Auxilio o expropiación?

ECONOMÍA

El vínculo del estado con el sector privado

Especialistas y legisladores coinciden en que el papel estatal es crucial para atravesar la crisis social e inducir nuevas inversiones a futuro. Para la oposición las intervenciones son un error. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos?

Opinan:

Federico Pinedo - Silvina Gardía Larraburu Fernando Grasso - Víctor Beker

La pandemia forzó a escala global una intervención masiva del Estado en la economía. Con matices, en todos los países, los gobiernos promovieron vías de asistencia a la población más vulnerable y a los sectores productivos.

En la Argentina se combinaron programas de asistencia social para los sectores más expuestos, créditos subsidiados a pymes y autónomos, y programas para sostener salarios al sector empresario. Sin acceso al crédito externo estos programas se financian con emisión monetaria que podría, a su turno, impactar en el tipo de cambio y trasladarse a precios.

Pero al igual que en otros países, la crisis plantea posibles quiebras de grandes empresas que pueden llevar al Estado a tomar decisiones más o menos amigables con el sector privado. Rescates, auxilios financieros e intervenciones, excepciones a la ley de quiebras y hasta expropiaciones directas están dentro del arsenal de medidas que podrían tomar los gobiernos para preservar el empleo.

El caso Vicentin representó una primera muestra de las medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar. Con todo, se trata de un caso particular, ya que está atravesado por denuncias de presunta malversación de fondos originados en la banca pública que colocan al Estado ya no sólo como autoridad política sino como acreedor interesado.

Referentes y economistas de los distintos espacios políticos conversaron con NBS Bancos y Seguros acerca del rol que le ocupa al Estado en esta etapa, sus aportes para una futura recuperación y sobre la forma en la que debería actuar ante eventuales quiebras.

“El Estado debe dar solución a la parálisis económica. Debe mantener viva una economía evitando la quiebra masiva de actividades que serían y serán sustentables sin la pandemia. En otros países eso se hace con crédito o usando fondos anticíclicos. Acá se financia con emisión monetaria y déficit fiscal.” Federico Pinedo

Un Estado activo en la emergencia

Mientras el oficialismo muestra abiertamente una postura a favor de la intervención en casos como el de Vicentin, la oposición encabezada por Cambiemos está en contra de la medida y de futuras decisiones de este tipo aplicables a otras compañías.

Sin embargo, el ex presidente del Senado y referente del Pro Federico Pinedo reconoció que “las pandemias implican escenarios complejos en los que la población necesita guía de expertos y coordinación de la autoridad”, aunque su visión ante las intervenciones es crítica.

Por el contrario, la senadora oficialista Silvina García Larraburu, destacó: “El rol del Estado debe ser principal y primordialmente cuidar la vida de los argentinos. Hoy eso se traduce en medidas sanitarias. Entendiendo que la pandemia ha generado impactos negativos en una economía ya devastada, el Estado, en sus tres poderes, debe tomar medidas que alivien a todos los habitantes”.

Por otra parte, quien fuera secretario de Industria del gobierno de Mauricio Macri y actualmente director de la consultora E&G Asociados, Fernando Grasso, consideró que el fuerte rol del Estado es algo que se está viendo en todos los países. “El impacto del aislamiento sobre las actividades económicas obliga a cubrir al máximo la afectación de los distintos sectores con el objetivo de evitar o minimizar el daño estructural sobre el aparato productivo. Los países lo van haciendo de diferentes maneras dependiendo de la situación y de sus capacidades. De su estructura y del perfil de los sectores”, sostuvo.

Del mismo modo, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, señaló: “El principal papel del Estado es arbitrar los medios necesarios para lograr una mínima cantidad de víctimas fatales tratando de preservar todo lo posible la actividad económica. Buscar un equilibrio entre la salud pública y los objetivos económicos. En la Argentina empezamos bien”.

Con todo, reflexionó: “Después de 100 días de cuarentena se empiezan a sentir fuerte los daños económicos y esto genera la necesidad de ir poniendo en marcha una estrategia de salida que, manteniendo el objetivo fundamental de preservar vidas, también preserve la salud económica”.

Pinedo coincidió: “El Estado también debe dar solución a la parálisis económica. Debe mantener viva una economía evitando la quiebra masiva de actividades que serían y serán sustentables sin la pandemia”. Con ese propósito, el senador destacó que “debe generar ingresos para la población para evitar un colapso humanitario”. Aunque también fue crítico: “En otros países eso se hace con crédito o usando fondos anticíclicos. Acá se financia con emisión monetaria y déficit fiscal”.

Lo que dejará la cuarentena

Pero el Estado no sólo debe jugar un papel activo para transitar la pandemia y la cuarentena en términos sanitarios y de asistencia. Un desafío clave será el de intervenir para promover la recuperación económica y reconstruir el entramado productivo golpeado por el derrumbe del consumo y el quiebre de la cadena de pagos.

En ese contexto, Grasso destacó que el primer desafío será el de no subestimar al propio virus: “El principal riesgo son las segundas olas. Los países en desarrollo o los emergentes tienen menos poder de fuego para aguantar una prolongación de la situación”.

Y continuó: “Cuánto más profunda sea la caída más difícil va a ser reconstruir ese entramado. En la Argentina los grados de libertad son bastante bajos desde el punto de vista macroeconómico. Aunque lográramos volver al punto de partida previo a la pandemia, igual arrastramos 12 años de estancamiento.”

El referente de Cambiemos también destacó la “feroz recesión que lleva más de 10 años y una fuerte presión inflacionaria”. Como medidas para intentar salir hacia adelante señaló: “Al no haber herramientas de presente hay que acudir a las del futuro: una enorme confianza para lograr empleo, para lo que es necesario posibilitar inversiones y exportaciones. Hay que lograr que el enorme ahorro argentino se invierta en el país. Con incentivos, un plan de sustentabilidad y estabilidad fiscal de largo plazo y herramientas de ahorro e inversión acá y en el exterior”.

Del otro lado de la supuesta grieta, García Larraburu retrucó: “El principal problema económico que tenemos, y no a raíz de la pandemia, es el descomunal endeudamiento, la recesión con inflación y la pobreza que dejó el gobierno anterior. Asumimos con un índice de pobreza de 40,8%, indigencia de casi un 9% y una inflación del 53,8%. Estos son los desafíos principales que debemos enfrentar”.

De cara a la economía pospandemia, Beker destacó que el principal problema será la caída sustantiva en la actividad: “Fundamentalmente en el sector de la construcción “El Estado, en su conjunto, debe apuntar siempre al funcionamiento de la empresa. No sólo porque son un motor de la economía sino porque generan fuentes de trabajo. Es fundamental modificar la ley de quiebras y actualizarla para enfrentar la coyuntura.” Silvina García Larraburu

VICENTIN: OPINIÓN PÚBLICA VERSUS DECISIÓN OFICIAL

La intervención de Vicentin fue anunciada el 8 de junio. La consultora Management & FIT realizó un relevamiento que arrojó un resultado contundente: el 46,6% desaprobó la decisión mientras un 21,4% se manifestó de manera favorable.

Mariel Fornoni, directora de M & F, destacó a NBS Bancos y Seguros: “En primer lugar llamó la atención el grado de conocimiento de la opinión pública. Más del 50% sabía de qué se trataba. En este tipo de temas lo que medimos es la percepción, y en este caso fue la de un avance del Estado omnipresente”.

Fornoni puso de relieve: “El 47,2% consideró que la decisión la había tomado Cristina Fernández de Kirchner y apenas un 22,6% la atribuyó enteramente a Alberto Fernández. Además, el 40,9% señaló que podía tratarse de una nueva resolución 125”.

Con todo, Fornoni señaló que “la respuesta más contundente fue que el 58% planteó que esto podía ser el inicio de un cambio hacia la expropiación de otras empresas”. Para la especialista “la opinión pública vio como un triunfo” el retroceso del Gobierno. Incluso, la polémica se vio reflejada en la reputación de Fernández. Consultada sobre el impacto en la imagen presidencial explicó: “Hubo un retroceso de 8%, pero no es unicausal. Es muy difícil saber cuánto corresponde a este tema y cuánto a otras cosas”.

y en buena parte de los servicios y el comercio con la consiguiente desaparición de muchas empresas”. Por eso, alertó: “reactivar esa actividad económica va a requerir un gran esfuerzo donde habrá un papel importante tanto del Estado como de la actividad privada. No es tarea de uno u otro. Hay que sumar todos los esfuerzos”.

Para lograr esa reactivación y la participación conjunta de todos los sectores, Grasso señaló: “Yo creo en un Estado activo, pero en la Argentina tenemos una mochila de muchos años. Hemos tenido Estados más y menos intervencionistas y, en general, el resultado ha sido magro en términos de que el Estado genere las condiciones para un desarrollo sustentable”.

Además opinó que el Estado “tiene que intervenir alentando un desarrollo del sector privado pero sin entenderlo como un avance sobre el mismo, sino en el sentido de potenciar la actividad: fijar reglas claras, generar condiciones de estabilidad y menor incertidumbre a futuro desde el punto de vista del marco impositivo, laboral y de los incentivos”.

Un frente de tormenta

El caso Vicentin conmovió a la opinión pública. Una encuesta de la consultora Management & FIT (ver recuadro) destacó el alto grado de conocimiento del tema a apenas 48 horas de anunciada la intervención y la intención de enviar un proyecto de expropiación al Congreso.

La medida se tradujo en cacerolazos y una fuerte manifestación por parte de la opinión pública. En ese sentido, Pinedo destacó: “El gobierno mandó el mensaje de que cualquier cosa es posible, que la Argentina no tendrá reglas claras ni conocidas. Es una tragedia. Lo que hay que hacer es generar confianza. Y para generar confianza hay que tener previsibilidad, reglas, instituciones y no sorpresas arbitrarias del gobierno”.

Por su parte, y desde un lugar más neutral, Beker destacó: “Además de ser inconstitucional, porque no se puede tomar una medida de esa naturaleza con un decreto cuando el Congreso está funcionando, fue un error que se corrigió parcialmente. Una reacción visceral y una mala señal para la actividad productiva”.

Para García Larraburu, sin embargo, “el Estado no está entrometiéndose en el sector privado sino más bien exigiendo lo que se le pide a todo argentino y argentina: no defraudar al Estado, a nuestros conciudadanos y sujetarse a las leyes de la República Argentina”.

Más allá de la particularidad del caso Vicentin, el riesgo que ve la oposición de aquí en adelante es que el Gobierno opere de la misma manera con otras empresas en el marco de la crisis y la emergencia sanitaria. Grasso, sin embargo, consideró que esta potencial intervención se trata de un hecho puntual. “No veo una oleada masiva de este tipo de iniciativas. En el mercado agrícola los impulsos a una mayor intromisión son históricos en la Argentina. Hay momentos que aparecen con más fuerza”, explicó.

“Después de 100 días de cuarentena se empiezan a sentir fuerte los daños económicos y esto genera la necesidad de ir poniendo en marcha una estrategia de salida que, manteniendo el objetivo fundamental de preservar vidas, también preserve la salud económica.” Víctor Beker

Quiebras masivas, un desafío para el poder

Sin profundizar en la polémica generada a partir de la situación del grupo Vicentin, lo cierto es que la crisis podría afectar a jugadores estratégicos del aparato productivo y de servicios. Las quiebras y concursos, que ya venían en alza durante el 2019, se aceleraron a partir de la cuarentena en el primer semestre de este año.

Para hacer frente a este escenario, García Larraburu opinó: “El Estado, en su conjunto, debe apuntar siempre al funcionamiento de la empresa. No sólo porque son un motor de la economía sino porque generan fuentes de trabajo”. Para eso, aseguró: “Es fundamental modificar la ley de quiebras y actualizarla para enfrentar la coyuntura”. Además propuso “tomar medidas transitorias como frenar los pedidos de quiebra a pedido de deudores y evitar que los bancos, entre otros, pidan el cierre de empresas y se pierdan empleos”.

Sobre el caso Vicentin, la senadora oficialista señaló: “Es muy particular porque está vinculado con una de las necesidades más básicas del hombre: comer. El mercado de granos y aceite está sumamente concentrado en nuestro país. Las diez principales empresas representan el 91% del total de las exportaciones de granos y productos de origen nacional”. En ese sentido, la representante del Frente de Todos se refirió a los oligopolios de la industria y afirmó que Vicentin es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, lo cual genera efectos negativos sobre el comportamiento de los precios, que a su vez afecta a los consumidores en momentos de altísima vulnerabilidad. Como respuesta de la oposición ante la crisis que atraviesa el sector privado, Pinedo adelantó: “Hemos propuesto en el Congreso un paquete de leyes para que haya acuerdos privados de acreedores que impidan los pedidos de quiebra. Se los hemos dado al ministro de Producción. Pero el Gobierno no avanzó nada en eso y el tiempo pasa con dramatismo. Hay programas que están bien pero no podrán sostener quiebras masivas ni durar mucho tiempo: dar crédito, dar garantías, pagar parte de la masa salarial”.

Según Grasso, especialista en temas industriales, para definir cómo dar respuesta a las empresas con números en rojo es necesario analizar caso por caso, ya que no hay una fórmula general que pueda aplicarse a todas las compañías. “El Estado, cuando interviene, tiene que hacerlo dejando condiciones para el desarrollo de la actividad privada”, opinó.

Sin embargo, reconoció: “Puede ser que el sector privado no haya generado condiciones para su supervivencia. Ahí se hace más difícil. Una cosa es un rescate financiero que puede tener una empresa sana en sus fundamentos. Allí el Estado puede intervenir puntualmente generando ese puente entre la situación actual y la futura.”

Para Beker, en primer lugar, es precisa la moratoria impositiva y de las deudas con el sistema financiero. Por eso, en línea con lo expuesto por la senadora oficialista, propuso modificar la ley de quiebras y promover un “hospital de empresas”, en el que el Estado y las compañías busquen la forma de salvar las fuentes de empleo.

El fantasma del Estado omnipresente

Sobre los riesgos reales que implicaría una generalización de casos de intervención o expropiaciones, Pinedo señaló: “No creo que dos personas del Gobierno puedan tomar mejores decisiones de evaluación de riesgos, de necesidades de cada mercado del mundo, de oportunidades de inversión, organización de factores y recursos de producción que todos los argentinos en su conjunto”. El ex presidente del senado, además, se preguntó: “¿Con qué lo van a financiar? Es más razonable que el Estado fije objetivos y ponga reglas orientadas a que esos objetivos se cumplan y cumpla sus propias reglas”.

Con la intención de despejar dudas sobre futuras intervenciones, la senadora García Larraburu sostuvo: “No hay que crear ni perseguir fantasmas. El caso de Vicentin es muy particular. El Estado debe velar por todos. No es justo que por maniobras fraudulentas de pocos deban pagar todos”.

Por último, Grasso, insistió sobre los riesgos de la intervención estatal: “Dependen de cómo se haga y en qué sector. El riesgo generalmente son las reglas del juego que suelen prender alarmas en sectores privados que lo sienten como una amenaza a su capital y su proyección”.

Pero además, recordó: “Estos temas hay que entenderlos en el marco de lo que fue la historia argentina. Hubo muchos procesos con gestión pública y estatal de empresas y quedó demostrado que no fueron buenos desde el punto de vista económico”.

Con todo, concluyó, “la discusión no es si debe haber más o menos Estado, sino cómo se hace, con qué perfil de gestión y qué reglas del juego”.

“Yo creo en un Estado activo, pero en la Argentina tenemos una mochila de muchos años. Hemos tenido Estados más y menos intervencionistas y, en general, el resultado ha sido magro en términos de que el Estado genere las condiciones para un desarrollo sustentable.” Fernando Grasso

MERCADO ASEGURADOR

El auge de las coberturas on demand

Las pólizas por uso cobraron una mayor relevancia con la pandemia. Con un desarrollo incipiente en el mercado local, las coberturas existentes se ampliaron ante una nueva necesidad de los asegurados. Cuáles son las proyecciones de la industria para la etapa post coronavirus.

Opinan:

Nicolás Cofiño - Santiago Estrada Romina López Frontini - Hugues Bertin - Mauro Zoladz - Ricardo Bueno - Nicolás Casarino

Durante el aislamiento obligatorio creció el interés en los seguros “por uso”, llamados también on demand o switch. Aunque estas coberturas disruptivas ya se encontraban disponibles en el mercado nacional desde antes de la pandemia, ganaron protagonismo con el confinamiento y surgieron nuevas propuestas diseñadas para este contexto.

La restricción a la circulación que impuso la cuarentena trajo aparejado un menor movimiento de vehículos por las calles y las rutas del país. Como consecuencia, muchos solicitaron la baja del seguro automotor o el pase a una póliza de menor valor. Lo mismo ocurrió con otras ramas. Según la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), en lo que va del confinamiento la contratación de seguros descendió un 15% y los siniestros bajaron un 70% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con el objetivo de retener a sus clientes y acorde a sus necesidades, las aseguradoras redefinieron sus modelos de negocio, con nuevos productos y servicios orientados a este momento particular. Así, algunas comenzaron a ofrecer las primas por uso o adaptaron a la coyuntura las que ya tenían desde antes de la pandemia.

No obstante, su potencial y la posibilidad de ser adquiridas de forma masiva en la Argentina son un objeto de debate que divide las aguas. Aunque todavía se trata de una novedad, las empresas que ya las incorporaron a su cartera de productos confían en que una vez superada la emergencia sanitaria se sostendrá su permanencia, con una mayor demanda y utilización.

En cambio, especialistas del sector y consultores externos tienen sus dudas sobre el despegue de estos productos en la pospandemia. Argumentan que ya llevan años en el país y hasta ahora no se logró una alta penetración en el mercado local.

Bienes personales protegidos

Los seguros on demand se activan por una determinada cantidad de tiempo cuando el usuario lo desea. Otorgan la flexibilidad de contratar una cobertura únicamente por el tiempo en el que se hará un uso efectivo de la misma.

En la cuarentena, Libra Seguros creó la propuesta con switch de Orange Time. “Se paga por el uso que se le da al auto y permite ahorrar hasta un 40% del valor habitual de la póliza, accediendo a las mismas condiciones de seguridad. Nos apoyamos en tecnología de última generación y las tendencias internacionales en esta materia”, afirmó Nicolás Cofiño, gerente general de la aseguradora.

“Hubo una fuerte aceptación entre los productores asesores, no sólo entre los que ya trabajaban con nosotros, sino que además registramos un importante incremento en las incorporaciones”, expresó el ejecutivo. Y añadió que “no es una promoción, sino una herramienta de captación, y, sobre todo, de retención y fidelización de clientes”.

Estas pólizas también ganaron adeptos en la cuarentena debido al creciente uso de dispositivos móviles.

WeCover, una startup que nació en 2019, fue una de las primeras insurtech en ofrecer estas coberturas en el país. Santiago Estrada y Bartolomé Bunge, sus creadores, idearon seguros personalizados que, según ellos, no existían en la industria local hasta entonces. “Hubo una fuerte aceptación de las coberturas on demand entre los productores asesores. No es una promoción, sino una herramienta de captación, y, sobre todo, de retención y fidelización de clientes.”

“Nos dimos cuenta de que la oferta tradicional no satisfacía las demandas del consumidor propietario de un capital desatendido por el mercado. Modificamos el modelo operativo de las aseguradoras y evolucionamos a un sistema personalizado, donde el usuario decide cuándo asegurar sus pertenencias”, señaló Estrada.

La cobertura se activa y desactiva en cualquier momento, sin complicaciones, a través de la plataforma virtual de WeCover, que permite contratar el servicio de forma online. Entre los objetos que se pueden asegurar se encuentran gadgets tecnológicos –como computadoras, teléfonos celulares y tablets–, instrumentos musicales y bicicletas.

En febrero, la startup se unió a Galicia Se

“Nos dimos cuenta de que la oferta tradicional no satisfacía las demandas del consumidor propietario de un capital desatendido por el mercado. Modificamos el modelo operativo de las aseguradoras y evolucionamos a un sistema personalizado, donde el usuario decide cuándo asegurar sus pertenencias.”

guros para desarrollar su primera cobertura on demand para bicicletas. “Cambiamos nuestro mindset, adaptándonos a las necesidades de los consumidores digitales”, reconoció Romina López Frontini, jefa de Marketing de Galicia Seguros.

Antes de ese acuerdo, la primera alianza había sido con Orbis Seguros. Y hace unos días, WeCover amplió su catálogo e incorporó un nuevo socio: Río Uruguay Seguros. Junto con ellos comenzó a ofrecer pólizas para scooters, cámaras de fotos y drones. “Extendimos nuestra oferta para que cada vez más usuarios disfruten sus objetos protegidos”, sostuvo Estrada.

La empresa no se enfoca únicamente en particulares, sino también en clientes corporativos, un segmento que desarrolló en la cuarentena. Esta vertical permite asegurar durante el período de teletrabajo los equipos portátiles de las organizaciones y cuidar así el capital. “Ampliaremos el portafolios y nos introduciremos en riesgos más tradicionales. Ya cerramos, también, alianzas estra- tégicas con empresas de delivery y fintechs, que pronto daremos a conocer”, anticipó el cofundador.

Por su parte, la filial local de Zurich lanzó en abril un producto on demand para equipos tecnológicos personales, que apunta a modificar la forma de comercialización de seguros.

Mauro Zoladz, head de Customer Proposition de la aseguradora, explicó: “Zurich Now es una cobertura innovadora, dado que facilita su activación y desactivación según la conveniencia y la autonomía del usuario, a través de una experiencia digital y mobile”.

En una primera etapa se podrán asegurar teléfonos celulares, computadoras portátiles y tablets por una tarifa diaria. Para la “nueva normalidad”, la aseguradora prepara “una batería de nuevos bienes” relacionados con hobbies, deportes y movilidad. “Creemos pertinente hacer estos lanzamientos más adelante. La dinámica de cuarentena no es la más propicia, ya que en este caso se trata de coberturas para desplazarse, por ejemplo, en vacaciones y viajes de trabajo”, mencionó Zoladz. Y acotó que “la demanda viene creciendo orgánicamente y sin pausa. Igualmente, reforzaremos la comunicación para que las personas conozcan esta modalidad”, apuntó.

Salud protegida

Pero las coberturas por uso no se limitan a los vehículos ni a los objetos personales. MeCubro, otra insurtech que nació en 2016, creó una propuesta innovadora por el coronavirus. Lanzó un seguro de vida temporal online que incluye fallecimiento por COVID-19 y prestaciones como internación y telemedicina. “Es una adaptación del seguro de vida tradicional. Su funcionalidad es proteger a las personas que, por su trabajo, no pueden realizar una cuarentena estricta, como así también para grupos de riesgo y particulares que deseen estar cubiertos”, comentó Ricardo Bueno, CEO de la firma.

El directivo remarcó sus ventajas: el ahorro de tiempo –la contratación consta de tres simples pasos– y de los costos, ya que no es un seguro que se adquiera por mucho tiempo se hace por sólo los meses que dure la pandemia. Hasta antes de la pandemia MeCubro se enfocaba en la venta de seguros on demand de accidentes personales destinados, especialmente, a profesionales independientes que no poseen ART o cuyas

pólizas de responsabilidad civil no abarca- ban el trabajo en una instalación ajena.

“Los seguros por accidentes personales no cubren muerte por enfermedad, por lo cual ofrecemos ahora este complemento. Contratar esta cobertura generalmente es más costoso y burocrático porque no se ofrece por menos de 30 días. Así es mucho más conveniente asegurar a la persona por un solo día, con una disminución de los cos- tos. El ahorro es mayor al 90%”, comparó.

Perspectivas futuras

Desde el sector aseguran que los tiempos que vendrán transformarán los hábitos de consumo y “ya nada será como antes”. Las nuevas necesidades de la sociedad obliga- rán a las organizaciones a adaptar su oferta al cambio de paradigma. Las empresas con- fían en que crecerá la demanda.

“Las contrataciones on demand por pe- ríodos que el usuario elija ganarán terreno”, adelantaron desde WeCover.

En tanto, Nicolás Cofiño agregó: “Este servicio innovador llegó para quedarse y la industria deberá dar respuesta de forma personalizada”.

“Esperamos que esta modalidad de ase- gurar pertenencias se incremente en el fu- turo”, señaló Mauro Zoladz. Y añadió que la compañía prevé una mayor penetración de Zurich Now en la “nueva normalidad”.

Con todo, los expertos consideran que aún los seguros on demand no terminan de despegar y dudan de si podrán hacerlo una vez finalizada la cuarentena.

“El modelo no logró encontrar mercado. Activar y desactivar la póliza es una tarea engorrosa para el asegurado. La tesis ini- cial planteaba que le iba a resultar cómodo hacerlo cuando lo deseara, pero al final no le hace gracia hacer una acción repetitiva sin mucho valor”, consideró Hugues Bertin, founder y CEO de Digital Insurance LatAm e Insurtech. Aunque señaló que tras la cua- rentena podrían cambiar las necesidades de la población: “El sector deberá adaptarse a un seguro mucho más cercano de cara a los clientes, a la nueva economía y, sobre todo, al nuevo mundo que se viene”.

Por su parte, Nicolás Casarino, Socio de PwC Argentina y especialista en seguros, sostuvo que este modelo de comerciali- zación ya es aplicado a distintos tipos de bienes personales y se observa una mejor recepción entre los consumidores jóvenes, que tienen una preferencia por productos o servicios personalizados, basados en tecno- logía digital y más accesibles desde el punto de vista económico.

“Sin embargo, pese a que a nivel global la tendencia se encuentra en aumento, to- davía no se logró una gran aceptación por parte de los consumidores, es algo marginal. Varios aspectos del negocio deberán ser re- sueltos para que su expansión sea masiva tanto a nivel mundial como en la Argentina, donde la tarifación del riesgo a cubrir surge como un aspecto central; pero también la capacidad tecnológica y la difusión comer- cial para llegar al público masivo son facto- res clave para su desarrollo”, explicó.

Según él no se debe sobredimensionar el efecto de esta innovación en la industria, pero tampoco subestimar sus consecuencias a largo plazo en lo que refiere a la transforma- ción del negocio. “Las aseguradoras deberán tener la capacidad de entender a sus clientes y disponer de soluciones técnicas que les per- mitan evolucionar y adaptarse a medida que el mercado cambia, sobre todo en un contex- to como este”, concluyó.