Subsistema de derechos sociales fundamentales

Derecho a la educación

El informe del Gobierno propone 8 indicadores. Los dos primeros están dados en términos de matrícula; los siguientes cuatro indicadores se relacionan con repetición y deserción (que el Gobierno calcula diferenciadamente para el grupo de 5 a 16 años de edad y para el grupo de 17 años de edad); luego, se presenta un indicador para acompañamiento en transporte escolar; y, finalmente, otro para alimentación escolar.

Indicadores de matrícula (asistencia)

Propuesta del Gobierno

1. Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años que para el último año lectivo se encontraban matriculadas en los niveles de educación preescolar, básica o media / Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años a 31 de diciembre de la vigencia.

2. Número de víctimas de desplazamiento forzado de 17 años que para el último año lectivo se encontraban matriculadas en los niveles de educación preescolar, básica o media / Número de víctimas de desplazamiento forzado de 17 años de edad a 31 de diciembre de la vigencia.

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Propuesta de la Comisión

El indicador idóneo para medir el acceso a la educación es el que se ha calculado desde el Auto 116 de 2008, que fue ratificado en la batería de 2013:

Número de personas víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que en el último año lectivo se encontraban asistiendo a algún nivel de educación preescolar, básica o media / Número de personas víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad1 .

El desglose por edades o por niveles de este indicador permitiría calcular los indicadores educativos tradicionales de coberturas brutas y netas, coberturas corregidas por adelanto escolar e indicadores de extraedad, por ejemplo.

Indicadores sectoriales: indicadores de repetición y de deserción

Gobierno nacional

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años matriculados en el mismo grado que el año anterior / Número de víctimas entre 5 y 16 años de desplazamiento forzado matriculados en el último año lectivo.

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años que habiéndose matriculado en el último año lectivo desertaron antes de terminar el mismo / Número víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años matriculados en el último año lectivo. Presenta otros dos indicadores iguales para la población de 17 años.

Comentarios sobre los indicadores de repetición y deserción

• Hay diferencia entre “matrícula” y “asistencia”. La PGN recomienda mantener la asistencia, como lo hace la CSPPDF.

1 También, existen alternativas técnicas para ajustar la medición. Estas permiten, por ejemplo, incluir a quienes a los 15, 16 o 17 años de edad asisten a la educación terciaria, ya que, aunque este nivel no es obligatorio, tendría en cuenta el adelanto escolar y permitiría medir la asistencia para el conjunto de niños, niñas y adolescentes.

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• Con relación al grupo de edad, la PGN recomienda incluir víctimas entre 5 y 17 años, en lo que coincide con la CSPPDF.

• A través de encuesta, es posible identificar los enfoques diferenciales de discapacidad y etnia, y calcular para cada grupo específico las tasas de asistencia y otras. Cabe preguntarse si con registros administrativos (Sistema de Matrículas) es posible esa identificación.

• La CSPPDF considera que estos indicadores de repitencia y deserción deben calcularse de igual manera que los referidos al conjunto de la población estudiantil, pero para el grupo de edad de 5 a 17 años. En esto coincide con la

PGN.

• Se debe especificar el indicador de deserción, para que no se capten como deserciones los traslados de los alumnos entre instituciones educativas (CGR).

Indicadores sectoriales: medidas de acompañamiento para la permanencia

Gobierno nacional

1. Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años de edad que se matricularon en el año lectivo de dicha vigencia y recibieron transporte para ir al colegio / Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años de edad que se matricularon en el último año lectivo.

2. Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años de edad que se matricularon en el año lectivo de dicha vigencia y recibieron alimentación en el colegio / Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años de edad que se matricularon en el último año lectivo.

Comentarios sobre los indicadores de acompañamiento

• El Gobierno nacional propone solamente dos indicadores y deja de lado componentes importantes del acompañamiento, como son las jornadas educativas complementarias y los modelos flexibles.

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• El indicador de transporte escolar no es completo, puesto que al no ser un servicio de carácter universal se debe definir solo para aquellas personas que necesitan el servicio. En este sentido, la CSPPDF propone un ajuste:

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que se matricularon en establecimiento escolar durante la vigencia, que necesitan y reciben transporte escolar (o subsidio para el mismo) / Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que asisten a establecimiento escolar durante la vigencia y necesitan transporte escolar.

• El indicador de alimentación escolar debe ajustarse, de tal manera que capte solo los servicios de alimentación que se entregan en forma permanente a los alumnos.

Tanto por encuesta como por registros administrativos, se debe poder identificar si se trata de la entrega de un almuerzo escolar, de un desayuno o de un refrigerio.

Con el ajuste propuesto por la CSPPDF, el indicador del Gobierno quedaría así:

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que se matricularon en establecimiento escolar en el año lectivo de dicha vigencia y recibieron en forma permanente alimentación en el colegio / Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que se matricularon en el último año lectivo.

Propuesta de otros indicadores y aspectos generales que se deben tener en cuenta

• Para medir las obligaciones de ampliación progresiva que menciona la Corte en el Auto 331 de 2019, es importante construir un indicador que capte la asistencia de niños y niñas de 3 a 5 años a los tres niveles de preescolar previstos legalmente para ellos. En la construcción del indicador, es necesario diferenciar la educación preescolar propiamente dicha de las labores de cuidado infantil que no implican un currículo educativo.

• En el mismo sentido es necesario medir el acceso real de adolescentes de 15 a 17 años a la educación media.

• En relación con los enfoques diferenciales, los indicadores deben permitir su cálculo para poblaciones diferenciales con referencia a discapacidad, género, etnia. Esto se puede realizar a través de encuesta. Es conveniente verificar si es

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posible también hacerlo a través del registro administrativo (SIMAT) y con qué nivel de confiabilidad.

• Es necesario contar con información que dé cuenta de las causas de inasistencia escolar. En las encuestas para población desplazada y víctima, se indaga por ello.

• Es necesario contar con indicadores que permitan dar cuenta de las especificidades de la etnoeducación. Esto no podría calcularse a través de encuesta.

• Es conveniente conocer las condiciones y necesidades de la infraestructura y la dotación educativa, en especial, de aquella que atiende a la población víctima y de la que se encuentra en las zonas PDET. A través de encuesta, solo puede conocerse la opinión de los hogares sobre la infraestructura y dotación de los establecimientos a los que asisten los hijos, pero una indagación más adecuada debe hacerse por otros medios.

• Se identifican dificultades en el cruce de información de los dos principales registros administrativos (RUV y SIMAT). La PGN afirma que presentan falencias y no están actualizados.

• Sobre gratuidad, la CGR presenta inquietudes. Por disposición legal, no se pueden hacer cobros a los hogares en educación preescolar, básica y media.

Aunque se puede preguntar a los hogares a través de encuesta si tuvieron que incurrir en algún costo, sería conveniente también verificar a través de otros medios que se esté dando cumplimiento a la disposición legal de gratuidad.

Conclusiones

• Mantener el grupo de edad de 5 a 17 años (PGN, CSPPDF) para todos los indicadores.

• Mantener los indicadores en términos de asistencia, como lo proponen la PGN y la CSPPDF.

• Especificar el indicador de deserción, para que no se capten como deserciones los traslados de los alumnos a otras instituciones educativas (CGR).

• Incluir el indicador de transporte presentado por la CSPPDF y el de alimentación escolar ajustándolo, para que solo capte los servicios de alimentación que se entregan en forma cotidiana a los alumnos (alerta sobre el tema de la CGR).

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• Es necesario estimar un indicador que dé cuenta de las causas de inasistencia escolar.

• Para conocer las condiciones y necesidades de la infraestructura y la dotación educativa, es necesario recurrir a fuentes distintas a una encuesta. Pero a través de ella, se puede indagar la opinión de los hogares sobre la infraestructura y dotación de los establecimientos a los que asisten los hijos, así como sobre otras variables relacionadas con el entorno escolar.

• Se debe tener un indicador que capte la asistencia de niños y niñas de 3 a 5 años a los tres niveles de preescolar previstos legalmente para ellos. En este se debe diferenciar la educación preescolar propiamente dicha de la asistencia a instituciones u hogares de cuidado infantil que no implican un currículo educativo.

• Es conveniente contar con un indicador para medir que los hijos de 15 a 17 años de edad cursen efectivamente a la media (tasa neta).

• Es necesario preguntar en los hogares por la existencia de computador y teléfono celular, así como por el acceso a internet.

• El indicador de acceso a la educación puede ampliarse para tener en cuenta a quienes asisten a educación terciaria y tienen menos de 18 años.

• En la encuesta hay que prestar atención a las preguntas sobre transporte escolar, alimentación escolar, currículos flexibles, acceso a TIC durante la coyuntura de confinamiento y posconfinamiento, pues las necesidades y formas de entrega pueden variar.

Derecho a la salud

Pese a que la Corte ha declarado la superación del ECI en la materia y, por lo tanto, el Gobierno no estima el GED del derecho a la salud, la coyuntura sanitaria originada por la pandemia hace necesario la valoración en terreno del cumplimiento de este derecho, que puede haberse visto afectado considerablemente. Podrían retomarse los indicadores existentes en la batería de IGED de 2013, los cuales se incluyen en documento adjunto.

Derecho a la alimentación

El documento del Gobierno no presenta indicadores de alimentación. En documento adjunto, se hacen consideraciones sobre el mismo.

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