Febrero 2015 by DSmx

Órgano de Difusión Oficial de la CNEC

270 febrero 2015

ENTREVISTA

Dr. Reyes Juárez del Ángel, presidente y CEO de FOA Consulting

GLOBAL

Un escabroso sendero para la dignidad humana

FINANZAS

El impacto de las nuevas regulaciones en el sector asegurador y afianzador

ÉTICA

Por qué involucrarse en la consecución de un programa de productividad

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Ley de

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SUMARIO DIRECCIÓN GENERAL Alejandro Vázquez López CONSEJO EDITORIAL Presidente Mario Salazar Lazcano Vicepresidente y Coordinador General Alejandro Vázquez López Consejeros José Antonio Cortina Suárez Francisco Javier García Sabaté Palazuelos Roberto Hernández García Mauricio Jessurun Solomou Adalberto Noyola Robles María del Carmen Padilla Longoria Esaú Pérez Herrera Alejandro Vázquez Vera

REALIZACIÓN PROTOTIPO MÉXICO 01(55) 5424 - 1864 y 5424 - 2539 DIRECTOR GENERAL Esaú Pérez Herrera EDITORA Judith Ureña Espinosa DIRECTORA DE PUBLICIDAD Brenda Calderón Kundig CORRECCIÓN DE ESTILO Mayra Cabrera ARTE Y DISEÑO Ma. Teresa Zúñiga Robles Jorge Guillermo Hernández Colín Jimena Martínez Muñiz FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA Nizaguiee Hidalgo Hernández Edgar Xólot Schutterstock INFÓGRAFO Juan Ramón Márquez SU OPINIÓN ES IMPORTANTE, ESCRÍBANOS A consultoria@prototipomexico.com VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS: brenda.calderon@prototipomexico.com Tel.: 5424 - 42 29 / 04455 1384 - 1324 CONSULTORÍA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO, Año 7, No. 270, febrero 2015, es una publicación mensual editada por Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C. ubicada en WTC, Montecito No.38, piso 18, oficina 35, colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F. www.cnec.org.mx/?page_id=154, difusion@cnec.org.mx. Editor responsable: Alejandro Vázquez López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013062410293600-102 otorgada por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ISSN en trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título: 13956 otorgada por la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Número de Certificado de Contenido 11529 otorgado por la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX No. PP09-1852. Impresa por GRUPO INFAGON, S.A. de C.V., Alcaicería No. 8, Col. Zona Norte, Central de Abastos, C.P. 09040, México, D.F. Este número se terminó de imprimir el 31 de enero de 2015 con un tiraje de 3,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.

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MENSAJE DEL PRESIDENTE CARDINAL

ASOCIACIONES

Público Privadas y su aplicación

en México

22 28 34 40 46 52 56 62

INFOGRAFÍA

México en materia de Infraestructura

INNOVACIÓN

Innovación para las Pymes

GLOBAL

Un escabroso sendero para la dignidad humana

LEGAL

¿Habrá o no Ley de Casinos en 2015?

GOBIERNO

Informe trimestral de Banxico

EMPRENDEDOR

Bacheo infrarrojo, un modelo de negocio en expansión

CAVA

Cena en casa

CARTELERA

24 32 38 42 48 54 58 64

ENTREVISTA

Dr. Reyes Juárez del Ángel, presidente y CEO de FOA Consulting

NACIONAL

Urgen nuevas medidas de planeación y financiamiento de vivienda

EDUCACIÓN

El papel de la evaluación en la educación en México

FISCAL

Las revisiones electrónicas

FINANZAS

El impacto de las nuevas regulaciones en el sector asegurador y afianzador

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Por qué involucrarse en la consecución de un programa de productividad

BREVES

LIBROS

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MENSAJE DEL PRESIDENTE COMISIÓN EJECUTIVA CNEC Presidente Mario Salazar Lazcano Primer vicepresidente Ricardo Cabañas Díaz

espués de casi 5 años de estabilidad, el precio del petróleo ha caído más de 55 % desde junio de 2014, cuando el precio del barril de la mezcla Brent se cotizaba en 115 dólares, hasta disminuir a un precio que hoy se encuentra apenas por encima de 50 dólares, lo cual se debe a varios factores, entre los que destacan: una disminución en la demanda derivada de la baja actividad económica mundial; mayores índices de eficiencia energética y el incremento en el uso de fuentes alternas de energía; el sostenimiento de elevados niveles de producción por parte de Iraq y Libia, no obstante los conflictos que atraviesan; Estados Unidos se ha convertido en un productor importante de petróleo, lo que ha provocado que sus niveles de importación se hayan reducido significativamente; y finalmente, a que los países árabes y sus aliados del Golfo han decidido no sacrificar su participación de mercado a fin de restablecer el precio del petróleo a sus niveles anteriores, ya que de así hacerlo, beneficiarían a países con los que tienen relaciones conflictivas como Irán y Rusia, estrategia que les es posible gracias a sus grandes niveles de reservas y a sus bajos costos de producción. Las más afectadas por los bajos precios del petróleo son, sin duda, aquellas empresas que tienen elevados costos de producción como las que operan en aguas profundas, en los cada día más costosos campos del Mar del Norte, o las que operan con altos grados de apalancamiento. Pero evidentemente, el mayor daño es para los países cuya economía es altamente dependiente de la renta petrolera como Rusia, Irán, Venezuela y, desde luego, México. Ante la disminución en los ingresos provenientes del petróleo, se anticipa difícil de cumplir el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) presentado por el titular del Ejecutivo Federal en abril de 2014, el cual contempla un monto total de inversión, de 7.7 billones de pesos de los cuales, el 63 % (es decir, 4.88 billones), deberían provenir del sector público, y el 37 % restante (equivalente a 2.86 billones), del sector privado. Con base en lo anterior, la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura se vuelve de vital importancia para México, por lo que la instrumentación de Asociaciones Público Privadas (APP) debe ser uno de los vehículos que propicie y aliente su participación en el desarrollo de la infraestructura, con lo cual se logrará impulsar el crecimiento de la economía y mejorar la competitividad de los sistemas productivos del país. Sin embargo, lo cierto es que las APP, cuyo marco legal entró en vigor a finales de 2012, no han funcionado. Uno de los muchos factores que la Cámara considera no ha permitido su implementación, es el desconocimiento de sus principios y mecanismos de instrumentación por parte del sector público y privado, razón por la cual la CNEC, en colaboración con la Universidad Anáhuac del Sur, ha impartido dos diplomados sobre APP y en fechas próximas, iniciará su tercera edición, cumpliendo así con su misión como órgano de colaboración del Estado en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Confiamos en que este esfuerzo coadyuve en elevar el conocimiento sobre los esquemas de inversión a través de APP y aliente su implementación en beneficio de todos los mexicanos.

SUMARIO

Secretario Mario Ramírez Gurría Tesorero Ana Carreón de la Mora Vicepresidentes Adriana Cruz Santos Servicios a Socios Salvador Carrasco Gutiérrez Afiliación Federico Martino Silis Certificación Carlos de la Mora López Fuentes de Trabajo Sector Público Héctor Alejandro Genis Juárez Servicios de Ingeniería Marco Antonio Gutiérrez Huerta Mediación y Arbitraje Carlos Lechuga Salcedo Estadística y Tendencias de Consultoría Gumaro Lizárraga Méndez Gerencia de Proyecto Santiago Macías Herrera Gestión y Competitividad Empresarial Miguel A. Macín Vera IMDT y Seguimiento de Convenios César Charles López Delegaciones Mauricio Millán Costabile Relaciones Internacionales Alejandro Vázquez López Relaciones Institucionales y de Medios Esperanza Velásquez Botero Fuentes de Trabajo Sector Privado Carlos Guerrero González Invitado Permanente y Asesor Jurídico Alejandro Sánchez Quiroz Invitado Permanente y Asesor de la Presidencia W W W. C N E C . O R G . M X

Mario Salazar

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ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS y su

aplicación en México LIC. SERGIO CHAGOYA Socio del despacho Santamarina y Steta schagoya@s-s.mx

LIC. HÉCTOR A. GARZA CERVERA Socio del despacho Santamarina y Steta hagarza@s-s.mx

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n la actualidad existe una tendencia global en el involucramiento del sector privado o iniciativa privada en la prestación y realización de infraestructura y servicios públicos, mismos que antes eran domino pleno del sector público. A través de la creación de la figura de asociación público privada (misma que encuentra su origen en las jurisdicciones anglosajonas como public private partnership o PPP), es posible que el sector público o la iniciativa privada en cada país participe conjuntamente con los sectores público y social, a efecto de satisfacer las necesidades de infraestructura y servicios públicos de sus administrados. En virtud de lo anterior, y con el fin de proporcionar estructuras financiables sólidas, es necesario que exista legislación al respecto. En este tenor, el 16 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Expropiación, así como la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas y el bienestar poblacional

Publicado el 5 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, con la publicación de dicha legislación federal se establecieron las bases y reglas para la realización de los proyectos público-privados, con el objeto de emparejar los intereses del Estado con los inversionistas privados, y así incentivar el desarrollo de proyectos estratégicos en asociación que permitan la creación de nueva infraestructura y servicios públicos para mejorar el nivel de bienestar de la población. Esto incluye otros factores como la economía, el empleo y la competitividad de las empresas. FEBRERO 2015

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Las asociaciones público privadas son modalidades y esquemas de inversión a largo plazo que incorporan técnicas, recursos, distribución de riesgos y objetivos entre los particulares y el Gobierno; asimismo, los proyectos de dichas asociaciones implican una conjunción de esfuerzos del sector público con el privado para satisfacer una necesidad propia del sector público y del usuario final de una colectividad, donde dicha conjunción de esfuerzos será documentada en una relación contractual de largo plazo. A través del establecimiento de dichas asociaciones, el Gobierno pretende impulsar el desarrollo social y combatir la pobreza, al facilitar el acceso a servicios públicos básicos, como lo es la educación, la electricidad y el agua potable. La diferencia sustancial con estos

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esquemas o modalidades de contratación, es que el financiamiento, la operación y mantenimiento del objeto de contrato, es realizado principalmente por el sector privado; asimismo, el o los particulares aportan el total o la mayor parte de los recursos financieros, mismos que son recuperados a través de las administraciones que el Estado le provee a lo largo de la vida del determinado contrato; de igual manera, otra diferencia radica en que el Estado celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un servicio, y no la adquisición de activos fijos. Dichos esquemas de contratación implican una relación contractual entre las partes, pero no la constitución de una persona moral con personalidad y patrimonio propios distinta a las partes contratantes. Este tipo de esquemas de inversión incrementan la certeza jurídica del inversionista privado nacional o extranjero al momento de la realización de obras para el bienestar social, y permite una mejor distribución de riesgos, donde el particular es aquel que asume la responsabilidad del desarrollo de la infraestructura y la prestación del servicio, mientras que el Estado o la Administración Pública asume la responsabilidad de la planeación estratégica, así como el monitoreo, control y el cumplimiento de los contratos en concordancia con las disposiciones normativas aplicables.

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Ley de APP, características, regulaciones y conceptos

En su artículo segundo, la Ley de Asociaciones Público Privadas (o Ley de APP), conceptúa legalmente a una Asociación Público Privada como aquella que: (I) se realice bajo cualquier esquema, (II) tenga como finalidad establecer una relación contractual de largo plazo, (III) sea entre partes del sector público y del sector privado, (IV) el objeto del contrato respectivo sea prestar servicios al sector público o al usuario final, (V) mediante la utilización de infraestructura provista total o parcialmente por el sujeto privado y (VI) sus objetivos sean aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país. De igual forma, pueden comprenderse dentro de dicho concepto legal a los proyectos de inversión productiva, investigación aplicada o de innovación tecnológica realizados conforme al ordenamiento legal analizado1. Adicionalmente, en dicho ordenamiento jurídico se establecen como requisitos principales para llevar a cabo un proyecto de asociación público privado, los siguientes: (I) demostrar su ventaja financiera frente a otros mecanismos de financiamiento, (II) estar plenamente justificado, y (III) especificar el beneficio social que pretende alcanzar con su ejecución. Para realizar proyectos de asociación público-privada se requiere lo siguiente: (I) por una parte, la celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones del ente público contratante, y por la otra, los del desarrollador o desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra; (II) cuando sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos o la prestación de los servicios respectivos; y (III) en ciertos tipos de proyectos, vinculados a innovación y desarrollo tecnológico, se requerirá además la previa aprobación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología2. Es importante recalcar que en proyectos de asociación público privadas donde se requiere el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos, en virtud de la naturaleza de los servicios a ser contratados, el desarrollador cuenta con la obligación de constituir una empresa de objeto específico, misma que será la titular de dichas concesiones, autorizaciones o permisos respectivos. Hemos mencionado que las asociaciones público privadas son esquemas de inversión a largo plazo; en virtud de lo anterior, el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (el Reglamento de la Ley de APP), en su artículo segundo establece que se considera que existe una relación contractual de largo plazo, cuando la construcción de la infraestructura y la prestación de servicios requieren el otorgamiento de un contrato con duración mayor a tres años. Estos proyectos de asociaciones público-privadas, podrán ser instrumentados en contratos de prestación de servicios, fideicomisos,

figuras de obra pública financiada, contratos de construcción y arrendamiento, entre otros; de la misma manera, serán tres disposiciones las que regularán dichos esquemas: (I) la Ley de APP; (II) el contrato que celebre el sector público con las instancias del sector privado; y (III) las concesiones, permisos y autorizaciones que, en su caso, sean necesarios para cada proyecto en particular. Dicho contrato mencionado en el numeral (II) anterior, tendrá como objeto el establecer los servicios a ser proporcionados por el capital privado, con sus especificaciones, condiciones y términos, así como las contraprestaciones a favor de los particulares por la prestación de dicho servicio. Es muy importante destacar que dicho contrato deberá de señalar puntualmente los riesgos que cada una de las partes contratantes asumirá en el desarrollo del proyecto. Para ello, existen diferentes aspectos a considerar en la evaluación para la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura, por ejemplo, el costo beneficio no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento3.

Otras disposiciones de la Ley de APP

Por otro lado, esta ley prevé la posibilidad de que los particulares interesados en desarrollar un proyecto de asociación público-privada, podrán presentar sus propuestas a las dependencias o entidades correspondientes, sin que las mismas las hayan solicitado previamente, a través de la figura de propuestas no solicitadas reguladas en el capítulo tercero de dicho ordenamiento legal

Artículo 12 fracción I de la Ley de APP. Artículo 13 de la Ley de APP. 3 Artículo 17 de la Ley de APP. 1 2

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federal. En caso de que se considere conveniente desarrollar algún proyecto propuesto por el sector privado, será necesario que la dependencia o entidad de la Administración Pública convoque a un concurso público, con objeto de procurar las mejores condiciones para el Estado, en términos del Artículo 134 Constitucional4. Asimismo, el capítulo cuarto de la Ley de APP establece, entre otras disposiciones, que los proyectos se adjudicarán mediante concurso público, en el que puede participar cualquier particular, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la convocatoria y bases correspondientes; de igual manera, dichos concursos se deberán llevar a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad, así como en igualdad de condiciones y sin preferencias indebidas para alguno de los participantes. Antes de la implementación de la legislación aplicable a las asociaciones público-privadas, existían varios mecanismos y esquemas en virtud de los cuales el Gobierno satisfacía las necesidades de infraestructura y servicios públicos en el país. Dichos mecanismos eran los esquemas de obra pública directa y obra pública contratada, la concesión, en virtud de la cual el sector privado participaba en la provisión de servicios públicos y en la construcción de dichos servicios, los proyectos de infraestructura de impacto diferido en el gasto, de obra pública financiada, así como los contratos de servicios integrales y los contratos de servicios múltiples en el sector petrolero y los proyectos de prestación de servicios (PPS)5. Sin perjuicio de lo anterior, el crecimiento poblacional de México,

así como su crecimiento demográfico, han representado un problema fuerte en las finanzas públicas debido a la necesidad de desarrollar más y mejor infraestructura y provisionar a la colectividad con los servicios públicos necesarios para satisfacer sus necesidades. Es por esto que es indispensable la creación y aceleración de nuevos proyectos que permitan unir los esfuerzos del sector público, en sus tres ámbitos, federal, estatal y municipal, con los sectores privado y social a efecto de generar dichos proyectos en el país. Este esfuerzo supone la participación de importantes inversiones públicas y privadas que requieren de un marco legal que garantice seguridad y certeza jurídicas en proyectos de largo plazo, los cuales son instrumentados al amparo de la Ley de APP6. La aplicación directa de los proyectos de asociaciones público privadas, es principalmente la dotación de infraestructura y la prestación de servicios públicos en los diferentes estados de la República Mexicana, tales como la promoción de inversiones para proyectos carreteros, portuarios, aeroportuarios, alumbrado público, agua potable y planta de tratamiento de agua, educación, centros de salud y

Exposición de Motivos de la Iniciativa del Ejecutivo Federal de la Ley de APP, México, D.F., 10 de noviembre de 2009.

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educativos, hospitales, universidades, entre otros, que además de los beneficios que traería la construcción de cada proyecto en particular, generarían empleos y ayudarían al desarrollo de la economía del país y del bienestar social.

Sobre la denominada consulta previa

Dentro del marco del desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, la legislación mexicana ha dado pasos agigantados en los últimos meses a fin de proteger los derechos humanos de nuestras comunidades indígenas. En caso de que cualquier acto administrativo o legislativo pueda incidir en alguna comunidad indígena, su territorio o costumbres, es necesario desarrollar un proceso consultivo de manera previa, libre e informada. La obligación de los estados de consultar a los pueblos y comunidades indígenas mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas con carácter previo a la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos e intereses, está firmemente asentada en el derecho internacional de los derechos humanos. Particularmente,

el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, señala al respecto, lo siguiente: Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. En términos similares al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que contó con el voto favorable de México en la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, en sus artículos 18 y 19 establece el derecho a la participación, consulta y al consentimiento. FEBRERO 2015

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Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos y de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Artículo 19. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. El incumplimiento de la norma de consulta, o su realización sin observar sus características esenciales, compromete la responsabilidad […] de los estados7. Por mandato constitucional, el Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; en referencia a los derechos de consulta, consentimiento y participación, en los últimos años hemos sido testigos de acciones y reclamos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de los pueblos indígenas por la defensa y vigencia de sus derechos colectivos. Entre los casos más destacados se encuentran los siguientes:

“Acueducto Independencia”, en el estado de Sonora

Recomendación No. 37/2012. En relación a esta recomendación, la CNDH analizó el caso del proyecto Acueducto Independencia, en el estado de Sonora, desde tres perspectivas, una de ellas radicada en la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat.

“En función de lo anterior, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integraron el expediente CNDH/1/2010/4942/Q, […] se contó con elementos que permitieron evidenciar transgresiones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno, en agravio de diversos habitantes del estado de Sonora, atribuibles a servidores públicos del gobierno de esa entidad federativa, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por hechos consistentes en el desacato a un mandamiento judicial; por la omisión para implementar políticas públicas que propicien la prevención de conflictos sociales; y, en la omisión para salvaguardar y respetar el debido proceso, la garantía de audiencia, específicamente el derecho a la consulta previa de los integrantes del pueblo yaqui, respectivamente”8. Amparo en revisión 631/2012 – 1ª Sala SCJN. En este mismo caso, sobre el proyecto “Acueducto Independencia”, en el estado de Sonora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 631/2012, en el que se confirmó la protección de la justicia concedida por el Juez de Distrito competente9 a diversas personas de la comunidad de Vícam del pueblo yaqui en contra de la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011, dentro del procedimiento número S.G.P.A.-DGIRA-DGA1633/2011. El amparo se concedió en contra de los actos de autoridad de la Semarnat para efectos, entre otros, de que previamente a la autorización en materia de impacto ambiental se otorgue garantía de audiencia a dicha comunidad, donde particularmente se debe asegurar el ejercicio del derecho a la consulta del pueblo, por conducto de sus representantes tradicionales y de acuerdo con sus sistemas normativos.

Sobre el caso Wirikuta en San Luis Potosí

Recomendación No. 56/2012. En términos generales, la CNDH encontró que las violaciones a los derechos humanos de los wixáritari consisten en las siguientes acciones y omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: a) impedir el ejercicio de sus derechos como pueblo indígena al disfrute y uso de sus territorios tradicionales, al desarrollo de su identidad cultural y al derecho a ser consultados en los procedimientos para la emisión de cualquier permiso, licencia, concesión y autorización minera que afecten su cultura y territorios; b) causar daño ecológico como consecuencia de las actividades mineras que se realizan o realizaron en la región de Wirikuta y en sus áreas limítrofes; c) coartar el disfrute del pueblo wixárika y de los habitantes de los municipios que integran Wirikuta a un medio ambiente sano, al

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 noviembre de 2007, Serie C. No. 172. CNDH; Recomendación No. 37/2012; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; México, 2012. Disponible en www.cndh.org.mx 9 Tribunal de origen: Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora (Exp. Origen: J.A.461/2011). 7 8

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nivel más alto posible de salud y al derecho al agua potable y al saneamiento; y d) omitir verificar el cumplimiento de las normas en materia minera, ambiental y de aguas nacionales, a través de actos de inspección, vigilancia, verificación y monitoreo, así como no implementar medidas de prevención y mitigación del daño ambiental en beneficio de los habitantes del área Wirikuta y del propio pueblo indígena. A fin de explicar estas violaciones, la presente recomendación se dividirá en cinco apartados. Bajo el contexto de los nuevos preceptos constitucionales en materia de derechos humanos y con los antecedentes descritos, se evidencia la imperante necesidad de diseñar mecanismos y estrategias institucionales que permitan garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la consulta, a la participación y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas. A la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la consulta indígena, a diferencia de la consulta pública, cuenta con diversos elementos y pautas que la distinguen de otros procesos e instrumentos de participación ciudadana; de tal forma que los principios que deberán regir los procedimientos de consulta indí-

gena y que deberán observarse son, de forma enunciativa, los siguientes: • La consulta debe ser de buena fe. • La consulta debe ser sistemática y transparente. • La consulta debe ser culturalmente adecuada. • La consulta debe ser corresponsable. • La consulta debe ser flexible. • La consulta debe ser informada. • La consulta debe ser libre. • La consulta debe ser participativa. • La consulta debe ser previa. Por otra parte, es importante señalar que “el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a [los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas], sino de la susceptibilidad de que puedan

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llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetivos del procedimiento es determinar si los [derechos e] intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.”10 Este criterio fue asumido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada que al rubro señala: Comu-

nidades y pueblos indígenas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses.11 Bajo estas consideraciones, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los procesos de consulta indígena, tendrán los siguientes objetivos: • recabar de los pueblos y comunidades indígenas consultados los elementos necesarios para determinar si el desarrollo del proyecto les causa una afectación directa a sus derechos e intereses; • en su caso, llegar a los acuerdos suficientes para establecer medidas y estrategias que permitan el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y la salvaguarda de sus legítimos intereses; • que la comunidad o pueblo indígena manifieste su consentimiento, previo, libre e informado sobre el proyecto a desarrollar; lo anterior en el ejercicio de su libre determinación y autonomía, reconocida y garantizada en el Apartado A, del Artículo 2º Constitucional.

Consulta previa y reforma energética

El derecho a la consulta previa cobra especial relevancia bajo la óptica de la tan sonada reforma energética. Tanto

la Ley de la Industria Eléctrica como la Ley de Hidrocarburos y sus correspondientes reglamentos contienen capítulos que hacen referencia a la necesidad de implementar el proceso consultivo antes referido: Ley de Hidrocarburos. “Artículo 120.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria de hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan…”. Ley de la Industria Eléctrica. “Artículo 119.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan…”. Lo anterior no debe ser interpretado en el sentido de que la consulta previa únicamente es requisito para proyectos del sector energético.

Tesis Aislada; 10a. Época; 1ª Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1; pág. 736. Ibídem.

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Debemos recordar el contenido del Convenio 169 que señala “cualquier acto administrativo o legislativo”, lo cual es suficientemente amplio para incluir casi cualquier actividad que pretenda desarrollarse y, particularmente, proyectos de infraestructura o de servicios públicos, dadas su escala e incidencia en la comunidad. Derivado de lo anterior, podemos concluir que la manera de desarrollar proyectos en México cambió drásticamente. Antes de iniciar cualquier actividad tendiente a desarrollar un proyecto es esencial iniciar el correspondiente proceso consultivo, desarrollando por lo tanto un Estudio de Impacto Social y Cultural. Al respecto, el artículo 86 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica señala: “Artículo 86.- Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica incluidos los relativos a la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica deberán presentar a la Secretaría la evalua-

ción de impacto social a que se refiere el artículo 120 de la ley, noventa días antes de su intención de iniciar las negociaciones con los propietarios o poseedores de los terrenos donde se pretenda ubicar el proyecto de que se trate. Se otorgarán los permisos para el desarrollo de proyectos de la industria eléctrica una vez que se presente la evaluación de impacto social.”

Conclusiones

Por lo anterior, consideramos que las disposiciones hoy correctamente asentadas en las leyes secundarias derivadas de la reforma energética y sus reglamentos, son un primer esfuerzo para aterrizar a nivel adjetivo las obligaciones internacionales adquiridas por México en 1990 bajo el Convenio 169 de la OIT. Estimamos que dicho primer esfuerzo necesariamente causará un efecto dominó a lo largo de todo el marco normativo mexicano que culminará en una implementación adjetiva del proceso de consulta previa en todos los niveles jurisdiccionales y en todos los ámbitos administrativos. Lo anterior no implica que la obligación de agotar un proceso de consulta previa dependa de la publicación de tal normatividad. La obligación de llevar a cabo el proceso consultivo ya es una obligación de todas las autoridades y dicho futuro marco legislativo (federal, estatal o municipal), simplemente dotará de herramientas adjetivas a las autoridades para implementar dicho proceso de manera adecuada y pertinente. FEBRERO 2015

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La INNOVACIÓN empresarial en la Ciudad de MÉXICO: algunos hallazgos1

ANGÉLICA D. SIEIRO NORIEGA*

no de los factores indiscernibles para el desarrollo y la competitividad de las economías contemporáneas es la capacidad de innovación de las unidades que las integran. Pensemos por un momento en una empresa A que busca irrumpir en un mercado dominado por otras compañías B, C y D, estas últimas con años de experiencia y arraigo entre los clientes. Entonces, la capacidad de la empresa A para concebir y generar nuevos bienes o servicios que sean valorados en el mercado, para optimizar sus procesos mediante el uso de nuevas tecnologías, para aprovechar el conocimiento que se genera en el entorno a su favor o bien para generarlo por sí misma mediante la inversión de recursos en la investigación, determinará en buena medida sus perspectivas de éxito para presentarse ante el público como una opción viable y atractiva frente a sus competidoras. Pensemos ahora que ese escenario hipotético se reproduce por cientos o miles de casos. El resultado es un mercado pujante, con precios determinados por la libre competencia, lo que redunda en beneficios para los consumidores, con generación de empleos y posibilidades de movilidad social, todo lo cual repercute en el desarrollo de la economía en cuestión. En una palabra, la vitalidad de una economía está estrechamente relacionada con su capacidad de innovar. CIFRAS SOBRE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Al igual que ocurre con otros asuntos de relevancia púbica en la capital del país, el escenario de la innovación en las empresas en el Distrito Federal es un tema susceptible de verse como un vaso medio lleno o medio vacío, en función de la perspectiva desde la que se observa y analiza. De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2014, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, el Distrito Federal ocupa la posición de honor en esa materia entre las entidades del país. En caso concreto del rubro relativo a la innovación, esta ciudad es, por mucho, la entidad mejor ubicada en cada uno de las variables que

* Asociada del INAP y líder asignada del proyecto “Identificación de políticas públicas para potenciar el crecimiento económico de la Ciudad de México a través del impulso de la ciencia, tecnología e innovación”. 1 Este proyecto es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

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sirven para construir el subíndice correspondiente, tanto en número de patentes solicitadas por cada 100 mil habitantes de la población económicamente activa, como en el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en el número de empresas certificadas (en ISO 9000 y 14000), en el crecimiento del PIB industrial especializado, en la diversificación económica, entre otros.2 Ningún otro estado del país cuenta con las cifras que, en términos absolutos y relativos, tiene la economía capitalina en esos ámbitos. Es posible, sin embargo, que este magnífico desempeño en materia de innovación en ese estudio comparativo esté determinado, ante todo, por las ventajas preexistentes que supone para esta ciudad ser el principal polo económico, demográfico y político de la nación. En otras palabras, si bien es cierto que el índice referido nos permite conocer cómo se encuentra el DF vis à vis las demás entidades, es difícil concluir a partir de ahí si la capital es en sí misma un lugar propicio para que las empresas se aventuren a innovar, si cuenta con las estructuras de incentivos y regulación adecuados. Un dato revelador al respecto es que mientras que el Distrito Federal detenta la primera posición nacional en materia de competitividad e innovación, de acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2009-2010 (Word Economic Forum, 2009, The Global Competitiveness Report 2009-2010), México ocupa el lugar 60 en competitividad entre 133 países y la calificación en innovación es la más baja, con 3.5 puntos, de un máximo de 7.

Para ello, en este escrito abordamos brevemente los resultados de la primera de esas encuestas3 que tuvo como objetivo conocer de primera mano el sentir de los empresarios de la ciudad en cuanto a la regulación mercantil, los incentivos a su alcance para invertir en desarrollo científico y tecnológico y su percepción sobre la pertinencia y necesidad de innovar en sus respectivas unidades económicas. A manera de contexto, es importante recordar que la inmensa mayoría de las unidades económicas en el Distrito Federal pertenecen al estrato de las empresas micro, pequeñas y medianas. Es significativo el hecho de que de acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 85.17 % del total de las empresas de esta ciudad tienen entre 0 y 5 empleados. En cuanto al subsector, un 45 % (193 mil 96 empresas) son giros dedicados al comercio al por menor. Estos datos son relevantes porque nos permiten hacernos una idea de la “empresa tipo” en el Distrito Federal, y poner a prueba la hipótesis de que las unidades económicas micro o pequeñas, cuyo personal está dedicado en forma casi exclusiva a la operación y la subsistencia de sus fuentes de empleo, contará con mayores dificultades para intentar alguna actividad innovadora, ya no digamos para implementar un programa de innovación de largo aliento. Los hallazgos de la encuesta realizada por el INAP son reveladores y apuntan a la confirmación de esa hipótesis.

ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y HALLAZGOS ENCONTRADOS Las anteriores y otras consideraciones son las que llevaron al Instituto Nacional de Administración Pública, A. C., a desarrollar el proyecto denominado “Identificación de Políticas Públicas para potenciar el crecimiento económico de la Ciudad de México a través del impulso de la ciencia, tecnología e innovación”, que se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2014 con el respaldo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El corazón de este estudio, que incluyó la realización de seminarios y talleres con autoridades y actores económicos relevantes, consistió en la realización de dos encuestas, una de ellas dirigida a conocer el estatus del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la regulación en el sector empresarial, y la otra orientada a identificar el grado de satisfacción y calidad en la atención que reciben los empresarios en las delegaciones políticas del Distrito Federal. 2 3

Para conocer a mayor detalle cómo se integra el Índice de Competitividad Estatal: http://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2014-las-reformas-y-los-estados/ La “Encuesta sobre el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología y Regulación en el sector empresarial en la Ciudad de México”, implicó la aplicación de 4000 cuestionarios a igual número de empresas distribuidas en las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, mientras que el proceso de levantamiento de información de campo incorporó prácticamente a todos los sectores económicos más representativos en el Distrito Federal y que guarda correspondencia con la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas para el Distrito Federal.

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En la Gráfica 1, por ejemplo, se aprecia que sólo un 24 % de los establecimientos encuestados manifestó haber realizado cambios para la implementación de alguna innovación en la empresa y el 76 % restante afirmó no haberlo hecho. Gráfica 1. Cambios para la innovación realizados por las empresas en la Ciudad de México.

Global Xochimilco Venustiano Carranza Tlalpan Tláhuac Miguel Hidalgo Magdalena Contreras Iztapalapa Iztacalco Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Coyoacán Benito Juárez Azcapotzalco Álvaro Obregón No le hace falta No cuenta con los recursos económicos necesarios No le interesa hacer cambios Otro

Fuente: Elaboración propia, con base en información recabada con la “Encuesta sobre el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología y Regulación en el sector empresarial en la Ciudad de México”, 2014.

Sí ha realizado cambios No ha realizado cambios

Con respecto a los motivos por los que no se realiza innovación en las unidades económicas de la capital del país, se detectó que la mayoría de los encuestados asocia a la innovación con procesos costosos y difíciles de implementar: un 15 % de los empresarios entrevistados manifestó que no le interesa hacer cambios, mientras que un 28 % manifestó que no le hace falta y un 29 % expresó que no cuenta con los recursos necesarios. Gráfica 2. Motivos por los que no se realiza innovación en empresas de la Ciudad de México.

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En cuanto al limitado universo de empresarios que afirman haber realizado alguna innovación en sus unidades económicas, un 7 % afirma haberla implementado el área de procesos; un porcentaje idéntico dijo que lo hizo en el área de productos; mientras que un 5 % sostuvo que ha realizado innovaciones en mercadotecnia y únicamente un 3 % declaró haber realizado alguna innovación de tipo organizacional. Gráfica 3. Áreas en las que se han implementado innovaciones en empresas capitalinas. Global Xochimilco Venustiano Carranza Tlalpan Tláhuac Miguel Hidalgo Magdalena Contreras Iztapalapa Iztacalco Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Coyoacán Benito Juárez Azcapotzalco Álvaro Obregón

Proceso Producto Mercadotecnia Organización No implementó

Ante la pregunta “¿Qué necesitaría para implementar el tema de la innovación como parte de la agenda de su empresa?”, un 42 % de los encuestados respondió que necesitaría financiamiento, en tanto que un 24 % afirmó que requeriría capacitación, mientras que un 17 % expresó que sería importante acceder a tecnología, y sólo un 5 % consideró que se requeriría una regulación apropiada

Gráfica 4. Factores importantes para implementar innovaciones en empresas capitalinas.

Global Xochimilco Venustiano Carranza Tlalpan Tláhuac Miguel Hidalgo Magdalena Contreras Iztapalapa Iztacalco Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Coyoacán Benito Juárez Azcapotzalco Álvaro Obregón Financiamiento Capacitación Acceso a tecnología Regulación apropiada Otro

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Lo anterior se complementa con las respuestas de los encuestados ante la pregunta de si han obtenido recursos para innovar: sólo un 9 % afirmó haber obtenido algún tipo de financiamiento y el resto afirmó que no ha obtenido recursos para innovar.

con alguna de ellas y sólo el 0.5 % manifestó que ocasionalmente ha trabajado con alguna. Gráfica 6. Vinculación de empresas capitalinas con instituciones dedicadas a la investigación.

Gráfica 5. Obtención de recursos para innovar en empresas de la Ciudad de México. Global Xochimilco Venustiano Carranza Tlalpan Tláhuac Miguel Hidalgo Magdalena Contreras Iztapalapa Iztacalco Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Coyoacán Benito Juárez Azcapotzalco Álvaro Obregón

Ha obtenido financiamiento No ha obtenido financiamiento No respondió

Finalmente, una parte importante en la generación e implementación de innovaciones en las empresas es la vinculación entre éstas y otros actores del sistema de producción de conocimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, existe una baja e incluso casi nula relación con las instituciones generadoras de investigación e innovación. El 86 % de los empresarios manifestó que desconoce lo que hacen las instituciones de investigación, cerca del 10 % nunca ha trabajado

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Trabajo con ellas Trabajo ocasionalmente Colaboro ocasionalmente No he trabajado con alguna No sé qué hacen las instituciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En resumidas cuentas, se puede decir que la Ciudad de México cuenta con una posición de privilegio a escala nacional en una perspectiva comparada con el resto de las entidades en lo que se refiere a innovación. Ello, sin embargo, no es demostración de que se encuentre en mejor camino, sobre todo cuando la falta de innovación es un lastre a escala nacional. Es posible que el tamaño y el tipo de mercado al que están vinculadas la mayoría

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de las unidades económicas de la ciudad capital no demande efectivamente de productos innovadores; pero también es posible que los programas de fomento a la innovación existentes no estén adecuados para este tipo de empresas por lo que el acceso a fondos de innovación es limitado. Para iniciar a remontar el déficit que se tiene en esta materia hay por lo menos dos labores vitales que corresponden a la autoridad: las campañas de difusión intensiva sobre la importancia de innovar y la generación de incentivos institucionales para la vinculación entre las empresas y las instituciones que se dedican a la investigación que facilite y fomente la cooperación y la generación de redes. Es crucial que el gobierno de la Ciudad de México se asegure de que estos conglomerados incluyan (de manera eficaz y orientada a cumplir propósitos económicos específicos) a la academia, las universidades, las instituciones de educación tecnológica y centros de investigación, pero sobre todo aplicada al desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevos materiales.

Un primer paso que se ha dado en ese sentido es que el gobierno de la ciudad está, a raíz de estudios como el presente, en condiciones de conocer el sentir de los empresarios, y atender a la premisa de que una política pública, para ser exitosa, debe diseñarse e implementarse con el acompañamiento de los sectores encargados de ejecutarla. Finalmente, cabe esperar que estos resultados arrojen nuevas perspectivas y rutas para el desarrollo de la capital del país y su población.

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IMPACTO de la innovación tecnológica sobre la tramitología burocrática1

MARTHA LAURA BOLÍVAR MEZA Consultora y docente del Instituto Nacional de Administración Pública, A. C. bolívar.laura@gmail.com

a necesidad de agilizar los procesos para que emprendedores y empresarios puedan iniciar formalmente sus negocios frecuentemente se ha topado, entre otros problemas, con una extensa tramitología derivada de múltiples legislaciones y reglamentaciones en materia fiscal, comercial, de protección civil, de salubridad, de impacto ambiental, entre muchas otras, dependiendo del giro comercial o industrial, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal. El cumplimiento de tales disposiciones hace que, en algunos casos, el empresario se desaliente para iniciar su negocio, mientras que otros más inician operaciones con la incertidumbre jurídica sobre el pleno cumplimiento de todas y cada una de las regulaciones (que dicho sea de paso cambian constantemente, con lo que el empresario queda indefectiblemente en falta en alguno de los múltiples aspectos a cumplir), pero en otros casos se opta por operar en la informalidad. Según el Reporte sobre las Economías Regionales abril - junio 2014, presentado por el Banco de México el pasado 11 de septiembre, se percibe por parte de directivos empresariales como uno de los principales factores que originan la informalidad, la complejidad administrativa y la falta de incentivos para dejar la informalidad (ver Cuadro 1). Es por ello, que la principal medida de política pública solicitada por los empresarios para combatir dicha informalidad consiste en simplificar la carga administrativa (ver Cuadro 2). CORRUPCIÓN E INFORMALIDAD Visto este asunto desde el otro ángulo, es decir, de las autoridades federales o locales, la regulación ha sido fuertemente defendida, dando un entorno de desconfianza que caracteriza nuestra cultura

cívica y pública, ya que aparte de cumplir con una serie de requisitos restrictivos que den garantía jurídica no sólo al empresario, sino al usuario o cliente y en entorno urbano o ecológico en que se desempeñen dichas actividades, se ha debido generar un ejército de verificadores e inspectores, que lejos de servir para un efectivo control de cumplimiento de la legislación, en la percepción de dicha encuesta de Banco de México anteriormente citada, se ha tornado en corrupción, la cual se constituye como el tercer factor en importancia que origina la informalidad, y por ello es la segunda medida de política pública sugerida para combatir este problema. En este contexto de necesidad de abatir la complejidad administrativa y de combatir la corrupción, es que se ha vislumbrado incluir las

1Este artículo es publicado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y forma parte del proyecto Identificación de políticas públicas para potenciar el crecimiento económico de la Ciudad de México a través del impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.

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tecnologías de la información como un instrumento viable. Las bondades que se aluden para su incorporación, por la parte del abatimiento de la complejidad administrativa, son las facilidades del usuario para evitar desplazamientos, tiempos de espera menores, certeza de los requisitos solicitados al evitarse la discrecionalidad de funcionarios diversos. Por la parte del combate a la corrupción, al no existir contacto directo con quien autorizaría eventualmente los trámites, no hay posibilidad de poner trabas u ofrecimientos de facilidades ilegales de la tramitación solicitada. Es por ello que la tendencia a incorporar estas tecnologías vía portales electrónicos, kioskos administrativos o centros de atención telefónica, ha empezado a tener una fuerte presencia en la implementación de políticas públicas para el impulso al emprendedurismo y la regulación de la actividad empresarial. SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOCIEDADES MERCANTILES Una de las más recientes medidas es la iniciativa de reforma, presentada el 9 de diciembre pasado por el Senado de la República, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio y al Código Fiscal de la Federación, que específicamente busca otorgar certeza jurídica y simplificar los tiempos de registro para nuevas empresas, mediante la creación de un Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de permitir en un solo día, a través de un portal electrónico y sin la intervención de fedatarios públicos, la creación de sociedades mercantiles básicas y que no requiera la asesoría de un fedatario experto, esto es, sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital variable. Este sistema pretende aprovechar los instrumentos electrónicos que ya se han formalizado legalmente, tales como la firma electrónica avanzada, pues buscan plantear la certeza jurídica de la efectiva comparecencia de los socios mediante la suscripción electrónica del acta constitutiva de la nueva sociedad, a través de la referida firma. Propuestas jurídicas como ésta irán incorporándose poco a poco para ir moldeando las políticas públicas de fomento al emprendedurismo. Sin embargo, se abren un par de dilemas en los que el sector público y el privado debatirán en los siguientes años: ¿puede la tecnología sustituir los actos de autoridad?, ¿podremos migrar de un sistema de control a un sistema de confianza? Estas son dos grandes preguntas y dos grandes retos por atender.

Cuadro 1

Cuadro 2

Fuente: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7BF38A0102-BA45EB26-A6D0-EEDAF8458946%7D.pdf, p. 18

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La Ley de APP,

magnífica vía para la inversión en INFRAESTRUCTURA: Dr. Reyes Juárez CONSULTORÍA, INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO consultoria@prototipomexico.com

l Dr. Reyes Juárez del Ángel es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro y doctor en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue profesor de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, del programa de graduados de la Universidad del Valle de México y del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Es coordinador del Diplomado en APP que imparte la CNEC en coordinación con la Universidad Anáhuac del Sur, académico titular de la Academia de Ingeniería de México, de la Academia Panamericana de Ingeniería, así como miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y fue presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) de 2007 a 2010.

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Actualmente es presidente de la Federación Panamericana de Consultores (2012 a 2016), y es presidente y director general de Felipe Ochoa y Asociados, S.C., participa como consultor en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y el Banco Nacional de Obras y Servicios, entre otros. Posee más de 30 años de experiencia profesional en la estructuración de Asociaciones Público Privadas de proyectos de infraestructura estratégica. Tuvimos el gusto de conversar con él acerca de las Asociaciones Público Privadas (APP) y de esta manera aclarar dudas al respecto.

¿En qué consiste la Ley de APP y cuáles son sus alcances? Se trata de una ley orientada especialmente a la promoción de inversiones en infraestructura y servicios en diferentes sectores económicos, que permite un esquema muy ordenado para darle seguridad al capital privado que intenta desarrollar un proyecto de infraestructura bajo esta modalidad. Es muy importante resaltar que hay una gran confusión en el medio, como si a raíz de dicha ley estuviéramos haciendo APP y eso es falso, porque México lleva más de tres décadas haciéndolas. De hecho es uno de los países en donde mayor experiencia se ha tenido en estas actividades.

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¿Incluso sin la Ley? Es que esta es una ley optativa, cuya interpretación corresponde a la Secretaría de Hacienda, pero no sustituye a leyes con las que se promovían APP en cada sector, por ejemplo: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho durante los últimos tres decenios procesos de atracción de capital y de APP tanto desde el primer modelo (que muchos lo consideran fallido), de carreteras de peaje (que en mi opinión creo que fue un modelo que tuvo sus errores y que trajo también muchas lecciones que aprender). Se ha utilizado la Ley de Caminos con sus variantes y eso no ha impedido que haya inversión público privada. ¿Qué es lo que trae la nueva ley? Un orden que las leyes existentes (por ser antiguas y a lo mejor muchas de ellas, obsoletas), no traen un reconocimiento de las fases de un proyecto. Yo creo que esa es su mayor virtud, que nos permite viajar a lo largo de las etapas: cómo se prepara, cómo se diseña, cómo se conduce un proceso de atracción de capital de un proyecto en asociación público privado. Ahora bien, ¿qué es un proyecto de APP? Como su nombre lo indica, es una asociación entre el sector público y el privado para desarrollar un proyecto de prestación de servicios de infraestructura, en donde debe quedar muy claro cuál es la aportación de cada una de las partes, a qué se comprometen y cuáles son los riesgos que asume cada una. La ley es muy precisa en señalar qué debe contener un proyecto para poder ser elegible bajo la Ley de APP, por ejemplo, su contenido, en materia legal, técnica, medioambiental, financiera. Trae opciones alternas para todo el tema de liberación de derecho de vía, porque por ejemplo se permite que el sector privado pueda actuar liberando el derecho de vía, algo que usualmente (en las otras leyes) se sobreentiende que corre a cargo del Estado. Independientemente que en un proceso de este tipo es impensable que se haga sin la participación del Estado, por razones del impacto social que tienen los proyectos, o por la eventual inconformidad que puedan presentar algunos grupos sociales o de oposición a un proyecto. El Estado siempre tiene que estar presente atrás de la liberación del derecho de vía. La ley permite que pueda hacerse esa liberación por parte del sector privado y los costos se reflejan finalmente en las inversiones totales del proyecto; también facilta la identificación de riesgos, que es un tema de vital importancia cuando se hacen APP, como los riesgos de demanda, de diseño, contratación, entre otros. Cuenta también con una serie de requisitos de cómo se deben de presentar todas estas solicitudes, introduce variantes muy interesantes como la de “propuestas no solicitadas”, lo que facilita que aquellos proyectos que el propio gobierno no identificó en sus planes de infraestructura, puedan ser objeto de promoción por parte del sector privado y la ley permite un camino para ser tratados siguiendo una serie de reglas ahí estipuladas.

Entonces, ¿usted considera adecuada esta Ley? Me parece que es fabulosa y es lamentable que siendo tan buen instrumento no haya tenido (a juzgar por el número de proyectos que se han autori-

zado bajo la nueva ley), más proyectos promovidos por la Ley de APP.

¿Considera que esta Ley fue poco comprendida? Yo creo que la ley es clara. Al ser optativa y requerir que estos proyectos tengan una aprobación de la Secretaría de Hacienda y una rendición de cuentas al Congreso, creo que aparenta mayor dificultad a las dependencias para la consecución de un proyecto bajo la Ley de APP. Tengo la percepción de que el desconocimiento que existe realmente de la misma, de su contenido, de su aplicación y la costumbre con la que se han venido haciendo procesos de atracción público privada con las leyes existentes en cada sector, eso ha hecho que haya menos interés. Otro elemento fundamental es que si se revisa la lista de los proyectos de infraestructura importantes que está promoviendo el gobierno, una gran mayoría están siendo licitados bajo modalidad de obra pública y no por APP. Creo que ante el entorno económico actual y los ajustes al PEF que pudieran tener varios de los proyectos del PNI 2013-2018, éstos podrían replantearse como APP. Pero me parece que es un magnífico instrumento, por ejemplo, en FOA se han realizado algunas comparaciones entre proyectos de magnitudes similares, ejecutados unos como obra pública y otros como APP y con los mismos consorcios participantes en las dos, y al final le sale más caro al gobierno la modalidad de la obra pública y no necesariamente se consiguen los objetivos que se buscan con las obras. En suma, esta ley es un magnífico vehículo de desarrollo en infraestructura, pero lo que necesitamos es que se conozca más. FEBRERO 2015

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Entonces, ¿usted cree que la limitante para la aplicación APP es el desconocimiento? La falta de conocimiento y la mayor exigencia de hacer bien las cosas por parte de las dependencias y la obligación de transparentar resultados a Hacienda y al Congreso, son elementos que los funcionarios públicos evalúan constantemente antes de tomar la decisión bajo qué modalidad se van a ejecutar las obras. Si todos pensáramos y actuáramos con transparencia, las cosas serían muy distintas. Estaríamos acostumbrados a la rendición de cuentas.

En su opinión, ¿el esquema de APP es una buena alternativa de inversión? Lo considero una magnífica alternativa de inversión por varias razones. ¿Por qué han funcionado las APP?, Debo decir que alrededor del 30 % de las inversiones en infraestructura en el mundo se hacen bajo la modalidad de asociación público privada, lo cual es una cantidad muy importante. Normalmente los presupuestos que tienen los gobiernos para invertir en infraestructura son escasos, comparados con el tamaño de su economía. México, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo importante por invertir en infraestructura, pero si quitáramos los hidrocarburos por un instante, nos quedaríamos con los sectores tradicionales de infraestructura como el transporte, las telecomunicaciones, el agua potable y la electricidad. Hemos invertido alrededor del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la media, incluso en otros países de América Latina, es del 4 %, y ya no digamos los países con los que quisiéramos compararnos en Asia; China, por ejemplo, está arriba del 8 % en infraestructura. No es fácil disponer de los recursos para invertir, pero si podemos traer capital privado que libere al Estado de

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esas inversiones para que las utilice en proyectos de alcance social, es una magnífica combinación. Por un lado, el gobierno no distrae recursos y por el otro, esa inversión para el privado puede tener niveles de rentabilidad muy atractivos porque además, y eso lo prevé la ley y han surgido instrumentos que lo facilitan, se tiene que estudiar caso por caso y existe la posibilidad de recurrir a fondos públicos que apoyen las inversiones privadas para hacerlas más atractivas, más rentables.

¿Cuándo fue concebida la Ley y cómo se planteó alejada del sector energético que mencionaba? Lo que todo el mundo esperaba es que todas las dependencias abandonaran los modelos tradicionales con los que venían haciendo APP y se volcaran a la nueva ley, además de que aparecieran propuestas no solicitadas, es decir, proyectos que no se les habían ocurrido a los gobiernos, pero que a la luz de un análisis de los privados podían representar un proyecto rentable financieramente y de impacto social. Un punto muy importante en la ley es cuando se mencionan tres requisitos básicos para que un proyecto resulte elegible bajo la nueva ley: 1. Debe ser un proyecto socialmente rentable (que se demuestre que el proyecto aporta beneficios tangibles y concretos a la sociedad). Este aspecto la Secretaría de Hacienda lo tiene plenamente identificado y regulado a través de un instrumento denominado análisis de costo-beneficio en los proyectos; además de redundar en beneficios para la población, se debe comprobar que alcanza una rentabilidad de por lo menos el 10 % en términos reales, que antes era del 12 %. 2. Debe tener value of money, que se demuestre que si en esa obra participa el capital privado, a la larga le va a salir mucho más barato a la sociedad que si lo hace el gobierno. Cuando dicho capital privado participa, generalmente será mucho más cuidadoso porque está de por medio su dinero y en la mayoría de estos proyectos de APP, el inversionista comienza a recibir dividendos hasta que el proyecto está en operación. 3. El índice de legibilidad, que consiste en que la obra debe alcanzar un valor superior a 3, de un ranking de valores del 1 al 6, donde si el proyecto tiene un índice de 3 o menos, definitivamente no se recomienda su desarrollo; pero si tiene 3 está en el umbral y si es superior a éste, evidentemente existen las condiciones para que se realice. Es un índice que está relacionado con temas de competencia, de institucionalidad, de licitantes, entre otros. Una de las grandes debilidades que tiene México en materia de APP, y reconociendo que la ley nueva todavía no alcanza a ser usada lo suficiente, es que es tan importante atraer las inversiones para una APP como monitorear apropiadamente su cumplimiento y ejecución durante la vida útil del proyecto. Por lo general el gobierno se preocupa más por atraer esa inversión que en montar después un aparato fiscalizador que le pida cuentas al privado para que el nivel del servicio no caiga durante la ejecución del proyecto, concluyó el Dr. Juárez.

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INNOVACIÓN para las Pymes

MTIA. EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA Director general SYNETCOM ejimenez@synetcom.com.mx Skype, Facebook y Twitter: ejimenezsys

ara saber qué se entiende por innovación nos remitiremos al diccionario de la Real Academia Española, que la define de la siguiente manera: (Del lat. innovatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de innovar. 2. f. Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Por fácil que pareciera en su definición, es algo complejo, así que para definirlo diría lo siguiente: innovación es el arte de

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combinar elementos sencillos y ordinarios con procesos novedosos, como la experiencia, el conocimiento, los medios técnicos o tecnologías para llegar a un resultado nuevo que nos dé un valor agregado superior. Muchos expertos hablan de la innovación, pero no enfatizan en lo medular porque son incapaces de saber cómo se genera. Normalmente se nos dice que hay que ser creativos y que al usar la imaginación automáticamente se produce. Es así que todos pensamos en crear nuevos productos, presentar nuevos inventos y nos olvidamos de lo importante: dar soluciones a nuestros clientes con un resultado de valor agregado.

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Éste es el verdadero sentido de la innovación en todas sus facetas, donde el plantear nuevas soluciones para nuestros clientes y nuestra organización sea de forma rentable.

Vertientes de la innovación

Lo anterior nos lleva a pensar cómo podemos clasificar la innovación dependiendo del tipo de situación que se nos presente, y normalmente se ha catalogado en tres vertientes: 1. Innovación en productos y servicios. 2. Innovación en procesos: que consiste en crear procesos productivos u organizacionales, incluso basados en herramientas de software actuales. 3. Innovación en modelos de negocio: consiste en aplicar una nueva forma de vender, de operar o de proyectar una empresa.

que ésta sea más compleja, sobre todo para las Pymes que actualmente tienen muy limitadas sus funciones, cubriendo una sola persona varios puestos e incluso su gerente es algo así como el “hombre orquesta” que gestiona todas las funciones de su organización al mismo tiempo, por lo cual resulta imposible desarrollar un nuevo producto o servicio que le permita ser más competitivo. Por ejemplo, ¿se imaginan todos los procesos que siguieron para desarrollar el nuevo iPhone 6 y 6+ en Apple? Tuvieron que hacerlo sin el principal líder en la innovación, Steve Jobs, esto significa que alguien tuvo que tomar ese rol e innovar contra sus competidores más cercanos que le arrebataban un pedazo del mercado. La organización tiene que seguir adelante a pesar de todas las vicisitudes que se le presenten.

La más importante, desde mi punto de vista, es la última, debido a que las Pymes tienen grandes retos que vencer, porque la globalización no les permite quedarse con sus modelos anteriores donde no puedan competir. En la actualidad, por ejemplo, es vital mostrar los productos y servicios en una página web o tienda virtual donde exhiban todas las bondades de lo que venden. Esto, que es algo tan simple, muchas Pymes no lo llevan a cabo, sino que siguen dependiendo de sus viejos modelos donde apenas subsisten.

Cómo saber si se está innovando

Por ello es importante subirse al tren de la innovación para mejorar todos los modelos de negocio al mundo globalizado. Para conocer cómo saber si estamos innovando, hay que formularnos las siguientes preguntas: 1. ¿Se trata de un modelo de negocio nuevo en el sector para las Pymes? 2. ¿Resolvemos un problema común a muchos clientes con una solución o producto nuevo? 3. ¿Resolvemos un problema nuevo a muchos clientes con una nueva solución? 4. ¿Llegamos a nuevos clientes con soluciones mejoradas? 5. Y la más importante: ¿realmente queremos aplicar la innovación a nuestra Pyme? La innovación en productos y en sus procesos suele requerir más recursos y músculo financiero, lo que hace

Barreras para crear una empresa innovadora

Ahora, analicemos cuáles son los principales impedimentos para poder transformamos en una empresa innovadora y conozcamos los elementos que pueden ayudarnos a superarlos. Existen barreras psicológicas y físicas para tratar de trasformar una organización en una empresa innovadora. FEBRERO 2015

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Barreras psicológicas. Entre ellas están las relacionadas con las personas y los incentivos de comportamiento creados en la organización; entonces las más importantes para convertir nuestra organización en una empresa innovadora son: La zona de confort: es el lugar donde todas las personas se sienten cómodas y seguras. Esto implica, en primera instancia, superar la comodidad, y en segunda instancia superar el miedo al cambio. Por lo general esto sólo se consigue cuando las cosas van mal y el riesgo de mantenerse en la zona de confort es mayor que tratar de hacer algo diferente. El desgaste de la gestión del cambio: hay que sacudir las estructuras de poder implícitas y explícitas creadas en la organización. Esto supone buscar problemas con un montón de personas que pueden dejar de saludarnos, e incluso nos atacarán por sacarles de su zona de confort y romper el status quo. Y, ¿quién desea llevarse mal con sus compañeros de trabajo? Los riesgos personales asumidos: tanto la fama, como las amistades y los apoyos en la organización se pueden tambalear; si fracasa, su prestigio e incluso su puesto de trabajo puede peligrar. Barreras físicas para transformar una empresa en una innovadora. Estas barreras también impiden, aunque en menor medida según las circunstancias, completar la trasformación hacia una empresa innovadora. Veamos cuáles son, en mi experiencia, las más destacadas:

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El diseño de la nueva estructura: relacionado con el organigrama, esto puede ser un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo si se busca transitar hacia un organigrama más horizontal donde las canales de información informales y la creatividad tienen más desarrollo. La implantación de los incentivos: saber cómo aplicarlos de forma correcta es imprescindible para desarrollar un sistema que fluya de forma natural. Los costes de información: están muy relacionados con el tamaño de la organización. Estos costes son mayores cuanto más grande es la empresa, no sólo por el coste de la infraestructura de IT a implementar, sino aplicarlo a todos los procesos del negocio. Estas barreras son sólo el inicio de un análisis profundo que se requiere en cada organización para el mundo corporativo están obligados hacerlo por ser empresas globales, pero para el caso de las Pymes todavía hay mucha resistencia al cambio y a la innovación. Como se ha descrito, son muchos factores que se deben completar para lograr modelos frescos de alto impacto, pero basta pensar en aquel modelo donde dos individuos empezaron un negocio como Apple y hoy es el monstruo de la industria, entonces, ¿no les gustaría innovar en su empresa y hacer una Pyme más rentable y más eficiente en beneficio de sí mismos y de sus familias? Sólo piensen qué tan importante es siempre innovar. Acérquense a los expertos y les aseguro que encontrarán cosas fascinantes por descubrir.

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URGEN nuevas medidas de PLANEACIÓN y

financiamiento

de vivienda Fuente : OCDE

e acuerdo con el estudio de políticas urbanas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), titulado: “México, transformando la política urbana y el financiamiento de la vivienda”, nuestro país debe pasar de la construcción de casas a la construcción de ciudades habitables, que combinen la infraestructura, los servicios, y los medios de transporte, con la cercanía al lugar de trabajo. Las autoridades mexicanas deben promover mayor flexibilidad y brindar más diversidad de opciones de vivienda para frenar la expansión urbana, reducir el número de viviendas desocupadas y ayudar a detener el “vaciamiento” de los centros urbanos. Una mejor planificación urbana y una coordinación más estrecha entre las políticas de vivienda e infraestructura podrían mantener a la gente más cerca de los puestos de trabajo y servicios en los centros urbanos, lo cual contribuirá a que México obtenga más beneficios económicos. En el estudio se considera que la migración a las ciudades en las últimas décadas ha aumentado los ingresos del hogar; sin embargo, no ha beneficiado a la economía en general tanto como podría lograrse. Las

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zonas periféricas de las ciudades se han expandido rápidamente: entre 2001 y 2011, México tuvo la tercera mayor tasa de expansión urbana de la OCDE, con lo cual el tiempo de traslado para los trabajadores ha aumentado, transmitiendo un costo a la productividad. Al igual que en otros países miembros como España, Irlanda y Portugal, México necesita enfrentar el alto nivel de viviendas deshabitadas (alrededor del 14 %). Por tanto, la reorientación de políticas de vivienda enfocadas en lo cuantitativo hacia lo cualitativo, es un elemento clave en esta estrategia (ver Figura 1).

Reformas estructurales emprendidas en México

Dentro de éstas y durante los últimos dos años, las políticas de vivienda y de desarrollo urbano han recibido un nivel de atención y de prioridad sin precedentes, ya que buscan instrumentarse de manera coordinada y con un enfoque integral para construir viviendas y ciudades que incorporen los elementos básicos que permitan maximizar la productividad; por ejemplo, una infraestructura de servicios públicos, transporte, ubicación, calidad y sustentabilidad. La creación en 2013 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encargada de las políticas de vivienda y desarrollo urbano, marcó un paso importante hacia una respuesta coordinada a los retos urbanos del país. Asimismo, la actual estrategia del

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FIGURA 1

las políticas de vivienda y desarrollo urbano son definidas por una secretaría de Estado (la Sedatu).

Retos de la urbanización

Infonavit enfoca importantes esfuerzos para cambiar su modelo de financiamiento mediante la ampliación de las soluciones de vivienda para sus derechohabientes y considerando los polígonos de contención urbana definidos por dicha Secretaría. En primer lugar, México ha logrado reducir, en gran medida y a una velocidad notable, el déficit cuantitativo de vivienda del país y ha transitado hacia una vivienda más permanente para una parte creciente de la población, donde una expansión de la vivienda de esta magnitud y velocidad se ha visto en pocos países de la OCDE. En segundo lugar, y al igual que muchos países de América Latina, México tiene una larga historia de desarrollo de la vivienda informal o irregular, donde al mismo tiempo una gran parte del parque de viviendas continúa siendo de construcción propia, carece de títulos legales, o se ha construido fuera del proceso de desarrollo formal; casi una cuarta parte de los hogares urbanos son asentamientos informales (IMCO, 2011; UN-Habitat, 2011). En tercer lugar, las disposiciones de tenencia de la tierra y la urbanización de las tierras agrícolas o de propiedad colectiva (ejido), han dejado un legado complejo para las viviendas y el desarrollo urbano de hoy en día. En cuarto, mientras que las políticas públicas en otros países de la OCDE también han favorecido, en distintos grados, la vivienda en propiedad en las últimas décadas, México, junto con Italia y España, es un caso inusual, pues enfoca sus políticas de vivienda social en la propiedad de la vivienda (Andrews, et al., 2011). Por último, México está comenzando un largo periodo de transición de una época en la que la política de vivienda era definida de manera indirecta por los organismos nacionales de vivienda, a una en la que

Del mismo modo que los responsables de las políticas públicas deben hacer frente a un legado de problemas urbanos muy complejos, también tienen que estar atentos a los inminentes cambios demográficos, tales como el envejecimiento de la población, lo que tendrá importantes implicaciones para los niveles de la fuerza de trabajo y la productividad de México, la adecuación de su régimen de seguridad social y sus opciones de inversión. A medida que el país siga urbanizándose (aunque a un ritmo más lento) hasta el año 2050, las decisiones de planeación e inversión en infraestructura urbana tomadas hoy, pueden mejorar las condiciones de vida de una gran parte de su población en el largo plazo. En consecuencia, al tener ciudades y viviendas mejor planeadas, México tendría una oportunidad importante para mejorar el bienestar de una gran parte de su población, la cual sigue creciendo y por ello, el programa de reformas emprendido por el Gobierno Federal es un paso crítico hacia estas ambiciones. Tomando como base el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, este informe identifica cinco estrategias para promover mejores ciudades en México. Es decir, cinco prioridades de política urbana que podrían tener un impacto significativo en la competitividad y la sustentabilidad de las ciudades (estas estrategias deben ser vistas como complemento a las reformas sugeridas en el sistema de financiación de la vivienda): 1. Remover las barreras para la reutilización de los espacios intraurbanos desaprovechados. 2. Vincular la planeación y el financiamiento de la vivienda y el transporte. 3. Resolver el problema de la vivienda deshabitada. 4. Eliminar las barreras al mercado de la vivienda para alquiler. 5. Mejorar la capacidad institucional para la planeación y el desarrollo urbano. En resumen, para que la agenda de la política de vivienda y desarrollo urbano tenga éxito, es necesario reformar la estructura de la gobernanza urbana y mejorar la gestión de las áreas urbanas. FEBRERO 2015

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UN ESCABROSO SENDERO PARA LA

dignidad

humana

MTRA. CATHERINE PRATI ROUSSELET1 catherine.prati@anahuac.mx

Coordinadora académica del Doctorado en Seguridad Internacional. Escuela de Relaciones Internacionales. Universidad Anáhuac.

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unque múltiples y deplorables estampas pregonen lo contrario, México es definitivamente parte de un mundo interconectado, con heterogéneas calificaciones globales. De acuerdo con datos del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), la economía mexicana ocupa el 14º lugar mundial. México ostenta también un mediocre 57º Índice de Desarrollo Humano, apelando perentoriamente a la metamorfosis profunda de su sociedad.

Dr. Luis Raúl González Pérez, sexto ombudsman nacional (2014-2019)

El pasado 13 de noviembre, en medio de una de las peores crisis para los derechos humanos de la historia mexicana, el H. Senado de la República designó, por 97 votos de los 107 (de 128) senadores presentes, al Dr. Luis Raúl González Pérez, exabogado general de la UNAM, sexto ombudsman nacional, para un periodo de cinco años. (Término sueco de origen alemán, ombudsman es traducido como “defensor del pueblo”, el cual debe defender los derechos de las personas y fiscalizar las instituciones de gobierno que vulneren los mismos).

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En México, sin menoscabar relevantes antecedentes, es hasta 1992 que surgió el sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos (DDHH) con la adición del apartado B al Art. 102 Constitucional y la instauración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios encabezada por el finado Dr. Jorge Carpizo McGregor. En 1999, la CNDH cambió su denominación a Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituyéndose como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria.

¿Qué son los derechos humanos?

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como reacción directa a las atrocidades cometidas por el Tercer Reich y sus aliados, la Carta de las Naciones Unidas se pronunció por la protección y promoción de los DDHH. Es desde la esfera internacional que se generaron las grandes herramientas y convenciones para atender los temas prioritarios a favor de la dignidad humana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), define a los DDHH como prerrogativas

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Son universales, inalienables, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios. Se acostumbra clasificarlos en “generaciones” lo cual obedece exclusivamente al orden cronológico de su reconocimiento por el orden jurídico: derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. En la última década, con el auge de la tecnología aplicada a la información y a la comunicación, la doctrina ha buscado el reconocimiento de una cuarta generación que pugna por el acceso universal a las TIC. México, miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es parte de un número considerable de convenciones internacionales en materia de DDHH por lo que, en el verano de 2011, se llevó a cabo una significativa reforma constitucional que según Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “puede cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México”. Particularmente, el Art. 1º Constitucional dispone, entre otros, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los DDHH reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los DDHH por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos en los términos que establezca la ley. FEBRERO 2015

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Monitoreo internacional del cumplimiento interno

En el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sustituyó a la obsoleta comisión del mismo nombre, promoviendo un mecanismo destinado a mejorar la situación de los DDHH en los estados miembros de la organización. El Examen Periódico Universal (EPU) consiste en revisar cada cuatro años el estudio diagnóstico generado por los Estados que describe el estado que guardan los DDHH en cada caso. Da lugar a la emisión de recomendaciones por parte del Consejo que deben subsanarse antes del examen siguiente. En 2009, México fue sometido por primera vez al EPU. Aceptó 83 recomendaciones de las 91 recibidas, negando las observaciones formuladas acerca de impunidad en los feminicidios, en las desapariciones forzadas, en los crímenes contra informadores, en las ejecuciones extrajudiciales, o en los abusos contra los migrantes. Cuatro años después y a pesar de las reformas a la Carta Magna, México se enfrentó a los mismos temas en el EPU 2 (2013). Aceptó 166 de las 176 recomendaciones que enfatizan la persistencia de la tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes y otros sectores vulnerables y la falta de reformas definitivas para limitar el Código de Justicia Militar.

¿Y ahora qué?

El año 2014 concluyó con la ignominiosa tragedia de Ayotzinapa y la estremecedora cifra del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de casi 30 mil desaparecidos (cifra similar a lo declarado en Argentina respecto al proceso de reorganización nacional [1976-1983]).

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México interconectado vive inauditas circunstancias

La protección y promoción de los DDHH no son tareas exclusivas del nuevo presidente de la CNDH y de un profesional y valiente grupo de organizaciones de la sociedad civil. Concordando con Carbonell, “la Constitución, por mejor redactada que esté, no puede cambiar por sí sola una realidad de constante violación a los derechos. Nos corresponde a todos […] para que en México se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran en su territorio”. Y ese es el tema, alineado con el Art. 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. González López manifestó que “en México somos muchos más quienes deseamos el bien y el desarrollo de nuestra nación que su ruina. Que la reflexión, la mesura y el orden nos lleven a generar la ética institucional y la cultura de la legalidad que materialicen el respeto a la dignidad humana.” ¡Todos!

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EL PAPEL DE LA evaluación en la

educación

en México

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE)

os resultados del aprendizaje de los alumnos en México están considerablemente por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, los análisis de los resultados de las tendencias de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) han mostrado cierta mejora alentadora, particularmente en matemáticas. A pesar de la impresionante expansión del sistema educativo en las últimas décadas, el nivel del logro educativo sigue siendo un reto. Asimismo, el alto porcentaje de alumnos que abandonan el sistema educativo de forma temprana y con habilidades deficientes representa un problema importante. Por si fuera poco, hay indicios de que el logro académico está fuertemente influido por factores socioculturales. Entonces, el papel de la evaluación como instrumento clave para lograr la calidad y la equidad en la educación se ve reforzado por una serie de iniciativas de política pública.

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB)

México presentó recientemente una amplia reforma curricular para mejorar la coherencia del sistema y su enfoque en el desempeño de los alumnos: la RIEB, mientras que el Gobierno Federal financia parcialmente la educación pública a través de programas especiales que suelen incluir un componente de evaluación importante.

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Si bien existen disposiciones para la evaluación a nivel de alumnos, docentes, escuelas y del sistema, aún hay desafíos para fortalecer algunos de los componentes del marco de evaluación, de manera que aseguren su articulación, coherencia, complementariedad y establezcan prácticas de evaluación con miras a la mejora. Para el desarrollo de políticas de evaluación en México fueron identificadas las siguientes prioridades: los maestros juegan un importante papel en la valoración de los alumnos, ya que la evaluación continua, tanto formativa como sumativa, es una parte esencial de sus responsabilidades profesionales. Sin embargo, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se siguen llevando a cabo de manera “tradicional”, esto es, que por lo general el maestro expone la lección al frente de su clase, los alumnos no participan en la planeación y organización de sus aprendizajes y la valoración se concentra en calificaciones sumativas. Por lo anterior, México necesita un compromiso más fuerte para mejorar el desempeño de los alumnos a través del uso de la evaluación formativa. En este contexto, la aplicación de la RIEB es una oportunidad, ya que ofrece una propuesta sólida para una evaluación dentro del aula. La RIEB, entonces, amplía el significado de la evaluación, concibiéndolo como una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, propone el uso de una amplia gama de instrumentos de evaluación, destaca la finalidad formativa de la evaluación dentro del aula e introduce un cambio fundamental al dar un nuevo significado a las calificaciones.

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Efectos de los sistemas de evaluación

Otra preocupación es el predominio de Enlace (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). Si bien Enlace era originalmente un instrumento de evaluación diagnóstica y formativa, los nuevos objetivos y las consecuencias que se agregaron después dieron lugar a ciertos efectos no deseados como “enseñar para aprobar la prueba”. De aquí que una de las principales prioridades de política pública debe ser el desarrollo de estrategias que eliminen o al menos reduzcan los efectos negativos actuales de Enlace. Algunas estrategias podrían ser reducir las consecuencias de alto impacto de esta prueba o convertirla en una herramienta para la evaluación sumativa externa de los alumnos, es decir, en un sistema de exámenes externos. Asimismo, si se pretende alinear la calificación de los alumnos con los estándares y resultados de aprendizaje esperados por la RIEB, de una manera consistente en todo el país, una de las prioridades debe ser establecer mecanismos para la ponderación de las calificaciones, tanto dentro como entre las escuelas. El concepto de evaluación de las escuelas no está bien integrado en los principios y prácticas de la educación mexicana. En general, los componentes fundamentales del desarrollo y aplicación de una política exitosa para la evaluación y mejora de los centros de enseñanza no se encuentran en los enfoques adoptados actualmente en México. Falta un sistema continuo y significativo de evaluación externa. El monitoreo externo de los centros escolares se lleva a cabo por el sistema de supervisión existente en los diferentes estados del país.

Recomendaciones finales

A largo plazo, México debe desarrollar un sistema integral de evaluación de centros escolares que incluiría por lo menos los siguientes elementos: garantizar que la recomendación nacional de autoevaluación penetre en todo el sistema, reforzando la conciencia del rigor necesario para lograr que la autoevaluación conduzca a la mejora; asegurar que todos los estados recomienden o exijan a las escuelas participar en dicha autoevaluación; fomentar y alentar que las entidades federativas cuenten con mecanismos a través de los cuales puedan participar en la valoración externa de las escuelas; fortalecer y ampliar el papel de los supervisores como posibles evaluadores externos. Finalmente, otra de las prioridades es garantizar que los directores escolares tengan o desarrollen las capacidades para ejercer el liderazgo educativo en sus respectivos centros escolares. FEBRERO 2015

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LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES 1 Delegado de Educación Continua del Comité de Comité de Comunicaciones y Transportes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C. jlbenavides@benavideslaw.com.mx @Benavideslaw

¿Habrá o no Ley de CASINOS en 2015?

espués de un año 2014 lleno de sobresaltos, ya nos encontramos inmersos en el 2015 y es momento de platicar sobre un tema que a lo largo de los últimos años ha sido motivo de escarnio público, manejos mediáticos totalmente insidiosos para la industria del juego en México y también de percepciones erradas de la sociedad. Hablo del siempre polémico tema de los casinos que “regula” la Ley de Juegos y Sorteos de 1947. Sí, efectivamente tenemos una Ley de Juego vigente que tiene 67 años cumplidos ¡y nunca se ha modificado! No voy a hablar de las bondades o no de este tipo de negocios, toda vez que existen en el inconsciente 1

colectivo mexicano una serie de situaciones “…que le sucedieron al primo de un amigo”, y que hablan de situaciones relacionadas con la “…pérdida de patrimonios y hasta fortunas”.

Algunas puntualizaciones sobre los casinos

No dudo que existan ese tipo de historias, pero he de confesar que después de muchos años vinculado a la industria de casinos, tanto a nivel nacional como internacional, no he conocido a nadie que haya perdido más de lo que traía en su bolsa al entrar a un casino, mismas cantidades que no pasaron más allá de unos cuantos cientos de pesos y esto por la simple razón de que los propios dueños de los casinos establecen los denominados “límites de la casa” para que precisamente los

jugadores no se excedan apostando, ya que los casinos se consideran una actividad lúdica y de entretenimiento para quien decida ingresar en ellos (que además son exclusivos para mayores de edad) y que hoy se encuentran de alguna manera “regulados” por la Secretaría de Gobernación (Segob). En este contexto, es necesario hacer un alto para darse cuenta de que los casinos son solamente una “válvula social” más que atempera el ánimo de la población a nivel mundial, y para ello comparto una historia que alguna vez me contó un alto ejecutivo de casinos de Las Vegas, donde mencionaba que entre los años 2009 y 2010, en medio de la peor crisis financiera de la que se tuviera memoria desde la Gran Depresión de 1929, la industria de casinos de Nevada y

Pueden escucharme @Radio_Formula @fconfidencial todos los jueves a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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Atlantic City tuvieron uno de sus mejores años en cuanto a flujos de efectivo, ocupación y ganancias directas e indirectas, ya que como sabemos en el 2009 la economía se detuvo, Wall Street colapsó y el pueblo estadounidense se sentía en el límite de su tolerancia hacia el gobierno y hacia los privilegiados, razón por la cual muchas de esas personas que lo habían perdido todo decidieron que los casinos eran una manera para matizar su dolor y encontrar un poco de esperanza para, digamos, intentar recuperar lo perdido. Lo que quiero decir con esta semblanza es que los casinos, si bien no representaron una solución para un problema económico tan grave como el que se vivió en los Estados Unidos, sí fueron un vaso comunicante entre el sentir social y la triste realidad que golpeaba a muchos de sus ciudadanos, permitiendo con ello mantener hasta cierto punto una “tranquilidad relativa” a algunos cientos de miles de personas en lo que esa tormenta económica pasaba. En el caso de nuestro país, los casinos fueron un tema que se logró discutir en la Cámara de Diputados a finales de diciembre de 2014, aprobándose para dichos efectos un “Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos y Sorteos” (Ley de Casinos), mismo que fue turnado para su discusión al Senado de la República y que tengo la esperanza de que se discuta y apruebe a partir del primer mes de 2015 en el marco del último Periodo Ordinario de Sesiones de la LXII Legislatura, ya que de no ser así, será complicado en lo que resta de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La Ley de Casinos, en corto

De cualquier manera, a los consultores les diría que si tienen clientes que busquen invertir en el tema de casinos, desarrollos, turismo y nuevas tecnologías, les dejo esta guía mínima de lo que contiene el proyecto de Ley de Casinos que puede ser aprobado entre febrero y abril del año en curso y que dicha información les dará una ventaja sustancial sobre sus competidores y sus potenciales inversiones:

1) Inversión extranjera directa (IED). Estará permitida al 100 % constituyendo una persona moral en México. 2) Casinos y turismo. Se autorizarán nuevas licencias o permisos previa solicitud por un establecimiento exclusivamente, mediante la acreditación de capacidad financiera, plan de negocios y de desarrollo integral del proyecto. 3) Licencias o permisos. Inicialmente serán otorgados por un

período de 12 años de funcionamiento y con posibilidad de renovarse por períodos subsecuentes de 10 años. 4) Casinos virtuales (www) y móviles. Serán autorizados, regulados y sancionados por un órgano regulador especializado en la materia y podrán tener o no operaciones físicas relacionadas; lo único obligatorio es que sus servidores estén ubicados dentro del territorio nacional. 5) Juegos. En cualquier modalidad o establecimiento estarán autorizados todo tipo de slots o máquinas, así como juegos de mesa como: póker, ruleta, black jack o 21, Texas hold’em, bingo, sportbooks, entre muchos otros. 6) Certificación. Se verificarán y homologarán todos y cada uno de los equipos, sistemas y empleados para ofrecer la mayor transparencia y honestidad a los usuarios de este tipo de servicios de entretenimiento. 7) Publicidad. Estará permitida en todo tipo de medios de comunicación y redes sociales, pero siempre salvaguardando los intereses de los menores. 8) Órgano regulador. Éste será creado exprofeso para regular, vigilar y sancionar a la industria de juegos y sorteos en México, y con particular interés en el lavado de dinero, impuestos y cumplimiento regulatorio. Por tanto, hasta aquí es lo que puedo adelantarles sobre este proyecto de Ley de Casinos. Ojalá que cuando lean estas líneas ya haya sido aprobado por nuestros senadores y estemos en los primeros pasos de cambio en la industria de casinos mexicana. FEBRERO 2015

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LAS REVISIONES

electrónicas C. P. C. ALEJANDRO MÉNDEZ RUEDA Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México Consultor de la firma CONTAFIS, S. A. de C. V. amrcontafis@prodigy.net.mx

Origen de la revisión electrónica del SAT El SAT, haciendo uso de las tecnologías de la información (y básicamente del Internet), y observando que esto puede facilitar que las personas, las empresas y el Estado se interrelacionen entre sí de una forma mucho más eficiente, la Administración Pública hace uso de esta nueva herramienta del Internet (la revisión electrónica), para que de esta forma los procedimientos administrativos se desarrollen con celeridad, economía y seguridad, por lo que el SAT buscó dar sustento legal a dichas revisiones electrónicas, con lo que logrará incrementar la presencia fiscal e incrementar la capacidad instalada de la autoridad. Esta determinación la tomó el SAT, ya que el documento “Tax Administration in OECD and Selected Non-OEC Contries: Comparative Information Series” (2010), publicado por la OCDE, informó que

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en México se realizan 14 actos de verificación (auditorías y otro tipo de revisiones) por auditor al año en promedio, y sólo se audita al 0.6 % del universo de contribuyentes.

Revisión electrónica en México

El 8 de septiembre del 2013, el titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de la reforma hacendaria en la que se propone la creación de un nuevo proceso de fiscalización, las “revisiones electrónicas”, cuyo procedimiento se encuentra regulado en el Código Fiscal de la Federación (CFF); en la presentación de esta iniciativa, el presidente, entre otros temas, enfatizó en la importancia hacer más eficiente el cobro de contribuciones, poniendo en práctica un sistema tributario sencillo e integral utilizando las tecnologías de la información y comunicación: “… bajo el esquema de fiscalización electrónica que se propone en la presente iniciativa, la autoridad realizará la notificación, requerirá y recibirá la documentación e información del contribuyente; así mismo efectuará la revisión y notificará el resultado,

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todo por medio del buzón tributario. De igual manera, se propone que el contribuyente atienda por esa misma vía las solicitudes o requerimientos de la autoridad, por lo que se estima que este tipo de revisiones podrían durar un máximo de tres meses. ‘En el mismo contexto, se plantea que la autoridad fiscal, con la información y documentación que obre en su poder y cumpliendo las formalidades respectivas en cuanto a notificaciones y plazos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, pueda efectuar la determinación de hechos u omisiones, para lo cual emitirá una resolución provisional en la que se determinarán las posibles contribuciones a pagar (preliquidación), la cual se hará del conocimiento del contribuyente por medios electrónicos. Dicha resolución permitirá al contribuyente autocorregirse o aportar datos o elementos que desvirtúen la acción intentada por la autoridad, por la misma vía…”. Es así como nace el esquema de revisión electrónica, y otorga mayor seguridad jurídica al pagador del impuesto, toda vez que el SAT tendrá la obligación de informar del desarrollo de todos los procedimientos de revisión a los contribuyentes. Cuál es la finalidad de la revisión electrónica: facultar al Servicio de Administración Tributaria para que efectúe revisiones electrónicas y facilite a los contribuyentes el conocer su situación fiscal durante el proceso de la mencionada revisión. Marco jurídico de la revisión electrónica: derivado del proceso legislativo que se dio con la iniciativa de ley que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el marco legal de la “revisión electrónica”, quedó sustentado en los artículos 42 fracción IX y 53-B del CFF vigente para el año 2014. Procedimiento para la revisión electrónica: el procedimiento para efectuar la revisión electrónica está determinado en el artículo 53 B del CFF y se suscribe a lo siguiente: 1. El SAT, de acuerdo con la información y documentación que tenga en su poder, emitirá una resolución provisional que contendrá una preliquidación a cargo del contribuyente, mencionando los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades. 2. El contribuyente, responsable solidario o tercero tendrá un plazo de 15 días hábiles para desvirtuar los hechos, omisiones e irregularidades que se le imputen en esa resolución provisional y para presentar las pruebas que a su derecho correspondan.

3. Si el contribuyente acepta la preliquidación por los hechos que se hicieron de su conocimiento, y podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo de 15 días hábiles mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, y gozará del beneficio de pagar una multa reducida equivalente al 20 % de las contribuciones omitidas

Variantes a presentarse en la revisión electrónica

• El SAT, con las pruebas que reciba del contribuyente, podrá efectuarle, dentro de los diez días hábiles siguientes al que haya recibido la documentación, un segundo requerimiento de información o documentación que el contribuyente deberá contestar dentro de los diez días hábiles siguientes a este requerimiento. Por otra parte, el SAT contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para la emisión y notificación de la resolución en el caso de que el contribuyente haya exhibido pruebas conforme a su derecho. • Cuando el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo de 15 días, la resolución provisional se volverá definitiva y las cantidades determinadas se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución conforme al Capítulo III del CFF. FEBRERO 2015

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• Si el contribuyente no hace valer lo que a su derecho convenga respecto de los hechos u omisiones que se le imputen y se agoten los plazos señalados en el mencionado artículo 53 B del CFF, se tendrá por perdido el derecho a realizarlos. • Todos los actos y resoluciones administrativas, así como las promociones de los contribuyentes, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario.

y 11 del RCFF. Consulta de documentos pendientes de notificación en día y hora inhábil.

Qué es el buzón tributario

El SAT, haciendo “honor a las facilidades administrativas”, deja como responsabilidad del contribuyente el proceso de revisión “auditoría electrónica”, y lo obliga a verificar día a día su buzón tributario, con todas sus complicaciones, de tal forma que es el contribuyente quien deberá de realizar a petición de la autoridad una auto revisión y enviar todos los documentos electrónicos que le sean solicitados en los plazos establecidos (por cierto muy breves), y en caso de que la autoridad no satisfaga su requerimiento de información, podrá determinar un tributo y una penalización al contribuyente a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo que traerá un sinfín de complicaciones administrativas y financieras.

Es un servicio de comunicación en línea, disponible en la sección de Trámites en el portal del SAT, para interactuar e intercambiar documentos digitales con la autoridad fiscal de forma ágil, oportuna, confiable, sencilla, cómoda y segura (según el SAT). Su marco legal se engloba en los siguientes artículos del CFF: 17-K. Asignación y Consulta del Buzón Tributario; 134, párrafo primero, fracción I. De las Notificaciones y la Garantía del Interés Fiscal; 38, párrafo primero, fracciones I, II, III, IV y V. Requisitos de los actos administrativos que deban notificarse; 17-D, párrafos tercero y cuarto. Validez de los documentos digitales con FIEL; 17-I. Verificación de integridad y autoría de los documentos digitales con FIEL

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Desde cuándo entra en vigor esta nueva forma de fiscalización

Para las personas morales entró en vigor a partir del 30 de junio del 2014, mientras que para las personas físicas fue el 1º de enero del 2015.

Conclusión

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INFORME TRIMESTRAL

de Banxico (julio-septiembre 2014)

FUENTES: BANXICO E INEGI

e acuerdo con los datos presentados por el Banco de México (Banxico) durante noviembre, el escenario macroeconómico del país se estima de la siguiente forma para este 2015:

Crecimiento del producto

La reactivación que registró la economía mexicana en el segundo trimestre continuó durante el tercero, aunque de manera moderada. Se prevé que este dinamismo persista hacia adelante, sustentado principalmente por el impulso de la demanda externa, así como por una paulatina recuperación del gasto interno. De este modo, se espera que la tasa de crecimiento del PIB de 2014 se ubique entre 2.0 y 2.5 %, rango que se compara con el intervalo reportado en el informe precedente de entre 2.0 y 2.8 %. El menor dinamismo esperado para 2014, junto con la previsión de que continúe el impulso de la demanda externa y la reactivación de la interna, sugiere que en 2015 la tasa de expansión del PIB podría situarse entre 3.0 y 4.0 %. Sin embargo, se anticipa que, de implementarse adecuadamente las reformas estructurales, éstas tengan un efecto positivo gradual sobre el crecimiento económico, lo que podría dar un intervalo de tasas de crecimiento mayor para 2016. En este sentido, el intervalo de pronóstico para 2016 se ubicaría de 3.2 a 4.2 %.

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Empleo

Tomando en cuenta que el dinamismo mostrado por el número de trabajadores asegurados en el IMSS ha superado al de la actividad económica, el pronóstico para el crecimiento del empleo formal en 2014 se ubica entre 640 y 710 mil trabajadores. Para 2015 se anticipa un aumento de entre 620 y 720 mil trabajadores, mientras que para 2016, en parte como reflejo de la implementación de las reformas estructurales, se estima que el número de trabajadores asegurados en el IMSS muestre un comportamiento más favorable, por lo que se prevé un intervalo de entre 640 y 740 mil trabajadores.

Cuenta corriente

Para 2014, se anticipan déficits en la balanza comercial y en la cuenta corriente de 4.0 y 26.0 mmd, respectivamente (0.3 y 2.0 % del PIB). Para 2015, se prevén déficits en la balanza comercial y en la cuenta corriente de 11.5 y 34.4 mmd, respectivamente (0.8 y 2.5 % del PIB); mientras que para 2016, se esperan déficits en la balanza comercial y en la cuenta corriente de 15.5 y 38.8 mmd., respectivamente (1.0 y 2.6 % del PIB). Si bien se anticipa que debido a la fuerte desaceleración que presentó la actividad productiva a finales de 2013 y principios de 2014 persistan condiciones de holgura en la economía,

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también se estima que éstas continúen reduciéndose en el horizonte de pronóstico, dado el dinamismo que se anticipa para la actividad económica. A pesar de ello, no se esperan presiones sobre la inflación derivadas del comportamiento de la demanda agregada.

Riesgos a la baja asociados a las previsiones para el crecimiento del PIB: I)

un crecimiento de la economía mundial menor al previsto, particularmente de Estados Unidos; II) una disminución adicional en el precio internacional del petróleo o en la plataforma de producción que pueda afectar las cuentas externas del país y las finanzas públicas, haciendo necesario un ajuste al gasto público en 2015; III) una intensificación de la incertidumbre en los mercados financieros internacionales; y finalmente, IV) una incertidumbre causada por los acontecimientos sociales recientes que pudiera afectar la actividad económica.

Pronóstico de crecimiento:

también sujeto a riesgos al alza, entre los que destacan: I) una recuperación de la economía de EE.UU., más vigorosa que la anticipada; y II) avances acelerados en la implementación de las primeras etapas de las reformas estructurales, en particular de la energética, que propicien una inversión mayor a la esperada.

Inflación

Teniendo en consideración que el efecto de los recientes choques de oferta sobre la inflación, se espera sea de naturaleza transitoria y que hasta ahora no se han presentado efectos de segundo orden, se prevé que la inflación general anual disminuya en diciembre para cerrar el año con alrededor del 4.0 %*. A principios de 2015, se espera que la inflación general anual se reduzca considerablemente al deshacerse el efecto aritmético asociado a los cambios en precios relativos derivados de las modificaciones fiscales de principios de 2014 y al eliminarse los cobros por larga distancia telefónica nacional, lo que en conjunto con un menor incremento en los precios de las gasolinas, hacen prever que la inflación general anual se ubicará alrededor de 3.0 % a partir de mediados de año. Para la inflación subyacente anual, las previsiones para 2014 apuntan a que ésta se mantenga cercana a 3.0 % y por debajo de ese nivel en 2015. En tanto para

2016 se espera que tanto la inflación general como la subyacente se ubiquen en niveles cercanos a 3.0 %. Es importante señalar que la disminución en la tasa de crecimiento del precio de las gasolinas es un elemento clave para el proceso de determinación de precios en la economía, y fundamental para la convergencia de la inflación. Esta previsión se encuentra sujeta a diversos riesgos. A la baja destacan: la posibilidad de que la recuperación de la actividad económica en el país resulte menor a la anticipada, así como mayores disminuciones en los precios de los servicios de telecomunicaciones. Dentro de los riesgos al alza destacan: episodios de mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales que impliquen ajustes al tipo de cambio con su consecuente efecto sobre la inflación (no obstante, en caso de ocurrir, se esperaría un efecto moderado y transitorio sobre la inflación debido al bajo traspaso de las variaciones cambiarias a los precios); y la posibilidad de aumentos significativos en los salarios mínimos superiores a la inflación y al incremento en la productividad esperados. Teniendo en cuenta lo expuesto, durante el periodo que cubre este informe, la Junta de Gobierno mantuvo en 3.0 % el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, en virtud de que estimó que la postura monetaria era congruente con la convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3.0 %. Hacia adelante, la Junta se mantendrá atenta al desempeño de todos los determinantes de la inflación. En particular, vigilará la evolución del grado de holgura en la economía ante la recuperación prevista, incluyendo los efectos que la implementación de las reformas estructurales pudiera tener sobre la oferta y demanda agregadas de la economía nacional. Asimismo, la Junta también se mantendrá vigilante de la postura monetaria relativa de México frente a la de Estados Unidos, todo esto con el fin de alcanzar la meta de inflación señalada. Finalmente, es importante reiterar la gran relevancia que tiene una transformación institucional que mejore el estado de derecho, la seguridad jurídica y, en general, la fortaleza de las instituciones con las cuales se rigen la sociedad en su conjunto y los agentes económicos en particular, no sólo redundará en un mejor desempeño económico y una mayor armonía social, sino que también se traducirá en un aprovechamiento más adecuado de los beneficios de las reformas estructurales y una mejor distribución de éstos entre la población del país.

* De acuerdo con Inegi la inflación anual de 2014 fue de 4.08 %, un incremento del 0.57 % con respecto al mismo periodo de 2013.

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El impacto de las NUEVAS REGULACIONES en el sector asegurador y afianzador LIC. ANA MARÍA RAMÍREZ Socia de Asesoría en Servicios Actuariales Líder del Sector de Seguros y Fianzas KPMG en México asesoria@kpmg.com.mx

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¿Qué tan lista se encuentra la industria para la entrada en vigor de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en abril de 2015, así como para las implicaciones y retos que las compañías aseguradoras y afianzadoras enfrentarán? La nueva ley consolida una normatividad para todo el sector asegurador y afianzador en un solo ordenamiento, procurando que se alineen con las mejores prácticas internacionales, bajo un marco de administración integral de riesgos, similar a Solvencia II. La nueva regulación tiene como objetivo preservar la solvencia y estabilidad de las instituciones financieras, fomentar una conducta de mercado adecuada en relación con los intereses de los usuarios y crear un ambiente de estabilidad financiera en el ámbito nacional e internacional. A partir de ahora, la LISF incluirá en la agenda de la Alta Dirección un concepto similar a la llamada Solvencia II, equivalente a Basilea III en el sector bancario, e impondrá un reto sin precedente en la industria: que las organizaciones identifiquen sus limitaciones

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Instituciones afianzadoras en México

El sector asegurador y afianzador en México

ante la nueva regulación y trabajen para cumplir con sus requerimientos, antes de su entrada en vigor.

Instituciones aseguradoras en México

La entrada en vigor de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) ocurre en un momento activo del mercado, porque después de la crisis financiera mundial, los reguladores, junto con el sector, han evaluado sus modelos de trabajo, ajustándose a una nueva realidad de los negocios. Si se considera que el objetivo de la estrategia legislativa es asegurar la solvencia de las instituciones, es posible pensar que en poco tiempo, el mercado será dominado por instituciones de alta calidad operativa y financiera. Las organizaciones con una estructura financiera menos robusta, podrían optar por fusionarse con otras más fuertes; el mismo escenario que se ha planteado para la Unión Europea, y es probable que también en los países miembros de esa confederación ocurra algo similar.

¿Qué es Solvencia II y qué persigue?

Actualmente, el concepto clave en el sector asegurador y afianzador es Solvencia II, la cual hace referencia a la directriz en discusión en la Unión Europea que regulará esta industria, con miras a que las compañías cuenten con una mejor solvencia, y se limite el riesgo de una bancarrota que afecte a los asegurados, lo que se espera que derive en una mayor eficiencia. La entrada en vigor de Solvencia II en la Unión Europea se ha postergado en varias ocasiones, pero FEBRERO 2015

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actualmente se plantea que entrará en operación a partir de 2016. En Europa, desde hace varios años, se han realizado ejercicios para evaluar el impacto de esta regulación en las compañías de seguros. El gobierno mexicano, con una visión anticipada, aprobó en abril de 2013 la LISF, que tiene en mente un régimen basado en los tres pilares básicos de la directriz europea.

Los tres pilares en los que descansa la LISF

Esta nueva regulación se basa en tres pilares. En el Pilar I, se abarca el tema de la solidez financiera, lo que significa que es la medida de activos, pasivos y capital que tienen las organizaciones, por lo que podemos decir que se refiere a la parte cuantitativa del negocio. Los procedimientos para calcular los requerimientos de capital y reservas, ahora se dan en función de la medición de riesgos. Entre otros conceptos, la LISF establece un modelo de mejor estimador o BEL (Best Estimate Liabilities), y un margen de riesgo, es decir, una determinación más adecuada a las obligaciones esperadas con base en la medida del costo de oportunidad del capital, con lo cual se obtiene el valor de mercado de las reservas técnicas. De acuerdo con el Pilar I, las compañías aseguradoras y afianzadoras deberán comenzar a trabajar en el desarrollo de un modelo interno de Riesgo de Capital de Solvencia (SCR, por sus siglas en inglés), el cual podrá ser registrado a los dos años de la entrada en vigor de la ley, pero que requiere un periodo de pruebas paralelas.

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Por otra parte, el Pilar II está centrado en la gestión y solidez del gobierno corporativo de las aseguradoras y afianzadoras, y en la eficiencia de los procedimientos que dan certeza al negocio. Esto implica contar con un área específica encargada de la administración integral de riesgos, la cual deberá identificar las contingencias a las que se encuentra expuesta la organización. Asimismo, promueve el análisis de la solvencia de la organización por medio de un sistema de contraloría interna, de un sistema independiente de auditoría interna, de la instauración de la función actuarial, y de una redefinición de las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración. El Pilar III, por último, define los mecanismos de transparencia e información hacia el público, mediante los cuales, autoridades, clientes y agencias calificadoras podrán monitorear los estados financieros así como información relevante de las compañías aseguradoras y afianzadoras. No se trata tanto de una cuestión comercial en sí, dado que no se espera de las empresas que coloquen a la vista del público comparaciones de precios y servicios, sino que declaren parte de su información financiera, como lo hacen las empresas públicas que cotizan en la bolsa. Cerrar las brechas entre el modelo actual y el nuevo régimen requiere la inversión de recursos materiales, humanos y tecnológicos, y trae consigo mayores responsabilidades para los integrantes del Consejo de Administración, puesto que requerirá un alto grado de especialización en los miembros de los distintos comités de administración y auditoría. Para los administradores de las organizaciones, el reto será lograr que toda la inversión se traduzca en una mayor eficiencia operativa y de gestión de recursos. Sería peligroso tratar de instaurar esquemas que sólo busquen el cumplimiento de la ley, ya que con ese enfoque no se obtendrían los beneficios de una mayor competitividad, pero sí se tendrían que cubrir los costos asociados.

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BACHEO infrarrojo, un modelo de negocio en expansión CONSULTORÍA, INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO consultoria@prototipomexico.com

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e acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), una empresa que arranca de forma independiente tiene un 23 % de probabilidades de tener éxito, pero si es guiada por una incubadora, la estadística sube a 83 %. Y en el caso de las franquicias, las posibilidades de éxito se ubican en el 95 %. Por su parte, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) afirma que gran parte del éxito de las mismas radica en que:

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• Se trata de productos probados y aceptados. • Son bienes y servicios que ofrecen un plus al consumidor final. • Tienen demanda a largo plazo. • La transmisión de conocimientos es mediante manuales, capacitación y asistencia técnica (apoyo continuo). • Se tiene conocimiento de la inversión total antes de emprender el negocio. • Las estrategias de mercadotecnia y comercialización probadas por el franquiciante maestro son transmitidas inmediatamente al franquiciatario para la aplicación en su negocio o punto de venta1.

Una opción de crecimiento e inversión

En la Ciudad de México circulan diariamente poco más de 4.5 millones de automóviles, lo que contribuye a un sinfín de alteraciones en la carpeta asfáltica. Y es ante este panorama que en el año 2000 surgió MTE Infrared, empresa 100 % mexicana, comercializadora y productora de equipo especializado en mantenimiento y reparación de asfalto, con presencia en las ciudades de Monterrey, Tapachula, Mexicali y Distrito Federal, así como en el sur de Estados Unidos (Los Ángeles, San Antonio y Austin). Es en el 2014 que se asocian con el grupo consultor Aranday para conformarse como una franquicia y entonces ofertar su modelo de negocio.

1 2

Este modelo trabaja con paneles de calentamiento infrarrojo ( dragones ), lo que permite reciclar hasta el 80 % del asfalto sin generar gases contaminantes, ni tóxicos. Las labores de mantenimiento se pueden realizar en cuadrillas pequeñas de 2 o 4 personas, en un tiempo aproximado de hasta una hora (según sea el daño a reparar). Infrared ofrece tres líneas de negocio: mantenimiento correctivo y preventivo (sellado de grietas o calefateo, sellado de carpeta asfáltica, pintado automotriz, así como rehabilitación de áreas de estacionamiento, entre otros), y la atención al mercado privado,2 que está poco o nada atendido. El perfil del inversionista promedio es contar con arraigo con la comunidad, que cuente con buenas relaciones públicas y con la capacidad para sacar adelante el proyecto. No se requiere experiencia en este ámbito, ya que se le brindará una serie de capacitaciones sobre la utilización del equipo y las vertientes de negocio que podrá ofertar. Con US$120 mil, el inversionista podrá contar con marca, territorio y capacitación, así como el equipo básico (dragones, remolques, equipo para sellar o rellenar) para iniciar a trabajar de manera inmediata; lo anterior incluye el manual del franquiciatario, software de gestión, elaboración de página web, entre otros. Finalmente, es una oferta escalable que depende en gran medida de la dedicación de cada empresario y se estima que la recuperación de la inversión puede hacerse en 24 meses. Si usted está interesado en esta oferta de negocio, le recomendamos contactarlos a través de su portal: mteinfrared.com

Ver: http://franquiciasdemexico.org/preguntas-frecuentes/#1 Parques industriales, centros comerciales, hospitales, restaurantes, zonas residenciales; todos aquellos lugares en donde se pueda generar un bache y que no puedan atender por la cantidad de material y de gente que implicaría.

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LAE. CARLOS AMTMANN ITUARTE Expresidente del Comité Técnico Nacional de Competitividad Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas camtmann@vencom.com.mx

Por qué INVOLUCRARSE en la consecución de un programa de PRODUCTIVIDAD

a pregunta está dirigida a accionistas y directivos, así como a áreas responsables de llevar a cabo programas de productividad, ventas, administración, operaciones, contabilidad, sistemas, almacén, distribución, recursos humanos y demás. Qué hacer para concretar el programa, cómo hacerlo, para qué, cuándo, dónde y en cuánto tiempo, se vuelven entonces cuestiones relevantes. Como objetivo, tiene una respuesta que todos podríamos contestar. Nuestros argumentos formarán parte del todo, cuando la motivación comunicante es la imperiosa necesidad de multiplicar el progreso, sostener la competitividad de la empresa, ganando la preferencia de más y más clientes, así como lograr satisfacción por resultados alcanzados. ¿Tenemos ante ciertos clientes ventajas competitivas? Sí. ¿Duraderas? Posiblemente no. Los modelos de negocio se enriquecen con velocidad vertiginosa, el conocimiento está a la mano y los emprendedores

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que van por más y más clientes con nuevos servicios nos apoyan y al mismo tiempo están al acecho. Ejecutar lo que nos proponemos es la clave. Ejecutar bien y rápido. La velocidad es factor clave, la comunicación coherente también. Un buen plan es lo que se necesita para conducir el programa para ser más productivos y con ello, más competitivos.

Plan de productividad y competitividad

Ahora bien, ¿quién lo arma? El responsable de planeación no tiene el empoderamiento para gestionar las reuniones en las que los líderes del negocio van a discutir cómo renovarse, a menos que estén en las grandes ligas y contraten su propio especialista. ¿El dueño? Normalmente es el líder de lo que ha surgido como empresa, al nivel de productividad y competencia actual, pero de ahí a retarse a sí mismo, a cuestionarse frente al grupo y mover la discusión entre pares celosos de su atención, resulta incómodo y riesgoso. La misma operación y sus urgencias se entrometen en las reuniones. Dejan de funcionar. El nivel de exigencia

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sobre compromisos por responder a preguntas que parecen teóricas pero que desean confrontar el statu quo de la situación actual, comparado con la exigencias de cumplir con el servicio al cliente, interno y real, rompe con la posibilidad de que el gerente de operaciones y sus pares, incluso el de recursos humanos, puedan ser el gestor ideal del plan. Pero, ¿qué herramienta van a usar si nunca o casi nunca han tenido una herramienta que les resuelva la construcción de un programa de productividad? No puede negar que hacer tal plan no es necesario, o que sea sólo la ley del trabajo donde dicen que se necesita hacer. Simplemente hay que ver la productividad de Corea, Suiza o Taiwán, por mencionar algunos. Es mejor contratar a un profesional.

Un plan meteórico para elaborar un programa de productividad

En seis pasos, con dos o tres semanas tardes de trabajo en equipo, los líderes (y me refiero al equipo responsable extendido), pueden construir un gran programa siguiendo los siguientes pasos. 1) Identificar la cantidad de puntos que su empresa ya cubre con relación a seis cuadros temáticos esenciales: si la empresa mide su productividad, valor económico y otros indicadores de gestión que no sean los estados financieros, podrá generar un mapa de relaciones causa-efecto con el que puedan identificarse los integrantes de cada proceso del negocio. También es necesario contar con un medio de comunicación que defina el rumbo, porque el siguiente paso consiste en cuestionar de entre los 42 elementos que, según Michael Porter, conforman la competitividad de una empresa, definir cuáles son estratégicos, cuáles importantes, cuáles desdeñables y si se tiene fuerza, debilidad o se avizoran oportunidades. 2) Nunca se ha visto que al revisarlos, falten ideas de mejora. Es la serendipia que actúa generando ideas al margen de lo que se analiza; por ello, es momento de aprovechar para enlistar situaciones que deben cambiar. Dicha lista se transforma en fórmulas en una tabla sintética para indicar al personal involucrado cómo actuar cuando se presenten tales situaciones, así como asesorar a su supervisor sobre cómo apoyarles cuando el cliente reacciona ante nuevas acciones.

3) Contando con actividades alineadas a los procesos e indicadores resultantes, pueden establecerse compromisos en términos de metas operativas, excepto para aquellos cambios que sólo se consiguen desarrollando todo un proyecto. Ahí, los métodos de la administración de proyectos permiten fragmentarlos, asignar responsables y avanzar, contando con un programa, también calificable para los responsables. 4) Cambiar el ambiente de rendición de cuentas. Es por ello que desde el inicio convino contratar al especialista. Para responder los cuestionarios involucrados en cada paso, el especialista debe establecer fechas de entrega para cumplir compromisos o elegir respuestas en formularios específicos que contengan elementos para avanzar semana a semana. Por ejemplo, en dos meses se habrán acostumbrado al cumplimiento en tiempo y calidad. Si la atmósfera se apoya en sistemas de seguimiento de compromisos, no deben dejarse, sino continuar usándolos para validar que las tareas y actividades comprometidas se cumplan y sólo si están cumplidas asignen una calificación para poder culminar con lo que la empresa se propone. 5) Con los datos del valor económico generado calculado al inicio, el monitoreo de la productividad personal y de la empresa se puede entonces presupuestar primero a qué metas es posible llegar y la porción de la utilidad. Al rebasar lo presupuestado, si la empresa está dispuesta a compartir con los trabajadores, empleados y funcionarios que en verdad tengan resultados aportados a la mejora en rendimiento de la organización. Ese bono puede pagarse y también ahorrarse; es por ello que al ser capaces de evaluar el desempeño, se puede presupuestar un fondo asignable a bonos. Incluso se puede considerar en generar un fondo de separación voluntaria, depositando en él una parte del pago por productividad e incrementándolo con valores residuales. Llegado a este punto ya se entiende porqué es importante involucrarse en un programa de productividad; es como en el tenis: cuando se juega con un experto se eleva nuestro propio nivel. Esta analogía es importante, porque el de dar servicio al cliente, es lo que deja. FEBRERO 2015

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CENA en

casa

ANDRÉS AMOR Chef-sommelier andres.amor@prototipomexico.com

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e acerca esta temporada en donde, sea marketing o no, queremos demostrar amor por nuestra pareja. Con todo, creo que es un estupendo pretexto para festejar y regalarse mutuamente lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. La opción más común es salir a cenar, pero ese caótico día hace la experiencia sumamente complicada, volviéndola casi imposible de concretar. Salir a cenar el 14 de febrero se convierte en una verdadera misión imposible, además de la cantidad de dinero que tenemos que invertir y suplicar porque el tráfico nos deje llegar a tiempo a la reservación que hicimos a ese restaurante, la cual fue difícil de lograr. Por añadidura, es muy probable que intentemos tener una cita romántica en un lugar totalmente lleno, ruidoso, con servicio lento y donde el objetivo comercial del día no se disimula ni un poco, ya que nos ofrecerán botellas de champagne, platillos “especiales” y demás con tal de pagar más de lo habitual.

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Sólo para dos

Con base en todo lo anterior, la sugerencia que doy es muy obvia: hacer la experiencia cocinando en casa, donde las ventajas son claras, sin ruido, más íntimo, económico, sin presiones y, lo más importante, esa muestra de cariño de regalar algo elaborado por nosotros mismos. Para lograr esta experiencia de forma satisfactoria están los siguientes consejos. Cocinar juntos: es común tener en mente sorprender a nuestra pareja cuando llegue a casa y que tengamos todo preparado, que sólo falte encender una vela y voilà, una cena de 5 tiempos estará esperando en la mesa; pero siendo honestos, y más aún si cocinar no es nuestro fuerte, esto no será realista, por las temperaturas de los platillos, cocciones y términos que requieren que un chef esté presente y atento a los platillos. Sugiero entonces una dinámica especial, donde cocinar juntos puede ser una experiencia tan agradable como comer los alimentos, para esto sugiero adelantar un día u horas antes, ya sea picar los ingredientes, sacar los productos de sus empaques, lavar todo y dejarlo listo sólo para seguir la receta. Juguemos sin miedo a cocinar, pongámonos un mandil y disfrutemos de cada aroma, utilicemos las manos y probemos cada ingrediente; recuerden que la sensualidad proviene de los sentidos (olfato, tacto, oído, vista y gusto), escuchemos música acorde seleccionada y algo muy importante, acompañemos la etapa de cocina con una bebida. Para ello sugiero un vino espumoso o un blanco fresco, porque además de que este tipo de vinos nos refieren a un momento festivo, son ligeros y no necesariamente requieren comida para disfrutarse; en ese caso un Prosecco (vino espumoso italiano) o un Monte Xanic Sauvignon Blanc (vino blanco mexicano) son estupendos servidos a una temperatura de 6 °C. Claro, es importante no beber mucho, ya que sin alimento podemos empezar la fiesta demasiado temprano. Pero, ¿qué es lo que debo cocinar? Uno de los errores usuales al momento de elegir un platillo para deleitar a alguien es seleccionar cosas que nunca preparamos y que no comemos habitualmente; recordemos que la calidad de un producto la medimos con base en referencias, por ello dejemos fuera los productos exóticos que sólo aumentan considerablemente el riesgo de no obtener un buen resultado por no tener la experiencia suficiente. Claro, tampoco se trata de elaborar platillos demasiado sencillos, así que busquemos un punto medio. Tomemos como base que es una cena para dos personas, así que las cantidades van a ser pequeñas y por lo mismo podemos disfrutar de mejores productos sin que nuestra cartera lo resienta y “jugar” con productos que con unos cuantos gramos bastará, como las patas de cangrejo, foie grass o caviar, que no necesitan cocción y que serán una entrada espectacular, por su finura y lo agradable que son; claro, siempre y cuando sean del gusto de ambos. Las pastas y risottos son estupendas opciones, son fáciles de hacer y muy adaptables, ya que pueden ser acompañados con salsas cremosas, aceites o de tomate, con ingredientes tan diversos como sólo verduras,

cualquier tipo de carnes, pescados o mariscos y se puede servir la cantidad que cada uno desee. En fin, la variedad de productos para hacer la cena es casi infinita, así que preguntemos a nuestra pareja qué es lo que más disfruta y echemos a volar la imaginación.

¿Qué debo beber en esta cena?

En estas ocasiones, sin duda el vino es la bebida por excelencia; además de su elegancia y sofisticación existen razones por las que la mejor opción, para empezar está su contenido de alcohol (entre 9 y 15°), que es ideal para acompañar los alimentos. Pero si decidimos utilizar destilados para comer (ron, vodka, whisky), tomemos en cuenta que la alta graduación alcohólica adormece las papilas gustativas impidiéndonos disfrutar máximo los platillos que tanto nos esforzamos en hacer. Entonces, el objetivo del vino debe ser realzar los matices de los alimentos y mejorar la experiencia de la comida. Su selección no es tarea sencilla, pero podemos guiarnos por tipos de vino (blanco, rosado, tinto y espumoso). En caso de que sea más de un vino para comer, los acomodaremos del más suave al más intenso, terminando generalmente con los vinos dulces, aunque el champagne puede jugar como comodín en nuestra selección. Por otra parte es importante recordar que no necesariamente por pagar más por una botella significa que nos gustará. Mi consejo entonces es probar y recordar qué tipo de vino nos gusta y escogerlo según el platillo que tengamos planeado. Finalmente y como broche de oro, el secreto de una cena romántica en casa está inmerso en los detalles como música, iluminación, platillos, bebidas y recordar que lo importante es disfrutar el momento. FEBRERO 2015

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Empresa Cal y Mayor y Asociados, S. C. CIEN Consultores, S. C.

1. 2. 3. 4.

Estudios de factibilidad para 4 teleféricos en el Estado de México, “Mexicable”. 5. Estructuración técnica, legal y financiera de la Ciudad del Conocimiento y la Estudio de factibilidad para la Autopista urbana “Siervo de la Nación”. Cultura en el estado de Hidalgo. Supervisión de la construcción del túnel de Coatzacoalcos. 6. Supervisión de la concesión Vía Bogotá – Villavicencio, Colombia. Supervisión del diseño, construcción e implementación de tres líneas del 7. Asesoría técnica para el control y seguimiento de los estudios de preinverSistema de Transporte por Cable en Bolivia. sión del tren rápido México- Querétaro.

Servicios y Sistemas Tecnológicos para la Construcción, S.A. de C.V.

Especialistas en servicios de asesoría, Consultoría y supervisión en el ramo de la construcción en general.

Constructora Suburbana, S. A. de C. V.

1. Planeación, diseño y movilidad urbana. 2. Maquinaria. 3. Geosistemas, con la madurez, prestigio y experiencia hacia nuestro 35 aniversario.

arqcrs@gmail.com

Ch2M Hill de México, S. de R. L. de C. V.

Especialista en desarrollo de ingeniería, servicios de Consultoría, estudios, procuración, construcción, supervisión y administración de proyectos para empresas privadas y públicas, en el extranjero y en México.

Andrea.Sanchez14@ch2m.com

Contract Administration Associates, S. A. de C.V.

Especialista en gestión y administración de contratos de proyectos de construcción; expertos en reclamos y controversias típicas de proyectos de construcción en obras civiles, eléctricas y mecánicas.

tony.rivera@ca-associates.com

Proyectos Ambientales e Ingeniería S. A. de C. V.

Consultoría y proyectos ejecutivos y de infraestructura. Supervisión de obra.

velonh_03@hotmail.com

Afiliados Plata

Afiliados Oro

jdpg@systec.com.mx

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Afiliados Plata

Empresa

Especialidad

Contacto

Consejeros y Asesores Asociados, S. C.

Prestación de servicios de asesoría y Consultoría, de documentación e información, investigación, enseñanza y adiestramiento; elaboración de estudios y proyectos de carácter interdisciplinario y, en general, de toda clase de servicios profecionales.

conasa@conasa.com

Tecnología e Inteligencia Activa, EUROMEX S.A.P.I. de C. V.

Intedya es una compañía global especializada en Consultoría, evaluación y formación en mejores prácticas y estándares internacionales para el desarrollo competitivo de nuestros clientes a través de la gestión de la calidad, el medioambiente, la seguridad alimentaria, laboral y de la información, entre un amplio portafolio de servicios en permanente evolución.

lgamez@intedya.com

Biosfera Desarrollos Ambientales, S. A. de C. V.

Empresa líder en Consultoría ambiental y urbanismo dedicada a ofrecer soluciones integrales para sus proyectos de inversión, ya sean desarrollos habitacionales, comerciales, industriales o bien obras de infraestructura.

biosfera@grupobiosfera.com

Manoderecha SAAS, S. A. de C. V.

Especialista en tecnologías de la información.

pb@manoderecha.mx

Cieps Consultores, S. A. de C. V.

Consultoría y proyectos ejecutivos.

cieps@cieps.com.mx

C.I.E.P.S, S. C.

Consultoría y proyectos ejecutivos.

cieps@cieps.com.mx

Asimismo, la CNEC felicita a las siguientes empresas que obtuvieron su certificación:

Certificada

Empresa

Especialidad

Contacto

VC Consultoría Estratégica, S. C.

1. Procesos. 2. Capital humano. 3. Gestión de mejora. 4. Organización.

vdorantes@vcestrategia.com

Gestión y Asesoría Jurídico Ambiental, S. C

1. Estudios de impacto y riesgo. 2. Supervisión del cumplimiento de términos y condicionantes de oficios resolutivos en materia de impacto ambiental. 3. Muestreo ambiental.

gajasc@yahoo.com

ACONSA y Asociados Consultores, S. de R. L de C. V.

1. Dirección de obra. 2. Supervisión de obra. 3. Gerencia de proyectos. 4. Estudios y asesoría técnica. 5. Ingeniería económica y de costos.

aconsa@aconsa.com.mx

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Certificada

Empresa

Especialidad

Contacto

Arq. Israel Alejandro López González

1. Desarrollo sectorial y regional. 2. Gerencia de proyectos. 3. Consultoría integrada en proyectos de inversión. 4. Conservación de sitios y monumentos. 5. Arquitectura del paisaje.

aloc@aloc.mx

Estudios y Proyectos Vía Trans, S. A. de C. V.

1. Proyectos de infraestructura vial. 2. Estudios de ingeniería de tránsito. 3. Evaluación de costo-beneficio. 4. Estudios de impacto vial. 5. Supervisión técnica de obra.

esprovi@gmail.com

Consultores en Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V.

1. Topografía de superficie. 2. Fotografía aérea. 3. Fotogrametría.

cosigtopografia@hotmail.com

Entregan en CNEC certificados en competencias laborales

El pasado 12 de diciembre, consultores de la empresa COI, Administración Pública y Privada, recibieron el certificado en el estándar de competencia “Proporcionar servicios de Consultoría general EC0249”, validado por el Conocer y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), lo que coloca a la empresa, a poco más de tres años de su constitución, dentro de la élite de las firmas consultoras del país con el 100 % de su personal certificado en esta competencia. Tras varias semanas de ser sometidos al escrutinio de profesionales e integrar satisfactoriamente sus respectivos portafolios de evidencia, los certificados fueron entregados de manos del presidente de la CNEC, el M. I. Mario Salazar Lazcano, así como del vicepresidente de certificación, Lic. Federico Martino Silis. El presidente de la Cámara señaló a los consultores la obligación de estar actualizados y que la certificación significa estar un paso adelante. Asimismo,

COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN DE LA CNEC comunicacion@cnec.org.mx

felicitó a quienes recibieron su certificado por elevar la calidad de los servicios que prestan, ya que en la medida en que éstos sean más sólidos proporcionarán una mayor certidumbre hacia los clientes. Por su parte, la directora general de la empresa, la Lic. Angélica Sieiro Noriega, indicó que este logro no hubiera sido posible sin el acompañamiento, orientación e impulso de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, de la que dijo, “tenemos el honor de pertenecer desde 2012; debemos reconocer a esta organización, que se distingue por incentivar entre sus afiliados una cultura de la innovación, la profesionalización y las mejores prácticas, lo que deriva en un impacto favorable para la calidad de los servicios de Consultoría que se brindan en el país, y para el desarrollo de México en su conjunto”. La Lic. Sieiro reiteró su convicción de que pertenecer a la Cámara debe ser visto por las empresas que integran el ramo como una fuente de mejora y crecimiento constante. “Estamos aquí en refrendo de nuestra vocación de mejorar día a día en lo individual y lo colectivo. Es a partir de ese crecimiento interno que podemos generar un mejor impacto hacia fuera, hacia nuestros clientes, hacia las instituciones públicas y privadas de nuestro país”, finalizó.

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Ópera “El elíxir de amor” (Gaetano Donizetti y Felice Romani) Ópera cómica en dos actos, con música de Gaetano Donizetti y libreto de Felice Romani. Director concertador: Juan Carlos Lomónaco. Director de escena: César Piña. Director huésped del coro: John Daly Goodwin. Coordinación general: Eleonora Velázquez. Diseño de iluminación: Rafael Mendoza. Escenografía y vestuario: Instituto Nacional de Bellas Artes. Elenco: Patricia Santos (Adina), Víctor Hernández (Nemorino), Alberto Albarrán (Belcore), Noé Colín (Dulcamara), y Gabriela Flores (Gianetta). Se presentará los días 15, 17, 19 y 22 de febrero a las 17:00 y 20:00 h. Palacio de Bellas Artes Dirección: Av. Juárez, esq. Eje Central, Centro Histórico, Tel. 55.12.25.93 Fuente: Instituto Nacional de Bellas Artes; para más información: bellasartes.gob.mx

Exposición “Leonardo, Rafael, Caravaggio: una muestra imposible” Se trata de una magna exposición que se presentará en cuatro espacios expositivos del Cenart: Galería Central, Galería Juan Soriano, Galería Arte Binario y Galería Espacio Alternativo. Estará acompañada por actividades paralelas, como conferencias magistrales impartidas por especialistas nacionales e internacionales, así como un ciclo de cine con charlas introductorias, talleres para toda la familia y para niños, danza y conciertos que ofrecerán diversos grupos con repertorio renacentista italiano de la época. “Leonardo, Rafael, Caravaggio: una muestra imposible”, es un proyecto ideado y dirigido por Renato Parascandolo, con la dirección científica de Ferdinando Bologna. Esta exposición cuenta además con la distinción del alto patrocinio del presidente de la República de Italia. A partir del 15 de enero de 2015, durante tres meses. Centro Nacional de las Artes (Cenart) Dirección: Río Churubusco 79, esq. Calz. De Tlalpan, Col. Country Club, Del. Coyoacán, Tel. 41.55.00.00

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Exposición fotográfica “Consumption”. Prix Pictet Muestra que reúne a los once finalistas del 5º ciclo del premio fundado en el 2008 por el Grupo Pictet, un banco suizo de inversiones y gestión de patrimonio privado establecido en 1805. Desde su creación, el Prix Pictet se ha centrado en la promoción de la fotografía que trata cuestiones de sostenibilidad, en especial las relativas al medio ambiente. El agua, la tierra, el crecimiento y el poder, son temas que afectan a la humanidad entera y causan controversia hoy en día. Este año el concurso se centró en el consumo. Cerca de 70 de los fotógrafos más reconocidos del mundo han sido finalistas para el Prix Pictet, entre los cuales se incluye a cuatro ganadores: Benoît Aquin, Nadav Kander, Mitch Epstein y Luc Delahaye. Fueron 275 seleccionadores de 66 países quienes participaron en la evaluación del trabajo de 700 fotógrafos a nivel mundial. La exposición permanecerá hasta el 15 de marzo de 2015. Museo Nacional de Arte (Munal) Dirección: Tacuba 8, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tel. 86.47.54.30

“La Dama del Lago”, de Gioacchino Rossini (premier en el Met) Doyce DiDonato y Juan Diego Flórez, superestrellas del bel canto, unen sus fuerzas para un despliegue de virtuosismo vocal en esta obra de Rossini, la cual se basa en una novela de sir Walter Scott que acontece durante la Edad Media en los altos de Escocia. DiDonato es “la mujer del lago” del título, mientras que Flórez es el rey que intenta sin cansancio ganarse su corazón. La pirotecnia vocal de los cantantes embelesa la trama romántica en este estreno del Met. Michele Mariotti dirige la orquesta. Director musical: Michele Mariotti. Reparto: Joyce DiDonato, Daniela Barcellona, Juan Diego Flórez, John Osborn y Oren Gradus. Sala Miguel Covarrubias, marzo 14, 2015, 11:00 horas, con una duración aproximada de 3:30 h. UNAM, Centro Cultural Universitario Dirección: Ciudad Universitaria, Insurgentes Sur 3000, Tel. 56. 65.28.50

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Soledades. Galerías. Otros poemas Antonio Machado. Ed. Alianza Editorial. Antonio Machado (1875-1939), es sin duda una de las figuras sin par de la literatura española del siglo XX. Su primer libro de poemas, Soledades (1903), fue reeditado, con importantes novedades, en 1907, con el título de Soledades. Galerías. Otros poemas. Con él, Machado se convirtió, junto con Juan Ramón Jiménez, en el más destacado representante del Modernismo de corte intimista y de filiación romántica. En él indaga en su interior, evoca el pasado, hace aflorar sus melancolías, se refugia en el sueño, se embebe en el paisaje… La presente edición incluye en un apéndice los poemas más vinculados a un Modernismo externo y colorista, que el autor suprimió de la edición de 1903.

Las flores del mal Charles Baudelaire. (Antonio Martínez Sarrión, traductor). Ed. Alianza Editorial. Obra envuelta en escándalo en el momento de su aparición (la primera edición, de 1857, padeció la supresión de los seis célebres poemas condenados por el Tribunal Correccional de París), Las flores del mal inauguró una poética innovadora que se traduce en la búsqueda de la musicalidad del poema, en la audacia de la imagen y en el famoso sistema de “correspondencias” que habría de dar origen al movimiento simbolista. Desgarrada entre la sensualidad y el espiritualismo, entre la atracción de la belleza y el poder del mal, la poesía de Charles Baudelaire (1821-1867), trasladada de forma exquisita al castellano en la presente traducción, se enraíza en la soledad del hombre contemporáneo.

Veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda. (Jorge Edwards, prologuista). Ed. Alianza Editorial. Son pocos los libros, y menos aún tratándose de poesía, que han alcanzado la difusión de Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Expresión de sentimientos universales y siempre vivos, de una diversidad de expresiones amorosas, esta obra de Pablo Neruda (1904-1973), pese a haberse convertido con el paso del tiempo en una obra clásica, conserva intacta, como afirma certeramente Jorge Edwards en el prólogo que la antecede, “su magia secreta, contagiosa y peligrosa”.

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