A Manera de Conclusión

En cuanto al MSV, se informa que será un mecanismo diseñado para un enfoque único de seguimiento a los esfuerzos del Gobierno para la garantía del goce efectivo de los derechos, que conjuga los análisis de resultado y de proceso.

A Manera de Conclusión

Pese al avance que representa la adopción de la estrategia de corresponsabilidad, los análisis realizados muestran escasos avances en su implementación. Los niveles de corresponsabilidad siguen siendo muy bajos y se aprecian falencias no solamente en los indicadores, sino también en el propio diligenciamiento de las herramientas de reporte de información. No se ha logrado que la estrategia tenga cabalmente en cuenta la capacidad fiscal de los Entes Territoriales.

El escenario humanitario es cambiante. Y lo es también la dinámica del desplazamiento. Una estrategia de corresponsabilidad debe enfrentar la nueva situación, de manera que no basta con la decisión del Decreto 2460 de 2015 de reducir la subsidiariedad a la AHI. Como lo afirma la Defensoría, «el Decreto 4800 de 2011 permitía la aplicación de la regla para otro tipo de derechos como los económicos y sociales para procesos de retornos» (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 74).

Se puede estar produciendo, y así lo afirma el análisis de la Defensoría del Pueblo, un cambio en el perfil de la demanda y, por lo menos en buena parte del país, las demandas pueden pasar de la AHI al restablecimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), muchos de los cuales no son susceptibles de financiación con recursos de transferencias.

Tampoco es suficiente una estrategia basada en la demanda de atención, puesto que las dinámicas cambiantes no permiten hacer frente a la situación y desconocen nuevas formas de manifestación del conflicto. El confinamiento, por ejemplo, modalidad creciente en las nuevas formas del conflicto, no se encuentra entre los criterios para la focalización de los municipios susceptibles de apoyo.

Entre los aspectos cambiantes se encuentra la firma y el inicio de implementación del Acuerdo de Paz, que, al tener un enfoque territorial, tiene consecuencias y exigencias especiales para las Entidades Territoriales. La focalización realizada de 170 municipios para el desarrollo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial puede ser una herramienta para la puesta en marcha de mejores prácticas de corresponsabilidad Nación-Territorio. Sin embargo, puede también traer nuevos compromisos presupuestales y de gestión, sin que se dote a los municipios de la capacidad para desarrollarlos.

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Resulta clara la debilidad fiscal de la inmensa mayoría de los municipios del país, lo que limita seriamente su posibilidad de contribuir a financiar la política de víctimas. Por ello, independientemente de que la financiación de la política de reparación integral de las víctimas deba estar a cargo de la Nación, es indispensable fortalecer las finanzas de los entes territoriales y particularmente de los municipios.

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