Año V, Número 89, 1ra. quincena de noviembre de 2014
En 1964, los estudiantes encabezaron un movimiento social cuyos alcances políticos se reflejaron casi de inmediato en la ciudad de Puebla, que fue trastocada tanto en su cotidiana organización y en algunos elementos de su estructura. Las reivindicaciones universitarias se hicieron tangibles en equipamientos y servicios urbanos, así como en una apertura para la participación de diversos actores sociales con ámbitos territoriales. José Ariel González Bustillos*
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l apoyo que brindaron los universitarios a los “lecheros” trascendió, más allá de la destitución del gobernador general Antonio Nava Castillo1, puesto que permitió la permanencia de los campesinos del área metropolitana como abastecedores del consumo citadino2, al desaparecer la amenaza del surgimiento de un monopolio para la comercialización del lácteo por la imposición de una obligatoria Ley de Pasteurización. Desde años anteriores se acusaba a los campesinos de adulterar la leche y, frente a ello, se recomendó la pasteurización, a pesar de que la medida solo podían llevarla a cabo las empresas ganaderas, aunque el costo de la norma lo pagaría la población consumidora dado que el gobierno federal había autorizado a los empresarios incrementar el precio en un 46%. La medida provocó inquietud en el agro poblano: los campesinos formaban tumultos para enrolarse como braceros, aunque pocos lo lograban. La prensa reseñó el acentuado problema del desempleo en el campo, la falta de apoyos y la plaga de acaparadores y agiotistas. Para colmo, a los ejidatarios próximos a la ciudad les fueron expropiadas sus tierras para impulsar la diversificación industrial3. Los campesinos recurrieron a los estudiantes porque éstos habían mostrado desde muchos años atrás su disposición para oponerse a injusticias: el aumento arbitrario de las tarifas del transporte urbano y la defensa de sus legítimos derechos.4 Así, en septiembre de 1964, retuvieron los camiones que sorpresivamente incrementaron el costo del pasaje. La FEP, que era la organización privilegiada por el Estado como interlocutora del estudiantado, logró un gran reconocimiento social al conseguir que el Gobierno desautorizara el aumento y se comprometiera a aplicar sanciones.5 Poco después, los universitarios se aprestaron a brindar refugio a los apabullados lecheros organizados en la Unión Regional de Pequeños Productores e Introductores de Leche, -aconsejados por la Central Campesina Independiente- cuando violenta y torpemente fueron agredidos por policías, agentes de tránsito y hasta por los altruistas bomberos a quienes se les ordenó reprimir las protestas, un 13 de octubre del 64. El conflicto escapó de las manos del gobernador Antonio Nava Castillo: obreros y campesinos desmintieron a sus centrales en su incondicionalidad oficial, fueron creados Comités de Defensa en diversas colonias, los estudiantes se declararon en paro, los lecheros suspendieron la distribución de su producto, los locatarios cerraron los mercados y los permisionarios tuvieron que paralizar el servicio de transporte ante la falta de garantías. El movimiento adquirió dimensiones insospechadas: se creó la Coalición de Representaciones Populares de Puebla y con el Directorio Estudiantil Universitario, que se conformó ante el soborno del gobierno a los líderes de la FEP, se insistió ante el gobierno federal -negociaron con Luis Echeverría- la destitución del gobernador, la pasteurización gratuita y el castigo a los agresores, entre otros puntos. El año de 1964 fue coyuntural: con el relevo en el gobierno federal llegaba a la presidencia el segundo miembro del viejo grupo avilacamachista: Gustavo Díaz Ordaz, quien impulsaba la diversificación industrial y estaba dispuesto a invertir en la infraestructura necesaria. Por otro lado, el gobierno norteamericano tenía puestos los ojos en la entidad, y bajo la política del buen vecino había dispuesto canalizar recursos, por medio de la “Alianza para el Progreso”, para construir viviendas y desarrollar el sector agra-
* Reincidente no incluye sección de Sociales
rio. Simultáneamente, la política de descentralización industrial de la ciudad de México promovía la reubicación de grandes empresas. Por todo ello, la empresa trasnacional Volkswagen y enseguida muchas otras, se propusieron invertir en la entidad -la patria chica del próximo Presidente. En suma, había muchos y diversos intereses en juego. La educación era un rubro sumamente rezagado. Faltaban escuelas, sobre todo secundarias y centros de capacitación para apuntalar la industrialización y, desde luego, la Universidad evidenciaba carencias. Ya se había iniciado la ampliación de la escuela de Medicina y se planeaba la edificación de otros planteles, cuando se ideó la construcción de la Ciudad Universitaria. Después del movimiento, el nuevo gobernador, Aarón Merino Fernández, se pronunció por la inmediata construcción del Campus y de un nuevo edificio para el Instituto Normal -dado que normalistas y hasta estudiantes de secundaria participaron en el movimiento. El gobernador ofreció que en las obras de la ciudad universitaria participarían maestros y alumnos de las escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura. Además, con la oferta comenzó la localización de terrenos, ubicándolos en el ejido de San Baltasar Campeche6; el financiamiento vendría de la Fundación Jenkins y del gobierno federal. En estas condiciones, a la Universidad se le ofreció triplicar su subsidio, crear nuevas carreras profesionales, mejorar los salarios de los profesores e inaugurar nuevas instalaciones fuera del Centro Histórico, como la Escuela de Medicina, la de Enfermería y la Preparatoria Benito Juárez. El movimiento universitario tuvo manifiesta influencia en otros grupos sociales como el de los colonos, quienes resentían la carencia de servicios. El Ayuntamiento no les proporcionaba los servicios puesto que no reconocía legalmente la existencia de las colonias. Había más de 67 colonias proletarias en estas condiciones y se les emplazaba a que en seis meses se regularizaran, algo que no habían podido hacer en más de tres décadas. Aún así, los colonos estaban dispuestos a aportar materiales o mano de obra. El problema se había agudizado con la coerción ejercida por las autoridades en los cobros que, en el caso del nuevo alumbrado público mercurial7, se consideró excesivo. Incluso, se rumoró que era un “negocio” del alcalde en turno. Después del movimiento y ante la protesta de los colonos, el nuevo gobernador resolvió reducir las cuotas por alumbrado público mediante el otorgamiento de un subsidio. En respuesta, se unificaron la Coalición de Colonos de Puebla, la Unión General de Contribuyentes y la Coalición de Organizaciones Populares, y denunciaron la falta de apego del Ayuntamiento a los acuerdos celebrados con el gobernador en la aplicación de las cuotas de alumbrado8. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento procedió a regularizar el estatuto de reconocimiento de las colonias eliminando los requisitos que anteriormente había exigido. Sin embargo, también se convirtieron en clientela de la empresarial Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material del Municipio de Puebla en la dotación de servicios públicos. De este modo, el movimiento universitario del 64 volcó su influencia sobre diversos grupos sociales y sus efectos se materializaron en el territorio. Asumió una postura crítica ante el Estado y apoyó diversos movimientos populares. Fue un importante antecedente del movimiento del 68, en el que los estudiantes poblanos contribuyeron con el cuestionamiento del caduco régimen político mexicano. En veintiséis años, ningún Presidente del país ingresó a la
Universidad, y durante ese lapso, no se le consideró como un trampolín para la obtención de cargos públicos. 1 Lomelí (2001) indica que llegó al cargo por recomendación de Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación. Lo describe como
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“antiguo integrante del grupo avilacamachista, que además de ser un militar destacado contaba con una amplia experiencia política y partidista, habiendo ocupado entre otros cargos los de secretario general de la CNOP y director del Departamento de Policía y Tránsito de la ciudad de México”. En otra fuente, en la campaña por la gubernatura del Estado en 1962, el PAN subrayó: “El Partido del Gobierno, desdeñando los deseos de sus mismos incondicionales, ha postulado como candidato a Gobernador, al que la consigna inobjetable del Ejecutivo Federal señaló con el ‘dedazo’. ¿Qué le espera al Estado cuando el designado ya está rodeado y comprometido con la camarilla que el año pasado desquició a la Universidad y al Estado y estuvo a punto de provocar un colapso de proporciones insospechadas?” (El Sol de Puebla, 19/noviembre/1962). Los lecheros de Cholula han surtido este alimento a la ciudad desde el siglo XIX; Gustavo Hernández (1986) cita que El Universal (21/agosto/1917), publicó que “durante la Revolución como sufrieron asaltos y fueron despojados de sus botes y cabalgaduras por bandoleros, regresaron a sus pueblos a prevenir al resto que se abstuvieran de llevar su mercancía a la ciudad de Puebla”. A los ejidatarios de San Pablo Xochimehuacán les fueron expropiadas sus parcelas ejidales el 25/septiembre/1963 por decreto Presidencial en favor del Gobierno del Estado para crear la Zona Industrial Norte de la Ciudad de Puebla. La superficie expropiada fue de 280-17-63 hectáreas de 135 ejidatarios. Anteriormente, el ejido ya había sido afectado por expropiaciones, unos de sus terrenos habían sido entregados a Ferrocarriles Nacionales, otros a Petróleos Mexicanos y otros más a la Secretaría de Comunicaciones para la construcción de la autopista a México. Las protestas sociales por la disposición de aumentar las tarifas de transporte sin tomar en cuenta a los sectores afectados (los usuarios) se remontan al año de 1921, como lo muestra el Oficio de la Confederación Sindicalista del Estado de Puebla al Presidente Municipal que dice: “los suscritos representantes de 15,000 obreros del Ramo Textil y Campesinos manifiestan: Que en sesión ordinaria los delegados de distintos sindicatos informaron que la Compañía de Tranvías determinó aumentar los precios del pasaje en el servicio urbano, y como tanto los campesinos de Cholula como los de los pueblos que hacen el uso del servicio de ésta a Panzacola, así como los trabajadores de las fábricas al margen del Río Atoyac y quienes con el aumento se perjudican duramente, tomando en cuenta que cada año dicha Compañía celebra con el Ayuntamiento el contrato de tarifas solicitan: 1º. El Ayuntamiento ordene a la Compañía suprima el aumento hecho. 2º. Si el aumento ha sido concedido por el Ayuntamiento, se sirva retirarlo por lesionar nuestros intereses.” (Archivo Municipio de Puebla, Tomo 670, Expediente 154, Oficio del 12/agosto/1921). Alicia Tecanhuey (1984) señala que, en 1948, la FROC manifestó su inconformidad por el aumento de las tarifas de 10 a 15 centavos, del 50%, del transporte urbano y que se le unieron los estudiantes y pueblo en general promoviendo desórdenes al voltear 7 unidades, logrando así postergar el incremento hasta el año siguiente. El aumento de la tarifa a 20 centavos en 1956, aunque causó disgusto y sorpresa de los usuarios, no alcanzó a generar una fuerte reacción porque los permisionarios se comprometieron a renovar sus unidades. Para 1958, ante los sucesos en la ciudad de México contra el incremento de las tarifas, se aplazó por un año la demanda de cobrar 30 centavos. La lógica del funcionamiento del transporte público se basaba en ciclos de negociaciones: la Alianza de Camioneros, que había prestado sus unidades para la campaña electoral de Díaz Ordaz, esperaba como retribución a sus servicios el aumento a la tarifa. En el mismo tono, los permisionarios alegaban la incosteabilidad del negocio y su incapacidad para concertar un nuevo contrato colectivo con los chóferes si no se autorizaba un incremento del costo del pasaje. Los campesinos intentaron denunciar al gobernador que por la expropiación de terrenos para la construcción de la Preparatoria Benito Juárez de la UAP, aún no se les indemnizaba, ni por las invasiones de parcelas de parte de los fraccionadotes de la colonia residencial “Jardines de San Manuel” para construir las vialidades de dicho fraccionamiento. (Acta de Asamblea de Ejidatarios de San Baltasar Campeche del 31/enero/1965, Archivo del Registro Agrario). El Ayuntamiento que había tomado posesión en febrero de 1963, se había propuesto ampliar la red de alumbrado público con la cooperación de los propietarios de casas e implantó un Plan integral de iluminación. El Sol de Puebla, 03/junio/1963 y 25/julio/1963. La Unión de Contribuyentes planteó que los afectados carecen de recursos económicos, por lo que la cuota de 100 pesos por metro lineal se reducirá a 70 pesos, la diferencia lo pagará el Gobierno estatal, alcanzará para tender 100 mil metros lineales de alumbrado dentro de la ciudad. El Sol de Puebla, 31/ diciembre/1964. Para mayo de 1965, el Ayuntamiento declaraba que había tendido 178 kilómetros, y que solo le falta 68 kilómetros de la red general, pero que ya no tendería más red de alumbrado bajo las condiciones de que los vecinos pagaran a $70 metro lineal, dado que éstos habían logrado un subsidio del 30%, un plazo de 24 meses y la bonificación de 70 pesos a quienes hubieran cubierto su cooperación. El Sol de Puebla, 22/febrero/1965 y 15/mayo/1965.
*El autor, Maestro en Urbanismo, es profesor del Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas de la BUAP.