Año VII, Número 127, 1ra. quincena de agosto de 2016
QUÉ LE ESTÁ PASANDO A ESPAÑA Julio Martínez García ATEROESCLEROSIS Norma Cerón Enríquez ENTRE EMPEÑONES Y EMPUJONES DEFEÑOS Óscar O. Chávez Rodríguez UNA FÓRMULA PARA ELABORAR TEXTOS ACADÉMICOS Hugo Abraham Aguilar Pérez BOLÍVAR ECHEVERRÍA, UN FILÓSOFO IMPORTANTE José Roberto Conde Morales IDUS DE MARZO Jorge A. Rodríguez y Morgado DESDE LA FACULTAD Mariano Torres Bautista DE PLANTAS Y ANIMALES Cecilia Vázquez Ahumada REINCIGRAMA Fernando Contreras FRANTASÍAS José Fragoso Cervón AQUÍ, PUROS CUENTOS Paco Rubín ARITMOMANÍA Gabriela Breña SER INVARIABLEMENTE OPTIMISTA
Julio Martínez García*
Dos elecciones generales en seis meses. Ni más ni menos. Y no, no ha dimitido el gobierno. Ni se ha aprobado una nueva Constitución. Ni siquiera ha habido un cambio de sistema político. Simplemente no se llegó a un acuerdo. Ésta es la situación política actual de España. Donde existe un ejecutivo en funciones –el de Mariano Rajoy– desde finales de 2015 y nadie es capaz de formar un nuevo Ejecutivo. Ninguno se atreve a pactar con el otro. Cree que perderá votos si lo hace.
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ero vayamos al origen de todo, al inicio de la crisis económica. Los primeros síntomas tuvieron lugar en 2008. Desde entonces, se han concatenado una serie de factores que han generado una intensa depresión en España. Problemas deflacionarios, falta de liquidez bancaria, descenso del consumo… Pero, sobre todo, un gran desempleo. Un crecimiento del paro que no cesaba y que, durante el primer trimestre de 2013, afectó al 26,93% de la población activa. Esta cifra ascendía hasta el 57,25% en el caso de los jóvenes. En 2013 Mariano Rajoy ya ejercía como Primer Ministro. Llevaba un año en el cargo. Su partido, el democristiano PP, consiguió en noviembre de 2011 una mayoría absoluta en el Congreso gracias a sus compromisos de generación de empleo. De hecho, el 8 de septiembre de 2011, dos meses antes de las elecciones, el portavoz del PP, Esteban González Pons, aseguraba que Rajoy, si obtenía la confianza de los ciudadanos, aspiraría a crear 3,5 millones de empleos. Así, el Partido Popular consiguió 186 representantes de un total de 350. Pero si las promesas de recuperación económica fueron muy influyentes en este resultado, no lo fue menos el descrédito del gobierno anterior, perteneciente al socialdemócrata PSOE. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero, antecesor de Rajoy, se vio obligado a adelantar las votaciones por la falta de popularidad de su Gabinete. En este contexto, la oposición, tras las elecciones de 2011, pasó a ocupar un segundo plano al no contar con la fuerza parlamentaria suficiente para variar las decisiones gubernativas. No es extraño que el PSOE emprendiera, al mismo tiempo, un gran debate interno –a veces cainita–, del que hoy, cinco años después, no ha podido zafarse. Y es algo que ha acabado afectando a sus resultados electorales. En 2011 perdió el gobierno y obtuvo el peor resultado de la historia democrática española –hasta ese momento–. Se desplomaba de los 169 diputados obtenidos en 2008 a los 110 de 2011. Lo que los socialistas no sabían es que cuatro años más tarde perderían todavía más apoyos. Por tanto, Mariano Rajoy tenía vía libre para implementar su política y cumplir sus promesas. ¿Qué es lo que consiguió? Es cierto que los datos macroeconómicos han mejorado. Sin embargo, hay todavía indicadores muy negativos. Uno de ellos es la deuda pública, que entre enero y marzo de 2016 superaba el 100% del PIB. Y lo hacía por primera vez desde 1909. Pero, sin duda, el indicador más negativo ha sido el del desempleo. No sólo no se han creado los 3,5 millones de trabajos prometidos por González Pons, aunque cuando Rajoy llevaba un año en el cargo, se alcanzó el máximo histórico. Fue en el ya mencionado primer trimestre de 2013. A partir de ese momento, los índices de ocupación mejoraron. En el primer semestre de 2016 la tasa de paro se redujo hasta el 21%, aproximadamente. Sin em* Reincidente no incluye sección de Sociales
bargo, los sindicatos, aún reconociendo esta evolución positiva, han denunciado la precarización de las condiciones laborales y la reducción de los salarios. De hecho, el sueldo medio en España ha descendido a mínimos que no se habían visto desde hacía nueve años. Además, las remuneraciones sufrieron un brusco descenso a partir de 2012 —año de la reforma laboral de Rajoy—. Desde entonces, la tendencia negativa se ha mantenido, afectando a la capacidad de compra de los españoles. A todo ello se deben unir las exigencias de austeridad provenientes de la Unión Europea —y aplicadas por el gobierno del PP—. Se han producido recortes en diferentes ámbitos de la Administración, pero también se han visto afectados muchos servicios sociales. Ha habido un aumento de los ratios en los centros de enseñanza, se han despedido a profesores, se han incrementado las tasas universitarias, se han cerrado camas en hospitales… Sin olvidar los múltiples casos de corrupción que han afectado al PP —y en menor medida, al PSOE —, que han demostrado una falta de regeneración democrática en el sistema de partidos. La formación de Rajoy se ha visto perseguida por la sombra de una hipotética financiación ilegal o por el presunto cobro de sobresueldos ilícitos por parte de algunos de sus más destacados miembros, entre otros casos. Todo esto ha creado un caldo de cultivo muy negativo entre la población, que ha incrementando la disconformidad social. Una circunstancia que se ha visto agravada por otras medidas gubernativas de carácter más político y moral. Entre ellas están el intento de establecer tasas judiciales, la pretensión de derogar la ley de aborto del Gobierno Zapatero, o la aprobación de la Ley Mordaza. Unas decisiones que han ido generando un descontento cada vez mayor en la ciudadanía. Sobre todo, entre los jóvenes —muchos de ellos con formación superior e idiomas—, que veían cada vez más difícil el futuro en España. Bajo estas circunstancias iba pasando la legislatura. Rajoy, parapetado tras su mayoría absoluta, no hacía caso de las protestas existentes en las calles. Empezando por el 15-M y terminando por las diferentes manifestaciones sectoriales —las llamadas Mareas— y las huelgas generales que pretendían defender los servicios sociales. Al mismo tiempo, el principal partido de la oposición, el PSOE, a pesar de la mala situación, no acababa de superar sus cuitas internas. Una situación que acabó influyendo en la credibilidad de sus liderazgos y en la elaboración de sus propuestas. A todo esto se debe sumar la ampliación de una brecha generacional ya de por sí importante. Poco a poco fue apareciendo un nuevo escenario. Por un lado, se encontraban los jóvenes, nacidos ya en democracia, con formación universitaria y con conocimiento de otros países gracias al turismo y a los estudios —el programa Erasmus ayudó mucho en este sentido—. Por otro lado, se hallaban aquellos sectores que habían vivido la Tran-
sición en primera persona y que tenían otro concepto de participación política. Es precisamente en este contexto en el que se debe de entender el principio del fin del bipartidismo en España. Gracias al nuevo clivaje, que se superpuso al tradicional de izquierda y derecha, se explica la aparición de otros dos nuevos partidos nacionales de relevancia. Al PP y al PSOE se han sumado Podemos por la izquierda y Ciudadanos por la derecha. Precisamente, estos dos últimos han hecho especial hincapié en la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y, en el caso del partido de Pablo Iglesias, en el restablecimiento de los servicios sociales. Bajo estas circunstancias tuvieron lugar las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En las mismas no sólo el PP perdió la mayoría absoluta —aunque quedó primero, pasando de 186 a 123 diputados—, sino que el sistema español pasó a ser cuatripartidista. El PSOE obtuvo 90 procuradores; Podemos, 69; y Ciudadanos, 40. De esta forma, para conseguir una mayoría suficiente para la investidura presidencial se necesitaba, como mínimo, el concurso de tres de los cuatro grandes partidos. Sin embargo, al existir dos ejes de discusión superpuestos, este acuerdo se complicaba. Por ello, y a pesar del pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos —que no convenció a ningún partido más—, se tuvo que ir a nuevas elecciones. No se llegó a ningún acuerdo. Los clivajes eran demasiado profundos como para establecer algo a tres bandas. En definitiva, se consumieron todos los tiempos marcados por la Constitución española de 1978. Así lo explica su artículo 99.5: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura [que se produjo a inicios de marzo de 2016], ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso . Como consecuencia, el 26 de junio de 2016 se reeditaron los comicios. En los mismos se mantuvo el cuatripartidismo, aunque con ligeros cambios. El PP subió en votos y escaños, alcanzando los 137 representes; el PSOE bajó aún más, quedándose en 85 curules; Podemos llegó a los 71; y Ciudadanos descendió hasta los 32. Actualmente, los partidos se encuentran inmersos en las negociaciones para formar Consejo de Ministros. ¿Habrá gobierno de Rajoy? ¿Será otro candidato el que presida el Ejecutivo? ¿O habrá que ir a nuevas elecciones? Todavía no se sabe. Pero si hay unas terceras votaciones la desafección ciudadana en España alcanzará cotas inimaginables. Es un riesgo que no se puede correr. * El autor es Licenciado en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid e historiador con máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.