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Habilidades ejecutivas: ¿innatas o adquiridas? Sergio Garcilazo Lagunes
Los orígenes de las finanzas públicas en México (1821-1880) Miguel Ángel Padilla Fritsche
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Directorio ECEE Dirección General Ricardo Murguía Vázquez Direcciones de Carreras ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Manuel Serdán Álvarez
Secretaría Académica Miguel Ángel Padilla Fritsche Marcela Chavarría Olarte Ma. Antonieta Romano Esqueda
ADMINISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA Roberto Garza Castillón Cantú
Academias ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO Pedro Salicrup Río de la Loza
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Sergio Garcilazo Lagunes
CONTROL E INFORMACIÓN DIRECTIVA Jorge Huerta Bleck
CONTADURÍA Jorge Huerta Bleck
ECONOMÍA Jaime Velázquez Hernández
ECONOMÍA Jaime Velázquez Hernández
FINANZAS Manuel Serdán Álvarez
Dirección de Coordinación y Registro Escolar Guillermo Arroyo Santisteban
MERCADOTECNIA Roberto Garza Castillón Cantú
Subdirecciones ÁREA BÁSICA Francisco Loría García de Acevedo ÁREA SUPERIOR Gamaliel Téllez Maqueo Coordinación doctorados y certificados nacionales e internacionales Alfredo Arrache Vértiz
NEGOCIOS Sergio Garcilazo Lagunes MATEMÁTICAS José Cruz Ramos Báez COMPUTACIÓN César Herrera Castillo COMUNICACIÓN Y MÉTODOS DE ESTUDIO Ma. Antonieta Romano Esqueda
Secretaría Administrativa Bernabé López Padilla Oscar Islas Yépez
DERECHO Juan G. Araque Contreras
Programas Especiales Pedro Salicrup Río de la Loza
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Pedro Salicrup Río de la Loza
Coordinación de Posgrados Eulalio González Anta
ESTADÍSTICA Manuel Serdán Álvarez
Promoción Liza Elena Monroy Ortiz
HUMANÍSTICAS Guillermo Arroyo Santisteban
Responsable de esta publicación, Ma. Antonieta Romano Esqueda mromano@mx.up.mx Tel: 54-82-16-00 ext. 5446. Diseño y cuidado de la edición, revista istmo.
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Los orígenes de las finanzas públicas en México (1821-1880) Miguel Ángel Padilla Fritsche Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales
En la Nueva España “la simple enumeración de los renglones que componían el ingreso público… hacia 1791 (94 ramos de procedencia diferente), y la mención de los conceptos de gasto público (...), ponen a pensar en una complejidad inmanejable dentro de la hacienda novohispana, que hace imposible su entendimiento”.1 Al conseguir su independencia, México heredó esta situación que de alguna manera siguió funcionando y modificándose gradualmente a medida que el país se adentró en el La larga guerra de independencia que afectó las actividades productivas, se reflejó particularmente en la disminución de ingresos para el erario por el pago del derecho de alcabalas, los impuestos al oro y la plata y el estanco del tabaco,2 que eran las fuentes de ingreso más importantes para el gobierno virreinal.3 A pesar de que este aumentó las contribuciones e impuestos, “todo el quinquenio de 1812 a 1816 fue funestisimo [sic] para la Hacienda pública, porque en ninguno de dichos años pudieron pagarse los egresos sin recurrir a empréstitos más o menos onerosos”.4 Además debe tomarse en consideración la continua fuga de capitales, principalmente de origen español, enviados en su mayoría a Cuba, que descapitalizaron al país.5 No debe olvidarse que antes de la conflagración, el estado de las finanzas públicas en la Nueva España era suficiente para remitir a la corona española 50% de los ingresos totales que percibía el erario;6 excedente que por razones obvias, al alcanzarse la independencia, debería ingresar a las arcas de la nueva nación. Inmediatamente, a raíz de su consumación –tanto por razones políticas como económicas–7 a través de diversos decretos expedidos entre el 5 de octubre de 1821 y 18228 se eliminaron o redujeron los impuestos sobre extracción y derechos de alcabala sobre oro, plata y aduaneros, sobre la producción de algodón, lana, café y cacao. De esta manera, el gobierno, al no contar con recursos suficientes para atender a sus erogaciones inicia el círculo vicioso déficit fiscal-endeudamiento externo e interno-incapacidad de pago-déficit-endeudamiento, que afectó al país buena parte del siglo XIX. Dichos decretos se implementaron tras organizar la estructura del nuevo Estado mexicano por la primera regencia de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano el 4 de octubre de 1821; que a su inicio contaba con cuatro secretarías de Estado, la de Hacienda y Crédito Público entre ellas. Desde esa fecha hasta el 1º de diciembre de 1880 en que tomó posesión como presidente de la República Manuel González, la Secretaría contó con 117 secretarios y encargados
de despacho, que ocuparon el puesto en 192 ocasiones durante 59 años,9 prácticamente uno cada tres meses, caso insólito en el mundo. Fue importante la actitud del propio Congreso con relación a la batalla fiscal que se desarrolló entre Iturbide y las élites en marzo de 1822. Por medio de sus delegados, el Congreso ordenó que un préstamo forzoso solicitado por Iturbide fuera voluntario, derogó la ley contra la exportación de metálico permitiendo que los dueños de los capitales abandonaran el país con el monto que desearan y avisando con un mes de antelación. Para octubre del mismo año, ante una situación fiscal angustiosa, Iturbide ordenó incautar una “conducta”10 que transportaba plata con valor de 1 millón 200 mil pesos, propiedad de comerciantes de Perote.11 Desde el punto de vista fiscal, el federalismo perdió fuerza al separar los impuestos que pertenecían a la federación y a los estados en la Ley de Clasificación de Rentas del 4 de agosto de 1824. Se dispuso que buena parte de los impuestos pasaran a manos de los estados, estos debían cubrir a la federación un monto mensual llamado “contingente”, cuyo cálculo se hacía sobre la base de la presunta riqueza de cada estado.12 Según se afirma, al crearse dos esferas de poder fiscal, “se activó además un sistema confederal con un gobierno nacional ‘tendencialmente sin territorio’, supeditado a las remesas de dinero que los estados se comprometieron a entregar a las arcas federales”;13 esquema que sirvió para consolidar las élites regionales. “La caída de Iturbide estableció tres precedentes fiscales desafortunados que determinarían gran parte de la historia del México del siglo XIX. El primero y más significativo fue la firme negativa de las élites a pagar impuestos adicionales de 1821 a 1834.14 De hecho toda la estructura de ingresos de la primera república federal estaba basada en la premisa de que los impuestos al comercio exterior serían un ingreso más que adecuado para colmar el tesoro”.15 Precisamente en este período se gesta la deuda inglesa, aliviando temporalmente –de 1824 a 1827– la penuria de las finanzas públicas que propició la contratación de créditos internos a plazos cortos y elevadas tasas de los subsecuentes gobiernos, frecuentemente reembolsables a través de los ingresos procedentes de las aduanas. De todo esto se desprende el inicio y evolución de un Estado débil, donde ingresos, gastos, deuda y financiamiento se entretejen y la economía y la política se afectan mutuamente, siendo la variable crítica la aplicación del gasto gubernamental sobre la economía en su conjunto.16
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PERO NO TODO ERA PÉRDIDA De acuerdo con las cifras que presentan Carlos San Juan y Salvador Velázquez,17 entre 1821 y 1880 merecen destacarse los siguientes datos por año fiscal, considerando el monto más alto y el menor:
Importe
18
Año
Descripción
1843
+ Ingresos
29 523
1829/30 1843
– Ingresos + Egresos
9 753 29 220
1851/52 1872/73 1835/36
– Egresos + Superávit + Déficit
8 615 2 428 11 124
En 21 casos el presupuesto presentó déficit y en 13 superávit, cabe mencionar que hubo siete años continuos con superávit, de 1870 hasta 1877, período en el que fungieron como presidentes de la República Benito Juárez (1870-jul. 1872), Sebastián Lerdo de Tejada (1872-nov. 1876) y Porfirio Díaz (1876-1877); siendo titulares de Hacienda: con el primero, Matías Romero y Francisco Mejía; con el segundo, Francisco Mejía; y con Díaz, Justo Benítez.
Año
Descripción19
Importe20
+ Ingreso (ICE 68%) - Ingreso (ICE 19%)
13 449
1877/78 1837/38
1877/78 1825/26 1843 1831/32
4
17.1 18.9 17.5 18.3 23.1
Manuel E. de Gorostiza Ignacio Trigueros ¨ Ildefonso Maniau M. E. de Gorostiza I. Trigueros I. Trigueros Marcos Esparza Francisco Mejía Antonio Vallejo Rafael Mangino Ignacio Alas
Las cifras disponibles de 1839 a 1841 integran los préstamos recibidos en el rubro de “Ingresos”, por lo que el superávit o déficit que registran no se consideró para efectos estadísticos. Aún y cuando los años de 1825-26, 1837-38 y 1848-49 presentan datos comprendiendo períodos de ocho, 10 y 18 meses, estos sí se tomaron en cuenta para dichos efectos. Las principales fuentes de ingresos del Estado fueron: el impuesto al comercio exterior (la más importante), el impuesto al comercio interior, y el de la propiedad:
Responsable(s) de Hacienda
P. Díaz
Matías Romero
4 258
A. Bustamante
+ Ingreso (ICI 20%) - Ingreso (ICI 2%) + Ingreso (IAP 5%)
4 034
P. Díaz
Ignacio de la Mora José Ma. Bocanegra M. E. de Gorostiza Pedro Echevarría M. Romero
G. Victoria
José I. Esteva
- Ingreso (IAP .01%)
2
A. L. Santa Anna N. Bravo V. Canalizo A. Bustamante
M. E. de Gorostiza I. Trigueros “ R. Mangino
228 1 492
Egresos totales y gastos del ramo de guerra (millones de pesos)
1825 1840 1855 1870 1880
Responsable(s) de Hacienda
A. L. Santa Anna N. Bravo V. Canalizo A. Bustamante A. L. Santa Anna N. Bravo V. Canalizo M. Arista S. Lerdo de Tejada M. Barragán (Interino) J. J. Corro (Interino)
Presidente(s)
La aplicación del gasto se destinó principalmente a las guerras intestinas y a las intervenciones extranjeras; su importancia decisiva la ejemplifica López Rosado en el siguiente cuadro:21
Años Egresos totales
Presidente(s)
Ramo de guerra 12.0 15.2 10.0 7.9 9.8
% del total 70.2 80.4 57.1 43.2 42.4
“En la primer etapa, los secretarios de Hacienda iniciaron su aprendizaje financiero y contable desde su actividad mercantil particular, lo cual explica por qué más de una decena de éstos eran originarios de Veracruz, plaza poseedora de gran liquidez, detentada por sus comerciantes, y en ocasiones baluarte de la Tesorería de la Federación, [eran además] poseedores de una amplia red de relaciones internas y externas, tanto por intereses y alianzas mercantiles como por lazos familiares, lo que deja entrever las estrechas ligas que hubo entre el mundo de los negocios y la burocracia”.22 Esto consolidó la relación del Estado con el estamento mercantil no necesariamente identificado con el propietario (hacendados y mineros),23 derivando en una asociación clientelar Estado-
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estamentos, en los que los intereses de ambos se conjugaron para que el Estado central sobreviviera a pesar de sus grandes vicisitudes. José Ignacio Esteva, secretario de Hacienda con Guadalupe Victoria, primer presidente de México, implantó la administración fiscal del primer federalismo, incluyendo la estructura organizacional de la Secretaría, los comisariatos en lugar de las intendencias y oficinas aduanales,24 además de utilizar gran parte de los préstamos ingleses. En este contexto, atendiendo a la ley del 16 de noviembre de 1824 en la que se estipuló que el secretario de Hacienda dirigiera todas las rentas de la federación, su función era en consecuencia la de director general de rentas, esto es, responsable directo de los ingresos y egresos federales, y con su firma autorizaban todas las decisiones, con un oficial mayor que actuaba como asesor.25 Elaboró numerosos escritos para informar al Congreso sobre la situación fiscal del país y defenderse de los ataques [generalmente políticos] de dicho organismo. En política fiscal hizo poco, lo que se observa con la legislación emitida entre agosto de 1824 y enero de 1829, aún cuando la cartera fue ocupada por otros personajes durante un año [marzo 1827-28].26
IMPUESTOS, ¿SOLUCIÓN A LA CRISIS? A partir de 1830 inicia la fase más crítica para el erario, el período de mayor incumplimiento en el pago de la deuda inglesa, los más bajos ingresos,27 la menor participación de los impuestos al comercio exterior y a la propiedad en el ingreso del erario, la guerra de Texas y una de sus peores consecuencias: el déficit fiscal más considerable. Nueve responsables de la Secretaría de Hacienda coparticipan en estos resultados. Además de los desajustes políticos de la época ocasionados por un Estado nacional débil,28 la lucha de las oligarquías se reflejó posteriormente con el establecimiento de un Supremo Poder Conservador que integró los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sólo con representantes de los propietarios.29 No debe olvidarse el hecho de que la explotación y distribución del azogue, uno de los principales minerales de importación, esencial en la minería mexicana, fue controlado a partir de 1830 por la Casa Rotschild.30 En 1838, el Congreso autorizó al Presidente Bustamante a aplicar un impuesto de emergencia a toda la República. “Este gravamen se basaba en la propiedad urbana y rural, el comercio, las profesiones y oficios, sueldos, salarios, el capital invertido y los bienes de lujo. En lo general, esta contribución de tipo directo y proporcional pretendía gravar más a los que más tenían. El resultado fue decepcionante, pues los arrendatarios, por ejemplo, transfirieron el impuesto a los arrendadores. Falló “la legislación tributaria más amplia introducida desde la independencia”; la causa, explica el Congreso, era que “la costumbre de la contribución indirecta estaba tan bien establecida que constituía la única esperanza de incrementar las recaudaciones”.31 Al desorden fiscal, producto de la necesidad del gobierno en turno de sofocar cuartelazos, pronunciamientos y rebeliones, destinando buena parte de los recursos al ramo de guerra, se agregaron procedimientos al margen de los más elementales principios de derecho e inequitativos en relación con las cargas fiscales,32
pues hubo impuestos sobre las cabezas de casa o familias, de capitación por todo varón entre los 16 y 60 años,33 sobre carruajes, caballos de silla, etc., vendiéndose asimismo las salinas y edificios del Estado.34 Por todo esto, “resultaba imposible delinear una adecuada política del gasto público durante este período, en tanto la inestabilidad política, provocada por las constantes guerras (…) produjeran un estancamiento económico”.35 Se presentan indicios de lo que se describe como “curva Laffer”; en la medida en que las tasas impositivas aumentan por encima de lo que los contribuyentes están dispuestos a pagar, disminuye la eficiencia en la cobranza en función de una evasión fiscal mayor.36
CON LAS ARCAS VACÍAS Manuel Eduardo de Gorostiza, secretario de Hacienda en varias ocasiones en las décadas de 1830 y 1840, destacó al principio por su ideología de carácter liberal, formó parte de la república centralista, participó con el régimen militar de Nicolás Bravo y también con el gobierno promonárquico de Paredes Arrillaga. “Esta evolución ideológica, pasando de las filas del liberalismo exaltado al conservadurismo, nos permite reconocer en qué medida los hombres públicos del siglo pasado actuaban más por las circunstancias del momento que por las ideologías”.37 La experiencia de Gorostiza había sido de carácter militar y diplomático, a lo que se agregó la delicada situación del país, por lo que no sorprende su aseveración: “A inculpaciones vagas, a las calumnias con que de algunos días a esta parte se me quiere hacer expiar el atrevimiento que tuve de encargarme del Ministerio de Hacienda cuando nadie lo quería, y de haber continuado después en él por mero patriotismo y a pesar de todas las dificultades del bloqueo, voy hoy a contestar sólo con hechos y guarismos, sin acritud ni encono… Me nombraron ministro el 19 de febrero, y aquel día no había ni un real en las cajas, nada en las demás oficinas recaudadoras, ni tampoco podía haber crédito porque todas las aduanas estaban empeñadas por muchos meses, y todas las rentas en completo descalabro”.38 Se refiere el bloqueo de la escuadra francesa al puerto de Veracruz el 16 de abril de 1838, cuando era la principal aduana marítima y fuente de ingresos para el gobierno nacional, que continuó todo el año y se extendió a otros puertos,39 lo que explica el menor porcentaje de ingresos del fisco por impuestos al comercio exterior.40 Ante esas circunstancias, el secretario propuso buscar el desarrollo económico interno para disminuir la dependencia del erario del rendimiento de las aduanas marítimas, ya que las operaciones del país con el exterior provenían de un “comercio pasivo” basado en el intercambio de moneda metálica por diversos artículos de consumo; también ofreció un régimen de contribuciones directas para que las cargas fiscales se distribuyeran con mayor equidad,41 eliminando a su vez las alcabalas;42 sistema aplicado ya por anteriores administraciones hacendarias del centralismo, ordenando gravar las fincas urbanas y rústicas.43 Parece un poco descontextualizada la afirmación de Marcello Carmagnani, quien asevera que a partir de 1840 “se delinea una tendencia altamente negativa para los ingresos estatales, que continuará hasta el decenio de 1860 [...con base en esto,] sin lugar a dudas son los decenios más trágicos de las finanzas del Estado
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independiente”;44 al no hacer referencia también a los dos primeros decenios de vida independiente, totalmente caóticos. Deben considerarse los ingresos, su contraparte, los egresos, y sobre todo, como ya se aclaró, su variable fundamental: la aplicación del gasto.
CRÓNICA DE UN CAOS ANUNCIADO Ignacio Trigueros Olea ocupó el puesto de secretario de Hacienda en noviembre de 1841 y de inmediato tuvo que atender un problema hacendarios sobre los que se había perdido el control, la circulación de la moneda de cobre, cuya crónica se hace a continuación:45 En 1760 el gobierno virreinal admite se utilicen piezas de cobre de baja denominación como moneda fraccionaria, ya que prácticamente habían desaparecido las piezas de plata y oro de menor valor, corroborándose la Ley de Gresham.46 Se creó en 1837 el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre para recoger las piezas metálicas, pero tuvo corta vida por su deficiente organización.47 Para 1841 abundaban las piezas de cobre sin control del gobierno, por lo que Santa Anna ordenó reunir la totalidad en la ciudad de México. A fines de ese año, se inició una gran especulación con el cobre, que incrementó su valor, con el consiguiente rechazo de la población. En respuesta, se acuñaron piezas fraccionarias de monedas de plata, ordenándose entregar a las casas de moneda 5% de su producción. No todas las casas de moneda estaban en manos del gobierno federal, por lo que se inconformaron por la medida. En octubre de 1842 la crisis continuaba, por lo que se emitieron certificados, sustituidos al año siguiente por bonos representando deuda pública, a una tasa de interés del 6%, garantizados con el valor de los terrenos baldíos. Finalmente, hasta abril de 1844 se reglamentó la conversión de los certificados de la moneda de cobre. Al culminar la independencia, se había permitido libre comercio con el tabaco, sin embargo, hubo fuertes dificultades entre agricultores y cosecheros con los tabaqueros que lo distribuían, a quienes les imponían precios de compra del producto, por ello en enero de 1842 el gobierno se hizo cargo de la renta del tabaco y prohibió su importación.48 Siguieron reglamentaciones y nuevos impuestos, como las aplicadas al estanco49 de pólvora, azufre, salitre, etcétera, y objetos de lujo: carruajes, bestias de tiro, caballos de silla y otros.50 Ya desde el período virreinal el contrabando era un gran problema51 y lo seguía siendo en la década de 1840, particularmente el de oro y plata; tal como lo menciona Becker: “en las aguas y playas de Mazatlán se presentaban con inglesa puntualidad, las embarcaciones de su Majestad Británica, para cargarlas de plata acuñada y en barras, mientras que los barcos de Prusia y las ciudades Hanseáticas navegaban por las costas de Colima con las mismas intenciones”.52 Se señala también que “para evitar vueltas en balde, también descargaban mercancías que dificultaban el desarrollo de la industria local y otros aspectos. El contrabando se desarrolló como un gran negocio en el que [casi] todos querían participar”.53 Los resguardos marítimos y demás medidas tomadas fueron
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insuficientes para controlarlo, entre otras disposiciones, se redujeron los derechos de exportación, se trataron de cancelar los permisos de extracción de oro y plata en pasta, controlándolos a través de las casas de moneda. Sin embargo, los comerciantes extranjeros, cuando pagaban impuestos, sacaban el metal y cualquier otro bien de contrabando, alegando su calidad de ciudadanos de país privilegiado, contra lo cual el gobierno mexicano podía hacer muy poco.54 La invasión norteamericana de 1846-1848, trajo la urgente necesidad de obtener recursos para la defensa del país, que acabó por desarticular la hacienda pública y eliminar el decreto de julio de 1846 que establecía un fondo general para amortizar la deuda pública, utilizando 50% de todos los derechos de importación de las aduanas marítimas y fronterizas de la República.55 Además, se recrudeció el contrabando por la falta de vigilancia en costas y fronteras, con el consiguiente déficit presupuestario; siendo que en ese entonces los principales ramos de ingresos del gobierno provenían de: “derechos de las importaciones (aduanas marítimas), exportación de moneda de plata, alcabalas sobre la venta de fincas en el Distrito y territorios, contribuciones directas en el Distrito y territorios, montepío civil, tabaco, naipes, papel sellado, correos, lotería y contingente de los estados”.56
ENDEUDARSE Y CAMBIAR PARADIGMAS Entre 1843 y 1849 hubo una merma en los establecimientos de la ciudad de México, explicable por el incremento en el contrabando de textiles durante la ocupación norteamericana y desaparecieron muchas fábricas de hilos, sastrerías, etcétera.57 Al término del conflicto, Mariano Riva Palacio a la sazón secretario de Hacienda, consideraba que la deuda nacional tanto interna como externa ascendía a más de 140 millones de pesos y los egresos (13 millones 700 mil pesos) eran casi tres veces la renta del gobierno,58 por lo que “un poco a la manera de Quesnay, propietario de una finca rústica al igual que Riva Palacio, éste propone una economía natural basada en el sencillo principio de evitar ante todo finanzas deficitarias”.59 Tomando como referencia dichas cifras, vemos que la indemnización comprometida por Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, de pagar a México 15 millones de pesos a cambio de la cesión de más de la mitad de su territorio fue una cantidad irrisoria, puesto que equivalía a los gastos de un año del erario público.60 Sus pagos se destinaron primero a cubrir gastos corrientes de la administración y diversos adeudos, y se presentaron permanentes disputas entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a la aplicación del dinero recibido. Aún así, como señala Josefina Vázquez, “la sacudida moral de la guerra estimuló un mayor grado de cohesión nacional y fortaleció la aparición de grupos políticos comprometidos con la reforma del país”.61 Diversos paradigmas en materia de política arancelaria se enfrentaron entre sí hacia 1850: libre cambio, proteccionismo moderado y prohibicionismo, definición de rumbo y estrategias, aún cuando el principal mecanismo para abatir el déficit presupuestario siguió siendo el endeudamiento interno y externo. En ese entonces, el secretario de Hacienda Manuel Payno,62 para reorganizar la hacienda pública en materia de deuda, dictó una ley para reunir en un fondo único los títulos en circulación a
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una tasa fija de interés, planteamiento contrario a las prácticas de los agiotistas. Su política fue producto de una estrecha colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo, como señala Nicole Giron, “esta ley marcó un parteaguas en la concepción de la organización hacendaria de la nación”,63 modalidad que se observa en el texto del artículo 9 de la ley: “Se aprueban los convenios que en virtud de la ley del 19 de febrero último, celebraron el gobierno y la mayoría de las comisiones de ambas cámaras, con los apoderados de las deudas siguientes”.64 También “se tiene la impresión de que en el curso de la década de 1850 las finanzas del Estado, por haber perdido éste su principal apoyo, el estamento mercantil, terminaron por maniatarse. Para escapar de esta situación, el Estado se vio obligado a desarrollar una nueva fuente de recursos extraordinarios, por medio de la progresiva apropiación de una parte de la renta de la corporación eclesiástica”.65 Durante el período hubo varios proyectos para establecer un banco, que pretendieron crear Manuel Piña y Cuevas, Manuel Payno y Manuel Escandón. Lo concebían como un banco nacional. Piña y Cuevas, en 1850, 1851 y en 1858, propuso crearlo como una sociedad entre el gobierno y los accionistas; es decir, como una banca mixta que daba injerencia en la administración de las rentas nacionales a empleados del gobierno y a empresarios.66 En 1855, Guillermo Prieto secretario de Hacienda, definió quiénes debían ser sujetos de los impuestos, ya que la ley sobre clasificación de rentas no los consideraba, en virtud de que la carga fiscal recaía en los estados –afectando su soberanía– y no en los ciudadanos o individuos; el sistema, basado en la ley de 1824, había resultado obsoleto.67 En relación a los sujetos Marichal señala otras vertientes de la fiscalidad: el impacto y la incidencia. Esta última se puede medir mediante una estimación global del peso fiscal como parte del ingreso per cápita de los habitantes, o bien como una estimación de los “niveles de vida” en el período, con base en los incrementos en los salarios y los precios. Sin embargo, recalca que “para analizar la carga fiscal individualizada de estancos como el monopolio del tabaco. El impacto recaía directamente sobre el consumidor que lo pagaba en el precio del cigarro, cigarrillo o polvo de tabaco que adquiría. Para saber más sobre esta problemática tendríamos que conocer con mayor precisión quiénes compraban el tabaco, pues al parecer era más fuerte el consumo a nivel urbano que en los pueblos rurales”; y que “sobre todo es problemático el análisis de las consecuencias sociales y económicas del nivel de tributación”.68
¿AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR? A principios de 1856, el Congreso aprueba la ley que permite a los extranjeros comprar bienes raíces, procurando a través de esta medida que el mercado opere libremente. Tanto Prieto como Payno temen que los bienes eclesiásticos se entreguen a extranjeros, en tanto que para Miguel Lerdo de Tejada los criterios que deben imperar son los de lógica económica y eficiencia política, inspirados en el individualismo liberal. El 25 de junio de 1856 se decreta la llamada Ley Lerdo,69 propuesta de Lerdo de Tejada, quien al aceptar su designación como secretario de Hacienda dijo al presidente Comonfort que “francamente, no le era posible hacer frente a las múltiples exigencias
del gobierno por los ‘caminos trillados y comunes’ de arbitrarse recursos por medio de contratos gravosos al erario, por el aumento ‘violento’ de los impuestos establecidos ni mucho menos a través de empréstitos que iban en detrimento del crédito nacional”.70 Dicha ley transmitía la propiedad a los arrendatarios de fincas urbanas y rústicas, reconociendo a favor del clero el valor de las fincas y liquidando como rédito lo que se pagaba como renta. El beneficio para el gobierno era que éste cobraba 5% por alcabala sobre la transmisión del bien raíz.71 Sin embargo, en su aplicación, uno de los grupos sociales más afectados fue el indígena,72 ya que algunos artículos alteraban las propiedades comunales, rentadas o no por los pueblos, restringiendo además la adquisición o administración de bienes raíces por parte de las corporaciones.73 Al no haber tranquilidad política, hubo fricciones entre nuevos propietarios y antiguos inquilinos que no habían cumplido con las amortizaciones pactadas, y la resistencia del clero y los conservadores. En síntesis, el resultado final fue un caótico monopolio de la propiedad rural, que se completó en 1859 con la desamortización de los bienes eclesiásticos. Al arribar Lerdo de Tejada por segunda ocasión a la Secretaría, propuso, aunque no se aprobó, la suspensión de pagos de la deuda exterior. Esto generó fricciones con Melchor Ocampo, pero dio paso a las Leyes de Reforma,74 que llevaban hasta sus últimas consecuencias la secularización de la sociedad y la separación entre Iglesia y Estado. Comprendida en el cuerpo de esas leyes, la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, atribuida en buena parte a Lerdo, afirmaba en el preámbulo que la causa principal de la guerra que sostenía la Iglesia era sustraerse a la autoridad civil, con el consabido apoyo de los conservadores. La Constitución de 1857 en su artículo 31, indicaba que era “obligación de todos los mexicanos(…) contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.75 Tras definir al sujeto tributario había que aclarar la diferencia entre impuestos directos e indirectos76 y la relación que debía establecerse entre la federación y los estados. Sin embargo, el proyecto constitucional que contenía los artículos que lo precisaban fueron rechazados, incluyendo la abolición de las alcabalas; por lo que la decepción de Francisco Zarco en su carácter de miembro de la comisión de hacienda fue muy evidente: “Cuando nos detenemos a contemplar lo que es esta historia del Congreso… nos encontramos con que los resultados, los hechos consumados, están lejos de ser lo que nosotros esperábamos”.77 “No sólo se impidió el nacimiento de un sistema fiscal moderno, sino que además se provocó un fortalecimiento de la estrecha relación entre sujeto y objeto tributario”.78 Se logró que correspondieran a la federación impuestos determinados: la administración de los derechos aduaneros, de la renta de los servicios públicos (correo, lotería, etcétera) y de la renta patrimonial (renta y venta de tierras de la hacienda pública). Se buscó que la federación tuviera control sobre impuestos que no afectaban a los estamentos propietarios en particular, como los impuestos directos y otros pertenecientes a los estados,79 por lo que la fede-
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ración no contó con una base segura de ingresos. Sostiene Leonor Ludlow que “los hombres de la década de la Reforma… tuvieron como rasgo común su filiación ideológica, pero sobre todo, su creciente profesionalización, ya que su escuela fue… su temprana introducción en la Hacienda pública a la que se incorporaron como meritorios desde su juventud, y por otra, los conocimientos (eran abogados en su mayoría) que adquirieron posteriormente, los cuales reforzaron durante su desempeño en las comisiones legislativas, de las cuales pasaron a la Secretaría,… como Payno,80 Prieto, Matías Romero, [los que] destacaron por su carácter técnico”.81 El caso de Guillermo Prieto es verdaderamente notable, ya que hasta su muerte en 1897, fue elegido en 20 ocasiones como diputado o senador, representando a los estados de Jalisco, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí y el Distrito Federal, además fue miembro del Consejo Constituyente de 1857.82
IRREFUTABLE BANCARROTA Tras concluir la guerra de tres años, el 17 de julio de 1861 se puso en vigor la ley de suspensión de pagos a la deuda externa, producto de la bancarrota del erario, con funestas consecuencias. Desde esa fecha hasta junio de 1867 en que los magros recursos fiscales fueron consumidos brutalmente por la lucha entre conservadores y liberales, la intervención francesa y el sostenimiento de los dos gobiernos nacionales, uno imperial y otro republicano; según Erika Pani hicieron, “de los años entre 1861 y 1867 los más difíciles para la Hacienda del México independiente”.83 Ante esta afirmación y las de otros historiadores que estudian la hacienda pública de los primeros 50 años de Independencia, parece que cada decenio investigado fuera el más adverso y problemático. La realidad es que casi todos esos años tuvieron características patéticas, como ha quedado demostrado en las páginas dedicadas a este capítulo de nuestra historia. Las palabras de José María Iglesias, cuando por segunda ocasión asume el ministerio de Hacienda, en enero de 1864 muestran la situación de la República a raíz de la invasión francesa: “atravesaba la República el período más crítico de su existencia”84 y la hacienda pública “estaba totalmente desquiciada”85, por lo que se “debió optar por posponer el arreglo del ramo y centrarse en la recaudación de fondos para la guerra”.86 En 1868 Manuel Payno vuelve a hacerse presente cuando Benito Juárez le encarga la recapitulación de las cuentas del imperio de Maximiliano, tarea descomunal impresa bajo el título de Cuentas, gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la intervención francesa y del imperio de 1861 a 1867,87 en la cual demostraba la imposibilidad financiera del éxito de la aventura imperial en México.88 A fines de la década de 1860, la situación entre la federación y los estados en materia de impuestos seguía igual que al inicio de la República: la primera recaba del Distrito Federal las rentas (alcabala) y la contribución directa (pontazgo) y su monto equivalía al contingente de todos los estados, cuyos ingresos se estimaron en 6 millones 200 mil pesos. De esta suma la federación recibió 25%, casi 2 millones de pesos,89 lo que muestra su poca contribución al tesoro federal. Al ser así, la verdadera modernización del sistema fiscal fede-
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ral se operó en el Distrito Federal a través de la contribución directa que afectaba la renta, misma que fue restablecida en 1868 y tocaba tanto la actividad comercial y profesional (cuota mensual, variable según la actividad) como la propiedad urbana (en proporción a la renta cobrada) y rural (en proporción al valor atribuido por la Oficina de Contribuciones).90 Al analizar la lista de datos disponible, Carmagnani confirma que la modernización no alcanzó a los estados “de la cual se desprende que en el período 1870-1871/1878-1879 el promedio derivado de la propiedad urbana era de 333 mil 421 pesos anuales, mientras que el promedio de los ingresos derivados de las propiedades rurales era de 27 mil 614 pesos.91 Aparece por consiguiente que los impuestos directos afectan efectivamente sólo la renta urbana, que poco interesa al estamento propietario, y en cambio no afecta la renta rural, verdadera base económica de la clase propietaria”.92 “Esta diferente evolución indica la voluntad, no necesariamente consciente, de dar a la federación un ingreso único, los derechos aduaneros. De esta manera, la práctica fiscal tiende a liquidar los proyectos de la clase dirigente más moderada, en tanto que Matías Romero sostenía que era necesario ‘no hacer de los derechos marítimos la base de las rentas federales, y establecer rentas interiores que rindan productos equivalentes a los marítimos’ ”.93
ESTABILIDAD LIBERAL La República restaurada en 1868 da pie a la reestructuración y consolidación hacendaria, cuya política respondía al liberalismo clásico: presupuesto equilibrado, restablecimiento de la confianza extranjera en la capacidad de pago, una moneda estable, y de alguna manera, el compromiso con el fomento económico de México. Matías Romero, ministro de Hacienda de enero de 1868 a junio de 1872, propone una reforma hacendaria con cuatro ejes centrales, cuyo objetivo último era elevar la recaudación interna, estimular la actividad económica, mejorar la administración de los recursos y dar solución a la deuda pública; todos ligados entre sí para crear un circulo virtuoso, ya que si se buscaba una eliminación de impuestos, esto exigía aumentar los ingresos y así, suprimir la presión sobre el déficit público.94 Romero “definió las grandes líneas de la política hacendaria de casi todo el período. Uno de sus múltiples proyectos, por ejemplo, fue la creación del impuesto del timbre (…) que permitió transformar el sistema fiscal”.95 Él era diplomático de carrera y fue representante de la Legación Mexicana en Washington, teniendo oportunidad de conocer como se reconstituyó la economía norteamericana después de la guerra de secesión, pudiendo percatarse del marco institucional en el que se desenvolvían las políticas hacendarias para el crecimiento a largo plazo de los Estados Unidos, habiendo llevado trato personal con inversionistas, financieros, industriales y políticos de dicho país, con los que compartió ideas y reflexiones relacionadas con el desarrollo económico de México y con las futuras relaciones comerciales entre las dos naciones.96 En 1867-1868, se presentó un superávit fiscal que resultó ser un mero espejismo, ya que provino de ingresos extraordinarios ori-
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ginados por multas y castigos a imperialistas, y de operaciones con bienes nacionalizados. Romero consideró que el acceso al crédito era una variable interesante de política hacendaria, pero renunció a utilizarla tomando en cuenta que la carga financiera era demasiado onerosa. Según afirma Graciela Márquez, “reducir la brecha entre ingresos y egresos no era un objetivo en sí mismo (…) sino más bien un signo del desempeño público (…) Estos criterios dieron pie a que, pese a la restricción presupuestal, se cubriera el pago de la deuda interior flotante y se amortizara una parte de la deuda interior consolidada a través de varios mecanismos que incluyeron las almonedas y la venta de bienes nacionalizados”.97 También, ¡la política de deuda puede resumirse en tres puntos. Primero, los esquemas de pago deberían minimizar los costos de la liquidación de la deuda, reduciéndose en consecuencia la carga fiscal. Segundo, los arreglos definitivos de la mayor parte de la deuda externa se pospondrían cuanto fuera posible. Tercero, los créditos contraídos durante la intervención serían considerados prioritarios, en particular el de Laguna Seca”.98 Las cifras que Carmagnani muestra en el Apéndice 1 de su trabajo,99 constatan que la federación acude nuevamente a los préstamos a partir de 1867, y se incrementan al iniciar el decenio de 1870, ya que al concluir la guerra de intervención, el país nuevamente tenía capacidad crediticia. Posiblemente, dada la propuesta de Matías Romero en relación con la deuda interna, el nuevo endeudamiento obedeció a su reestructuración para hacerla menos onerosa; lo que coincide con “el hecho de que el Estado regrese a los préstamos indica que la racionalización de las reservas ordinarias sirvió para reorganizar el crédito del Estado”.100 Márquez menciona que la persistencia del déficit (1870-1872) dio lugar a que “las críticas a la política presupuestaria de Romero provinieron de todos los sectores: el Congreso atacó sus propuestas presupuestarias y sujetó a un riguroso escrutinio la cuenta pública mientras que la prensa de la época denunció los retrasos en los pagos a empleados y los recortes presupuestales”.101 Asegurar que persistió el déficit, contradice lo que sostienen Carlos San Juan y Salvador Velázquez en sus cuadros estadísticos, que registran entre 1870-1872 superávit para la Hacienda pública.102 Es posible que el mismo Romero responda a esta discrepancia a través de la Memoria de Hacienda de 1870: “Desgraciadamente aún no se ha podido alcanzar todavía la perfección en la contabilidad fiscal, que el ejecutivo desea con tanto empeño, ni es probable que se pueda obtener, sino cuando el Congreso tenga a bien ocuparse de remover los obstáculos que en diferentes ocasiones se le ha manifestado existen para perfeccionar la contabilidad fiscal y que no pueden subsanarse sino con determinaciones legislativas”.103 El “Programa del partido republicano progresista que propone la candidatura del C. Sebastián Lerdo de Tejada para la presidencia de la República”, publicado en El Siglo Diez y Nueve, planteó los siguientes postulados económicos: “8º Organización de la hacienda pública para que se nivelen los egresos con los ingresos, introduciendo una prudente economía en los gastos, reduciendo el número de empleados a los estrictamente necesarios, y ejerciendo la más severa vigilancia sobre los encargados del manejo de caudales nacionales, hacién-
dose efectiva la responsabilidad por las faltas en que incurran. 9º Arreglar de preferencia sobre bases justas, la amortización de la deuda pública, y proteger el desarrollo de toda clase de establecimiento de crédito para movilizar la riqueza del país y fundar el crédito nacional. 10º El gobierno no debe ser empresario; en consecuencia, las obras públicas se rematarán a compañías particulares, procurando que esto sea en los términos más favorables para el interés general, y con las mayores economías posibles para el erario. 13º Introducir la más severa moralidad en todos los ramos de la administración pública, exigiendo en los empleados honradez y aptitud necesarias para el desempeño de su encargo.”104 “La doctrina económica que impera en las medidas que Lerdo tomaría en materia hacendaria [1872-1876] corresponde a ‘un puro laissez faire’ ”.105 Francisco Mejía, ministro de Hacienda en el último gabinete juarista (junio de 1872), continuó con este cometido durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. “A él correspondió la frase ‘poca política, mucha administración¨, que más tarde sería atribuida a Porfirio Díaz.”106 Mejía fue empleado de Hacienda desde los catorce años y al llegar al Ministerio de Hacienda, tenía treinta años de experiencia en aduanas y administración central. Como el famoso lema, su interés estuvo centrado en la reorganización efectiva de la Hacienda pública, y en opinión de Calderón, “la conservación de la estructura fiscal costaba a la nación un déficit enorme, una paralización casi completa de las obras públicas y una suspensión indefinida de la amortización de la deuda.107 “La situación hacendaria se fue agravando y se hacía necesario aumentar los ingresos o reducir los gastos. Mejía, siempre confiado en la capacidad impositiva de la República, optó por lo primero, mas no por la vía de reformas de fondo, sino acudiendo a la elevación de la tasa de los impuestos ya establecidos”.108 Según Rhi Sauri y Aguilar, su política administrativa lo llevó a obtener siempre superávit presupuestario desde 1872 hasta 1876, con un promedio anual en ingresos de 21,112 mil pesos y de 19,896 mil pesos en egresos, que se aplicaron al gasto en esos cuatro años como sigue:109 Rubro Porcentaje del total en promedio Guerra y Marina: 48 Gastos administrativos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Secretarías de Estado: 22 Hacienda: 16 Fomento: 10 Deuda: 4 Como en años anteriores e igual que para otros autores, hay diversas salvedades en la presentación de estas cifras- Los superávit de esta administración aparecen, aunque con guarismos distintos, en el cuadro 14, Evolución de los ingresos y egresos del Estado federal en México, 1867-1884, publicado por Juan Felipe Leal y José Woldenberg.110 Carlos San Juan y Salvador Velázquez registran siempre un superávit con montos que discrepan de los anteriores.111 Carmagnani encuentra que el único año económico durante el
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cual se gozó de superávit (1 millón 736 mil 337 pesos) fue el de 1873-1874. En los otros tres de la gestión de Mejía, existe un déficit promedio de 325 mil 049 pesos”.112 En el primer período presidencial de Porfirio Díaz hubo siete responsables de la Secretaría de Hacienda:113 Período Encargado de despacho Puesto 29/09/1876 a 11/5/1877 Justo Benítez Secretario 12 a 23/5/1877 Francisco de Landero y Cos Secretario 24/5/1877 a 4/4/1879 Matías Romero Secretario 5 a 8/4/1879 José Hipólito Ramírez Secretario 9/4/1879 a 23/1/1880 Trinidad García Secretario 24/1/ a 15/11/1880 Manuel H. Toro Secretario 16/11 a 31/11/1880 Roberto Núñez Oficial Mayor Sorprende que en un período de gobierno de cuatro años, exceptuando a Matías Romero, ninguno estuvo en el puesto el tiempo suficiente para desarrollar un proyecto hacendario de cierta importancia, por lo que la figura de Romero que dominó el escenario fiscal de la época. Su atención se centró inicialmente en la estructuración administrativa de la Secretaría, mediante un reglamento expedido en julio de 1877, a través del cual la Tesorería se encontraría sujeta al sistema de partida doble para elaborar los estados y balanzas del erario público.114 Posteriormente, considerando que por su aleatoriedad, los ingresos aduanales daban poca estabilidad al flujo de efectivo que recibía el gobierno, resultaba preciso aumentar la base gravable mediante nuevos gravámenes, derivándose de este paradigma diversas iniciativas fiscales y de fomento económico:115 La introducción del impuesto del timbre sustituyó al del papel sellado, que gravaba fundamentalmente documentos de transacciones mercantiles y judiciales, abarcando también productos comerciales como bebidas alcohólicas, medicinas, tabacos, etcétera. Se calculaba que sólo por este concepto se lograría recaudar aproximadamente 3 millones de pesos, cantidad equivalente al 50% de lo recolectado por derechos de importación.116 La eliminación de las alcabalas con el propósito de evitar trabas a la actividad económica estaba establecida en la Constitución de 1857, sin embargo, aún funcionaban las aduanas interiores, y para los estados el ingreso que les representaba era un monto difícil de compensar con otros impuestos, por lo que el gobierno federal planteó a aquellos estados que abolieran las alcabalas el beneficio de no aportar la contribución que hacían a la federación por un importe total de 2 millones de pesos, condicionando la anulación a la puesta en práctica del impuesto del timbre. El éxito en la aplicación del impuesto del timbre dependía a su vez del fomento a la actividad económica, suprimiendo todos los gravámenes a la minería y sustituyéndolos por un impuesto del 5% sobre las utilidades. Había un desfase entre los ingresos y el gasto gubernamental en virtud de recaudaciones cíclicas por la concentración de la mayoría de los ingresos aduanales en un semestre y de los ingresos por exportaciones trimestralmente, lo que creaba un déficit
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temporal en los flujos de efectivo. Para remediar esta situación, Romero propuso emitir billetes del tesoro equivalentes a las rentas esperadas, amortizándolos en la medida en que se contara con el efectivo proveniente de los ingresos fiscales. Todo lo asentado puede señalarse como el más importante inicio de reordenamiento en las finanzas públicas desde la independencia, con una clara orientación hacia el desarrollo económico del país, haciendo caso omiso de la política proteccionista que se estiló entre 1821 y 1877, período en el que Herrera afirma que se establecieron 11 aranceles de aduanas, además de leyes y decretos que modificaron y ampliaron algunos de sus artículos, en tanto que en materia de comercio exterior hubo largas listas de artículos prohibidos o gravados con fuertes derechos de importación y exportación.117 Justo es reconocer que estas circunstancias fueron producto en buena parte del desorden político imperante en México, que obligaba a mantener un precario control sobre la actividad aduanal.
LIRA GONZÁLEZ, ANDRÉS, Aspecto fiscal de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII, en JÁUREGUI, LUIS Y SERRANO ORTEGA, JOSÉ ANTONIO (coord.), Las finanzas públicas en los siglos XVIII y XIX, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1998, p. 34. 2 Y también “el tributo indígena”. MARICHAL, CARLOS, El sistema fiscal del México colonial, 1750-1810, en ABOITES AGUILAR, LUIS Y JÁUREGUI, LUIS (coord.), Penuria sin fin, historia de los impuestos en México, siglos XVIII-XX, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 2005, p. 37. 3 “Según la clasificación de los historiadores de la Real Hacienda los Sres. Urrutia y Fonseca, los ramos de ingresos se dividían en cuatro categorías: comunes, remisibles, particulares y ajenos. Los primeros tenían por objeto cubrir los gastos principales del Virreinato; los segundos llevaban esa denominación porque todos sus productos eran enviados a España; los terceros eran conocidos con ese nombre porque se invertían en cosas especiales ya de la Metrópoli o de la Colonia; y los últimos, aunque entraban en las tesorerías reales, no pertenecían al Erario, que sólo tenia el encargo de su recaudación”. CASASÚS, JOAQUÍN DEMETRIO, Historia de la deuda contraida en Londres, con un apéndice sobre el estado actual de la Hacienda Pública, México, 1885, p. 3. 4 Ibídem. p. 11. 5 CARDOSO, CIRO, México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social, Nueva Imagen, México, 1980, p. 54, afirma que “en la segunda y tercera décadas del siglo XIX se produjo un éxodo de españoles, con sus capitales, difícil de medir en cuanto al monto de valores perdidos por México, pero, de todos modos, muy considerable”. 6 CARMAGNANI, MARCELLO, Finanzas y Estado en México, en JÁUREGUI (coord), “Las finanzas…”, 1998, p. 136; asevera que “Las informaciones disponibles nos dicen que, en el período 1810-1815, los ingresos medios anuales fueron de 44 300 000 pesos. Para reencontrar ingresos estatales de esta magnitud será necesario esperar el final del siglo XIX”. Fuente: TEPASKE, J.J. La Real Hacienda de Nueva España: La Real Caja de México (1576-1816), 1976. 7 Ibídem, “La política tributaria de la corona fue puesta bajo acusación 1
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por las dos almas de la independencia, la popular y la aristocrática”, p. 136. “Tanto la Constitución de Morelos como la Proclama de Agustín de Iturbide contienen un proyecto de transformación de los ingresos estatales”. p.138. 8 Véase CASASÚS, op. cit., 1885, p. 13, CARMAGNANI, op. cit. , 1998, p. 138. 9 LUDLOW, LEONOR (coord.), Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, México, 2002, t. I, pp. 13-14, 26-27, 170-172, 312-313; t. II, pp. 9 y 86. 10 “La recua o carros que llevan la moneda”. GONZÁLEZ DE LA ROSA, MANUEL, Campano Ilustrado. Diccionario Castellano Enciclopédico, Novísima Edición, Garnier Hermanos, Paris, 1921, p. 228. 11 “Iturbide…justificó su ‘expropiación’ observando, correctamente que ‘no había fondos para pagar al ejército o a los empleados del gobierno: el Tesoro estaba vacío, en el país no se podía pedir dinero prestado y los préstamos extranjeros necesitaban más tiempo’”, TENENBAUM, BARBARA A., Sistema tributario y tiranía: las finanzas públicas durante el régimen de Iturbide, 1821-1823, en Jáuregui, op. cit., 1998, p. 219; tomado de Rodríguez, Jaime E. (comp.), The independence of Mexico and the creation of the new nation, 1989, pp. 201213. 12 Memoria que el secretario de Hacienda y Crédito Público presenta, 1869; cit. por CARMAGNANI, “Finanzas…”, en JÁUREGUI (coord), “Las finanzas…”, 1998, p. 139. 13 JÁUREGUI, “Las finanzas…”, 1998, p. 17. 14 “Durante los años de 1821 a 1834, no se añadió ni un sólo impuesto al sistema de rentas. En 1836 el régimen centralista de Antonio López de Santa Ana, bajo el liderazgo del ministro del Tesoro, Manuel Gorostiza, decretó la primera serie de impuestos sobre la propiedad urbana”. TENENBAUM, “Sistema…”, 1989, p. 223. 15 Ibídem. pp. 222-223. 16 SAN JUAN VICTORIA, CARLOS Y VELÁZQUEZ RAMÍREZ, SALVADOR, La formación del Estado y las políticas económicas (1821-1880), en CARDOSO (coord.), “México en…”, 1980, p. 65, mencionan que “una imagen del gran arco temporal que transcurre entre 1821 y 1864 que, de inmediato, evoca un gran desbarajuste de la vida nacional, y al que bautizaron –para realzar más las virtudes de la paz porfirista- con el nombre de ‘período de la anarquía’. De innegable control y beneficio del poder político. Asimismo, también influyeron poderosamente los intentos de reestructuración del poder político, que tuvieron que desarrollar las mismas oligarquías coloniales para tratar de mantenerse en el poder”. 17 Ibídem. pp. 91-6: Cuadro 2.- Ingresos y egresos del Estado (18221880) (En pesos corrientes). Cuadro 3.- Principales fuentes de ingreso del Estado (1825-1880) (En pesos corrientes). Fuente: ROMERO, MATÍAS, Memoria de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al cuadragésimo quinto año económico, presentada por el secretario al Congreso de la Unión, el 16 de septiembre de 1870, y Cuentas del Tesoro Federal. En ambos cuadros no hay datos para los años de 1822, 1824, 1834-1835, 1846-1847 y 1º diciembre de 1852-1867. CARMAGNANI, “Finanzas…”, 1998, pp. 168-174. En el Apéndice 1, integra estos últimos años solamente en el rubro de ingresos, separándolos en ordinarios y extraordinarios, no registrándose los egresos para hacerlos comparables, además, hay discrepancia respecto a las cifras registradas por San Juan y Velázquez en diversos años. Fuente: Memorias de Hacienda, 1822-1880. 18 En miles de pesos. 19 Clave: ICE: Impuestos al comercio exterior, ICI: Impuestos al comercio interior, IAP: Impuesto a la propiedad, y % del total de ingresos. 20 En miles de pesos.
LÓPEZ ROSADO, DIEGO G., Curso de historia económica de México, 3ª ed., UNAM, México, 1981, p. 231. Fuente: AGUILAR F., GUSTAVO, Los presupuestos mexicanos, 1940. 22 LUDLOW, “Los secretarios…,” t. I, 2002, p. 19, quien cita como referencia a DESSERT, DANIEL, “Le lobby Colbert. Un royaume ou une affaire de famille ? ” en Annales, Economies et Sociétés, n. 6, nov-dec, 1975, pp.1303-1326. 23 Véase CARMAGANI, op. cit., 1998, p. 142. 24 JÁUREGUI, LUIS, Control administrativo y crédito exterior bajo la administración de José Ignacio Esteva, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t 1, p. 72: “Es por ello que más de treinta años después, otro secretario de Hacienda –Matías Romero– señaló que la administración implantada por Esteva había sido ‘el sistema más filosófico y completo de organización hacendaria que se ha formado [en México] desde la independencia’”. Fuente: ROMERO, “Memoria de Hacienda…”, 1870, p. 11. 25 “En muchos sentidos, esta forma de administración de la fiscalidad federal es similar a la que se aplicaba en Estados Unidos de Norteamérica después de la convención de Filadelfia de 1786-1787”. Ibídem. p. 73. 26 Ibídem. p. 65. 27 LÓPEZ ROSADO, DIEGO G., Curso de historia económica de México, Cátedra, México, 1954, pp. 257-259, hace una detallada exposición de la situación fiscal en esa época, mencionando que “En 1832 se implantó un impuesto sobre ventanas, puertas y balcones de edificios de la ciudad de México; en 1836 se decretó una contribución directa del 2 al millar sobre las fincas urbanas de la República”. 28 La ingobernabilidad queda demostrada por un hecho irrefutable: en tanto y en México entre 1821 y 1846 [año del inicio de la guerra con Estados Unidos] “se cambió en 33 ocasiones el titular del poder ejecutivo”, en Estados Unidos hubo siete presidentes: “James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin van Buren, William Henry Harrison, John Tyler y James Polk,…sin que ninguno de ellos hubiera terminado su mandato en forma violenta”, artículo de la periodista Jane Storns intitulado Algunas diferencias entre México y Estados Unidos, quien acuñó el término “Destino manifiesto”. MARTÍN MORENO, FRANCISCO, México mutilado, Alfaguara-Santillana, México, 2004, pp. 353-356. Fuente: BEACH, M.S., A Secret Misión to Mexico. Origin of the Treaty of Guadalupe Hidalgo, Scribner’s Monthly Magazine, Dec. 17, 1878, pp. 299-300, y May 18, 1879, pp. 136-137. 29 SAN JUAN Y VELÁZQUEZ, “La formación…”, en CARDOSO (coord.), “México en…”, 1980, p. 77. 30 URRUTIA DE STEBELSKY, MARÍA CRISTINA Y NAVA OTEO, GUADALUPE, La minería (1821-1880), en CARDOSO (coord.), “México en…”, 1980, pp. 135-137, quienes indican que “Desafortunadamente, no hay estadísticas continuas de las importaciones de azogue ni de su consumo; las balanzas del comercio exterior mencionan escuetamente su internación, al ser un artículo libre de impuestos de entrada”. 31 JÁUREGUI, LUIS, Los orígenes de un malestar crónico. Los ingresos y los gastos públicos de México, 1821-1855, en ABOITES, “Penuria…”, 2005, p. 93, quien menciona “Preciso es agregar las dificultades para aplicar este impuesto, que sólo en su postulado legal comprendía 22 páginas y varios cientos de artículos”, citando como fuente a COSTELOE, MICHAEL P., La república central en México. “Hombres de bien” en la época de Santa Anna, 2000. 32 “Adam Smith, en su libro Riqueza de las naciones (1776), estableció las normas para la imposición de contribuciones e impuestos y proporcionó un catálogo de preceptos que han resistido la prueba del tiempo…Primeramente, dijo Smith, los impuestos deben ser justos o equi21
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tativos, gravando a los individuos “como el gasto de sostenimiento de una gran finca a los arrendatarios, quienes están obligados a contribuir en proporción a sus respectivos intereses en la finca”. En segundo lugar, los impuestos deben ser precisos y no arbitrarios, “claros y concisos para el contribuyente como para cualquier otra persona”. De otra manera, el que paga contribución al Estado puede ser víctima de una administración abusiva. También los impuestos “deben ser convenientes en lo que respecta a la fecha y forma de su recaudación”. Y finalmente, los impuestos deben ser económicos; esto es, “su recaudación no debe ser costosa ni causa de obstáculo ni desaliento para el contribuyente”. GROVES, HAROLD, Finanzas Públicas, 4ª reimp., Trillas, México, 1978, pp. 29-30. 33 Capitación: se tributa por persona sin atención a su hacienda o riqueza. Veáse MENEGUS, MARGARITA, Alcabala o tributo. Los indios y el fisco (siglos XVI al XIX). Una encrucijada fiscal, en Jáuregui, “Las finanzas…”, 1998, p. 110. “Como el antiguo tributo indígena”, BERMÚDEZ, MARÍA TERESA, Meter orden e imponer impuestos, la política de Ignacio Trigueros Olea, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t I, p. 216, quien cita como referencia a DUBLÁN Y LOZANO, Legislación mexicana, 1876-1877, t. IV, p. 58. 34 Véase LÓPEZ, “ Curso…”, 1954, pp. 259-260. 35 LÓPEZ, “Curso…”, 1981, p. 230. 36 “El argumento de Laffer es que las tasas muy altas inducen a una disminución en la transparencia de las transacciones, fomentando la actividad de la “economía informal” y probablemente un aumento del contrabando”, MARICHAL, “El sistema…”, en ABOITES, “Penuria…”, 2005, pp. 63-64. Cita como referencia a LAFFER, ARTHUR, The Economics of Tax Revolt, 1979. 37 SORDO CEDEÑO, REYNALDO, El proyecto hacendario de Manuel Eduardo de Gorostiza, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t. I, p. 177. 38 Op. cit. p. 181. Fuente: GOROSTIZA, MANUEL EDUARDO DE, Gorostiza a sus conciudadanos, o breve reseña de las operaciones del Ministerio de Hacienda durante los ocho meses y diez y ocho días que la ha tenido a su cargo, 1838, pp. 3-4. 39 Ibídem. p. 182. 40 SAN JUAN Y VELÁZQUEZ, “La formación…”, en CARDOSO (coord.), “México en…”, 1980, pp. 91-96: Cuadro 2.- Ingresos y egresos del Estado (1822-1880). 41 “En teoría fiscal existen dos conceptos de equidad: horizontal y vertical. La primera se refiere al principio de que los individuos que son esencialmente idénticos deben recibir el mismo trato fiscal. El concepto de equidad vertical establece que paguen más los que se encuentran en mejores condiciones. La pregunta que sigue es ¿cuál será el criterio para medir las condiciones del que está mejor? La respuesta tiene dos vertientes: la capacidad de pago y según el bienestar económico. En la práctica, la respuesta es más sencilla: el criterio que se sigue en la búsqueda de la equidad vertical es el ingreso líquido o el consumo”, STIGLITZ, JOSEPH, E., La economía del sector público, 1988, pp. 440-448, citado por Aboites, “Penuria…”, 2005, p. 23. 42 Fuente: GOROSTIZA, MANUEL EDUARDO DE, Memoria de la Hacienda nacional de la República Mexicana, presentada por el ministro del ramo en julio de 1838, p. 25. Citado por SORDO, “El proyecto…”, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t. I, p. 187. 43 Este gravamen se estableció en 1836 y Gorostiza fue participe del cambio del sistema federalista al centralista. 44 CARMAGNANI, “Finanzas…”, en JÁUREGUI (coord), “Las finanzas…”, 1998, p. 142. 45 BERMÚDEZ, “Meter…”, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t. I, pp. 201-207.
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“Ley de Gresham: Ley atribuida por primera vez a Sir Thomas Gresham, consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, quien declaró en 1558 que el ‘dinero malo retira de la circulación el bueno’, es decir, que si el público sospecha de un componente de la oferta monetaria, atesorará el ‘dinero bueno’ y tratará de pasar el ‘malo’ a otra persona”. SAMUELSON, PAUL A. y NORDHAUS, WILLIAM D., Economía, 13ª ed., McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 1990, p. 1142. 47 Además de aportar dinero para reunir la moneda de cobre, el Banco tendría a su cargo la administración de la renta del tabaco y la tarea de reunir fondos para financiar la guerra de Texas. BERMÚDEZ, Ibídem, p. 207. 48 Ibídem. pp. 207-228. 49 Mediante el estanco, el gobierno ejercía el monopolio de la producción o venta de alguna mercancía, concediendo este derecho mediante arrendamiento o administrándolo directamente. 50 Como se había hecho en materia de impuestos en la década anterior. 51 BERMÚDEZ, op. cit., 2002, p. 223, menciona que “desde la época colonial se estableció un…contrabando sistematizado…Las naciones rivales de España abandonaron la piratería y se abocaron al contrabando que les resultaba más rentable, pero con relación a México esta práctica…alimentó el abuso de comerciantes nacionales y extranjeros, la corrupción y la dependencia extranjera”; transcribiendo lo asentado por JIMÉNEZ CODINACH, GUADALUPE, Veracruz, almacén de plata en el Atlántico. La Casa Gordon y Murphy, 1805-1824, en Historia Mexicana, 1988, n. 150, p. 336. 52 Ibídem. p. 223, Cfr. BECKER, FELIX, Die Hansestädte und Mexiko. Handelspolitik, verträge und handel, 1821-1867, 1984. 53 Ibídem. p. 224. Fuente: BERNECKER, WALTHER L., Schmuggel Illegalität und Korruption im México des 19, Jahrhunderts, 1989, p. 57. 54 Op. cit. p. 224. 55 MEYER COSÍO, ROSA MARÍA, Francisco Iturbe: un agiotista en la Hacienda Pública, en LUDLOW, “Los secretarios…”, t. I, 2002, p. 256. Fuente: DUBLÁN Y LOZANO, “Legislación…”, 1876-1877, t. V, pp. 135136. 56 ORTIZ MONASTERIO, JOSÉ, Mariano Riva Palacio en el Ministerio de Hacienda, LUDLOW, op. cit., 2002, p. 243. Fuente: RIVA PALACIO, MARIANO, Exposición que al Congreso General dirige el ministro de Hacienda sobre el estado de la hacienda pública de la federación en fin de julio de 1848, pp. 48-49 y 51, 57 URRUTIA, “La minería…”, 1980, p. 153-156. Cuadro 1.- Industria de algodón en México (1837-1879). Fuente: SANDOVAL Z., ROBERTO, Industria Textil mexicana: siglo XIX, en Estadísticas económicas del siglo XIX, Cuadernos de Trabajo, No. 14, DIH-INAH, 1976, pp. 19-21. 58 Ibídem. 59 ORTIZ, “Mariano…”, LUDLOW, op. cit., 2002, p. 238. 60 Aún más, si se toma en consideración que sólo por la venta del territorio de la Mesilla a Estados Unidos en 1853, se recibieron a cambio diez millones de pesos. 61 Ibídem. p. 246. Fuente: VÁZQUEZ, JOSEFINA ZORAIDA Y MEYER, LORENZO, México frente a los Estados Unidos. Un ensayo histórico 1776-1988, 1992, p. 63. 62 [Quién] “experimentó, como muchos otros mexicanos de su generación, el despecho y la humillación por la derrota militar [en 1847], experiencia indeleble que lo convencería de la necesidad urgente de dar cohesión política a la nación, sometida por demasiado tiempo a las rivalidades militares y al estéril enfrentamiento de las facciones”. GIRON, NICOLE, Manuel Payno, el ir y venir por la Secretaría de Hacienda, en LUDLOW, “Los secretarios…”, t. I, 2002, p. 351. 63 Ibídem. p. 364. 64 Ibídem. p. 365, publicado por DUBLÁN Y LOZANO, “Legislación…”, 46
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1876-1877, t. V, p. 729. 65 CARMAGNANI, op. cit., 1998, p. 149. 66 GUEVARA SANGINÉS, MARGARITA, Presentación. Guillermo Prieto y Pradillo, ministro trashumante: de la fiscalidad del antiguo régimen a un nuevo orden, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t. I, p. 308. GUEVARA, en “Guillermo…”, aclara que utiliza el concepto “antiguo regimen” para calificar el sistema colonial borbónico, tal y como lo entendió Guillermo Prieto en Indicaciones sobre el origen, vicisitudes y estado que guardan actualmente las rentas generales de la federación mexicana, 1850, p. 316. 67 Ibídem. p. 341. 68 Véase: MARICHAL, “El sistema…”, en ABOITES, “Penuria…”, 2005, pp. 61 y 64. 69 DUBLÁN Y LOZANO, “Legislación…”, 1876-1877, t. VIII, p. 729 70 BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, CARMEN, Los ministerios de Hacienda de Miguel Lerdo de Tejada, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t. I, p. 420. 71 Ibídem. p. 421. Fuente: DUBLÁN Y LOZANO, op. cit., pp. 197-201; LERDO DE TEJADA, MIGUEL, Memoria de la Hacienda nacional de la República Mexicana, presentada por el ministro del ramo en 1857, pp. 3-9. 72 Citando como referencia a BLÁZQUEZ, Miguel Lerdo, 1978, pp. 88-9, y a REYES HEROLES, El liberalismo mexicano, 1957, v. III, p. 135. Carmen Blázquez afirma que “Los liberales, incluido Miguel Lerdo de Tejada, consideraron que los privilegios concedidos a los indígenas para su protección sólo contribuían a su atraso y que las comunidades indígenas no eran las mejores propietarias de terrenos”, op. cit. p. 423. 73 Ibídem. p. 423. Fuente: Dublán y Lozano, op. cit., pp. 197-201. 74 BLÁZQUEZ, op. cit. p. 430. Fuente: TAMAYO, Benito Juárez, 1964, v. III, pp. 457 et al. 75 CARMAGNANI, op. cit., 1998, p. 152. Fuente: ZARCO, FRANCISCO, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, 1956, p. 333. 76 JÁUREGUI, “Los orígenes…”, en ABOITES, “Penuria…”, 2005, p. 82: “Las contribuciones o impuestos directos son los que se aplican a la capacidad económica del contribuyente (individuos o empresas). Contrasta con los de carácter indirecto, que se perciben como resultado de determinados actos y gravan una capacidad transitoria. En resumida cuenta, los impuestos directos gravan los ingresos, beneficios o riqueza del individuo; los indirectos se aplican a actos que aquél ocasionalmente realiza, como sería el caso de la compraventa de un artículo”. Cita como fuente a LANGA, ENRIQUE y GARAIZÁBAL, JOSÉ MARÍA, Diccionario de Hacienda pública, 1990. 77 CARMAGNANI, op. cit., 1998, p.153. Fuente: Zarco, Francisco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente, 1957, pp. 761, ss. 78 Ibídem. p. 154. 79 CARMAGNANI aclara que “Para comprender concretamente cómo la base fiscal de la nueva república permaneció inalterada, es conveniente comenzar por la idea, implícita en la Constitución, que todo aquello que no esta permitido a los estados queda reservado para la federación”. op. cit., 1998, p. 155. 80 De quien Nicole Giron se expresa: “Es innegable que Payno, calificado por Bárbara Tenenbaum de ‘ideólogo principal en asuntos fiscales’, fue un verdadero conocedor del mundo financiero. Quizá fue uno de los hombres más “profesionales” de su generación, en la cual el estudio de la economía política había sido un deporte de autodidactas más que una modalidad de conocimiento científicamente transmitida”, GIRON, op. cit., 2002, p. 394-395. Fuente: TENENBAUM, BARBARA, Payno y los bandidos del erario, en Historia Mexicana, n. 173, v. XLIV, 1994, p. 74. 81 LUDLOW, “Los secretarios…”, t. I, 2002. Hace asimismo una aclara-
ción: “No hay que olvidar que el mérito de la política hacendaria no depende sólo del ministro, sino que también ‘existe una paternidad intelectual de las reformas (ideadas por comisiones o por instituciones al servicio de la Hacienda), que hace más institucionales los cambios tributarios’”, p. 19. Fuente: COMÍN, FRANCISCO, Historia de la Hacienda Pública: Europa, 1996, p. 272. 82 GUEVARA, op. cit., 2002, p. 323. Fuente: MACLEAN, Vida y obra de Guillermo Prieto, 1960, p. 9. 83 PANI, ERIKA, Presentación, en LUDLOW (coord.) “Los secretarios…”, 2002, t. II, p. 7. 84 IGLESIAS, “Memoria…”, 1868, p. 1; cit. por SPECKMAN GUERRA, ELISA, La gestión hacendaria de José María Iglesias, en LUDLOW, LEONOR (coord.), “Los secretarios…”, 2002, t. II, p. 52. 85 Ibídem. 86 SPECKMAN, op. cit. p. 52. 87 Cuentas, gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la intervención francesa y del imperio de 1861 a 1867, 964 págs. 88 Véase GIRON, op. cit., 2002, p. 395. 89 CARMAGNANI, op.cit., 1998, p. 158. Fuente: CALDERÓN E.R., La vida económica, en COSIO VILLEGAS, DANIEL (Comp.), Historia moderna de México. La República restaurada, 1955, v. 2, p. 314. 90 Ibídem. p.159. Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1876-1877, pp. 76ss., 1878-1879, p. XVII ss., LABASTIDA, L.G., Estudio de las leyes federales sobre administración local, 1899, pp. 402-410. 91 Fuente: “Memoria…”, 1878-1879, p. XXXII. Las sumas recaudadas representaron apenas 0.01% del valor de la propiedad urbana, estimado en 48 900 000 pesos, y de la propiedad rural, estimada en 5 700 000, ibídem. pp. 101ss. 92 Op. cit. pp. 159-160. 93 Ibídem. p. 160. Fuente: “Memoria…”, 1869, p. 1005. La tendencia hacia la reducción de la autonomía financiera de la federación explica la decisión del 30 de mayo de 1868 de disminuir los impuestos sobre la producción minera de 10.25 a 3.25%. En efecto, la producción minera “debió haberse beneficiado con la supresión de esos impuestos pues la gravaban pesadamente; no ocurrió así porque los estados los restablecieron para su provecho”, CALDERÓN, “La vida…”, en COSIO, “Historia…”, 1955, pp. 275 ss. 94 MÁRQUEZ, GRACIELA, El proyecto hacendario de Matías Romero, en LUDLOW, LEONOR (coord.), “Los secretarios…”, 2002, t. II, p. 125. 95 Ibídem. SALMERÓN CASTRO, ALICIA, Presentación, 2002, pp. 83-84. Fuente: “Memoria …” , 1870. 96 “Entre los más destacados, Romero trabo amistad con James Beekman, Hiram Barney, y Ulysses Grant. Con este último emprendería un fallido intento por establecer una línea de ferrocarriles en el Istmo de Tehuantepec. Véase PLETCHER, Rail, Mines and Progress, MÁRQUEZ, op. cit., 2002, p. 114. 97 MÁRQUEZ, “El proyecto…”, 2002, pp. 113-121. 98 Ibídem.. En estos tres puntos cita como referencia a CALDERÓN, La vida económica, 1984, p. 391. 99 CARMAGNANI, “Finanzas…”, 1998, pp. 169-171. 100 Ibídem. p. 161. 101 MÁRQUEZ, op. cit. p. 119. 102 Véase SAN JUAN Y VELÁZQUEZ, “La formación…”, 1980, pp. 91-96. 103 “Memoria…”, 1870, p. 1004, cita de MÁRQUEZ, op. cit., 2002, p. 123. 104 RHI SAURI GARAVITO, MARÍA JOSÉ, Francisco Mejía Escalada: la táctica de la avestruz, en LUDLOW, LEONOR (coord.), “Los secretarios…”, 2002, t. II, pp. 95-96. Fuente: RIVA PALACIO, VICENTE, Historia de la administración hacendaria de Don Sebastián Lerdo de Tejada, 1875, pp. 218-219. sa.
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Ibídem. p. 95. Fuente: KNAPP, FRANK, Sebastián Lerdo de Tejada, 1962, p. 268. 106 Rhi Sauri, op. cit., 2002, p. 89. 107 Ibídem. “En la Memoria correspondiente al año económico 18721873, Francisco Mejía reconocía la imposibilidad de conocer el monto exacto de la deuda. El desorden vivido durante las guerras civiles y extranjeras y el paréntesis de la ocupación francesa, aunado a imprecisiones de orden contable, hacían complicado tener cuentas claras en lo que a deuda externa se refería”, p. 106. 108 CALDERÓN, op. cit., 1984, cit. por RHI SAURI, p. 99. 109 Ibídem. Rhi Sauri al insertar los cuadros incluye la siguiente nota a pie de página: “La cuenta correspondiente a este año [1872-1873] no fue presentada por Mejía”, pp. 104-105. Fuente: ROMERO, “Memoria …” , 1876-1877, cuadros 27 y 28. AGUILAR, op. cit. se basa en la misma fuente, pp. 85-90. 110 LEAL, JUAN FELIPE Y WOLDENBERG, JOSÉ, Del estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista. La clase obrera en la historia de México, 1980, p. 271. 111 Véase SAN JUAN Y VELÁZQUEZ, “La formación…”, en CARDOSO (coord.), “México en…”, 1980, Cuadro 2.- Ingresos y egresos del Estado. Fuente: Memorias de Hacienda, 1882-1880, pp. 91-96. 112 CARMAGNANI, Apéndices 2 y 3, Estado y mercado, p. 83. 105
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LUDLOW, “Los secretarios…”, 2002, t. II, p. 86. Fuente: GONZÁLEZ PRIETO, ALEJANDRO (comp.), Memorias de la Hacienda pública en México, 1867-1911, 1990, pp. 252 y 665. 114 MÁRQUEZ, “El proyecto…”, 2002, p. 123. Fuente: SIERRA, CARLOS J. Y MARTÍNEZ VARA, ROGELIO, Historia de la Tesorería, 1972, pp. 128-134. 115 Ibídem. Véase pp. 126-131. 116 Ibídem. “Indudablemente, el éxito del impuesto del timbre en los Estados Unidos, introducido después del fin de la guerra civil, alimentaba el entusiasmo de Romero por este tipo de impuesto, ‘la experiencia ha demostrado…que casi ningún otro impuesto ha sido tan eficaz…En los Estados Unidos rinde casi el doble del producto de los derechos de importación que se cobran en las aduanas marítimas’”, pp. 126-127. Fuente: ROMERO, MATÍAS, Iniciativas que la Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público de la República Mexicana dirige al Cuarto Congreso Constitucional 1869, BROWNLEE, W. ELLIOT. 117 Véase. HERRERA, Inés. La Circulación: transporte y comercio, en CARDOSO, “México...”, 1980, pp. 194-218. 113
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Habilidades ejecutivas:
¿Innatas o adquiridas? Julio Ríos Gómez Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales
Debemos ser tan progresistas como la ciencia,y tan conservadores como la tabla de multiplicar. Calvin Coolidge
Este artículo constituye una reflexión sobre el papel que desempeña el ejecutivo, elemento decisivo en el logro de los objetivos y el éxito de una empresa.
INTRODUCCIÓN Parece ser una creencia generalizada que la destreza ejecutiva es un don divino, es algo que se tiene, que el éxito como líder de hombres es cosa del destino inmutable. En cierta medida es verdad, porque un número limitado de cualidades ejecutivas esenciales son, sin duda, innatas. Sin ellas no se puede aspirar a tener éxito como ejecutivo y con ellas, el logro de la meta es consecuencia natural. Sin embargo, entre los individuos que gozan de estas pocas cualidades en gran medida, y los que carecen totalmente de ellas, existe un elevado número de medianamente dotados. El progreso de estos últimos puede verse perjudicado por la noción de que las técnicas ejecutivas son cosa de un sexto sentido, de una facultad intuitiva que desafía toda explicación, una “corazonada” que siempre indica lo que hay que hacer en el momento oportuno. Semejante punto de vista no solamente no hace ningún bien, sino que perjudica. Se dan también aquellos que tienden a cerrar su entendimiento ante los problemas. Si emplean un estilo ejecutivo equivocado y despiertan antagonismos y oposición, se inclinan a echar la culpa a la mala disposición del empleado. Si sus errores repetidos hacen que no puedan compararse favorablemente con otros ejecutivos que ocupen cargos semejantes, expresan con desanimo: “no nací para el trabajo de ejecutivo”.
PENETRACIÓN Y DOMINIO DE SÍ El ejecutivo que se deja arrastrar por sus impulsos, podrá ser un buen jefe de turbas pero nada tiene que hacer en una empresa. La buena dirección requiere penetración y dominio de sí mismo. Gracias a la facultad de la mente humana de controlar las tensiones emotivas, el hombre ha progresado, de no ser así, viviría todavía en cavernas. Sería muy útil que pudiéramos formular Reglas definitivas de actuación del ejecutivo que asegurase su éxito. Sin embar-
go, el problema estriba en que hay tantas reglas como relaciones entre cada ejecutivo y sus colaboradores, porque todos somos diferentes y de alguna forma, iguales. En el laboratorio de química podemos mezclar dos reactivos, y predecir exactamente el resultado. En el laboratorio humano donde una personalidad actúa sobre otra, el resultado no es una simple reacción, sino una respuesta compleja y cambiante. Esto puede hacer que nuestra tarea parezca desesperada, a no ser por dos elementos limitantes.
Primero Como ya dijimos, hay ciertas tendencias y conductas comunes a todos nosotros. Aunque estas características pueden estar encubiertas por los diferentes tipos de personalidad, su presencia universal proporciona al ejecutivo una base para un estudio atento de la conducta humana.
Segundo El ejecutivo puede conocerse a sí mismo, puede determinar los métodos e instrumentos que le permitan ser más efectivo de acuerdo con su personalidad y capacidades.
EL EJECUTIVO Y SU TAREA Nos preguntamos, ¿Qué es entonces un ejecutivo? Alguien responsable de la ejecución del trabajo de los demás. A él se acude para obtener resultados; lo encontramos en los lugares críticos de las organizaciones industriales, financieras, etcétera; siempre en la zona de actividad. También lo podemos definir como el intermediario en la corriente de órdenes y directrices de los niveles directivos, a los empleados en relación con su tarea. En el pasado los ejecutivos abarcaron amplia diversidad de responsabilidades. Frederick W. Taylor puntualizó los peligros de esa situación al poner de relieve la dificultad de que los servicios de un individuo fuesen de alta calidad, cuando debía ocuparse de tantas actividades. Gradualmente las actividades implicadas en el mantenimiento de las condiciones de trabajo, se han desplazado del 15
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ejecutivo y se han asignado a un especialista funcional. Por ejemplo, antes el ejecutivo de un taller compraba y almacenaba sus propios materiales, ahora lo hace un agente de compras y un almacenista. Ahora bien, desembarazado de todas actividades misceláneas, ¿qué le ha quedado al ejecutivo? Lo hallamos enfrentando de lleno su tarea mayor que es: la organización de la voluntad de sus empleados, lo que el doctor Edward D. Jones ha definido como: “Los medios por los cuales se suscita en un grupo de hombres, la armonía en el modo, y la armonía en la actitud, o sea la voluntad de todos para alcanzar el mismo objetivo”. Este es el reto y quehacer del ejecutivo: su efectividad para organizar la voluntad de sus colaboradores.
CARACTERÍSTICAS DEL EJECUTIVO Podemos mencionar algunas características indispensables que requiere el ejecutivo:
a) Interés innato y afecto por la gente Los ejecutivos son modeladores del material humano. En las organizaciones están en contacto cercano con mayor número de personalidades que otros funcionarios; su ámbito principal de desempeño son las relaciones humanas, siempre complejas, siempre cambiantes y desafiantes a la uniformidad. Un administrador ha dicho: “No se puede disponer simplemente de una masa de hombres, y esperar que una empresa tenga éxito; como tampoco se pueden colocar un hombre, una mujer y unos niños en una casa y esperar que se tendrá una familia feliz”.
b) Fuerza o poderío de personalidad No es fácil describir esta cualidad, pero podemos considerarla como un vigor que parece nacer del sistema nervioso. A menudo esta cualidad no se manifiesta activamente, sino que crea la impresión de ser una fuerza en reserva a la que se acude cuando es necesario. Una organización efectiva requiere ejecutivos dotados de algo más del promedio de fuerza personal.
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c) Orientación científica de la inteligencia El ejecutivo se enfrenta constantemente con problemas que ceden más fácilmente al estudioso científicamente orientado. Los problemas técnicos que implican la coordinación del trabajo de un grupo de hombres, materiales y equipos, de modo que se obtenga el máximo de calidad y cantidad con el mínimo de esfuerzo y desperdicio, son a menudo extraordinariamente complejos: muchas veces requieren estar resueltos antes de que se presenten y otras, solución inmediata. El Ejecutivo que tiene éxito, logra sus victorias mediante una actitud proactiva más que reactiva esta cualidad incluye ser humilde ante la verdad, refrenar los sentimientos personales, y saber distinguir entre los hechos y las opiniones, disposición de valor inestimable. Estas tres características: interés y cariño por la gente, poder de personalidad y tendencia científica de la inteligencia, pueden señalarse como los requerimientos sobresalientes para el éxito del ejecutivo. También podemos afirmar que los ejecutivos deben poseer ascendiente moral pero esta cualidad no es menos necesaria en cualquiera de los otros órdenes de vida. En otras palabras, si estuvieramos buscando madera de ejecutivo, o solicitantes que llenen los requisitos para desempeñar cualquier puesto de responsabilidad similar, buscaríamos hombres de probidad moral, vigor físico y un determinado nivel de inteligencia. Si de entre estos hombres fuésemos a seleccionar alguno para el trabajo ejecutivo, agregaríamos a nuestros requerimientos: el interés y afecto por la gente, el poder de la personalidad y la organización científica de la inteligencia. Bibliografía: -- DOUGLAS MC GREGOR. El administrador profesional. Editorial Diana, México. -- BELLOWS, WILSON ODIOTNE. Habilidades del ejecutivo, su dinámica y desarrollo. Editorial CECSA. -- KAST ROSENWEIG. Organization and Management. Editorial Mc Graw Hill. -- WILLIAM REDDIN. Efectividad gerencial. Editorial Diana.