EL FUTURO EN MONITOR R E F L E XI O N E S P ENSIONES
SOBRE EL FUTURO DE
AHORRO
Y
Las pensiones pertenecen al conjunto de prestaciones de la Seguridad Social cuya finalidad es suplir rentas y básicamente están concebidas como un instrumento de obtención de renta por parte de aquellas personas que han abandonado el mercado de trabajo. Los que tienden a disfrutar de los sistemas de pensiones son trabajadores que pertenecen a la economía formal. En la actualidad prevalecen dos casos extremos de financiación del sistema de pensiones, entre los que se puede encontrar una compleja gama de sistemas híbridos. Los dos sistemas que domina son: a) Sistema de reparto. Las cotizaciones actuales financian las pensiones actuales (traslado de cargas). Es decir, que las cotizaciones para los seguros sociales pagadas por los trabajadores en actividad, financian inmediatamente las prestaciones de vejez abonadas a los jubilados. En este sistema, los trabajadores reciben una
pensión determinada en su jubilación, que equivale a un porcentaje establecido del salario percibido en los últimos años. Es el sistema por el que han optado la Europa continental y Japón. b) Sistema de capitalización: las aportaciones de los trabajadores se capitalizan mediante cuentas individuales, hasta el momento en que se produzca la contingencia..
En este sistema privado, las cotizaciones para la vejez de cada trabajador se ahorran para un uso personal posterior exclusivo. Las contribuciones de los trabajadores están establecidas, pero sus pensiones varían en función del importe de las contribuciones que van abonando a lo largo del tiempo, de los rendimientos financieros del dinero y de las comisiones cobradas por los fondos de pensión privados. Es el sistema por el que han optado algunos países anglosajones y algunos de América Latina.
Ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes desde distintos puntos de vista: justicia intergeneracional, equidad distributiva, eficiencia económica, etcétera. Lo que sí es común a ambos, es que los trabajadores activos del futuro deberán financiar a los pensionistas del futuro, sea separando de su renta una parte que irá directamente a los mayores, sea adquiriendo activos financieros que los mayores del futuro les vendan. Los sistemas de pensiones son especialmente sensibles a la transición demográfica así como a la situación laboral de su población protegida. La primera cambia su estructura de edades afectando la razón entre potenciales contribuyentes y beneficiarios, la segunda define cuántos de los potenciales contribuyentes están productivamente ocupados en actividades formales. 2
No obstante no será la demografía, será el crecimiento económico lo que determine la naturaleza de la jubilación futura. Con el crecimiento ha venido un constante aumento de los años de jubilación. Sin embargo ante los problemas financieros, pareciera que para los Gobiernos ahora es cada vez mayor el interés en que estos logros "retrocedan". Ante el mañana, los cambios en los sistemas de pensiones deberán asumirse como reformas con repercusiones considerables tanto para la política económica como la social. Para países como los nuestros, los cambios en los sistemas de pensiones no estarán exentos de analizar la situación del empleo formal, toda vez que el crecimiento de la economía informal generará al indigente senil, que si bien el Estado no le proveerá de una pensión, sí tendrá que brindarle apoyo en otras áreas de la seguridad social.
CONTEXTO MUNDIAL P ENSIONES
DEL
AHORRO
Y
L AS
Fue Prusia, a partir de 1881, el primer país en crear un sistema público de pensiones llamado de reparto, sistema que se extendió por casi todo el mundo. El arquitecto de este sistema fue el llamado Canciller de Hierro, Otto von Bismark (1815-1898), quien creó el sistema en un esfuerzo político para debilitar al partido socialista alemán. Bismarck nunca soñó que su restrictivo modelo de pensiones (la edad de calificación para jubilar era 65 años cuando el promedio de esperanza de vida de un prusiano era solamente 45 años) se dispersaría al resto del mundo, y que la era del Estado Benefactor había comenzado. Actualmente, el sistema de pensiones de reparto (en el cual los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados del presente) se dirige hacia la bancarrota en todo el mundo. Su viabilidad se agrava más por el incremento de las expectativas de vida y la reducción de las tasas de fertilidad. Estas tendencias se acelerarán. En los próximos 35 años, se triplicará el número de individuos mayores de 60 años en el mundo. Los que cuestionan el sistema de reparto, sostienen que este sistema de pensiones impacta negativamente los mercados de trabajo y ahorros debido a que los fondos se gastan inmediatamente en lugar de invertirlos, y las contribuciones provenientes de los roles de pago representan un impuesto al trabajador contratado. Los que impulsan las reformas a los sistemas de pensiones sostienen que éstos ofrecen la posibilidad de transformar las contribuciones en fuentes de ahorro de largo plazo, y llenar así un vacío importante de los mercados de capitales de la región. En esta tarea las reformas deben hacer más eficiente la administración financiera del fondo de pensiones, para asignar mayores recursos a las necesidades de desarrollo de las economías de la región y obtener mejores retornos financieros para los fondos acumulados y transformarlos en más y mejores pensiones. 3
Los problemas financieros provienen en parte de deficiencias administrativas. Muchos de los sistemas de pensiones del mundo no se han administrado con arreglo a principios actuariales sólidos, lo cual ha provocado que el nivel de las contribuciones resultara inadecuado para mantener las prestaciones que esos sistemas habían venido pagando tradicionalmente. Esto se ha producido sobre todo con los sistemas especiales de pensiones para determinadas categorías privilegiadas de trabajadores. Algunos funcionarios del Estado, por ejemplo parlamentarios, diplomáticos, militares y magistrados, solían recibir pensiones muy lucrativas que superaban con creces sus contribuciones al sistema de pensiones. Una de las características básicas de los sistemas de pensiones de capitalización es que sus efectos económicos y sociales son de muy largo plazo. Es necesario que se desarrolle plenamente la vida laboral de las personas, durante cerca de 40 años, para conocer con precisión cuál será la realidad de las pensiones, considerando tanto la evolución demográfica, la acumulación del fondo de pensiones así como los costos de la salud en el período de la pasividad. El modelo chileno, iniciado en el año 1981, se desarrolló en el marco de una serie de reformas estructurales. Traspasó la administración de los fondos desde el sector público y cambió el sistema de reparto por uno de capitalización individual, reservándose el Estado esencialmente el rol de regulador del nuevo sistema, pero al mismo tiempo, adquirió todos los pasivos del sistema antiguo, incluyendo el pago de las pensiones de quienes permanecen en él. Las pensiones son financiadas por estos fondos, cuyo monto depende de varios factores: las contribuciones acumuladas durante la vida laboral; el retorno de las inversiones; la expectativa de vida del afiliado y de sus dependientes. El Estado garantiza una pensión mínima legal si el fondo acumulado no es suficiente para financiar una pensión de ese monto; pero exige 240 meses de contribuciones. En fin, el sistema privado está regulado y controlado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones chilena. En el caso de Chile, tras la reforma de 1981, la tasa de ahorro nacional experimentó un alza brusca en Chile, pasando de un 16.4 % en ese año a un 30% en 1990, lo cual representa el mayor índice de ahorro de la región. Sin embargo, no todo ha sido tan maravilloso en el modelo chileno. El rendimiento promedio anual de los fondos de pensiones en el período 1981- 1999 fue de un 11%. Sin embargo, las rentabilidades han disminuido en los últimos años: desde 1987 ha sido de 8,7% y desde 1992 solamente de 6,4%. Estas rentabilidades son menores en las cuentas individuales debido al costo de las comisiones. Por eso, entre las reformas que se impulsan está la de reducir los costos de administración, ya que la comisión adicional que se paga alcanza en promedio a casi un cuarto de lo que el trabajador destina a su cuenta individual. Además, es necesario reducir el efecto regresivo de la comisión fija mensual. 4
En América Latina en general, en los países donde se ha dado la reforma al sistema de pensiones, la experiencia muestra que, aun cuando los sistemas se han diseñado conforme al criterio de contribuciones obligatorias, en ningún país han existido las condiciones para que toda la población en edad de contribuir lo haga. El Estado debe entonces discernir si quienes no participan del sistema tienen derecho a una pensión mínima de solidaridad, requiriendo conocer la razón por la cual algunos no contribuyen. Varios países desarrollados tienen substanciales sistemas privados de pensiones, especialmente los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Suiza y Holanda. Sin embargo, ellos coexisten con importantes sistemas públicos de pensiones defectuosos. Solamente dos naciones ricas --Gran Bretaña y Australia-- han reformado sus sistemas públicos de pensiones, introduciendo parcialmente las cuentas individuales. Aun cuando los países de Europa continental están gastando 15% de sus PIBs en desembolsos para las pensiones públicas (una cifra que se elevará a más de 18% para algunos países dentro de 40 años), hasta el presente sólo han implementado medidas circunstanciales. Alemania, por ejemplo, recientemente propuso aumentar los impuestos a los roles de pago, utilizando fondos del Estado para estimular a los trabajadores que pongan dinero adicional en cuentas privadas. El problema de Europa, como el de otros lugares, es político, no económico. El sistema de pensiones de España, por ejemplo, es el programa más costoso en el presupuesto federal y otorga a sus trabajadores una mínima tasa de retorno. A pesar del hecho que se ha identificado una transición económica factible a un sistema privado, y que el gobierno está comprometido a una liberación económica en otras áreas, la inercia política ha prevalecido. El gasto por pensiones ha aumentado considerablemente en muchos Estados, obligándoles a efectuar reformas. Por ejemplo, en los países de Europa Occidental el promedio del gasto público en pensiones representaba en 1980 un 7% del PIB y en 1993 un 9% . En Europa Oriental ese promedio aumentó con mayor rapidez todavía, pasando de un 6% del PIB en 1980 a un 11% en 1995. En estos últimos años, unos cuantos países han empezado a administrar sus sistemas públicos de pensiones en función de cotizaciones definidas, en vez de prestaciones establecidas. Por ejemplo, en Italia, Suecia, Letonia y Polonia, se han establecido recientemente sistemas teóricos de cotizaciones definidas administrados por el Estado. En estos sistemas, los trabajadores poseen cuentas de jubilación individuales como en los sistemas privados, pero en realidad no hay dinero depositado en ellas. Con las contribuciones de los trabajadores en actividad se paga a los jubilados, como en todo sistema de reparto. No obstante, a los trabajadores se les imputan sus contribuciones y los intereses que devengan; y las pensiones que reciben después de su jubilación se basan en la totalidad del importe alcanzado por los fondos imputados a sus cuentas.
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La crisis de pensiones en el Japón, el país con la población de más edad en el mundo, es similar al de Europa continental. El sistema de pensiones del país representa obligaciones sin financiamiento de cerca de 15% del PIB y se encamina a la bancarrota. Más aun, el modelo japonés de capitalismo dirigido por el Estado ha resultado en un sistema privado de pensiones que se ha convertido en insolvente. Los sistemas de pensiones de algunos países se han visto devastados por una evasión de pagos generalizada; por ejemplo, en algunos Estados de América Latina más del 50% de las personas que deben cotizar al sistema de protección social no han abonado sus cuotas en los últimos años. Sabemos que son los patronos los intermediarios, los que hace estos abonos. Por tanto, no es que el beneficiario final evada cotizar, sino que el patrón evade pagar. Los problemas financieros se han visto agravados por las recientes tendencias demográficas que han provocado un rápido envejecimiento de gran parte de la población mundial. El promedio de esperanza de vida ha aumentado asombrosamente en los últimos años, en gran medida a causa de los progresos en materia de asistencia sanitaria e higiene. De acuerdo a Naciones Unidad, desde principios de los años cincuenta hasta principios de los noventa, la esperanza de vida aumentó 8 años en los países más desarrollados, 21 en los países en desarrollo y 15 en los menos adelantados . Esas tendencias demográficas no sólo han implicado que una proporción considerable de la población tenga derecho a prestaciones de vejez —con la consiguiente elevación de los gastos destinados a cubrirlas—, sino que además han provocado la disminución de los trabajadores en actividad, o sea de la parte de la población que debe correr con los gastos de los jubilados. En los últimos años, la reforma de las pensiones ha llegado a ser parte integrante tanto de la política económica como de la social. En parte, los gobiernos han empezado a reformar los sistemas de pensiones para mejorar su competitividad en el plano internacional y protegerse de la escasez de capitales que ha empezado a afectarles. Muchas de las reformas emprendidas en estos últimos años sólo cobran sentido si se contemplan desde esta perspectiva. Muchos gobiernos, en especial los que imponen gravámenes fiscales considerables sobre los salarios, han llegado a la conclusión de que es menester efectuar algunos recortes en las prestaciones de vejez, habida cuenta del contexto actual de extrema competitividad económica. Con la reducción de esas prestaciones esperan poner un límite a sus déficit fiscales, mantener bajos costos de producción y mejorar la competitividad de sus países en el plano internacional.
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Retos que deben enfrentar los sistemas de pensiones: En la mayoría de los países, los fondos de pensiones privados gravan las cuotas de los asegurados con comisiones y primas de seguros que oscilan entre un 25% y un 35% de sus contribuciones anuales . Esos costos administrativos elevados se deben en gran medida a las importantes cantidades de dinero que los fondos privados gastan en marketing para tratar de atraer a nuevos afiliados. Esos costos altos también implican que proporciones sustanciales de las cuotas abonadas por cada trabajador no se ahorran y, por lo tanto, no se pueden utilizar a la vejez. El segundo ámbito es el de la proporción bastante elevada de evasiones de pago de las cuotas. En efecto, en la mayoría de los nuevos sistemas privados de pensiones solamente entre un 50% y un 75% de los afiliados abonan efectivamente sus cuotas para pensiones. El resultado de esto es que muchos trabajadores no poseen suficiente dinero en sus cuentas para financiar sus pensiones cuando les llega la jubilación.
PROSPECTIVA DE LAS PENSIONES Las recientes reformas van a tener repercusiones importantes, aunque diferentes, en los sistemas de pensiones y las economías de los países que las han llevado a cabo. Por ejemplo, los recortes de las prestaciones de vejez mitigarán los problemas financieros de los sistemas de pensiones a corto y medio plazo, , porque reducirán los gastos estatales y contribuirán a que los países mantengan su competitividad en la esfera internacional. Aunque la mayoría de estas medidas no representan una solución a largo plazo de los problemas de este tipo que afectan a esos sistemas, por lo menos atenuarán las presiones financieras inmediatas que están experimentando. En cambio, la privatización tendrá a medio plazo una repercusión negativa sobre los sistemas de pensiones, pero podrá resolver los problemas financieros que tienen planteados a largo plazo. La privatización desestabiliza a medio plazo las finanzas de esos sistemas porque se ven privados de la recepción de las cuotas para la vejez pagadas por los trabajadores en actividad, mientras que deben seguir abonando prestaciones a los ya jubilados. No obstante, cuando se extinga la actual generación de pensionistas, el Estado ya no tendrá que seguir financiando las pensiones de los ciudadanos, salvo en el caso de aquellas personas que no hayan acumulado suficiente dinero en los fondos de pensión privados para disfrutar de una pensión mínima. La crisis de las pensiones en Europa continental es mucho más severa que la de los Estados Unidos. Para el año 2025, cerca de un tercio de la población de Europa calificará para pensiones públicas. En 30 años, en Alemania e Italia, cada jubilado será financiado para su jubilación por un trabajador. Aquellos generosos beneficios combinados con el débil e inexistente sistema de ahorro privado para los ancianos, solamente para mantener en marcha los esquemas públicos de pensiones, será necesario realizar drásticos incrementos de impuestos o cortar beneficios.
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Las reformas que más se discuten hoy en la región latinoamericana sugieren transformar el concepto de contribuciones (para adquirir un derecho) en ahorro (para acceder a un patrimonio) y realizar su intermediación financiera como fondos de pensiones. Se pretende: a). que cada individuo sustituya parte de su propio consumo durante su vida activa por consumo futuro (contribuciones definidas o ahorro previsional a nivel individual); b) que se obtengan mejores retornos financieros que aquellos en el sistema de reparto para tal ahorro previsional c) que la capitalización de los fondos de reserva contribuya a una mayor y más eficiente formación de capital (intermediación financiera); y d) que se promueva el crecimiento del producto y del empleo (generación de empleo productivo. Y sobre todo, el empleo formal. La tasa de dependencia . (tasa de dependencia de adultos mayores) es un indicador básico para comprender la gravedad de las pensiones a futuro. La tasa de dependencia está definida como la relación entre la población de 65 años y más, los cuales podría suponerse son los que reciben las pensiones; y la población de 15 a 64 años, y que se podrían considerar como los contribuyentes al esquema de pensiones. Dicho indicador aumentará en algunos países más desarrollados, desde aproximadamente 15% en el año 1950 hasta un promedio entre 33% y 45% en el año 2050. Por su parte, para las áreas en desarrollo, como Latinoamérica, este mismo indicador, la tasa de dependencia de adultos mayores, pasará del 6% a un 25% en el mismo lapso. TASA DE DEPENDENCIA DE ADULTOS MAYORES (PORCENTAJE) País
Población Económicamente Activa (entre 15 y 64 años) (A)
Adultos mayores de 65 años
Tasa de Dependencia (B/A)
(B)
Estados Unidos 2000
186,967,689 35,061,247
19%
2025
216,573,304 63,523,732
29%
2050
250,800,204 86,705,637
35%
2000
55,850,465 13,514,761
24%
2025
50,328,158 19,812,942
39%
2050
41,753,868 22,083,684
53%
2000
27,334,286 6,819,715
25%
2025
25,625,257
9,003,924
35%
2050
18,686,021
12,255,798
66%
Alemania
España
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País
Población Económicamente Activa (entre 15 y 64 años) (A)
Adultos mayores de 65 años
Tasa de Dependencia (B/A)
(B)
India 2000
619,670,583
46,544,632
7.5%
2025
921,474,545
106,335,720
11.5%
2050
1,047,864,836
233,444,614
22.3%
2000
855,614,459
87,396,780
10.2%
2025
983,862,142
198,388,459
20.2%
2050
857,697,368
346,223,533
40.4%
2000
9,877,090
1,094,335
11%
2025
12,340,563
2,640,748
21%
2050
12,007,402
4,264,061
36%
2000
61,494,639
4,946,377
8%
2025
86,643,663
12,767,789
15%
2050
91,825,753
28,054,513
31%
China
Chile
México
Fuente: U.S.Census Bureau. United States Department of Commerce. 2004
Evidentemente estas altas tasas de dependencia de adultos mayores, requieren modificaciones inmediatas a los sistemas de pensiones de estos países, porque no hay gobierno que pueda compensar esos pasivos que se van a generar. Mas la situación será aún más grave para los países que cuenten con mayor porcentaje de economía informal, toda vez que igualmente tendrán que buscar soluciones para aminorar los impactos sociales que va a crear una población adulta, senil y sin esta parte de la seguridad social como son las pensiones.
ACTUALIDAD Y FUTURO DE LAS PENSIONES EN MÉXICO A partir del 1 de julio de 1997, se instrumentó la reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pasando de un esquema de beneficio definido o de reparto, a uno de capitalización o de cuentas individuales. 9
En el caso de México, se eliminó completamente el sistema público de pensiones para los trabajadores del sector privado, reemplazándolo con un sistema privado de cuentas individuales administrado por empresas privadas. Dada la tradición del país de ser un Estado paternalista, esto fue un enorme logro. No obstante, los trabajadores del sector público fueron obligados a permanecer en el sistema de reparto. El sistema privado tiene ahora unos 20 millones de afiliados, el más grande de cualquier país en la región latinoamericana. El Sistema de Pensiones de México, vigente a partir de julio de 1997, contempla el ahorro para la pensión de los trabajadores derechohabientes del IMSS por los conceptos de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, e integra como parte del monto constitutivo de la pensión, en su momento, el Saldo de la Sub-cuenta de Vivienda INFONAVIT. Crea las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) como entidades encargadas de administrar las cuentas individuales de los trabajadores afiliados al régimen obligatorio del IMSS, y por consecuencia a INFONAVIT. Las cuentas individuales están integradas por tres Subcuentas:Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez Vivienda y, Aportación Voluntaria. De acuerdo la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, (CONSAR) para diciembre de 2003 se registraron 20 millones 494 mil 914 afiliados a las AFORES. El 53% de estos fondos son manejados por entidades bancarias con capital español. El 24.5% los tiene Banamex, Bancomer cuenta con 15.2% y Santander con 13%. Los otros que están por encima del 10% son Profuturo con 11%, y Banorte e ING, con 10% cada uno. El monto total por contribuciones obligatorias en las AFORES, al cierre de diciembre 2003 se ubicó en 1,261.1 millones de pesos. Reiteramos que la reforma fue incompleta, ya que no se adecuaron los sistemas de pensiones del sector público. Estos planes están generalmente estructurados como de beneficio definido y presentan, desde un punto de vista actuarial, importantes desequilibrios entre el valor presente de los ingresos y el de los beneficios. Es decir, al igual que el sistema anterior del IMSS, no son financieramente viables. Las finanzas públicas federales tienen presiones para el pago de pensiones. Esta grave problemática se refleja en los grandes organismos y empresas bajo control presupuestario directo: Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre los más importantes. Durante el 2002, el ISSSTE ejerció un gasto programable de 47 mil 671 millones de pesos, del cual 52 por ciento sirvió para pagar la nómina de pensiones. El apremio que padece el IMSS es similar, pues las pensiones representan 40.4 por ciento de su gasto, mientras que en Luz y Fuerza del Centro cerca de un tercio de su gasto programable se ejerció en el pago de pensionados. 10
El pago de las pensiones del sector público, junto con los gastos médicos de los pensionados, representan el problema financiero de México del siglo XXI. La viabilidad financiera de estos esquemas de pensiones se ve seriamente amenazada por la transición demográfica que ha experimentado nuestro país, que se manifiesta en el incremento en la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. El aumento en la esperanza de vida implica no sólo que aumente el número de trabajadores que llegan a la edad del retiro, sino que se incremente el número de años cuando se les paga su pensión. Par el 2010, de acuerdo a CONAPO, se estima un promedio de esperanza de vida de 74.4 y para el 2030, de 76.5 años. Por otra parte la tasa de dependencia de adultos mayores tiende a crecer. Para el 2000 se ubicaba en 8%, para el 2025% estaría en 15% y para el 2050 rondaríamos el 31%, nada lejos de las calamidades de países europeos. Esta situación, está llevando al Gobierno a buscar algunas reformas legales que le permitan aminorar este problema fiscal. No obstante, las posibles modificaciones que han asomado ya cuentan con el rechazo del sector empresarial. Por ejemplo, recordemos que hace poco se propuso aumentar la cuota obrero-patronal por pensiones del IMSS (elevarla de 1.5% a 1.9%) para enfrentar la crisis financiera por la que atraviesa esta institución por el pago de pensiones. Claro, si miramos hacia el pasado y de no haberse producido la reforma del sistema de pensiones, la situación sería peor. De haberse mantenido totalmente el sistema anterior, el IMSS estima que se hubiese presentado un déficit a partir del año 2005 en el seguro de Invalidez, Vejez y Cesantía en Edad Avanzada; llegado a 4,130 millones de dólares para el 2010, 11,285 millones de dólares para el 2015 y 21,675 millones de dólares para el 2020. Déficit estimado a una tasa real de 3.5%. Pero el sistema de pensiones mexicano (el de capitalización) está en una encrucijada, porque su rentabilidad ha ido cayendo y las contribuciones de los trabajadores son insuficientes para garantizar que, al momento del retiro, un empleado reciba entre 60 y 70 por ciento de su sueldo, como se esperaría internacionalmente. Los factores que tienen así al sistema son la subestimación de los salarios para el cálculo de la contribución al sistema de pensiones, las elevadas comisiones que cobran las Afore por la administración de los fondos para el retiro, y la falta de decisión de las autoridades para aplicar la ley y permitir la inversión de los recursos en el mercado accionario. Aunque las comisiones se han reducido de manera significativa en los últimos meses, se encuentran por encima del promedio regional, representan 21 por ciento de la contribución y están por arriba del 15.8 por ciento del promedio que se cobra en América Latina, lo cual deteriora la rentabilidad. No obstante, su principal problema es que la tasa de contribución de los trabajadores asciende a 8.3 por ciento, la más baja de América Latina -donde es de 12%-, y muy por debajo de la media mundial que es de 14 por ciento. 11
Lo anterior deteriora el valor de reposición de los salarios, porque con esa tasa pagada anualmente el trabajador apenas puede recibir 43 por ciento de su salario al momento de su jubilación. La tasa de rendimiento acumulada en términos reales fue de 9.03 por ciento hasta agosto de 2003; sin embargo, la tasa de rendimiento anualizada del sistema cayó de 13 por ciento en 2001 a 5.1 en 2002, aunque todavía permanece por arriba de la exigencia legal, de otorgar un rendimiento real a los trabajadores de al menos 2 por ciento anual. El actual sistema de pensiones necesitaría obtener una tasa real anualizada de entre 7 y 8 por ciento de manera constante durante el largo plazo, para garantizar un índice de restitución de entre 60 y 70 por ciento del salario de un trabajador en el momento en que se jubile. Mas insistimos. EL asunto de las pensiones en países como los nuestros, con serios problemas de economía informal, no puede verse de manera aislada del empleo. ¿Cuáles son las perspectivas del empleo en México hacia el futuro, digamos la primera década del siglo XXI? La Población Económicamente Activa (PEA) se acrecentará, en promedio, 2.3% anual entre 1996 y el año 2010, lo que representa un total de poco más de un millón cincuenta mil entrantes anuales a la fuerza de trabajo, a los cuales será necesario dar ocupación remunerada. La población económicamente activa del país en el 2002 fue de 41,085,736, es decir, 40% de la población total. Así, para el año 2010 la PEA se encontrará en alrededor de 46,733,000 individuos, y de 58,376,000 para el 2025. Pero esto no significa que todos tengan empleos y que todos estén amparados con sistemas de pensiones. Eso va a ser el gran problema social a resolver.
CONSIDERACIONES FINALES Para analizar a futuro las reformas y los sistemas de pensiones, debemos de agregarle a este análisis su relación con empleo. En las últimas décadas, estamos asistiendo a un ajuste en los indicadores “aceptables” de desempleo. Por ejemplo, en la década de los cincuenta el nivel medio de desempleo durante todo el período estuvo en 4.5%. En los sesenta se sitúo a 4.8%. En los sesenta se ubicó en 6.2%. En los ochenta alcanzó el 7.3% y en los primeros tres años de la década de los noventa, se sitúo en 6.6%. A nivel mundial se observa una tasa de desempleo que va de 5.4% a 8.5%. La estimación para el 2003 es de 5.5% para Japón, 6% para Estados Unidos y 8.2% para la Unión Europea, de acuerdo a Standardised Unemployment Rates. En México ésta no sobrepasa el 4% (3.87% en septiembre de 2003). Esto en gran medida por la inexistencia del seguro de desempleo, que hace más difícil la sobrevivencia sin empleo. La OCDE ha resumido en tres los retos principales de los sistemas de retiro frente al envejecimiento: a) proveer una tasa de reemplazo adecuada para el retiro (es decir, una razonable relación entre ingresos en el retiro y como trabajador activo); b) aplazar la edad de retiro c) desarrollar diferentes formas de provisión del ingreso para el retiro. 12
La reciente proliferación de reformas de la seguridad social, sobre todo de las que consisten en privatizaciones, representa una importante transformación de los sistemas públicos de pensiones existentes, lo cual entraña repercusiones considerables para la política económica y social. Esas reformas reducen a veces radicalmente la función desempeñada por el Estado en la financiación y prestación de las pensiones. No obstante, no suponen que el Estado abandone su papel de garante supremo de la protección social. En realidad, incluso en el caso de los sistemas privatizados, el Estado seguirá garantizando una pensión mínima y supervisando el funcionamiento de la protección social. Las reformas no sólo se deben a la evolución demográfica experimentada por muchos países en los últimos años, sino también a la integración cada vez mayor de las economías del mundo entero. La disminución de las trabas al comercio internacional y a las inversiones extranjeras han creado un contexto económico internacional cada vez más competitivo e inestable. Por eso, muchos gobiernos han reformado los sistemas de pensiones con miras a frenar el aumento del gasto público en pensiones y atenuar la vulnerabilidad de sus economías frente a una escasez repentina de capitales extranjeros. No obstante, queda por ver si esas reformas van a lograr la realización de sus distintos objetivos Tres conclusiones principales: (1) La variable clave es un gobierno eficaz. (2) Desde una perspectiva económica, la diferencia entre reparto y capitalización es de segundo orden. (3) La variedad de opciones posibles en cuanto a diseño de las pensiones es amplia. No todas se adecuan a la realidad de los países. 05/03/2004
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