Palabra 20

Nº 20

Oct. de 2008

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PLATAFORMA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO NACIONAL UNIVERSITARIO POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EXCELENCIA ACADÉMICA AUTÓNOMA, DEMOCRÁTICA, PLURALISTA, Y FINANCIADA POR EL ESTADO En el diseño de las políticas públicas en el campo de la educación superior, el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización Mundial del Comercio) ejercen una función preponderante. La aprobación de nuevos empréstitos se condiciona al seguimiento de parámetros de corte neoliberal, tales como: establecimiento de reguladores automáticos, equilibrios fiscales y reducción drástica del gasto público, considerados necesarios para superar la crisis de acumulación de capital, imputada a los modelos de intervención estatal en la economía.

Dicha política, como expresión de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, se sintetiza en el lema de privatizar, privatizar, privatizar.

El mercado mundial de la educación superior representa un significativo porcentaje de la tota-

lidad del mercado de servicios y en algunos países constituye una de las principales partidas de exportación. En Estados Unidos, por ejemplo, los ingresos obtenidos con la aceptación de estudiantes extranjeros a sus universidades, en un año, ascienden a una cifra muy superior al conjunto del gasto público en enseñanza superior de toda América Latina. Y, en dicho contexto, los países en desarrollo quedan limitados al papel de consumidores del mercado mundial de la enseñanza.

En Colombia, los lineamientos de la llamada “Revolución educativa” apuntan a cumplir fielmente, dichos parámetros, en contravía de la resistencia de otros países de América Latina, como se expresó recientemente en Cartagena en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES/ 2008).

Entre los objetivos del Gobierno prima el aumento de cobertura, con los mismos o menores recursos, lo cual necesariamente deteriora la calidad y la excelencia académica de las universidades públicas, lograda con ingentes esfuerzos y sacrificios, desplegados a lo largo del tiempo, y las conduce al modelo denominado “de garaje” que prolifera en el perverso mercado de la educación. Mientras los procesos de acreditación se reducen a la manipulación de indicadores, sin una mínima reflexión sobre los fines de la educación, se impone progresivamente la formación técnica y tecnológica y la disminución de la duración de las carreras, a expensas de la investigación y la formación profesional y de posgrado. El referente de la formación universitaria se reduce al restringido ámbito del mercado laboral y se omite la relación con la sociedad como un todo, al tiempo que se promueven los Centros Regionales de Educación Superior, como la más visible forma de populismo “académico”. Estas manifestaciones de la contrarreforma oficial se pueden ilustrar en todas las universidades, entre las que resalta la Universidad Nacional, con la imposición del sistema prepago, copiado acríticamente del exterior, a la que ha resistido ejemplarmente el movimiento universitario.

Las medidas orientadas al marchitamiento académico de la educación superior pública van acompañadas de la asfixia presupuestal manifiesta en manipulación de indicadores de gestión; negativa a asumir los pasivos pensionales de las universidades; y aumentos desbordados de las matrículas, como lo ilustra patéticamente el caso de la Universidad del Atlántico.

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Frente a las tendencias privatizadoras de la educación y las políticas neoliberales del Gobierno, brevemente esbozadas, el movimiento universitario nacional tiene como objetivo central la

defensa del Derecho a la Educación de los colombianos como un derecho social fundamental.

Para dar continuidad a la lucha por una educación superior de excelencia académica, comprometida con las necesidades de la sociedad y financiada por el Estado, como corresponde a la Constitución y a la ley, en el Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional, hemos considerado necesario actualizar la PLATAFORMA DE LUCHA sobre la base de los siguientes ejes orientadores: La garantía del derecho a la educación pública implica, necesariamente, una financiación estatal ajustada a las exigencias de la más alta calidad y excelencia académica para la mayoría de los colombianos. Es decir, lo contrario del objetivo central de la llamada “Revolución Educativa” de aumentar la cobertura, con iguales o menores recursos, lo cual atenta severamente contra la calidad de la educación. La financiación efectiva de las universidades públicas incorpora la obligación del Estado y de los entes territoriales de proveer los recursos necesarios para los bonos pensionales y el pago de las mesadas, descargando de esta responsabilidad a las universidades públicas. La necesidad de estudiar ha sido aprovecha por el capital financiero, que mediante los créditos financieros endeuda a los estudiantes para que paguen las onerosas matrículas. El Estado tiene una alta responsabilidad en esta política pues el Icetex, con empréstitos del Banco Mundial, es el principal ejecutor de esta medida. Ya son cerca de 17.000 familias morosas del sistema de Icetex, cifra que se puede aumentar si se suman los créditos contraídos con los demás bancos.

El mejoramiento de la calidad de la educación superior requiere imperativamente incrementar la inversión en recursos humanos, laboratorios,

equipos, bibliotecas, en suma, todo lo necesario para el desarrollo del conocimiento mediante la investigación, la formación al más alto nivel y una docencia actualizada, con profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva. El aumento de la inversión para garantizar excelencia académica contrasta con la política oficial dirigida a enfatizar la formación técnica y tecnológica a expensas de la formación profesional y de posgrado y el desarrollo de la investigación en áreas estratégicas para la sociedad y no solamente para el mercado laboral. Ante los retos de la sociedad del conocimiento y las necesidades de la sociedad colombiana, la formación universitaria debe ser integral y basada en equilibrio de los saberes y las disciplinas, sin desmedro de ninguna expresión de la cultura en sus dimensiones científicas, tecnológicas, humanistas, sociales y de creación artística.

El cumplimiento de la misión de la universidad en términos de la formación al más alto nivel, la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de la investigación necesita plena independencia del poder, lo cual se sintetiza en el principio universal de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria emana de la naturaleza misma de su quehacer académico; está consignada en la Constitución, la Ley 30 y se menciona en los estatutos generales de las universidades pero se reduce al papel, en la medida en que en la realidad se viola sistemáticamente en sus dimensiones académicas, administrativas y financieras. La composición de los consejos superiores con la presencia mayoritaria de los sectores extrauniversitarios y los mecanismos de presión política para el nombramiento de los rectores convierte a las universidades en apéndices del poder del Gobierno de turno para adoptar pasivamente las políticas oficiales, soslayando el ejercicio responsable de la autonomía y renun-

ciando a su función crítica, como la más valiosa conquista de la modernidad.

Según sus fines y responsabilidades proyectadas con base en su misión social y académica, la Universidad debe definir sus necesidades de estructuración y funcionamiento administrativo autónomamente, tomando distancia de los métodos de la politiquería y el clientelismo, que representan la mas dañina patología de las instituciones públicas.

Atendiendo a la necesidad de unir los principios de autonomía y democracia, la dirección de la universidad debe responder al cumplimiento de la misión de la universidad ligada a un proyecto de nación, por encima de visiones cortoplacistas del gobierno de turno y toda clase de intereses particulares. Esto implica que el gobierno universitario debe ser autónomo y contar con condiciones propias de un centro del conocimiento que promueva la democracia y la participación colectiva en la toma de decisiones de quienes componen la comunidad universitaria. Internamente, hacer del ejercicio democrático y la discusión racional una práctica cotidiana que avale la primacía de la academia sobre la administración y garantice plena transparencia en el uso de los recursos públicos mediante la sistemática rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a los organismos estatales competentes.

Le educación no puede seguir siendo tratada como problema de orden público y el respeto a los derechos humanos en las universidades es esencial. La universidad es un centro del conocimiento de carácter democrático y plural, que requiere respeto por la diferencia; libertad de enseñanza y aprendizaje; ejercicio racional de la crítica fundamentada; derecho a cuestionar las políticas gubernamentales liquidacionistas; y garan-

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tías para la organización y movilización de sus estamentos, en defensa de la universidad pública, en su conjunto, al servicio de la sociedad y de sus intereses gremiales. Por dichas razones es preciso rechazar las medidas ordenadas por el presidente Uribe de allanar y militarizar las universidades y denunciar la persecución, señalamiento, amenazas y asesinatos de estudiantes, profesores y trabajadores, que ha llevado a ciertas universidades –públicas y privadas– a sufrir la más pavorosa crisis humanitaria.

Bienestar universitario como condición de calidad. Para el adecuado desarrollo del proceso de generación, reproducción y aplicación del conocimiento –con calidad– es necesario generar las garantías de acceso, permanencia y condiciones de trabajo dignas a los estudiantes, docentes, empleados y trabajadores. Entre los elementos asistenciales del bienestar figura el sistema de Seguridad en Salud (Unidad de Salud) de las Universidades Públicas, consagrado en la Ley 647 de 2001, en la actualidad severamente amenazado por las medidas tomadas mediante decretos y resoluciones del Ministerio de Protección Social y Trabajo. Otros elementos asistenciales están relacionados con los restaurantes, residencias y subsidios. En la dimensión cultural del bienestar se requiere el fomento al deporte formativo, el foro, el cine, los conciertos musicales y demás expresiones culturales de la vida universitaria ligadas a la formación integral.

Derecho al trabajo y a la seguridad social.

Como una imposición de la política gubernamental

a las universidades, cada día se implementa con mayor fuerza la vinculación laboral precaria de profesores ocasionales y catedráticos, desechando las ventajas laborales y académicas de las vinculaciones de planta y arruinando la carrera docente universitaria. Actualmente la mayoría de los profesores universitarios tienen vinculación temporal.

Lo propio ocurre con los funcionarios administrativos y con los pocos trabajadores oficiales que todavía subsisten en las universidades públicas.

Quienes trabajamos en las universidades debemos contar con plenas garantías salariales, prestacionales y de seguridad social. De acuerdo con las necesidades de cada universidad, debe haber convocatoria a concursos públicos para la vinculación a la planta de profesores, trabajadores y administrativos. Igualmente, participación en la discusión y definición de los ajustes al Decreto 1279 de 2002.

Para el desarrollo de los puntos enunciados es indispensable insistir en la apertura de una mesa nacional de discusión y decisión sobre la educación superior pública en Colombia, con participación del ejecutivo, legislativo y los distintos estamentos de la comunidad universitaria.

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS. Comité operativo Multiestamentaria nacional Bogotá, septiembre 15 de 2008