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INDUSTRIA BOGOTANA EN RIESGO POR EL POT
Actualidad empresarial
La manufactura seguirá sin garantías para estar en la ciudad
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El proyecto de POT, que fue presentado por el alcalde de Bogotá y se encuentra en trámite para ser sancionado por el Concejo de Bogotá en septiembre u octubre según estiman expertos, fue conocido y analizado por Acopi Bogotá-Cundinamarca, que encontró que este representa una seria amenaza para las empresas de la capital, especialmente las manufactureras.
El modelo de ciudad y el desarrollo económico
El Plan de Ordenamiento Territorial, en vista de su importancia económica, planteará una discusión que es de alta importancia para todos los sectores de la ciudad: la vocación económica y productiva de Bogotá.
Al respecto, es importante resaltar que la propuesta del Gobierno Distrital en materia económica se encuentra condensada en la Estrategia de Especialización Inteligente que se enfoca en las actividades de la economía naranja, la educación superior, los servicios hospitalarios especializados, la industria farmacéutica y cosmética, el turismo y los servicios logísticos de carga. Estas actividades, que si bien es importante que se desarrollen y potencien dentro la ciudad, profundizan el enfoque de Bogotá como una ciudad para los servicios y no para la producción, lo que cercena las ventajas que brinda la manufactura, tales como la generación de empleo estable, calificado, bien remunerado, la aplicación intensiva de ciencia y tecnología, y la generación de alto valor agregado en los productos finales.
Para justificar esta propuesta, la Administración argumenta que “la competitividad distrital depende de garantizar su abastecimiento alimentario y la disponibilidad de materias primas y, por lo tanto, de formular un nuevo esquema de logística y de transporte regional” 1 , lo que de manera clara tiene relación con el papel que Colombia juega en el mercado global como un proveedor de, en su gran mayoría, materias primas, especialmente del sector minero-energético, ya que incluso la producción de bienes de consumo como las prendas de vestir, el calzado o los alimentos se ha visto diezmada, y ni hablar de la producción de bienes intermedios, de capital o tecnológicos.
Los dos aspectos que se desprenden del modelo de ciudad, la competitividad y la productividad, también son planteados de forma equivocada, pues la primera aun cuando es una de las tres políticas bases dentro del proyecto de articulado (Artículos 14 al 17), no resolvería de manera medular los problemas económicos de la ciudad, pues busca imponer como objetivo el impulso a las actividades económicas de la Estrategia de Especialización Inteligente. Añadido a lo anterior, la Alcaldía también plantea que uno de los objetivos de la Política de Competitividad debe ser atraer y mantener la inversión, que claramente no será para el sector productivo. Por último, y no menos tempestuoso, el concepto de productividad se extrae como una simple consecuencia de la competitividad sin tener en cuenta los numerosos aspectos del costo país que se replican en Bogotá, como la altísima carga tributaria, los costos de la energía, logísticos, laborales no salariales, la competencia desleal, el contrabando legal e ilegal, entre muchos otros. Así mismo, el documento POT en un punto reduce la productividad solo al factor de tiempo de llegada del trabajador a su puesto de trabajo, lo que deja bastantes interrogantes alrededor de los ya cuestionados beneficios para Transmilenio.
Este modelo económico que se plantea para la ciudad es profundamente inconveniente, pues se basa en las ventajas comparativas, un modelo que ya ha hecho agua y que tiene a la economía colombiana dependiendo de las exportaciones mineroenergéticas y algunos productos agrícolas. En alto contraste, la industria manufacturera, que genera empleo estable, calificado y bien remunerado, la inversión en innovación verdadera, ciencia, tecnología, aparecen de manera marginal en el POT, con el agravante de que la Administración reconoce el proceso de desindustrialización y no busca detenerlo, y menos reversarlo: “Esta tendencia se ve reflejada en que mientras la industria es el sector que menor crecimiento ha tenido en los últimos años, y el que más ha perdido peso en el PIB, el amplio sector de los servicios ha ganado peso y mayor crecimiento junto con el del comercio” 2 .
La amenaza de la Economía Naranja
En consecuencia con lo anterior, la manufactura se verá amenazada por la economía naranja y los sectores cobijados por ella, pues gozan de grandes beneficios como los creados en la Ley de Financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo, y las ventajas, aún desconocidas, que se plantean en el articulado del POT para las actividades económicas que se desarrollen en las Áreas de Desarrollo Naranja que estarán a sus anchas en Bogotá.
Estos sectores, que fueron considerados como estratégicos “porque corresponden a aquellas actividades económicas que presentan las menores brechas (por ende, las mayores potencialidades) respecto a los máximos niveles de productividad, empleo y especialización que podrían alcanzarse en la economía bogotana 3 ”, excluyen a la industria manufacturera que representó para 2017 por sí sola el 11,8% del PIB de la Región y el 26,4% del sector en el país, el 14,8% del empleo.
La amenaza del uso del suelo: renovaciones urbanas y actividades económicas prohibidas
Aunque el POT contempla que exista el Uso Industrial del suelo y establece tres tipos de áreas de actividades industriales (AAI 1,AAI 2, y AAI 3), resultan paliativas, pues ninguno protege la industria bogotana ante los grandes proyectos de renovación urbana y planes parciales en toda la ciudad que reconfiguran la organización del espacio.
Sobre este punto, la preocupación que existe es específicamente sobre aquellas zonas que actualmente tienen establecidas empresas manufactureras, para las cuales trasladarse resulta inviable financieramente, como en los casos de Puente Aranda, Barrios Unidos, Montevideo, o para algunas empresas cercanas al Aeropuerto (Fontibón y Engativá), Rafael Uribe Uribe, entre otras, pues proyectos urbanísticos residenciales a los lados de los corredores de Transmilenio, proyectos de renovación urbana, como Alameda Entre Parques, o el desarrollo de planes parciales se contemplan para esas mismas zonas. Estas empresas serían reemplazadas, empujadas a desplazarse, vender, o en el peor de los casos, cerrar.
Por último, y aún más intrigante, resulta la posible modificación del uso del suelo, puesto que en muchos casos el asentamiento de estas empresas se dio en momentos de menos densificación de Bogotá, pero que actualmente, como se refleja en el diagnóstico del POT, la creciente mezcla de usos del suelo especialmente el residencial con usos productivos es una realidad. Esta situación ha creado incertidumbre sobre la posibilidad de permanencia de muchas empresas y negocios, especialmente los de menor tamaño. Esto sería un problema aún mayor, pues el POT prohíbe 84 actividades económicas manufactureras en usos predominantemente residenciales (la gran mayoría de Bogotá), lo que afectaría a la manufactura en las zonas en donde ya se encuentre establecida.
Todo lo anterior, lleva a concluir que el POT es una herramienta para seguir desplazando la manufactura bogotana y darle predominio a otros sectores que no tienen la misma capacidad de generación de riqueza y desarrollo. A esto debe sumarse la invisibilización de la industria en el Plan Distrital de Desarrollo y los injustos cobros por predial y valorización que se han hecho en zonas en donde esta se encuentra.
Acopi Bogotá-Cundinamarca invita a la Administración Distrital y al Concejo de Bogotá a que realicen un POT que no sea otra razón para que la manufactura abandone la ciudad, y por el contrario, que esta sea promovida y beneficiada por las decisiones del sector público en beneficio de los bogotanos. El gremio mipyme seguirá insistiendo en la concertación con todos los sectores de la ciudad, tal como lo ha hecho desde el principio del trámite del proyecto de acuerdo mediante la representación que ejerce en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, y seguirá proponiendo que en Bogotá y en el país exista una política industrial que promueva la producción nacional y el empleo.