Derecho Latinoamericano No. 13 Octubre 2020

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Videoconferencias en la administración de justicia Por: Lic. Carlos Rafael Magdaleno Martínez

La pandemia mundial que estamos atravesando debido al COVID- 19, ha afectado diversos rubros de la sociedad, por consiguiente ha derivado en diversas modificaciones en la manera en que operan las empresas privadas y públicas, evidentemente esto ha traído consigo una serie de cambios en la manera de operar; las empresas han optado por hacer un recorte en sus gastos y al mismo tiempo salvaguardar la integridad de su personal , no es extraño que el día de hoy ,muchos trabajadores estén realizando sus funciones desde su hogar y esto, sin duda, puede representar una evolución en materia laboral. Estas aplicaciones o herramientas de trabajo se venían utilizando con cierta normalidad en algunos ámbitos profesionales o particulares, pero no con la intensidad a la que nos ha impuesto la situación que estamos atravesando, no se trata solo de las comunicaciones internas o externas de una empresa ,también se ha generalizado en el ámbito de la educación en todas sus etapas , desde la primaria a la universitaria e incluso se ha convertido en un medio a través del cual mantener nuestra vida social. Naturalmente la administración de justicia no podía quedar al margen de esta nueva realidad, el Poder Judicial en México también está renovándose en la manera de operar y ha retomado sus operaciones con el uso de videollamadas y videoconferencias para sus audiencias, lo que implicara nuevos retos en la impartición de

justicia y el combate a la impunidad ,esta medida era importante para retomar las labores judiciales que se encontraban detenidas, cabe mencionar que desde el 18 de marzo pasado, cuando inició la fase 1 de la contingencia sanitaria, el PJCDMX decretó la suspensión de labores y de plazos procesales a través del acuerdo 05-27/2020. Existen retos importantes y no cabe duda que los especialistas analizaron a conciencia el evaluar que se respete la publicidad de las audiencias y que cada una de las partes involucradas en el proceso cuente con los medios para conectarse de manera remota, la comunicación efectiva entre los actores de los juicios y por supuesto crear el respaldo jurídico que dé legalidad al trabajo remoto y las resoluciones por parte de los juzgadores. Principalmente en este último punto , “la legalidad”, se ha convertido en un área de oportunidad y es algo en lo que se tendrá que reforzar para evitar que el proyecto resulte contraproducente, si bien es cierto que esta medida puede beneficiar a depurar una fuerte carga de trabajo y al mismo tiempo, recortar gastos innecesarios, como la impresión de acuerdos en papel o la acumulación de legajos, lo cierto es que en consecuencia “las fallas procesales” han generado impunidad en un gran porcentaje de los casos y si no se logra generar certidumbre, las modificaciones a la manera de trabajar, resultaran insuficientes, para poder generar resoluciones que generen una adecuada administración de justicia.

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