Nº 37 Junio de 2010 Bloque 22 oficina 107 - Teléfonos: 219 53 60 - 263 61 06 - Correo: asoprudea@udea.edu.co - http://asoprudea.udea.edu.co
La democracia Universitara La Construcción de la democracia en la universidad pública Marco Antonio Vélez Vélez Presidente Asoprudea ¿Qué es la democracia? Pregunta insistente en aquellos regímenes que hacen de ella su razón de ser formal. Y la democracia es tanto un conjunto de procedimientos y de reglas que deben ser respetados, como las garantías dadas a las minorías para ser escuchadas. Tanto un ejercicio poliárquico del poder (múltiples centros de poder) como el campo abonado para el pluralismo y le disenso. Tanto el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como la posibilidad de expresión de un poder constituyente que sobrepasa los poderes constituidos. En fin, todas estas acepciones caben dentro de la configuración del poder democrático −pues de una forma de poder se trata− y todas ellas dan cabida a momentos de la conformación de lo democrático. La universidad como institución es un espacio para la circulación de los saberes y las ideas. En principio, el saber jerarquiza y establece categorías. Pareciera que con él entramos en el reino de la meritocracia, es decir, de la diferencia y de la desigualdad de posiciones como sujetos. Sin embargo, las universidades son, también, aparatos administrativos que deben ser gobernados de ciertas maneras. Y la manera de esta
gobernabilidad debe estar a tono con la forma de ejercicio del poder social. No se puede aceptar una sociedad gobernada bajo parámetros democráticos que permita formas de la autocracia o del autoritarismo en las formas de gobierno de los espacios donde circulan los saberes. La Constitución colombiana enuncia en su artículo 67: “La educación formará al ciudadano colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Formar para la democracia es éste un propósito explicito de la educación en Colombia y por lo tanto lo es en el campo de la educación superior. Formar en y para la democracia solo se puede hacer en la construcción y desarrollo de escenarios democráticos en las instituciones educativas y, por lo tanto, en las universidades. Las prácticas de la democracia deben atravesar la forma de gobierno de éstas. Pero, en la administración de las universidades esto es más una intención y un anhelo que una realidad. La conformación de los Consejos Superiores Universitarios y los procedimientos de elección de los decanos y de otros directivos conforma un espacio de verticalidad y exclusión en el ejercicio del poder en las universi-
dades del país. Siendo unas más abiertas que otras, en la posibilidad de designación participativa por los estamentos de las autoridades administrativas. Los Consejos Superiores Universitarios están integrados por voceros del Estado y los representantes de los estamentos, profesores, estudiantes y egresados; la gran ausente es la propia sociedad o, lo que algunos de una manera más precisa denominan, la sociedad civil. ¿Dónde está ella presente en el gobierno de las universidades? De allí que cuando se dan los conflictos que enfrentan a los estamentos con el poder del Estado, la sociedad civil asista inerme a una confrontación que parece que no le concierne. Las universidades dan la apariencia de un Adentro que se separa, se margina y se excluye del Afuera social. Por eso se invoca muchas veces artificialmente el necesario nexo Universidad-Sociedad. Como si esta última fuese un exterior que bordeara la vida universitaria. En los Consejos Superiores Universitarios la presencia del Afuera estatal es evidente; allí están: el representante del Presidente, del Gobernador, del Ministerio de Educación; el Estado impone su representación como obligación política. La presencia de la sociedad civil, más allá de que el vocero del sector productivo pueda fungir como tal, es precaria; él solo expresa una versión de la civilidad. Organizaciones sociales, comunitarias, de padres de familia y otros organismos de la sociedad civil podrían reclamar perfectamente una presencia en el espacio del poder universitario. La construcción de la democracia en la universidad pública empieza, así, desde sus órganos de gobierno básicos. La democratización de los Consejos Superiores Universitarios va en pro de una idea de participación que viene exigida por la Constitución de 1991. Esto no significa que las universidades, como campos de los saberes, se debiliten al refinar sus reglas y formas democráticas; por el contrario, para el desarrollo de los saberes y de la investigación y de la inserción en la sociedad, la democracia es condición necesaria e ineludible. Los saberes son hoy el resultado de comunidades científicas que debaten y dialogan racionalmente. Y como sabemos, la argumentación es de la esencia de la democracia, por lo menos de una democracia constituyente y deliberativa.
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El Estatuto General que regula a la Universidad de Antioquia, si bien no es muy prolijo al hablar de democracia −lo cual no deja de ser una carencia inexplicable− sí determina en sus principios, y específicamente en el artículo 18, la necesidad de la participación: “Los integrantes del personal universitario tienen el derecho de participar en forma individual o colectiva en la vida institucional mediante los mecanismos consagrados en la Constitución, las leyes y las normas de la Universidad. Se define así un marco de participación política regulada por la Constitución y la ley. En esencia, participar es poder desde la acción individual o colectiva, incidir en las decisiones, el devenir, y la conformación de la institución de la cual se hace parte, en este caso, la Universidad; poder decidir sobre las normas que afectarán a los miembros de la comunidad universitaria. Los afectados por la normatividad fungen como poder constituyente que regula a los poderes constituidos. Y ésta es una de las definiciones de la democracia. Lo constituyente determina lo constituido. Esto es lo que vivifica el poder democrático. En la Universidad Pública colombiana hay suficientes experiencias de participación en la elección de las directivas académicas. La Universidad del Valle elige directamente sus decanos a través de la votación del claustro de profesores. En la Universidad de Nariño se eligen por votación directa de los estamentos con una ponderación de 50% para cada uno de ellos, profesores y estudiantes. En la Universidad Nacional la ponderación para la elección por consulta es de 60% el profesorado, 30% los estudiantes y 10% los egresados, pudiendo el Rector presentar un candidato, opacando esta última opción el ejercicio democrático. Para la Universidad de Antioquia, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores propone una consulta vinculante a los estamentos con una ponderación de un 70% para los profesores y un 30% para los estudiantes; esta fórmula vendría a reemplazar los criterios del la Resolución Superior 1098 de 2004 que estable los componentes de hoja de vida, programa para la facultad y consulta sin carácter vinculante. Los componentes de hoja de vida pueden seguirse regulando por el artículo 52 del Estatuto General y el programa formará
parte de la consulta, ya que el candidato lo sustentará ante sus potenciales electores. Esta opción democratiza la elección de directivas académicas; da participación según las exigencias de la democracia participativa a los estamentos de la comunidad universitaria; y posibilita superar las encrucijadas de candidatos elegidos contra la voluntad de las mayorías en las unidades académicas. El argumento de muchos según el cual esta forma de elección se presta al populismo y el prebendarismo se cae de su peso. Asumimos un uso público de la razón en los participes de la comunidad universitaria. Una mayoría de edad, producto del ejercicio de la democracia, de lo contrario, es suponer que las masas de votantes nunca tendrán la suficiente madurez para escoger formas de gobierno en la Universidad. El llamado por Tocqueville “despotismo de las mayorías” será siempre un riesgo para toda democracia, aun para la universitaria; solo que en las universidades es de suponer que el saber y el debate racional harán cada vez más razonable la posibilidad de su concreción. Pero, es quizá preferible una forma de riesgo cargada de populismo de las
mayorías, a espureas expresiones del “dedazo” (Ello para recordar la forma como el PRI mexicano elegía al sucesor del Presidente, entre los miembros del partido; el índice señalador del Presidente en funciones dejaba en claro cual sería su reemplazo) que parece ser la manera de dar curso a la voluntad del Consejo Superior Universitario al elegir los decanos. O, por otro lado, lo errático de una voluntad politiquera que magnifica las relaciones políticas del candidato de turno cuyas credenciales surgen más de los directorios políticos que de la voluntad democrática. La fórmula se abre a la discusión, algunos preferirían una consideración paritaria 50 a 50 entre profesores y estudiantes; otros pedirían la participación del estamento de los empleados no docentes; para otros más la ponderación no dejará de ser un cortapisa a la democracia directa. Lo que está claro para la Junta Directiva es que el mandato de la democracia exige optar por una de estas vías; y el CSU debe abrir y abocarse a este debate, donde lo que está en juego es la democracia universitaria y la gobernabilidad de estas instituciones del saber.
LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Por: Jorge Aristizábal Ossa Secretario Asoprudea Desde el pasado 11 de mayo el profesorado de la Universidad de Antioquia se encuentra en Asamblea Permanente por dos objetivos claramente definidos: la participación democrática de los estamentos en la elección de sus directivos -específicamente decanos y jefes de departamento- y el rechazo al proyecto de reforma de la Ley 30/92 que cursa en el Congreso de la República. El problema se inicia con el nombramiento del decano de la Facultad de Odontología. Tras dos períodos como decano, el profesor Carlos Mario Uribe Soto
se presenta como candidato para un tercero, enfrentando a los candidatos de los estamentos profesoral y estudiantil. Profesores y estudiantes se dedicaron en el último año a preparar concienzudamente un programa y un plan de acción que subsanara el deterioro académico a que se vio sometida dicha facultad. Disminución de profesores de planta, aumento de docentes ocasionales y de cátedra, establecimiento de planes de trabajo con sobrecargas académicas, acoso laboral y gremial, “ahorro” de recursos, no cumplimiento de su programa de gobierno, etc., fueron las características de sus dos mandatos. Se dio la consulta profesoral y estudiantil
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y abrumadoramente ganó en ambos estamentos uno de los cuatro candidatos. Entre ambos estamentos el candidato a la segunda reelección no obtuvo el 10% mínimo establecido en la normatividad interna. El Consejo Superior Universitario en su sesión ordinaria de abril, desconociendo el querer mayoritario de profesores y estudiantes y violentando su propia reglamentación designó 4 a 3 al profesor Uribe Soto para un nuevo mandato. Con este acto rebozó la copa, pues en los años anteriores había nombrado a candidatos que no tenían mayor apoyo entre profesores y estudiantes, casos de las facultades de Química Farmacéutica, Salud Pública y Educación. Las reacciones no se hicieron esperar. La comunidad académica de Odontología continuó con su asamblea permanente que ya habían declarado en rechazo a unas actuaciones absurdas del decano que llevaron a la Asociación de Profesores a declararlo persona no grata para los intereses de la Universidad y a solicitar el respeto a la consulta de dichos estamentos. Ante el hecho cumplido y en medio de una campaña que ya se estaba realizando sobre la divulgación de las graves consecuencias del proyecto de reforma de la Ley 30/92 y de los recursos adicionales mínimos que de ella se derivarían, se convocó a Asamblea General de Profesores. Tras un intento fallido, a partir del 11 de mayo de 2010 y en cada semana transcurrida desde esa fecha, el profesorado se declaró en Asamblea Permanente. En la última asamblea general, realizada el 9 de junio, el profesorado se declaró nuevamente en asamblea permanente hasta el 16 de junio y se ratificaron como objetivos del movimiento: la lucha por la democracia en la Universidad, solicitando al Consejo Superior Universitario la consulta vinculante de profesores y estudiantes, para la cual se está trabajando una fórmula inicial de voto ponderado 70% profesoral y 30% estudiantil; la renuncia del decano nombrado; y el rechazo contundente al proyecto de reforma de la Ley 30/92. Un mecanismo adicional de presión fue la decisión del profesorado de abstenerse de realizar las consultas respectivas para los nombramientos de los directores de la Escuela de Microbiología (junio 17), del Instituto de Educación Física (junio 10) y de los
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decanos de las facultades de Economía (Junio 29), Química Farmacéutica y Comunicaciones (julio 27). El movimiento estudiantil de toda la Universidad ha apoyado esta lucha en dos momentos. Una asamblea permanente de 24 horas apoyando al profesorado de la Universidad y a los estudiantes de Odontología del 26 al 28 de junio. Con la convocatoria del profesorado a una asamblea triestamentaria del 10 de junio, tras un importante y decisivo debate, los estudiantes, votando por separado, se declararon en asamblea permanente hasta el martes 15 de junio. Ese día se realizará una nueva asamblea estudiantil y al día siguiente la profesoral. En este mes de lucha se han obtenido varios puntos: 1º La reactivación de los claustros de profesores de las distintas dependencias, que dejaron de ser esporádicos y poco asistidos a semanales y nutridos; 2º La reactivación de la asamblea general de profesores de la Universidad de Antioquia que llevaba varios años sin poder sesionar; 3º El nivel de conocimiento y comprensión de la Ley 30/92 en sus aspectos de financiación entre profesores y algunos sectores estudiantiles; 4º El inicio del debate sobre la democracia en la Universidad, la composición de los organismos de poder universitario, la financiación estatal y la autonomía; 5º El revivir el Comité Multiestamentario de la Universidad de Antioquia, que llevaba un año sin poder sesionar y que ahora enmarcará su rumbo a desarrollar el modelo de universidad que queremos, junto con un proyecto global de reforma a la Ley 30/92, con miras a presentar propuestas y ponencias en el Congreso Nacional Universitario del mes de octubre convocado por la Federación Nacional de Profesores Universitarios; y 6º Estamos haciendo efectiva la consigna de “Por la defensa de la universidad pública” del Comité Triestamentario Nacional. El profesorado de la Universidad de Antioquia se encuentra empeñado en sacar adelante de todo este proceso la consulta vinculante entre docentes y estudiantes para el nombramiento de decanos y directores. Con el apoyo creciente de los otros estamentos esperamos conseguir un atisbo de democracia universitaria.