Notas CAEEF Edición 2

1 Mayo de 2016 Edición 02

NOTAS CAEEF CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO EJÉRCITO DEL FUTURO

Factores asociados al crimen organizado

Minería ilegal PÁG. 04

CAEEF CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO EJÉRCITO DEL FUTURO

Fuente Brigada Contra la Minería Ilegal

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General Alberto José Mejía Ferrero Comandante del Ejército Nacional Mayor General Fernando Pineda Solarte Comandante Comando de Transformación Ejército del Futuro Luis Sánchez Aldana Coordinador CAEEF Rocío del Pilar Pachón Pinzón Coordinadora del área de Investigación CT. Javier Suarez Camacho Coordinador área Gestión del Conocimiento Iván Díaz Corzo Investigador Principal Andrea Ortega Torres Tatiana Porras Leal Asesores CAEEF Abel Diaz Castellanos Diseño y Diagramación

Serie de Notas estratégicas Edición No.02 Factores asociados al crimen organizado El presente documento es el resultado del trabajo académico del autor y no representa el punto de vista del Comando del Ejército Nacional, así como tampoco las políticas institucionales.

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ÍNDICE

Pág.

PRESENTACIÓN

Luis E. Sánchez Aldana

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Crimen organizado

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Mineria ilegal

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Factores asociados al desarrollo de la mineríia ilegal

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Perspectivas futuras asociadas al riesgo

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Administración del riesgos

Los grupos criminales han consolidado su presencia en espacios urbanos y rurales durante la última década sustentando su existencia en el control territorial y la posibilidad de manipular e influenciar comunidades, con participación simultánea en múltiples delitos como la extorsión, prostitución, explotación de menores o tráfico de estupefacientes, entre otros.

Frente a la eventual desaparición de los principales grupos armados organizados (FARC y ELN), lejos de una disminución de la actividad delictiva se anticipa una especie de reacomodamiento criminal que se constituye en un importante desafío para el Ejército Nacional en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Por esta razón, el Centro de Análisis Estratégico Ejército del Futuro (CAEEF), en el marco de la investigación, análisis y difusión de temas de relevancia para el futuro de la Fuerza, dedica la segunda edición de la serie Notas CAEEF a la revisión de algunos elementos fundamentales para abordar el fenómeno del crimen organizado en el país. En este sentido, se plantean algunos factores que han generado, constituido o promovido, desde los ámbitos económico, político, social, cultural, ambiental y criminal. Asimismo, plantea tres posibles escenarios desde los cuales se pueden establecer planes de prevención, manejo y mitigación.

Se espera que el documento sirva como insumo para la elaboración de estrategias integrales que combinen esfuerzos públicos y privados, en consideración los roles y responsabilidades que podría enfrentar el Ejército Nacional en el cumplimiento de su misión constitucional.

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Publicaciones CAEEF Ed. N.2 / FACTORES ASOCIADOS AL CRIMEN ORGANIZADO

Factores asociados al crimen organizado Minería ilegal

Fuente :Brigada Contra la Minería Ilegal

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1 de mayo de 2016.

Autor: Iván Díaz Corzo

Crimen organizado De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con el propósito de permitir una aplicación más amplia que pudiera abarcar los nuevos tipos de delito que emergen constantemente a medida que las condiciones locales, regionales y globales se modifican, de forma deliberada, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional no ofrece una definición precisa del término crimen transnacional organizado o una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo. A pesar de eso, sí posee una definición de grupo criminal organizado (UNODC, 2016).

En el artículo 2 (a) de la mencionada Convención se define el Grupo Delictivo Organizado (GDO) como: Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (AGNU, 2000).

En Colombia, estas organizaciones criminales han consolidado su presencia en espacios urbanos y rurales durante las últimas décadas, lo que les ha permitido obtener recursos logísticos y financieros asociados a la realización de acciones criminales directas (secuestro, extorsión), o derivadas (narcotráfico, minería ilegal, tráfico de maderas, abigeato), principales fuentes de recursos y crecimiento criminal.

Tales organizaciones poseen estructuras y naturalezas cada vez más complejas que les brindan un mayor alcance en los espacios políticos, sociales y comerciales, ámbitos en los que realizan acompañamiento, coordinación y cooperación para la realización de actividades criminales con las que alcanzan incluso niveles trasnacionales.

Es muy importante señalar que la Directiva Permanente 0015 DE 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene los lineamientos para caracterizar y enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO), afirma que se han evidenciado transformaciones del sistema criminal que actúa en algunos territorios, al punto que han alcanzado un nivel de hostilidades y de organización de la estructura armada que cumplen con las características de los GAO (que se encuentren bajo la dirección de un mando responsable y ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas1) y amerita por ello un nuevo estudio y replanteamiento de la política y estrategia Ministerial para enfrentar dichas amenazas (MDN, 2016).

En la actualidad es casi imposible hacer referencia a unidades aisladas que operen localmente, estos grupos han logrado un complejo enramado de fronteras invisibles, pero bien establecidas, que facilitan el hecho de que cualquier actividad delictiva sea susceptible de control, tributación y protección por parte del correspondiente gamonal criminal en su territorio de influencia. Este personaje ejerce, controla y defiende su autoridad de todo aquel que pretenda arrebatarla, mediante el empleo de tecnologías de información y comunicación (al alcance de cualquier persona con mínimos niveles de control) y el uso de la fuerza.

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977. Título 1, Artículo 1.

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En consecuencia, se puede afirmar que el fenómeno del crimen organizado en Colombia se desarrolla a través de un modelo de pesos y contra pesos entre hegemones (grupos criminales más poderosos) que ostentan el control logístico, financiero, militar, territorial y social de las principales zonas de interés. En el caso de los grupos guerrilleros, dicho accionar se complementa con la influencia y manipulación de comunidades y grupos vulnerables, en virtud del discurso del abandono del Estado que se constituye en una cubierta perfecta.

más difícil su detección y judicialización.

De esta manera se fueron constituyendo las denominadas cadenas criminales, estructuras compuestas por diferentes eslabones que emplean sus capacidades (rurales y urbanas) para el fortalecimiento de negocios delictivos. La convivencia y articulación de dichos eslabones permite la consolidación de actores criminales del nivel nacional (grupos guerrilleros, grupos delictivos organizados) y así mismo, es la base de la influencia y acción criminal directa o indirecta La consideración del impacto que que se ejerce contra las empresas tiene o podría tener la influencia de petroleras, mineras y energéticas, estos grupos en un eventual escenario entre otras.

Estos mismos grupos, y algunas de post-acuerdo debe partir de organizaciones delictivas, consolidaron establecer cuál es el contexto en el Este tipo de estructuras se la venta de estupefacientes, el que actúan, tanto a nivel nacional sustenta en procesos sociales que secuestro, extorsión, y trata de como internacional, con énfasis en combinan los principales factores personas en los espacios urbanos las principales zonas de desarrollo generadores de conflicto, como como fuentes rentables de recursos y económico y político; asimismo, la ausencia estatal, el desempleo, control territorial se debe determinar cuáles son los desplazamiento y deserción principales actores involucrados escolar legitima la cultura criminal (componentes de las estructuras y del dinero fácil a través del uso cadenas criminales), así como su situación actual y futura sistemático de la violencia. La combinación de esos de cara a los resultados que pueda arrojar el proceso elementos, así como la existencia de grandes vacíos político. normativos, ha permitido que se adelanten procesos de diversificación que fortalecen sus finanzas y dificultan su judicialización.

Contexto

Abordar el contexto del crimen organizado requiere entender las condiciones políticas, sociales, económicas y legales bajo las cuales operan los grupos delictivos involucrados, así como el enfoque local, regional y nacional de la lucha que se adelanta en su contra.

En primer lugar se observa el papel que ha desempeñado el narcotráfico en las últimas décadas como centro de gravedad y parámetro fundamental de la consolidación del crimen organizado, en virtud de su influencia política, social y económica, y especialmente, su capacidad de penetración en todos los poderes y niveles del Estado.

Así mismo, por la conformación de estructuras de gran poder logístico y comercial que están en capacidad de evadir la acción de las autoridades y pueden diversificar sus accionar criminal para sacar el mayor provecho de las debilidades y oportunidades políticas, jurídicas e incluso de mercado.

Estos mismos grupos consolidaron la venta de estupefacientes, el secuestro, extorsión, y trata de personas en los espacios urbanos, como fuentes rentables de recursos y control territorial y evolucionaron hacia el concepto micro (micro tráfico, micro extorsión) como respuesta a las estrategias de la Fuerza Pública, haciendo

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En el nivel local y regional, en las zonas que se produce la convergencia de estos grupos con actividades económicas estratégicas (minería, explotación petrolera, producción de energía), su influencia es cada vez más grande y sus rentas toman cada vez más control de los mercados logísticos y de servicios, consolidando la extorsión como principal fuente alternativa de recursos y generando niveles de utilidad similares a los del narcotráfico.

Situación y actores Los denominados hegemones criminales se asocian con subestructuras delincuenciales para conseguir la consolidación de sus objetivos comerciales y financieros, de esta forma, ejercen gran influencia en las regiones del país en las que se desarrollan las principales actividades estratégicas. Las FARC, el ELN y los grupos delictivos organizados son los principales actores de influencia criminal en función de condiciones estructurales de diversa naturaleza y su participación en diferentes niveles del negocio.

Estos actores concentran sus acciones en la ejecución y control de actividades relacionadas con el narcotráfico o la minería ilegal, elemento que se consolida como el

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Fuente :Brigada Contra la Minería Ilegal

centro de gravedad criminal, ejes al rededor de los cuales se desarrollan otro tipo de actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, trata de personas, micro tráfico y venta de estupefacientes. De igual forma, se ven involucrados en actividades como el tráfico de insumos y explosivos, lavado de activos y captación ilegal.

En consecuencia, se propone el análisis del fenómeno de la minería ilegal como factor de riesgo criminal emergente de gran relevancia para el país, en la medida que está relacionado con condiciones estructurales complejas que amenazan la seguridad y tienen un efecto negativo en la sostenibilidad y el desarrollo estratégico del sector.

Minería ilegal La minería ilegal debe ser analizada a través de la identificación y entendimiento de todos los eslabones de la cadena criminal que intervienen en su desarrollo y las interacciones que sustentan su dinámica lo logística y criminal.

Al igual que otras cadenas criminales que consolidan su presencia a través del control territorial y la posibilidad de manipular e influenciar comunidades (narcotráfico, tráfico de maderas, etc.), en el caso de la minería ilegal se toma partida de problemas estructurales como la baja presencia

estatal en las regiones, la débil política de formalización (que ha ignorado histórica y sistemáticamente las condiciones reales de las comunidades afectadas), la fuerte presencia de grupos armados, y la existencia de débiles estructuras económicas locales y regionales (que hacen poco atractivas las formas lícitas de explotación de la tierra).

Aspectos económicos La minería ilegal se vale de una serie de prácticas comerciales que hicieron carrera y se consolidaron como legítimas en virtud de la profunda ausencia de control y regulación estatal, factores que configuraron ambientes perfectos para el afianzamiento de economías informales masivas, que a su vez promovieron la evasión de impuestos, y en general, todo tipo de prácticas de control o seguimiento a los flujos de capital, su origen o destino.

Esta ausencia de control, trazabilidad y seguimiento no se da solamente en relación con el capital, sino que se inicia desde la producción y comercialización de los materiales mismos, que carecen de inventarios e identificación de potenciales (áreas, cantidades y calidades). Esto, sumado a la existencia de mercados con bajo nivel de regulación, establece una serie de sistemas de líneas logísticas criminales que abastece, pero además garantiza el mercado de los minerales producidos ilegalmente, brindándole a los GDO y los GAO el control logístico y financiero de la cadena criminal.

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Aspectos políticos El fenómeno se alimenta de una serie de factores estructurales (sociales, históricos, económicos) que han delineado la realidad de las zonas mineras en Colombia.

Se trata de regiones deprimidas que cuentan con muy bajos niveles de presencia efectiva del Estado, en las que por décadas se han desarrollado sistemas productivos regulados por una política pública nacional que ha sido incapaz de establecer medidas diferenciales que atiendan las particularidades de la vocación minera local (y las complejidades que eso implica).

Asimismo, existe una clara deficiencia de los roles de control, en adición a un marco jurídico limitado, que genera grandes espacios de oportunidad criminal en los que las GAO y los GDO operan bajo la garantía de la impunidad. Esto, sumado a los altísimos niveles de corrupción que se presentan en los niveles local y regional, debilitan cualquier tipo de intervención para la solución de la problemática.

Además, se evidencia el interés de algunos políticos por garantizar beneficios electorales mediante la construcción de un discurso en torno a las comunidades vulnerables que tradicionalmente han desarrollado actividades mineras, que parecen estar más preocupados por salvaguardar los intereses de los dirigentes y autoridades locales y regionales que por ofrecer alternativas reales para estas poblaciones.

Aspectos sociales Existen condiciones sociales derivadas de problemas estructurales del Estado, como el desplazamiento, sobrepoblación, desempleo, desarraigo y bajos niveles de desarrollo de las comunidades asentadas en zonas mineras, que son aprovechadas por movimientos sociales radicales, en convivencia y asocio con las GAO y los GDO, para promover la minería ilegal como forma de subsistencia. De esta manera, los grupos armados utilizan la vulnerabilidad de las comunidades como cortina de humo para encubrir sus actividades ilícitas y las llevan a situaciones aún más difíciles de desamparo.

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desarrollo personal o comunitario legal. Por ende, las comunidades afectadas son cada vez más propensas a vincularse con el negocio, creándose un círculo vicioso que retroalimenta la cadena criminal en todas sus fases.

Aspectos ambientales Sin duda, uno de los efectos más graves de la minería ilegal es su alto impacto ambiental. En el desarrollo de esta actividad se genera una importante deforestación, contaminación y degradación de ecosistemas, que además, en muchos casos debe ser asumida por la industria minera legal, en virtud de la falta de identificación y judicialización de los verdaderos culpables de estos daños.

Aspectos criminales Finalmente, como sucede en el resto de regiones en las que se desarrollan cadenas criminales, de forma paralela y derivada, se incrementan los niveles de violencia y las rentas ilegales, así como las disputas, la convergencia multidelictiva (prostitución, explotación de menores, microtráfico de estupefacientes), el cobro al gramaje y la consolidación de grupos armados ilegales que se alimentan de la extorsión, el financiamiento y el lavado de activos.

Factores asociados al desarrollo de la minería ilegal

Aspectos culturales

En el caso de la minería ilegal se presenta una oportunidad de negocio criminal reforzada por una serie de situaciones de orden nacional e internacional y algunos elementos estructurales de mercado, que la convierten una alternativa mucho más atractiva y segura que otros tipos de delito. La debilidad del marco legal y la consecuente falta de instrumentación del mismo en procesos masivos de judicialización de responsables, así como la inocua capacidad de seguimiento y trazabilidad en la producción y comercialización de minerales generan los marcos perfectos para el desarrollo y crecimiento del negocio.

La práctica de la minería ilegal se afianza en los focos de ingobernabilidad, ilegalidad, descomposición social y bajos niveles de escolaridad que la hacen ser considerada como una forma válida de subsistencia, frente a la inexistencia de cualquier posibilidad alternativa de

Visto de esta manera, resulta insuficiente un análisis del fenómeno, o cualquier propuesta estratégica derivada del mismo, que se limite a la gestión de los elementos visibles (maquinaria, dragas, invasores, insumos, explosivos y daño ambiental, entre otros). Aunque estos factores tienen gran importancia y merecen la atención

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Económico Superávit sin control Evasión de impuestos Ausencia de inventarios de minas

Violencia y rentas criminales Cobro al gramaje

Incumplimiento de la norma

Economías informales masivas

Descomposición social

Agotamiento de recursos

Ilegalidad Focos de ingobernabilidad

Criminal GAOML

Cultural

Lavado de activos Disputas criminales Convergencia multidelictiva

Ambiental

Minería ilegal

Político

Degradación ecosistema Contaminación Deforestación

Social

Validación insuficiente de procedimientos

Sectores productivos inconformes

Zonas con bajo desarrollo

Conflictos de naturaleza diversa

Cuestionamiento institucional

Dispersión política pública

Migración y desplazamiento

Mov. Sociales radicales

Deficiencia roles de control

Marco legal limitado

Comunidades asentadas

Sobrepoblación

Corrupción Fuente: Unimic

de las empresas (además de una contundente respuesta estatal), son en su conjunto consecuencias y no causas, síntomas y no enfermedades Una cadena criminal con los niveles de complejidad enunciados merece ser analizada a través del entendimiento estructural de los elementos catalizadores (que propician su existencia), los facilitadores (que le dan espacio y viabilidad), y los potencializadores (que le permiten su crecimiento y consolidación). Además, resulta fundamental el conocimiento de sus diferentes eslabones, el contexto en el que se desarrolla la cadena criminal en su conjunto, y la presencia e interacción con otras cadenas criminales.

capacidades e insumos vitales para la actividad ilegal (explosivos, químicos, etc.). Esta especie de gamonal logístico, reconocido como actor legítimo o administrador válido, posibilita el desarrollo de la actividad y garantiza su subsistencia.

Adicionalmente, variables como la ilegalidad y la violencia se consolidan como forma de interacción social válida, tradicional y acostumbrada en estas zonas (autoridad del más fuerte y violento); así, se generan dinámicas de poder alrededor del monopolio de las armas y el dinero fácil, la plusvalía y condiciones laborales no formales (explotación de los mineros informales y/o tradicionales).

Catalizadores

Facilitadores

Algunos de los elementos que propician la existencia de este fenómeno son los factores sociales y culturales relacionados con la presencia de monopolios de mineros ilegales que se dedican al control de elementos,

Uno de los factores que genera el ambiente (espacio y viabilidad) necesario para el desarrollo de este tipo de cadenas criminales es la debilidad de la administración pública local y los entes territoriales que deben adelantar

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las primeras actividades de control sobre el uso de la tierra.

A esto se suma la falta de claridad en la definición del uso del suelo (la política pública minero ambiental no cuenta con un lineamiento riguroso que defina específicamente sujetos y responsabilidades), deficiencias en los sistemas de control y fiscalización minera y ambiental (que hacen de la tierra un elemento relacionado con altísimos niveles de vulnerabilidad), y la debilidad, ausencia y/o ineficiencia de planes de ordenamiento territorial que establezcan con seguridad las formas y lugares en los que se desarrolla la actividad minera.

Además, en el Código Penal existen vacíos relacionados con las actividades criminales directas y conexas a la minería ilegal, hay una baja capacidad de formulación de pruebas técnicas necesarias para los eficientes procesos de judicialización, y no se cuenta con suficientes recursos humanos o materiales en la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la Nación (FGN), encargada de adelantar estos procesos.

rol y responsabilidades específicas dentro de la cadena.

De este modo, se presenta una clara convivencia delictiva que permite aprovechar la corrupción de las autoridades, las zonas de influencia y conexiones con otros sistemas criminales nacionales e internacionales, así como controlar flujos financieros, tanto directos de la actividad minera, como derivados (tráfico de insumos y combustibles, explotación de menores, prostitución y narcotráfico, entre otras).

Otro factor que favorece la minería ilegal es la falta de regulación (técnica, comercial, laboral) de las compraventas y plantas de beneficio ubicadas en las zonas de explotación, que se constituyen en eslabón fundamental de una especie de lavado e integración del material al mercado legal. Es en estos espacios de captación en donde se configuran las principales formas ilícitas y se rompe la trazabilidad que diferencia la procedencia legal de la ilegal.

La inexistencia de jueces especializados que realicen investigaciones en contexto (tomando en consideración todos los elementos de la cadena criminal), produce que la mayoría de esfuerzos en este sentido resulten en condenas débiles o inexistentes, de forma que se genera un ambiente de impunidad que promueve el desarrollo y crecimiento del fenómeno criminal.

Potencializadores La convergencia de estructuras delictivas que proporcionan soporte financiero, suministran elementos necesarios para alimentar la línea de abastecimiento y logística (a través de la importación, transporte y ubicación de insumos y maquina amarilla), y garantizan el mercado en las principales zonas de exploración y explotación minera, se ha constituido en el factor que más ha impulsado el crecimiento y consolidación de la cadena criminal.

Los grupos delictivos organizados proveen los explosivos (obtenidos en el ejercicio de su influencia o a través de la corrupción de integrantes de la Fuerza Pública y/o empleados de empresas privadas) que son usados en la práctica de la minería ilegal. Asimismo, se relacionan con el desarrollo de tecnologías para la fabricación de materiales explosivos improvisados, que permiten continuar la actividad ante la imposibilidad de elaborar el explosivo convencional de forma fraudulenta.

Se trata de una variedad de sistemas, entre los que se destacan las FARC, el ELN, grupos criminales organizados y delincuencia común, cada uno con un

Fuente :Brigada Contra la Minería Ilegal

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Fuente: ANIM, Minminas

Perspectivas futuras asociadas al riesgo El análisis del riesgo parte del entendimiento de las condiciones estructurales que propician el fenómeno, pero también de su interacción (condiciones contra factores). Así es posible prever tres posibles escenarios, a partir de los cuales se pueden establecer planes de prevención, manejo y mitigación.

De una amenaza nacional a una amenaza local El efecto que podría tener la eventual firma de un acuerdo de paz con las FARC y el ELN en el interior, no solo de estos grupos, sino también de las estructuras criminales más relevantes debe ser el punto de partida para el análisis.

El poder militar, económico y logístico que han consolidado las FARC, el ELN y los grupos delictivos organizados en el nivel local y regional, así como los recursos representados en dinero, contactos e información que sus respectivos jefes o comandantes

han consolidado, sumados a la existencia de una ruptura interna de las estructuras, que se ha producido por la falta de interés de algunos grupos o individuos frente al proceso de paz y la ausencia de presencia física de los líderes en el territorio, han generado un efecto separatista, especialmente en unidades que controlan cadenas criminales como las relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta situación responde a los grandes niveles de recursos financieros y de otro tipo con los que cuentan estas organizaciones y a algún grado de desconfianza frente unos delegados que nunca han representado sus intereses. También es consecuencia de una promisoria perspectiva criminal que lejos de verse afectada por un acuerdo de paz podría incluso verse favorecida en virtud de la continuación de los factores que alimentan el conflicto. ¿Qué riesgos representa esta nueva perspectiva?

Se prevé la desaparición de la condición y naturaleza política de algunos grupos armados, así como de su discurso legitimador (relacionado con la inconformidad de la comunidad frente a las políticas estatales). Esto, porque las organizaciones criminales no desean heredar el papel político de los grupos armados, de manera que

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su actuación en estos espacios solo respondería a un interés económico o comercial.

Dicho cambio representaría un nuevo enfoque de las acciones criminales y los intereses que con ellas se persiguen, de modo que se abandonaría la dinámica de ataques al estamento (instituciones, infraestructura, bienes y servicios) como forma de manifestación política, dejando de lado el interés de ser considerado una amenaza del nivel nacional, buscando por el contrario mantener un anonimato o un bajo perfil que les garantice estar fuera del radar de las autoridades y la Fuerza Pública.

Reacomodamiento criminal Un segundo escenario se plantea frente a lo que se puede denominar como un reacomodamiento criminal, una redistribución en el interior de las cadenas criminales de espacios geográficos y de mercado, así como de roles.

En consecuencia, se presentaría la generación de un nuevo balance de poder (fundado en la confrontación armada) que permitiría una reacomodación del organigrama criminal en los niveles locales y regionales.

Como se mencionó anteriormente, en el espacio de poder generado por la ausencia (física) de las grandes organizaciones armadas, cada líder criminal enfrentaría el reto de mantener o expandir sus negocios y áreas de influencia.

Las condiciones estructurales (ideales en algunos casos), que permitieron la aparición y crecimiento de los negocios criminales no van a ccambiar en la etapa inmediatamente posterior a la eventual firma de un acuerdo de paz, de igual manera, el conocimiento y capacidades acumuladas por estos grupos no se desvanecerán ante la desaparición de los comandos centrales de las grandes organizaciones armadas. Estos espacios seguirán siendo ocupados por sus protagonistas habituales, solo que a partir del proceso trabajarían para sí mismos, y en esa misma medida, tendrían que defender sus intereses y áreas de influencia, es decir, las fronteras invisibles establecidas por quienes delimitaban las acciones de las diferentes unidades desde el nivel estratégico, e incluso, serían esos nuevos actores quienes tendrían que rediseñar tales límites.

Este proceso conllevaría altísimos niveles de escalamiento de la violencia entre vecinos y cohabitantes de las zonas de desarrollo criminal, quienes tendrían que forjar alianzas criminales y/o eliminar las amenazas potenciales que procuraran sus mismos intereses.

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¿Qué riesgos representa esta nueva perspectiva?

El proceso de reacomodamiento se daría en torno a los recursos necesarios para mantener e incrementar las capacidades de los nuevos actores, es decir, armas y oportunidades de negocio criminal. Se trataría de mantener un poder coercitivo y económico suficiente para disuadir o eliminar competidores y proyectar el sostenimiento de la organización criminal.

En consecuencia, cualquier territorio o población que pudiera ser susceptible de explotación criminal tendría un alto valor estratégico, sobre todo en relación con rutas de abastecimiento logístico y venta de estupefacientes y mercados y zonas de desarrollo petrolero, minero y energético.

Así, aumentarían los niveles de violencia entre las organizaciones criminales, y contra la población y empresas locales, quienes serían las principales fuentes de recursos para el sostenimiento del aparato armado.

Dicho cambio representaría un nuevo enfoque de las acciones criminales y los intereses que con ellas se persiguen, de modo que se abandonaría la dinámica de ataques al estamento (instituciones, infraestructura, bienes y servicios) como forma de manifestación política.

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Nuevos objetivos criminales

y

blancos

Es de esperar que los grupos criminales, especialmente en el corto plazo, tengan que hacerse a la mayor can dad de recursos posibles, razón por la cual tendrían que aumentar el nivel e intensidad de las actividades que realizan, además se verían en la necesidad de buscar nuevos mercados y víctimas. Con este propósito, potenciarían los negocios criminales emergentes que ya les hayan demostrado valor y e ciencia, como la minería ilegal y el contrabando, pero llevándolos a sus máximos límites y eficacia en términos de tiempo y resultado. En el mismo sentido, fortalecerían las actividades de rápido recaudo como la extorsión y micro extorsión, el secuestro exprés y el lavado de activos, lo que les permitiría una rápida reinversión de los dineros en el sostenimiento de la confrontación armada.

En el caso del sector minero estos nuevos escenarios criminales tendrían un gran impacto, no solo en los niveles de violencia, sino que además se afectaría de forma importante la industria extractiva legal. Un estudio del año 2008, sobre 190 proyectos operados por las principales compañías petroleras internacionales mostró que en la década anterior casi se había duplicado el tiempo necesario para que lograran culminar sus etapas pre-extractivas y extractivas, provocando un aumento significativo en los costos (Goldman, 2008), aunque este aumento refleja otro tipo de factores como la lejanía del proyecto, escala, dificultad técnica y precio de entrada, un seguimiento al subconjunto de tales emprendimientos encontró que los riesgos no técnicos (conflictos sociales) representaron casi la mitad de los riesgos totales que enfrentaron estas empresas, y que los riesgos referidos a las relaciones con otros actores sociales constituyen la mayor categoría individual (Ruggie, 2010).

Por lo anterior, resulta fundamental la elaboración de estrategias de prevención y mitigación que partan de la realización de una revisión estratégica que combine esfuerzos públicos y privados, abordando la problemática desde sus elementos catalizadores, facilitadores y potencializadores, teniendo en consideración los factores fundamentales de contexto y las cadenas criminales conexas.

Administración del riesgo La minería ilegal se constituye en uno de los fenómenos criminales emergentes más importantes

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en la actualidad. Por esta razón, resulta fundamental realizar propuestas estratégicas que combinen esfuerzos públicos y privados, abordando la problemática desde sus elementos catalizadores facilitadores y potencializadores, teniendo en consideración los elementos fundamentales de contexto y las cadenas criminales conexas. Por un lado, se deben adelantar medidas sectoriales, es decir, esfuerzos de tipo político que podrían ser lideradas por las agremiaciones en conjunto con la comunidad con el fin de llamar la atención y construir canales de comunicación y coordinación con el Gobierno nacional, que permitan desarrollar herramientas para la articulación de esfuerzos públicos y privados en el marco de una visión compartida del problema y su solución.

En este marco, se deben definir claramente los titulares de la actividad minera y establecer parámetros técnicos y jurídicos que rompan la incertidumbre que alimenta la práctica ilegal. Además, es necesario fijar cantidades de insumos, productos y niveles de explotación autorizados, y garantizar su trazabilidad con el fin de que se prevenga el lavado y legalización de este tipo de elementos. De igual forma, revisar los vacíos normativos asociados al empleo de locaciones y la asignación de responsabilidades fiscales y ambientales.

De igual forma, hay que revisar las herramientas y espacios de coordinación de las diferentes autoridades y entes de control, con el propósito de consolidar estrategias ambientales, de fiscalización minera y laboral conjuntas; en muchos casos estas tareas no se realizan por falta de recursos, condiciones de orden público o inoperancia de gobiernos locales y regionales.

Además, se debe ajustar el grado de responsabilidad y alcance de la labor de control y vigilancia de temas mineros y uso adecuado de la tierra desempeñado por las alcaldías mediante la creación y empleo de espacios de segunda instancia que actúen de forma ágil sobre las problemáticas y tengan capacidad de denuncia. En suma, se deben fortalecer los esfuerzos encaminados a la prevención de este tipo de actuaciones.

Asimismo, los instrumentos de individualización y judicialización relacionados con esta actividad ilegal deben ser endurecidos mediante la creación de espacios de comunicación entre la FGN y las empresas que cumplan con los debidos principios de confidencialidad y seguridad, de manera que se facilite y pueda sistematizar la denuncia como acto fundamental para la sanción de de este fenómeno criminal. En materia penal, habría que entrar a revisar las tipificaciones y castigos a la extracción ilícita de minerales, el daño ambiental, la explotación laboral y el financiamiento de grupos armados ilegales, no solo para el fortalecimiento de las penas, sino también para lograr investigaciones en contexto que permitan establecer delitos conexos, y desarticular grupos delictivos organizados y cadenas criminales.

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Finalmente, y con la claridad de las profundas raíces sociales que tiene esta problemática, es fundamental que el sector privado contribuya a visibilizar y atender los bajos niveles de desarrollo que se presentan en las zonas mineras, sirviendo como canal de comunicación entre las comunidades y el Gobierno nacional (sin pretender asumir las responsabilidades del mismo), buscando cambiar la dinámica de extorsión legalizada que la gran mayoría de las compañías afirma tolerar para avanzar en sus diferentes proyectos.

La segunda naturaleza de medidas que deben hacer parte de la estrategia de prevención y mitigación del riesgo debe ser liderada por las empresas. Se debe apuntar a la finalización de las diferentes tradiciones comerciales que impiden la claridad absoluta acerca de los procedimientos, actores, fuentes y financiadores, es decir, implementar en el interior del sector minero una cultura de transparencia que le cierre de una vez por todas las puertas a la ilegalidad, sobre todo en los temas de personal y el manejo de la información.

Como se señaló anteriormente, las estructuras criminales participan en algunas fases de la actividad

minera para disfrazar sus acciones y lograr incluir sus materiales y capitales dentro del negocio legal de la industria extractiva. La ubicación geográfica se suscribe a las mismas áreas donde se encuentran las empresas mineras legales, de manera que pueden ser falsa, pero fácilmente relacionadas con los delitos cometidos por éstas, es decir, en estas áreas se configura una variedad de riesgos que pueden estar relacionados con la percepción de la opinión pública, la integridad y reputación de las empresas legales, e incluso ante la justicia. Es así como para las empresas mineras, sin importar el material que exploten, resulta fundamental medir y actualizar constantemente, tanto la repercusión de sus actividades desde el punto de vista ambiental, como los efectos que se puedan estar configurando en cada región en la que se adelantan sus proyectos.

Además, es necesario documentar permanentemente las actividades ilegales en sus zonas de influencia, y entablar denuncias oportunas de las mismas, con el fin de contar con instrumentos jurídicos y/o de opinión, que también sirvan como herramientas en los esfuerzos de judicialización de las estructuras ilegales. Como resultado de estas acciones se podría producir además

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un efecto de disuasión o disminución de la probabilidad de que la criminalidad se esconda bajo la sombra de las actividades legales.

También es muy importante adelantar esfuerzos de control para la adquisición, uso y destinación final de insumos químicos y explosivos en el interior de las empresas, con el fin de disminuir la probabilidad de que estos elementos terminen en manos de terceros y sustenten actividades ilegales. Es bien sabido que un gran porcentaje de los elementos necesarios para la práctica de la minería ilegal se logra a través de figuras de corrupción estatal y privada, de modo que blindar a las empresas en este sentido sería un punto fundamental de la estrategia de mitigación del riesgo en la lucha contra el fenómeno.

De igual manera, resulta muy importante el rol de las empresas en el cierre de espacios a la criminalidad en las etapas de comercialización. Los compradores y comercializadores de minerales son mucho menos numerosos que los explotadores, de forma que son más fácilmente identificables, es decir, no solo se deben adelantar esfuerzos por identificar y perseguir a quienes extraigan ilícitamente minerales, sino que también se debe rastrear a los comercializadores de materiales cuya procedencia no sea absolutamente clara. Históricamente, este mercado no ha sido bien definido por el Estado (a quien corresponde esa tarea), de tal suerte que se facilita la gestión de materiales ilícitos bajo la sombra de la legalidad. Sería una tarea cultural importante cerrar esos espacios a través de las buenas prácticas de identificación de actores y procedencias para la comercialización. Solo así se lograrían disminuir los incentivos presentes en toda la cadena criminal porque siempre habrá minería ilegal mientras exista quien compre y comercialice minerales ilegales.

Otro asunto fundamental sobre el que las empresas deben adelantar esfuerzos para reducir y mitigar el riesgo asociado a esta problemática es el manejo de personal.

Las actividades relacionadas con la extracción ilícita de minerales tienen unos altos niveles de participación directa o derivada del personal perteneciente a las empresas privadas. Hay que emplear estrategias y metodologías de selección y control de personal que disminuyan las posibilidades de que éste participe o haga parte de estructuras o actividades criminales.

En este sentido, es importante considerar y ocuparse (en la medida de su responsabilidad) del contexto social en el que se desarrollan las actividades de las empresas y el porcentaje de mano de obra de la región debe ser contratado, también se debe asegurar que los trabajadores solamente tengan acceso a la información y materiales estrictamente necesarios para el desarrollo de su labor e implementar procedimientos de control.

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Finalmente, en el marco del propósito de mitigación del riesgo es muy importante que se establezcan protocolos y mecanismos de control de la información que permitan disminuir su vulnerabilidad y evitar una posible fuga. El conocimiento técnico y procedimental de una empresa minera se configura como uno de sus más preciados activos, y como tal, debe ser protegido.

El uso inadecuado de la información le permite a las estructuras criminales conocer de primera mano temas de tipo técnico, logístico y de seguridad que sustentan, no solo la posibilidad de la extracción ilícita de minerales, sino también el aprovechamiento ilegal de las fortalezas de la empresa.

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1 de mayo de 2016.

Fuente :Brigada Contra la MinerĂ­a Ilegal

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COMANDO DE TRANSFORMACIÓN EJÉRCITO DEL FUTURO

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