrompen y vician a organizaciones, dirigentes y comunidades, y hace que la gente se mueva sólo cuando hay dinero, 10
dispensas, proyectos, candidaturas, y puestos en juego. El resultado es la desmovilización y la permanencia de la pobreza. Dicen que es necesaria “una nueva forma de hacer política”, sin la intermediación de dinero y otros recursos. Por eso no aceptan los programas que califican de “limosnas.” Por el otro lado hay una amplia gama de organizaciones en disputa por los recursos públicos que demandan “un presupuesto para el campo”. Consideran que por ser ciudadanos y contribuyentes tienen el derecho a su justa proporción de recursos del Estado. Buscan fortalecer los procesos organizativos, territoriales, productivos y de comercialización, con inversiones y créditos del sector público. El relativo éxito histórico del sector café campesino-indígena es muestra de esto. Dentro de esta categoría hay buenos, malos y feos. Sin embargo, el Presidente efectivamente descalifica a todos como corruptos. La política de la 4T se basa en esta descalificación que hace AMLO. El jefe del Ejecutvo ha prometido “no más moche” para las organizaciones campesinas; que ni un centavo pasará por las organizaciones; todo será directo a las familias. En otras palabras, sólo ayudas individuales depositadas en tarjetas de plástico de Banco Azteca (http://tiny.cc/melf7y). Esto quita la agencia propia a las organizaciones y los pueblos, considerándolos incapaces de construir sus propios procesos. Ahora serán pobres con necesidad de limosnas. Es una política promovida por el Banco Mundial durante por lo menos dos décadas, con dos propósitos: reducir gastos de intermediación y posibles fuentes de corrupción, y lograr mayor contención social frente a las transformaciones estructurales a favor del capital: el acaparamiento de tierras, la minería, las plantaciones, las hidro y termoeléctricas, etcétera. Contención social, porque la transferencia directa de dinero desmoviliza a la gente. ¿Quién iría a una reunión de la organización si tiene dinero en el bolsillo? Se trata de una política de desestructuración organizativa. (http://tiny.cc/r9kf7y). Una desestructuración dirigida a los dos tipos de organizaciones. Contra el zapatismo y las autonomías, porque el dinero es según ellos el anzuelo para “quitarles bases” a los movimientos autonómicos. Es una vieja táctica de contrainsurgencia. Y va en contra de las cooperativas, empresas sociales, a proyectos alternativos del otro tipo de organizaciones. Será el tiro de gracia para muchos espacios organizativos en las comunidades y los territorios. Calculado como una medida de 11
contención social, porque sólo con buen tejido organizativo serían capaces de defender sus territorios de los “megaproyectos de la muerte,”como el Corredor Transístmico, el Tren Maya, las hidro y termoeléctricas, las concesiones mineras y demás mecanismos de despojo. * Doctor por la Universidad de Michigan. Especialista en agroecología.
Gobernación y Chilapa, Guerrero Zósimo Camacho @Zosimo_contra - Contralinea
Los cuerpos fueron encontrados, descuartizados, el 24 de mayo pasado. Quienes los secuestraron un día antes, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero, se saben impunes. No sólo se conformaron con asesinarlos. Enviaron su mensaje de terror contra quienes les estorban en sus negocios: las comunidades indígenas nahuas de la Montaña baja de Guerrero que se han organizado entorno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) Pueblos Fundadores. El golpe se resintió en toda la geografía del estado y del país. Bartolo Hilario Morales, originario de la comunidad de Tula era comandante de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Isaías Xanteco Ahuejote, originario de Xicotlán, era integrante de la misma organización. Además, ambos eran promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI). Apenas 20 días antes habían sido emboscados y asesinados Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) e integrantes del mismo Cipog-EZ. Como los tres niveles de gobierno, los cárteles del narcotráfico no soportan que las comunidades se organicen y, peor aún, les hagan frente. Que se organicen para resistir el saqueo de sus montes y aguas, los trabajos forzados en plantaciones de amapola y para demandar programas sociales a los que tienen derecho. Los Rojos y los Ardillos –antiguas facciones de lo que fue la Organización de los Beltrán Leyva– se disputan el control del territorio desde hace años, con un saldo de decenas de muertos y desaparecidos. Hoy parecen mantener una tregua entre ellos para atacar 12
cada uno por su lado a quien consideran su enemigo común: las 16 comunidades indígenas de la Montaña baja organizadas, que el 28 de agosto de 2014 constituyeron su CRAC-PC Pueblos Fundadores, y las que se les han ido sumando en estos años. Algunas no han podido sumarse precisamente por la represión que ejercen sobre ellas las bandas de sicarios. Estas comunidades nahuas están asentadas en dos municipios: Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera. El territorio es disputado por los cárteles del narcotráfico porque es la única entrada y salida de drogas, armas y personas. Todas las “mercancías” que trasiegan estas bandas desde y hacia los pueblos de la Montaña, tato alta como baja, deben pasar el territorio de Chilapa de Álvarez. Precisamente la violencia, el saqueo, la explotación y la impunidad motivaron la organización de los pueblos de esta región. Ante la omisión o la abierta complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada, decidieron hacer valer el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y constituir un sistema de justicia basado en sus usos y costumbres. Con este sistema, que incluye la puesta en marcha de una policía comunitaria, enfrentan los robos, los asaltos, el abigeato… y la discriminación y criminalización que les dispensa el sistema de justicia oficial, que les fabricaba delitos a los indígenas si se negaban a trabajar para los caciques o los narcotraficantes. Hasta la fecha, a las comunidades organizadas se les niega el derecho a los programas sociales. Les condicionan, por ejemplo, la entrega de fertilizantes. El presidente municipal es el priísta Jesús Parra García, quien se reeligió en julio pasado, luego de cumplir un periodo como interino. Proviene de las familias “caciques” de la región. Desde que inició su gobierno, los Rojos tomaron el control de la mayor parte del municipio pero nunca terminaron la disputa con los Ardillos. Ambos grupos delincuenciales han tratado de someter a la Casa de Justicia. Los Ardillos se hacen llamar así mientras se pelean con Los Rojos o realizan actividades relacionadas con el trasiego de drogas y armas. Cuando de lo que se trata es de desplazar a poblaciones enteras, y simular un conflicto entre pobladores, se hacen llamar Por la Paz y la Justicia. Los Ardillos han desplazado a tres pueblos enteros del municipio de Zitlala. Tienen como regla descuartizar a las personas que consideran sus enemigos y que caen en sus manos. 13
Los criminales no permitieron que los familiares de los deudos bajaran de las comunidades para recoger los cuerpos. Aun muertos, Bartolo Hilario e Isaías Xanteco eran moneda de cambio para sus asesinos. La sorpresa fue quien llegó a negociar la entrega de los cuerpos: el presidente municipal en persona, Jesús Parra. El trato que les propuso a las comunidades fue: entregarles los cuerpos y 1 millón y medio de pesos por cada uno; a cambio, la Casa de Justicia de Acahuehuetlán, de la CRAC-PC Pueblos Fundadores debía liberar a cuatro sicarios que están detenidos por haber participado en los asesinatos. Finalmente, y frente al escándalo que estas condiciones generaron –recogidas por medios de circulación nacional–, los cuerpos fueron entregados a las comunidades ya sin condiciones, Las comunidades de la CRAC-PC Pueblos Fundadores reclaman hoy la instalación de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) federal. Después de estos cuatro asesinatos y de los intentos de condicionar la entrega de los cadáveres, no confían en las autoridades municipales ni estatales. Además, demandan la observación de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Entre las demandas de las comunidades, están las de solicitar la presencia de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para garantizar que no serán agredidas; la cancelación de 67 órdenes de aprehensión contra los policías comunitarios giradas precisamente por haberse erigido en CRAC-PC Pueblos Fundadores y sostener un enfrentamiento con sicarios en la comunidad de San Jerónimo Palantla, y la de discutir un plan de desarrollo comunitario con los pueblos. No desean que los programas sociales federales a los que tienen derecho sean administrados por quien consideran que es parte de la delincuencia y les condiciona o definitivamente no les entrega los recursos para la siembra y fertilizantes. Proponen que las asambleas de cada pueblo decidan qué harán con el presupuesto: traer maestros, construir escuelas, clínicas o sembrar. ¿Qué responderán a esta solicitud la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la misma dependencia, Alejandro Encinas? A los Rojos y los Ardillos se le ha sumado una nueva banda en la región de Chilapa: los Dumbos. La reorganización del trasiego de drogas, armas y personas en la región no ha terminado. 14
Por cierto, en Chilapa ya se ha desplegado la flamante Guardia Nacional. Los Rojos, los Ardillos y los Dumbos siguen con sus negocios y su estela de asesinatos, desapariciones y trabajos forzados. Nada cambió. La Montaña baja es un polvorín a punto de estallar. Y no será con el despliegue de la Guardia Nacional y la saturación de militares como se solucionarán los conflictos. De entrada, Cordero y Encinas tienen que escuchar a los pueblos.
Guerrero: la resistencia de las mujeres del Cecop Inés Giménez - Contralinea
Tres viudas y 35 esposas demandan justicia. Defienden las tierras, trabajan jornadas de tres turnos y crían a los hijos. Esperan que el juicio que inicia este 3 de junio les devuelva a esposos, hermanos, tíos, cuñados Acapulco, Guerrero. Entre las carencias, la incertidumbre y la perseverancia, se encuentran las viudas y las esposas de los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) que son juzgados a partir de este 3 de junio, después de 1 año y 5 meses de prisión, tras el enfrentamiento en la madrugada del 7 de enero de 2018 en la Concepción, área rural de Acapulco. Un proceso irregular, atravesado de intereses políticos y económicos. “Ese día, cuando lo agarraron, todo se dañó. Nomás un tambo de tomate fueron a traer, pero todo lo demás se dañó… Se pudrió el tomate, el chile, los frijoles, los quelites. Todo quedó. Ya no dio ganas de ir a traerlo”, cuenta Hermia, esposa de José Elacio Martínez, uno de los 25 presos del Cecop y cuñada Eusebio Elacio Martínez, quien fue asesinado en el enfrentamiento que tuvo lugar en la madrugada del 7 de enero de 2018 en la Concepción, comunidad rural de Acapulco, Guerrero, México. Sentada en las escaleras de una casa en la que conversamos, entre el calor húmedo de la costa y el humo de los coches, Hermia refiere, con la respiración a ratos entrecortada, las dificultades por las que pasa su familia y la de su concuñada María Luisa, viuda de Eusebio Elacio. Las carencias, el insomnio, la incertidumbre. Ambas son mamás de seis hijos. 15
—Mamá, ¿y papá, donde está? –le dice una de sus hijas. —No está –responde. —Yo ya lo quiero ver. —Ya mero va a llegar. —¿Y no hay un jugo, leche, un yogurt? —No. En esta situación se encuentra la mayoría de las viudas y esposas de los presos del Cecop que, desde hace casi 1 año y medio de prisión, están en el penal de Las Cruces, de Acapulco, a la espera de la Audiencia que se retrasó al 3 de junio. La fiscalía del estado pide 135 años para cada uno de ellos por cargos de homicidio de seis personas. En cambio, las investigaciones judiciales sobre los que perpetraron las ejecuciones extrajudiciales de miembros del Cecop (dos muertos en enfrentamiento, y tres a manos de entidades policiales) están en blanco. Es un proceso, refiere Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña el caso, “viciado desde sus inicios” y que se tiene que analizar a la luz de una estrategia deliberada por parte del Estado, de provocar violencia, dividir, romper el tejido comunitario y desmantelar al movimiento que por 16 años se opuso y acabó descarrilando el proyecto hidroeléctrico La Parota; y así después, “una vez que el Cecop esté debilitado y desarticulada la organización imponer la obra hidroeléctrica”, cuya construcción en el río Papagayo, según informes socioambientales como los presentados en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, inundaría más de 14 mil hectáreas, 13 poblados y desplazaría a unas 20 mil personas. En este contexto, la polarización y la violencia entre los intereses de un empresario gravillero que explota el río Papagayo, Humberto Marín, y los miembros del Cecop fue creciendo. Para impedir las actividades extractivas en los bienes comunales de Cacahuatepec se organizó una policía comunitaria afiliada como Casa de Enlace de Cacahuatepec a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) con sede en San Luis Acatlán. Con el objetivo de hacerles frente, según refiere don Mario, integrante del Cecop, el gravillero Humberto Marín, “fue pagando a su gente para que hicieran la guerra, con la complicidad del gobierno del estado” y fueron ingresando sicarios de delincuencia organizada en las comunidades. En la madrugada del 7 de enero de 2018, se dio un enfrenta16
miento entre un grupo de civiles armados afines a Humberto Marín y la policía comunitaria. En el enfrentamiento murieron seis de los civiles vinculados al empresario gravillero y dos integrantes de la Policía Comunitaria. Horas después, cuando las partes ya estaban llegando a un acuerdo para que cada bando pudiera ir a recoger sus muertos y los familiares y vecinos del Cecop bajaban a la comunidad de la Concepción a ver qué había sucedido, irrumpió un operativo conjunto de policía estatal, ministerial y federal. —A mí me avisaron temprano. Nomás me dijeron que le habían dado y nos fuimos con mi hija la más grande para allá. Allá me dijeron que estaba muerto… Y ya después pues llegaron esos policías –cuenta con un hilo de voz María Luisa, desde la comunidad de Huamuchito, rodeada de sus hijos, mientras cae la tarde–. Por la balacera, nos metimos en una casa, echaron la puerta abajo, nos golpearon, a mí y a mi hija. A Ulises [uno de los muertos en la madrugada] lo tenían en un sillón y lo patearon; decían que se hacía el muerto, y el señor estaba muerto pues no estaba vivo. Nos dijeron cosas bien feas, obscenas… Nos dijeron: “Venimos por todos; a matarlos”. El comisario de la Consejería, él es el que los mandó traer para que mataran a todos. En ese operativo, integrado por más de 100 elementos de la policía, según informes periodísticos y de organizaciones locales, fueron ejecutadas extrajudicialmente tres personas y detenidas 35, a las que, según la investigaciones de la defensa, se les imputaron en un primer momento cargos de narcomenudeo para “poder atestiguar la flagrancia ante el juez de control,” y operar la detención arbitraria. Según refiere Vidulfo Rosales, en el camino a la Fiscalía, muchos de estos detenidos fueron torturados: “Lesiones en la cara, golpes, a algunos les quemaron la piel con cigarros, les amenazaron con violarlos sexualmente”. Agrega que en estas torturas participaron elementos de las Policías Estatal, Ministerial y Federal. “Siete horas después de su detención, a las 7 de la tarde, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público; allí, los tres médicos, el médico de la policía ministerial, el médico del ministerio publico y el médico del penal atestiguaron lesiones, y se les hizo, de manera ilícita –sin presencia de abogados– una de las pruebas principales con las que se acusa al Cecop, la del rodizonato de sodio, queriendo probar que dispararon un arma de fuego”. 17
Además de los informes médicos oficiales, la defensa realizó otro peritaje independiente en materia de tortura. Y el médico inglés Jason Payne-James concluyó que hubo tratos crueles inhumanos y degradantes equiparables a tortura. Ésta es una práctica sistemática en la integración de expedientes judiciales controvertidos en México, según se ha mostrado en otros casos como el de Ayotzinapa, en el que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que 34 detenidos habían sido torturados, tal y como se documenta en el Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Veinticinco de las personas campesinas detenidas arbitrariamente en la mañana del 7 de enero de 2018 son las que enfrentan, en la audiencia que inicia el 3 de junio en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, la demanda por parte de la Fiscalía de 135 años de prisión. Habiendo desechado el juez de control en una audiencia previa, la prueba del rodizonato de sodio, que una perito colombiana presentada por la defensa mostró como anacrónica e imprecisa, los principales elementos probatorios, tanto de la acusación como de la defensa en el juicio, recaerán en los testimonios de los testigos. Esto incrementa la presión y el estrés que sufren las viudas de los asesinados y las parejas y las esposas de los presos. Ante la falta de otras pruebas, sus palabras y sus gestos serán esenciales en el juicio. Mientras tanto, continúan sobreviviendo. Algunas dicen no tener miedo, otras han sido desplazadas de sus casas por amenazas a ellas y a sus hijos y se han ido a vivir a casas de familiares. En una cultura en la que los hombres salen a trabajar el campo y las mujeres, casadas por lo general a los 14 o 15 años, quedan en la casa al cuidado del hogar, la crianza y la cocina, muchas de ellas carecían de experiencia laboral fuera de casa. Ahora, urgidas por las circunstancias, trabajan tres turnos al día sin que puedan cubrir lo indispensable. “Pues me pongo los sábados y 3 días a la semana, a vender tamalitos; a veces vendo, a veces no vendo. Le meto 200 pesos y saco 60, y a veces me va peor… Y de pensar nada más, despierto. Veo mis hijos, cuando están dormidos y pienso: ‘Pues cuándo va a llegar su papá; cómo le voy a hacer”. Ya quisiera que saliera ya, no tengo dinero… como le hago…”, dice Antonia, quien va del llanto a la risa, según recuerde la angustia presente o los momentos bellos del pasado. 18
Para ella, las visitas al penal son un lujo. El trayecto desde su comunidad al Penal de las Cruces, donde está su esposo, José Francisco Flores, supone 100 pesos de pasaje por persona, así que apenas va cada tres semanas. “A veces mis hijos me dicen: ‘Mamá, nosotros queremos ir a visitar a nuestro papá’. Y una dice: ‘¡Ay, mami, si yo tengo [dinero], los voy a llevar’. “A veces, aunque sea pidiendo dinerito prestao, los llevo de uno en uno; pero cuando no tengo, más bien no se puede. A veces digo: ‘Aunque sea que me hablara’, pero ¿de dónde?, no alcanzamos ni para el celular…”, cuenta mientras se truena los nudillos. “Mis papás me animan: ‘Hija, no te des por vencida’. Saben que mi esposo es buena gente, un hombre tranquilo y trabajador, aunque sea en nuestra milpa en un pedacito de tierra … Cuando salga va a ser todavía mejor, vamos a seguir la vida, porque somos criollos de la Concepción. Vamos a seguir ahí, siento que hasta el día que Dios me mande llamar.”
Contrainsurgencia a Pueblos Originarios que construyen la vida digna Frayba - 29 mayo 2019
Justicia a defensores y comunicadores del Congreso Nacional Indígena asesinados A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra. Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, 19
se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2) Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo a información publicada en el portal del CNI: el 18 de mayo de 2019, personas que portaba armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuche, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, de Minera Autlán, en San Pablo Zoquitlán.(3) Salvador y su familia se desplazaron forzadamente de su comunidad. En este contexto, al menos seis defensores del territorio integrantes de Pueblos Originarios que se articulan en el CNI han sido asesinados en México en lo que va del 2019: Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, fundador del Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala y de la Radio comunitaria Almitzingo, fue ejecutado el 20 de febrero, en Almicingo, Morelos. Julián Cortés Flores, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, fue ejecutado el 12 de abril, en San Luis Acatlán, Guerrero. José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, fueron ejecutados el 4 de mayo, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, indígenas nahuas y promotores locales del Concejo Indígena y Popular de 20
Guerrero – Emiliano Zapata CIPOG-EZ, fueron ejecutados el 23 de mayo de 2019, en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Esta lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, especialmente las incursiones, los sobrevuelos y el espionaje del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). (4) Cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región, lo cual aumenta los riesgos a la integridad y seguridad de la población.(5) La militarización se impone en las calles de nuestras ciudades y comunidades con el discurso de «combate a la delincuencia» pero se aplica como acto de intimidación y represión a las resistencias autónomas. La misma pero renovada estrategia contrainsurgente que en Chiapas ha significado crímenes de lesa humanidad como masacres y ejecuciones extrajudiciales, además de desplazamientos forzados desde 1994. (6) Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exige al Estado mexicano: Cese las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena; justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país; y alto a la militarización en Chiapas y México. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. A 27 de mayo del 2019 Boletín 09
1. Denuncia del CNI-CIG Chiapas por riesgo de despojo a San José El Bascán . 6 de mayo de 2019. 2. https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/codedi 3. Denuncia por amenazas a Salvador Sánchez Bolaños opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala,Puebla. 20 de mayo de 2019. 4. Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Estado mexicano incrementa militarización en territorios zapatistas. 2 de mayo de 2018. 5. Zósimo Camacho. Contralínea. La Guardia Nacional y los territorios zapatistas. 26 de mayo de 2019. 6. Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad. 3 de mayo de 2017.
Publicado originalmente en Frayba Comunicación
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¿Se puede frenar la crueldad en México? Lydiette Carrión
Para rescatar el territorio mexicano de la violencia no solo hace falta una vida comunitaria, sino reciprocidad de saber que la existencia propia depende de la otra personal, dice, en entrevista, la antropóloga Rita Segato La antropóloga argentina Rita Segato es una de las pensadoras más citadas para comprender las violencias extremas que aquejan a regiones como México, donde se desarrollan conflictos armados no declarados que se generan pedagogías de crueldad que alcanzan niveles altísimos de sadismo. Rita Laura Segato describió en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres, cómo es que los feminicidios en Ciudad Juárez durante los años 90 e inicio de los 2000 obedecían a una violencia expresiva entre grupos masculinos, con mandatos patriarcales, donde el cuerpo de las mujeres eran la “pizarra” para marcar un territorio. También explica cómo es que estas violencias y mafias están directa y necesariamente vinculadas con la globalización económica y del neoliberalismo, “con su hambre insaciable de ganancia”. Un vínculo no siempre evidente. Segato participó hace unos días en el Congreso Internacional “Violencias, resistencias y espiritualidades”, coordinado por la Universidad Iberoamericana. Esta entrevista es producto encuentros intermitentes realizados durante el último día, en el Centro Universitario. Las preguntas ocurren en los recesos para tomar café. Alrededor de Rita (una mujer de pelo cano y corte moderno) revolotean todo el tiempo otras mujeres: jóvenes feministas, estudiantes, académicas, madres de víctimas de feminicidio, activistas por el derecho al aborto. Así, al llegar a la zona del café se detiene, y el pasillo se convierte en la sede de una breve cátedra horizontal; la entrevista ocurre entre la plática y participación de muchas mujeres más. Contra–pedagogías de la crueldad, uno de los últimos libros de Segato, parte de dos premisas: las pedagogías de la crueldad (como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, como quizá también, la sevicia, la práctica de la tortura y la desaparición de víctimas en todo México) son todos aquellos actos que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y la vitalidad. Con eso se acaba la empatía y solidaridad entre las comunidades, se destruye lo 22
que algunos llaman el tejido social. Este fenómeno se registra en las zonas donde hay altísimos niveles de delincuencia y criminalidad. Esta cátedra de pasillo gira en torno a una pregunta: si el detener la violencia extrema que sufre México necesariamente pasa por hacer comunidad de nuevo, ¿cómo rescatamos el territorio tomado por la violencia? —Reciprocidad. Una palabra clave es reciprocidad. Ayuda mutua, un mundo de relaciones recíprocas. Donde la gente empieza a entender: sin el otro yo no vivo. Esta reciprocidad implica comunidades horizontales, de ahí que hay mucho que aprenderle a los grupos originarios, quienes —enfatiza en cada oportunidad— han resistido 500 años las violencias de Occidente. Ahí en esos pueblos hay mucho que aprender, sólo que esas lecciones ocurren de puertas para adentro en las comunidades. —¿Pero cómo le hacemos en la ciudades? —En nuestras ciudades todavía hay girones de comunidad. Nosotros todavía los tenemos. Sí los hay, debemos localizarlos y recuperarlos. Aquí, nosotros [se refiere a la charla] nos estamos comportando de una manera que nunca vas a ver en una universidad del norte [se refiere a Estados Unidos]. Tenemos una forma de resolver problemas, desde la propia conversación, que tiene una posibilidad de informalidad, de espontaneidad, de proximidad, de improvisación, que son característicos, de una vida con una conexión mayor, con vincularidad mayor. Y a eso le llamo yo girones de comunidad. Estos girones de comunidad sufren reveses. Ella misma narra en el libro arriba citado que, en Ciudad Juárez, después de que hubo una gran organización por parte de las madres de las víctimas, se realizó una dispersión. ¿Por qué?, se le pregunta: Las madres del movimiento que yo conocí, yo fui en 2006, se dispersaron. Fueron espantadas de ahí, la misma Maricela Ortiz (fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa), le mataron al yerno. Y ahora siguen los crímenes, igualitos, hay un lugar que se llama el Arroyo Navajo… En estas nuevas madres no hubo una recuperación de todo lo que se pensó para las madres anteriores. —¿Por qué no hubo continuidad? —Porque es un lugar de migrantes. Es un lugar al que viene la gente y se va. No se consolida una comunidad… se trata de vendedoras de mano de obra, es un lugar de tránsito, Ciudad Juárez, no son juarenses. 23
—En esos lugares, ¿cómo hacemos comunidad? —Bueno, hay que experimentar. Una característica de nuestros tiempos es que hay muchas organizaciones de mujeres que están surgiendo, cómo están trabajando, son muchísimas, las organizaciones… —Pero eso no gana territorios. Y hay lugares muy peligrosos. ¿Cómo le hacemos? —(Rita ríe.) No soy oráculo, dice. No lo sé todo. La pregunta no tiene respuesta, y menos en América Latina, donde la colonización no acaba, y como ella explica, ni siquiera la conquista ha terminado. Esta conquista para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios, en opinión de Rita, se hizo de manera muy parecida a la que vivimos ahora en México: bandas de delincuentes que roban, violan, matan, torturan. Bandas que no son propiamente un ejército enviado por la Corona Española, sino más parecidos a los piratas ingleses que asolaban los mares, con una aprobación implícita —que no explícita— por parte de la corona inglesa. —Hablaban mucho del derecho de Indias… y noooo. La conquista fue de hecha con bandas de bandidos, sueltos por ahí en el campo, con perros, matando indios, y cazándolos y tomando sus territorios. No se hizo todo “como pensamos y nos enseñaron” de acuerdo a un derecho imperial de la corona española y portuguesa. Se hizo por gente que fue matando y tomando la tierra. Este proceso de conquista “no ha terminado”, insiste. Y nuestros Estados [los países de América Latina] son continuistas de esto. No terminó un proceso colonial. De ahí, explica a grandes rasgos que siempre exista tanta corrupción y los gobiernos de nuestros países entreguen las riquezas a otros intereses. Porque la conquista y la colonia nunca terminó. Y esto deriva en los procesos de violencia y despojo. —¿Y entonces qué hacemos? —Lo primero es tomar conciencia. Pero luego reflexiona, y agrega: —Quizás hay sociedades donde esa reflexión es más fácil. Por ejemplo, en la sociedad argentina la gente pobre es más reflexiva [que en México], porque acá la presencia y proximidad de Estados Unidos es mortal. Estados Unidos es el modelo de una sociedad de muerte. […] Acabo de venir de Boston, ¿ustedes leyeron el libro, o la película, del cuento de la doncella [The handmaid tale], donde todas las mujeres deben dejarse ser violadas para dar niños? No hay 24
dudas, Estados Unidos es el país del cuento de la criada. Es tétrico. Es un país tétrico, hasta que no aprendamos a ver ese país como tétrico, México no cambia. Entonces va por ahí: entender que ese país es un país de muerte. El camino está por ahí: mudar la visión, entender que ahí [en aquel modelo social] no está la vida, el soplo de la vida no está ahí. Otras preguntas se agolpan, cambian, las pláticas, esta cátedra de colonialidad y feminismo se acaba, y transmuta, en chacoteo, selfies, libros, pañuelos verdes de México y Argentina… ¿Cómo recuperar el territorio de la violencia? La pregunta que sólo apela a acciones, no a respuestas.
‘La gente es un estorbo para el capital’
Pie De Página - Texto: Edith Victorino Juárez Fotografías: Daliri Oropeza - Junio, 2019 - Crisis Y Movimientos Los gobiernos que han pretendido ser progresistas en América Latina han fracasado en hacer cambios profundos y sólo han logrado administrar lo que existe, dice en entrevista el investigador Raúl Zibechi Una persona que vive de recoger cartón o basura en la calle puede aumentar su renta por políticas sociales, pero no cambia su lugar estructural: sigue siendo un marginado. Con este ejemplo, Raúl Zibechi plantea el fracaso de los gobiernos que han pretendido ser progresistas en América Latina y que no han logrado más allá de administrar lo existente. Peor aún, todos los gobiernos que llegaron al poder con el sello de la izquierda se dedicaron a fomentar la expropiación de bienes materiales. Eso, dice, les ha permitido tener ingresos para mejorar la renta de los sectores populares, pero no para cambiar de fondo las cosas. Este esquema, sigue, “ha congelado el lugar estructural de los sectores populares que se encuentran fuera de la producción, fuera del sistema y ha sustituido los derechos por beneficios y ha convertido a los sectores populares en clientes de las políticas sociales de los gobiernos”. Raúl Zibechi, periodista e investigador uruguayo especializado en el estudio de movimientos sociales en América Latina, participó 25
hace unos días en el Congreso Internacional: Violencias, Resistencias y Espiritualidades realizado en la Universidad Iberoamericana y el Centro Cultural Universitario. También acudió a la Acción Global: Por la vida y contra la guerra en las comunidades zapatistas, a la que diversos colectivos convocaron el viernes pasado. En entrevista, acepta que ejercer la administración no ha sido fácil para estos gobiernos, que han requerido negociar con diversos sectores para que les permitan mantenerse. “Los gobiernos han tenido que negociar con las grandes empresas, sobre todo multinacionales, que son las que tienen el poder financiero, la banca, han negociado con los militares, con los grupos de presión en general de la sociedad, con el aparato de justicia para minimizar cambios”, dice. No hicieron cambios estructurales (reformas agrarias, urbanas, reforma de las rentas) más allá de una pequeña redistribución de ingresos. Por eso se agotaron. Lo que buscan estos poderes es no perder privilegios o, en el caso de los militares, que se investiguen violaciones a los Derechos Humanos, que “es lo que ha hecho ahora el gobierno de México, ¿no? Borrón y cuenta nueva, empecemos de ceros, pero de ceros nunca se empieza”. Zibechi es duro en su evaluación sobre la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador: en los seis meses que lleva de gobierno, “aunque existe un cambio en el discurso lo único que ha demostrado es la continuidad de lo mismo”. Ejemplos sobran: la Guardia Nacional, que “no es otra cosa sino la militarización del país”, o la imposición del proyecto del Tren Maya, ejercicios electorales en los que no se permite decidir, como el uso de “falsas consultas” a través de las cuales se busca legitimar la imposición de proyectos. “Se hacen consultas con resultados ya cantados, ya decididos. No es una consulta en la cual esté realmente en juego una verdadera soberanía de quien vota porque ya el presidente tiene una posición tomada”, insiste Zibechi. “Es decir, el presidente tiene una apuesta por el Tren Maya, por el corredor Transístmico o por el Plan Integral de Morelos, eso es fundamental para que podamos entender que las consultas no son verdaderas, porque desde el principio comienzan estando condicionadas”. 26
La Cuarta Guerra Mundial No es una condición privativa de México: en el mundo, el momento actual está caracterizado por una sociedad extractiva, una sociedad determinada por el consumismo. “Venimos de una sociedad industrial, que atraía a la gente a través de la contratación salarial; un Estado de Bienestar, donde existían derechos, se negociaba de manera tripartita: Estado-empresas-sindicatos. Ahora estamos viviendo la Cuarta Guerra Mundial (la tercera está marcada por la Guerra Fría): una guerra de despojo a los pueblos”, dice. “A través de relaciones asimétricas entre grandes empresas y el Estado se realiza el desplazamiento de pueblos para mercantilizar los bienes comunes”. Así funciona la minería o los monocultivos: ataca directamente la soberanía de los pueblos a través de la militarización, de Estados de excepción permanentes. El modelo capitalista mutó, insiste. Ahora, “la población no es necesaria para la minería, es un estorbo para la acumulación del capital y las políticas sociales sustituyen los derechos convirtiéndolos en un beneficio”. ¿Hay salida? Para Zibechi, la única respuesta visible está en las “sociedades en movimiento”, concepto que utiliza para sustituir el 27
de movimientos sociales, que considera eurocentrista y referido a sociedades homogéneas. La diferencia estriba en que el movimiento social es un movimiento dentro de la sociedad para reclamar al Estado; la sociedad en movimiento se refiere a grandes porciones de la sociedad que se activan para promover cambios, no necesariamente en las leyes, sino en su forma de vida, en los espacios donde viven, en las relaciones. Según Zibechi, en América Latina estas sociedades están diseñando nuevos horizontes, nuevos caminos en los que van creando espacios propios para sobrevivir a este sistema. “Los sectores populares organizados: afros, indígenas, periferias urbanas, son los gestores del cambio social, los que cristalizan los cambios; luego esos cambios pueden venir avalados por leyes o por decretos de los gobiernos”, dice. “Por ejemplo, en algunos países se ha conseguido el matrimonio igualitario, o el aborto u otras demandas del movimiento de mujeres, pero sin esos movimientos no se consigue nada”. Sin embargo, aclara, no son luchas por derechos sino por justicias, “porque los derechos nunca se cumplen, los derechos están escritos en un papel, pero luego hay que tener la fuerza social para hacerlos cumplir y eso lo hacen los movimientos”
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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 5 de junio de 2019