Ventajas y retos de los registros administrativos

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en presentación realizada el 16 de abril de 2020 (“Registros Administrativos en el Seguimiento de la Política de Víctimas”), señala las ventajas generales de los RA, entre las cuales se presentan las siguientes:

• Desagregación: según las variables disponibles en el RUV (género, etnia, edad, municipio).

• Bajos costos: no requiere recolección adicional y los asociados a la medición son reducidos.

• Comparabilidad: puede compararse con otras poblaciones incluidas en los mismos registros, lo cual facilitaría el cálculo de los umbrales establecidos por la

Corte Constitucional.

• Son menos subjetivos.

• Se señalan igualmente los principales retos de su utilización, a saber:

• Oportunidad y sensibilidad: depende de la actualización de los registros.

• Completitud: los RA no cubren en todos los casos el 100 % de las víctimas.

• Especificidad: algunos temas específicos de víctimas no están cubiertos por los

RA (retornos y reubicaciones, verdad y justicia).

• Exactitud de la identificación: los nombres y documentos de identidad en algunos RA pueden no estar correctos.

• Interoperabilidad: los sistemas de información no están integrados.

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Proponen, en consecuencia, algunas medidas, como “trabajo con el DANE para identificar el universo de desplazados”, “crear nuevos registros”, limitar las estadísticas a listas como Sisbén o Sispro, y avanzar en la consolidación del registro social establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

De lo anterior resalta que, a efectos de la medición del GED, los RA presentan dos graves falencias: la falta de completitud y la inexactitud en la identificación. Esto dificulta la utilización de herramientas como el Sisbén, que, como muestran los resultados de la misma presentación, hasta el 16 de abril de 2020 solamente incluía el 39 % del total de víctimas reportadas en el RUV. Además, se señala la inexistencia de RA para temas tan sensibles como el retorno.

Por último, la falta de interoperabilidad entre los registros administrativos puede ser fuente de problemas relativos a la información que se utiliza para estimar los indicadores de goce efectivo de derechos.

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