Resumen ejecutivo En Honduras la corrupción es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores privados (empresariales y sociales) e institucionales (partidos políticos y organismos corporativos), estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado de la administración pública. La preocupación aumenta cuando la corrupción ataca las finanzas provenientes de los impuestos y del endeudamiento externo e interno del Estado. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como propiciar el crecimiento económico necesario para alcanzar metas de desarrollo. No obstante, 2014 se registró un giro político en la permisividad a la corrupción, cuando con fecha 15 de enero del 2014 el Poder Ejecutivo, a través de Decreto PCM 011- 2014, ordenó la intervención del IHSS, debido a presiones sociales (manifestaciones de reclamo) y la aguda crisis interna y actuarial que la institución atravesaba, como producto de un robo gigantesco, que ponía en riesgo la prestación de los diferentes servicios sociales y de salud a sus afiliados, y amenazaba la existencia misma de dicha institución.1
1
Con el caso del Seguro Social se demostró, una vez más, que la corrupción es una violación abierta de los derechos humanos, ya que afecta substancial y negativamente las capacidades del Estado de hacer frente a sus responsabilidades en materia de protección, promoción y cumplimiento del derecho a la salud, a la educación, al acceso a la justicia, al desarrollo y, en última instancia, a la vida.
7
