LA CONSTITUCIÓN DE 1917 NO EXISTE Enrique Condés Lara
Año VIII, Número 139, 1ra. quincena de marzo de 2017
ENTRE LA FORMA Y LA FUNCIÓN DE LA ENSEÑANZA Hugo Israel López Coronel
DILEMAS ÉTICOS DEL DOCENTE EN LA ESCUELA Noé Cano Vargas
REGLAMENTO PROVISIONAL DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA Manuel Pérez Chalini DESDE LA FACULTAD Mariano Torres Bautista
POLICULT DIECINUEVE Jorge Meléndez Preciado
REINCIGRAMA Fernando Contreras
AQUÍ, PUROS CUENTOS Paco Rubín
ARITMOMANÍA Gabriela Breña
HOMENAJE A LA “VANDERA”
Sin pena ni gloria se conmemoró el centenario de la Constitución de 1917. Durante meses, la presidencia de la República, el Senado y la Suprema Corte de Justicia desplegaron una campaña publicitaria que daba ocasión para pensar que celebrarían el acontecimiento con la seriedad y la importancia que merece. Pero fue el parto de los montes. Tanto clamor, preparativos y conmoción para producir tan solo un ratoncito. Enrique Condés Lara*
C
iertamente, en tiempos de mediocridad y medianía difícilmente encuentra lugar la creatividad, pero en el caso de los cien años de nuestra Carta Magna el problema es mayor. Difícilmente, gobierno, legisladores y jueces podían celebrar una Constitución que ya no existe y que ellos mismos modificaron hasta hacerla irreconocible. Todos los presidentes de México le metieron mano, pero hasta el sexenio de Salinas de Gortari mantuvo su perfil básico. A partir de entonces, fueron eliminando sus características más notables, las que le daban personalidad y la distinguían de otras, para hacer otra sin convocar a la nación a una nueva constituyente. El puntillazo lo propinaron las “reformas estructurales” que el PRI-Verde de Peña Nieto con el apoyo del PAN y del PRD consumó hace poco más de dos años. ¿Cómo celebrar, festejar, enaltecer un documento fundamental en la vida de México al que le acaban de dar sepultura esos mismos celebradoresfestejadores-enaltecedores? “En esencia, la Constitución de un país es…la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país”, explicó Fernand Lassalle. (F. Lassalle: ¿Qué es una Constitución?. Ed. Colofón, México, 2006). “Se toman estos factores reales de poder –puntualizó—, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado”. Se entiende entonces que la Constitución mexicana de 1917 no fuera simplemente la norma jurídica fundamental que establece y regula las reglas para la organización y el ejercicio del poder estatal, ni que quedara circunscrita al incumplido Sufragio Efectivo, No Reelección. Fue un programa social en el que no era un partido político el que lo enarbolaba, sino el Estado nacional mismo. La correlación de fuerzas –factores reales de poder— que estableció la Revolución Mexicana permitió que las demandas y aspiraciones de clases subalternas quedaran plasmadas en el ordenamiento constitucional. Lo propició y utilizó el grupo triunfador de la Revolución para construir el Estado posrevolucionario. Con el asesinato de Madero, los revolucionarios supieron que la lucha sería a muerte, implacable, sin vacilaciones e ingenuidades; que los ideales debían subordinarse, si es que deseaban alguna vez realizarse, al triunfo, a la victoria política resultante del aplastamiento militar del adversario. Fue el momento en que descubrieron el poder que las masas movilizadas pueden proporcionar; y el momento a partir del cual * Reincidente no incluye sección de Sociales
aprendieron a manipularlas, enarbolando sus reivindicaciones, prometiéndoles gobernar para ellas. Levantaron así ejércitos con los cuales en poco más de un año derrotaron a Victoriano Huerta y al antiguo ejército federal porfirista. Sin embargo, el punto determinante en la creación de esa correlación entre masas populares y los nuevos caudillos militares revolucionarios se presentó poco después. Equilibradas las fuerzas de Carranza y las que dirigían Villa y Zapata, a fines de 1914, la Ley de Reforma Agraria del 6 de enero de 1915 inclinó la balanza militar de fuerzas en favor del primero e inauguró, como apuntó uno de los más agudos estudiosos del tema, “un nuevo estilo en la política, el estilo populista que se comprometía en la organización de un régimen social, económico y político también populista. En adelante, las masas campesinas y obreras no sólo serían tomadas en cuenta para ser utilizadas como carne de cañón, sino que en ellas, de modo esencial, se apoyaría todo intento de renovación social” (Arnaldo Córdova: La Ideología de la Revolución Mexicana. ERA, México, 1973. p.205). A partir de entonces, los campesinos y los obreros, con todo y sus héroes e iconografías, fueron incorporados al bagaje, lenguaje y devociones de los revolucionarios mexicanos. Pasarían posteriormente a quedar específicamente reconocidos (y reglamentados) en el derecho agrario y laboral mexicano (artículos 27 y 123 constitucionales). En síntesis, los obreros y los campesinos se habían hecho elemento clave de la ideología y postulados de la Revolución Mexicana. Algunos caudillos revolucionarios vieron a los campesinos y obreros como masa de maniobra y carne de cañón; otros, en cambio, como parte fundamental y motivo del proceso social mexicano. Algunos sintieron que había que prometerles o concederles para aplacarlos y usarlos; hubo muchos también que sinceramente hicieron suyas esas demandas y aspiraciones. En infinidad de casos demagogia, pragmatismo y convicción se entrecruzaron sin posibilidad de distinguir cada una de ellas. Sin embargo, cuando las reformas sociales adquirieron rango constitucional en 1917, quedó sellado, en definitiva, un compromiso institucional que regularía los comportamientos más generales de amplios sectores del campesinado y de la clase obrera mexicana, así como de los sucesivos dirigentes y gobiernos de la Revolución. El “problema agrario” y la “cuestión obrera” serían ya puntos de definición, encuentro, alianza, división o ruptura entre los líderes y caudillos revolucionarios. El grado de agrarismo y obrerismo de los jefes militares y políticos, de los gobiernos estatales y, principalmente, de los presidentes de la República, serían para las agrupaciones obreras y sindicales, así
como para las ligas y asociaciones campesinas, piedra de toque para adhesiones, complicidades y apoyos. Se estableció así un pacto interclasista que orientó en sentido reformista al Estado posrevolucionario: quien llevara adelante las disposiciones constitucionales en materia laboral y agraria, tanto en acciones concretas de política pública, como mediante leyes reglamentarias y la fundación de instituciones, tendría consigo a obreros y campesinos; incluso, de ser necesario, con las armas en la mano para reducir cuartelazos e intentonas golpistas. Todo ello fue modificado en las dos últimas décadas en detrimento de obreros y campesinos. Asimismo, con Salinas de Gortari se reestableció la presencia de la Iglesia en campos de la vida social, educativa y política que constitucionalmente le habían sido vedados y se modificó el requisito constitucional para ser candidato presidencial consistente en ser mexicano por nacimiento hijo de mexicanos por nacimiento, a fin de que Vicente Fox pudiera competir. Lo último fue la desintegración los artículos y disposiciones constitucionales que colocaban al Estado como fuerza y palanca central de progreso. Desmontaron la idea, estructuras y legislación que avalaban un Estado fuerte por encima de las clases; un Estado, catapulta de progreso, promotor del desarrollo, involucrado en muy diversos territorios de la actividad económica, que supiera conciliar y regular las relaciones obrero-patronales, dándoles a unos lo que les corresponde y limitando la voracidad de otros, pero reconociendo su función social y garantizando su propiedad; un Estado tutelar del interés de todas las clases y grupos sociales porque “solo el Estado tiene un interés general y, por eso, solo él tiene una visión de conjunto;” (Lázaro Cárdenas: Discurso de toma de posesión como Presidente de la República. 30 de noviembre de 1934); un Estado responsable de la educación y la preparación de los trabajadores del campo y la ciudad, encargado de erradicar fanatismos, prejuicios y vicios, generador y protector de una cultura nacionalista, empeñado además en lograr otros satisfactores para la población (salud, habitación, transporte, deporte); un Estado, finalmente, que recuperase el patrimonio de la nación, saqueada por corporaciones y patrones extranjeros rapaces, decidido, si fuera necesario, a meterlos en cintura y orientar todos esos recursos recuperados hacia el desarrollo nacional. Todo eso ya no existe. ¿Qué es lo que hay ahora en su lugar? Otra cosa. *El autor es Doctor en Sociología Política por la Universidad de Granada, España y director del Museo de la Memoria Histórica Universitaria de la BUAP.