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El Desplazamiento Forzado continúa
from El Reto Vol.16. Estado de Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a 2018
by CODHES
el ELN —aún vigente en ese entonces—, la consolidación financiera y territorial de nuevos grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En este contexto, aunque se da una disminución de las acciones bélicas propiamente dichas, no sucede lo mismo con «acciones que atentan contra bienes civiles y contra la población civil» (CSPPDF, 2018), así como la «violencia sistemática contra las comunidades y las personas con visibilidad política y comunitaria» (Informe audiencia, noviembre de 2018).
Por su parte, en el Sexto Informe al Congreso de la República, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV, 2019, p. 51) traza un panorama crítico de la situación de riesgo a nivel nacional y señala el escenario de riesgo para los líderes sociales y comunitarios, y defensores de los derechos humanos.
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El Desplazamiento Forzado continúa
El desplazamiento forzado sigue siendo un problema humanitario central. Según estimaciones de CODHES, entre 2016 y 2017, se desplazaron 289.649 personas de manera forzada, de las cuales el 11,7% lo hizo en eventos múltiples y masivos; en 2018, el número de desplazados en eventos múltiples y masivos llegó a 52,293 personas; y hasta octubre de 2019, se contabilizaron 30.430 personas más desplazadas en el mismo tipo de eventos. De estas, el 27,8% pertenece a comunidades afrodescendientes y 18,8%, a pueblos indígenas.
El informe del Gobierno Nacional (Gobierno Nacional, 2019, p. 107-108) reporta que en 2018 se declararon 76 emergencias asociadas a desplazamientos masivos en 11 departamentos y 34 municipios, siendo los más afectados Nariño y Norte de Santander, cada uno con 18 emergencias; seguidos por Antioquia, con 17; y Chocó con 10. Adicionalmente, reportan 17 eventos de emergencia asociadas a confinamiento, 10 de ellos en Chocó, 3 en Valle del Cauca (Buenaventura) y 2 en Nariño y Norte de Santander.
Después de la promulgación del Auto 373 de 2016, mediante el Decreto 1581 de 2017, se adoptó la Política Pública de Prevención de Violaciones a los Derechos a la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades. Sin embargo, los reportes gubernamentales de 2018 y 2019 no permiten valorar los resultados de la puesta en marcha del mencionado Decreto.
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