La Situación Actual

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El Gobierno Nacional en su Informe de 2019 señala como hecho importante la formalización de la estrategia de corresponsabilidad mediante el Decreto 2460 de 2015.

En desarrollo de lo establecido en el Decreto, las tres entidades responsables (UARIV, Ministerio del Interior y DNP) reportan avances en los siguiente: i) la prestación de asistencia técnica a los Entes Territoriales; ii) el desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional y iii) el seguimiento a la estrategia de corresponsabilidad.

La primera tuvo como objetivo mejorar el conocimiento e implementación de la estrategia de corresponsabilidad y el diligenciamiento de los formatos de planeación y seguimiento. Del ejercicio identifican como problemático el alto nivel de rotación de los enlaces municipales que limita las potencialidades de la capacitación (Gobierno Nacional, 2019, p. 9)

La apuesta por la coordinación parece haberse centrado en el fortalecimiento y acompañamiento institucional, que, según el informe gubernamental, parte de reconocer como uno de los principales problemas de la política de víctimas a la falta de coordinación Nación-Territorio. El modelo de fortalecimiento institucional estructurado se centra en lo que se menciona a continuación: i) mejorar la capacidad financiera de los municipio, creando habilidades para acceder a fuentes de financiación vía formulación e implementación de proyectos; ii) mejorar la capacidad técnica, propiciando la apropiación de la política pública de víctimas por parte de los funcionarios municipales y, finalment ; iii) mejorar la capacidad administrativa en materia de gestión de recursos, manejo de herramientas de planeación disponibles y operatividad de espacios como los Comités Territoriales de Justicia Transicional. Aunque todos estos componentes forman parte del fortalecimiento y acompañamiento institucional, que es a su vez un componente del indicador de coordinación, el modelo que se ha desarrollado desde 2015 solamente ha alcanzado 24 departamentos y 60 municipios, y ha generado 43 proyectos y 15 oficinas para la atención de las víctimas, lo cual representa una baja cobertura.

En 2017 y 2018, como lo menciona el informe (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 79), el programa llegó a 22 y 17 municipios, respectivamente, lo que mostró “la necesidad de avanzar a procesos de mayor envergadura, con el fin de lograr un impacto significativo”. Aunque el informe gubernamental presenta como avances los resultados de la medición del Índice de Capacidad Institucional para los municipios que hacen parte del programa a partir de 2015, no hay una línea de base que permita conocer la situación antes de la intervención para los que iniciaron el proceso en 2015, 2016 y 2017. las mejoras entre 2016 y 2017 se presentan en 6 de 10 municipios para la

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