Capilarizar el negocio de la movilidad eléctrica

Es indudable que el ámbito de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos es uno de los segmentos del sector de material eléctrico que está actuando de motor de crecimiento. La demanda de cargadores, cuya instalación implica más complejidad, genera el suministro de productos y servicios que beneficia a toda la cadena de valor, desde el fabricante hasta el instalador, pasando por el canal de distribución. Este, además, tiene un peso muy importante en cuanto a asesoramiento, formación y acompañamiento a los profesionales.

No obstante, a pesar de las óptimas expectativas, este mercado afronta frenos que dificultan un desarrollo más equilibrado y saludable. Entre los más citados por los operadores del sector, se encuentran el precio elevado de los coches eléctricos, la falta de información sobre tecnologías y velocidades de carga o la escasez de puntos de recarga públicos, entre otros (un extenso reportaje en el interior ofrece un completo panorama de este campo).

Pero un factor que se repite es la lentitud en los trámites burocráticos por parte de las Administraciones Públicas. En concreto, las licencias de construcción y uso de las estaciones de recarga se pueden retrasar muchos meses (incluso más de 1 año en algunos casos), o las gestiones para realizar el tendido de cables hasta el punto de recarga. Las distribuidoras eléctricas también entorpecen en ocasiones el despliegue de infraestructuras alargando la tramitación de los contratos de suministro eléctrico

La Administración tiene aquí una asignatura pendiente: agilizar y mejorar los procesos burocráticos de estas instalaciones; algo que reclaman asociaciones como AEDIVE. Los municipios también tienen mucho que decir, con normativa muchas veces dispar.

En este escenario, hay un aspecto que se suele obviar: el potencial que tiene la movilidad eléctrica para generar negocio en entornos locales y contribuir a la actividad del tejido empresarial en muchas regiones. Como se apunta en el reportaje de esta revista, los grandes operadores y compañías eléctricas suelen contratar a empresas instaladoras con condiciones insuficientes o precarias, escatimando incluso en recursos y mano de obra.

Frente a ello, Ray Carballeira, directivo de Bet Solar, sugiere el poder valorar un sistema de concesiones “para que pequeñas empresas locales puedan realizar el mantenimiento de estas unidades dentro de un modelo rentable”. Una idea que podría aportar valor al sector material eléctrico profesionales de

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