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Naciones ¿Unidas?

La ONU, que ya cumplió 75 años, necesita una reforma que no se puede posponer, teniendo en cuenta la crisis del multilateralismo y la pandemia del Covid-19

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Al final del segundo conflicto mundial, en 1945, las naciones unidas en la lucha contra el nazifascismo se reunieron en San Francisco (Estados Unidos) para sentar las bases de un nuevo orden mundial, basado en la colaboración entre Estados.

Aunque existe desde hace más de 75 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue enfrentando a algunos Estados que retrasan o socavan el sistema multilateral, que, aunque imperfecto, ha favorecido la paz y el desarrollo de los pueblos, al tiempo que se propagan crisis de salud, medioambientales, económicas y sociales. Sin dudas, la comunidad internacional se enfrenta a un punto de no retorno: o reforma la gobernanza mundial o corre el riesgo de colapsar. La actitud agresiva de Estados Unidos durante la presidencia de Trump -nación hasta ahora partidaria (más o menos convencida) de un sistema multilateral (controlado por ellos)-, o de países como Turquía o Rusia, manifiesta el regreso a formas de nacionalismo y de esa “política de la potencia”, que muchos creían ya obsoleta.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció la necesidad de que “todo lo que hagamos, durante y después de la crisis, debe tener como objetivo claro la construcción de una economía y sociedad más igualitaria, inclusiva y sostenible”. Sin embargo, una reforma del sistema de la ONU se viene pidiendo desde hace décadas. Según el artículo 108 de la Carta de las Naciones Unidas, la reforma puede realizarse con el consenso de dos tercios de los miembros de la Asamblea General y la ratificación de dos tercios de los Estados miembros, incluidos los cinco miembros permanentes de la Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Entre éstos, en realidad, sólo Francia parece estar dispuesta a reformar el Tratado. Estando así las cosas, para ser realistas, es necesario actuar dentro del

marco actual de las instituciones, favoreciendo una mayor inclusión y democraticidad del sistema, con un papel más fuerte del Secretario General, una Asamblea General más eficiente y una reforma del Consejo de Seguridad.

Considerando que en todos los organismos de la ONU hay funcionarios nominados por los Estados miembros, una propuesta interesante consiste en establecer una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas, idea que se remonta a la década de 1920, cuando, tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones. Este Parlamento se conformaría con miembros electos directamente por los ciudadanos o por los Parlamentos nacionales, y se convertiría en un foro de discusión global que monitoree y acompañe el funcionamiento de las instituciones de la ONU y estimule su actividad.

Un organismo de este tipo podría ser instituido por la Asamblea General sobre la base del Artículo 22 de la Carta, sin modificar el Tratado constitutivo. Por el contrario, el proyecto de un mecanismo de iniciativa mundial de los ciudadanos con el objetivo de llamar la atención de la ONU sobre propuestas directas de los ciudadanos, parece muy complejo y difícil de llevar a cabo.

Otra reforma creíble sería la inclusión de organizaciones regionales (Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Liga Árabe, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) en el proceso de toma de decisiones de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, sería necesario hacer más eficientes las distintas agencias especializadas de la ONU, establecidas a lo largo del tiempo, algunas de las cuales han permitido, de todos modos, que muchas temáticas fundamentales para el desarrollo de la humanidad hayan quedado en la agenda internacional y han estimulado y trabajado para que se dieran pasos importantes en algunos frentes.

La madre de todas las reformas, sin embargo, sigue siendo la del Consejo de Seguridad, órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional, en el que de nada sirve seguir esperando que los cinco miembros permanentes renuncien a su lugar y su derecho de veto. Cualquier intento de reforma deberá pasar por la reconfiguración de las otras 10 plazas, actualmente ocupadas por Estados miembros elegidos cada dos años por la Asamblea General, o para la creación de otros puestos permanentes o semipermanentes, destinados a organizaciones regionales y naciones particularmente serias y eficaces de los distintos continentes, según una distribución geográfica equitativa (como Brasil, India o Japón).

Finalmente, también está abierta la cuestión de la participación de las ONG, de las empresas multinacionales y transnacionales y de la sociedad civil, que con la gestión de Guterres ha tomado mayor protagonismo. Por ahora, la participación democrática se limita a un cuestionario en el que los ciudadanos pueden contribuir a delinear las prioridades globales actuales y futuras de la ONU: las respuestas ciertamente se recopilan y quizás alguien las lea.

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