Palabra 39 by Asoprudea

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PENSAR LA CRISIS En este contexto de crisis, las fuerzas pro-pacto deben propiciar un camino reorganizador para la vida universitaria. Del desorden y aparente caos emergerá la reorganización si hay voluntades dispuestas a darle contenido contractual, moral, ético y político al Pacto de Convivencia.

M. A. Vélez Vélez

1. De una universidad con problemas a una universidad paraíso José Joaquín García García Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes Facultad de Educación

La UdeA se enfrenta a una compleja situación en el momento actual. Por ello es menester ofrecer algunas propuestas desde la academia, para aportar elementos que contribuyan a la solución integral de dicha problemática. En primer lugar, en nuestra Universidad es necesario avanzar desde pactos y negociaciones hacia compromisos y concertaciones, para obtener el peso político propio de los proyectos comunes. Para ello se debe cambiar la mentalidad de catástrofe por la de crisis, que ofrece oportunidades y derrota la impotencia. En segundo lugar, es perentorio lograr el equilibrio necesario para erradicar toda forma de exclusión dentro de la Universidad, dándole igual peso a las diferencias existentes en ella; basándose para

esto en el análisis que reconstruye y disecciona las problemáticas en su origen. En suma lo que se propone es construir una universidad abierta, no solo físicamente, sino con apertura mental, democrática y política. Esto requiere a su vez de la calma, la escucha, la amplitud de mirada y la generosidad de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Igualmente, para ello la universidad debe abrirse hacia afuera, cruzando las puertas que los otros ya abrieron y abrir desde dentro las puertas que hemos cerrado a los otros. Para lograr este cometido se deben romper las lógicas anormales de las mentalidades cerradas como las siguientes: enfatizar en el sentir individual y no en el sentir social, insistir en la seguridad personal dejando de lado la protección social,

ofrecer una responsabilidad delegada en lugar de una responsabilidad asumida, dejarse permear por una percepción fatalista que dice que no hay nada que hacer, practicar la política del agravio mas no la del desagravio, usar la estrategia de la polarización, preferir la represión al diálogo, posibilitar la intimidación legal o ilegal, ofrecer silencio en lugar de expresión, apoyar la seguridad sin convivencia, no ofrecer caminos de integración para la disrupción y la transgresión y sufrir de un profundo miedo a la libertad. Por último, sin pretender de ninguna manera agotar el tema, acerca de la extinción del delito en los predios de la Universidad de Antioquia (narcotráfico, robos, etcétera), conducta impropia de sociedades civilizadas

pero paradójicamente cada vez más común en Colombia, creo que se debería pensar en cambiar las posibilidades y condiciones para que este delito haga su aparición, cambiar los ambientes en los cuales se presenta, las lógicas de uso de dichos ambientes y sus disposiciones espaciales, convirtiéndolos en nichos no aptos para dicho delito. Por otra parte, podría ser eficaz propender por la aplicación de las normas o la adecuación de las mismas, de tal forma que limiten severamente las posibilidades de comisión de dicho delito y por la ejecución de políticas públicas de largo alcance de carácter social y preventivo que des-estructuren el dispositivo de exclusión y malestar social y cultural, que sirve de fundamento para la aparición de los móviles que generan las conductas delictivas.

2. Los peligros de la polarización del pensamiento Jaime Arturo Gómez Correa Departamento de Medicina Preventiva Facultad de Medicina

Luego de escuchar las posturas de docentes que se expresaron en las reuniones convocadas por el rector y el decano de medicina el viernes y lunes, respectivamente, se evidencia un acuerdo general sobre la existencia de un problema real y grave para la vida universitaria, constituido por la confluencia en el campus universitario de fenómenos sociales de gran importancia: tráfico de sustancias psicoactivas, ventas informales (muchas de ellas ilegales por desconocer derechos de autor –“piratería”–) y formas de expresión política que fundan su acción en la violencia y la generación de miedo. También parece haber acuerdo en torno a la necesidad de establecer medidas de control y

seguridad para garantizar el desarrollo normal de la vida universitaria. No obstante se evidencia un desacuerdo, que casi llega a la polarización, sobre los medios e instrumentos que deben desplegarse para intervenir la problemática en cuestión. El uso de la tarjeta integrada personal – TIP– como mecanismo de control ha sido avalado por el estamento profesoral, a la vez que se ha convertido en el “florero de Llorente” del actual conflicto; ello evidencia que de alguna manera se constituye en un instrumento útil para controlar la expresión de algunas de las dimensiones de la problemática actual, pero advierten algunas voces que no pueden convertirse en el fetiche invocado para exorcizar los males que nos aquejan: ella “per se” no es la panacea a nuestros males. El uso de la fuerza y la acción policial han sido

los elementos que sin duda han polarizado las posiciones entre los estamentos. Aprecio en tal polarización una grave amenaza a la esencia de la universidad, pues puede ser origen de una visión maniquea en la universidad: solo existe el bien o el mal, lo blanco y lo negro, lo cual rápidamente conduce a pensar que el que está en desacuerdo, el que critica, el diferente, está contra la institución, es subversivo… (no deja de asemejarse a la situación vivida en el país en el último año: el que no estaba con Uribe era enemigo de la patria y por allí se abrió el boquete a la violación de la vida privada de los magistrados de las altas cortes). He ahí la vía expedita a la supresión de la función crítica de la universidad, esencia misma de su quehacer, pues como bien lo dice Juan Luis Mejía, rector de EAFIT, en el artículo “Culto al avispado” publicado en el portal de nuestra universidad, “el arte y la ciencia nacen de la inconformidad; aquel que está insatisfecho con el mundo decide reinterpretarlo o recrearlo; el espíritu crítico permite que la humanidad avance; por eso la Universidad no puede perder jamás el espíritu de indagación”. Extraña que en un país donde las fuerzas de seguridad han asestado duros golpes a los más hábiles y poderosos narcotraficantes y a las organizaciones guerrilleras mediante acciones fundadas en la inteligencia, estas mismas fuerzas sean incapaces de individualizar y judicializar a algunos peones del micro-tráfico fácilmente identificables en un campus universitario. Es desmesurada la afirmación de quienes dicen que estamos en ciernes del cierre de la universidad por esta problemática; si bien dichos problemas acaecen en sus predios, no son protagonizados por integrantes de los

estamentos. Precisamente porque se sabe que son personas ajenas al quehacer universitario los responsables de los hechos, se propone la estrategia de identificación personal. Un potencial cierre de la universidad puede ser precipitado más bien por la falta de respaldo gubernamental expresado en incumplimiento con las responsabilidades presupuestales que tienen la Nación y el Departamento con ella o en la falta de decisión del ejecutivo para judicializar a los delincuentes. Es necesario afirmar que la acción cultural y educadora sobre la ciudadanía en general corre evidente peligro, si la universidad decide cerrarse sobre sí misma y convertirse en una torre de cristal; se deben establecer mecanismos efectivos que permitan el ingreso de la comunidad general a los espacios universitarios y a los programas y actividades que tiene dispuestas para ella: museo, biblioteca, zona deportiva, aulas de clase para educación no formal y continua. La universidad es de la sociedad en su conjunto. Percibo que en términos generales los diferentes estamentos están de acuerdo sobre los fines (no a la venta de estupefacientes, no a la cooptación de los espacios universitarios para el beneficio privado, no a la expresión política violenta) mas no sobre los medios para lograrlos. El uso de la fuerza y la polarización del conflicto no son la vía para su solución. Considero que esta crisis es la oportunidad para establecer un diálogo franco entre los grupos en conflicto en la perspectiva de construir unos acuerdos de convivencia que se funden en el respeto de la diferencia y la defensa de lo público para preservar la esencia universitaria: el cultivo del “espíritu crítico, el cual permite que la humanidad avance”.

3. La Universidad de Antioquia y el problema universitario colombiano

Juan Guillermo Gómez García Departamento de Filología Hispánica Facultad de Comunicaciones

En forma espasmódica, pero con una persistencia desconcertante, la universidad pública colombiana se sacude por disturbios y por paros desde hace casi medio siglo. Las razones de unos y otros son más o menos semejantes y las manifestaciones que los secundan son casi calcadas por la plantilla de los conflictos más severos y profundos que padece la vida nacional en este mismo período. Sin embargo, el planteamiento del problema universitario y la comprensión de las anomalías `persistentes se tratan de solventar por atajos interpretativos y con excusas que se pasan de las directivas a los profesores y de éstos a los estudiantes y de los estudiantes al gobierno y sus representantes en el seno de la universidad; en un carrusel de argumentos y contra-argumentos aproximados, es decir, apenas creativos y constructivos. Cada año y hasta cada semestre, un espectador interesado y un partícipe comprometido puede constatar que lo abrupto de la magnitud de la situación se resuelve con fórmulas transitorias y, desafortunadamente, irresponsables y no serias. Así el problema universitario colombiano, que implica el problema de su modernización conforme a las demandas de una economía en crecimiento y cambio internacional, y conforme sobre todo a estándares de competencia científica, se enreda en el espeso complejo de los problemas de orden público, los problemas políticos y sociales inmanentes a una sociedad traumatizada por su gigantesca explosión demográfica y las demandas de consumo y representación política de las masas, articuladas

en movimientos sociales específicos y con orientaciones ideológicas contrastadas. Esto, por su puesto, con su pragmatismo chato, a las directivas universitarias les tiene sin cuidado. Esto, por supuesto, al gobierno nacional y al Ministerio de Educación les resulta indiferente, por la simple razón de que al tratar de precisar los problemas, analizarlos con juicio, comprenderlos en sus diversas dimensiones y planificar racionalmente conforme a sus premisas, escapa a las competencias mentales de sus funciones burocráticamente consagradas. En otros términos, los problemas, al no ser planteados correctamente, se dilatan, se esfuman en la bruma de la confusión pragmatista o, lo que es lo mismo, la astucia del poder en su descaro craso. La Universidad de Antioquia no pasa por una crisis de transición cualquiera, sino que esa crisis está inserta en su desarrollo institucional desde mediados o, más precisamente, desde finales de los años sesenta, cuando los gobiernos nacionales se vieron impelidos a reestructurar la vieja universidad de corte decimonónico, inepta para la modernización, bajo el impacto de la revolución cubana y por asesoría del programa de la Alianza para el Progreso norteamericana. Este antecedente es de suma importancia, porque fue bajo esta égida que se ha replanteado el problema de la ineficiencia e ineficacia científica de nuestras universidades, motivado por los peligros derivados del comunismo internacional y sus expansión en América Latina. Así, Colombia acusa un efecto colateral de la revolución castrista

(1959). Pero ese efecto se ve, en realidad, comprometida por una tendencia internacional, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que es el de la expansión de la matrícula universitaria a sectores de la población cada vez mayores. De modo que a Colombia, o mejor dicho, en Colombia se tienen que resolver diversos axiomas de la vida universitaria, que no estaban asimilados en su seno, por efecto de la tradición dominante, la católica, y que no pudo organizar desde el siglo XIX sus estudios universitarios entendidos como estudios para la investigación científica y su cuerpo profesoral como un equipo altamente competente en materia científica, generosamente dotado para el desarrollo de la ciencia y la exaltación de la personalidad científica del profesor. De modo que en Colombia los diversos atrasos de estos postulados, el atraso de al menos un siglo en la formulación concreta y correcta de la significación de los estudios en las sociedades modernas se encontró con un tema dominante desde hacía pocas décadas, como fue el de la expansión o masificación de universitaria en el mundo Occidental, como presupuesto de su sistema económico altamente industrializado, y con una tensión política feroz, en la disputa a muerte de los imágenes del mundo, a saber, la capitalista y la comunista. ¿Cómo lograr, entonces, en medio de estas adversas y excitantes circunstancias, aclimatar un espíritu o una cultura universitaria que respondiera a todos los retos, los científicos, los sociales y los políticos en que se veía envuelta? Si se cuenta que en Colombia no se había organizado una burocracia estatal modernizada, competente por formación, funciones, servicios y directrices morales y éticas, es decir, sin una clase política capacitada para asumir los retos de la modernización, vale decir, comprender histórica y socialmente los presupuestos del

cambio o transición de las viejas estructuras semi-estamentaria y colonial retardataria de cuño hispánica a las exigencias de la europeización u occidentalización demandadas por la burguesía mundial, sobre todo a partir de la Revolución Francesa; si se cuenta, pues, con una dirigencia inepta y provinciana, a medio tecnócrata (como son nuestros economistas y planificadores), entonces se puede empezar a comprender que los problemas que agobian y seguirán agobiando la vida universitaria colombiana no dependen de una pedrea más o un disturbio más o de una tarjeta TIP o TOP más o menos. Se deben asumir, o mejor dicho, se precisa establecer un orden de prioridades, una jerarquía de valores administrativos estatales, que no derivan de un capricho de un jefe o de un gerente o de un rector, cualquiera sea éste, mientras no se sepa que las demandas por las que atraviesa la universidad colombiana, particularmente desde hace medio siglo, son demandas de su incorporación a los circuitos de competencia científica internacional, y lo que ello implica (inversiones adecuadas a estas demandas, en sus diversos ordenes como política de Estado y no por voluntad de este u otro presidente, ministro o comité ad hoc). La creación de esta burocracia, no es obra del destino o el azar, sino un producto histórico concreto, que encontró en Prusia un modelo paradigmático, en la época que se llamó de las Reformas prusianas, entre 1809-1812, y que respondía a los retos de una reorganización estatal frente a las demandas extremas de Napoleón, pero cuyos efectos se hacen sentir hasta hoy. Esta “modernización defensiva” fue, en efecto, una modernización de la sociedad desde el Estado, o la encarnación racional del él, el burócrata profesional y, en el siglo XX, adecuado a la planificación estatal dentro del capitalismo como respuesta a la planificación estalinista y las fascistas.

Si se suma que los países hispanoamericanos, y muy particularmente Colombia se vieron arrastrados a un paisaje social inédito por la masificación urbana, y que ella hizo su explosión espectacular entre las décadas del cincuenta y ochenta, en el marco de las cuales las ciudades multiplicaron por cinco o más su población urbana, entonces podemos ir replanteando un complejo de circunstancias poco comprensibles a primera vista. Las ciudades masificadas colombianas implicaron un reto, o mejor, abrieron como una zanja enorme en la vida nacional y cuyos efectos están a la vista, a saber, las inmensas zonas de “colonización” popular que dan un paisaje tan peculiar, entre urbano y rural a nuestras grandes ciudades. Los cinturones de miseria, el agolpamiento por masas incontroladas de miles y miles millones de personas procedentes de un campo desolado económicamente y a veces arrasado militarmente por diversos ejércitos en pugna despiadada, es el fenómeno o resultado negativo de una sociedad adormilada en los laureles de sus convenciones en medio del impacto arrollador de un capitalismo mundial. Este es el fenómeno, el de la masificación urbana, menos comprendido y en realidad menos estudiado en nuestras ciencias sociales.

Esta traumática transición y lo que lo implica para el cambio de mentalidades o, mejor, para la coexistencia de mentalidades rural-urbana, en una cifra indecisa entre el pasado heredado y un proyecto de futuro sin precisión y apenas dibujado en los deseos de un “mejor mañana”. Las masas urbanas, y ahora también las rurales, se ven no solo impactadas por desplazamientos forzados –en realidad, todos desplazamientos forzados, motivados por diversas causas, no solo militares o de violencia o amedrentamiento– sino sometidas a las presiones de la industria del consumo que modifica abruptamente sus valores

tradicionales de convivencia y los somete a una anomia creciente. Si se observan los problemas de la universidad colombiana y la Universidad de Antioquia a la luz de este complejo y, hasta cierto grado, insoluble problema nacional o social, es forzoso concluir o inferir el despropósito de resolver sus problemas con paños insólitos de agua tibia o lo que es lo mismo salvar la situación con el cinismo acostumbrado. La Universidad de Antioquia sufrió el impacto de su masificación entre 1960 y 1970, cuando su viejo claustro en el centro de la ciudad se transformó en un Campus de tipo norteamericano, para albergar 12.000 o máximo 15.000 estudiantes. Por razones propias de nuestro subdesarrollo –subdesarrollo es solo otra manera de decir imprevisión, falta de planificación, infantilismo político– este Campus, relativamente reducido, se fue achiquitando cada vez más, al punto que a finales de los noventas había unos 25.000 estudiantes más o menos acomodados a estas circunstancias. Hacia el año 2000 se podría pensar que el campus había logrado un semi-equilibrio entre su espacio y su gente, entre las instalaciones físicas y las demandas de la actividad docente e investigativa, de su profesorado y estudiantes. Para nadie era ajeno el pasado turbulento de los años anteriores, de las agitadas décadas de los setenta y ochenta que se convirtieron, en el imaginario nacional, como emblemas del radicalismo político, de la resistencia y de la inoperatividad, a la par, de la universidad pública colombiana. Cuando justamente, gracias en gran medida por una renovación de la vida universitaria por efecto de las demandas del BID, que se concretaron en las políticas académicas de Colciencias –y estuvieron generosamente acompañadas por las Misiones de Ciencia y Tecnología y las de la

Modernización de la Universidad a principios de los años noventa– se había logrado una especie de consenso del nuevo rumbo de la universidad, es decir, cuando se pusieron en ejecución políticas modernizadores para la competencia científica en la región latinoamericana, y cuando una cierta fuerza interna impulsó estos primeros resultados, la universidad pública colombiana se volvió a encontrar con el callejón sin salida de las aventuras políticas del poder central. Mientras se habían dado unos pasos adelante, a la vez se ponía la reversa bajo las presiones indefinidas de la ingobernabilidad de los regímenes de Ernesto Samper Pizano y de Andrés Pastrana Arango. La volatilidad propia de las relaciones políticas en nuestro país empezó a deteriorar los logros alcanzados, con esfuerzos conjuntos y concentrados. Con todo, cabe resaltar que la impronta dada por ese empeño primitivo y, de todas maneras, provechoso, se vio envuelto en las vicisitudes de la vida nacional, como en contracorrientes de la planificación racional y profesoralmente proyectada. Pero, pese a todo, esta impronta sigue determinado los caminos de un sector o de una función vital para la universidad pública, particularmente la de Antioquia, que se precia por sus logros en el campo de la investigación y su alto presupuesto para superar sus metas. Más, cuando se planifica en este campo, se deja llevar a la Universidad, por consideraciones nada misteriosas, a una nueva aventura, a la llamada “cobertura” indiscriminada, que no es más que una re-masificación de los predios de por sí ya estrechos de la Universidad, sin planificación, sin presupuesto, sin inversiones, es decir, en contra de la racionalidad que debe presidir la planificación estatal, más en términos de la economía educativa.

De este modo, se vive o coexisten varias y simultáneas universidades, o mejor, la realidad proyectada sobre la base de la planificación, por un lado, se desbarata por la imposición presidencial y ministerial de abrir, a cualquier precio, cupos a miles de estudiantes, con el fin de cumplir con metas exigidas o referenciadas por el BID y el Banco Mundial. Colombia se ve, así, sometida a una nueva ola de masificación universitaria. Mientras en los años setenta y ochenta la universidad colombiana, en general, amplió su matrícula y multiplicó sus universidades y planes de estudio o carreras, en forma inusitada, y desorganizada, por la iniciativa privada, y en tanto que el Estado mismo trató de enmendar ese desorden con nuevas políticas de acreditación y estándares de competencia más exigentes en los años noventa y en la primera década del siglo XXI, en esta misma década se impone a la universidad política y casi solamente a la universidad pública aumentar desconsideramente sus cupos. En esta desmesurada desplanificación o contra-planificación estatal, o mejor, por orden caudillesca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, las Universidades públicas colombianas, y muy particularmente al Universidad de Antioquia, abrió sus puertas, sin más ni más a miles de estudiantes. Se puede argüir que la Universidad de Antioquia tiene ahora casi 10.000 estudiantes más que hace 10 años. Esta presión sobre un sistema que antes era de semi-equilibrio explota bajo su propio peso, porque esos 10.000 cupos más en la matrícula implican nuevos retos, nuevas expectativas que no estuvieron planeadas, ni previstas. Diez mil cupos más son diez mil estudiantes más, cada uno de los cuales trae y porta sus propias presiones sociales, culturales, que, son, en fin, seres humanos, jóvenes levantados, casi su mayoría, en condiciones de gran fragilidad y volatilidad cultural. Levantados en barrios o comunas en

permanente conflicto, levantados en medio de una violencia paramilitar, militar y guerrillera, o de mafias organizadas o semi-organizadas, es decir, levantados, criados y educados en instituciones escolares deplorables, en la mayoría de los casos levantados en contra de sus circunstancias adversas y llenos de una necesidad y sed de superar estos saldos negativos que marcan la condición de los jóvenes colombianos, no levantados en estratos altos de privilegios. Estos 10.000 cupos más, señor rector, señores directivas, traen sus consecuencias; tratar de responder a estos diez mil cupos con medidas como cerrar una semana la Universidad como profilaxis a nuevos brotes de violencia, es una forma descarada de asumir las responsabilidades que les compete como directivos. Ni el Estado central colombiano, ni la gobernación, ni la municipalidad, pero tampoco ni la empresa privada ni las universidades privadas, en su nirvana de auto-sugestión irresponsable, han asumido o pensado o recapacitado en la dimensión que ha asumido la Universidad de Antioquia y las adversas formas de espacio y tiempo en que se le exige marchar en fila ordenada. Cualquier rector de Universidad privada de la ciudad –UPB, EAFIT o Medellín sabe qué es tener 10.000 estudiantes, de estratos más o menos altos, y cómo controlarlos, bajo un régimen más o menos escolar. Pero esos 10.000 estudiantes son el producto histórico de cuatro o cinco o siete décadas de crecimiento

planificado, bajo las directrices de la iniciativa privada, vale decir, de la rentabilidad económica y la proyección financiera de empresa privada. Lo que les impongo es que les relleno sus claustros, en una década, con otros 10.000 estudiantes, de estratos bajos, sin la menor planificación, casi con el mismo presupuesto anual, etc. Y veremos cómo cantan estos gallos-rectores, ufanos de la tranquilidad y modernización de sus predios, cómo se les esfuma su celo evangélico y empresarial. En otros términos, el Estado central no ha obligado, como corresponde, a la sociedad y sus universidades privadas a asumir y compartir los riesgos, los retos y los problemas sociales de la sociedad en su conjunto, y sí ha descargado sobre los hombros de la universidad pública, de la Universidad de Antioquia, todos los conflictos, todo el desorden, toda la violencia en los pocos metros cuadrados de un campus, diseñado por los americanos en los años sesenta y que estaba destinado al estudio. Así que el conflicto actual no se contrae a esto o aquello, a que un señor decano decaradamente se siente en su potro mal o bien, y pare la universidad tres meses, o porque a las directivas les dé la flor de controlar lo incontrolable, en esos términos, con una graciosa contraseña electrónica. El conflicto es nacional, departamental, municipal; lleva medio siglo, al menos, y sus manifestaciones eruptivas son la mínima manifestación de una carencia pertinaz de plantear los problemas en forma conveniente, sin atajos o astucias de turno.

4. Universidad de Antioquia: verbo y bisturí Jaime Rafael Nieto López Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Mostró los dientes el Consejo Académico, pero mordió donde no debía. Para empezar, es discutible la imagen maniquea que nos presenta de las dos universidades en la Universidad de Antioquia1. No sólo es discutible esa imagen maniquea, sino también médica de la misma. La imagen maniquea de las dos universidades es la imagen de una universidad escindida moral y jurídicamente; por un lado, la universidad de la legalidad y el compromiso académico, y por el otro, la universidad ilegal, la del crimen y la de lo informal. En términos médicos, la universidad sana por un lado y la universidad gangrenada, por el otro. Esta imagen dual de la universidad es atractiva y desafiante, y, sin embargo, peligrosa y simplista al mismo tiempo; por no decir mediocre. No se sabe si más peligrosa en cuanto más simplista, o al revés. En todo caso, en vez de la reflexión crítica desde la que se yergue el espíritu universitario, invita a que se le entre con verbo y bisturí. Con verbo, como es de suponerse, para “cerrar filas” y producir los unanimismos necesarios; el mismo que nos hace evocar los estribillos de tiempos muy próximos: “los buenos somos más”. Y con bisturí, para cortar lo que haya que cortar; la parte gangrenada, por supuesto, pero también, si se puede, un poco más, “cortar por lo sano”. Mucha gente habla, dentro y fuera de la universidad, de los fantasmas setentudos que rondan sus patios interiores. Sin embargo, parece que las cruces esvásticas con sus espectros ceremoniales no faltan entre sus sombras.

En la Universidad de Antioquia quizás sea más plausible hablar de una sola universidad, ceñida a su significado literal más cercano: unidad de lo diverso. Sólo que este “diverso” se nos ha hecho cada vez más espurio e inasible. No tenemos dos, ni tres universidades, por lo menos no tantas separadas unas de otras, escindidas, paralelas; sino una, preñada de múltiples lógicas, no sólo académicas, que son las propias de la universidad, sino también políticas, sociales, culturales y económicas. No sólo legales, sino también ilegales. No sólo formales, sino también informales. No unas al lado de las otras, sino unas y otras en interacción permanente, en flujos y reflujos continuos. No unas provenientes de fuera, como los bárbaros de Roma, sino unas que recrean su propio infierno, que no es distinto al infierno de país en el que está emplazada. El pensamiento simple es eso, simplificador, mutilante. No se deja seducir por lo complejo, sino reducir lo complejo. No es vital sino mortal. En vez de discernir las formas y lógicas intrínsecas de lo complejo, para develar su riqueza y potencialidades, sus posibilidades de vida y muerte, lo simplifica: blanco o negro, nada de arco iris. Y la Universidad, por lo menos la universidad pública, quiérase o no, es un organismo social, vivo y complejo. Emplazada, además, en un organismo social vivo, quizás más complejo que ella, aunque más joven: el país republicano de doscientos años. El pensamiento simple es la raíz de todo maniqueismo, que es la forma corriente de todo tipo de fundamentalismo,

1. Cfr. Pronunciamiento del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia. Septiembre 17 de 2010.

tanto religioso como político. En vez de develar cómo lo legal se compenetra con lo ilegal y lo alimenta y viceversa; en vez de esforzarse por discernir los múltiples vasos comunicantes entre esas plurales y contradictorias lógicas dentro de la universidad, el pensamiento simple y maniqueo los separa… Habrá que reinventar el país, sin duda, pero por el momento el que tenemos históricamente está hecho de legalidades e ilegalidades, de crímenes y castigos, de guerras y de paces, de órdenes y violencias. País real y país formal no son dos países, sino uno mismo. Sin embargo, la universidad, emplazada en el país, también vive los emplazamientos en ella del país. Los vive a su manera, por supuesto, sin colapsar en su misión y naturaleza. Pero los vive. Quizás hace falta enunciar más crímenes contra la universidad que los que se enuncian, quizás no es sólo la venta de alucinógenos, ni los “tropeles” de los encapuchados, ni las ventas informales. La lista podría extenderse. Pero no es el caso ser exhaustivos. Porque, por ejemplo, ¿por qué no considerar criminal, en un país formalmente democrático, que su universidad pública no lo sea? ¿por qué no juzgar criminal que a la universidad no se le atienda presupuestalmente como debería ser atendida, tal y como lo autoriza la Constitución y la ley, o que su misión se disloque cada vez más en función del mercado (grande y pequeño, formal e informal), o que cada vez más jóvenes queden excluidos de su acceso o que los muchos que ya están adentro deban dedicarse al azaroso rebusque menor para sobrevivir en la universidad? O, ¿por qué no considerar criminal que sobre la universidad penda la amenaza permanente de invasión de la fuerza pública en sus predios cada vez que el Presidente del CSU, pretextando cualquier “perturbación del orden público”, así lo determine? Esto

para no hablar de menudencias. Como, por ejemplo, las otras posibles criminalidades contra la ética de lo público asociadas a la corrupción y el clientelismo que imperan en algunas de sus dependencias. La universidad no tiene que ser como el país, por supuesto. Pero parece esforzarse cada vez más en parecérsele. El desafío universitario verdaderamente académico consiste en develar la manera en que estas múltiples lógicas que la habitan y la recorren interactúan, se compenetran, se coadyuvan o conflictúan. Que intente responder por qué y cómo la universidad formal ha secretado la universidad informal, la ilegal, la de la violencia. Por qué y cómo la secreción que produce esta universidad formal ha terminado por producir cuerpos y prácticas extraños que la desdibujan. Por qué y cómo, hoy, tenemos la universidad que tenemos. Mientras ese desafío no sea asumido con firmeza, inteligencia e imaginación, difícilmente se podrá afrontar exitosamente el otro, el de cómo superar las lógicas espurias, no universitarias en la universidad. Desde luego, no se trata de hacer alarde de la ilegalidad, ni que estas ilegalidades no deban ser erradicadas de la universidad. Pero tampoco se trata, como en el país, de convertir ciertas ilegalidades en pretexto para estigmatizar movimientos y suprimir derechos. Quizás hacen falta imaginación reflexiva y, por supuesto, más tropeles. Aunque pensándolo mejor, no sólo más, sino mejores tropeles. No esas caricaturas de tropeles a los que rutinariamente nos tienen acostumbrados los “encapuchados”. Sino aquellos movilizados por la reflexión crítica, la deliberación y el compromiso ético y político con la universidad pública.

A la pregunta retadora, “¿cuál Universidad vamos a abrir después de este cierre, la primera o la segunda?”, la respuesta no es difícil. La Universidad no debe ser cerrada, porque sólo abierta, con su público deliberando, activa y

responsablemente, encontraremos las respuestas. Y solo así evitaremos también, que verbo y bisturí se fundan en un solo ritual: la muerte del pensamiento crítico, que es pensamiento creador, la vida misma de la universidad.

5. De hechos y provocaciones para un pacto universitario

Omar Alonso Urán Arenas Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Algunos estudiantes encapuchados gustan de tirar piedras y petardos; escuadrones de policías antidisturbios (Esmad) disfrutan de cada acto, para ello fueron entrenados, constituye parte de su salario. Varias veces ha pasado que la policía no llega y los capuchos –frustrados se quedan sin dar rienda a su adolescente sobredosis de testosterona que mezclada con adrenalina, es la misma substancia que inunda el juvenil y macho– cuerpo de los Esmad que los enfrenta. Por un lado, el estruendoso y anónimo acto busca vestirse de político, por el otro lado la estrepitosa y química represión busca legitimarse en el orden público; mas lo cierto es que cada vez más se trata de un extraño ritual de iniciación juvenil, en el cual los objetivos políticos no pasan de ser enunciados generales, poco claros y nada alcanzables por dichos medio; y la defensa del orden público no hace más que dificultar la vida privada, de una mayoría de estudiantes, profesores, empleados y transeúntes que poco hacen por lo público, a no ser de usufructuarlo. Por eso esa confrontación ritual, que revestida de defensa de lo público y que acaece en el espacio físico público, tiene más de privado que de público, porque la mayoría de la llamada comunidad universitaria se ha tomado en serio el pensar-decir-hacer al respecto, dejando que un pequeño grupo la represente hacia el

mundo externo, así como tampoco las fuerzas políticas que gobiernan la ciudad (o pretenden gobernarla) y orientan la policía y su Esmad se han tomado el esfuerzo de pensar-diseñar mecanismo de control social menos violentos y menos destructivos, tanto de la infraestructura colectiva como de la confianza ciudadana en la fuerza pública, mecanismos que obedezcan más a la inteligencia democrática, que sitúen el problema en sus reales dimensiones y obedezcan menos a los ataques impulsivos que de conjunto toman a la universidad como arena o campo de entrenamiento en el cual liberar la testosterona no gastada en otras lides de la vida. Ya, desde adentro de la Universidad, es menester aclarar que los llamados capuchos, fuera de no representar ni con su discurso ni con su acción el grueso de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores, sirven de pretexto para que otros grupúsculos y fuerzas extrañas, primero, se mimeticen con los mismos, utilizando su indumentaria típica y la relativa tolerancia folclórica que les subyace para realizar acciones abiertamente delincuenciales y, segundo, justifiquen su acción política anti-universitaria y anti-democrática equiparando todas y todos los estudiantes con los capuchos mismos y muy en especial como agentes de grupos guerrilleros, sin

que esto sea exactamente cierto, pero creando si, un clima de sospecha y zozobra que en nada facilita la actividad investigativa, la creación intelectual y la organización social que la vida universitaria demanda. Pero acabar con un ritual, con un acto casi que folclórico, no se hace simplemente mediante decreto. Se precisa de otro acto que sea capaz de movilizar la misma o más fuerza somática y simbólica que el primero. Al acto ritual del tropel universitario colombiano le subyace un momento fundador, según el cual vanguardias ilustradas de jóvenes enfrentan las pesadas maquinas de dominación de un Estado que, representando el pasado, en tanto aúna injusticia material y represión simbólica, es llamado a ser destruido. De esta manera, en su tiempo, el tropel no sólo aparece como acto clásico de insubordinación política, sino también como un acto ritual de liberación y huída estética del tiempo presente por medio de una acción de riesgo, que en tanto aproxima al individuo a la idea de la muerte lo envuelve en un tiempo eterno que desvanece la idea de lo político mismo. Tal era y ha sido la tensión y la des-gracia de la vanguardia y del tropel mismo, porque más que ser un momento de creación y de la política, era y es en lo fundamental un acto catártico de destrucción que lo aproxima al nihilismo de la guerra. Por ello las grandes fuerzas sociales y políticas han visto el tropel, y en su versión más ampliada, la insurrección, sólo como momento excepcional, porque en su lógica interna, disruptiva y catastrófica, todo orden político se desvanece. Es decir, una sociedad o comunidad política en insurrección o tropel constante es un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. Pero he allí donde emerge la cuestión central. ¿Por qué nuestra universidad pública presencia

casi que de manera continúa desde mediados de los años de 1970 surtos y ataques de tropel? Pero no sólo es la Universidad; nuestras grandes ciudades viven también desde entonces periódicos momentos de violencia y muerte, en los cuales, más que la política, para la mayoría de jóvenes prima el deseo de liberación del tiempo presente, sea mediante el consumo de narcóticos o la realización de actividades riesgosas e ilícitas que confrontan y apartan el individuo de cualquier comunidad política y lo aproximan cada vez más a comunidades efímeras de euforia y miedo, de consumo y desecho, donde la palabra en vez de ser un medio creador de lenguaje y entendimiento deviene un instrumento desnudo de narcisismo y muerte. Por eso no es extraño que en nuestro campus al lado del capucho tropelero, pero sin mezclarse, se instale el drogadicto y el traficante, incluso el sicario, el miliciano o el bandido paramilitar, unas veces vestida o vestido de estudiante, otras veces como lo demande el cargo, porque la mayoría está en su mundo particular, experimentando su escape de una realidad que si apenas puede comprender pero acepta y pervierte. Juntos pero no revueltos, puede decirse, mas lo cierto es que estas categorías-mundos que aparecen aislados o fragmentados se articulan a partir de la necesidad y la insatisfacción. Por un lado, necesidades subjetivas de reconocimiento afectivo, social y político-normativo, por otro lado insatisfacción moral y material con sus propias vidas que se traduce en ciertos comportamientos depresivos, donde se combinan actitudes eufóricas, hipomaníacas y agresivas. Es decir, todo un cuadro similar, pero más profundo, al que se enfrentaron las vanguardias estéticas y políticas en los años de 1960 y 1970, especialmente en países latinoamericanos como Colombia en el que las instituciones existentes se

abrieron poco a la comprensión, incorporación y desarrollo institucional de las nuevas realidades materiales, subjetivas y políticas urbanas, entre ellas la universidad y sus formas de gobierno. Lo cierto es que al iniciar la década de 1990, la mayor parte del llamado movimiento estudiantil se aparta de las visiones anti-estatales dominantes años atrás y de manera conjunta con otros movimientos cívicos y sociales entra a impulsar en el país una nueva visión política fundada en el Estado Social de Derecho, la descentralización territorial y la participación política ciudadana. De facto, transformaciones tan importantes como la elección popular de alcaldes, la planeación participativa, el reconocimiento político a las comunidades étnicas, la tutela y las acciones populares, entre otras, alcanzan allí su momento culmen, transformaciones que de manera paradójica y por la misma Constitución Política de 1991, artículo 69, nada tendrán que ver con la vida universitaria, dada la garantía de autonomía política y administrativa que allí se le garantiza. Autonomía que a la postre dejará a la universidad a la zaga de la mismas transformaciones políticas, jurídicas y administrativas que desde su interior se impulsan y dinamizan la vida política, la participación ciudadana y las formas de gobierno democrático en el país. El movimiento estudiantil se transformó, la acción política en la ciudad se volvió más exigente y controlada (accountable), la participación ciudadana y la planeación participativa pasaron a estar al orden día, en fin, gobernabilidad democrática y gobernanza participativa pasaron a ser conceptos más cercanos a la gente y más del uso corriente. Mas lo extraño es que la Universidad, en su estructura de gobierno, sigue estando atada a viejos conceptos y estructuras de los años de 1970, tal como de alguna manera

lo están los grupúsculos políticos que actúan encapuchados, y tal vez, por eso mismo, se ha quedado sin instrumentos claros para detectar a tiempo problemas como los de espacio público y narcotráfico que actualmente nos convocan, y mucho menos ha podido vehicular el compromiso político y la acción creativa de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores en la solución y tratamiento de los mismos. La superación de rituales del tropel anclados en el pasado, así como la superación de las anomias y problemáticas contemporáneas, pasa por reconocer también que la universidad tiene formas de gobierno y administración que, ancladas en el pasado y orientadas hacia modelos salvíficos expertistas, no reconoce ni los cambios políticos democráticos de su entorno ni la complejidad social y política de la comunidad universitaria que la integra, favoreciendo lógicas de aislamiento e incomunicación que fortalecen actitudes egoístas y centrifugas que en nada ayudan a la construcción de lo común público universitario. Nuevos rituales de ingreso, pertenencia y reafirmación a la comunidad universitaria deben ser creados. Rituales que deben empezar por ayudarnos a superar el anonimato y reconocernos como empleados, estudiantes y docentes de facultades, escuelas e institutos, con necesidades y potencialidades específicas. Rituales que, a su vez procedimientos democráticos, nos garanticen a todos y todas no sólo una identificación sino también un reconocimiento, una identidad universitaria. Rituales democráticos institucionalizados, momentos de encuentro y trabajo entre administradores y trabajadores (docentes, investigadores, empleados) que hagan posible el planteamiento, discusión y mejoramiento del

diseño de las políticas universitarias, evitando que éstas aparezcan como improvisadas o impuestas. Rituales que han de integrar la ciencia, la cultura y la política como totalidad en movimiento de la civilización a la cual aspiramos y decimos pertenecer. Rituales que deben ayudarnos a llenar de coraje y valor civil para enfrentar con responsabilidad individual y colectiva los problemas de tráfico, espacio público, delincuencia y tropelismo que hoy enfrentamos, pero que también nos deben ayudar a poner de acuerdo sobre temas estratégicos en defensa de la universidad pública, así como a enfrentar con claras reglas de juego, decoro y

respeto los momentos en que diverjamos como individuos o estamentos sobre temas políticos o administrativos. En fin, y antes de cualquier ritual, debemos tener un acuerdo previo que garantice cualquier pacto y nuestra pervivencia como comunidad académica, política y social, y este acuerdo no es otro que, siguiendo a A. Honneth, el del reconocimiento reciproco del otro (y de cada uno de nosotros) en su dignidad, identidad y autonomía moral; lo que implica evitar al máximo el maltrato físico, la desvalorización social y la privación de derechos de ciudadanía como medios o instrumentos de relación afectiva, social o política.

6. Pensar en la crisis y desde la crisis de la UdeA Marco Antonio Vélez Vélez Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

El origen griego de la palabra ‘crisis’ connota la idea de decisión. Las crisis son, igualmente, momentos privilegiados que aprovechados pueden conducir hacia adelante a las personas y a las organizaciones. La Universidad de Antioquia, atraviesa una de esas situaciones que convocan posibilidades de reorganización y grandes decisiones. No basta hablar de caos y anarquía o de catástrofe, como algunos lo sugieren. Aun en medio del aparente caos debemos visualizar los elementos de reorganización de la Institución. Recientes diagnósticos buscaban situar la complejidad en la Universidad. Esta se configura en perspectiva multiversa. Un campo pluralista de concepciones, formas de vida y definiciones de la realidad. El asunto es cómo ellas llegan a coexistir en un espacio común sin utilizar

expresiones de confrontación violenta. El diálogo y la argumentación son la razón de ser de la vida plural en la multiversidad. Pretender reducir su diferencia y complejidad a una forma de pensamiento monolítico no deja de ser una aspiración totalitaria, cualquiera que sea ese pensamiento potencialmente unificador. Por ello urge en las actuales circunstancias de cierre –hablar de suspensión de actividades no deja de ser un eufemismo después de casi dos semanas de parálisis– un Pacto Colectivo que, recogiendo lo diverso, aune las voluntades de los estamentos universitarios y de todos aquellos que ven en la Universidad un patrimonio cultural indeclinable de la Región, para establecer unos mínimos acuerdos de convivencia.

El Pacto de Convivencia sobre mínimos debe dejar en claro: 1) Considerar la TIP (Tarjeta Integrada Personal) como referente de identificación universal –es decir que incluya a todos a quienes deben incluir– para el acceso a la UdeA, corrigiendo errores ya detectados: la negación de servicios a la comunidad y recorte de los mismos a los estudiantes. 2) La exclusión de todo tipo de violencia del campus: evitando provocaciones e incitaciones al desafuero de la confrontación que pudiera generar un cierre más amplio en el tiempo, para propósitos no muy claros de reestructuración. 3) Resolución con medidas de bienestar universitario del tema de las ventas ambulantes: el país y la ciudad son lugares de existencia de la informalidad económica, de economías sumergidas de comercio por fuera de la legalidad; en la UdeA esto debe superarse por la vía de becas, restaurante estudiantil, monitorías, subsidio para el transporte y demás medidas de bienestar. 4) Prevención del consumo de sicoactivos: entender que la oferta se nutre de una demanda ampliada; la reducción de la demanda dependerá de programas pensados desde las ciencias de la salud y las ciencias sociales; el microtráfico está asociado a las dinámicas de un mercado global de las drogas, lo que no legitima su presencia a ojos vistas en el campus. La Zona Deportiva debe ser objeto de acciones pedagógicas y culturales. La figura de un Defensor de los Derechos de los Universitarios (ombudsman) es de gran

importancia en la actual coyuntura, dada la anunciada omnipresencia de la fuerza pública – que recordemos vulnera la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Nacional– se hace perentorio el respeto de los derechos constitucionales y las garantías legales de los estamentos universitarios. Al Defensor de Derechos Universitarios se le articularán el Observatorio de los Derechos Humanos y la construcción de un Manual de Convivencia como complemento del Reglamento Estudiantil. Configurar el campus como un espacio garantista, de convivencia, de civilidad y no simplemente como un universo cerrado controlado por la figura orwelliana del Gran Hermano. Un panoptismo desaforado se puede cernir como riesgo, de solución expeditiva, de la problemática actual. Ninguna forma de violencia está acorde con la multiversidad de la que hablé antes. Aquellos actores universitarios que hacen de la violencia una excusa para realizar la crítica del sistema existente deben entender que hoy los argumentos y las vías de la negociación y la conciliación son más importantes para resolver diferendos que la nuda confrontación por la confrontación. Y en las actuales condiciones pueden ser más un pretexto para vulnerar desde el Estado y sus fuerzas, la autonomía universitaria. Es claro que el acto violento como propaganda terminó deslegitimado. Las tomas y las explosiones recurrentes, el bloqueo de las clases producen menos un efecto de politización que de desgaste de unos procedimientos vistos como obsoletos, ritualizados y poco imaginativos. En este contexto, pues, de crisis, al que aludíamos al comienzo de este artículo, las fuerzas pro-pacto deben propiciar un camino reorganizador para la vida universitaria. Del desorden y aparente caos

emergerá la reorganización si hay voluntades dispuestas a darle contenido contractual, moral, ético y político al Pacto de Convivencia. Las mentalidades extra-pacto seguramente pugnarán por vulnerarlo, pero allí estará la fortaleza de quienes desde lo ético y la voluntad política sostienen las bases de dicho contrato. Y si el caso que se dé vía libre a una consulta, como se viene sugiriendo desde la Comisión Política del Consejo Académico, la misma no debe buscar sólo relegitimar a las autoridades administrativas de la Universidad. Debe girar en torno a los mínimos invocados para la convivencia. ¿Quiénes pactan? Pregunta obligada. Es obvio que aquellos que comprometen su voluntad con las condiciones mínimas de convivencia. Los estamentos y sus organizaciones dispuestos a asumir dichas condiciones. No todo es contractual en los contratos sociales. Es allí donde entra la voluntad política.

una pedagogía de la autorregulación, para evitar formas de provocación que den al traste con el reinicio de actividades. Se trata de una forma de responsabilidad política nutrida por una voz articulada que haga sentir sus propuestas para el actual momento de la Universidad.

A otro nivel, es de vital importancia el poder escuchar a los estamentos, en especial a los estudiantes: alma, cuerpo, nervio y razón de ser de la Universidad. La Institución vacía, sin ellos, convocará para algunos un supuesto aire de armonía, pero la paz así lograda se parece más a la paz de la inercia. Es un lugar para asepsias mediocres. Los estudiantes, sus organizaciones, su expresión política, son soporte esencial de cualquier acuerdo que vaya en pro de la reapertura en el plazo más breve posible de la UdeA, se los debe incluir como voz organizada y como masa que habita el día a día de la Universidad. Es pertinente posibilitar

Es el momento para construir consensos que permitan superar la crisis y generar espacios de diálogo para reabrir con perspectivas de sostenibilidad la UdeA; es la hora de definir a qué universidad le apostamos para los próximos años. Luego de la reestructuración de los 80 surgió la universidad de los grupos de investigación y modernizada comunicativamente, hoy, estamos en mora de avanzar y de pensar una universidad para el nuevo siglo. No se trata sólo de vigilar y castigar, es necesario producir nuevo conocimiento sobre los contextos y entornos universitarios y propiciar salidas más imaginativas. Más razonables y no violentas; más contractuales y menos basadas en soluciones de facto; más consensuadas y menos impositivas. Pero para pensar todo esto se requiere una universidad abierta y dedicada a sus funciones misionales.

Transformar estructuras normativas –Estatuto General, Estatuto Profesoral, Reglamento Estudiantil– urge en el corto y mediano plazo. Este reconocimiento lo ha hecho el propio Rector y el CSU. Pero, el logro transformador depende de una universidad abierta y en pleno funcionamiento. Y los principios de los recambios normativos tendrán que estar orientado por ejes como: la participación democrática y pluralista, la defensa de la universidad pública y su autonomía, las garantías de los derechos de los estamentos, la financiación adecuada, la inclusión plena en la vida universitaria.

7. Por el pacto de democracia, convivencia y participación John Jairo Zapata Vasco Departamento de Pedagogía Facultad de educación

Por una mesa de diálogo y conversaciones alrededor del conflicto integrada por todos los estamentos de la comunidad educativa y la conformación de comités de convivencia en cada unidad académica de la Universidad. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La participación y la democracia aparecen como principios constitutivos de la organización del Estado y como parte de su nueva identidad, los principios se traducen en el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes ciudadanos. La educación es derecho humano y bien público de impacto social. Cuando se piensa en la Universidad, se asocia al quehacer universitario con la formación de profesionales. Sin embargo, a pesar de que desde el discurso retórico se habla de la importancia de la formación integral de los estudiantes, en la práctica académica esto no se hace evidente. De la formación de la persona se sigue la del ciudadano para llegar a la formación del profesional. Frente al gran reto de la convivencia y participación a que nos ha convocado la Constitución Nacional, se propone buscar aquellos espacios

diferentes al aula, que posibiliten; primero, poder mirarnos a nosotros mismos como comunidad educativa, segundo, reconocer los espacios que tiene la academia y el campus universitario que nos permitan el diálogo permanente entre la comunidad universitaria entre estudiantes, profesores, directivas, padres de familia, trabajadores y empleados donde podamos interactuar como sujetos activos en la solución de nuestros problemas que demanda la convivencia en el campus universitario y que muchas veces dejamos que por nuestra indiferencia, se traduzcan en actos de violencia como son los encapuchados para el atraco a mano armada, el tráfico y el consumo sin límites de estupefacientes en las instalaciones de la unidad deportiva, los sonidos estridentes de los equipos de sonidos alrededor de las aulas, el tropel en la calle de barranquilla acompañada de gases lacrimógenos y bombas papas, entre muchas situaciones las que deben preocuparnos a toda la comunidad universitaria para emprender acciones entre todos que nos permitan la convivencia y la participación hacia una cultura ciudadana por el respeto y el reconocimiento de convivencia y la participación entre nuestras diferencias no solo en equidad y genero . Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del cual ella debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de

nuestros países, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad. Entendiendo la comunidad educativa, como aquella que la integran padres de familia, estudiantes, profesores, egresados, directivas, nos preguntamos por su participación y, convivencia en el campus universitario. El sistema educativo colombiano debe integrarse alrededor de la formación en competencias ciudadanas desde el preescolar hasta la Universidad, para formar un ciudadano participativo, respetuoso de los derechos de los demás, con criterios claros de respeto a la diferencia no solo de género, también de raza o color político es un reto actual de la educación en Colombia. La formación en competencias ciudadanas que hoy se imparten en la educación dejan muchos interrogantes, cuando se deja a criterio sólo de los profesores del área de sociales o en la elección del personero estudiantil en la educación básica o de representantes estudiantiles en las universidades, como mediadores en el conflicto y respeto por los derechos estudiantiles; igual ocurre con los padres de familia y la sociedad en general, los medios de comunicación, el sector político y empresarial, cuando se limitan sólo a llevar a sus hijos o dotarlos de materiales o darles lo necesario para asistir a las colegios, dejando otras responsabilidades de la educación de sus progenitores. El concepto de ciudadanía se debe entender parcialmente, en términos pedagógicos, como un proceso de regulación moral y de producción cultural, dentro del cual se estructuran subjetividades particulares en torno a lo que significa el hecho de ser miembro de un Estado nacional. Por ese motivo, el concepto

de ciudadanía tiene que ser investigado y entendido como la producción y la inversión que se hace en discursos ideológicos expresados y experimentados por medio de diferentes formas de cultura de masas y en sitios particulares tales como escuelas, el lugar de trabajo y la familia. En síntesis, la formación en ciudadanía es responsabilidad que se comparte desde el hogar cuando se educa al infante a convivir, respetar al otro, reconocer sus diferencias, tener el derecho a la palabra y al diálogo en su familia podríamos decir que serían los primeros pasos y los más importantes para iniciar su formación ciudadana. Formar profesionales en competencias ciudadanas es un reto actual de las Universidades Colombianas. De allí entonces propongo un acuerdo por el PACTO DE CONVIVENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Alrededor de la conformación de una MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN alrededor de la democracia, la participación y la convivencia, acompañada de un pacto o compromiso de trabajo colectivo de la comunidad educativa a mediano plazo alrededor de una propuesta de MANUAL DE CONVIVENCIA que no pretende reemplazar al actual reglamento estudiantil y de forma inmediata acoger la propuesta presentada por la comisión de las mejores prácticas de 1998 cuando propone se constituya en cada bloque un COMITÉ DE CONVIVENCIA encargado de regular las actividades a realizarse teniendo como directriz el respeto a los intereses comunes, y agregaría que vele por la democracia, la participación y la convivencia en la Universidad. ADENDO: Recomendaciones de la Comisión de las Mejores Prácticas, acerca de la convivencia y el bienestar en la Universidad de Antioquia

“El encuentro interpersonal nos permite establecer un vínculo con quienes se interactúa, el cual debe caracterizarse por la aceptación del otro como ser humano semejante y la posibilidad de comunicación abierta de realidades y discusiones propias del diario vivir. La convivencia institucional se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de aceptación y de rechazo que cada uno perciba de los demás. Es un proceso en el cual se aplican y coordinan métodos y técnicas y recursos, para mantener y garantizar la presencia y calidad de programas, entendidos como un conjunto de actividades que se orientan en el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. El conflicto desde…. una perspectiva positiva: como un reto, la incompatibilidad de metas es un desafío, tanto intelectual como emocional, para los pares involucrados. Así el conflicto puede enfocarse como una de las fuerzas motivadoras de nuestra existencia, como una causa, un concomitante y consecuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida social, como el aire para la vida humana.

Dentro de las acciones de la Universidad (campaña “Cuida tu Alma”, decide con argumentos, también somos blanco, acto simbólico por la vida, los universitarios encenderemos una luz por la libertad, entre otras) que buscan mejorar la convivencia, encontramos los principios que rigen el sistema de bienestar universitario: universalidad, reciprocidad, integralidad y solidaridad, además de los diferentes apoyos económicos que se prestan a los estudiantes y empleados. Todas las campañas que se repensaron para mejorar la convivencia desde 2005 en la universidad buscaron el sentido de pertenencia y la solidaridad en toda la comunidad universitaria la convivencia se favorece cuando se presenta inclusión, respeto por la especificidad del individuo, proyección solidaria y sentido de pertenecía de los individuos, la comunidad universitaria: además, es fundamental el respeto por los lugares y el ambiente de trabajo.

Para mejorar la calidad de la convivencia se hace necesaria entonces una pedagogía de las relaciones, por medio de la cual cada miembro de la comunidad universitaria pueda asumir un rol participativo, a partir de su proceso personal, permitiéndose diferentes formas de pensar, sentir, actuar. En consecuencia se expresará así el auténtico pluralismo, potenciando la solución no violenta de los conflictos y viviendo los valores institucionales de universalidad, reciprocidad, integralidad, respeto y solidaridad en un ambiente de cordialidad que permita establecer acuerdos mediante una confrontación respetuosa, civilizada y racional.

2- Es necesario que todas las campañas lideradas desde la Dirección de Bienestar Universitario tengan un proceso de sistematización y monitores permanentes.

1- Cada dependencia debe intervenir las debilidades encontradas en la evaluación del clima organizacional realizada en el 2005, con el apoyo del departamento de talento humano.

3- Mejorar la actualización de las páginas Web y fortalecer su papel comunicador en la comunidad universitaria. 4- Es urgente trazar políticas institucionales para la regulación de la convivencia y no ceder a presiones de distintos grupos que se ocupan de sus objetivos y necesidades individuales y no piensan en el colectivo universitario.

5- Puesto que la solución negociada de conflictos enriquece el ser y proporciona, en la dialéctica suscitada, el desarrollo de cada uno de los participantes, se debe fomentar en toda la comunidad la participación, la conciliación, los acuerdos y el compromiso a cumplir lo acordado, ya que ello apoya uno de los principales objetivos de la Universidad, cual es la formación en valores. Además, al compartir los principios, se fortalece el desarrollo integral del individuo. 6- Direccionar los eventos que fomenten la proyección artística y cultural a los espacios apropiados, para Web su realización no interfiera en el que hacer universitario. 7- Fortalecer, dentro de las a actividades pedagógicas, la Cátedra For mación Ciudadana y Constitucional, en la cual se cuestione sobre la importancia de la norma en la sociedad y se presenten las que rigen

la sociedad colombiana, consolidando los miembros. 8- Crear un comité de convivencia en los diferentes espacios encargado de regular las actividades a realizarse, tomando en cuenta el modelo de la Universidad Nacional Autónoma de México, referido en el texto de sistematización de Buenas prácticas que la Universidad publicó en 2008. 9- A la dirección central de la Universidad le corresponde establecer unas políticas claras para la utilización del campus universitario, en las cuales debe primar el respeto por lo colectivo, por el aprendizaje y el trabajo, sin que se pierda la esencia que el espacio universitario no es de fiestas y jolgorio permanente. Estas políticas apoyarán el fortalecimiento de la gobernabilidad en su comunidad, teniendo en cuenta los derechos y deberes”.