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El laberinto de la constitución
EL ABERINTO DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución es el documento fundamental de un país, su acta de nacimiento, su carta de presentación ante el mundo. Si quieres conocer un país, lee su Constitución. Pero en el mundo no siempre hubo constituciones, el fenómeno constitucional es moderno. La primera Constitución escrita fue la de Estados Unidos de 1787, antes hubo leyes, códigos, cartas e incipientes intentos de controlar el poder, pero nada más.
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Por miles de años la humanidad vivió sin constituciones, es decir, sin límites al poder y sin derechos fundamentales. Los poderosos mandaban y los gobernados obedecían bajo gobiernos privilegiados y autoritarios.
Una Constitución tiene dos finalidades: limitar al poder y reconocer derechos fundamentales. Es decir, por una parte se establecen los poderes y sus facultades, y por otra, se establece una serie de derechos a favor de los gobernados y exigibles ante el Estado. Por ello la importancia de contar con una Constitución, pues nos permite controlar a nuestros gobernantes y contar con una serie de derechos fundamentales que mejoren nuestra calidad de vida.
La primera Constitución mexicana fue la de 1824 y la última la de 1917. Ambas precedidas por un movimiento armado, pues las constituciones se forjan a hierro y sangre, con las venas de los héroes nacionales y con las vísceras de los soldados anónimos.
La Constitución es una conquista histórica de la humanidad, proclama los principales ideales y deseos de una época. Aunque Ferdinand Lasalle nos dice que una Constitución es la suma de los factores reales del poder, es decir, en una sociedad existen grupos de poder (empresarios, políticos, militares, banqueros, partidos políticos, trabajadores, entre otros), y todos ellos introducen sus intereses en la elaboración del texto fundamental. Pero también nosotros, la sociedad en general, somos un factor real de poder, por ello fuimos introduciendo poco a poco más límites a nuestros gobernantes y más derechos a nuestro catálogo de derechos fundamentales. En suma: todos somos la Constitución.
El pasado 5 de febrero nuestra Constitución cumplió 105 años. Un documento muy longevo que sigue siendo jovial. ¿Por qué después de 105 años sigue teniendo vigencia? ¿Por qué nos sigue gobernando un documento creado hace más de 100 años en la ciudad de Querétaro? ¿Por qué el tiempo no ha rasgado sus vestidos?
Porque el Poder Constituyente de 1917 fue un poder visionario. Se dio cuenta que la Constitución que estaban escribiendo no podía gobernar por siempre. Se dieron cuenta que el México revolucionario no sería el mismo 10, 20, 50 años después. Se dieron cuenta de la importancia del pensamiento de Heráclito cuando dijo: “Lo único que no cambia, es que todo cambia”.
Por ello dotaron al texto fundamental de un instrumento que le permitiera adaptarse a los tiempos del México moderno. Un instrumento cuyo objetivo es reformar el texto fundamental cada vez que lo necesite el país.
La propia Carta Fundamental incluye en su artículo 135, el instructivo para saber quién y cómo se puede modificar la Constitución. ¿Quién la puede modificar? El Poder Reformador, integrado por todos los legisladores del país, esto es, el Congreso de la Unión y los 32 Congresos locales. ¿Cómo se puede modificar? Con las dos terceras partes del Con- greso
de la Unión
y con al menos la aprobación de 17 Congre- sos Locales. Quien tiene la Constitución tiene e l poder. Por ello, la piedra filosofal cada 6 años para el presidente de la república en turno, es poder reformar la Constitución. ¿Quieres modificar el sistema educativo en México? Reforma la Constitución. ¿Quieres modificar el sistema penal? Reforma la Constitución. ¿Quieres implementar una nueva política energética en el país? Reforma la Constitución. Quien tiene la Constitución tiene el poder.
De esta manera, el presidente recibe el instructivo sobre cómo reformar la Constitución. Sus asesores leen el artículo 135 constitucional y el mandatario se da cuenta que es cuestión de números: dos terceras partes del Congreso de la Unión y al menos 17 Congresos Locales. Entonces el presidente comienza a hacer política.
Realiza
acuerdos, firma pactos, realiza concesiones, todo por conseguir la cifra mágica: dos terceras partes del Congreso de la Unión y al menos 17 Congresos Locales. Si lo consigue Habemus reforma constitucional.
Luego de conseguir los números mágicos, el mandatario hace la última pregunta a sus asesores jurídicos: ¿Qué pueden hacer mis adversarios contra la reforma? Los asesores responden al unísono: “Nada señor presidente, nada”. Y así es, en México contra una reforma a la Constitución no procede nada, ni el Juicio de Amparo, ni las Controversias Constitucionales, ni las Acciones de Inconstitucionalidad, nada.
Esto nos recuerda la novela Rebelión en la granja de George Orwell, donde los cerdos luego de tomar el control de la granja, redactan una serie de mandamientos, sin embargo, pasado el tiempo y sin que nadie se dé cuenta, modifican dichos mandamientos a favor de sus intereses, sin que los demás animales puedan hacer nada.
De esta forma, habría que hacerse estas preguntas ¿Puede una reforma constitucional ser inconstitucional? ¿Puede una modificación constitucional afectar los intereses de grupos vulnerables? ¿Pueden estas reformas atentar contra los mexicanos? La respuesta es clara: por supuesto que sí. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Nada, aquí la Política venció al Derecho. Quien tiene la Constitución, tiene el poder.
La Constitución está por encima de todo y de todos, a esto se le llama Supremacía Constitucional. Por ello, en un estado Constitucional todo, absolutamente todo debe ser objeto de control constitucional, las leyes, los actos de autoridad, los reglamentos, las sentencias e incluso las omisiones de las autoridades. Y todos deben estar bajo el manto del texto primordial, los jueces, los diputados, los senadores, los secretarios de Estado e incluso el propio presidente de la república.
Y así ocurre actualmente, nuestros jueces y tribunales federales están anulando todos los días actos, normas y omisiones inconstitucionales por parte de las autoridades. Todos los días expulsan del orden jurídico mexicano cientos de actos que violan nuestra Constitución, principalmente a través del Juicio de Amparo. No obstante, hay algo que escapa del control constitucional mexicano: las reformas a la Constitución. Pues como se ha dicho, no existe ningún medio legal para combatirlas. En Europa, algunos Tribunales Constitucionales pueden revisar la constitucionalidad de las reformas antes de que formen parte de su Constitución. Esto permite evitar que lleguen a la Constitución reformas inconstitucionales, reformas que atenten contra los intereses de los gobernados.
En México aún no se pueden revisar las reformas constitucionales. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podríamos hacer que en México un Tribunal Constitucional revise las reformas constitucionales? La respuesta es sencilla: a través de una reforma constitucional.
¿Y quién impulsa las reformas constitucionales? Como ya sabemos el presidente de la república. Entonces tendría que ocurrir lo siguiente: que un presidente de México haga política para alcanzar los números de la reforma, y así permitir que las reformas constitucionales sean revisables por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Parece sencillo, pero no lo es. Porque el permitir que un Tribunal revise dichas reformas, significa que un Tribunal revisará las decisiones del primer mandatario antes de formar parte de la Constitución. Y dígame usted ¿A qué presidente de México le gustaría que la Suprema Corte revise su visión de Estado? ¿A qué presidente de México le gustaría que la Suprema Corte revise sus decisiones políticas? ¿A qué presidente le gustaría, que después de pactos, acuerdos y concesiones, la Suprema Corte le diga que no? A ninguno. Este es el laberinto de la Constitución, cuya única salida es la voluntad política del presidente en turno.
Por ello, se requiere más que un político un estadista, un verdadero constitucionalista. Un presidente o una presidenta de México que tenga el valor cívico y constitucional, de poner la Constitución por encima de sus propios intereses. Me gustaría vivir para verlo, ¿a usted no? Pero la espera podría ser larga, muy larga. DAVID VÁZQUEZ MALDONADO
Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. Maestro en Derecho de Amparo por la BUAP. Asesor en comunicación política de funcionarios públicos y candidatos de elección popular. Cursó los Diplomados de Derecho de Amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la UNAM. Laboró en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la Secretaría de la Controlaría del Estado y en el Bufete Jurídico del Sindicato Independiente de Volkswagen, así como abogado de los Municipios de Chignahuapan y Chichiquila, Puebla en el periodo 2018-2021. Premio Internacional de Cartas de Amor en España 2012. Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez” 2017. Campeón Nacional de Oratoria en 2014. Campeón Estatal de Debate Político 2010. Joven distinguido del municipio de Puebla en 2010.