Palabra Nro. 43

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LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Por Claustro de Derecho y Ciencias Políticas

Contenido 1.

Comunicado (6 de abril)

2.

Foro: Universidad pública, seguridad y democracia (12 de abril) 

La Universidad de Antioquia y la seguridad.

Julio González Z.

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U n i v e r s i d a d p ú b l i c a y e d u c a c i ó n s u p e r i o r. A l g u n a s inconsistencias de la (reforma a la) educación superior en Colombia

Roberth Uribe

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Derechos humanos y seguridad: ¿contradictorios o complementarios?

Max Yuri Gil Ramírez

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Seguridad y estado social de derecho

Pablo Emilio Angarita Cañas

1. COMUNICADO El Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, reunido el día de hoy y teniendo en cuenta: Que el pasado 31 de marzo las unidades del Esmad, apostadas permanentemente en las porterías de la ciudadela universitaria, irrumpieron violentamente en ella, poniendo en grave riesgo la vida, la integridad física y la salud de miles de personas que en ese momento se encontraban realizando sus actividades normales. Varias personas resultaron heridas y algunos bienes fueron dañados.

La gravedad de este episodio es inocultable, pero desafortunadamente no es un hecho aislado, pues se encadena con una situación que viene presentándose hace varios meses, cuando se tomó la funesta decisión de mantener unidades de choque de manera permanente en las instalaciones de la Universidad, lo que ha generado constantes roces entre ellas con los estudiantes, profesores y empleados. El solo hecho de mantener dicha vigilancia en la Universidad es de por sí un grave deterioro a las condiciones de funcionamiento normal de la universidad y un hecho simbólico gravemente lesivo, pues la comunidad entiende que los universitarios son un peligro para la sociedad y, por lo tanto, hay que mantenerlos cercados para neutralizar sus riesgos.

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La nula eficacia de estas medidas como garantizadoras de la seguridad y la tranquilidad en los predios universitarios es demostrable patéticamente, con los episodios del jueves 31 de marzo. Y además, contradice una política, que en términos discursivos se presenta por parte de las autoridades universitarias como una

invitación al diálogo, la confrontación racional de las ideas, la participación de todos en el diseño del destino de la Universidad; pero que en la práctica demuestra que está dispuesta a utilizar la fuerza desmedida, ante la menor dificultad.

Los acontecimientos del jueves pasado demuestran, si es que se requería una prueba adicional, que una institución académica es incompatible con la amenaza permanente del uso de la fuerza. Todos hemos repudiado el uso de la fuerza en la Universidad para cualquier propósito, pero ahora resulta que, paradójicamente, quiere hacerse aparecer como la garante de su funcionamiento.

Coincidimos con la Administración central en la necesidad de defender la Universidad Pública, pero creemos que mientras se sostengan en la Universidad de Antioquia políticas que hacen de la seguridad el único valor y en la práctica se desprecien los derechos a la libertad, a la libre expresión, se limite el acceso a la universidad y se encierre en un ghetto aislado de la sociedad y sus problemas, esa defensa de la universidad pública suena a retórica vacía.

Por todo lo anterior, el CLAUSTRO, ha decidido: 1. Suspender actividades en el día de hoy, miércoles 6 de abril, en protesta por los graves acontecimientos que ocurrieron en la Universidad de Antioquia el día 31 de marzo de 2011, que pusieron en peligro la vida, la integridad física y la salud de muchas personas, y que vulneraron importantes derechos de los miembros de la comunidad universitaria.

2. Exigimos que se aclaren a la mayor brevedad estos acontecimientos y para tal efecto demandamos de la administración de la Universidad de Antioquia una explicación clara sobre los siguientes puntos: 2.1. ¿Quién o quiénes dieron la orden para la intervención del Esmad?

2.2 ¿Por qué no se admitió la mediación pacificadora de los representantes de la Personería de Medellín?

2.3 ¿Qué hicieron las autoridades universitarias para impedir o por lo menos moderar la rudeza de la fuerza pública?

Consideramos que una respuesta seria y puntual a estas preguntas es necesaria para establecer el imprescindible diálogo que debe regir la vida universitaria, para poder superar los efectos de esta traumática jornada y, sobre todo, para evitar su repetición. Estamos seguros de que la mejor garantía de no repetición de estos episodios es el retiro inmediato del Esmad de los predios universitarios y que entre todos, como adultos, retomemos el manejo de nuestro destino.

Finalmente, convocamos a todos los estamentos de la Universidad de Antioquia, y especialmente al profesorado, a reflexionar y a hacerse partícipes en una acción conjunta por la defensa de la Universidad Pública que reivindique su verdadera naturaleza: su carácter público, controversial y participativo, con respeto por las libertades, los derechos de los demás y, sobre todo, sin violencias de ninguna clase.

Medellín, 6 de abril de 2011

N. de E.: Se transcribe a continuación la respuesta del Rector: Medellín, 14 de abril de 2011

“Tristes guerras si no es amor la empresa.

Tristes, tristes.

Tristes armas si no son las palabras.

Tristes, tristes.

Tristes hombres si no mueren de amores.

Tristes, tristes” Miguel Hernández Profesores Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia Apreciados profesores: Sea lo primero destacar las coincidencias entre el pensamiento de su Claustro y el que ha manifestado de manera constante esta administración: que la Universidad debe constituir un campo para el debate racional de ideas, y no un lugar para librar batallas campales.

Al amparo de los principios estatutarios, mi pensamiento ha sido que la esencia de la Universidad radica en la crítica, en el debate, en la producción de conocimiento, en la controversia, en la fraternidad, en el disfrute de la cultura, de la convivencia, de la tolerancia; por esta razón, la amenaza, la intimidación y la violencia son incompatibles con la Alma Máter.

Lamentablemente, muchos universitarios nos acostumbramos a vivir durante años con ciertos comportamientos, tal vez por razones políticas o filosóficas, o porque de manera pragmática nos anestesiamos frente a situaciones que desdicen de la dignidad de la Universidad.

3

En relación con las preguntas que ustedes formulan en su comunicado, se reitera que los directivos universitarios ostentan una autoridad estrictamente académico-administrativa, y que no cuentan con atribución sobre las decisiones que adopten las autoridades de policía. En particular frente a los hechos del 31 de marzo del año en curso, en ningún momento se consultó a la administración para el ingreso del Esmad, y fuimos enterados de ello por la propia comunidad universitaria, una vez esta fuerza se encontraba en predios de la ciudadela.

Ese día se hicieron presentes, dentro de la universidad, representantes de la Personería de Medellín, representantes de la Subsecretaría de Orden Civil del Gobierno Municipal, y miembros de ONG, como el Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda.

Mediante diferentes conversaciones con las autoridades gubernamentales, la administración universitaria ha sido enfática en manifestar que

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cualquier acción, que a juicio de las autoridades deba realizarse dentro de la Universidad, debe apegarse a las normas constitucionales y legales que rigen dichos procedimientos. Por nuestro carácter de servidores públicos y por la convicción civilista que acompaña nuestro actuar ciudadano y universitario, el respeto al Estado de Derecho representa un imperativo.

Comparto con ustedes la convocatoria hecha a los diferentes estamentos, que también debe extenderse a la sociedad en general, a que reflexionen y a que nos hagan partícipes de una acción en defensa de la Universidad, que reivindique su carácter público, controversial, deliberativo, participativo, con respeto por las libertades, por los derechos de los demás y, sobre todo, sin amenazas, ni violencias de ninguna clase.

Atentamente, ALBERTO URIBE CORREA Rector

2. FORO: UNIVERSIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD Y DEMOCRACIA LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Y LA SEGURIDAD Julio González Z*

Este foro y estas reflexiones son motivadas, inicialmente, por los acontecimientos del 31 de marzo del presente año, cuando la fuerza pública irrumpió de una manera masiva y violenta en las instalaciones de la Universidad de Antioquia.

Pero mi propósito con esta intervención es tratar de situar en un contexto un poco más general no sólo este episodio más reciente, sino algunos otros que han ocurrido desde hace por lo menos una década, y tratar de poner en evidencia que las respuestas que se han producido por parte de las autoridades se enlazan con unos discursos y con unas prácticas que fueron construidos y ensayadas inicialmente en otra parte, pero que por una lógica que llamaría la pérdida de la autonomía universitaria consensuada, explican lo que nos está ocurriendo en la Universidad de Antioquia y posiblemente en otras universidades públicas.

Desde la década de los noventa, por lo menos, ha hecho carrera en el campo de la criminología y de la política criminal un discurso que tiende a confundir las conductas criminales con las conductas incivilizadas. De esta manera se considera que deben ser perseguidas de la misma manera, conductas como los hurtos callejeros, la venta y consumo de estupefacientes, las reuniones tumultuosas, arrojar basuras en sitios no adecuados, orinarse en las aceras, beber licor en

las calles, las ventas ambulantes y el ofrecimiento de servicios sexuales no regulados. Como lo han documentado varios autores1, estas políticas se enfocan en el control de ciertos grupos más vulnerables, como los inmigrantes (especialmente en Europa) y los más pobres y los jóvenes, en los otros países.

La respuesta que se le pretende dar al delito y las incivilidades se conoce con el nombre de prevención situacional y se operabiliza a partir de dos técnicas importantes: las ventanas rotas y la tolerancia cero.

La prevención situacional hay que situarla, por un lado, cerca de ciertos populismos para tratar problemas sociales, y por otro, como una gran demanda de eficientismo en las medidas que se formulan. Se supone que hay una respuesta obvia y compartida para los problemas que existen (por eso a veces se hacen plebiscitos para pretender legitimar las decisiones que se adoptan) y que esos problemas no exigen ninguna explicación, o bien porque todos los padecemos, o bien porque las respuestas que se les dan son de sentido común.

La lógica de la prevención situacional se inscribe más o menos dentro de estos parámetros:

*

Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.

1

Ver entre otros: Larrauri Pijoán, Elena. “Ayuntamiento de izquierdas y control del delito”. Conferencia de Clausura del IV Congreso Español de Criminología. WWW. INDRET.COM. Revista para el Análisis del Derecho.

Consultada en septiembre de 2011.

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Hoy interesa más, pues, prevenir el crimen e intervenir en el mismo, que elaborar nuevos expedientes teóricos explicativos del comportamiento delincuencial. […], la sociedad exige hoy a sus políticos e instituciones un control del delito eficaz, con resultados a corto plazo, que evidencien la rentabilidad de los recursos públicos e inversiones destinadas a tal fin. Los programas de prevención primaria concitan escaso entusiasmo porque nadie apuesta por intervenciones altruístas a medio y largo plazo cuyos éxitos, difíciles de evaluar, cosecharán en cualquier caso otros. Es lógico, por tanto, optar por estrategias abreviadas de prevención que, por contar con un sólido apoyo estadístico (alta selectividad temporal, espacial y situacional del crimen) aseguran, al menos, a corto plazo los rendimientos deseados2.

Esas técnicas de control sobre la delincuencia y las incivilidades tienen la ventaja de ser de muy fácil comprensión; más que ideas parecen simplemente eslóganes, rápidamente asimilables.

“No toleraremos desórdenes”, “no toleraremos encapuchados”, “cero tolerancia con las drogas”, etc. Son consignas que nacen desde el sentido común y aglutinan fácilmente grupos sociales previamente atemorizados por la delincuencia y, sobre todo, por una sensación de inseguridad, debidamente manipulada por los medios de comunicación y aprovechada por los políticos.

Florecen en un clima político y social, en el cual

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el miedo al delito parece un problema más serio, inclusive, que el mismo delito.

Ejemplos de estos discursos y de estas prácticas, se pueden documentar, en la Universidad de Antioquia, desde hace más de una década. En noviembre de 2001, a raíz de la muerte de los estudiantes David Santiago Jaramillo Urrego y Juan Manuel Jiménez Escobar en el bloque cinco de la ciudad universitaria, la administración ordenó desalojar los venteros ambulantes, limpiar los grafitis de muros y paredes y se habló por primera vez de instalar dispositivos electrónicos en las puertas de acceso a la Universidad.

El año de 2005 fue pródigo en este tipo de reacciones: “Para muchos habitantes de la facultad de artes es muy difícil estudiar y trabajar en un recinto […] con un grupo de personas que generan temor. ... solicitamos ampliar y fortalecer el diálogo institucional e interinstitucional […]

La comunidad universitaria no quiere muertos en el recinto3. “Como comprenderán esta situación está dando señales de alerta frente al peligro que corremos todos”4.

Bastante significativo resulta el comunicado del Consejo de la Facultad de Medicina; por un lado, afirma que “comprende que el abuso de sustancias psicoactivas puede ser expresión de una problemática social que aún nuestras instituciones y la sociedad en general no han dilucidado suficientemente y hacia la cual debemos orientar nuestros esfuerzos para

2

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de criminología. (Introducción. Modelos teóricos explicativos de la criminalidad. Prevención del delito. Sistemas de respuesta al crimen), Óp. Cit. pág. 893.

3

Carta de los profesores de la Facultad de Artes al Rector de la Universidad de Antioquia, el 29 de septiembre de 2005.

4

Carta de padres de familia, docentes y alumnos de Extensión de de la Facultad de Artes al Departamento de Vigilancia de la Universidad de Antioquia, el 1 de octubre de 2005.

encontrar una respuesta integral que supere el tratamiento coyuntural”5, pero seguidamente afirma: “También entiende que el desarrollo del proyecto universitario no es compatible con estas prácticas…”6. Es decir, primero actuamos y después intentamos comprender.

Estas técnicas de control sobre las personas y esos discursos sobre la incivilidades, insisto, tienen en común que surgen en un momento en el cual hay una renuncia explícita a tratar de entender los fenómenos que subyacen a los problemas que se trata de resolver. Se parte del supuesto de que la delincuencia y la incivilidad son respuestas de sujetos racionales, que han calibrado adecuadamente los beneficios y los costos de esas acciones y que por lo tanto si aducen algún discurso reivindicativo o contestatario, es para encubrir sus verdaderos intereses, que se asume que son antisociales y en todo caso, egoístas, y por lo tanto, su discurso solo opera como pretexto encubridor. Quien pretenda oír ese discurso es inmediatamente tachado como un anacrónico, que no ha podido sintonizarse con los cambios que han ocurrido en el mundo y se le invita a recordar que la década de los setenta ya se ha terminado.

El supuesto implícito es que el combate contra la delincuencia no tiene porqué involucrar consideraciones acerca de las desigualdades sociales, la exclusión o las condiciones materiales

en las que vive gran parte de la población, sino un problema que se puede resolver mediante mayores controles sociales y mayor eficiencia en la aplicación de la ley penal7. “La respuesta no se encontraría, por tanto, en la pobreza, ni en la desigualdad e injusta distribución de la riqueza, sino en las inmejorables oportunidades para delinquir con éxito que deparan la organización social, el estilo de vida y las actividades cotidianas de la sociedad postindustrial”8.

Veamos con algún detalle estos instrumentos de la prevención situacional. Con las técnicas de las ventanas rotas, no se busca ni se pretende ninguna explicación, sino un control eficiente, según lo dicen James Q. Wilson y George Kelling (1992).

Según estos autores, existe al menos una fuerte probabilidad de que los signos de desorden de un área –como ventanas rotas, viviendas abandonadas, basura, graffiti– incidan de manera negativa en los sutiles e informales procesos por lo que las comunidades normalmente mantienen el control social. Por ejemplo, cuando los signos de desorden prevalecen en un área, los residentes pueden replegarse sobre sus propias viviendas, rechazando toda responsabilidad por lo que sucede en los espacios públicos. Mientras tanto, la

5

Comunicado del 12 de octubre de 2005.

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Ibídem.

7

“Por ello la fórmula para intervenir eficazmente en el fenómeno delictivo no será paliar la marginación o la exclusión social sino incrementar el rendimiento y la efectividad del control social.” GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de criminología. (Introducción. Modelos teóricos explicativos de la criminalidad.

Prevención del delito. Sistemas de respuesta al crimen), Op. Cit. pág. 664.

8

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de criminología. (Introducción. Modelos teóricos explicativos de la criminalidad. Prevención del delito. Sistemas de respuesta al crimen), Op. Cit. pág. 271-272.

7

creciente dilapidación del espacio público justifica actos delictivos como el robo, el vandalismo o ambos, y actúa como una invitación para que las personas dedicadas a actividades comerciales o semicomerciales ilegales (drogas, prostitución, etc.) acudan a “hacer negocios” en el área9.

Substancialmente, esto significa que la policía debe reprimir aquellos comportamientos que, aun no constituyendo propiamente un delito, resultan sin embargo molestos, fastidiosos y ofrecen al ciudadano una imagen degradada de la ciudad: los graffiti urbanos, el pedido agresivo de limosna, la insistencia de quienes lavan los cristales de los vehículos en los semáforos, la prostitución callejera, la embriaguez en lugares públicos, la presencia de sin techo en las calles y demás situaciones similares10.

Por su lado,

Zero tolerance es, en realidad, algo que resulta difícil de definir: es más una nueva retórica política, casi una tendencia subcultural o una filosofía popular, que una estrategia específica de política criminal. Zero Tolerance sólo es en parte una estrategia de seguridad urbana. La historia misma de la expresión lo demuestra: a partir de 1990, en lo tocante al contexto norteamericano (pero rápidamente también en Europa) se comenzó a hablar de zero tolerance como si se tratase de una fórmula capaz de materializar, por

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el sólo hecho ser pronunciada, soluciones inmediatas para problemas muy diversos entre sí. De la droga a la microcriminalidad, a la pedofilia, al abandono y al fracaso escolar: zero tolerance va bien para todo11.

Si he traído a colación estas breves nociones sobre dos de las técnicas de la prevención situacional (las ventanas rotas y la tolerancia cero) es porque tienen alguna capacidad descriptiva que nos permiten entender lo que está pasando en la Universidad de Antioquia, especialmente en los últimos meses.

Esas técnicas de control, que han sido formuladas para controlar a la población en las grandes ciudades, ha sido traslada, casi literalmente, a un espacio como el universitario. ¿A qué puede deberse eso?

La hipótesis que quisiera formular, nuevamente, es la siguiente: estas técnicas de control han sido acogidas en la Universidad de Antioquia, porque ésta ha venido siendo repensada como una empresa sujeta por lo tanto a la lógica del mercado, y guiada por indicadores de eficiencia y de eficacia que son repelentes a cualquier distracción en sus tiempos y en sus recursos.

Una universidad que se asume como una empresa no puede tolerar el menor tropel, el menor desorden, porque eso afecta profundamente su competitividad. Como lo he escrito en otra parte: La universidad empezó a hablar del mercado y a seguir sus reglas. Lo cualitativo fue reemplazado

9

BOTTOMS, Anthony E., Wiles, Paul. “Criminología ambiental” en: MAGUIRE, Mike, MORGAN, Rod, REINER, Robert, En Manual de Criminología. Trad. Arturo Aparicio Vázquez. Oxford University Press. México, 1994. pág.466.

10

DE GIORGI, Alessandro, Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control. Trad. Iñaqui Rivera Beiras y Marta Manclús Masó, Barcelona, Editorial Virus, 2005.

11

Ibídem, pág. 156.

por lo cuantitativo: los objetivos deben formularse en términos medibles, cuantificables, priorizables, reflejados en indicativos y logros que permitan su fácil comparación. Las acciones deben expresarse de tal manera que cualquiera las pueda controlar en cualquier momento y para cualquier efecto. Aquí, como afuera, es necesario producir, producir y producir y la comparación nos da una identidad en términos de un torneo deportivo; la competitividad se convirtió en un valor y entonces lo más importantes es el puesto que ocupemos en el concierto nacional e internacional12.

Esto ha traído como consecuencia que hoy en día no hablemos de una universidad sino de varias, de acuerdo con su inserción en el mercado: una de pregrado, problemática, desordenada, caótica; una de investigación, mostrable, competitiva, rentable; otra de los posgrados, alojada en gran parte fuera del campus universitario, para poder satisfacer adecuadamente los derechos de sus “clientes”, que pagan matrículas a precios de mercado. Otra en las regiones, con sus propias reglas y su propia dinámica. Inclusive, los programas de pregrado tienen claras diferencias, si están situados en la ciudad universitaria o por fuera de ella.

Como decía, la prevención situacional intenta resolver problemas, sin siquiera hacer el intento de comprenderlos. Actúa sobre sus manifestaciones más inmediatas y por eso no tiene dificultad

en asimilar el consumidor de drogas con el narcotraficante; el estudiante revoltoso con el terrorista, el crítico con el subversivo.

A pesar de que estas técnicas de control son instrumentos despojados casi de cualquier ropaje teórico, están muy lejos de ser neutrales: llevan implícita una enorme carga ideológica, política y cultural: La obsesiva proliferación de técnicas situacionales de prevención evocan la imagen de una cultura orwelliana. Las ciudades se convierten en fortalezas, las viviendas en fortines y guaridas seguras. La ideología de la seguridad altera nuestros estilos de vida e impone prácticas insolidarias. La prevención del crimen adquiere connotaciones estrictamente policiales, defensistas, frente al enemigo común, impulsando estereotipos perversos del infractor y estados de opinión exacerbados que retroalimentan victoriosas cruzadas contra el delito pletóricas de rigor y desmesura”13. Y “Finalmente, desde un punto de vista ético, ideológico y político criminal se cuestiona, también, la legitimidad de la llamada prevención situacional. Porque sus técnicas y estrategias son muy invasivas, afectan a terceros ajenos a la génesis del riesgo o peligro, poseen una inmanente tendencia expansiva proclive a toda suerte de excesos y se resisten al control y límites externos14.

12

Ponencia presentada en el programa Cátedra Pública de Rectoría de la Universidad de Antioquia en el Foro “Un día para pensar la Universidad: ¿Tiene futuro ético-político la universidad?”, realizado el 4 de agosto de 2010.

13

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de criminología. (Introducción. Modelos teóricos explicativos de la criminalidad. Prevención del delito. Sistemas de respuesta al crimen), 2ª ed., Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 2ª. Edición, pág. 909.

14

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio.Tratado de criminología. (Introducción. Modelos teóricos explicativos de la criminalidad. Prevención del delito. Sistemas de respuesta al crimen), 2ª ed., Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 2ª. Edición, pág. 908.

9

Probablemente muchos de ustedes han venido esperando no sólo este provisional diagnóstico de la situación, sino unas propuestas para encarar el futuro. Sobre ellas, es aún más poco lo que les puedo decir, pero creo que por lo menos debemos tomar unas cuantas precauciones frente a estos problemas.

Las respuestas emotivas, comunitarias e instintivas, contra la inseguridad, pueden generar mucha más inseguridad que la que se pretende contrarrestar.

Mucho más perjudicial que una percepción generalizada de inseguridad o, inclusive, que una situación objetivamente constatable de la misma puede resultar el hecho de que emotivamente se convierta el tema de la inseguridad en una bandera moralista, con la cual necesariamente, se erige una línea de separación clara entre los buenos, por un lado, y los insensatos, los irracionales y los criminales por otro. Nuestra historia está repleta de ejemplos, lejanos y

cercanos, que ilustran las funestas consecuencias de trazar estas líneas divisorias.

A manera de conclusión, diría que es muy difícil que cuando la Universidad es mirada como una empresa –como lo venimos haciendo desde la Universidad de Antioquia hace tantos años– y mucho más ahora que el gobierno nacional pretende invitar al sector privado a que invierta y se lucre de la universidad, cualquier desorden, por insignificante que sea, sea respondido de la misma manera que ha venido haciéndose. El ánimo de lucro no permite que el tiempo que se paga se dilapide en actividades “improductivas”.

Y, seguramente, esa confusión entre universidad y empresa es la que nos puede llevar a exclamar, como la heroína de Europa 51, cuando ve a unos obreros: “Me pareció ver a unos condenados...”15.

Medellín, abril 12 de 2011.

15 Tomado de: DELEUZE, Gilles: “Posdata sobre las sociedades de control”. Consultado el 2 de julio de 2010: http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu1_Conversaciones_Deleuze.pdf.

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UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR. ALGUNAS INCONSISTENCIAS DE LA (REFORMA A LA) EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA Roberth Uribe*

¿La humanidad percibe como urgente que el modelo de universidad está en crisis?

— Irónicamente no. La ignorancia no está en crisis. Los seis mil millones de habitantes de este planeta se enrumban hacia un abismo y están como en el Titanic, bailan en una habitación divinamente mientras el barco se hunde. Si seguimos así, pasarán siglos y siglos y no ocurrirá nada.

Rigoberto Lanz1 Introducción Después de varios gobiernos durante los cuales se ha consolidado el menoscabo de los sistemas de salud y de pensiones, por el lado del “derecho” a la seguridad social, parece que corresponde ahora al del presidente Santos el respectivo ajuste de cuentas con el sistema de educación superior, para no desentonar con el “derecho” a la educación, en lo que tiene que ver con el sistemático desmonte gubernamental del precario Estado social de derecho que comenzó a gestarse con la expedición de la Constitución de 1991, que ha venido siendo realizado por los distintos poderes públicos, especialmente el ejecutivo y el legislativo, durante los últimos veinte años.

En este texto voy a realizar algunas reflexiones referidas a los conceptos de ‘universidad pública’ y de ‘educación superior’, con miras a identificar algunos problemas de consistencia del reciente proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, desde la perspectiva de plantear algunas inconsistencias de dicha reforma, en términos de su inidoneidad política y ético-pública para contribuir a la consolidación del modelo de Estado social y democrático de derecho, así como para servir de instrumento de una política pública de educación superior que sea progresista y generadora de desarrollo.

La contracara de estas medidas no es otra que la sostenibilidad, por demás en alza, del presupuesto de la seguridad interior, o sea, de la guerra, que desde luego pasa su cuenta de cobros a los restantes aspectos de la política social que tienen más relación con un proyecto político-constitucional como el del Estado social de derecho: la educación y la seguridad social.

1. Sobre el concepto de universidad pública

 1

La universidad constituye un patrimonio cultural de las sociedades occidentales, con mayor razón en la contemporaneidad. Uno de los principales activos de este patrimonio cultural de la universidad, a partir de la Modernidad, está representado en la capacidad

Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.

Cfr. Entrevista del 7 de enero de 2011, consultada el 4 de abril de 2011 en el link (http://www.agenciadenoticias. luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=1923&Itemid=176).

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de servir como instrumento de emancipación de los universitarios y de los ciudadanos.

1.2. El predicado de ‘publica’: lo público de la universidad

En efecto, la misión por excelencia de la universidad, el conocimiento, es una expresión del tránsito de la ‘universitas’ a la ‘universidad’ como forma de democratizar y desclericalizar el conocimiento: en la Edad Media el acceso a las universidades estaba reservado para el clero y precisamente las disciplinas clericales (la teología, la medicina, el derecho) concentraban, como facultades mayores, los estudios universitarios; la filosofía daba lugar a la Facultad Menor. Con la Modernidad, pero especialmente con la revolución científica del siglo XIX, las facultades se desligaron de esta estructura y comenzó a gestarse la concepción de la universidad como agremiación de ciudadanos y de facultades, en la que concurría todo tipo de universitarios y cabían nuevas disciplinas, ya no exclusivamente las clericales.

Lo público como predicado de la universidad puede referirse a dos ámbitos de análisis: frente a las esferas de la cultura y la socialidad humanas y frente a un tipo de bienes.

1.1. Características de la universidad Desde sus orígenes y reforzadamente en los tiempos modernos, la universidad se caracteriza por las notas de corporatividad, universalidad, cientificidad y autonomía. Es corporativa la universidad por el Collegium con el que se inició y que implica una agremiación con subagremiaciones estamentarias: de profesores, de estudiantes y de empleados. Es universal porque su vocación es un saber con pretensiones de validez y reconocimiento en cualquier ámbito del mundo; es científica por la propensión hacia el conocimiento, a la episteme, que en latín se traducía como Scientia; y es autónoma en una doble dimensión: en cuanto a las Ars o disciplinas que dan origen a las distintas facultades y en cuanto a la competencia jurídica para autogobernarse. Por todo ello a la universidad se le reputa Alma Máter, madre que nutre, que alimenta a través del saber.

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En cuanto a lo primero, ya desde Kant se categorizó el uso público de la razón. La razón pública como una cuestión de interés colectivo, diferente de los intereses privados y de los propiamente estatales, se sitúa como un ámbito social entre los dos anteriores, al que podemos designar como ‘sociedad civil’. A este ámbito le interesa, ante todo, especialmente a partir de la segunda posguerra contemporánea, la contribución de la universidad a la eficacia de los derechos humanos; la consolidación de la cultura de los derechos.

En cuanto a lo segundo, es decir, a lo público como referencia a un tipo de bienes, un bien es público de acuerdo a su capacidad de generar beneficios a un número indeterminado o amplio de sujetos y/o comunidades. Por tal razón, el conocimiento es un bien público. De allí que el carácter público de la universidad se refiere al carácter público del conocimiento como bien social y cultural que en ella se despliega.

En otras palabras, el carácter público de una universidad, aunque tiene relación, no se reduce a su carácter estatal: la financiación con dineros estatales de la universidad pública como un derecho de ésta surge, ante todo, en virtud de los bienes públicos que produce, no por el mero hecho de ser estatal.

Lo anterior conlleva que sea posible en esa medida justificar la financiación relativa de universidades privadas cuando el conocimiento que producen ellas tiene la connotación de un bien público. Pero

esta es una cuestión sobre la que podremos volver en otro espacio.

Ahora bien, esta concepción de la universidad pública que produce conocimiento en tanto que bien público, distinguiéndola de su carácter estatal, es un producto de la contemporaneidad, dado que la universidad moderna soslayó esta esfera de lo público social, de la sociedad civil, debido a su uso como instrumento de emancipación durante la consolidación de los Estados nacionales: la universidad moderna quiso construir ‘nación’; poner el saber al servicio de la emancipación de los sujetos nacionales.

No obstante, a raíz de la irrupción de los modelos de Estados sociales, el gran invento conceptual de la teoría política del siglo XX, la universidad pública occidental abandona en algo su concentración en el sujeto nacional para proyectarse sobre los sujetos ciudadanos, a partir de lo cual ella admite, por lo menos, las siguientes características: laica, liberal, popular y gratuita.

La universidad pública es laica dado que su universalidad depende de la coexistencia de los diferentes credos e ideologías que puedan originarse en la libertad de conciencia de cada uno de sus universitarios; por ello, en tanto laica, no puede ser confesional. En un Estado de derecho constitucional y democrático el que la universidad sea pública la hace jurídicamente parte del Estado, que en un tal régimen debe estar separado de las iglesias y políticamente sometida al derecho, no a ninguna religión o sistema normativo religioso, del que aquél se encuentra escindido.

Es liberal porque enaltece y reivindica al universitario como sujeto político titular de dignidad y de la autonomía personal. La única

forma de generar conocimiento como motor de transformación social, política, económica y cultural, es a través del ejercicio del sapere aude kantiano, sin el cual se dificulta el que la universidad pueda ser plural y diversa.

Es popular porque su misión es la de consolidar el empoderamiento social, en todos sus niveles y estratos, a través del saber de las ciencias y las artes. En este orden de ideas la universidad pública es un mecanismo de igualdad de los ciudadanos en el acceso a la educación, evitando los privilegios y la elitización del conocimiento y de la cualificación de la producción.

Y es gratuita la universidad pública porque su objeto social no se lleva a cabo con el fin de generar utilidad ni riqueza económica a su patrimonio ni al del Estado.

Estas características proyectan la construcción de lo público de la universidad a su tendencia hacia la construcción discursivo-deliberativa de las decisiones universitarias. El uso público de la razón de los universitarios públicos se provee de la deliberación argumentativa como instrumento de consenso y, desde luego, de disenso democráticos, por lo que es de gran relevancia para la universidad pública la existencia de condiciones ético-políticas (especialmente de procedimientos) de participación y representación democráticas.

Con ello surge tal vez la principal característica de identidad de la universidad pública: su vocación hacia la crítica como motor de la provisionalidad de la verdad. Sin crítica la universidad se vuelve ideológicamente autista y políticamente endogámica. Por ello es crucial para la universidad pública su comportamiento político democrático respecto de los órganos que la gobiernan y su carácter transitorio en el ejercicio del gobierno: el

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gobierno universitario debe estar dispuesto a su renovación periódica, dado que es lo único que garantizan la erradicación de la unidimensionalidad y la consolidación del pluralismo político.

2. Acerca de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 En virtud de la autonomía universitaria, la reforma de las universidades no debería ser una propuesta del gobierno dirigida a la opinión de las universidades; en un régimen verdaderamente democrático éstas deben tener la potestad de autorreformarse. No obstante, la propuesta de reforma en análisis es una vez más un acto exógeno a las universidades del sistema universitario estatal, que combina modelos de universidad probablemente incompatibles.

Según Cárdenas2, existen cuatro modelos de universidad, que tienen como su antecedente común el modelo medieval que daba importancia a la transmisión y acumulación de conocimientos: el modelo alemán (humboldtiano) del siglo XIX, que dio preponderancia a la investigación; el modelo francés (napoleónico) que priorizó la profesionalización; el inglés que se la dio a la formación integral; y el estadounidense que prioriza el servicio a la comunidad.

La combinación de estos modelos parece ser la resultante de la universidad pública colombiana, lo que debería estar precedido de discusiones acerca de su compatibilidad estructural. Ahora bien, en el marco de un tal contexto, analizado el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 presentado recientemente por el Gobierno, lo que resulta evidente es la histórica ausencia de una política pública del Estado colombiano, en concreto de sus 2

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gobiernos de los últimos veinte años de vigencia de la Constitución, en materia de educación superior, que corresponda a dicho proyecto constitucional del Estado social y democrático de Derecho que encarna la Constitución de 1991, e incluso lo que queda de ella, después de haber sido objeto de recurrentes reformas todas ellas involutivas en lo que a la preservación normativa de esta forma de Estado respecta.

Son varias las razones que respaldan esta aseveración de la ausencia de una política pública de educación superior en Colombia, acorde con el modelo de Estado constitucional social y democrático de derecho. Voy a centrarme en la descripción sumaria de cuatro de ellas, que son las siguientes: en primer lugar, la falta de creación de nuevas universidades estatales en los últimos veinte años; en segundo lugar, el creciente incremento de los costos de matrícula para los estudiantes de pregrado universitarios en Colombia; en tercer lugar, la ausencia de un sistema de becas del Estado colombiano para los nacionales colombianos, que garantice la formación con altos estándares de educación, de nuestros profesores e investigadores; en cuarto lugar, la ausencia de un sistema de investigadores (no de investigación) que permita la fluidez del conocimiento y la investigación a las distintas regiones del país; en cuarto lugar.

2.1. La falta de creación-ampliación de universidades públicas Dadas las condiciones políticas internas de Colombia, que impactan en la fenomenología de nuestro urbanismo exorbitante, las ciudades colombianas han tenido un incremento de población de entre un 40 a 50 % en los últimos 25 años.

No obstante, el número de universidades públicas no ha aumentado en correspondencia con dicho

CÁRDENAS COLMÉNTER, Antonio (2004). El Concepto de Universidad. Origen y Evolución. Universidad de los Andes, Ediciones del Rectorado, Mérida (Venezuela).

incremento durante este lapso, como tampoco, sustancialmente, en proporción a la demanda, el número de cupos requerido.

Pero cada vez más se incrementan los costos del servicio de educación para los estratos bajos.

El proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 nada dice al respecto, y las medidas adoptadas por los gobiernos colombianos anteriores de los últimos veinte años no han trascendido del paliativo del “aumento de cobertura”, que no ha sido otra cosa que el aumento de sillas de las aulas, excediendo en casi todos los casos la densidad de estudiante por metro cuadrado razonable, sin involucrar el aumento de la planta de profesores de tiempo completo de las universidades.

Esta política es inconveniente para el aseguramiento de un futuro de progreso y desarrollo para Colombia. Nuestros jóvenes no están siendo formados en un número suficiente para enfrentar los retos y las condiciones tecnológicas, culturales, económicas y sociopolíticas del mundo actual y del que se construye para el futuro inmediato.

Sus posibilidades de desempeño laboral están revertidas a la guerra: cada vez son más los jóvenes colombianos que forman parte de las filas de algún ejército, estatal o privado, legal o ilegal.

Colombia requiere con urgencia la ampliación del sistema universitario estatal, acorde con su realidad urbanística y con sus desafíos de desarrollo. Universidades como la Nacional, de Antioquia, del Valle, del Atlántico e Industrial de Santander deberían dar cuenta, en su orden, de cuando menos 300 mil cupos para el caso de Bogotá; 150 mil cupos tanto para Medellín como para Cali; y 100 mil cupos para Barranquilla y Bucaramanga, pentágono de ciudades cuyas áreas metropolitanas albergan el 40 por ciento de la población colombiana, y las cuales ofrecen, sumadas todas, algo más de 100 mil cupos en la actualidad. Los problemas presupuestales no parecen ser reales, pues si se crean brigadas y batallones militares debe ser posible también la creación de universidades.

Este es un presente suicida y un futuro poco prometedor para la juventud colombiana, que demanda la mejor formación profesional posible.

El gobierno estatal actual debería ser contracultural a esta práctica de sus antecesores, que no ha respondido a las necesidades de formación universitaria de nuestra juventud. Debería garantizar una universidad gratuita como la mejor manera de contrarrestar la tendencia belicista que por necesidad y por vocación de profesión y oficio tiene nuestra juventud contemporánea. Si los jóvenes encuentran esta opción de ingreso gratuito a la universidad su estímulo para proyectarse como sujetos del conflicto va a irse menguando, de tal modo que sean seres que busquen la razón en lugar de la fuerza y el diálogo en lugar de la reducción del otro como formas de interrelación social.

2.2. La no gratuidad del acceso a la educación superior

2.3. La ausencia de un sistema de becas del Estado colombiano para la formación de investigadores de alto nivel

El Estado colombiano no garantiza la gratuidad del servicio público de educación superior. Las pocas universidades públicas colombianas que establecen tarifas de matricula bajas lo hacen revirtiendo éstas sólo a la formación pregradual.

Colombia requiere de investigadores y profesores universitarios con altos niveles de formación científica. El número de doctores es bajo en comparación con las necesidades tecnológicas

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y sociales. No obstante, el estado colombiano pretende que estos niveles de formación los generen las propias universidades colombianas o la inversión de los Estados desarrollados en becas de formación para ciudadanos latinoamericanos y, con ello, para colombianos.

(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) en Chile, que incorporan una planta de investigadores pagada por estos organismos y que hace fácil la movilidad de aquellos por las distintas universidades del sistema nacional universitario.

Este panorama hace muy poco probable que Colombia pueda obtener unos niveles de formación científica de alto nivel que corresponda a sus necesidades de desarrollo. El Estado colombiano; su gobierno, como sucede con muchos otros en el mundo, incluso con menores posibilidades presupuestales, debería asegurar un sistema de becas amplio y suficiente para posibilitar la formación de doctores en los niveles requeridos. Hacer depender la consolidación de una comunidad científica de alto nivel como la que requiere el país, haciendo de los investigadores mendigos de las becas que brindan otros Estados y gobiernos, no es el camino más dignificante ni apropiado como política pública.

La discusión sobre este modelo y su pertinencia y necesidad para instituciones como Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación) y el Icfes (Instituto colombiano para la evaluación –ya no para el fomento– de la educación superior) es algo que se deja de lado en el proyecto de reforma, y sin lo cual las posibilidades de conformación de un sistema de educación superior, que obtenga altos niveles de investigación, son cada vez más remotas.

2.4. La ausencia de un sistema estatal de investigadores El proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 no incluye soluciones al problema de la necesidad de un sistema de investigadores que fortalezca la educación superior en todo el territorio nacional. En Colombia la vinculación de los investigadores de alto nivel de formación está conminada a las tres o cuatro principales ciudades del país, careciendo las demás de un buen número de estos investigadores. En otros países latinoamericanos se cuenta con organismos como el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en Argentina, el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), en México, y el Conicyt 3

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Como puede verse, no son pocos los desafíos de la educación superior en un país que reclama vías idóneas para el desarrollo, a nivel de reformas normativas y de políticas públicas que desarrollen el modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho. Ojalá que el Gobierno Nacional, el Congreso –pero ante todo los universitarios y los bachilleres colombianos– agucen sus análisis políticos y sociales en torno al diseño de una reforma como la que transcurre, de tal modo que no hagamos más nugatoria la dignidad humana de nuestros ciudadanos, privándoles del acceso a una educación superior pública. Para terminar, y tal por no resignarme como el pesimista activo que frente a este proceso soy, evoco una frase de Ignacio Carrillo3, con la esperanza de que algún día podamos tomar mejores decisiones: “Como ocurre siempre, dicen pero también callan, y al callar también revelan, sin proponérselo, fuerzas y reacciones que no fueron anuladas sino silenciadas temporalmente, en espera de mejor oportunidad”.

CARRILLO PRIETO, Ignacio (1992). Estudios de política jurídica. Estudios varios, Unam, México, p. 37.

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD: ¿CONTRADICTORIOS O COMPLEMENTARIOS? Max Yuri Gil Ramírez*

En los últimos años se ha desarrollado en el mundo, por parte de los poderes hegemónicos, la noción de que entre la demanda de garantía de los derechos humanos y las exigencias de seguridad existe una contradicción que nos obliga a elegir entre unos y otros. Mi idea es justamente la contraria, que entre seguridad y derechos humanos lo que hay es una relación de complementariedad, y que una concepción democrática de la seguridad (que como veremos no es lo mismo que la seguridad democrática), justamente se debe entender como la construcción de un entorno en el cual se garantice que el Estado y la sociedad asuman con seriedad el reto de la plena vigencia de los derechos humanos.

1. Derechos humanos y emancipación social Cuando se hacen los balances de lo que hemos conseguido como sociedad planetaria en los últimos dos siglos en materia de derechos humanos el resultado es contradictorio. Por un lado, se tienen procesos políticos de visibilización e incorporación de los derechos humanos en las agendas políticas de tal modo que no existe prácticamente ningún régimen en el mundo que no utilice los derechos humanos, así sea de manera retórica, para la construcción de la gobernabilidad. Igualmente, el mundo contemporáneo cuenta con una infraestructura internacional intergubernamental emanada del 

sistema de la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de una amplia gama de derechos, empezando por el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diferentes agencias temáticas y poblacionales como la Oficina de Atención a los Refugiados (Acnur), la de Infancia (Unicef), la de los Derechos de las Mujeres (Unifem), o la de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), por citar sólo algunas; las cuales existen junto a los sistemas regionales de derechos humanos como en nuestro caso el Sistema Interamericano conformado por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Asimismo, se debe reconocer que nunca antes se había contado con tantos instrumentos jurídicos internacionales encaminados a la protección de los derechos humanos, pues junto a las declaraciones se ha desarrollado un conjunto de convenios y protocolos en torno a diferentes asuntos de derechos humanos e incluso se ha establecido un Estatuto Penal Internacional destinado a castigar los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, en desarrollo del fortalecimiento del derecho penal internacional que se concreta en la creación de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente, sobre el cual hay muchas inquietudes por su sujeción al Consejo de Seguridad de la ONU y por la eficacia del derecho penal en la sociedad, pero que puede permitir el juzgamiento de

Docente ocasional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.

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criminales responsables de este tipo de actos contra la humanidad.

Un asunto importante en este proceso de fortalecimiento de los derechos humanos es su revalorización por parte de un conjunto de movimientos y organizaciones sociales que los han convertido en el centro de su accionar reivindicativo, sea en defensa de la libertad, la igualdad, el bienestar o el reconocimiento, valores que se demandan en diferentes lugares del planeta cotidianamente y que contribuyen a lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado el rescate del potencial emancipatorio de los derechos humanos, el cual ha sido opacado por el componente de regulación que el sistema capitalista y la Modernidad han hiperdesarrollado, sacrificando el componente libertario que el proyecto Moderno tenía en su nacimiento.

Hoy en día en torno a la agenda amplia de los derechos humanos millones de personas se organizan y movilizan en el mundo, nucleados en torno a un arco iris de movimientos sociales que construyen la sociedad civil planetaria, lo que se expresa por ejemplo en el desarrollo de acciones internacionales de movilización como las del 2003 contra la inminente incursión militar de Estados Unidos en Irak o en las reuniones anuales del Foro Social Mundial.

No obstante, esta realidad contrasta con la evidente exclusión que viven más de la mitad de los habitantes del planeta, quienes subsisten en condiciones de pobreza, marginalidad y discriminación, que son incompatibles con la dignidad humana. Esto no es el resultado para nada de la escasez de recursos para que la población mundial viva en condiciones dignas, sino de la consolidación y profundización de un modelo de desarrollo que no tiene ninguna

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consideración sobre la importancia de que las personas vivan de manera digna, que se preocupa más por el salvamento en momentos de crisis de los sistemas financieros como quedó demostrado en el 2008, que por sacar de la miseria a más de la mitad de los habitantes del planeta.

Este modelo capitalista voraz ha convertido los derechos económicos y sociales, derechos como un empleo digno, la educación y la salud, por citar algunos, en simples mercancías que están al libre designio de las lógicas de acumulación que genera el mercado, lo que nos ha llevado a la transformación de los derechos en servicios, con lo cual dejan de ser un asunto exigible y demandable, y se convierten en mercancías que se compran con base en la capacidad adquisitiva de cada quien, con la consiguiente transformación de la condición de ciudadanía en una relación mercantil en que no se encuentran ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos, sino usuarios, clientes y consumidores.

2. ¿Y las libertades?

Pero el movimiento de retroceso en el mundo contemporáneo no se ha quedado sólo en el componente de los derechos sociales, sino que se ha extendido de manera generalizada también al campo de los derechos civiles y políticos, esa primera dimensión de los derechos humanos, que se desarrolló de manera originaria en el mundo occidental en el siglo XIX como la expresión de la necesidad de la burguesía y sus sectores de clase aliados para ponerle límites al Absolutismo, y que en consecuencia ha sido definida por el pensamiento liberal como los únicos derechos realmente fundamentales, desconociendo –como lo plantean diferentes teorías críticas, socialistas y de la interculturalidad– que cuando se habla de derechos humanos se debe entender que la

fundamentalidad se extiende a otras dimensiones, como los derechos económicos, sociales y culturales, los colectivos y del medio ambiente.

Sin embargo, en estos dos siglos muchas veces las garantías encaminadas a mantener el Estado de derecho han sido consideradas un obstáculo cuando se han enfrentado al desarrollo de sistemas de dominación y represión. Si se mira la historia del planeta, no podríamos defender la idea de que el desmonte de los derechos civiles y políticos sea un asunto exclusivo de la postguerra fría y especialmente de esta época de la guerra contra el terrorismo, aunque sí hay que reconocer que hay diferencias cualitativas en su expresión y concreción.

En muchos momentos la plena vigencia y garantía de los derechos humanos, en su dimensión de derechos civiles y políticos, ha entrado en contradicción con el desarrollo de prácticas autoritarias de control, lo que también ha pasado en momentos de conflictos armados sean internacionales o de carácter civil en los cuales se considera que se deben decretar regímenes de excepción para luchar de mejor manera contra el enemigo, aunque en una buena parte de los casos esto ha devenido en prácticas ilegales como la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el asesinato, lo cual se ratifica recientemente cuando se abre de nuevo la discusión sobre la ilegalidad del régimen carcelario desarrollado por Estados Unidos en la prisión de Guantánamo.

La violación sistemática y masiva a los derechos humanos es un elemento común en conflictos armados internacionales, sean ellos la Segunda Guerra Mundial, las guerras de descolonización en África, Asia y América Latina, o en la instauración de gobiernos militares como ocurrió en los países

del Cono Sur americano en la década del setenta, procesos en los cuales se cometió todo tipo de violaciones de derechos humanos susceptibles de ser calificadas como crímenes de guerra o como crímenes de lesa humanidad.

En los tiempos recientes, desde el año 2001, en el mundo contemporáneo se ha desarrollado la idea de que la civilización occidental se encuentra amenazada por un nuevo peligro mundial: el integrismo islámico y que se está desarrollando una crucial guerra de civilizaciones en la cual se está reeditando la confrontación entre barbarie y civilización. El discurso hegemónico nos emplaza a que hay que decidir: ellos o nosotros, los buenos o los terroristas, todos debemos tomar partido, no hay lugar para posiciones tibias, intermedias, y todos debemos asumir las “molestias” –léase restricciones– de lo que implica la guerra contra el terrorismo islámico.

En este sentido, debemos aceptar que se suspendan las garantías y los derechos, que se entreguen facultades extraordinarias a gobiernos, fuerzas armadas y organismos de inteligencia para que adelanten la lucha contra los terroristas, y que se llegue incluso a guerras preventivas y humanitarias en las que mueren miles de personas, todo lo cual debemos aceptar para preservar la civilización occidental y la democracia electoral, a lo que ha quedado reducido el viejo anhelo del gobierno del pueblo.

3. Colombia: de una concepción democrática de la seguridad a la seguridad democrática En los últimos ocho años en nuestro país se vivió una versión criolla de la lucha contra el terrorismo, bajo los preceptos del gobierno del Presidente

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Álvaro Uribe. Con el pretexto de la necesidad de encarar a las Farc, pero de fondo como consecuencia de la reacción de un sector de las clases dominantes, especialmente regionales, que ha visto en la Constitución del 91 una amenaza a sus intereses, en Colombia se vivió un periodo en el cual se produjo de facto un régimen de excepción que provocó una sistemática y masiva violación a los derechos humanos, en nombre de la seguridad, “de poder ir a la finca, de poder transitar por las carreteras”, como lo planteaba la propaganda oficial.

Con base en el sobredimensionamiento del accionar de la insurgencia y la promoción de un estado de inseguridad generalizado, el gobierno anterior bajo el desarrollo de la concepción de la seguridad democrática desplegó una serie de prácticas que se pueden enmarcar en lo que se ha denominado el Derecho Penal del Enemigo, es decir, la idea de que a aquellos que se enfrentan al Estado no se les puede aplicar los mismos procedimientos penales que a los ciudadanos que cometen delitos, sino que se debe adoptar un sistema penal basado en la excepcionalidad y por ende en el desconocimiento de los derechos humanos como marco de actuación.

En este sentido, el gobierno uribista dotó de recursos y competencias excepcionales a las fuerzas armadas y a los organismos de inteligencia del Estado, mientras públicamente se presentaba el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares como una expresión de pacificación nacional. Hoy, ha ido quedando claro que el gobierno anterior no sólo consideraba como enemigos a destruir a los combatientes de las Farc, sino que en una versión mejorada de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de las décadas de 1960 y 1970 promovida por el gobierno norteamericano en América Latina, se trató

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como enemigos a integrantes de organizaciones sociales, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos, magistrados de altas cortes, funcionarios del ministerio público, e incluso, representantes del sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quienes fueron en algunos casos asesinados, o en la mayoría de las ocasiones sometidos a labores de seguimiento ilegal, a interceptaciones sin orden judicial, fueron blanco de acciones de inteligencia ofensiva, es decir, sometidos a operaciones de descrédito, amenaza, hostigamiento, judicialización e intimidación, todo lo cual se hizo de manera simultánea al desarrollo de un dispositivo mediático que legitimaba este tipo de prácticas, condenando, estigmatizando y señalando a las víctimas sin ninguna consideración, sometidas al imperio del Estado de Opinión.

Este tipo de concepción de la seguridad, que reduce la noción de seguridad a la seguridad del Estado, que se centra en el orden público y no en las personas, que es contraria a los derechos humanos, tiene un efecto adicional que es sumamente grave, y es que estimula en la población en general la idea de que se debe eliminar a todo aquel que es presentado como un enemigo del Estado y de la sociedad.

Por ello, es el fundamento del desarrollo de prácticas de justicia por mano propia como los linchamientos, de las opiniones que justifican el homicidio, la tortura, la desaparición forzada o el desplazamiento, pues todo vale en la lucha contra un enemigo amorfo al que hay que destruir; en síntesis, potencia el desarrollo de prácticas autoritarias en la sociedad, conniventes con el crimen y la barbarie, y que no dice nada ante la magnitud del horror desplegado por los proyectos de control impulsados por la “gente de bien”, como pasa hoy, cuando no

hay reacción al ir develando la dimensión de la violencia paraestatal vivida en Colombia en las tres últimas décadas.

4. La situación en la Universidad de Antioquia Lamentablemente nuestra Universidad no ha sido ajena a este proceso que se expresa a nivel planetario y con mucha fuerza en nuestro país.

Creo que ya he perdido la cuenta de cuántas veces he tenido que explicar el sentido de la actuación de la Personería de Medellín en los disturbios, labor en la cual me desempeñé hasta el 28 de febrero pasado, y explicar que no es una labor de apoyo al terrorismo, como dicen algunos agentes del Esmad, los taxistas o los vecinos. Pero lo que me causa una sensación que oscila entre la sorpresa, la decepción y el miedo, es escuchar esos mismos argumentos al interior de esta Universidad, sea expresados por parte de profesores, estudiantes o trabajadores que demandan soluciones de fuerza y mano dura, o que miran con sospecha los argumentos de quienes proponemos otra forma de entender la seguridad y la convivencia democrática.

Desafortunadamente en esta Universidad, pública, que es tal vez el más importante proyecto cultural de la región y uno de los más importantes del país, se ha desarrollado nuestra propia versión de la seguridad democrática. En los últimos años en torno al tema de la lucha contra la venta de sustancias de uso ilícito se ha pasado a la criminalización de otras conductas como las ventas informales, la crítica argumentada o la protesta estudiantil, al tiempo que se ha promovido la militarización de la vida cotidiana, el cierre de los espacios de debate y construcción colectiva, y se ha extendido un manto de silencio y desprecio ante los innumerables incidentes que

se presentan cada día en las porterías. Se ha promovido la indolencia ante las agresiones de la policía, la vigilancia privada, mientras se asiste en silencio al evidente deterioro generalizado de la convivencia en la Universidad de Antioquia.

Somos una microsociedad en la cual convivimos miles de personas día a día, que tenemos el reto de construir procesos y mecanismos de interacción democráticos y poner en la agenda de nuestras preocupaciones elementos que vayan más allá de lo que determinan autoridades externas a la Universidad, indolentes o enemigos abiertos frente al futuro de la Universidad Pública.

Necesitamos desatar un proceso de debate que rompa con los imperativos de los grandes medios de comunicación que nos colocan los temas de preocupación basados en las dictaduras del rating y de lo que se vende bien.

También en esta Universidad necesitamos adoptar una concepción de la seguridad que ponga en el centro a las personas, que tenga como misión la garantía de los derechos humanos, que se preocupe por el bienestar general y que haga visibles otras formas de violencia, como aquella que se origina en las discriminaciones de sexo, étnicas o por opciones sexuales, o que se preocupe por la deserción que genera la pobreza y la falta de oportunidades de nuestros estudiantes.

Estoy en contra de toda forma de violencia, sea en nombre de lo que sea, así se presente como una causa justa. Pero hoy, el centro de mi preocupación es el creciente autoritarismo, el de esta sociedad, el de esta Universidad que avala la violencia estatal y que abre caminos para la eliminación de las voces críticas, que sueña con una universidad en paz, pero no le importa que sea la paz de los sepulcros.

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SEGURIDAD Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO Pablo Emilio Angarita Cañas*

De manera sintética espero tratar los siguientes seis puntos: 1. El miedo y la in-seguridad, 2.

La conflictiva relación seguridad/libertad, 3. Las políticas de seguridad como estrategia de control y dominación, 4. La Doctrina de Seguridad Nacional, 5. Dos enfoques de la seguridad, y 6. Alternativas a la inseguridad.

1. El miedo y la inseguridad La compleja condición humana se mueve entre la incertidumbre, el temor a lo desconocido y la aspiración a tener certezas, a encontrar explicación a todo; lo que al mismo tiempo es una fuente de motivación para el desarrollo de la investigación y de las ciencias. Pero, en los seres humanos también anida el deseo de experimentar emociones, de disfrutar el riesgo y el peligro, como suele ocurrir con los deportes de alto riesgo, en los juegos peligrosos, la acrobacia y en la misma guerra, actividad profundamente in-humana, pero eminentemente humana.

La historia de la humanidad desconoce la existencia de sociedades que hayan vivido en medio de una seguridad total; más aún, ella tampoco es deseable. En el desenvolvimiento de la conducta humana la realidad muestra una paradójica relación siamés entre el disfrute con el riesgo, cierto placer por el temor, hasta el extremo del umbral de la muerte, acompañado con la emoción que consume la adrenalina que el *

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cuerpo necesita eliminar y, su opuesto, el anhelo de seguridad, a veces también ilimitado y que puede conllevar la disponibilidad de sacrificar bienes tan preciados como la misma libertad.

El deseo de seguridad, así como el temor y el riesgo son comunes a los seres humanos; no obstante, las diferencias estriban en los grados que estos sentimientos extremos alcanzan en cada individuo, pues aun entre los miembros de una misma familia se presentan marcadas diferencias.

La situación se vuelve problemática cuando el ambiente de inseguridad desborda los umbrales de tolerancia física o sicológica, individual o colectiva, desprendiéndose de ella conductas en apariencia opuestas como el suicido o la guerra. La humanidad ha aprendido a convivir con cierta dosis de miedo e inseguridad, para la cual ha sido decisiva la administración que cada individuo logra hacer de éste y el uso social; ya que el miedo, bien manejado, puede resultar altamente productivo o, a la inversa, ser la base para que quienes ofrecen protección ejerzan un control extremo sobre las personas.

Son diversos los factores generadores de inseguridad, dependiendo de las condiciones socio-culturales y de las disponibilidades físicas y psíquicas de los sujetos; además, según las relaciones de poder existentes en el grupo humano de que se trate, los riesgos pueden incrementarse o atenuarse dadas condiciones particulares de género, edad y roles sociales. De

Docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia; Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo; Magister en Ciencia Política y Abogado. Miembro del Grupo de trabajo de CLACSO: “Seguridad en democracia: un reto a la violencia en América Latina”. Director del Grupo interdisciplinario e interinstitucional de investigación sobre Conflictos y Violencias, INER- U. de A. (Colciencias categoría B).

Fundador y directivo del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín.

modo tal que minimizar los factores de riesgo o magnificarlos con fines alarmistas o tranquilizantes produce dividendos a quienes ejercen poder, en el respectivo ámbito o dimensión de la relación en que se expresa, ya sea familiar, social, política, local, nacional o internacional.

La situación de miedo puede ser aprovechada para ofrecer seguridad y, como contraprestación, exigir mayor intensidad en el control y dominio sobre las personas. Las estrategias y dispositivos de control pueden variar, según la escala de la cual se trate, sea en el entorno local o en las relaciones internacionales, así como de un sector social específico.

Para asegurarse la dominación social, los Estados ejercen entre otras prácticas de control, mecanismos de fuerza contra las personas transgresoras de las normas o establecen parámetros que delimitan las conductas consideradas como anormales, sobre las cuales recaen consecuencias punitivas de tipo social o legal. Pero la aplicación de la coerción sería muy difícil de ejecutar sin la existencia de ciertos dispositivos ideológicos y culturales, fundamentales para garantizar por parte de la sociedad la aceptación del orden establecido.

Con apoyo en tales dispositivos los ciudadanos son los encargados de realizar la defensa del statu quo, se movilizan activados por los diversos mecanismos psico-sociales que operan de acuerdo con las predisposiciones psico-culturales de su entorno, los cuales son exteriorizados bajo la conformación de consensos frente a las formas de regulación de la convivencia, cuyo producto más visible es precisamente la construcción y aceptación de imaginarios colectivos aseguradores de la legitimación de los sectores dominantes.

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2. La conflictiva relación seguridad/libertad El pensamiento conservador o autoritario se caracteriza por su exagerada valoración de la seguridad frente a la libertad y su correlativa mirada pesimista frente a los conflictos sociales, a los que consideran una desgracia a superar, pues contrarían el orden social y sus leyes. El Orden es concebido como un hecho natural (impuesto por Dios o por la naturaleza). El pensamiento conservador se empeña en mantener el orden a toda costa, incluso sacrificando las libertades fundamentales si ello fuese necesario; de ahí derivan su defensa del Estado y de las leyes que propugnan la conservación del statu quo, así como las ideas y costumbres tradicionales de la sociedad.

En la relación entre obligaciones y derechos ciudadanos, el pensamiento conservador da primacía a las primeras. Desconfiados de las ideas nuevas y los cambios, se aferran al pasado y no escatiman esfuerzos para imponer la seguridad y el orden, apelando sin reparos al uso de la fuerza. Defensores de una sociedad homogénea y un pensamiento único, asumen posturas intolerantes frente a quienes piensan y actúan de manera diferente a las ideas dominantes y, en consecuencia, pueden llegar a calificarlos de desertores o traidores y por tanto merecedores de castigos severos y ejemplarizantes; drásticos frente a los disidentes y peor aún, si éstos llegan a insubordinarse, los reputan enemigos absolutos que deben ser eliminados. Uno de los más representativos de esta línea de pensamiento es el filósofo inglés Thomas Hobbes1 (15881679), para quien el Leviatán (Estado)

Autores como John Locke, Carl Schmitt y Norberto Bobbio, coinciden en ver a Hobbes como un pensador político, caracterizado por su pesimismo antropológico; un teórico esencialmente conservador, defensor del absolutismo monárquico, sin límites al poder.

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surge fruto del pacto social que establecen los ciudadanos, quienes se asocian y acuerdan someterse al soberano, renunciando a su libertad individual para obtener a cambio la seguridad de parte del Estado. De esta forma, en la ideología conservadora la condición para evitar los conflictos violentos y las guerras es mediante la renuncia a derechos básicos como la libertad.

Contrario a las ideologías autoritarias, se erigen las visiones que conciben los conflictos como inherentes a las sociedades, y proponen un tratamiento no violento de los mismos. Coherente con esta perspectiva libertaria, se concibe la seguridad como un medio para obtener derechos y no un fin en sí mismo, pues más lejos aún, de nada servirá buscar una seguridad y un orden público, si éste se pretende sobre la base de la negación de los derechos básicos de la población.

3. Las políticas de seguridad como estrategia de control y dominación La historia colombiana está plagada de ejemplos de cómo los discursos sobre la necesidad de la seguridad para toda la sociedad han sido una estrategia que ha servido de excusa para que una minoría imponga su visión de orden, mediante el establecimiento de una dominación política de la sociedad, con lo cual se logra controlar a los sectores sociales que reclaman sus derechos.

Veamos rápidamente solo algunos ejemplos.

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Recién expedida la constitución colombiana de 1886, se expidió la Ley 61 de 1888, conocida como “Ley de los caballos”, promulgada con motivo del robo en el departamento del Cauca de unos caballos de paso fino. Esta ley contenía una exagerada desproporción entre los hechos y las causas alegadas que se referían a conspiraciones, atentados generalizados contra la propiedad privada, el orden público y contra el Estado. Incluso se llegó a calificar esas conductas de “terrorismo” y, en consecuencia, se imponía un conjunto de castigos extremos2.

El otro caso se refiere al tratamiento dado por el Estado colombiano a las demandas laborales de los trabajadores de la empresa bananera United Fruit Company, quienes habían presentado un pliego de peticiones desde 1918 y esperaron pacientemente alguna respuesta de la compañía gringa durante diez; llegado diciembre de 1928 se movilizaron activamente a reclamar sus derechos y la respuesta oficial fue la abierta represión que dejó varios centenares de muertes en lo que la historiografía colombiana registra como la masacre de las bananeras. La justificación que los sectores dominantes de la época dieron a tal tratamiento fue el de cuadrillas de malhechores, perturbadores del orden público, la paz y la tranquilidad. Toda esa represión estatal obedecía a la necesidad de defender los intereses políticos y económicos de las clases dominantes (terratenientes y burguesía emergente), y al mismo tiempo se trataba de evitar el desbordamiento de la lucha reivindicativa

Los dos primeros artículos de la Ley 61 de 1888, rezaban: “1º. Para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de los derechos políticos por el tiempo que sea necesario. 2º. Para prevenir y reprimir las conspiraciones contra el orden público y los atentados contra la propiedad pública o privada que envuelvan a su juicio, amenaza de perturbación del orden o mira de infundir terror entre los ciudadanos”.

y la auto-organización de la clase obrera. De ese modo, la política de “seguridad” implantada se convirtió en una estrategia para controlar las demandas de los trabajadores y asegurar la perpetuación de un régimen oprobioso que se inclinaba ante las imposiciones de las compañías extranjeras, renunciando al más mínimo decoro de dignidad y respeto por la soberanía nacional.

El reciente ejemplo de utilización de la seguridad como estrategia de dominación a los sectores subalternos lo encontramos en el Plan Colombia y la llamada Seguridad democrática. Con el pretexto de la lucha contra las drogas ilegales y para superar la imagen negativa de Colombia en el escenario internacional, dejada por el gobierno de Samper, el entonces presidente Andrés Pastrana estrechó aún más los lazos de subordinación y dependencia respecto de los Estados Unidos, a través del Plan Colombia. Con la asesoría de funcionarios norteamericanos y del Ministerio de Defensa, la Presidencia, a través del DNP, elaboró la primera versión oficial titulada “Plan para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado”, la cual constaba de cinco partes: la economía, la estrategia antidrogas, la reforma del sector justicia, el plan para la democratización y el orden social, y el proceso de paz.

El Plan permitió aumentar el pie de fuerza del ejército colombiano, pasando de 249.833 efectivos en 1999 a 380.069 en 2005, lo que implicó un incremento superior al 50%

en tan solo seis años (Rojas, 2007:20)3.

Este comportamiento comenzó durante la administración Pastrana, a través de la sustitución de 30.000 soldados bachilleres por soldados profesionales, con el propósito de aumentar la efectividad y capacidad de combate de las fuerzas militares. Estos cambios en la composición del ejército conllevaron un incremento en sus costos de funcionamiento, en tanto que el costo anual de sostenimiento de un soldado bachiller es cercano a los 10 millones de pesos, mientras que el de un soldado profesional asciende a los 20 millones pesos (Villamizar y Espejo, 2004:6)4.

En el marco de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe Vélez se continuó incrementado el pie de fuerza, creándose nuevos batallones y unidades especiales contraguerrilla (Batallones de Alta Montaña, Brigadas Móviles, Fuerzas de Despliegue Rápido, entre otras). Para poder dotar a estas nuevas unidades fue necesario incrementar en 80.000 el número de soldados profesionales, además de 15.000 nuevos carabineros y 22.000 soldados campesinos entre 2002 y 2004 (Villamizar y Espejo, 2004:8-9)5. Este aumento del pie de fuerza implicó un mayor gasto público, de modo que durante la administración Pastrana se destinaron 46.9 billones de pesos, lo cual representaba un 3.9% de la participación dentro del PIB y, al mismo tiempo, un 6.4% dentro del Presupuesto Nacional. En el gobierno de Uribe Vélez se destinaron 48.6 billones de pesos, de los cuales el impuesto para la seguridad democrática

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ROJAS, Diana (2007). “Plan Colombia II: ¿Más de lo mismo?”. En: Revista Colombia Internacional, No. 65. pp. 14-34. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2345397. Consultada el 29 de junio de 2009.

4

VILLAMIZAR, Andrés; ESPEJO, Germán (2006). “El gasto en seguridad y defensa en Colombia: de la contención a la ofensiva. Documentos ocasionales”. En: Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en: http://www. seguridadydemocracia.org/docs/ pdf/instituciones/EnsayoPresupuesto.pdf. Consultada el 4 de enero de 2010.

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Ibid.

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permitió recaudar 2.4 billones de pesos (19% más de lo presupuestado). Este rubro representó un 4.3% del PIB y 13.6% del Presupuesto Nacional (Puerta et al, 2009:576)6. Durante ese gobierno presentó un incremento considerable, además de en el gasto militar, en el gasto público total, lo cual hace que la variación en la participación porcentual del gasto militar respecto del presupuesto, no fuera muy notoria (Villamizar y Espejo, 2004:9)7.

La DSN fue esencialmente una doctrina militar, dentro de determinado sistema de interpretación que pretendió aplicar principios militares a todos los sectores de la sociedad. Pese a la imposibilidad intrínseca de proporcionar un modelo para la economía, la cultura o la organización del Estado, pretendió extender su ideología militar a todos los sectores de la vida social.

4. La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)

La DSN tuvo importantes cambios, siendo reformulada después de la derrota militar de Estados Unidos en Vietnam. En los años ochenta fueron famosas las estrategias norteamericanas consignadas en los documentos Santafé I y Santafé II9, que diseñaron dispositivos para la defensa de la “ideología americana” y trazaron pautas para enfrentar, a nombre de la defensa de la soberanía nacional, un supuesto enemigo externo e interno representado principalmente por las ideas marxistas y anticapitalistas. Las dictaduras militares que se presentaron en el Cono Sur del continente americano, desde Brasil en los años sesenta, luego Chile bajo la dictadura de Pinochet y posteriormente Argentina y Uruguay, son claros ejemplos de la aplicación de esta política de la “seguridad nacional”.

Desde la segunda posguerra la “seguridad nacional” ha estado íntimamente ligada a la política exterior norteamericana. En los años sesenta, bajo la batuta de los Estados Unidos se fue consolidando la tristemente célebre Doctrina de la Seguridad Nacional. Como se recordará, esta teoría partía de la existencia de un mundo bipolar, en el cual los países americanos deberían cerrar sus fronteras para protegerse de la supuesta amenaza que significaba el comunismo existente en los países orientales quienes en cualquier momento vendrían a invadir nuestro continente. La grave “crisis de los misiles” en la Cuba de 1962 representó el punto máximo de la confrontación Este/Oeste8.

6

PUERTA, Rafael; APONTE, Myriam; MEDINA, Magali; LAMBULEY, Germán; NIETO, Jorge (2009). “Políticas de defensa y gasto militar”. En: Realidades del Estado Colombiano en el siglo XXI en un escenario globalizado.

Fernando Jordán (Coordinador). Bogotá: Contraloría General de la República.

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Ibid.

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La Doctrina de la Seguridad Nacional se basaba en la defensa del mundo occidental frente a una potencial agresión “comunista”, proveniente desde los países de la órbita soviética. Esta doctrina conllevó el diseño de planes estratégicos en los distintos Estados latinoamericanos, así como la preparación militar de los ejércitos del continente bajo la orientación de las políticas del Pentágono llegando a ubicar dentro de cada país a los sectores políticos de oposición y a los movimientos sociales como el resultado de la infiltración comunista y por tanto como enemigos internos.

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Documentos de la CIA elaborados en la ciudad de Santafé (en el Estado de Nuevo México) entre los años 1980 y 1986. Fueron inspirados por el temor a la propagación izquierdista en la región y han servido como base operativa del fortalecimiento de la política de dominación norteamericana en América Latina a partir de estos años.

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5. Dos enfoques de la seguridad Hay múltiples enfoques para analizar la inseguridad y diseñar políticas de seguridad, pero podemos sintetizarlos en dos básicos, con el riesgo de eliminar matices que pueden ser importantes.

El enfoque predominante, es el securitario (anglicismo derivado de security), de un carácter básicamente militarista, que ubica la seguridad como un fin en sí mismo, le da prioridad a la seguridad del Estado más que a la seguridad de las personas y subordina los derechos humanos y la seguridad de las personas a la seguridad de las instituciones y del propio Estado. Este es el enfoque que ha predominado en América Latina y desafortunadamente ha traído consecuencias en cuanto a los agentes directamente responsables de dar protección o seguridad y, así mismo, en cuanto a los destinatarios de ésta.

El otro gran enfoque es el de la seguridad humana integral, que ubica la seguridad como un medio y no como un fin en sí mismo. La seguridad aquí es el resultado de la realización del conjunto de los derechos, de tener un orden público democrático. En esta perspectiva el Estado no puede ser defendido en contra de la sociedad o de los ciudadanos, pues no hay que olvidar que el Estado debería ser un medio para la realización del bienestar de la población y no un fin en sí mismo. La Seguridad Humana se empezó a debatir en el siglo XX, especialmente desde la creación de las Naciones Unidas al finalizar la segunda guerra mundial; sin embargo, por múltiples factores de orden político, militar, y otros, se terminó imponiendo a nivel internacional el enfoque securitario.

La perspectiva de la seguridad humana vuelve a tener cierto realce a partir de 1994 en la

versión del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD, donde se señalan siete dimensiones en las cuales se toma en cuenta a la seguridad de las personas, que es la que conocemos más directamente como seguridad. Esta perspectiva lleva a destacar lo que se considera como seguridad económica, ya que se dice que no puede haber seguridad si las personas no tienen un nivel de ingresos mínimos que les garantice una vida digna ahora y cuando lleguen a la vejez. También la seguridad alimentaria, la seguridad en el tema de la salud, la seguridad del medio ambiente. Se resalta con esto que las personas no vivimos aisladamente, sino en sociedad y en ese campo nos asociamos en gremios, en organizaciones sindicales, religiosas, culturales, artísticas.

Otro elemento fundamental dentro de esta perspectiva es la seguridad política. Las personas requieren saber que hay un Estado que tiene unas instituciones, que hay un ordenamiento jurídico y que hay garantía de esos derechos. Si tenemos en cuenta la seguridad jurídica como parte de esa seguridad política, ésta resulta una dimensión muy importante dentro de la seguridad humana.

A las dimensiones de seguridad originariamente planteadas desde el PNUD, nosotros le hemos incorporado el tema de ciudades seguras para las mujeres, como un componente de género que consideramos de suma importancia.

6. Alternativas democráticas frente a la inseguridad Al concepto de la seguridad humana le viene ocurriendo algo similar a muchas de las ideas de resistencia que emergen desde los sectores excluidos, como pasó con los derechos humanos que habiendo sido el resultado de la lucha de aquellas personas privadas de estos derechos, no

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obstante en las últimas décadas se ha dado un proceso de cooptación desde los diversos poderes, al punto que, a nombre de los derechos humanos y de las ayudas humanitarias, se realizan intervenciones militares en diversos lugares del mundo.

De allí que viene emergiendo con alguna fuerza, como alternativa a la inseguridad, la idea de la Seguridad Humana Desde Abajo (SHDA); propuesta que requiere de muchas aclaraciones porque para algunos, erróneamente, evoca la conformación de grupos armados o la renuncia a que sea el Estado el que realice la seguridad; o es tomada simplemente como una propuesta política de oposición al Estado o responde al discurso neoliberal de la privatización de la seguridad. En fin, frente a todos estos equívocos, se requiere aclarar que existe una epistemología desarrollada que sustenta la propuesta de SHDA. La SHDA promueve una acción colectiva de resistencia a la inseguridad por parte de las comunidades que la viven. Desde esta perspectiva se aporta a construir poderes contrahegemónicos, en una visión de realización a plenitud de los derechos humanos. Que las propias comunidades desplieguen iniciativas para protegerse de las amenazas de las políticas securitarias o de políticas económicas que afecten claramente su situación de seguridad.

No se busca sustituir al Estado en la tarea de proveer seguridad; tampoco fortalecer esta onda privatizadora de la seguridad que recorre el mundo; por el contrario se busca exigir al Estado la seguridad, entendida como un bien público.

Uno de los resultados es que se visibiliza y potencia la incidencia de la ciudadanía dirigida a mejorar esas condiciones de seguridad. Este enfoque es una forma de construir ciudadanía, de pasar de personas a ciudadanos actuantes.

Esta perspectiva toma las distintas dimensiones de la seguridad humana y mira en los lugares de trabajo, de estudio, en los lugares de vivienda, en los lugares públicos, donde pueden estar ocurriendo estas situaciones de inseguridad, para determinar en qué consisten y así, desplegar iniciativas y propuestas para enfrentarlo.

Otro resultado concomitante es el aumentar la responsabilidad estatal frente a sus ciudadanos y no hacia élites económicas, porque a veces, por ejemplo, dentro del discurso oficial de la seguridad democrática en Colombia se dice que se requiere seguridad para que haya confianza inversionista. Es decir, la mayor preocupación de la seguridad no es que las personas y las organizaciones sociales puedan disfrutar de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, y los derechos al medio ambiente, sino que pueda haber inversión y garantía para que el capital extranjero invierta en el país y pueda sacar sus utilidades, bajo el discurso de que eso generará empleo; sin embargo, hay elementos que demuestran que no hay tal. Por ello, la realización de la Seguridad Humana desde abajo es ante todo una alternativa democrática y pacífica frente a la inseguridad que conlleva una alta dosis de participación ubicada en un horizonte emancipador y de empoderamiento de los sectores que padecen esa inseguridad.