Reincidente 131

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Año VII, Número 131, 1ra. quincena de octubre de 2016

IMPUNIDAD Enrique Condés Lara TIEMPO DE CANALLAS Mario Rechy Montiel LITERATURA Y MOVIMIENTOS ARMADOS EN MÉXICO Carlos Salcedo García SONETOS DEL ESPACIO Alejandro Tamariz Campos A CUARENTA AÑOS DE EL VIEJO TOPO Rodolfo Echeverría Martínez ADIÓS SUPERMAN, BYE, BYE, BYE Berenice Alvarado Ramírez DESDE LA FACULTAD Mariano Torres Bautista POLICULT DOCE Jorge Meléndez Preciado DE PLANTAS Y ANIMALES Cecilia Vázquez Ahumada REINCIGRAMA Fernando Contreras AQUÍ, PUROS CUENTOS Paco Rubín FRANTASÍAS José Fragoso Cervón ARITMOMANÍA Gabriela Breña BUSCANDO TRABAJO

Enrique Condés Lara*

Este 2 de octubre se cumplen 48 años de la sangrienta represión a la concentración estudiantil convocada por el Consejo Nacional de Huelga que se realizaba en la explanada de la plaza de Las Tres Culturas en Tlatelolco.

H

a sido mucho tiempo el que ha transcurrido desde entonces. El país cambió, para bien y para mal, el mundo es otro, la gente es distinta. Y, sin embargo, la fecha se mantiene lacerante dado que es símbolo de arbitrariedad, de autoritarismo y cerrazón y, sobre todo, de impunidad. El Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, ni ha ofrecido una explicación; salvo por la fugaz y decepcionante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (20012005), en todo este tiempo no ha habido ninguna iniciativa oficial seria encaminada a esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades. Ninguno de los principales funcionarios y militares del 68: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Marcelino García Barragán, Alfonso Corona del Rosal, Juan José Castélum, Fernando Gutiérrez Barrios, José Hernández Toledo, Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea Cerecero y Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, fue llamado a comparecer, salvo Echeverría Álvarez, quien gracias a la pésima actuación del fiscal especial para movimientos del pasado, ¡fue exonerado! En tanto que en países de Sudamérica que sufrieron sanguinarias dictaduras se han llevado a cabo investigaciones para aclarar lo que sucedió y llevar a juicio a los responsables de homicidios, torturas y desapariciones, en México seguimos atascados: gobernantes y políticos volteando la mirada hacia otro lado; activistas, historiadores, periodistas y protagonistas (los que quedan) insistiendo en la necesidad de aclarar y “no olvidar”, y un gran segmento de la población indiferente y desinformado que no se hace nada. Aunque quedan muchos pendientes, fueron juzgados y condenados gobernantes, militares y policías criminales en Argentina, Chile, Perú, Haití, Bolivia, y Guatemala. Incluso, recientemente el gobierno de Estados Unidos entregó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, documentación “desclasificada” que confirma, entre otros asuntos, la responsabilidad del dictador Augusto Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier, quien fuera canciller del gobierno de Salvador Allende, cometido en Washington el 21 de septiembre de 1976. En México, salvo la fugaz y decepcionante Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, se mantienen la indiferencia y cerrazón gubernamentales. No obstante, persiste la esperanza de que finalmente se conocerá la verdad y debidamente se castigará (post mortem) a los responsables. Sobresalen los esfuerzos de estudiosos y de algunos protagonistas por encontrar pruebas, documentación y testimonios que permitan reconstruir sólidamente lo sucedido y refutar la “versión oficial” del gobierno mexicano. “Al aproximarse el ejército a la Plaza de las Tres Culturas –aseguró Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, al día siguiente—, fue recibido a tiros por francotiradores” (El Universal, México 3 de octubre de 1968). En esa tónica informativa, tres días después la Procuraduría General dio a conocer espectaculares revelaciones “demostrando” que

* Reincidente no incluye sección de Sociales

el movimiento estudiantil había sido fraguado y financiado por “políticos resentidos” que usaron a los jóvenes como tontos útiles contra generado el Presidente de la República: “La Conjura al Descubierto”, tituló su nota El Universal (6 de octubre de 1968); “Es un Movimiento Para Derrocar al Gobierno, Madrazo y Braulio Maldonado, Inmiscuidos”, informó El Heraldo de México (6 de octubre de 1968); “Los Alborotadores Tenían un Arsenal en Tlatelolco”, cabeceó su primera plana El Sol de México (6 de octubre de 1968). Por su parte, televisión y radio hicieron suya la misma versión. Gustavo Díaz Ordaz, en su Quinto Informe de gobierno (1 de septiembre de 1969), se refirió a los aconteciminetos de la siguiente manera: “Aprovechando innoblemente, con fines de propaganda, la proximidad de los Juegos Olímpicos que situaban a nuestro país en el primer plano del escenario mundial, se promovieron los trastornos del segundo semestre del año pasado. “Sin bandera programática y con gran pobreza ideológica, por medio del desorden, la violencia, el rencor, el uso de símbolos alarmantes y la prédica de un voluntarismo aventurero, se trató de desquiciar a nuestra sociedad. Incitando al rechazo absoluto e irracional de todas las fórmulas de posible arreglo, a la negación sectaria y a la irritación subjetiva, se quiso crear la confusión para escindir al pueblo. (…) “La táctica de ir planteando situaciones ilegales cada vez de mayor gravedad, hasta la subversión públicamente confesada; así como las acciones deliberadamente tramadas para ser al mismo tiempo provocación y emboscada para la fuerza pública, y una serie de actos de terrorismo, determinaron indispensable la intervención del Ejército. “La forma en que (el Ejército) cumplió su cometido es prueba clara de que podemos confiar en su patriotismo, su convicción civilista e institucional: restablece el orden y vuelve de inmediato a sus actividades normales. (…) “Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del Gobierno en relación con los sucesos del año pasado.” Un año después, al tomar posesión como presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, reiteró lo dicho y respaldó a su antecesor: “El presidente Díaz Ordaz… impidió que se destruyera el orden público o que, en nombre de éste, se cancelara la libertad. Mantuvo la autoridad del Estado por encima de los intereses y de las pasiones” (LEA: Discurso de toma de posesión. 1 diciembre de 1970). Tal ha sido, con altibajos y leves variaciones, la argumentación oficial sobre el 2 de Octubre de 1968. A lo largo de este tiempo, paulatinamente se ha comprobado su falsedad: no hubo conjura, no se agredió a balazos al Ejército, no existieron “políticos resentidos” manipulando estudiantes, nadie quería “desquiciar a nuestra sociedad” e imponer “la anarquía.”

Pero políticos y gobernantes callan, eluden toda definición, si acaso, mantienen una tímida y vergonzosa ambigüedad. Y en ese contexto, poco a poco, se fue consolidando en muchos sectores de la población la impresión de que el movimiento estudiantil de 1968 es el 2 de Octubre; la amplia y formidable lucha de decenas de miles de jóvenes estudiantes mexicanos, que se inicia en julio y termina en noviembre de ese año, acaba reduciéndose o se pierde en el sangriento momento represivo del 2 de octubre en Tlatelolco. Elena Poniatowska con La Noche de Tlatelolco ha sido una de las principales propulsoras de esta errónea idea: a su lado, algunos protagonistas, familiares de víctimas, periodistas y comentaristas poco serios y, sobre todo, un opaco telón de fondo que impide documentar y valorar los hechos en conjunto y detalladamente. Ciertamente, lo ocurrido el 2 de octubre fue algo terrible y minimizarlo sería un grave error. Pero el movimiento de 1968 fue mucho más. Su dinamismo y generosidad, su trascendencia, sus motivaciones y propósitos, sus aportaciones a la vida y cultura política nacionales, arrojan una cantidad de enseñanzas que facilitan entender el México de la segunda mitad del siglo XX y la sinrazón de la represión gubernamental. La impunidad que padecen los millones de mexicanos que han sufrido atropellos y abusos, que han sido víctimas de algún delito y vanamente han acudido a las instituciones encargadas aplicar la ley e impartir justicia, es un padecimiento que viene de muy atrás. El 2 de octubre de 1968 es uno más de los innumerables agravios cometidos contra el pueblo que no han sido castigados. *El autor es Doctor en Sociología Política por la Universidad de Granada, España, y director del Museo de la Memoria Histórica Universitaria de la BUAP.

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