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JUSTICIA DIGITAL: SITUACIÓN ACTUAL Y EXPECTATIVAS PARA EL SALVADOR ¿Qué es la Justicia Digital? El concepto engloba una serie de transformaciones organizacionales o institucionales, normativas y culturales, ante la adopción de tecnologías de la información y la comunicación, que hacen que la justicia se vuelva digital. Dichos cambios tienen como objetivo impactar positivamente y de múltiples maneras para alcanzar: a) un mayor acceso a los servicios de justicia; b) más eficiencia y eficacia en la tramitación de casos y en la toma decisiones; c) más oportunidades para trasparentar, auditar procesos y acceder a datos. Algunos ejemplos de digitalización de la justicia son: tramitar expedientes digitales; facilitar el acceso a datos y la interoperabilidad entre varias bases de datos para una mejor toma de decisiones por parte de los jueces; realizar juicios o procesos virtuales o de manera digital. Todo lo anterior podría llevar a reducir la mora judicial, más eficiencia y eficacia, y mejorar el acceso a la justicia. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió a mediados del 2020 el acuerdo 3-P que modifica las “Reglas Básicas para el Uso del Sistema de Notificación Electrónica (SNE)”, y que regulan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de actos procesales de comunicación de las resoluciones judiciales de los tribunales. El SNE comenzó a implementarse desde 2016 aunque con muy poco alcance territorial. Desde 2016, la Asamblea Legislativa
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ha aprobado normativa en materia de Justicia digital. Por mencionar algunos ejemplos, aprobó un decreto transitorio para que los Tribunales de Sentencia celebren las Vistas Públicas de manera virtual; y, en 2020, aprobó reformar el Código Procesal Civil y Mercantil para implementar la celebración de audiencias virtuales en materia mercantil, civil, laboral y familiar, aunque como una práctica excepcional. Reformó el artículo 9 de la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica que permite el monitoreo y localización de perpetradores de violencia intrafamiliar; y aprobó la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad que fomenta la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación y el acceso a información, en armonía con el Convenio de Marrakech. Para una mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos y en la toma decisiones, se requerirá de la Firma Electrónica Certificada (también conocida en otros países como calificada o avanzada) y de Documentos Electrónicos. Desde 2016 nuestro país ha avanzado lentamente en la aprobación de las reglas y medidas necesarias para implementación de la firma electrónica certificada y para el almacenamiento de documentos electrónicos, las cuales son fundamentales para la acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación de Firma Electrónica y los Proveedores de Servicios de Almacenamiento de Documentos Electrónicos, de acuerdo con el artículo 36 de la ley de firma electrónica.
