Palabra Nro. 55

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia –ASOPRUDEA– No. 55 • Octubre de 2015 Bloque 22 ocina 107 • Teléfonos: 219 5360 - 263 6106 asoprudea1@gmail.com • www.asoprudea.org

Contenido Universidad, política y democracia.

Jaime Rafael Nieto.

Democracia y ciudadanía universitarias.

Marco Antonio Vélez.

Reparos a la posición política de un docente de losofía.

William Cornejo Ochoa.

Apuntes críticos a las propuestas de Acuerdo Superior.

Carlos Morales.

De la libertad y la autonomía universitaria moderna.

Ricardo Sánchez.

Democracia y universidad.

Francisco Cortés.

UNIVERSIDAD Y DEMOCRACIA Actualidad de un debate

Presentación Este número de La Palabra está dedicado a uno de los temas centrales de agenda de la Asociación de Profesores y de la comunidad universitaria en general. Se trata del asunto de la democracia y la universidad, un asunto recurrente que muestra su vitalidad y su importancia para la vida universitaria. Dos coyunturas la suscitan en la actualidad: en primer lugar la iniciativa presentada por la anterior Representación Profesoral al CSU aplazada para ser debatida en próximas sesiones de este organismo y adoptada por la Junta Directiva como documento base para la designación de Rector a partir de la consulta universitaria. En segundo lugar, la adopción autoritaria por

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

2

parte del Consejo Académico del Acuerdo 480 que modica el Examen de Admisión en la Universidad y el debate universitario que ha suscitado.

En relación con la primera, de común acuerdo entre la Rectoría y la Junta Directiva de la Asociación de Profesores se constituyó una comisión, a la cual se integró la actual Representación Profesoral, con el propósito de explorar la posibilidad de concordar un texto común de reforma al Estatuto General de la Universidad sobre la materia para ser presentado luego al CSU para su trámite y aprobación. Respecto de la segunda, a partir del texto escrito bajo la autoría del Director del Instituto de Filosofía, profesor Francisco Cortés, por encargo del Consejo Académico, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores acordó producir una reexión sobre el mismo, de la cual algunos de sus miembros han elaborado textos sobre la materia.

Con el ánimo de reabrir el debate y por su indudable importancia, en este número de La Palabra publicamos, además del texto del profesor Cortés, también los textos de los Profesores Carlos Morales Vallecilla, José William Cornejo, Marco Antonio Vélez y Jaime Rafael Nieto López. Adicional-

mente, publicamos el texto del profesor Ricardo Sánchez, actual Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, sobre Libertad y Autonomía universitaria. Esperamos de esta manera contribuir a la reexión académica y política del profesorado y la comunidad académica de la Universidad de Antioquia acerca de la democracia en la universidad y motivarlos para continuar y profundizar el debate.

Jaime Rafael Nieto López Presidente Asoprudea

Medellín, octubre 20 de 2015

UNIVERSIDAD, POLÍTICA Y DEMOCRACIA Por: Jaime Rafael Nieto López Presidente de Asoprudea

El debate sobre democracia en la universidad pasa necesariamente por el debate acerca de qué entendemos por política y cómo concebimos la relación entre ésta y la universidad. La relación entre universidad y política la han destacado de manera perversa, por

No. 55 • Octubre de 2015

La recurrencia de este debate en la vida universitaria devela que el asunto de la democracia en la universidad está muy lejos de haberse resuelto, que sigue siendo una de sus asignaturas pen-

Política y Universidad

3 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

El debate sobre la democracia en la universidad pública no es nuevo. En tiempos recientes, aparece y reaparece cada cierta coyuntura, especialmente durante aquellas en las que asuntos fundamentales de la vida universitaria marcan su continuidad o su ruptura.

Los motivos y procesos que lo suscitan son de diverso grado y naturaleza, van desde aquellos provocados por iniciativas más generales relacionadas con los intentos de reforma del sistema universitario, la nanciación o la autonomía de la universidad, hasta los más domésticos originados, por ejemplo, a raíz del nombramiento de directivos universitarios (rectores, decanos o jefes de departamento), o la modicación de reglamentos internos (estatuto profesoral, reglamento estudiantil, reforma administrativa, admisión de estudiantes), entre otros.

dientes, y que nada tiene de coyuntural. Muestra que, desde el histórico Maniesto de Córdoba (Argentina) hace casi un siglo, pasando por el Programa Mínimo de 1971 de los universitarios colombianos y la más reciente movilización universitaria de 2011, la democracia universitaria es un problema estructural sin resolver en la universidad pública colombiana y latinoamericana.

Por lo general, este debate ha estado cruzado por otro igualmente estructural e importante como es el de la autonomía universitaria. Los dos, democracia y autonomía universitarias, han ido de la mano, se entrecruzan y se presuponen. En diferentes coyunturas adquieren tintes y connotaciones especícas, pero siguen ahí, como una profunda herida sin cerrar, expresando ese gran vacío y clamor de pasadas y actuales generaciones de universitarios. Estas reexiones intentan recoger los argumentos centrales sobre el asunto de la democracia en la universidad, que en diferentes coyunturas he presentado y sustentado.

ejemplo, el director del Instituto de Filosofía, profesor Francisco Cortés, y el Consejo Académico de la Universidad, hasta el punto casi de demonizarla 1 . De ahí entonces la conveniencia de volver a destacar algunos de los rasgos y dimensiones sobresalientes de la política y la manera como está presente en la Universidad.

Empecemos por formularnos la pregunta más elemental y al mismo tiempo más básica respecto de la política: ¿Podemos vivir juntos? Por supuesto, no es esta una pregunta de parejas en trance matrimonial. Es la pregunta axial de la política. De toda política considerada en abstracto. Se formula tanto para el ámbito más general de la sociedad como para ámbitos más capilares de la vida cotidiana. Se la formulan o se la han formulado desde sociedades altamente desarrolladas hasta las más primordiales.

4

No. 55 • Octubre de 2015

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

2

¿Podemos vivir juntos? Es la pregunta por las posibilidades del orden, de la convivencia. Pregunta que sólo pueden formularse los diferentes, y en un sentido más radical, los antagonistas. La política fue inventada para eso, para resolver las reglas de juego táci1 Dice Cortés que, “la dimensión política no está entre los valores propios de la universidad, no es una dimensión esencial” (Democracia Y Universidad), y reitera el Consejo Académico, “En la universidad el activismo político no es el n primordial. En la universidad la política tiene que servirle a la academia. La acción política tiene que respetar la política académica” (Comunicado del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, octubre 9 de 2015).

tas o expresas, que hagan posible la convivencia entre seres humanos diferentes, del mismo modo que la economía fue inventada por la necesidad de sobrevivir a la necesidad material o simbólica.

Pero igualmente, es la pregunta que se fórmula todo grupo social para dirimir el asunto del poder, el asunto de gobernantes y gobernados. Teóricamente hablando, orden y poder constituyen el corazón mismo de la política. Sin resolver el problema de la convivencia entre diferentes (y por lo general entre desiguales), no es posible resolver nada más de la vida individual o colectiva. Por eso, moléstele a quien le moleste, la política no es cualquier cosa, es la dimensión central y la condición fundamental de existencia de la vida en común. Corresponde al orden de la inmanencia y no del deber ser. Sin ella no es posible ni la economía, ni la ciencia, ni la cultura, ni el derecho; aunque cabe decir también que sin éstas, tampoco aquella es posible.

La marca intelectual del liberalismo consiste en reducirla a su más mínima expresión, pero de ninguna manera a prescindir de ella en absoluto. Su máxima ha sido siempre: el Estado aunque es un mal, no es un mal absoluto sino necesario. Por el contrario, la marca intelectual de todos los totalitarismos, de derecha o de izquierda, consiste en convertir la política, de condición de posibilidad de la existencia común, en principio

Desde el campo de la sociología política, un autor de la modernidad tardía europea como Max Weber, desarrolla y enriquece esta visión de la política más allá de lo puramente estatal. En su famosa conferencia de 1919 ante los estudiantes de Munich recién llegados de la guerra, titulada: “El

5

No. 55 • Octubre de 2015

Pero al lado de esta estela de la modernidad política, tempranamente surge otra visión, menos difundida y frecuentada que la anterior, para la cual la política no sólo no está concentrada en el Estado, sino que existe en un amplio espectro, rico y potencial, que está más allá del Estado, por fuera del Estado y en muchas circunstancias contra el Estado. A escasos tres años de la muerte de Maquiavelo nace en 1530 La Boetie, una de las guras precursoras de esa otra gran tradición de la modernidad política cuya marca antitética de referencia es la resistencia a toda forma de dominio y de poder. Debemos a Etienne de La Boettie esta visión precursora y alternativa de la política, como práctica y pensamiento no estatal.

Para él, lo otro de la política no está en el Estado, sino en la sociedad misma, en su propia capacidad para autoproducirse y autogobernarse. Desde esta otra tradición de la modernidad política instaurada por La Boetie la política no está erigida sobre el articio del consenso liberal, sino sobre la propia contradicción y el conicto que la constituye realmente.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

regulador de la totalidad de dicha existencia. Todo esto lo sabe cualquier estudiante de sociología o de ciencia política, y creo que también cualquier estudiante de losofía política. En el imaginario del pensamiento político de occidente la idea fuerte de referencia es la de poder y más exactamente la de Estado como forma típica del poder político. Se debe a Nicolás Maquiavelo haber inaugurado esta tradición estado-céntrica de la política, como rasgo distintivo de la modernidad política. El alegato de Maquiavelo no es ni por la abolición de la religión ni mucho menos de la política, sino por la separación de esferas entre un ámbito y otro. Su imaginario es el del Estado moderno secularizado, autonomizado de la religión y concentrado en la gura del Príncipe. Más tarde, la tradición del pensamiento político liberal la perfecciona y la lleva a su plenitud, de modo que la separación que se postula no es ya entre religión y Estado, sino entre Estado y sociedad civil, convirtiendo, no ya al mero Estado, sino las razones o fundamentos por los cuales debe ser obedecido, en motivo de reexión losóca y teórica fundamental. Desde Hobbes (¿?), Locke, Rousseau, Kant y muchos otros pensadores del liberalismo político, se instituye la obediencia como correlato necesario del poder. Poder-obediencia se convierte en la díada del armazón político del liberalismo político.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

6

político y el cientíco”, se preguntaba Weber: “¿Qué entendemos por política?”. Y respondía: “El concepto es extraordinariamente amplio y abarca cualquier género de actividad directiva autónoma.

Se habla de la política de divisas de los Bancos, de la política de descuento del Reichsbank, de la política de un sindicato en una huelga, y se puede hablar igualmente de la política escolar de una ciudad o de una aldea, de la política que la presidencia de una asociación lleva en la dirección de ésta e incluso de la política de una esposa astuta que trata de gobernar a su marido”2. Aunque el propósito de su conferencia no es otro que ocuparse de la especicidad del Estado como la asociación política moderna por excelencia, destaca en su visión de la política tanto el concepto extraordinariamente amplio que la abarca, como también el rasgo distintivo que le asigna, como actividad directiva autónoma. Esta visión no estado-céntrica de la política será más tarde radicalizada por Michel Foucault, con su microfísica y capilaridad del poder, aunque prescindiendo del concepto de dominación.

Lo anterior es suciente para rearmar, de nuevo, que el lugar y la función de la política, tanto a nivel macro como podrían ser los estados nacionales, como a niveles más micros, como podrían ser 2 Max Weber. El Político y el Cientíco. Altaya.

Barcelona, 1995.

la fábrica o la universidad, no es otro que el de ordenar la convivencia e instituir las relaciones de mando y autoridad en todo grupo humano con pretensiones de perdurar. Insisto, para eso se inventó la política, para organizar la convivencia y establecer las relaciones de poder conforme a ella. Todo esto se sintetiza en las famosas reglas de juego, que no son otra cosa que procedimientos, normas y estatutos, que hacen posible instituir el orden y el poder en toda institución social o agrupamiento colectivo perdurable o con pretensión de permanecer. La universidad no es una excepción. En sentido directo, la dimensión política de la universidad compromete de manera central la capacidad de ésta para darse su propio gobierno y sus propios estatutos en los marcos de la norma democráticamente consensuada por los universitarios.

Por estar todavía atado a ciertos dogmas decimonónicos de factura eurocéntrica, el lósofo no alcanza a percibir que la política hace rato habita los predios de la universidad e incluso muchos otros predios no estatales. Por supuesto, como salta a la vista, la universidad no es una entidad política, sino una entidad cultural, académica, cientíca, cuyo objeto y razón de ser es producir, transmitir y difundir conocimientos, tecnologías y cultura. Pero este carácter especíco de la universidad no la sustrae de la política, ni

mutila su dimensión política como su condición de existencia, en otros términos, esto no signica que la universidad como organismo social vivo para existir y reproducirse no requiera de la política y no incorpore en su quehacer la dimensión política. De hecho, sin necesidad de extremar el argumento, puede decirse que sin esa dimensión política no es posible que la universidad se realice como tal en lo que la caracteriza.

3 ¿Hará falta demostrar el carácter político de la decisión reciente de Colciencias de excluir del programa de becas de doctorado a las ciencias sociales y humanidades? ¿Responde esta decisión a criterios estrictamente académicos o cientícos, o responde más bien a decisiones políticas acerca del lugar del tipo de conocimiento que mejor corresponde a una visión de país o de economía por parte de los tomadores de decisiones? ¿formular estas preguntas signica politizar en extremo a la academia y a la ciencia?

7

No. 55 • Octubre de 2015

No es pues la política en sí misma la que degrada el quehacer y la razón de ser de la universidad, es la política especíca que se ejerce sobre ella, determinada muchas veces desde poderes ajenos a la misma universidad, la que de ordinario desvirtúa su naturaleza y su razón de ser, la que hace posible su creciente privatización, la que impide que determinadas áreas del conocimiento tengan igual importancia que otras, la que mercantiliza la investigación o le imprime un carácter groseramente instrumental y productivista, la que viola su autonomía. Estoy completamente de acuerdo cuando se dice: “en la universidad la política tiene que servirle a la academia”. Perfecto. Con lo que no se puede estar de acuerdo es con satanizar la política cuando a través de la acción política, del debate y de la crítica argumentada se intenta contrarrestar o controvertir la “política académica” que degrada la academia. Es de este modo y no de otro como debe entenderse la acción política irrespetuosa de la política académica.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

¿Qué quiere decir lo anterior? Palabras más palabras menos, signica que la creación, producción y difusión de conocimientos, tecnologías y culturas, no es algo que se produzca de cualquier modo, espontáneamente, sin coordinación, sin denición de apuestas académicas estratégicas, etc.

Desde la distribución misma del presupuesto anual, un asunto aparentemente tan trivial y burocrático, hasta darse sus propias directivas o gobierno, supone decisiones políticas. ¿Por qué porcentajes crecientes del presupuesto se destinan más a un área académica que a otras? ¿Quiénes toman estas decisiones y quiénes deberían tomarla? ¿Por qué, por ejemplo, universidad-empresa y no universidad-sociedad? Todos estos son, a guisa de ejemplicación, asuntos políticos; pero asuntos políticos no abstraídos de la sustancia académica de la universidad, sino asuntos políticos en referencia con la razón de ser de la universidad, con su sustancia

viva, con sus apuestas académicas, con sus principios misionales, con su visión y misión, en una palabra, con su naturaleza3.

Universidad y democracia La democracia es una forma de la política, esto es, una de las formas posibles de resolver el asunto de la convivencia y del poder.

En una sociedad democrática, como se predica es la sociedad colombiana, no habrían razones para cuestionar su ejercicio y vivencia en la vida universitaria.

En otros términos, no tendría por qué asumirse a la universidad como un espacio de excepcionalidad democrática.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

8

Hay por lo menos cuatro tópicos fundamentales en los que el vínculo entre democracia y universidad son necesarios y posibles. El más directo y explícito, que ha sido el que mayor atención y controversia suscita debido a su carácter más claramente político, es el que tiene que ver con el gobierno universitario. Para la Universidad de Antioquia, gobierno universitario democrático implica que todos sus estatutos, empezando por el Estatuto General Universitario, y todas sus directivas, empezando por el CSU, se instituyen como producto de un proceso democrático. Y hablar de proceso democrático en serio, es hablar, por un lado, de deliberación de todos en igualdad de condiciones y, por otro lado, de decisión colectiva, cuya regla de oro es la regla de la mayoría. Pero sobre todo, proceso democrático signica y sólo puede tener sentido si sólo de él y

en atención a sus resultados derivan sus decisiones fundamentales, empezando por la más elemental de darse su propio gobierno.

Aquí cabe recordar que los dos principios procedimentales que orientan la toma de decisiones democráticas son: “reglas ciertas para resultados inciertos”, y “la regla de la mayoría”. La primera signica que cualquier proceso democrático para serlo debe asegurarse que las normas que lo preceden y reglamentan no serán cambiadas o alteradas, ni al principio ni al nal del proceso, y así mismo que todas las opciones en disputa tendrán igualdad de oportunidades y condiciones frente a dichas normas. La segunda, que es comúnmente considerada la regla de oro de la democracia, signica que la decisión válida, legítima, es aquella que ha obtenido el consenso mayoritario, “la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y, por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben de tomar las decisiones"4. Uno y otro principio van entrelazados, se conjugan. Cuando cae uno, cae el otro. Donde falla uno, falla la democracia. Sin reglas ciertas, por lo general los resultados son ciertos, la mayoría que de ahí surge será siempre espuria. Es por esto por lo que 4 Norberto Bobbio. El futuro de la democracia.

FCE.

muchas veces se habla de seudodemocracia. Sin regla de la mayoría, por otro lado, todo procedimiento por muy reglamentado y cierto que sea no pasará de mera cción democrática, mera charlatanería seudo-democracia. Del mismo modo que sin deliberación no es posible hablar de democracia, tampoco cabe hablar de la misma si esa deliberación no conlleva a la decisión democrática. El planteamiento de Francisco Cortés se queda en la primera, pero teme a la segunda, a la que juzga 5 como “democracia populista ”.

6 Constitución Política de Colombia de 1991.

No. 55 • Octubre de 2015

5 Esta es la expresión moderna para legitimar un viejo espectro anti-moderno: el miedo al pueblo.

9 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

De este modo, la idea peregrina según la cual la regla de la mayoría no debería extenderse a la universidad porque implicaría trasladar el concepto de democracia de una esfera de acción especíca como la estatal a una esfera de acción diferente como la universidad, ignora que desde el punto de vista político la diferencia entre una y otra esfera es simplemente de grado y no de naturaleza. ¿Quién decide y cómo la convivencia universitaria? ¿Quién y cómo se gobierna la universidad?

Tales preguntas para el ámbito universitario equivalen tanto como formularlas en un plano más macro ¿quién decide el orden de la nación y quién dene y cómo los gobernantes del país?

La dimensión política de la universidad compromete de manera central la capacidad de ésta para

darse su propio gobierno y sus propios estatutos en los marcos de la ley democráticamente consensuada con o por los universitarios. Y ¿qué representa esta capacidad para darse su propio gobierno y sus propios estatutos, sino una forma elemental de armar su autonomía? Se dice acertadamente que la autonomía universitaria es un derecho fundamental indispensable para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, la autonomía universitaria no es sólo académica, sino también política. Sin esta última no sería posible la primera. En contextos marcados por la prevalencia de regímenes políticos confesionales o autoritarios, donde no impera la democracia, los gobiernos universitarios tienden a negar radicalmente la autonomía política de las universidades y a reproducir pieza por pieza la catadura de tales regímenes. En tales regímenes o gobiernos, con la autonomía política universitaria se va también la autonomía académica. Lo que se instituye ahí es una universidad ocialista y una “academia” grotescamente instrumentalizada por dichos regímenes. Por eso, tuvo bien el constituyente de 1991 en consagrar la autonomía universitaria en sus propios términos: “Artículo 69.

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”6.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

10

De ahí la ligazón tan estrecha entre autonomía y democracia, pues sin la una no es posible la otra. Sólo la autonomía política de la universidad (relativa, por supuesto, “de acuerdo con la ley”) puede hacer posible que esta se gobierne y estructure democráticamente, y viceversa, sólo la democracia puede garantizar que la autonomía sea real y no formal.

De acuerdo con estos dos criterios básicos, autonomía y democracia, el CSU, como instancia máxima de gobierno de la Universidad, debe estar integrado, en su mayoría por representantes de los miembros de la comunidad Universitaria: profesores y estudiantes. Siguiendo la lógica de estos dos criterios, igualmente el Rector, los Decanos y Jefes de Departamento o de unidades académicas, deben ser elegidos democráticamente por la propia comunidad universitaria, a través del sistema del voto ponderado y teniendo en cuenta requisitos estrictamente académicos (los famosos méritos de Francisco Cortés) para los respectivos candidatos o candidatas.

Tal como lo he destacado muchas veces, la composición actual del CSU, no sólo viola el criterio de la democracia, sino también el de la autonomía. ¿A quiénes realmente representan el Sector Productivo, los Exrectores, el Gobernador, los representantes del Presidente y del Ministro de Educación? ¿Quién los elige o cómo se designan? ¿Tienen un pensamiento

propio y denido acerca de la Universidad? ¿Es la Universidad asunto primordial de su agenda como tales? Pregunto a Cortés: ¿están ahí porque tienen méritos académicos para representar el gobierno universitario? ¿o sólo lo están por una decisión política anti-universitaria acerca de cómo integrar el gobierno de la universidad? Si lo que se busca con esta representación espuria es que la Universidad tenga un vínculo orgánico con estos sectores y favorecerse de dicho vínculo (en el lenguaje falaz de Jaime Restrepo Cuartas: “la universidad se debe a la sociedad”), éste podría establecer constituyendo una especie de consejo consultivo o propositivo cuya función sea la de proponer líneas estratégicas de acción o políticas generales, que favorezcan su desempeño y la utilización más eciente y oportuna de los recursos que le ofrece el medio; pero de ninguna manera ser gobierno o parte constitutiva del gobierno universitario.

Y en cuanto a la designación de rector, pregunto de nuevo: ¿cree el profesor Cortés que la designación anterior del rector por parte del CSU y todas las que le han precedido se han hecho en atención a un criterio meritocrático? ¿Tenía menos méritos académicos el profesor Cortés como candidato a la rectoría, que, por ejemplo, el profesor Alviar o cualquier otro de los candidatos en la pasada designación de rector como

8 En: Pensamiento Crítico Latinoamericano. INER, Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia. Medellín, 2015.

9 Una revisión rápida pero sería muestra que el presidencialismo es un rasgo histórico de los regímenes políticos latinoamericanos (incluso de los EEUU) y no un rasgo exclusivo del populismo.

11

No. 55 • Octubre de 2015

7 A falta de espacio, en próxima ocasión me ocuparé de los otros tres tópicos de la relación universidad-democracia.

Coda: como Francisco Cortés utiliza las experiencias políticas de Venezuela, Bolivia y Ecuador para ilustrar la “democracia populista” y así denostar de ellas, ahí va esta coda complementaria, tomada de mi artículo: “América latina: ¿democratizar la democracia o más de lo mismo?8”. Lo que cabe destacar en la experiencia política reciente de América latina, no es el advenimiento de gobiernos “populistas” presiden9 cialistas , sino la instauración de gobiernos post-neoliberales, comúnmente catalogados de “izquierda” o “progresistas”, surgidos en los propios marcos de la democracia liberal y la economía de mercado presentes en la propia realidad histórica y contemporánea latinoamericana. Hay que subrayar que estos gobiernos no surgieron de la nada, sino como producto del agotamiento del modelo de democracia gobernada, delegativa y puramente electoral (de baja intensidad) instaurado durante el período de la “transición democrática” de los años 80 y 90 del siglo pasado, el cual se implantó, además, con el recetario neoliberal bajo el brazo.

Tales gobiernos surgieron sobre la cresta de una poderosa y sostenida movilización social y política con el doble signo de poder destituyente y constituyente al mismo

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

para no ser designado para esa importante distinción y cargo por parte del CSU? Como el argumento contra-mayoritario (y antidemocrático) esgrimido por Cortes opone méritos a democracia, igualmente le pregunto: ¿por qué niega de plano el principio democrático de la mayoría cuando se trata de la comunidad universitaria y no dice nada respecto de la forma cómo deciden las instancias de gobierno constituidas en la Universidad? ¿No sabe que las decisiones en el CSU se toman por mayoría? (Y no por cualquier mayoría: por ejemplo, para la designación de rector, la mayoría que decide no es la que corresponde al cuórum de esa sesión, como cuando de seis asistentes a dicha sesión, sería suciente con que cuatro votaran mayoritariamente por un candidato; la mayoría aquí es prescrita: para ser rector se requiere siempre, que el candidato obtenga 5 votos de los nueve normativamente estatuidos por el Estatuto General). ¿No es con base en el criterio mayoritario que se toman las decisiones en los consejos de Facultad, de Escuela e Instituto, cuando no hay consenso general entre sus miembros? ¿Por qué es procedente en tales instancias y es absolutamente contraproducente para efectos de las decisiones que corresponden a la comuni7 dad universitaria?

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

12

tiempo. Destituyente de las viejas formas de representación política y constituyente de nuevas formas de poder político, todo ello en los marcos del Estado constitucional de derecho heredado.

Contra todo lo anotado por Cortés, lo primero que hicieron estos gobiernos fue ampliar el canon democrático consagrado por las “transiciones democráticas”, convocando asambleas constituyentes con amplia legitimidad y sostenida participación popular. En vez de suprimir el Estado constitucional de derecho, como imagina Cortés, fundaron un constitucionalismo de nuevo tipo o transformador como lo llama Boaventura de Sousa Santos, que consagra no sólo derechos sociales y económicos según criterios de redistribución económica y territorial, sino también derechos nacionales y culturales, tal como, por ejemplo, se encuentra recogido notablemente en las constituciones de Ecuador y Bolivia10. Todo lo cual devela, por otra parte, las limitaciones contenidas en la simetría liberal acerca del Estado de derecho, puesto que no solamente desco10 Dice De Sousa Santos en referencia a este nuevo proceso constituyente: “Contrariamente, la voluntad constituyente de las clases populares, en las últimas décadas, se maniesta en el continente a través de una vasta movilización social y política que congura un constitucionalismo desde abajo, protagonizado por los excluidos y sus aliados, con el objetivo de expandir el campo de lo político más allá del horizonte liberal, a través de una institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva (autonomías asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un régimen político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetividades individuales y colectivas (individuos, comunidades, naciones, pueblos, nacionalidades)”. Boaventura de Sousa Santos. Refundación del Estado en América Latina. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-Programa Democracia y Transformación Global. Lima, 2010.

noce toda la diversidad de derechos no-estatales existentes en las sociedades, sino también porque arma la autonomía del derecho en relación con lo político en el mismo proceso en que hace depender su validez del Estado11.

Este nuevo constitucionalismo muestra las posibilidades y los límites de la potencia contrahegemónica que encierra la resistencia como categoría política en los marcos de estructuras hegemónicas.

En términos de teoría política, se trata de un proceso orientado no sólo a la reinvención de la democracia sino también de la política.

Cortés tiene la mirada ja en el pasado, desde el cual habla, por eso su perspectiva política ni siquiera es liberal sino conservadora. Su apuesta política es claramente restauracionista, para ello evoca y esgrime los términos del viejo orden socio-económico y constitucional desueto tanto por la radicalización de las políticas de mercado del FMI (el consenso de Washington) como por la acción política constituyente de la ciudadanía. Mientras las complejas y dinámicas realidades latinoamericanas exigen imaginar nuevas formas de política, de democracia, de ciudadanía, de sociedad y de economía, Cortés, por el contrario nos ofrece más de lo mismo: consagrar los dogmas del mercado, de los derechos individuales y del Estado constitucional, según lo ha concebido el pensamiento político eurocéntrico.

10 Ibid.

DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA UNIVERSITARIA De nuevo sobre la democracia universitaria como constitución de ciudadanía Por: Marco Antonio Vélez Vélez Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Representante profesoral ante el Consejo Académico

La versión del profesor Cortes privilegia la idea de unos códigos sociales sistémicos repartidos según lógicas de acción excluyentes. Al parecer la universidad como institución entra en la esfera de los códigos del saber cuyo principio sería la meritocracia y

13

No. 55 • Octubre de 2015

Sin embargo, hay voces que piensan que la universidad no es un espacio propio para lo democrático, ya que esta jugaría sus alter-

Esta posición reeja más bien una idea limitada del ejercicio democrático y de su gramática especíca. Estamos en una fase que algunos autores denominan, la “tercera ola de la democratización” (De Sousa Santos, 2004), siendo las anteriores la de la democracia liberal clásica y la segunda adviniendo luego de la Segunda Guerra Mundial que sería caracterizada como la de la democracia elitista. Hoy estamos en la fase de la democracia de participación y de su extensión a otros dominios de la vida social, más allá del espacio político.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

Irrumpe de nuevo la discusión sobre la democracia universitaria, dado el contexto de trasformaciones a las que se supone se enfrentará la Universidad de Antioquia, con la administración de Mauricio Alviar. Y es que la democracia o su ausencia, dene el tipo y la concepción de los cambios anunciados. Ella es en sí misma una forma de orientar el cambio a partir de la participación de los miembros de la comunidad universitaria, esta es por lo menos la versión contemporánea de una democracia de participación.

nativas en el espacio de lo político-estatal, que en principio no concerniría a una institución consagrada al ejercicio de la academia, del conocimiento especializado. Esta posición ha sido reiteradamente sostenida en la Universidad de Antioquia, por el Director del Instituto de Filosofía, Doctor Francisco Cortes. El campo de lo político sería así especíco para la acción ciudadana en los dominios donde la acción política tendría sentido, es decir, el dominio de lo públicopolítico.

por lo mismo la separación del principio democrático. Una visión muy Luhmanniana de la vida social. Es sabido como este sociólogo alemán separaba esferas sistémicas con principios o códigos determinados para ellas.

No era posible pensar en traslapamientos de códigos. El código del sistema político sería el del poder, excluyente del código del sistema académico regido por la verdad.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

14

Pero la vida social y la lógica de la acción social y política son más complejas y menos sistémicas.

De hecho, el movimiento universitario ha realizado históricamente acciones que fungen como reclamos de democracia, de ampliación de espacios de participación en la vida académica que no pueden ser desconocidos. El Maniesto de Córdoba, el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos de 1971, el mismo Mayo de 1968, y más recientemente, las luchas de la MANE ‒Mesa Amplia Nacional Estudiantil‒ reivindicando una Educación Superior para la Democracia, la Soberanía y la Paz. Son estos, hitos representativos de la confrontación con poderes institucionales en pro de la democratización del espacio universitario, de la vida de las universidades. Y es que los movimientos sociales no se avienen a pedir permisos a los sistemas sociales para generar sus formas de acción. Los movimientos históricos citados han tenido como refe-

rentes de su acción la lucha contra los autoritarismos institucionales y la exclusión de las mayorías universitarias de las decisiones fundamentales.

Podemos acordar que la ciencia y el conocimiento no son democráticos, como lo reconocía Max Weber en su famoso texto “El político y el cientíco”, pero, ello no debe llevarnos a inferir que la universidad como institución gobernable, no está sometida a las condiciones y las formas de acción de lo político. Que lo político, como espacio de relación entre sus miembros, hace su entrada por más que lo queramos negar.

Los miembros de la comunidad universitaria, en tanto ciudadanos y en tanto estamentos denen entre sí relaciones de poder y autoridad que no pueden ser calicadas de otro modo que como relaciones políticas. Allí el tema esencial, es qué tipo de relación construyen entre ellos en la trama universitaria. Hay, pues, “constitución de ciudadanía” (Balibar, 2013) en el ámbito universitario.

El sujeto de la universidad se hace ciudadano, construyendo, también, democracia universitaria.

Como espacio gobernable la universidad debe determinar, desde sus reglamentos mismos a qué tipo de gobernabilidad le apuesta, si a una de tipo autoritario y vertical, a un ejercicio burocrático que procede “desde arriba”,

según cadenas de mando, o si por el contrario, hace una apuesta por la conguración “desde debajo” de sus formas de gobierno, es decir, si da participación a sus estamentos en la construcción institucional. No es quizá necesario hacer el recuento de una forma histórica de gobernabilidad de la universidad colombiana que ha reivindicado el ejercicio excluyente del poder, desde la conguración de los Consejos Superiores Universitarios. En su mayoría miembros no universitarios que pertenecen a las alturas de la burocracia del Estado y de la sociedad presiden esta gobernabilidad con exclusión.

Bibliografía Balibar, Etienne (2013). La ciudadanía democrática. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

De Sousa Santos, Boaventura (2004). Democratizar la democracia. México: FCE.

15

No. 55 • Octubre de 2015

En el parágrafo 4 de la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior ‒2009, Paris‒, se dice: “4. La educación superior debe no solo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia”. Según este enunciado la educación superior es algo más que aportar conocimientos especícos o especializados, es también, un ejercicio de ciudadanía, de construcción de la democracia y de defensa de los derechos humanos. La meritocracia del saber no puede sustraerse a la ola de democratización contemporánea, en el aporte a la búsqueda de la democracia y la ciudadanía en el espacio universitario. Situarse solo en el ejercicio cognitivo limita y reduce las potencialidades del ciudadano universitario de hoy.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

La democracia es hoy, en tanto participativa y representativa, una gramática social incluyente y no solo una forma de gobierno atada a la sistematicidad de lo político.

Democratizar la universidad es aún una tarea pendiente del movimiento universitario, por ello insiste y persiste en las diversas coyunturas históricas. Reemerge como el Fénix que aspira a una realización denitiva. Y la Universidad de Antioquia no puede ser extraña a esta urgente democratización. Cualquier reforma de su estatuto general ‒como aquella que nos aboca a cambiar la reglamentación para la elección del rector‒, deberá pasar el tamiz de la idea de democracia tanto participativa como representativa. Lo demás son solo artilugios para camuar el histórico y ya desven-

cijado ejercicio de gobernabilidad autoritaria que hace agua por todos lados.

REPAROS A LA POSICIÓN POLÍTICA DE UN DOCENTE DE FILOSOFÍA Por: William Cornejo Ochoa Facultad de Medicina Vicepresidente Asoprudea

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

16

Cuando leí con atención los esfuerzos por demostrar que la dimensión política no es una dimensión esencial en la Universidad y que las dimensiones académica y cientíca no pueden ser afectadas por la política, me viene al recuerdo, la historia reciente de lo que aconteció con el Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social en Colombia.

Para el año 1993, los gobiernos habían propiciado el desprestigio del Instituto de los Seguros Sociales y el sistema público de atención en salud y a lo cual contribuían los gerentes designados por el propio gobierno, con sus conductas clientelistas e inecientes; recordemos a Jaime Arias Ramírez en el ISS, quien posteriormente, una vez liquidado, se convirtió en el amante director de la Asociación de EPS privadas.

El gobierno de la época, encabezado por Cesar Gaviria con la ayuda del senador Álvaro Uribe Vélez presentan la famosa Ley 100 que privatizó el sistema de salud y convertía en negocio la atención en salud y las pensiones y se entregaba al sector intermediario nanciero su administración.

Frente a dicho panorama, asumir la posición política del docente lósofo, como no comprender que la política atraviesa otras actividades como la salud pública, la atención médica, la investigación clínica entre otras, nos llevó al peor deterioro de que tengamos noticia en la calidad de la atención de los pacientes, la formación de los nuevos médicos, deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y su deshumanización, sin enfrentarla con la lucha política y gremial, limitándose, los trabajadores del área de la salud, a observar sin la resistencia que exigía el momento, la aplicación de dichas políticas.

La posiciones vacilantes de la dirigencia sindical de la época junto con un discurso, curiosamente similar al que discutimos, los gobiernos repetían que la lucha de los trabajadores de la salud era ilegal, no se aprobaba y se estigmatizaba la protesta de los trabajadores de la salud, mientras que al mismo tiempo, aplicaban sin contemplación su nueva política.

En su ensayo, el docente lósofo, arma que la acción política tiene condiciones en la Universidad,

Nuevamente, insiste en armaciones como la siguiente: “Esta limi-

Para concluir, la amenaza sobre el sistema educativo es permanente, la educación pública al igual que el sistema de salud pública, está en riesgo y posturas como la defendida por el docente losofo ponen en peligro la única alternativa disponible para defender la universidad pública que es la conciencia y la lucha política.

Debemos aprender de la experiencia vivida con la privatización del sistema de salud, la defensa de la democracia, autonomía, el carácter cientíco o, la calidad de la educación, la nanciación suciente por el Estado de las universidades públicas pasa por la unidad de los estamentos, la conciencia política y el combate.

No tendremos otra alternativa, si insisten en la imposición y el dialogo sin negociación, por parte de aquellos que detentan el poder.

17

No. 55 • Octubre de 2015

Sobra insistir, acerca de las consecuencias de pensamientos de cuño, paralizando la comunidad para enfrentar exitosamente, esa sí, la acción política neoliberal sobre el sistema de salud colombiano, convendría que orientara en su Instituto, investigaciones que le permita entender los efectos históricos de sus posiciones políticas en la lucha social.

tación de la dimensión política está dada por las demandas de las dimensiones académica y cientíca y por el más básico interés del estudiante de preparase cientíca y académicamente”.

Pregunto si el educando debe permanecer mudo y no hacer un análisis y lucha política frente a medidas políticas de los gobiernos de turno para adecuar la universidad al modelo neoliberal? O ¿Frente a políticas que reducen recursos para la investigación y presupuesto para las universidades públicas?

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

expresa “la dimensión política puede tener lugar en la universidad si respeta los espacios de acción de la academia, la ciencia, la formación y si no recurre a la violencia”. Pregunto ¿si la administración de turno o el gobierno del momento imponen condiciones políticas, normativas y nancieras que privatizan o debilitan y violentan la universidad, la comunidad solo debe argumentar sin combatir efectivamente? ¿Qué hacer si en el ejercicio del poder comprometen el desarrollo de la ciencia, la investigación y la enseñanza? ¿Según su propuesta los académicos y docentes no podemos ejercer la lucha política y gremial? ¿El ejercicio político desde el poder si es legítimo y supuestamente no afecta ni se cruza con la academia y la investigación cientíca según su hipótesis? ¿El currículo, la ciencia, la enseñanza, la académica son omnipotentes y no están para nada inuenciadas por las políticas de los gobiernos?

APUNTES CRÍTICOS A LAS PROPUESTAS DE ACUERDO SUPERIOR reglamentario de las consultas a los estamentos para la designación de Rector en la Universidad de Antioquia Por: Carlos Arturo Morales Vallecilla Profesor Asociado Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias Vocal de la Junta Directiva de Asoprudea No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

18

En las primeras semanas de la actual administración del rector Mauricio Alviar, en reunión realizada con la presencia del mismo, su equipo y la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), se concertó retomar la discusión de la propuesta de Resolución Superior reglamentaria de las consultas a los estamentos universitarios, para la designación de Rector en la Universidad de Antioquia.

Esta propuesta fue presentada para su estudio y debate al Consejo Superior Universitario (CSU) por el anterior Representante Profesoral ante este organismo, profesor Jaime Rafael Nieto López, en las sesiones de noviembre 25 de 2014 y enero 27 de 2015, pero dicha petición fue aplazada, de manera mayoritaria, por este Consejo.

Conscientes de que la tarea de reglamentar estas consultas está pendiente desde hace más de 20 años, cuando el Consejo Superior expidió el Acuerdo Superior 023 del 10 de octubre de 1994, en la reunión menciona en el primer párrafo del presente escrito, se crea una comisión conformada por el Secretario General de la Universidad, abogado Robert Uribe, el Director de la Ocina Jurídica, abogado Richard Steve Ramírez Grisales, la profesora María Cecilia Plested Álvarez, Presidenta en ese momento de Asoprudea, la profesora Rocío Bedoya Bedoya , actual Representante Profesoral ante el CSU y el profesor Jaime Rafael Nieto López, miembro, en ese momento, de la Junta Directiva de dicha Asociación y actual presidente de la misma.

Después de realizadas alrededor de seis reuniones de esta comisión, el pasado 10 de septiembre se realizó el Foro Gobierno Universitario, para presentar los avances de su trabajo, en el cual fue

expuesta una propuesta que se aparta, en lo esencial, del proyecto inicialmente radicado en el CSU por el profesor Jaime Rafael Nieto. Y digo en lo esencial, porque debe reconocerse que dicha propuesta contiene avances importantes como son: 1) hacer vinculantes los resultados de las consultas para la denición de los dos candidatos entre los cuales el Consejo Superior deberá designar al Rector, 2) aumentar los méritos académicos necesarios para la inscripción de aquellas personas que aspiren a esta alta dignidad y 3) ponerle límites a la designación indenida al cargo de rector, la cual es permitida a la luz del actual Estatuto General.

No. 55 • Octubre de 2015

En primer lugar, es claro que ambas propuestas plantean el concepto de ponderación de las votaciones, pero a mi modo de ver, con diferencias importantes en el objeto a ponderar. Mientras que la primera propuesta preten-

19 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

Por los contenidos de las intervenciones de los ponentes invitados al Foro en comento, esta nueva iniciativa, al parecer, emerge de un sector representado por los delegados del equipo rectoral y por la actual Representación profesoral al CSU. En este punto es importante invitar a los lectores a revisar las dos propuestas (la radicada inicialmente en el CSU y la presentada en el Foro) para entender lo que maniesto en lo que sigue del presente escrito.

de una ponderación por estamentos, al diferenciar el valor relativo de los votos según el estamento, la segunda (colegios electorales) pondera con el propósito de igualar las diferencias numéricas al comparar entre unidades académicas. Si bien el propósito de esta segunda propuesta resulta razonable, a n de eliminar la inequidad que propicia la existencia de unidades académicas con un número muy grande de miembros de los diferentes estamentos, con lo cual Facultades como Medicina e Ingeniería, por ejemplo, siempre tendrían más fuerza numérica para designar el Rector (seguramente con preferencia sobre personas provenientes de esas mismas unidades), el problema es que, por el mayor número de integrantes de los estamentos estudiantil y de egresados en todas las unidades académicas, y en condiciones de una amplia participación de los mismos en la votación, estos dos estamentos siempre tendrían ventaja en la designación del cargo de Rector al compendiar los resultados de todos los colegios electorales.

Dicho de otra forma, mientras que la primera propuesta busca ponderar las votaciones asignándole un peso relativo diferenciado a cada uno de los estamentos, la segunda lograría ponderar las votaciones entre unidades académicas pero dejaría intacta la ventaja numérica absoluta que siempre tendrán los estamentos estu-

diantil y de egresados, independientemente del tamaño de la unidad académica.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

20

No obstante la imperfección que siempre pesará sobre cualquier mecanismo que pretenda ampliar la participación democrática de los estamentos en la designación de sus órganos de gobierno, la primera propuesta resulta más efectiva en su ponderación por corregir el desbalance numérico entre estamentos. Adicionalmente, también considera elementos de diferenciación cualitativa entre estamentos como son los tiempos de permanencia de los diferentes estamentos en la Institución, y el papel que juegan en la misma. Así por ejemplo, el estamento profesoral tiene un tiempo de permanencia sustancialmente mayor que el estamento estudiantil y además cumple un papel determinante en el diseño y ejecución de los planes de desarrollo y acción, con especial énfasis en sus aspectos académicos, que ocurren en el devenir universitario.

Aunque la discusión para asignar los valores de ponderación de las votaciones por estamento no es fácil, es una tarea inaplazable que debe darse con la participación de dichos estamentos, si realmente se quiere llegar a la depuración de una propuesta que nos permita la transformación de un mecanismo de consulta inocua, en un mecanismo con alguna

fuerza vinculante. Solo de esta manera se logrará un avance relativo en el poder decisorio de los estamentos profesoral, estudiantil, de empleados y de egresados, en la denición de una parte del gobierno universitario, pues es claro que esta salida no soluciona el principal limitante a la democracia en las universidades estatales, cual es la conformación de los Consejos Superiores Universitarios.

DE LA LIBERTAD Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA MODERNA Por: Ricardo Sánchez Ángel Decano de la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia

La Constitución consagró la conquista del Estado y la educación laicos, una anhelada aspiración 11 Informe de la investigación presidida por Jacques Delors: La Educación encierra un tesoro.

Presentado a la UNESCO. Ed. Santillana – UNESCO. Madrid 1996.

No. 55 • Octubre de 2015

La educación y la cultura obtuvieron una presencia notable en el ordenamiento constitucional a través de un amplio espectro de temas. Lo cultural-educativo permea la Carta de acuerdo con concepciones modernas que le dan a la libertad de cátedra una contextualización dinámica y amplia. El

La libertad de cátedra es también acceso a la información y comunicación en todos los órdenes de la revolución de las comunicaciones. Es, asimismo, el derecho a tener revistas, periódicos, computadores en redes, cine, televisión, radio y tener acceso a tales medios en la sociedad. El contrapunteo y el debate intelectual son indispensables en la formación de la opinión pública y en la educación permanente.

21 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

La Carta Política de 1991 elevó a canon constitucional la libertad de cátedra. Lo hizo de manera general y universal, para todos los aparatos educativos, no solo para la universidad. El artículo 27 establece: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”.

Así, la libertad de cátedra viene a ser un elemento que se vincula con las pedagogías y la investigación bajo el primado de la libertad.

primer elemento es que la educación ya no se concibe como una etapa generacional sino como una actividad permanente, teniendo en cuenta el criterio del Informe Delors, La Educación encierra un tesoro: “La comisión se ha hecho eco de otra utopía: la sociedad educativa basada en la adquisición, la actualización y el uso de los conocimientos. Estas son las tres funciones que conviene poner de relieve en el proceso educativo. Mientras la sociedad de la información se desarrolla y multiplica las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, la educación debe permitir que todos puedan aprovechar esta información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla”11.

de los colombianos, lo cual es condición para la formación libre en las ciencias y las artes, en la formación profesional, con espíritu crítico. Señaló, además, una mayoría de edad para las comunidades educativas, como comunidades activas capaces de generar propuestas curriculares y de 12 gestión escolar .

Para la universidad, la Carta de 1991 representó la entrada a la edad ilustrada en materia de la autonomía, libertad de cátedra y educación laica. De igual manera, se abrió paso el criterio democrático en la conformación de su gobierno y el ejercicio de los derechos políticos, asuntos estos todavía por completar.

El artículo 69 de la carta política de 1991 dice:

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

22

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación cientíca en las universidades ociales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

12 Ricardo Sánchez: Introducción a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Ed. Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán. Bogotá 1994.

El Estado facilitará mecanismos nancieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

En otras palabras, la autonomía es en Colombia un derecho con poder constitucional y que tiene desarrollo en la ley 30 de 1992 en su artículo 28. Las universidades estatales u ociales tienen el carácter de entes universitarios autónomos con régimen especial, y gozan de personería jurídica, autonomía académica, administrativa y nanciera, patrimonio independiente y pueden elaborar y manejar su presupuesto. El carácter especial comprende la elección de sus directivas, la selección del personal docente y administrativo, su sistema estatal, el régimen nanciero, el régimen de contratación y de control scal.

También formular sus estatutos propios y reglamentos: el general, el orgánico, el docente, el estudiantil, el de bienestar, el de personal administrativo, el disciplinario, el de contratación, el de control interno, el de escalafón docente y todos los que requiera para su funcionamiento.

Además, está en concordancia con el artículo 68 de la Constitución, donde establece: “La comunidad participará en la dirección de las instituciones de educación”. Sobre esto, la Sentencia C829 de 2002 de la Corte Constitucional:

13 Sentencia C-829/02. Expediente D-4003.

P á g i n a 8 - 9 . E n l í n e a e n : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Norma1.jsp?i=7589

El artículo 4 enfatiza la autonomía al señalar que tendrá plena independencia. Asimismo, el artículo 3 establece el régimen de esa autonomía, el cual reitera la capacidad de dictar sus propias normas y reglamentos, que se derivan de su capacidad de tener personería jurídica, patrimonio y rentas propias, gobernarse y designar sus propias autoridades.

La constitucionalidad de la Ley 30 en materia de Autonomía Universitaria y del decreto presidencial 1210 de 1993 fue decidida por la Corte Constitucional en la sentencia anteriormente citada. Concluye la Corte: “Resulta entonces, que el “régimen disciplinario” de las universidades no sustituye a la ley, queda comprendido dentro del estatuto que para profesores, estudiantes o personal administrativo se expida en ejercicio de la autonomía universitaria conforme al artículo 69 de la Carta, en armonía con el

23

No. 55 • Octubre de 2015

La Universidad Nacional de Colombia, mediante el decreto presidencial 1210 de 20 de junio de 1993, estableció su régimen orgánico especial, el cual señala funciones especícas en el desarrollo de la unidad nacional, el patrimonio cultural, natural y ambiental, el conocimiento en las

ciencias, las técnicas, las artes, las humanidades, la losofía, la prevalencia de la conciencia crítica, la formación en valores democráticos y en los derechos humanos, la educación internacional, su independencia en la formulación, análisis y propuestas a la solución de los problemas nacionales, el asesoramiento al Estado con autonomía académica y administrativa y todo aquel que se deriva de sus nes.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

“De igual modo se precisa por la corte que la autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en 13 los claustros” .

Código Disciplinario Único como ya se expresó y sin que pueda expandirse ni aquella ni éste para que el resultado sea la mutua inocuidad de sus normas.

Por ello, se tiene que las normas disciplinarias internas de cada universidad pueden ser expedidas por ellas, atendiendo su especial naturaleza, su especicidad, sus objetivos y su misión educativa, sin que esa capacidad de autorregulación que la Constitución garantiza a las universidades signique autorización para actuar como órganos de naturaleza supraestatal, con una competencia funcional limitada “que desborde los postulados jurídicos sociales o políticos que dieron lugar a su creación o que propendan mantener el orden público, preservar el interés general y garantizar el bien común”, (C-220 de 1997, magistrado ponente Fabio Morón Díaz.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

24

Así las cosas, la expresión “régimen disciplinario” contenida en las disposiciones acusadas de la Ley 30 de 1992 y del Decreto 1210 de 1993, no resultan inconstitucionales, sino, por el contrario acordes con la Carta Política dándole aplicación al principio de armonización de sus disposiciones, para que no pueda desconocerse el contenido normativo del artículo 69 de la Carta, ni tampoco el de los artículos 6°, 123, 124, 150-2 y 209 del mismo Estatuto Fundamental, pues lo que resulta indis-

pensable es que puedan tener pleno desarrollo las normas que garantizan a las universidades actuar como un foro de carácter democrático participativo y pluralista en un Estado social de derecho, sin que desborde en ningún caso los límites impuestos por la Carta, lo que no resulta incompatible con el adecuado y correcto funcionamiento de la administración pública, ni con el actuar de sus servidores conforme a la ley. […] Resuelve: Declarar EXEQUIBLES los artículos 75, literal d), y la expresión “régimen disciplinario del personal administrativo”, de la Ley 30 de 1992; y la expresión “régimen disciplinario” del artículo 26 del Decreto 1210 de 1993, en los términos expuestos en esta sentencia.”

Así las cosas, el régimen disciplinario que se le debió aplicar al profesor Miguel Ángel Beltrán es el de la Universidad Nacional, y no el de la Procuraduría, aunque el procurador puede: “emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial” (Constitución Política de Colombia, Artículo 278, numeral 2). Lo cual delimita que la función constitucional del procurador de “ejercer preferentemente el poder disciplinario” no es absoluta y debe respetar los regímenes especiales.

La movilización estudiantil del año 2011, que enfrentó el proyecto de ley regresivo, propuesto por el gobierno nacional, puso en evidencia la necesidad, tal como lo demandaron los jóvenes, de una nueva ley de Educación Superior, que conserve el núcleo duro de la autonomía y de la libertad de cátedra, y a la vez amplíe la democracia, el sistema social de nanciación de la educación que desmonte las perversas políticas de privatización, la creación de un sistema de bienestar universitario de carácter nacional, no asistencialista y digno, articulando los estudiantes como sujetos de ciudadanía política y social plenas.

25

No. 55 • Octubre de 2015

No siempre las autoridades universitarias, y en primer lugar los rectores, pero también los profesores, estudiantes y trabajadores, hemos sabido defender y ampliar creativamente la autonomía universitaria. Es necesaria una autocrítica, que permita en esta hora de debate nacional enfrentar los desafíos que implican las pretensiones de someter la Universidad Nacional a los dictámenes de los modelos de nanciarización, en detrimento de la calidad, la investigación y el ejercicio pleno de las libertades, limitando su autonomía. Hay que tomar conciencia: la educación está, como la socie-

dad, en profunda crisis, vive los embates del neoliberalismo y el autoritarismo. Y con ello están en riesgo sus conquistas.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

La Universidad Nacional ha aplicado su régimen de autonomía en medio de difíciles circunstancias derivadas del orden social y político y sus recurrentes crisis, que a veces debilitan su ejercicio creativo y pleno. Estas incluyen, entre otras, las dramáticas limitaciones presupuestales, la creciente ola privatizadora de la educación aupada por las políticas de los organismos internacionales de crédito y nanzas, las presiones de la economía de mercado, y las sistemáticas campañas de descrédito por circunstancias de violencia, cuyas causalidades son ajenas a la Universidad y que se viven en distintos escenarios de la geografía nacional, pero que los grandes medios de comunicación focalizan en la universidad pública.

DEMOCRACIA Y UNIVERSIDAD Por: Francisco Cortés Rodas Instituto de Filosofía Director

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

26

Se me ha pedido que escriba sobre democracia universitaria a propósito de una intervención que hice en el último Consejo Académico, y que desarrolle con mayor amplitud lo que expresé allí. Quiero presentar este argumento que fundamenta una tesis democrática: la dimensión política en la universidad no puede ser omnipotente. Debe permitir el desarrollo y orecimiento de las dimensiones de la ciencia, la academia, las humanidades y la libertad de los individuos.

1) La universidad es la base sobre la cual la sociedad y el Estado pueden dar lugar a la más clara conciencia de la época. Allí pueden reunirse profesores y alumnos con la única función de buscar la verdad argumentando con razones. La universidad es la institución central de la ciencia, la formación, la cultura y las artes. Y lo es porque es la mejor dotada para mantener su continuidad y

enseñar a nuevas generaciones de cientícos, profesionales y artistas. Lo que dene a la universidad no es la política, ni los compromisos que en ella se den con la actividad política. La universidad está determinada, por las dimensiones académica, cientíca y humanística. “Cuando la actividad principal de las universidades es la política y no la cientíca y la académica, la primera que se ve amenazada es la autonomía universitaria” (Hoyos, 2009, 354).

Esto quiere decir que la dimensión política no está entre los valores propios de la universidad, no es una dimensión esencial.

Esto no quiere decir que la política no tenga lugar en la universidad. Lo tiene de diferentes maneras: i) la dimensión política tiene que ver con las formas de participación en los organismos representativos; ii) con las respuestas que debe dar la comunidad universitaria frente a proyectos del gobierno o de otros actores internos o externos, iii) o frente a amenazas y otras formas de violencia externas o internas contra la universidad. La respuesta a este tipo de situaciones demanda la acción política, es decir, la organización del pleno de la comunidad académica que, en estos casos, actúa políticamente.

Pero esto tiene condiciones: la dimensión política puede tener un

lugar en la universidad si respeta los espacios de acción de la academia, la ciencia, la formación y si no recurre a la violencia.

Respetarlos quiere decir que las decisiones de las asambleas de estudiantes o profesores no deben limitar o impedir durante largos o cortos períodos de tiempo la normalidad académica de la universidad, las clases, la investigación etc. El pronunciamiento, la crítica, las demandas y reclamos de los estudiantes y profesores deben estar dentro de las universidades, pero no tienen por qué desplazar la actividad académica, ni conducir a ceses de actividades o al paro.

No. 55 • Octubre de 2015

En las universidades públicas, una dimensión que no es esencial de la universidad, como la política, ha terminado limitando el libre desarrollo de aquellas dimensiones que la denen: la académica, la cientíca y la humanística. “El miembro de la comunidad universitaria está en todo su derecho de ser político, pero si no lo es, no contradice con ello su función de universitario. Así mismo, el miembro de la universidad está en todo su derecho de no ser político, porque como miembro de la universidad no ingresó a ésta para hacer política, sino para desarrollarse cientíca y académicamente. Y el miembro de la universidad que tiene agenda política debe respetar ese derecho” (Hoyos, 2009; 356).

27 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

La violencia política ejercida por los estudiantes más radicales, los capuchos, que deenden la lucha violenta por el poder, ha producido en los últimos años una especie de bloqueo de las capacidades académicas, culturales y políticas de la universidad. La violencia no debe tener lugar en la universidad. La coerción e intimidación contra estudiantes y profesores, que en determinadas situaciones se apartan del sentido de las decisiones de las asambleas, es resultado de concebir la política como una dimensión omnipotente en la universidad, la cual está por encima de las dimensiones cientíca, académica y formativa.

La política debe tener unos tiempos, unas formas, unos límites.

Somos seres nitos y nuestro tiempo en la vida y en la universidad es muy corto. No tenemos la capacidad, es decir, el tiempo para cuestionar todo y examinar todo en lo que respecta a las posibles alternativas referidas a la legitimidad de cada norma. Esta limitación de la dimensión política está dada por las demandas de las dimensiones académica y cientíca, y por el más básico interés del estudiante de prepararse cientíca y académicamente.

2) Para juzgar la política democrática se parte hoy de la idea propuesta por Rousseau, según la cual sin una efectiva participación democrática en las decisiones relativas a la vida en común, no puede haber democracia. Este criterio es utilizado para cuestionar especialmente la democracia representativa por las limitaciones que ella tiene para garantizar la participación de todos en la vida política. Y esta crítica es válida. Pero es problemática la extensión de este criterio de juzgamiento a otras esferas sociales de acción.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

28

El proceso democrático de construir decisiones colectivas, guiado por el principio de la regla de la mayoría, es especíco del mundo político, del lugar donde el pueblo actúa políticamente. En la esfera de las instituciones políticas, que les concierne directamente la lucha por el poder, como el congreso, las asambleas, los concejos, las juntas locales, los partidos, los movimientos sociales, el triunfo en la política se produce mediante el voto de las mayorías.

Estos actores están obligados a actuar políticamente en estas arenas y si no lo hacen, están desvirtuando su función. Ahora bien, el que quiere hacer este tipo de política, con estas pretensiones en la universidad, está equivocando su acción como universitario y

está desvirtuando lo especíco de la política.

En la universidad pública, no hay, ni puede haber, elecciones directas de los directivos de turno, ni la democracia directa, si existiera, puede remplazar las decisiones de los organismos legítimos. Y esto se deduce de lo armado, pues la universidad no tiene la misma estructura jurídica y política que el congreso, una alcaldía o una gobernación. La universidad como una institución del Estado, con una naturaleza jurídica diferente, cuyas dimensiones esenciales son la ciencia, la academia y la formación, debe estar regida por otros principios, normas y prácticas, y la dimensión política debe darse sobre la base de la no limitación de las otras dimensiones, de su respeto y reconocimiento.

Es importante mencionar solamente dos situaciones para ejemplicar estas ideas. En el caso de la designación de los directivos en la universidad los principios deben ser estrictamente académicos y meritocráticos y no la regla de la votación mayoritaria, ni una forma de participación democrática directa. En el caso de las decisiones académicas, los mecanismos decisorios son los Consejos de Facultad, Escuela e Instituto, los Consejos

Académico y Superior, apoyados en una representación que incluye profesores y estudiantes (Hoy ciertamente muy limitada en la Universidad de Antioquia).

i) La democracia directa. En la Grecia antigua encontramos el primer ejemplo de una sociedad que delibera explícitamente sobre sus leyes y que modica esas leyes, es decir que hace política en el sentido de la actividad colectiva de la asamblea del pueblo ‒demos‒ para instituirse como sociedad autónoma. En la antigüedad la losofía política se expresó en la organización de los asuntos políticos en el espacio público, donde la comunidad de los ciudadanos, anunciaba su absoluta soberanía, y ejercía el dominio en virtud de sus propias leyes, pues ellos tenían una legislación propia e independiente y se gobernaban a sí mismos. A esta concepción de la democra-

29

No. 55 • Octubre de 2015

La democracia directa es hoy en día una propuesta insensata tanto en el ámbito estatal como en una institución como la universidad.

Al respecto dijo el pensador de la tradición socialista Norberto Bobbio: “Es materialmente imposible que todos decidan todo en sociedades cada vez más com-

3) Dicho esto sobre la universidad voy a hacer una breve narración sobre la democracia. En las discusiones políticas actuales sobre cómo denir la participación de los ciudadanos en el poder encuentra uno cuatro alternativas: la democracia directa, la democracia representativa, la democracia deliberativa y la democracia populista.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

Frente a las limitaciones de la forma representativa existente en las universidades públicas, algunos sectores de estudiantes y de profesores, oponen como alternativa una forma de democracia directa. Esta participación directa para elegir los funcionarios directivos o para decidir sobre los asuntos académicos, propios de los Consejos Superior y Académico, por decisión mayoritaria es, democráticamente hablando, un mal método. La regla de oro de la mayoría, o la participación democrática directa en los procesos decisorios del Estado, tan importantes en la esfera política, pueden ser mecanismos contraproducentes para la designación de los funcionarios académicos o para tomar decisiones académicas.

plejas como las sociedades industriales modernas; y es desde el punto de vista del desarrollo ético e intelectual de la humanidad, indeseable” (Bobbio; 1992, 33).

cia le pertenecía también la idea de la igualdad política de todos los hombres libres, que comprendía la igual participación en las acciones políticas y en el poder.

Esto es autodeterminación, es decir “la autodenición del cuerpo político por medio de la creación de la ley” (Castoriadis, 1988, 117). Para los griegos de la antigüedad quien gobierna es el cuerpo de los ciudadanos, que son los varones libres y adultos. La asamblea del pueblo asistida por el consejo hace las leyes y gobierna. Esta es la democracia directa.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

30

ii) La democracia representativa.

El paso de la política como participación de todos los ciudadanos en el poder, según la practicaron los antiguos, a la política representativa de las sociedades modernas del siglo XVII en adelante, supuso un hecho básico: mientras más grande es la colectividad política, menos capaz se muestra el pueblo, como tal, de desenvolver la actividad creadora de la formación directa de la voluntad política, y más obligado se ve a limitarse a crear y controlar el verdadero mecanismo que forma la voluntad política: la representación. Benjamin Constant escribe en los años de la Revolución Francesa de 1789: la única democracia es la democracia directa, y esta es imposible en nuestra sociedad. Es imposible a

causa del tamaño de la colectividad; es preciso pues elaborar el sistema de la representación, que ya no es democrático.

Históricamente, la idea de la democracia representativa se concretó por primera vez en la creación de una nueva Constitución en la Francia revolucionaria. Uno de sus artíces fue el abate Sieyès, quien armó que el pueblo tiene, el poder constituyente, es decir, el poder de determinar la forma de gobierno, la constitución misma. «La Constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente». El pueblo es el único que puede darse una constitución y es el único que puede cambiarla.

Sieyès construyó, por medio de la distinción entre poder constituyente y poder constituido, el mecanismo que era necesario para que la voluntad soberana del pueblo se manifestara por medio de la representación. Con la teoría del poder constituyente Sieyès retoma la idea del cuerpo político soberano de la democracia directa que Rousseau había formulado, pero en un contexto donde se habla de «voluntad general representativa», o sea en un momento que está atravesado por la necesidad de la representación. Esto no sólo en el nivel del poder constituido, sino también en el nivel

más alto del poder constituyente, desde el momento en que el pueblo necesitaría siempre para expresarse un núcleo de personas, más precisamente la “Asamblea constituyente”, que es una asamblea de representantes.

En este sentido, se ha armado que “la democracia del Estado moderno es una democracia mediata, parlamentaria, en la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la mayoría de aquellos que han sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos” (Kelsen, 1920: 47).

No. 55 • Octubre de 2015

De acuerdo con esto, contra una democracia liberal basada en la delegación para elegir los representantes, que pueden ser controlados solamente en elecciones, los nuevos movimientos democráticos y sociales vienen armando desde hace varias décadas que los ciudadanos, naturalmente interesados en política, deben asumir directamente la tarea de intervenir en las decisiones políticas. Estos nuevos movimientos reclaman la necesidad de aumentar el número y poder de espacios abiertos a la participación ciudadana. En concreto, desarrollar las democracias existentes a través de múltiples

31 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

Representar signica actuar en interés de los representados, de una manera que responde a ellos, pero el representante debe actuar con independencia; su acción debe comprender discreción y juicio. El representante debe ser concebido como capaz de acción independiente y juicio ponderado, y no solamente como un simple encargado. Cuando las personas son representadas, su pretensión de tener algo qué decir a favor de sus propios intereses debe ser atendida por el representante por medio de mecanismos institucionales de participación (Pitkin, 1972: 212). Por estas razones la concepción moderna de la democracia acepta que la libertad política se limite mediante la regla de mayoría y el principio de representación.

Debemos señalar en este momento los límites del concepto de la democracia representativa.

En las últimas décadas, en varios países de Europa y América Latina, los intereses políticos, económicos y sociales de las mayorías no han obtenido su reconocimiento en Estados estructurados bajo la forma de la democracia representativa. Esta que funcionó de manera exitosa e incluyente en los países más desarrollados en el siglo XX, es inaceptable, como una concepción de la democracia para países en los que hay una profunda desigualdad entre sus ciudadanos, como es el caso de muchos países de América Latina.

canales de participación y ampliando los derechos civiles, sociales y políticos que hacen posible la participación. De aquí surgen la democracia deliberativa y el populismo.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

32

iii) La democracia deliberativa. La tesis central de la concepción deliberativa dice que la democracia debe hacer posible la participación de todos en la esfera social de acción de la política. El Estado legítimo debe ser democrático, popular y liberal. El Estado democrático se funda en la soberanía construida a través de la representación universal y el mandato libre, en la perspectiva de la formación de un orden político unitario, racional y juridicado, que se constituye mediante leyes emanadas de la soberanía misma, creadas por los legisladores en el Parlamento. En efecto, es a través del legislativo, entendido como el poder soberano autorizado por todos en condiciones de igualdad, que el pueblo se transforma en neutral y universal, en ciudadanía. En el Estado democrático la ley debe ser el resultado de la soberanía popular, es decir, de la participación en su construcción, mediante la representación, de todos los posibles afectados por la ley. Porque sin soberanía popular, escribió Rousseau, no hay legitimación política de la ley, solamente dominación.

Según la democracia deliberativa, la democracia es formal, representativa, pero se puede entender también como un modelo de confrontación. En este modelo, un Estado es democrático si sus ciudadanos tienen la posibilidad de confrontar lo que el gobierno decide. Confrontar quiere decir que cada ciudadano puede argumentar con razones contra las decisiones tomadas por los agentes de los poderes públicos. En este sentido, la democracia se construye mediante el ir y venir de las razones que cada ciudadano da, de forma argumentada, enfrentando las decisiones gubernamentales o resistiéndose a ellas.

La deliberación se concibe en la forma de comunicaciones horizontales, en la producción múltiple de contenidos, amplias oportunidades de interacción, confrontación sobre la base de la argumentación racional, y en una actitud positiva para la mutua atención y escucha recíproca. Además, las concepciones deliberativas de participación han penetrado el Estado democrático, a través de reformas que incrementan la participación en las instituciones públicas, y esto se ha hecho a través del reconocimiento político del derecho a disentir.

Formas deliberativas de la democracia son defendidas en las

actuales discusiones políticas como un camino para canalizar el apoyo de los ciudadanos críticos dentro de las instituciones democráticas para construir sobre esto la asunción de que las democracias contemporáneas necesitan combinar las instituciones representativas con otras formas de acción política.

Este populismo, que apela a la voluntad del pueblo representada en el líder carismático y a una radicalización de la democracia, ha generado, sin embargo, dos serios problemas al Estado constitucional de derecho: una transformación de las estructuras del Estado y de la Constitución en

33

No. 55 • Octubre de 2015

En el diagnóstico del que parte el populismo en América Latina se arma que el orden global neoliberal es la expresión de una

Siguiendo la tesis de Claude Lefort de que el momento clave en la historia política fue la invención democrática, el populismo concibe que el programa de una democracia radicalizada no tiene ámbitos de acción privilegiados ni esferas que deban ser excluidas a priori. Por esta razón, las instituciones jurídicas, el sistema educativo, las relaciones laborales, la esfera de la economía, las poblaciones marginales, las luchas feministas, de género y culturales, deben ser objeto de la democracia radical.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

iv) La democracia populista.

Según esta concepción se debe radicalizar la democracia con el n de hacer viable la participación de todos en la denición de los asuntos comunes. El populismo propone la realización de la democracia directa, el ejercicio del poder, sin intermediario esencial, por el soberano, es decir, el cuerpo de los ciudadanos. La idea de la representación está por completo ausente de la práctica política del populismo. El ejercicio de poder en la democracia directa no se da a través de representantes, sino de jefes, individuos eminentes, líderes, como Pericles, Robespierre, Perón y Chávez. Si es posible mantenerlos bajo control no hay problema y eso sucedió en la Grecia clásica, de ahí en adelante los líderes rompieron las riendas que manejaba el pueblo soberano.

determinada alineación de las relaciones de poder entre las corporaciones capitalistas y los Estados nacionales. Frente a este sistema de poder propone un desafío a la hegemonía del “mundo globalizado”, a través de una profundización de la “revolución democrática”, entendida como la extensión de las luchas democráticas por la igualdad y la libertad a un número creciente y amplio de relaciones sociales (Laclau y Mouffe, 2010, 17).

función de un predominio del poder presidencial sobre el legislativo y el judicial, y un sometimiento de la esfera económica al poder político.

Los gobernantes populistas en América Latina han desconocido en sus respectivos países las libertades individuales, han excluido a grupos de ciudadanos de la participación en la deliberación y decisión de las políticas públicas, y así han convertido el poder político en un poder centralizado en el gobernante y sus agentes. El gobernante populista tiene que controlar el poder del pueblo y para esto tiene que convertirse en líder carismático.

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

34

En el caso de Venezuela, Chávez desmontó el capitalismo que allí existía, pero no lo sustituyó por otro modelo productivo. Esto explica la crisis de abastecimiento e inversión, la inación y la creciente dependencia de los ingresos petroleros. Su modelo económico se sostiene en la dependencia del petróleo y los recursos naturales en general. Esta dependencia excesiva de los recursos naturales constituye un problema para la diversicación de la economía, y como ha sucedido con la caída de los precios del petróleo, ha generado una profunda crisis económica, que se proyecta políticamente en las relaciones con sus países vecinos.

La política populista de repolitizar la economía para hacer valer el derecho del agente social a la igualdad y a la participación en tanto que productor y no solamente en tanto que ciudadano, ha terminado en una política de estatalización de las empresas manejadas ahora por burocracias sindicales bastante inecientes, y de expropiaciones, que ha ido minando los presupuestos fundamentales para el funcionamiento de una economía productiva y competente.

Hecha esta presentación de los cuatro modelos de democracia podemos decir que la democracia populista es un mal método para desarrollar el proceso de participación de los ciudadanos en las decisiones básicas de una sociedad. El populismo concibe que el presidente sea considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses, y así justica que podrá gobernar como considere apropiado, sin ninguna restricción jurídica o constitucional. La democracia representativa tiene también grandes limitaciones frente a nuevos problemas políticos y demandas de la sociedad contemporánea. En esta forma de democracia no se ha reconocido la necesidad de abrir nuevos espacios a la participación ciudadana, ni otros canales de partici-

pación para nuevos grupos y movimientos sociales.

Pero estos procesos deben tener como condición básica que la dimensión política tenga su lugar, pero respetando los espacios de acción de la academia, la ciencia, la formación y si no recurre a la violencia. La dimensión política no puede ser omnipotente. Vivimos en un mundo plural en el que

35

No. 55 • Octubre de 2015

4) Finalmente, a partir de esto se puede proponer para la discusión de lo que debería ser la política en la universidad las siguientes ideas: de la misma manera que la democracia representativa es insuciente en el nivel político estatal lo es también en la universidad. Ante esto propongo repolitizar la representación democrática en la universidad haciendo valer la deliberación democrática, de tal manera que la representación pueda entenderse como un proceso cuyos referentes centra-

Es necesario por esta razones, siguiendo el sentido político de la Constitución del 91, generar un acercamiento entre el esquema de la representación que determina el orden normativo vigente y una nueva visión de la democracia, que según el artículo 22 constitucional apunta a una sociedad igualitaria, pluralista e incluyente.

Esto quiere decir que la idea de participación política, planteada en la Constitución, se deberá ampliar, también en las universidades, con la introducción de los componentes de participación.

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

La democracia deliberativa y participativa es la alternativa con mayor viabilidad frente a los problemas de nuestras sociedades.

Demanda la inclusión de todos los ciudadanos en el proceso político de creación de las leyes y crea las condiciones para que puedan expresar su voz. De hecho, la deliberación tiene lugar entre ciudadanos libres e iguales.

Esto signica que el proceso deliberativo tiene lugar bajo condiciones de pluralidad de valores, donde la gente tiene diferentes perspectivas pero enfrenta problemas comunes. Al menos todos los ciudadanos deben ser capaces de desarrollar esas capacidades que les den a ellos acceso efectivo a la esfera pública (Della Porta, 67; 2013).

les no sean exclusivamente la conformación de los consejos, las votaciones, las decisiones, sino que consista también en el intercambio discursivo entre los universitarios, mediante el ir y venir de las razones y argumentos a las instancias de decisión y de regreso. Esto debe hacer posible la creación de condiciones que permitan a todos los afectados por una norma o decisión, poder inuenciar en el proceso de construcción de estas.

coexisten varias potencias o poderes. “Cada una asegura al hombre un espacio frente a los otros poderes, y lo salva de la intervención exclusiva y determinativa de una única potencia, frente a la cual el hombre sería impotente por sus propios medios: solo mediante la división de estas potencias uno es libre y un individuo. Así pues, es ventajoso para el hombre tener muchas convicciones: tener muchas tradiciones e historias en lugar de no tener ninguna o tener una sola” (Marquard, 76; 2012).

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

36

Armar la omnipotencia de la democracia directa es aseverar la omnipresencia de lo político en todas las esferas de la vida humana. Pero hay esferas de la vida humana —y en la universidad hay esferas de la acción social como la docencia, la ciencia, la investigación y la cultura— que no son políticas y que no tienen que ver directamente con la política. La política es una potencia determinante que interactúa frente a otras. Ninguna potencia puede ser preponderante. “Lo que hace libre al hombre no es la preponderancia de un único determinante, sino la sobreabundancia de determinantes, propios de la realidad humana natural e histórica” (Marquard, 76; 2012).

Bibliografía Bobbio, N., El Futuro de la democracia, FCE, 1992, México.

Castoriadis, C., (1988), Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona.

Della Porta, D., (2013), Can Democracy be Saved.

Participation, Deliberation and Social Movements, Polity Press, Cambridge.

Hoyos, L. E., (2009), “Democracia y universidad. Un alegato político a favor del derecho a no ser político”, en: Cepeda, M., Arango, R. (comp.), Amistad y alteridad, Bogotá, Universidad de los Andes: 353-370.

Kelsen, H., (1920), De la esencia y valor de la democracia, México, Ediciones Coyoacán.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal , 2010, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, FCE, Buenos Aires, 2006.

Laclau, Ernesto, 2006, La razón populista, FCE, Buenos Aires.

Marquard, O., (2012), Individuo y división de poderes, Trotta, Madrid.

Pitkin, H. F., (1967), The concept of representation, Berkeley, University of California

37

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

38

39

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

No. 55 • Octubre de 2015

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA—

40