¿Cúal debe de ser el aporte de la ciudadanía? by Bricelda Contreras

En la actual lucha por la transparencia en Honduras:

¿CUÁL DEBE SER EL a po rte

l a

CIUDADANÍA?

Programa Impactos - Impulsando Participación Ciudadana, Transparencia y Oportunidades Sociales, implementado en Honduras por Counterpart International

Directora Programa Impactos - Honduras / Counterpart International Dina Elisabet Eguigure

Diseño y Diagramación Bricelda Contreras / briscont.bc@gmail.com

Ubicación Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Viena, Ave. Berlín, Edificio Plaza Azul, Sexto Piso, local N° 67T: 504 2239 2856, 2239 6892Tegucigalpa MDC, Honduras C.A. www.programaimpactos.org

“La elaboración de este documento: “En la actual lucha por la transparencia en Honduras: ¿Cuál debe ser el aporte de la ciudadanía?” ha sido posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido del mismo es responsabilidad del Programa Impactos y no necesariamente refleja el punto de vista de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.”

Contenido 7

RESUMEN EJECUTIVO

Criterios para la selección de organizaciones, nuevas y viejas con las cuales debe impulsarse la lucha contra la corrupción

Ejes rectores de la estrategia para la incidencia liderada por las OSC

Propuesta de acciones operativas de trabajo

CONTEXTO: CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD

Debilidad de la institucionalidad pública

El contexto internacional

El contexto interno

EN LA COYUNTURA ACTUAL: ¿CÓMO DEBE PLANTEARSE UN ESPACIO CIUDADANODE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Un espacio articulador

La capacidad integradora de la lucha contra la corrupción

Un espacio de lucha no convencional

Un espacio aglutinante de los no organizados.

Un espacio de incidencia múltiple

Un espacio de reflexión

Un espacio de movilización y propuesta, de propuesta y movilización

EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿EN DÓNDE INCIDIR?

Poder Legislativo/Legislación

44 Institucional 45

Transparencia y acceso a la información pública

Participación ciudadana

¿PLANTEADO LO ANTERIOR QUÉ DEBERÍA PRIORIZARSE PARA UNA INTERVENCIÓN EFECTIVA EN PRO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS?

Criterios para la selección de organizaciones, nuevas y viejas con las cuales debe impulsarse la lucha contra la corrupción

Ejes rectores de la estrategia para la incidencia liderada por las OSC

Propuesta de acciones operativas de trabajo

Acciones (secuencia sugerida)

RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS OSC EN EL CONTEXTO ACTUAL

En ese marco, cuáles son los aspectos que se recomienda tomar en cuenta en términos de acompañamiento y asistencia técnica para contribuir al fortalecimiento de las OSC y del Estado de Derecho

A manera de conclusiones

Resumen ejecutivo En Honduras la corrupción es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores privados (empresariales y sociales) e institucionales (partidos políticos y organismos corporativos), estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado de la administración pública. La preocupación aumenta cuando la corrupción ataca las finanzas provenientes de los impuestos y del endeudamiento externo e interno del Estado. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como propiciar el crecimiento económico necesario para alcanzar metas de desarrollo. No obstante, 2014 se registró un giro político en la permisividad a la corrupción, cuando con fecha 15 de enero del 2014 el Poder Ejecutivo, a través de Decreto PCM 011- 2014, ordenó la intervención del IHSS, debido a presiones sociales (manifestaciones de reclamo) y la aguda crisis interna y actuarial que la institución atravesaba, como producto de un robo gigantesco, que ponía en riesgo la prestación de los diferentes servicios sociales y de salud a sus afiliados, y amenazaba la existencia misma de dicha institución.1

Con el caso del Seguro Social se demostró, una vez más, que la corrupción es una violación abierta de los derechos humanos, ya que afecta substancial y negativamente las capacidades del Estado de hacer frente a sus responsabilidades en materia de protección, promoción y cumplimiento del derecho a la salud, a la educación, al acceso a la justicia, al desarrollo y, en última instancia, a la vida.

Los hechos denunciados confirmaron que, en términos generales, la corrupción en Honduras está asociada a los siguientes factores: 1. Abuso de poder y conflictos de interés, que se expresan mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales; 2. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales de control interno, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones; incluyendo el acceso deficiente a la información pública; 3. Debilidad institucional y del marco legal que investiga y sanciona la corrupción administrativa pública; 4. Participación ciudadana escasa y débil contraloría social; 7) La impunidad que protege a los responsables de los actos de corrupción, sobre todo en la administración de la justicia. La denuncia del robo en el IHSS y sus múltiples implicaciones con las esferas de poder público motivó que en 2015 miles de hondureños salieran a las calles a protestar y a exigir la instalación de una Comisión Internacional en Contra de la Impunidad (CICIH), al estilo de un organismo similar que opera en Guatemala (CICIG)2 y, la renuncia al cargo del Presidente Hernández. 2

Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de u n a Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de agosto de 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos

Las multitudinarias “marchas de las antorchas”, convocadas inicialmente por un grupo de jóvenes conocidos como “los indignados”, visibilizaron la expectativa y el reclamo en la sociedad para que las autoridades responsables de administrar justicia cumplieran su deber de investigar a fondo los hechos irregulares, determinar los perjuicios, establecer las responsabilidades en los actores y hacer una correcta aplicación de justicia. La conflictividad social fue una de las características principales del 2015, el año de mayor visibilidad ciudadana en su lucha contra la corrupción. De enero a julio la protesta creció de manera sistemática y ascendente. En ese período, los medios de comunicación escritos registran 288 acciones de protesta. Considerando el sub-registro, en realidad sólo en los primeros 7 meses del año se estiman más de 300 eventos de protesta. 3 Las marchas comenzaron a declinar en agosto y septiembre. A partir de entonces se volvieron menos concurridas lo que se explica por su característica de ser un movimiento social poco estructurado y que surge un tanto espontáneo como respuesta a un hecho determinado (IHSS) y en un contexto de crisis. A la conflictividad social se suma que la tolerancia/complicidad de años anteriores de la cooperación económica y financiera internacional ha cambiado, pasando a procurar condiciones de transparencia y efectividad en el uso de sus recursos a partir de 1998 (año de impacto del huracán Mitch), pasando por la creación de instancias específicas como la Iniciativa COST4, OGP5, EITI6hasta la actualidad, cuando asume la participación directa, como es el caso de la MACCIH. En el contexto de la globalización, la dependencia externa de Honduras se ha visto confrontada en los últimos diez años a un nuevo y acelerado proceso de interdependencia económica, demográfica, social y cultural, que conlleva un aumento del volumen e intensidad de los flujos de capitales, información, personas, mercancías y símbolos culturales que están reestructurando la economía, la sociedad, la cultura, la educación y, en consecuencia, la política internacional. El hecho de que financiamientos y recursos de cooperación externa destinados a promover la salud, formación, seguridad, mejoramiento de redes productivas y de infraestructura, puedan, algunos de ellos, terminar enriqueciendo ilícitamente a élites de poder, cuestiona la calidad de las relaciones bilaterales y multilaterales y fomenta amenazas globales, que demandan normas eficaces de acción preventiva.

3 Análisis de coyuntura, julio 2015, del CESPAD. 4 Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción impulsada por el Banco Mundial 5 Open Government Initiative (Iniciativa de Gobierno Abierto) En 2011 Honduras ingresó a la iniciativa con su primer plan de acción y a partir del 1 de Julio de 2014 inicia la implementación del II Plan de Acción de Gobierno Abierto. - más detalles en www.GobiernoAbiertoHonduras.org 6 EITI - Iniciativa Para La Transparencia En Las Industrias Extractivas En Honduras ( EITI Honduras), de la cual Honduras es miembro desde el 22 de Mayo de 2013, - más información en: http://www.scgg.gob.hn/ content/iniciativa-para-la-transparencia-en-las-industrias-extractivas-en-honduras-eiti-honduras

En ese contexto, el llamado Estado soberano ya no es algo indivisible, sino compartido con otros Estados que tienen sus propias agendas e intereses. Prueba de ello, es la solicitud hecha por los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica para la aprobación por parte del Gobierno de Estados Unidos del Plan para la Prosperidad que dará atención a la alta migración de hondureños, mayores y menores de edad, a su país. Dentro de las bases del plan el Gobierno de Honduras se compromete a cumplir con rigurosas condiciones para poder recibir los desembolsos APP, de lo contrario correrá el riesgo de que se le suspenda o congele la ayuda económica de forma parcial o total. Dentro de esas condiciones figuran: • Combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento creíble de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos. • Implementar reformas y políticas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y oficinas del Fiscal General. • Establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y los gobiernos locales. • Combatir las bandas criminales, los traficantes de drogas y el crimen organizado. • Investigar y enjuiciar en tribunales civiles a miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que violen los derechos humanos. • Cooperar con las comisiones de lucha contra la impunidad y los órganos regionales de Derechos Humanos. • Desarrollar programas de apoyo para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo y crear puestos de trabajo en las comunidades de origen de los migrantes. • Proteger los derechos humanos. • Implementar reformas fiscales y reforzar las agencias de aduana. Como se advierte, se trata de un conjunto significativo de temas que coinciden con las demandas ciudadanas a favor de un fortalecimiento del Estado de Derecho y de impulso a la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad. En 2016, con una perspectiva futura de dos años, las preguntas estratégicas incluyen las siguientes: ¿Aprovechará la ciudadanía organizada la coyuntura que se abre en 2016 y 2017 contra la corrupción? ¿Es posible -y cómo- que las organizaciones y movimientos sociales tomen en cuenta las tareas antes enunciadas? ¿Cómo deben hacerlo?¿Por qué algunas tienen éxito y otras fracasan? ¿Cómo desaparecen y emergen estas formas masivas de movilización ciudadana? ¿Son sostenibles en el tiempo? ¿Cómo pueden mantener márgenes de autonomía social y política pese a las presiones externas? Las respuestas no pueden ser categóricas.

Al valorar las movilizaciones del 2015 se percibe mucho entusiasmo con la lucha anticorrupción, pero sin que haya una clara comprensión del fenómeno y sus implicaciones en la democratización del país. No se visualiza aún como un fenómeno sistémico, directamente ligado a las precarias condiciones sociales y económicas de la mayoría, y que se sustenta en una visión política patrimonial del Estado. De igual forma, existe una escasa comprensión sobre la presencia de prácticas corruptas que están siendo legalizadas, por ejemplo la tercerización de las funciones del Estado a manos privadas, los concesionamientos del territorio, etc. La suma de la crisis de percepción y comprensión debilita la capacidad de propuesta y de propuestas de fondo. Las movilizaciones públicas del 2015 tenían más consignas, que propuestas. Tanto así que su demanda de “fuera JOH” (la salida del presidente Hernández) anulaba cualquier espacio real y efectivo de diálogo y negociación entre las partes. En el escenario nacional los actores confrontados no se sientan a la mesa, sino que actúan por su cuenta. Así, en réplica al reclamo de los indignados a favor de la instalación de una CICIH, siguiendo el modelo de la CICIG (en Guatemala), el Presidente Hernández propuso el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción – SIHCIC-, para finalmente aceptar la MACCIH, con la participación directa de la OEA. La MACCIH no hubiese sido posible sin las marchas de las antorchas, pero parte de la dirigencia de los indignados no la ha interpretado en su totalidad como una conquista ciudadana, al contrario, ahondó sus diferencias con otros sectores organizados de la ciudadanía (especialmente ONG) que la apoyan, considerándola un punto de partida y no de llegada.

En ese marco de país ¿Qué se puede hacer y respaldar en el corto plazo (2016 /2017) tomando en cuenta las fortalezas y limitaciones sociales para apoyar la lucha contra la corrupción? Lo primero a tomar en cuenta es que un año de intervención o incluso dos, es poco tiempo; resultaría irreal una propuesta demasiado ambiciosa de trabajo. En función de tiempo, recursos, coyuntura y conocimiento sobre el trabajo de las OSC, se requiere un Plan de Acción concreto y estratégico.

Criterios para la selección de organizaciones, nuevas y viejas con las cuales debe impulsarse la lucha contra la corrupción Las organizaciones interesadas deberán coincidir en los siguientes desafíos programáticos: 1. Reconocer como una coyuntura que brinda posibilidades nacionales de trabajo la instalación de la MACCIH, la puesta en marcha de la Alianza para la Prosperidad, la persecución policial y judicial al crimen organizado y otras iniciativas internacionales anticorrupción. Ante esas iniciativas no cabe sentarse a esperar o hacer cálculos con su eventual fracaso, debe potenciarse sus fortalezas para hacer frente a sus debilidades y si esto no es posible, entonces sí, establecer una estrategia de salida 2. El combate a la corrupción debe aspirar como fin supremo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no fortalecer a un gobierno, sino el desempeño de sus instituciones a través de verdaderos controles; no se trata de paralizar la administración pública. Lo que se demanda son mejores políticas y resultados positivos del uso / inversión de los recursos públicos, porque las decisiones basadas en la corrupción dan como resultado una distribución inequitativa de los escasos recursos y un desarrollo económico y social frustrado. 3. Es indispensable una labor coherente y coordinada entre las OSC, cuyo liderazgo requiere una visión a corto, mediano y largo plazo de los desafíos nacionales y de las oportunidades internacionales que se presentan para alcanzarlos. 4. Entre las estrategias contra la corrupción a respaldar se deben incluir los esfuerzos por promover las metas del desarrollo, y no sólo el enjuiciamiento de líderes políticos (o empresarios corruptos), porque si bien no se puede tolerar la impunidad, castigar a servidores públicos no es suficiente para devolver a la gente la confianza en las instituciones, éstas deben ser más eficaces y promover el desarrollo equitativo. 5. Incluir en sus lineamientos de trabajo para la incidencia el análisis de sujetos sociales tradicionalmente excluidos o minimizados y que las movilizaciones del 2015 visibilizaron en su importancia: jóvenes, mujeres y sectores rurales (no únicamente campesinos, sino pobladores comunitarios organizados que están en la defensoría de sus territorios y sus bienes públicos).

Si las organizaciones están dispuestas a asumir estos desafíos, aumenta el umbral de obtener los resultados que se planifiquen en el tiempo previsto.

Ejes rectores de la estrategia para la incidencia liderada por las OSC Como ejes rectores generales para la intervención con las organizaciones de sociedad civil debe orientarse hacia: • Fortalecimiento de la institucionalidad pública anticorrupción, especialmente de los órganos y leyes encargadas de la contraloría de los bienes públicos; • Combate a la Corrupción: especialmente el acompañamiento y seguimiento a la MACCIH; • Transparencia y Rendición de Cuentas gubernamentales; • Acceso a la información pública, como mecanismo trasversal y de control preventivo de la corrupción; especialmente en el marco del proceso electoral que culminará en noviembre de 2017; y, • Continuar fortaleciendo el ambiente habilitador para que las OSC puedan desarrollar su función, particularmente en el tratamiento fiscal diferenciado del sector – esto pasa por desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades de las OSC en sus sistemas internos, capacidades funcionales y técnicas. En los cuatro primeros ejes rectores sugeridos es fundamental la participación ciudadana, especialmente en el apoyo a redes de trabajo con objetivos convocantes específicos y en espacios/acciones que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y su impacto en la gobernabilidad del país y la vida cotidiana de las personas. En el quinto eje, se requiere de la voluntad y compromiso del sector sociedad civil para hacer valer su derecho a la libertad de asociación y en cada organización la decisión de comprometerse con la mejora continua de sus procesos internos para elevar su competitividad.

y las oportunidades de incidencia en la institucionalidad pública que surjan a partir del contexto. Como propuesta estaría sujeta a la factibilidad estratégica de la cooperación, a la capacidad instalada del Programa Impactos como implementador de las iniciativas planteadas, el análisis y discusión con las OSC y por supuesto el desenvolvimiento cambiante de los hechos en el contexto nacional.

Trabajo organizativo a. Convocar y facilitar de inicio un diálogo con las OSC, tanto las que han venido implementando subvenciones del Programa Impactos como aquellas que sin haberlo hecho tienen experiencia y potencial para aportar nuevas experiencias y conocimientos; y con todas ellas identificar los temas centrales de incidencia a partir de sus propias expectativas, experiencias y posibilidades; b. Realizar un análisis en profundidad de los grupos de poder, políticos y empresariales, así como del espacio ciudadano para identificar si hay sectores que podrían ser aliados en la actual coyuntura en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, entre ellos nuevos y posibles sectores a considerar, como los grupos organizados de juventud, mujeres, cultura, comunitarios y empresariales. También sería de provecho identificar sectores claves de apoyo como el académico a fin de fortalecer mecanismos como las investigaciones y la observancia de los procesos. c. Una vez identificados los temas centrales de incidencia, facilitar un diálogo participativo que permita la construcción de un Plan de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, tomando en consideración para cada objetivo, cuál debe ser el rol / trabajo de las OSC entre sí y con otras organizaciones sociales, con el gobierno y con la empresa privada, cuando corresponda. El plan contendrá la propuesta de objetivos viables en el período, con los recursos y capacidades organizativas y de movilización disponibles. Los temas centrales de incidenci identificados guiarán los planes operativos institucionales y también la incidencia conjunta (organización, comunicación, educación y movilización de los diferentes sectores involucrados).

Combate a la Corrupción: especialmente el acompañamiento y seguimiento a la MACCIH. Crear una Mesa Ciudadana de Acompañamiento y Seguimiento a la MACCIH. Una tarea inicial de la cual será proponer los casos de corrupción prioritarios a ser investigados. Es importante que las organizaciones se comprometan en el esfuerzo histórico de que grandes responsables de crímenes de corrupción sean judicializados y que la población en general recupere la confianza en las instituciones públicas, sobre todo en lo que refiere a los indicadores sobre el uso de recursos contra la corrupción e impunidad.

Siendo la MACCIH en particular una iniciativa que abre fuertes perspectivas de incidencia en la lucha contra la impunidad, la estrategia de trabajo de las OSC debe tener una base común de comprensión de las limitaciones de esa intervención. De manera tal que se fortalezca en lugar de debilitar el trabajo anticorrupción que se ha respaldado a lo largo de intervenciones como las realizadas por el programa Impactos y otras experiencias similares. Los acontecimientos ocurridos en 2014 y 2015, y los que se presentan en el escenario nacional para el 2016 y 2017, plantean para las OSC desafíos de diseño institucional, de modificación de procedimientos, y de cambios culturales que involucran no sólo al Estado como sujeto de incidencia sino a la sociedad en su conjunto. Un aspecto que se vuelve prioritario es propiciar espacios conjuntos, ciudadaníainstitucionalidad pública, de lucha contra la corrupción y la necesidad de cambiar la mirada muchas veces negativa (e inmovilista) que se tiene del rol del Estado desde las organizaciones de la sociedad civil. El Estado, confirmado muchas veces como corrupto, es considerado como un enemigo. Sin embargo, de la misma forma que el Estado se encuentra involucrado en actos de corrupción, es también el primer responsable de garantizar que ello no ocurra. En ese marco, cuáles son los aspectos que se recomienda tomar en cuenta en términos de acompañamiento y asistencia técnica para contribuir al fortalecimiento de las OSC y del Estado de Derecho • El fortalecimiento de las OSC y del Estado de Derecho se lograrán en la misma medida que la participación ciudadana hondureña y el acompañamiento internacional consoliden reformas a fondo en la administración pública y el país a lo interno logre un acuerdo básico sobre dónde quiere llegar, cómo hacerlo y con quiénes. • En lo inmediato es fundamental considerar la continuidad de intervenciones que han demostrado éxito en canalizar recursos y asistencia técnica a las OSC como es el caso del programa Impactos. En el escenario actual la competencia por los recursos y la dependencia de financiera de las OSC es una realidad que merece ser atendida en la búsqueda de alternativas para su auto sustentabilidad con el seguimiento debido. • En esa perspectiva es valioso y recomendable intercambiar experiencias, metodologías, resultados y bancos de datos, con mecanismos ligados a las redes sociales, mediante los cuales se coordinen y realicen dichos intercambios a costos razonables. • Propiciar el Fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, fomentando programas de capacitación y mejora continua, incluyendo la apertura a nuevos liderazgos de relevo en el Intercambio para compartir experiencias organizativas. • Avanzar en proyectos concretos para la articulación de acciones que promuevan la gestión y canalización de más recursos de la cooperación internacional para los temas centrales identificados.

• Asumir la capacitación y comprensión del fenómeno de la corrupción como eje central para la ejecución de proyectos específicos. • Enfatizar en la asistencia técnica-financiera y acompañamiento a las OSC la necesidad de adoptar una visión integral del impacto de la corrupción en el país y de los proyectos prioritarios para enfrentarla. A manera de conclusiones • No existen soluciones simples para enfrentar la corrupción sistémica en Honduras. • El acompañamiento de la cooperación internacional es fundamental para las organizaciones ciudadanas, pero no puede sustituirlas, ni crear dependencias que afecten la continuidad del trabajo. • Las organizaciones ciudadanas disponen cada vez más de herramientas legales (nacionales internacionales) para fortalecer su incidencia. El tema no es tanto crear nuevas leyes, sino lograr la aplicación de las existentes. • La asistencia de las organizaciones cooperantes requiere vincularse a actores sociales más diversos y activos, sin exclusiones como las que marginan a la juventud y mujeres. • Las acciones de respaldo de la cooperación deben incluir el tema de la cultura, como generadora de simbolismos y nuevas narrativas anticorrupción. Música, danza, pintura, teatro, recursos audiovisuales (radio, televisión, cine) deben ser respaldadas. • La investigación y la acción judicial anticorrupción deben fortalecerse para obtener resultados concretos. • Debe fortalecerse la capacidad ciudadana de monitorear, investigar y comprender los temas financiero y fiscal, claves en la estrategia anticorrupción. El fenómeno de la corrupción es una cuestión técnicamente muy compleja de abordar y que requiere capacitaciones y debates constantes. • Es importante lograr respuestas efectivas anticorrupción para la incidencia ciudadana. La crisis de legitimidad afecta no sólo al Estado sino a las OSC. En ese sentido, un área de trabajo prioritaria es incentivar la denuncia de actos de corrupción y, a la vez, fortalecer la protección de los denunciantes.

CONTEXTO: CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD En Honduras resulta impostergable la reestructuración o reforma del Estado para la defensa y protección de la sociedad en el ámbito de la lucha contra la corrupción7. El usufructo privado o corporativo de lo público ha sido la base de los pactos de poder que terminan vulnerando el Estado de derecho, con el agregado de que sus consecuencias no se limitan ya al interior del país, sino que afectan a otros Estados. Por reestructuración debe entenderse no sólo el ejercicio fáctico, probatorio y jurídico del ejercicio de la acción penal pública en casos específicos denunciados, sino que también lograr buenas prácticas de transparencia, integridad, eficiencia, confiabilidad y ética en la gestión del desempeño en la administración pública. Esa decisión es fundamental para contrarrestar los alarmantes indicios de que las instituciones públicas son objeto de continuas y peligrosas infiltraciones de individuos

7 Se entiende por corrupción la actuación de personas naturales, bien en su condición personal o como funcionarios o empresarios, tanto del sector público como privado que en busca de beneficios personales o de terceros realizan u omiten acciones que van en contra o afectan el patrimonio y bienestar público. Lo anterior, puede darse mediante promesas, tráfico de influencias, ofrecimientos, concesiones, solicitudes y aceptaciones ilícitas por parte de funcionarios públicos y del sector privado para el beneficio propio o de terceros; o bien, por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Fuente: Plan de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 2011-2014, Gobierno de Honduras.

vinculados al crimen organizado, corrupción, lavado de activos, etcétera, que debilitan la institucionalidad pública y generan pérdidas multimillonarias al presupuesto nacional. Las capturas de alcaldes o los asesinatos de diputados al Congreso Nacional implicados en hechos delictivos son evidencias constantes de esa situación. A continuación, algunos ejemplos de la práctica e impacto de la corrupción en Honduras:

En Honduras resulta impostergable la reestructuración o reforma del Estado para la defensa y protección de la sociedad en el ámbito de la lucha contra la corrupción. El usufructo privado o corporativo de lo público ha sido la base de los pactos de poder que terminan vulnerando el Estado de derecho, con el agregado de que sus consecuencias no se limitan ya al interior del país, sino que afectan a otros Estados.

Ocho auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigaron el uso de 6,600 millones de lempiras del presupuesto en el sector salud entre 2002 y 2009, confirmando actos de corrupción por 257 millones de lempiras (3.9% del total). La débil rectoría de la Secretaria de Salud conduce a que muchos recursos se pierdan a lo largo del proceso de prestación de los servicios y que no sean asignados según las necesidades reales de la población. Una auditoría de cargos docentes, realizada por el TSC en la Secretaria de Educación en el 2014, encontró una incidencia alarmante de ausentismo docente y “maestros fantasmas”, resultando en una pérdida anual superior a los 400 millones de lempiras. Estos hallazgos motivaron una concienciación y discusión pública, en particular entre los padres de niños en edad escolar, que luego exigieron una mejor prestación de servicios educativos. A mediados de 2015 una Comisión Multipartidaria, nombrada por el Congreso Nacional, que indagó 108 casos emblemáticos de corrupción en Honduras, entre ellos el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); en este caso se la malversación involucrada se calcula que es superior a los 3,474 millones de lempiras. Los parlamentarios que integraron la comisión aclararon que ese monto es el que pudieron verificar con la documentación disponible, pero que podía ser mucho mayor. 9 8

Los diez casos son los siguientes: 1) Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, 2) Cuarta Urna. Pliegos de responsabilidad penal de altos funcionarios del Estado, que quedaron en firme y fueron enviados por el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público, 3) INPREMA, 4) INJUPEMP, 5) HONDUTEL, 6) Trans 450, 7) Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, 8) Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG. 9) Asesinato del ingeniero Gustavo Landaverde Hernández, 10) Avión Jet ejecutivo que aterrizó en el Aeropuerto Toncontín. 9 Informe Comisión Multipartidaria nombrada por el Presidente del Congreso Nacional para investigar los avances relacionados con el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS y otros casos en los que la ciudadanía tenga un especial interés por su alto impacto social, debiendo rendir, dentro del término legal de veinte días, el informe correspondiente. Integrantes: Mario Alonso Pérez; David Guillermo Chávez; Renán Iniestroza. Hugo Hernández; María Aracely Leiva; José Edgardo Castro; Edgardo Antonio Casaña; Jaime Enrique Villegas; Marlene Alvarenga. Audelia Rodríguez Rodríguez; Doris Alejandrina Gutiérrez; Edwin Roberto Pavón; Augusto Cruz Asencio. Tegucigalpa MDC, junio de 2015.

En Honduras la corrupción es uno de los rasgos que ha estado presente como una En Honduras la corrupción es uno de los constante en el ejercicio del poder de los rasgos que ha estado presente como gobiernos, en complicidad con actores una constante en el ejercicio del poder privados (empresariales y sociales) e de los gobiernos, en complicidad con institucionales (partidos políticos y organismos actores privados (empresariales y sociales) e institucionales (partidos políticos y corporativos), estructurando y afirmando un organismos corporativos), estructurando sistema de privilegios y beneficios para el y afirmando un sistema de privilegios y aprovechamiento privado de la administración beneficios para el aprovechamiento privado pública. La preocupación aumenta cuando la de la administración pública. corrupción ataca las finanzas provenientes de los impuestos y del endeudamiento externo e interno del Estado. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como propiciar el crecimiento económico necesario para alcanzar metas de desarrollo. La preocupación no es única de los sectores ciudadanos. Un informe del Foro Económico Mundial (WEF)10 correspondiente al 2013 señaló que los factores más problemáticos a la hora de establecer negocios en Honduras son: la corrupción con 17.7%, crimen y violencia 16.5%, ineficiencia del gobierno o burocracia 15.4%, acceso a financiamiento 10.4%, impuesto 9.6% y regulaciones de impuesto 8.2%, entre otras. El Foro define la “competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Entre esos factores se encuentra la fortaleza de las instituciones públicas para garantizar reglas claras a todos los sujetos y sectores de la sociedad, sin ventajismos amañados a favor de algunos en detrimento de otros. Pese a no haber una estimación definitiva, se calcula que el país pierde al año aproximadamente unos 30 mil millones de lempiras por concepto de corrupción; solo en defraudación fiscal la cifra asciende a 12 mil millones de lempiras, lo que en términos reales se asocia a una escalada de problemas sociales nunca antes visto en su historia, como la pobreza, criminalidad, emigración del campo a la ciudad y al extranjero (incluyendo niños y niñas desacompañados), un deficiente sistema de salud, y educación, entre otros aspectos. Es tan usual esa práctica que parte de la población, incluyendo autoridades gubernamentales, ha llegado a considerar como “inevitable” los hechos de corrupción, sin cuestionar ni hacer lo suficiente para señalar y modificar esos patrones de conducta que causan múltiples efectos nocivos a toda la sociedad y a la gobernabilidad del país. No obstante, 2014 se registró un giro político en la permisividad a la corrupción, cuando con fecha 15 de enero del 2014 el Poder Ejecutivo, a través de Decreto PCM 011- 2014,

10 El Índice de Competitividad Global (inglés: Global Competitiveness Índex, siglas GCI), es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial

ordenó la intervención del IHSS, debido a presiones sociales (manifestaciones de reclamo) y la aguda crisis interna y actuarial que la institución atravesaba, como producto de un robo gigantesco, que ponía en riesgo la prestación de los diferentes servicios sociales y de salud a sus afiliados, y amenazaba la existencia misma de dicha institución.11 Las líneas de investigación asignadas a un equipo de fiscales adscritos a la Unidad Especial de Apoyo Fiscal (concebida como la unidad élite especializada para el conocimiento, investigación y manejo de casos de alto impacto) y el resultado de investigaciones independientes realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)12 y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)13, confirmaron que la institución había sido blanco de prácticas criminales organizadas, con una pérdida en su patrimonio de unos siete mil millones de lempiras, con el agravante que parte de esos recursos aparecían entregados al Partido Nacional (en el gobierno)14 para el uso en la campaña electoral del actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Los hechos denunciados confirmaron que, en términos generales, la corrupción en Honduras está asociada a los siguientes factores: 1. Abuso de poder y conflictos de interés, que se expresan mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales; 2. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales de control interno, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones; incluyendo el acceso deficiente a la información pública; 3. Debilidad institucional y del marco legal que investiga y sanciona la corrupción administrativa pública; 11 Con el caso del Seguro Social se demostró, una vez más, que la corrupción es una violación abierta de los derechos humanos, ya que afecta substancial y negativamente las capacidades del Estado de hacer frente a sus responsabilidades en materia de protección, promoción y cumplimiento del derecho a la salud, a la educación, al acceso a la justicia, al desarrollo y, en última instancia, a la vida. 12 La Unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) trabajó al menos cinco líneas de investigación por enriquecimiento ilícito de funcionarios del IHSS, que presentó ante las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público. Varias de esas líneas no estaban siendo investigadas oficialmente. 13 Luego de unos 14 años investigando y denunciando abusos e irregularidades, el programa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) contra la corrupción, se ha convertido en referente de investigación y denuncia ciudadana en casos de alto impacto. En el 2015, por ejemplo, documentó que la vice presidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez y su familia, cometieron delitos contra la salud y fraude en la venta de medicamentos al Ministerio de Salud. 14 Los miembros de la Comisión solicitaron los movimientos bancarios de una cuenta registrada a nombre del Partido Nacional de Honduras (N. 1100265154), otra a nombre de Azules Unidos del Partido Nacional (N. 1100252422) y otra a nombre de Amigos Rial (N. 01-101-391), en las cuales se reflejan en total diez depósitos de cheques más un certificado de una rifa, que suman la cantidad de DOS MILLONES SETENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 2,070,000.00). Hecho confirmado por el Presidente de la República en un foro público televisado.

4. Participación ciudadana escasa y débil contraloría social; 5. La impunidad que protege a los responsables de los actos de corrupción, sobre todo en la administración de la justicia.

La denuncia del robo en el IHSS y sus múltiples implicaciones con las esferas de poder público motivó que en 2015 miles de hondureños salieran a las calles a protestar y a exigir la instalación de una Comisión Internacional en Contra de la Impunidad (CICIH), al estilo de un organismo similar que opera en Guatemala (CICIG)15 y, la renuncia al cargo del Presidente Hernández.

El concesionamiento del territorio y de los bienes públicos naturales.

15 Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de agosto de 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos

• El traslado de responsabilidades sociales del Estado al sector privado, especialmente en áreas como salud, educación y la inversión en general a través de las Alianzas Público Privadas • Los altos porcentajes sociales de pobreza, precariedad laboral y creciente desempleo, asociados a la corrupción e ineficiencia de la administración pública.

En 2016, con una perspectiva futura de dos años, las preguntas estratégicas incluyen las siguientes: ¿Es posible - y cómoque las organizaciones y movimientos sociales tomen en cuenta las tareas antes enunciadas? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Por qué algunas tienen éxito y otras fracasan? ¿Cómo desaparecen y emergen estas formas masivas de movilización ciudadana? ¿Son sostenibles en el tiempo? ¿Cómo pueden mantener márgenes de autonomía social y política pese a las presiones externas?

La conflictividad social fue una de las características principales del 2015, el año de mayor visibilidad ciudadana en su lucha contra la corrupción. De enero a julio la protesta creció de manera sistemática y ascendente. En ese período, los medios de comunicación escritos registran 288 acciones de protesta. Considerando el sub-registro, en realidad sólo en los primeros 7 meses del año se estiman más de 300 eventos de protesta. 16 Las marchas comenzaron a declinar en agosto y septiembre. A partir de entonces se volvieron menos concurridas lo que se explica por su característica de ser un movimiento social poco estructurado y que surge un tanto espontáneo como respuesta a un hecho determinado (IHSS) y en un contexto de crisis. Los indignados canalizaron el rechazo ciudadano a la corrupción y recibieron el apoyo de partidos políticos de oposición, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de amplios sectores sociales (clase media y juventud), pero no llegaron a consolidar una estructura organizativa fuerte que le diera la continuidad debida, confirmando que las movilizaciones sociales deben recorrer un largo camino y superar muchos retos antes de convertirse en impulsoras efectivas y determinantes del cambio social. Tal como lo evidencia el auge y debilitamiento de las “marchas de las antorchas”, un movimiento social anticorrupción debe considerar seis tareas de suma importancia para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad, a saber: 1. sumar en lugar de disminuir sus miembros; 2. acordar un marco ético para la actuación interna y externa; 3. conseguir la cobertura de los medios de comunicación e idealmente (aunque no necesariamente) favorable a sus puntos de vista; es decir establecerse como una fuerte objetiva de información 4. movilizar el apoyo de grupos externos; incluyendo agencias de cooperación,

16 Análisis de coyuntura, julio 2015, del CESPAD.

5. Tener la capacidad y disposición para negociar con la institucionalidad pública compromisos sustantivos y participativos para que la administración actúe; e; 6. influir sobre lo político y no que lo político influya en su lucha, lo que implica no confundir el alcance de sus demandas de cambio y evitar la partidización/politización sectaria de las mismas. En 2016, con una perspectiva futura de dos años, las preguntas estratégicas incluyen las siguientes: ¿Es posible -y cómo- que las organizaciones y movimientos sociales tomen en cuenta las tareas antes enunciadas? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Por qué algunas tienen éxito y otras fracasan? ¿Cómo desaparecen y emergen estas formas masivas de movilización ciudadana? ¿Son sostenibles en el tiempo? ¿Cómo pueden mantener márgenes de autonomía social y política pese a las presiones externas?

Debilidad de la institucionalidad pública Pese a las movilizaciones y creciente toma de conciencia de la ciudadanía respecto a la corrupción y a la respuesta del gobierno ante las demandas, mediante la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), 17en el país persiste el desafío de la debilidad técnica y operativa del proceso de investigación y persecución del delito de la corrupción, generando incertidumbre sobre la objetividad y el accionar de las autoridades y en la pronta aplicación de la justicia. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en su informe de actividades18 consigna que entre junio 2014 y junio 2015 únicamente pudo judicializar 17 denuncias, 11 en Tegucigalpa y seis en San Pedro Sula. En este aspecto, los operadores de justicia, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas continúan actuando sin coordinación en la investigación, procesamiento y enjuiciamiento de los casos, como consecuencia los casos quedan en la impunidad, además no tienen claridad en los roles encomendados a cada entidad.

17 La primera respuesta generada por el gobierno ante la exigencia de la población a la instalación de la CICIH, instancia que debía ser coordinada por la ONU, fue la instalación de un “Gran Dialogo Nacional” que se promocionó como un diálogo incluyente y sin condiciones, que tuvo como mediador a un representante de la OEA (John Bihel). Finalmente, el resultado fue el surgimiento de la MACCIH, siempre coordinada por la OEA. 18 Informe de Denuncias Judicializadas en los Semestres Correspondientes a los Meses de Junio a Diciembre 2014 y ENERO A JUNIO 2015, FETCCOP Tegucigalpa. https://www.mp.hn/attachments/ article/1732/INFORME%20DE%20DENUNCIAS%20JUDICIALIZADAS%20DE%20JUNIO%202014%20 A%20JUNIO%202015%20.pdf Informe de Denuncias Judicializadas en los Semestres Correspondientes a los Meses de Junio a Diciembre 2014 y ENERO A JUNIO 2015, FETCCOP San Pedro Sula. https://www.mp.hn/attachments/article/1732/ Informe_Denuncias_Judicializados_JU2014-JU2015SPS.pdf

2016 y 2017 crea condiciones coyunturales para dar continuidad a la lucha contra la corrupción, además del caso del IHSS, es que en el contexto de la globalización ese fenómeno y sus diferentes formas asociadas han dejado de ser considerados problemas nacionales (o locales) para convertirse, a partir de sus causas o efectos, en internacionales o transnacionales. Una de sus consecuencias es que la impunidad nacional que rodea al delito se confrontó con la presión externa para combatirlo.

Esa falta de cooperación efectiva entre las diferentes instituciones incide en los pobres resultados de la gestión pública.

Sin embargo, lo que en 2016 y 2017 crea condiciones coyunturales para dar continuidad a la lucha contra la corrupción, además del caso del IHSS, es que en el contexto de la globalización ese fenómeno y sus diferentes formas asociadas han dejado de ser considerados problemas nacionales (o locales) para convertirse, a partir de sus causas o efectos, en internacionales o transnacionales. Una de sus consecuencias es que la impunidad nacional que rodea al delito se confrontó con la presión externa para combatirlo. Así, en el 2015 y 2016 Honduras autorizó la extradición a EEUU no sólo de capos criminales sino de figuras relevantes de las finanzas y la política nacional acusadas de prácticas fraudulentas, participación en el crimen organizado, incluyendo un ex Presidente de la República (Rafael Leonardo Callejas 1990-1994) y ex candidatos o precandidatos presidenciales (Jaime Rosenthal Oliva y su hijo Yani Rosenthal Hidalgo). En Honduras hay un nuevo contexto externo que incide internamente y debe tomarse en cuenta como aliado en la lucha contra la corrupción.

El contexto internacional Honduras siempre ha sido percibida internacionalmente como un país con graves problemas de corrupción. A fines de 2015 la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó que el país quedó fuera, nuevamente, de la lista de países elegibles para recibir en 2016 una donación de la Cuenta de Desafío del Milenio (MCD) por haber reprobado 11 de 20 indicadores, entre ellos el de control de corrupción, acceso a información, supremacía del imperio de la ley, efectividad del gobierno, claridad sobre la política fiscal y su calidad regulatoria. Como antecedente, en 2011 la cooperación sueca se retiró de Honduras debido a los problemas de corrupción en el país. Suecia suministró recursos durante 17 años, período en el cual donó unos 350 millones de dólares, orientados en su mayoría a obras de infraestructura, combate a la pobreza, proyectos culturales significativos y fortalecimiento de la democracia. ¿Qué hace que en la actualidad la comunidad internacional reconsidere su tolerancia del pasado y demande acciones concretas y efectivas contra la corrupción, llegando incluso

a imponer sanciones a los Estados que no actúen? En el contexto de la globalización, la dependencia externa de Honduras se ha visto confrontada en los últimos diez años a un nuevo y acelerado proceso de interdependencia económica, demográfica, social y cultural, que conlleva un aumento del volumen e intensidad de los flujos de capitales, información, personas, mercancías y símbolos culturales que están reestructurando la economía, la sociedad, la cultura, la educación y, en consecuencia, la política internacional.

En el contexto de la globalización, la dependencia externa de Honduras se ha visto confrontada en los últimos diez años a un nuevo y acelerado proceso de interdependencia económica, demográfica, social y cultural, que conlleva un aumento del volumen e intensidad de los flujos de capitales, información, personas, mercancías y símbolos culturales que están reestructurando la economía, la sociedad, la cultura, la educación y, en consecuencia, la política internacional.

El hecho de que financiamientos y recursos de cooperación externa destinados a promover la salud, formación, seguridad, mejoramiento de redes productivas y de infraestructura, algunos de ellos, terminen enriqueciendo ilícitamente a élites de poder, cuestiona la calidad de las relaciones bilaterales y multilaterales y fomenta amenazas globales, que demandan normas eficaces de acción preventiva. En ese contexto, el llamado Estado soberano ya no es algo indivisible, sino compartido con otros Estados que tienen sus propias agendas e intereses. Prueba de ello, es la aprobación por parte del Gobierno de Estados Unidos del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte para la atención de la alta migración de hondureños, mayores y menores de edad, a su país. El gobierno estadounidense se comprometió con 750 millones de dólares para ayudar a los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) a implementar reformas destinadas a erradicar la corrupción, mejorar la seguridad y disminuir la pobreza, como incentivos básicos para frenar la migración. Sin embargo, “una cuarta parte del dinero será retenida por el Congreso hasta que el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, certifique “pasos efectivos” de los países para combatir la migración irregular… combatir la corrupción y mejorar el sistema judicial y policial”. 191 De igual manera, de la tolerancia/complicidad de años anteriores, la cooperación económica y financiera internacional pasó a procurar condiciones de transparencia y efectividad en el uso de sus recursos a partir de 1998 (año de impacto del huracán Mitch), pasando por la creación de instancias específicas como la Iniciativa COST20, 19 Publicación noticiosa del Diario Digital Criterio.hn del 24 de febrero de 2016. http://criterio.hn/bideninsta-centroamerica-luchar-corrupcion-migracion-clandestina/ 20 Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción impulsada por el Banco Mundial

OGP21, EITI22hasta la actualidad, cuando asume la intervención directa, como es el caso de la MACCIH.

Un objetivo coincidente con la comunidad internacional es reforzar el ordenamiento jurídico aplicable en Honduras a nuevas o renovadas figuras delictivas asociadas a la corrupción. .

Un objetivo coincidente con la comunidad internacional es reforzar el ordenamiento jurídico aplicable en Honduras a nuevas o renovadas figuras delictivas asociadas a la corrupción. Un ejemplo de ello fue la aprobación en el Congreso Nacional (2002) de una nueva ley contra el lavado de dinero o activos, como forma de contrarrestar la delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por Honduras.23 Precisamente, la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) contra Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, es por “proveer” servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales. Nunca como ahora se ejerce vigilancia de los movimientos de capital en la banca, sociedades financieras, las asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes generales de depósito, bolsas de valores, casas de cambio, administradoras públicas o privadas de pensiones, compañías de seguros y reaseguros, asociaciones de crédito o cualquier otra Institución que se dedique a las actividades sujetas a control y vigilancia. Pese a que la comunidad internacional está preocupada por el uso de los recursos que presta o dona y que la corrupción se identifica como fuente de ingobernabilidad y de atraso productivo, la reducción o control efectivo de la misma no muestra cambios muy significativos en el período 2012-2015, como lo confirma el más reciente Índice de Transparencia Internacional.

21 Open Government Initiative (Iniciativa de Gobierno Abierto) En 2011 Honduras ingresó a la iniciativa con su primer plan de acción y a partir del 1 de Julio de 2014 inicia la implementación del II Plan de Acción de Gobierno Abierto. - más detalles en www.GobiernoAbiertoHonduras.org 22 EITI - Iniciativa Para La Transparencia En Las Industrias Extractivas En Honduras ( EITI Honduras), de la cual Honduras es miembro desde el 22 de Mayo de 2013, - mas información en: http://www.scgg.gob.hn/ content/iniciativa-para-la-transparencia-en-las-industrias-extractivas-en-honduras-eiti-honduras 23 Por lavado de activos se entiende legalizar ingresos que provienen de actividades ilícitas o ilegales, es decir, las ganancias o ingresos derivados de tales actividades. Dichos ingresos o ganancias, son las que se lavan, limpian o blanquean para que parezcan como dinero obtenido de forma legal. Se asocian al lavado de activos el tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2012-2015 Puntuación obtenida por los países de Centroamérica

País

2012

Puesto Global (de 2013 176 países)

Puesto Global (de 177 países)

2014

Puesto Global (de 175 países)

2015

Puesto Global (de 168 países)

Costa Rica

El Salvador

Panamá

102

Guatemala

113

123

115

123

Nicaragua

130

127

133

130

Honduras

133

140

126

112

Fuente: TI. El IPC No constituye un dictamen definitivo sobre los niveles de corrupción de naciones o sociedades enteras, ni de sus políticas o las actividades de su sector privado.

La evaluación de Transparencia Internacional refleja un contexto en el que persiste la cultura de opacidad, y en donde los escándalos que involucran a personas vinculadas a las altas esferas del poder siguen siendo muy frecuentes, pero al mismo tiempo ofrece cierta esperanza de alcanzar cambios efectivos si se consolidan y complementan esfuerzos nacionales e internacionales anticorrupción. 24 En 2016 y 2017, esa posibilidad de complementar esfuerzos nacionales e internacionales estará marcada, en lo fundamental, por el seguimiento de la persecución al crimen organizado, que corrompe instituciones y funcionarios, por el trabajo que desarrolle la MACCIH (cuyo mandato inicial es por cuatro años) y por la puesta en marcha de los desembolsos del Plan Alianza para la Prosperidad (APP)25.

24 En octubre de 2014 el gobierno de Honduras suscribió un convenio de colaboración con Transparencia Internacional con la mediación de la ASJ, como capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. 25 EUA aprobó un paquete de ayuda para Honduras, El Salvador y Guatemala de 750 millones de dólares, el 40 por ciento de los cuales (299.4 millones) estará encaminado a programas de desarrollo, mientras que el 24 por ciento (183.5 millones) en asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) para iniciativas de seguridad.

Dentro de las bases del acuerdo se establece que el Gobierno de Honduras deberá cumplir con rigurosas condiciones para poder recibir los desembolsos APP, de lo contrario correrá el riesgo de que se le suspenda o congele la ayuda económica de forma parcial o total. Dentro de esas condiciones figuran: 1. Combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento creíble de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos.

En 2016 y 2017, esa posibilidad de complementar esfuerzos nacionales e internacionales estará marcada, en lo fundamental, por el seguimiento de la persecución al crimen organizado, que corrompe instituciones y funcionarios, por el trabajo que desarrolle la MACCIH (cuyo mandato inicial es por cuatro años) y por la puesta en marcha de los desembolsos del Plan Alianza para la Prosperidad (APP) .

2. Implementar reformas y políticas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y oficinas del Fiscal General. 3. Establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y los gobiernos locales. 4. Combatir las bandas criminales, los traficantes de drogas y el crimen organizado. 5. Investigar y enjuiciar en tribunales civiles a miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que violen los derechos humanos. 6. Cooperar con las comisiones de lucha contra la impunidad y los órganos regionales de Derechos Humanos. 7. Desarrollar programas de apoyo para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo y crear puestos de trabajo en las comunidades de origen de los migrantes. 8. Proteger los derechos humanos. 9. Implementar reformas fiscales y reforzar las agencias de aduana. Como se advierte, se trata de un conjunto significativo de temas que coinciden con las demandas ciudadanas a favor de un fortalecimiento del Estado de Derecho y de impulso a la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad. En un país cuyos cambios institucionales y sociales se asocian históricamente a coyunturas internacionales, la actual puede convertirse en un parteaguas: o la ciudadanía la aprovecha para impulsar cambios o la pierde.

El contexto interno La disputa por el relevo en el poder suele dificultar o volver complejas la búsqueda de acuerdos progresivos de combate a la corrupción y a favor de la transparencia. La agenda marcada por la politización suele minimizar, por ejemplo, el valor de las acciones “técnicas” y maximizar las acciones políticas judiciales o penales con repercusiones electorales.

La pregunta de partida es: ¿aprovechará la ciudadanía organizada la coyuntura que se abre en 2016 y 2017 contra la corrupción? La respuesta no puede ser categórica.

Las organizaciones sociales que han trabajado en asocio con Impactos entre 2011-201526 tienen una actitud pro activa ante las oportunidades de incidencia que brinda la coyuntura, pero esas organizaciones mantienen entre sí diferencias de enfoques o procedimentales que suelen impedir o afectar la definición de agendas comunes o la realización de actividades en conjunto. Por lo anterior, resulta sumamente complejo que esas organizaciones promuevan acuerdos con los sectores sociales que han protagonizado o colaborado activamente en las marchas de los “indignados”. Paradójicamente, todas coinciden, desde diferentes perspectivas, en el daño institucional, económico y social que provoca la corrupción, pero un problema de fondo entre los liderazgos es la fuerte politización e ideologización partidarista del tema, que les dificulta precisar y compartir objetivos comunes de incidencia. Esa característica de desarticulación se advierte incluso al interior de las estructuras organizativas o afines de los “Indignados”, cuyo núcleo original se subdividió en varias tendencias. De hecho, la perspectiva electoral del 2016 (elecciones internas de los partidos y la definición de la posibilidad de la reelección presidencial) y del 2017 (elecciones generales para la presidencia, Congreso Nacional y municipalidades) abre oportunidades de incidencia, y al mismo tiempo presenta condiciones que las entorpece. En la práctica, el discurso social y político de la oposición sostiene como paradigma que los cambios efectivos sólo podrán ocurrir con la toma del poder, no antes. La disputa por el relevo en el poder suele dificultar o volver complejas la búsqueda de acuerdos progresivos de combate a la corrupción y a favor de la transparencia. La agenda 26 Las organizaciones socias de Impactos son: Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copan (ADELSAR), Asociación Libertad y Democracia (ALD),Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), Pastoral Social Caritas (CARITAS), Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Centro de Desarrollo Humano ( CDH), Centro de Promoción de los Derechos humanos de Honduras (CIPRODEH), Comité por la libre Expresión (C-Libre), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Espacio Regional de Occidente (EROC), Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), FOPRIDEH, FOROSIDA, FOSDEH, FUHRIL, SETELEC, CEPROSAF, CESAL, Children International, FUNADEH, ASONOG, CASM, CARITAS, C-Libre, CDH, CNA, ASJ, FDsF, ALD, CIPRODEH, ADELSAR

Sin duda, la estrategia de trabajo de las OSC debe tomar en cuenta la complejidad del contexto interno anticorrupción, caracterizado por la existencia de una crisis de percepción, de comprensión y de propuesta entre la ciudadanía.

marcada por la politización suele minimizar, por ejemplo, el valor de las acciones “técnicas” y maximizar las acciones políticas judiciales o penales con repercusiones electorales.

Lo que no se puede obviar es que en Honduras hay una abrumadora percepción de que la corrupción involucra políticos de diversos partidos, tanto “oficialistas” como de oposición. La “gente de a pie” suele expresar lo siguiente: “los políticos terminan arreglándose entre ellos” y “aquí no hay por dónde pasar”. Entre la sociedad priva la desconfianza y pese a que hay conciencia del daño que provoca la corrupción, no necesariamente es su preocupación central. Una encuesta de percepción de opinión pública realizada por el CESPAD en septiembre 2015 reveló que apenas 10.8% de la ciudadanía considera la corrupción como el problema principal de Honduras, superado ampliamente por la pobreza y el desempleo, mientras que la última encuesta de percepciones sobre la situación del país 2015 realizada por el ERIC coloca a la corrupción en el puesto número 7 de las preocupaciones de la población. 27 Ese es el porcentaje promedio de todas las encuestas que hacen esa pregunta desde hace varios años, pero lo inquietante es que CESPAD recogió ese dato en el año de las mayores protestas ciudadanas contra la corrupción que se registran en el país. Sin duda, la estrategia de trabajo de las OSC debe tomar en cuenta la complejidad del contexto interno anticorrupción, caracterizado por la existencia de una crisis de percepción, de comprensión y de propuesta entre la ciudadanía.

Crisis de percepción En este punto vale destacar que los hondureños consideran que la corrupción entre los funcionarios públicos es alta, pero su percepción de victimización es baja, manteniéndose a un promedio de 16% en los últimos años. En 2010, apenas un año después de ocurrido el Golpe de Estado (junio, 2009), más del 80% de los hondureños entrevistados por la Universidad de Vanderbilt28 dijeron que no habían sido víctimas nunca de la corrupción. Ello repercute en que la mayoría de los ciudadanos desaprueban la corrupción y son conscientes de sus consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, pero pocos muestran una voluntad sólida para combatirla y comprometerse al respecto.

27 Encuesta de opinión pública septiembre 2015 “Percepción Ciudadana sobre Democracia y Gobernabilidad”, realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), con una muestra aleatoria en 16 de los 18 departamentos del país. Sondeo de opinión pública: Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2015, desarrollado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) 28 Cultura Política de la Democracia en Honduras, 2010. Barómetro de las Américas y Lapop

Crisis de comprensión Al valorar las movilizaciones del 2015 se percibe mucho entusiasmo con la lucha anticorrupción, pero sin que haya una clara comprensión del fenómeno y sus implicaciones en la democratización del país no se visualiza aún como un fenómeno sistémico, directamente ligado a las precarias condiciones sociales y económicas de la mayoría, y que se sustenta en una visión política patrimonial del Estado. De igual forma, existe una escasa comprensión sobre la presencia de prácticas corruptas que están siendo legalizadas, por ejemplo la tercerización de las funciones del Estado a manos privadas, los concesionamientos del territorio, etc.

Crisis de propuesta La suma de la crisis de percepción y comprensión debilita la capacidad de propuesta y de propuestas de fondo. Las movilizaciones públicas del 2015 tenían más consignas, que propuestas. Tanto así que su demanda de “fuera JOH” (la salida del presidente Hernández) anulaba cualquier espacio real y efectivo de diálogo y negociación entre las partes. En el escenario nacional los actores confrontados no se sientan a la mesa, sino que actúan por su cuenta. Así, en réplica al reclamo de los indignados a favor de la instalación de una CICIH, siguiendo el modelo de la CICIG (en Guatemala), el Presidente Hernández propuso el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción – SIHCIC-, para finalmente aceptar la MACCIH, con la intervención directa de la OEA. La MACCIH no hubiese sido posible sin las marchas de las antorchas, pero la dirigencia de los indignados no la ha interpretado en su totalidad como una conquista ciudadana, al contrario, ahondó sus diferencias con otros sectores organizados de la ciudadanía (especialmente ONG) que la apoyan, considerándola un punto de partida y no de llegada.

EN LA COYUNTURA ACTUAL: ¿CÓMO DEBE PLANTEARSE UN ESPACIO CIUDADANO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? Un espacio articulador De la misma manera en que la corrupción es un espacio articulador de poderes fácticos que persigue el mantenimiento de la impunidad, los esfuerzos anti corrupción tienen todo el potencial para seguir siendo el principal espacio de convocatoria-participaciónmovilización de la ciudadanía y de actores políticos que persigan objetivos de cambio y transparencia. Sin embargo, ese espacio ciudadano requiere un factor específico que la convoque y dinamice, y que generalmente forma parte del contexto externo. La denuncia de la corrupción en el IHSS se conoció desde 2013 y se habló de ella a través de los medios de comunicación a lo largo del 2014, sin mayores reacciones de protesta de la ciudadanía, no obstante, esta situación empezó a cambiar cuando los medios de comunicación, especialmente uno de ellos, revelaron que recursos del desfalco del IHSS habían sido utilizados para financiar la campaña política electoral del Partido Nacional. Ese detalle encendió las marchas.

La capacidad integradora de la lucha contra la corrupción Las Marchas de las Antorchas confirmaron la capacidad convocante de la lucha contra la corrupción a partir de las siguientes condiciones: • Disponía de una estructura organizativa que si bien era mínima, alcanzó una relativa estabilidad interna. • Comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros. • Disponía de una línea de acción coordinada y organizada; • La voluntad común de incidir en la política para gestionar un objetivo social. • Claridad en la convocatoria y convocados.

Un espacio de lucha no convencional Los horarios de protesta (nocturnos), espacios (urbanos y rurales) y el uso de diversas narrativas de convocatoria y protesta (antorchas, música, redes sociales, etc.) ratificaron que la lucha anticorrupción demanda formas no convencionales de incidencia (sin ser excluyente de las convencionales) y de manejo de lo contencioso con el poder político. El entusiasmo que mostraron miles y miles de personas que acudían semanalmente a las marchas, compartiendo y creando nuevos registros culturales de protesta, mostró el ámbito simbólico que debe caracterizar la lucha anticorrupción, ofreciendo nuevas explicaciones y prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados social y políticamente (Volver asequible la lucha contra la corrupción para la población).

Un espacio aglutinante de los no organizados. Un elemento destacado de las marchas fue la incorporación a las mismas de familias enteras (padres, madres, hijos, novios, novias, amigos, etc), que llegaban por su propia cuenta y que no integraban ninguna organización social. ¿Cómo se llegó a ellas y se logró su movilización?, es un tema pendiente de análisis específicos, pero que llama a trascender el enfoque tradicional de “los mismos de siempre” y por los “medios de siempre”. Ese fenómeno ya se había observado en la llamada Huelga de los Fiscales (mayo 2008). Movilizaciones a partir de estructuras y redes cotidianas y también de personas vinculadas a organizaciones sociales y a partidos políticos que fueron convocadas por medios de comunicación comunitarios, de boca a boca, o a través de las distintas redes sociales. Las invitaciones a no ser indiferentes, a “no aguantar más”, a “despertar y reclamar lo que nos pertenece” se convirtieron por demás en consignas virales.

Un espacio de incidencia múltiple Uno de los aspectos menos identificados y, a la vez, más valiosos, de las movilizaciones del 2015 fue su capacidad de incidir tanto en las esferas gubernamentales (que reacciona con su propia estrategia) como al interior de la propia ciudadanía organizada (provocando cambios o tensionando instituciones y alianzas). Nadie quedó al margen de sus repercusiones. En muchas organizaciones ciudadanas se planteó la pregunta de ¿qué estamos haciendo para combatir la corrupción en el país? o ¿Cuáles son nuestros aportes a favor de la transparencia?

Un espacio de reflexión A partir del IHSS, las “marchas de las antorchas” plantearon que la corrupción es un fenómeno institucional y de élites de poder, más que cultural, y de que el gran reto para desterrarla está en abatir la impunidad que la promueve. Asimismo, caracterizó a la corrupción como una cuestión de redes de poder y no producto de actos individuales. Con sus movilizaciones, los indignados definieron una agenda anticorrupción con cuatro ejes centrales: a) Investigación y combate a la corrupción con una intervención internacional; b) Esclarecimiento a fondo del caso IHSS y aplicación de la justicia a los implicados, sin importar la posición institucional o política que ocupe; c) Mejoramiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas gubernamentales, como mecanismo trasversal y de control preventivo de la corrupción; y) d) Participación Ciudadana.

Un espacio de movilización y propuesta, de propuesta y movilización La lucha anticorrupción, como se precisó anteriormente, genera un espacio articulador en el cual es fundamental la interacción entre movilización y propuesta, en un ciclo que se sustenta y fortalece recíprocamente. Una organización que movilice y no tenga una propuesta clara a incidir o que tenga una propuesta clara, pero no movilice, disminuye su capacidad de ser un actor político relevante y alcanzar los objetivos propuestos. De igual forma resulta clave mantener objetivos precisos de incidencia ciudadana, que conllevan una visión política pero no partidarista. Hacer proselitismo electoral y político a partir de la lucha anticorrupción es tan censurable como hacer proselitismo electoral y político a partir del aprovechamiento de la corrupción. En ambos casos la manipulación tiene un efecto destructivo sobre la ética y la transparencia de los procesos. No hay corrupción “buena” y “corrupción mala”. Para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz se necesita comprender cabalmente los riesgos que puede enfrentar una ciudadanía que permite la politización partidarista de sus acciones.

EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿EN DÓNDE INCIDIR? Tomar en cuenta el escenario coyuntural anti corrupción (externo e interno) y las limitaciones que existen en torno al trabajo de las organizaciones ciudadanas es clave para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos y tiempo disponible para alinear una la estrategia de trabajo coherente. Como lo sostiene este documento, en Honduras se registran avances, tanto institucionales como ciudadanos, pero no los suficientes y necesarios. Las nuevas esperanzas de cambio corren alto riesgo de transformarse en frustración por culpa de la manipulación social y política, la debilidad institucional, la ineficacia de los sistemas de investigación y justicia, y la falta de responsabilidad y/o voluntad política de los líderes, que persisten en la politización partidarista de la acción pública. En ese contexto, cuatro son las áreas principales a tomar en cuenta para la incidencia en política pública: legislación, institucionalidad, transparencia con acceso a la información pública y participación ciudadana.

Poder Legislativo/Legislación Las nuevas esperanzas de cambio corren alto riesgo de transformarse en frustración por culpa de la manipulación social y política, la debilidad institucional, la ineficacia de los sistemas de investigación y justicia, y la falta de responsabilidad y/o voluntad política de los líderes, que persisten en la politización partidarista de la acción pública.

EL Artículo 213 de la Constitución de la República de Honduras establece: “Tienen exclusivamente la iniciativa de ley los Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal supremo Electoral, en asuntos de su competencia, y un número de al menos tres mil (3,000) ciudadanos bajo el mecanismo de iniciativa de ley ciudadana”. La incidencia legislativa conlleva la necesidad de tomar en cuenta a quienes tienen iniciativa de ley y a mantener una relación constante con ellos, incidiendo para que haya consistencia y concordancia legislativa con lo que ordenan la Constitución de la República y la realidad jurídica del país, así como el respeto a los convenios internacionales suscritos por el Estado. La incidencia es para profundizar en las disposiciones que garanticen una gestión transparente y adecuada de los recursos públicos, y para revertir las decisiones que limiten el acceso a la información pública y el ejercicio de la auditoría social, como la Ley de Secretos Oficiales, que entró en vigencia el 7 de marzo del 2014, y que establece cuatro categorías de información: Reservada, confidencial, secreta y ultra secreta. Después de entrar en vigencia, se aprobó la resolución 69-2014 que emitió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que implementó la secretividad en unas 20 instituciones del Estado, autorización que abarca actos, contratos y negociaciones que se generen desde el Estado. En esta perspectiva la capacidad propositiva y de seguimiento de la ciudadanía es limitada. Se necesita promover y asegurar fortalezas jurídicas, tanto para prevenir/ combatir la corrupción como para incentivar la transparencia y la ciudadanía tiene la posibilidad de ser propositiva en el marco de la constitución.

Institucional Clave es la institucionalidad encargada de vigilar la ejecución de los ingresos públicos, para determinar si los recursos estatales son invertidos de forma eficiente y eficaz, especialmente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En 2016 el Congreso Nacional deberá elegir los nuevos magistrados (3) que lo dirigirán los próximos siete años. De ese proceso de nominación y elección no pueden quedar fuera los intereses ciudadanos. Simultáneamente es fundamental visualizar los cambios que requiere su Ley Orgánica para evitar la influencia de intereses políticos, económicos, o de naturaleza corporativa

que puedan desnaturalizar su quehacer. Debe tener también independencia presupuestaria y funcional; así como personal de apoyo idóneo que asegure una carrera administrativa; cooperación interinstitucional; y, rendición de cuentas.

El rescate del espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso Informativo también pasa por la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública y eliminar de esta manera el protagonismo, en este tema, de instancias como el Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad como la instancia pública decisora sobre lo que es y no es información pública.

De igual forma, la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2016, abre espacios para delinear y poner en marcha un proceso integral de seguimiento a las actuaciones y resoluciones judiciales.

Transparencia y acceso a la información pública El reto consiste en rescatar el espíritu original de la iniciativa ciudadana de contar con un instrumento legal que redujera la opacidad del Estado en el manejo de los asuntos públicos; vigilar y alentar al estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, corrigiendo los obstáculos administrativos y criterios adoptados en la práctica para bloquear o restringir el acceso a la información pública, así como renovar la voluntad política para publicar y actualizar la información de oficio establecida por ley (artículo 13), fortalecer mecanismos para la atención, gestión y resolución de peticiones, denuncias, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía, para efectos de evaluar acciones correctivas en los servicios y trámites que brinda la administración pública, así como para poner en conocimiento de las autoridades correspondientes la probable comisión de actos de corrupción, para facilitar su persecución y sanción. El rescate del espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso Informativo también pasa por la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública y eliminar de esta manera el protagonismo, en este tema, de instancias como el Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad como la instancia pública decisora sobre lo que es y no es información pública. El fortalecimiento de la protección de este derecho humano pone en agenda otros objetivos, como modificar el mecanismo de elección de los comisionados (3) del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una atribución exclusiva del Congreso Nacional y que se vuelve objeto de negociación política. Asimismo, es importante la emisión de leyes complementarias, (archivos y protección de datos personales); así como la promoción de criterios para mejorar la calidad del acceso a la información en los municipios. Las organizaciones ciudadanas pueden contribuir en reforzar el entrenamiento y capacitación de los funcionarios públicos en esta materia; realizar campañas para divulgar entre la población la existencia y los modos de poner en práctica el ejercicio del

derecho de acceso a la información; y en el ámbito de las finanzas públicas, el análisis desde esta perspectiva radica en determinar las facilidades con que la ciudadanía cuenta para acceder a información financiera y contable, así como aquella relacionada con el ciclo presupuestario (formulación, aprobación, ejecución y evaluación).

Participación ciudadana Desde la mirada de la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana ha sido progresivamente incorporada como una herramienta fundamental que permite prevenir los actos corruptos y controlar la existencia de los mismos. Una ciudadanía crítica y activa, conjuntamente con un gobierno abierto y receptivo, son las dos caras de la moneda que hacen de la transparencia un medio útil para mejores decisiones y servicios públicos. La debilidad en la continuidad de los procesos de incidencia y el desinterés por extraer lecciones aprendidas forman parte de los retos a superar por la ciudadanía. Recuperar los espacios de consulta y decisión que contempla la legislación nacional dentro de la institucionalidad es fundamental para prevenir prácticas gubernamentales cuestionables, mediante las cuales se establecen canales restringidos de participación, únicamente para aparentar el cumplimiento formal de compromisos internacionales, limitados en algunos casos a una función informativa, pero sin favorecer una genuina consulta, retroalimentación e intercambio de visiones con la sociedad civil.

¿PLANTEADO LO ANTERIOR QUÉ DEBERÍA PRIORIZARSE PARA UNA INTERVENCIÓN EFECTIVA EN PRO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS? En Honduras hay falta de credibilidad, impunidad, una institucionalidad debilitada, expedientes sin destino judicial, procesos de simulación de justicia, un sistema político corrupto, una ciudadanía fragmentada, un ordenamiento jurídico con lagunas y vacíos, casos sin investigar a fondo…todo eso es absolutamente cierto, pero ¿la opción de las organizaciones es quedarse cómo están o hacer algo más que denunciar o lamentarse? También es cierto que la coyuntura presenta elementos novedosos y/o claves, como es la MACCIH o las condicionalidades asociadas al Plan de la Prosperidad. En ese marco de país ¿Qué se puede hacer y respaldar en el corto plazo (2016 /2017) tomando en cuenta las fortalezas y limitaciones sociales para apoyar la lucha contra la corrupción? Lo primero a tomar en cuenta es que un año de intervención o incluso dos, es poco tiempo; resultaría irreal una propuesta demasiado ambiciosa de trabajo. En función de tiempo, recursos, coyuntura y conocimiento sobre el trabajo de las OSC, se requiere un Plan de Acción concreto y estratégico.

El combate a la corrupción debe aspirar como fin supremo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no fortalecer a un gobierno, sino el desempeño de sus instituciones a través de verdaderos controles; no se trata de paralizar la administración pública.

a. Reconocer como una coyuntura que brinda posibilidades nacionales de trabajo la instalación de la MACCIH, la puesta en marcha de la Alianza para la Prosperidad, la persecución policial y judicial al crimen organizado y otras iniciativas internacionales anticorrupción. Ante esas iniciativas no cabe sentarse a esperar o hacer cálculos con su eventual fracaso, debe potenciarse sus fortalezas para hacer frente a sus debilidades y si esto no es posible, entonces sí, establecer una estrategia de salida b. El combate a la corrupción debe aspirar como fin supremo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no fortalecer a un gobierno, sino el desempeño de sus instituciones a través de verdaderos controles; no se trata de paralizar la administración pública. Lo que se demanda son mejores políticas y resultados positivos del uso / inversión de los recursos públicos, porque las decisiones basadas en la corrupción dan como resultado una distribución inequitativa de los escasos recursos y un desarrollo económico y social frustrado. c. Es indispensable una labor coherente y coordinada entre las OSC, cuyo liderazgo requiere una visión a corto, mediano y largo plazo de los desafíos nacionales y de las oportunidades internacionales que se presentan para alcanzarlos. d. Entre las estrategias contra la corrupción a respaldar se deben incluir los esfuerzos por promover las metas del desarrollo, y no sólo el enjuiciamiento de líderes políticos (o empresarios corruptos), porque si bien no se puede tolerar la impunidad, castigar a servidores públicos no es suficiente para devolver a la gente la confianza en las instituciones, éstas deben ser más eficaces y promover el desarrollo equitativo. e. Incluir en sus lineamientos de trabajo para la incidencia el análisis de sujetos sociales tradicionalmente excluidos o minimizados y que las movilizaciones del 2015 visibilizaron en su importancia: jóvenes, mujeres y sectores rurales (no únicamente campesinos, sino pobladores comunitarios organizados que están en la defensoría de sus territorios y sus bienes públicos). Si las organizaciones están dispuestas a asumir estos desafíos, aumenta el umbral de obtener los resultados que se planifiquen en el tiempo previsto.

Ejes rectores de la estrategia para la incidencia liderada por las OSC Como ejes rectores generales para la intervención con las organizaciones de sociedad civil debe orientarse hacia:

Es fundamental la participación ciudadana, especialmente en el apoyo a redes de trabajo con objetivos convocantes específicos y en espacios/acciones que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y su impacto en la gobernabilidad del país y la vida cotidiana de las personas.

a. Fortalecimiento de la institucionalidad pública anticorrupción, especialmente de los órganos y leyes encargadas de la contraloría de los bienes públicos;

b. Combate a la Corrupción: especialmente el acompañamiento y seguimiento a la MACCIH; c. Transparencia y Rendición de Cuentas gubernamentales; d. Acceso a la información pública, como mecanismo trasversal y de control preventivo de la corrupción; especialmente en el marco del proceso electoral que culminará en noviembre de 2017; y, e. Continuar fortaleciendo el ambiente habilitador para que las OSC puedan desarrollar su función, particularmente en el tratamiento fiscal diferenciado del sector – esto pasa por desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades de las OSC en sus sistemas internos, capacidades funcionales y técnicas. En los cuatro primeros ejes rectores sugeridos es fundamental la participación ciudadana, especialmente en el apoyo a redes de trabajo con objetivos convocantes específicos y en espacios/acciones que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y su impacto en la gobernabilidad del país y la vida cotidiana de las personas. En el quinto eje, se requiere de la voluntad y compromiso del sector sociedad civil para hacer valer su derecho a la libertad de asociación y en cada organización la decisión de comprometerse con la mejora continua de sus procesos internos para elevar su competitividad.

Propuesta de acciones operativas de trabajo La siguiente propuesta de acciones es una hoja de ruta que integra los temas sugeridos por Impactos a lo largo del presente documento, (Órganos Contralores, Acceso a la información, Administración de justicia, MACCIH y Transparencia Electoral), tomando en cuenta el factor tiempo (2016-2017), recursos disponibles (nacionales e internacionales) y las oportunidades de incidencia en la institucionalidad publica que surjan a partir del contexto. Como propuesta estaría sujeta a la factibilidad estratégica de la cooperación, a la capacidad instalada del programa como implementador de las iniciativas planteadas, el análisis y discusión con las OSC y por supuesto el desenvolvimiento cambiante de los hechos en el contexto nacional.

Acciones (secuencia sugerida)

Trabajo organizativo a. Convocar y facilitar de inicio un diálogo con las OSC, tanto las que han venido implementando subvenciones del Programa Impactos como aquellas que sin haberlo hecho tienen experiencia y potencial para aportar nuevas experiencias y conocimientos; y con todas ellas identificar los temas centrales de incidencia a partir de sus propias expectativas, experiencias y posibilidades, y sentar las bases de la actuación conjunta o al menos coordinada en los diferentes espacios y momentos de la lucha anticorrupción en este período de acompañamiento que tiene un verdadero sentido de urgencia. La agenda no les debe ser impuesta, sino surgir de un común consenso a partir de una propuesta. b. Realizar un análisis en profundidad de los grupos de poder, políticos y empresariales, así como del espacio ciudadano para identificar si hay sectores que podrían ser aliados en la actual coyuntura en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, entre ellos nuevos y posibles sectores a considerar, como los grupos organizados de juventud, mujeres, cultura, comunitarios y empresariales. También sería de provecho identificar sectores claves de apoyo como el académico a fin de fortalecer mecanismos como las investigaciones y la observancia de los procesos. c. Una vez identificados los temas centrales de incidencia, facilitar un diálogo participativo que permita la construcción de un Plan de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, tomando en consideración para cada objetivo cuál debe ser el rol / trabajo de las OSC entre sí y con otras organizaciones sociales, con el gobierno y con la empresa privada, cuando corresponda. El plan contendrá la propuesta de objetivos viables en el período, con los recursos y capacidades organizativas y de movilización disponibles. Los temas centrales de incidencia identificados guiarán los planes operativos institucionales y también la incidencia conjunta (organización, comunicación, educación y movilización de los diferentes sectores involucrados).

Fortalecimiento de la institucionalidad pública anticorrupción, especialmente de los órganos y leyes encargadas de la contraloría de los bienes públicos; Se ha identificado la necesidad de mejorar la gestión de las entidades públicas anticorrupción y operadoras de justicia así como impulsar reformas a legislación nacional: • Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), para fomentar la transparencia, especialmente en la fuente del financiamiento de las campañas políticas.

• Ley de Contratación del Estado que regula las compras y adquisiciones de las diferentes entidades públicas y su aplicación a todas las áreas de trabajo del gobierno, sin excepción. • Avanzar en el proceso de derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, y proceder a revisar –para su mejoramiento- la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Es importante que las organizaciones se comprometan en el esfuerzo histórico de que grandes responsables de crímenes de corrupción sean judicializados y que la población en general recupere la confianza en las instituciones públicas, sobre todo en lo que refiere a los indicadores sobre el uso de recursos contra la corrupción e impunidad.

Promover reformas a la Ley del TSC que le permita la prevención de la corrupción (ex ante) y para que el TSC se convierta en un organismo independiente y efectivo en su lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. • Incidir para que la Ley de Servicio Civil permita la profesionalización de las instituciones públicas, la independencia y estabilidad para los funcionarios públicos. • Poder Judicial y sus organismos: reforzar acciones orientadas a su despartidización, autonomía e independencia que le permita la correcta y expedita aplicación de justicia para casos de corrupción aplicando estándares internacionales y jurisprudencia. • Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, del Ministerio Público: brindando asistencia técnica y veeduría ciudadana, para que investiguen y persigan delitos graves y de fuerte impacto social, entre los que se incluya los actos corruptos de la administración estatal, el crimen organizado que opera en las entidades gubernamentales y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

Combate a la Corrupción: especialmente el acompañamiento y seguimiento a la MACCIH Crear una Mesa Ciudadana de Acompañamiento y Seguimiento a la MACCIH. Una tarea inicial de la cual será proponer los casos de corrupción prioritarios a ser investigados. Es importante que las organizaciones se comprometan en el esfuerzo histórico de que grandes responsables de crímenes de corrupción sean judicializados y que la población en general recupere la confianza en las instituciones públicas, sobre todo en lo que refiere a los indicadores sobre el uso de recursos contra la corrupción e impunidad. Siendo la MACCIH en particular una iniciativa que abre fuertes perspectivas de incidencia en la lucha contra la impunidad, la estrategia de trabajo de las OSC debe tener una base común de comprensión de las limitaciones de esa intervención, de manera tal

que fortalezca en lugar de debilitar el trabajo anticorrupción que se ha respaldado a lo largo de intervenciones como las realizadas por el programa Impactos y otras experiencias similares. Para ello requiere tomar en consideración elementos orientadores como los siguientes:

La MACCIH no es un fin en sí mismo: se trata de una herramienta de incidencia que debe utilizarse en conjunto con otras estrategias de acción tanto para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en Honduras, como para luchar en contra de la corrupción.

• La MACCIH no es un fin en sí mismo: se trata de una herramienta de incidencia que debe utilizarse en conjunto con otras estrategias de acción tanto para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en Honduras, como para luchar en contra de la corrupción. • La MACCIH es producto de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la OEA, sin embargo, eso no le garantiza la voluntad política e institucional que le permita responder efectivamente a las demandas y expectativas ciudadanas. • La MACCIH deberá equilibrar su relación con el Gobierno/Institucionalidad y la ciudadanía para poder afrontar correctamente el fenómeno de la corrupción • La MACCIH asumirá retos complejos, pero la velocidad con que avance en resultados concretos no dependerá solamente de su voluntad. • La MACCIH requerirá tiempo para su instalación, puesta en marcha y para afrontar las debilidades del sistema procesal hondureño. • La MACCIH deberá consolidar su legitimidad en corto plazo, pero lo hará en tanto la implementación de sus resoluciones sea efectiva. • La MACCIH con su trabajo provocará tensiones fuertes al interior de la sociedad hondureña, sobre todo en un contexto electoral que se presta para posiciones polarizadas. • La MACCIH, con su labor, plantea el riesgo de que la acción investigativa y de sanción del Estado en materia de anticorrupción se debilite, en lugar de ser fortalecido, bajo el argumento de no entorpecer la misión internacional.

Transparencia y Rendición de Cuentas gubernamentales, como mecanismo trasversal y de control preventivo de la corrupción; especialmente en el marco del proceso electoral que culminará en noviembre de 2017 En lo referente al proceso electoral, es importante una estrategia sostenida para introducir en el debate la necesidad de:

• Propiciar una reforma electoral que vete las candidaturas de políticos involucrados en denuncias o actos de corrupción y que modifique el tema del financiamiento privado a los partidos políticos. • Fortalecer el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos, asegurando su publicidad y garantizando mecanismos efectivos que permitan verificar el contenido de las declaraciones a fin de establecer si existe o no evidencia de enriquecimiento ilícito u otro acto constitutivo de responsabilidad penal. • En el contexto de los procesos electorales, los partidos políticos suelen hacer promesas de campaña como sinónimo de los planes de trabajo que implementarán en caso de resultar electos, pero es cuestionable lo poco que dicen sobre cómo dichas propuestas se convertirán en políticas públicas o legislación. El proceso de consolidación democrática y de madurez de la ciudadanía debe obligar a que los partidos políticos intenten dar respuesta a este cuestionamiento a través de la presentación de planes de gobierno. Estos documentos deben aportar alguna idea sobre las prioridades programáticas de los partidos en la lucha anticorrupción y, en el mejor de los casos, sobre cómo se llevarán a la práctica.

RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS OSC EN EL CONTEXTO ACTUAL Los acontecimientos ocurridos en 2014 y 2015, y los que se presentan en el escenario nacional para el 2016 y 2017, plantean para las OSC desafíos de diseño institucional, de modificación de procedimientos, y de cambios culturales que involucran no sólo al Estado como sujeto de incidencia sino a la sociedad en su conjunto. Efectivamente, en ese contexto existe el riesgo de que la agenda nacional supere con amplitud la capacidad de incidencia ciudadana, así como riesgos vinculados con “quedar fuera” por autoprotección, autoexclusión o sencillamente por esa mano invisible del partidarismo político que veta a unos y a otros por tener ideas diferentes. También está el riesgo de formar parte de iniciativas colectivas con reglas del juego no muy claras en un ambiente de incertidumbre (nueva CSJ, llegada de la MACCIH, competición por los recursos en el sector, entre otros). El asunto es que para las OSC quedar fuera en la presente coyuntura, es casi como quedar fuera a futuro. Son dos años decisivos en la vida del país, determinantes para reiniciar una transición a la democracia que ya era cuestionada y que se terminó de agotar en 2009. Posiblemente la lucha contra la corrupción no ha encontrado una coyuntura mejor para la incidencia que la que está gestándose en la actualidad.

El asunto es que para las OSC quedar fuera en la presente coyuntura, es casi como quedar fuera a futuro. Son dos años decisivos en la vida del país, determinantes para reiniciar una transición a la democracia que ya era cuestionada y que se terminó de agotar en 2009. Posiblemente la lucha contra la corrupción no ha encontrado una coyuntura mejor para la incidencia que la que está gestándose en la actualidad.

Como se analizó previamente, se abre una coyuntura internacional y nacional excepcional, pero eso no garantiza per sé resultados positivos para la sociedad hondureña. La corrupción está en la base del poder tradicional en Honduras; y lo que la hace tambalear es, por una parte, la pérdida o el debilitamiento de sus aliados tradicionales, y, por otra, la incompatibilidad entre la corrupción y una buena gobernanza.

Un aspecto que se vuelve prioritario es propiciar espacios conjuntos, ciudadanía-institucionalidad pública, de lucha contra la corrupción y la necesidad de cambiar la mirada muchas veces negativa (e inmovilista) que se tiene del rol del Estado desde las organizaciones de la sociedad civil. El Estado, confirmado muchas veces como corrupto, es considerado como un enemigo. Sin embargo, de la misma forma que el Estado se encuentra involucrado en actos de corrupción, es también el primer responsable de garantizar que ello no ocurra. El Estado, que tiene una institucionalidad con diversos grados de receptividad, debe ser, por lo tanto, sujeto y objeto de la reforma, lo que implica no sólo fortalecer sus órganos de control y transparencia, sino también su eficiencia en la ejecución del gasto público. En ese esfuerzo es absolutamente predecible encontrar resistencias en su interior, de parte de grupos patrimoniales que operan dentro de la ley y fuera de la misma. Las contradicciones también se presentarán dentro de la sociedad civil, que tampoco es un conjunto armónico de organizaciones luchando por los mismos objetivos. Por el contrario, lo que caracteriza a la sociedad civil es la diversidad de su composición, y las visiones diversas que sustentan los diferentes grupos. Por ello, de la misma forma que no debe demonizarse al Estado, tampoco debe idealizarse a la sociedad civil: en su interior, también hay grupos que participan de actos de corrupción.

En ese marco, cuáles son los aspectos que se recomienda tomar en cuenta en términos de acompañamiento y asistencia técnica para contribuir al fortalecimiento de las OSC y del Estado de Derecho • El fortalecimiento de las OSC y del Estado de Derecho se lograrán en la misma medida que la participación ciudadana hondureña y el acompañamiento internacional consoliden reformas a fondo en la administración pública y el país a lo interno logre un acuerdo básico sobre dónde quiere llegar, cómo hacerlo y con quiénes. • En lo inmediato es fundamental considerar la continuidad de intervenciones que han demostrado éxito en canalizar recursos y asistencia técnica a las OSC como es el caso

del programa Impactos. En el escenario actual la competencia por los recursos y la dependencia de financiera de las OSC es una realidad que merece ser atendida en la búsqueda de alternativas para su auto sustentabilidad con el seguimiento debido.

Lo que caracteriza a la sociedad civil es la diversidad de su composición, y las visiones diversas que sustentan los diferentes grupos. Por ello, de la misma forma que no debe demonizarse al Estado, tampoco debe idealizarse a la sociedad civil: en su interior, también hay grupos que participan de actos de corrupción.

• En esa perspectiva es valioso y recomendable intercambiar experiencias, metodologías, resultados y bancos de datos, con mecanismos ligados a las redes sociales, mediante los cuales se coordinen y realicen dichos intercambios a costos razonables. • Propiciar el Fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, fomentando programas de capacitación y mejora continua, incluyendo la apertura a nuevos liderazgos de relevo en el Intercambio para compartir experiencias organizativas. • Avanzar en proyectos concretos para la articulación de acciones que promuevan la gestión y canalización de más recursos de la cooperación internacional para los temas centrales identificados. • Asumir la capacitación y comprensión del fenómeno de la corrupción como eje central para la ejecución de proyectos específicos. • Enfatizar en la asistencia técnica-financiera y acompañamiento a las OSC la necesidad de adoptar una visión integral del impacto de la corrupción en el país y de los proyectos prioritarios para enfrentarla.

A manera de conclusiones • No existen soluciones simples para enfrentar la corrupción sistémica en Honduras. • El acompañamiento de la cooperación internacional es fundamental para las organizaciones ciudadanas, pero no puede sustituirlas, ni crear dependencias que afecten la continuidad del trabajo. • Las organizaciones ciudadanas disponen cada vez más de herramientas legales (nacionales internacionales) para fortalecer su incidencia. El tema no es tanto crear nuevas leyes, sino lograr la aplicación de las existentes. • La asistencia de las organizaciones cooperantes requiere vincularse a actores sociales más diversos y activos, sin exclusiones como las que marginan a la juventud y mujeres.

• Las acciones de respaldo de la cooperación deben incluir el tema de la cultura, como generadora de simbolismos y nuevas narrativas anticorrupción. Música, danza, pintura, teatro, recursos audiovisuales (radio, televisión, cine) deben ser respaldadas. • La investigación y la acción judicial anticorrupción deben fortalecerse para obtener resultados concretos. • Debe fortalecerse la capacidad ciudadana de monitorear, investigar y comprender los temas financiero y fiscal, claves en la estrategia anticorrupción. El fenómeno de la corrupción es una cuestión técnicamente muy compleja de abordar y que requiere capacitaciones y debates constantes. • Es importante lograr respuestas efectivas anticorrupción para la incidencia ciudadana. La crisis de legitimidad afecta no sólo al Estado sino a las OSC. En ese sentido, un área de trabajo prioritaria es incentivar la denuncia de actos de corrupción y, a la vez, fortalecer la protección de los denunciantes.

¿Cúal debe de ser el aporte de la ciudadanía?

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CONTEXTO: CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD

RESUMEN EJECUTIVO

RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS OSC EN EL CONTEXTO ACTUAL

PLANTEADO LO ANTERIOR QUÉ DEBERÍA PRIORIZARSE PARA UNA INTERVENCIÓN EFECTIVA EN PRO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS?

EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿EN DÓNDE INCIDIR?

EN LA COYUNTURA ACTUAL: ¿CÓMO DEBE PLANTEARSE UN ESPACIO CIUDADANODE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?