Memorias Foro Social "Mujeres por la Vida"

COCHABAMBA - BOLIVIA 2016

COCHABAMBA - BOLIVIA 2016

Esta publicación se realizó en la administración de: Edith Mendoza Fernández Presidenta del Parlamento Andino Eduardo Chiliquinga Mazón

Secretario General

del Parlamento Andino

Parlamento Andino Avenida Caracas # 70A - 61 Bogotá - Colombia www.parlamentoandino.org Diseño Gráfico Pablo Andrés Cruz Castro Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra sea cual fuere el medio electrónico o mecánico, sin el consentimiento, por escrito, del editor.

Los artículos publicados en la presente obra expresan exclusivamente la opinión de sus respectivos autores, de manera que no comprometen ni reflejan la posición institucional del Parlamento Andino.

El evento de la presente publicación se realizó los días 24 y 25 de noviembre de 2016 encontrandose en funciones la siguiente Mesa Directiva

Mesa Directiva Periodo 2016 - 2017 Presidenta

Edith Mendoza Fernández

Bolivia Vicepresidentes Romilio Gutiérrez Pino

Chile

Cecilia Castro Márquez

Ecuador

Víctor Rolando Sousa Juan Carlos Restrepo

Perú

Secretario General

Eduardo Chiliquinga Mazón

Representación Parlamentaria Bolivia Presidenta Edith Mendoza Fernández

Ecuador Vicepresidenta Cecilia Castro Márquez

Parlamentarios Flora Aguilar Eustaquio Cadena Hebert Choque Alberto Moreno

Parlamentarios Silvia Salgado Pedro De La Cruz Roberto Gómez Alcívar Patricio Zambrano

Colombia Vicepresidente Juan Carlos Restrepo

Perú Vicepresidente Rolando Sousa

Parlamentarios Luis Fernando Duque Mauricio Gómez Germán Hoyos Carlos Edward Osorio Oscar Darío Pérez Iván Name

Parlamentarios Alan Fairlie Mario Zúñiga Jorge Romero Jaime Salomón

Chile Vicepresidente Romilio Gutiérrez Pino Parlamentarios Tucapel Jiménez Fernando Meza Christian Urízar

Colombia

Prólogo Edith Mendoza Fernández Presidenta del Parlamento Andino 2016 - 2017 El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha elegida por la Asamblea General de la ONU en conmemoración del asesinato de tres activistas políticas en República Dominicana.

En esta fecha también conmemoramos y rechazamos la muerte de cientos de mujeres que, a lo largo de la historia, han sido víctimas de la violencia por el hecho de ser mujeres, situación que lamentamos profundamente.

Al revisar las cifras de feminicidio en la región andina durante 2015, es posible observar la magnitud de esta problemática: en Bolivia se produjeron 104 feminicidios, en Chile 30 feminicidios y 105 fueron frustrados. En el caso de Colombia “cada 2 días y medio una mujer es asesinada por su pareja o expareja”, en el Ecuador se registraron 45 casos y en Perú se informó que, en promedio, hay 10 feminicidios por mes.

A diario, en el mundo, las mujeres sufren violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica en ambientes domésticos, laborales, educativos, políticos e institucionales.

La región andina se caracteriza por su diversidad y heterogeneidad, sin embargo, tenemos problemáticas comunes, entre ellas, la violencia hacia la mujer y su poca participación en los espacios de decisión y representación.

Esta situación es de gran preocupación, pues a pesar de los avances presentados en el reconocimiento y el disfrute de los derechos de las mujeres, persisten todo tipo de desigualdades y formas de discriminación.

Conscientes de esta problemática social, el Parlamento Andino en ejercicio de sus atribuciones supranacionales de gestión parlamentaria y desarrollo legislativo, constituyó en el año 2015 una Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género para el tratamiento de los temas de violencia hacia la mujer y el diseño de estrategias para lograr la equidad de género. Asimismo, aprobó en Plenaria durante las sesiones de septiembre de 2016, el Marco Normativo para la Erradicación de todas las Formas de Violencia hacia la Mujer, instrumento regional que busca impulsar la prevención, atención, protección y reparación de aquellas que han sufrido alguna situación de violencia.

Para la construcción de este Marco Normativo se realizó un estudio comparado y se evaluaron las políticas públicas de los países andinos. Posteriormente, se contó con la participación de expertos y autoridades regionales e internacionales que contribuyeron a revisar y comentar el documento. Finalmente, se contó con el apoyo de ONU Mujeres y se abrió espacio a la participación ciudadana, dándole legitimidad tanto técnica como política al documento.

El Marco Normativo se concibió como un instrumento de aplicación preferente para los países de la región andina y como una herramienta que cuenta con normas, principios y buenas prácticas recomendadas para el diseño, reforma e implementación de políticas públicas en los países latinoamericanos y caribeños.

A su vez, el Parlamento Andino con el propósito de empoderar y desarrollar capacidades de liderazgo en las mujeres de la región andina, se encuentra trabajando en la estructuración de un curso virtual que tendrá por nombre: “Género, Emprendimiento y Transformación desde la Integración” dirigido a los parlamentarios andinos juveniles y universitarios. Además, llevará a cabo el curso presencial “Mujer, género y emprendimiento” dirigido a comunidades indígenas, afrodescendientes, sindicales y campesinas de los cinco países de la región andina.

De igual manera, se encuentra organizando un Observatorio Regional Andino a través del cual se realizará periódicamente la recolección sistemática de información relacionada con los delitos y la violencia hacia la mujer en nuestra región.

El Parlamento Andino ratifica su compromiso a favor de la integración de nuestros pueblos, la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana con el propósito de aportar a la solución de los problemas que aquejan a la Comunidad Andina.

Finalmente, agradezco a todos quienes hicieron posible el Foro Parlamentario Social Mujeres por la Vida, a los ponentes nacionales e internacionales que compartieron sus conocimientos y experiencias, a las instituciones presentes y al equipo técnico de la Secretaría General del Parlamento Andino en cabeza del Doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, Secretario General.

Presentación Eduardo Chiliquinga Mazón Secretario General del Parlamento Andino

La violencia contra la mujer es un elemento central que evidencia la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres. Si bien esta problemática ha existido a lo largo de la historia, es reciente el interés que se ha dirigido a la condición de millones de mujeres en todo el globo, situación que hace que se requieran muchos y mayores esfuerzos por erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. En este sentido, observamos que la protección de la mujer se ha vuelto uno de los temas más relevantes de la agenda internacional en el ámbito de los derechos humanos, como lo confirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos legislativos que han hecho los gobiernos y las iniciativas impulsadas por organismos internacionales para erradicar este flagelo y propender por la igualdad entre hombres y mujeres, las cifras de violencia contra la mujer y el feminicidio son preocupantes, de ahí que el Parlamento Andino haya tomado medidas para contrarrestar esta problemática en la región.

para la construcción de legislaciones nacionales, así como para la creación e implementación de políticas públicas eficaces, que no solo se preocupen por la reducción de la violencia contra la mujer sino por su completa erradicación.

En esta nueva etapa de gestión institucional, hemos contado con el acompañamiento y asesoría de reconocidos académicos, universidades y organismos internacionales en la creación de estas iniciativas, sumado a la activa participación ciudadana, que sin lugar a dudas constituye un factor clave en la legitimización del trabajo realizado.

A su vez, se realizó los días 24 y 25 de noviembre del año 2016 en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, el Foro Parlamentario Social Mujeres por la Vida, con el objetivo de analizar los avances, retos y desafíos que presenta la mujer en la región andina, como también, fue un espacio propicio para dar a conocer el Marco Normativo para la Erradicación de todos los tipos de Violencia hacia la Mujer.

Una de ellas surge por la importancia y la necesidad de trabajar por los derechos de las mujeres, motivo por el cual el Parlamento Andino creó en el mes de agosto de 2015 la Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género, con el objetivo de implementar una agenda institucional de trabajo que tenga en cuenta el enfoque de género en las diferentes actividades parlamentarias, así como efectuar una representación política de las parlamentarias andinas en los diferentes foros regionales.

Así, la presente publicación se une a las iniciativas desarrolladas por el organismo, al recoger los resultados que se expusieron en el Foro realizado en Bolivia, dentro del cual se exhibieron ponencias de técnicos y expertos nacionales e internacionales sobre el empoderamiento político, social y organizacional de las mujeres; los instrumentos internacionales, normativas y políticas regionales sobre la mujer; el estado situacional de la mujer en la región andina y las estrategias con las que se debe contrarrestar la violencia hacia las mujeres.

De igual forma, en el mes de septiembre del año 2016, la Plenaria del Parlamento Andino aprobó el Marco Normativo para la Erradicación de todas las Formas de Violencia hacia la Mujer, con el propósito de establecer para los países miembros del organismo, una herramienta guía

Esperamos que la presente publicación sirva de referente conceptual para entender las oportunidades y desafíos que enfrenta la mujer en la región andina para avanzar en el empoderamiento político y la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer.

Índice PANEL 1 Marco Internacional y Situación de las Mujeres en la Región Andina y América Latina

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Lilian Celiberti Mirtha Palacios Casimira Rodríguez

PANEL 2 Empoderamiento Político- Social y experiencias organizativas de las Mujeres

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María Pozo Roxana Silva Claudia Cecilia Arce

PANEL 3 Medios de Comunicación, Economía y Mujer

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Leonilda Zurita Nadia Sánchez Paola Mejía Viaña

PANEL 4 Violencias hacia las Mujeres

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Rosana Alvarado Guadalupe Pérez Rocío Molina Tania Sánchez

PANEL 5 Institucionalidad, Leyes y Políticas Públicas para fortalecer el Empoderamiento de las Mujeres

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Erika Duarte Pérez Loreto Carvajal Coronel Alfredo Castedo Edith Mendoza Fernández Nelson Cox

SESIÓN DE CLAUSURA

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PANEL 1 Marco Internacional y

Situación de las Mujeres en la Región Andina y América Latina 11

Lilian Celiberti1 Cocoordinadora de la Articulación Feminista Marcosur

Uruguay ha venido consagrando leyes de avanzada para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sin embargo, su participación política aún presenta un gran retraso. El país tiene desde hace 10 años un gobierno de izquierda a nivel nacional y en el ámbito departamental desde hace más de 25 años. No obstante, la representación política de las mujeres sólo alcanzó un 22 % en las últimas elecciones realizadas en el 2015.

La anterior cifra se logró, gracias a la aplicación por primera vez de la Ley de Cuotas de Género. En esta normativa se establece que en cada terna de nóminas de candidatos y candidatas que presentasen los partidos, por lo menos uno de cada tres de los integrantes, debía ser mujer. A pesar de ello, los resultados de las votaciones reflejan que Uruguay está muy lejos de alcanzar la paridad de género en la representación política.

Estos resultados contrastan con una tendencia temprana de avance sobre este tema en América Latina. Por ejemplo, desde hace más de 25 años se construyó una agenda latinoamericana entorno a la Conferencia de Naciones Unidas realizada en Beijing. Esto posibilitó la inclusión del debate sobre la igualdad de género, así como la lucha contra la discriminación y la violencia, dentro de las agendas de muchos gobiernos y sociedades de la región.

En este sentido, en julio de 1981 se realizó en Colombia el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en donde se proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En ese encuentro más de doscientas mujeres latinoamericanas se reunieron con el propósito de constituir el movimiento feminista que ha dado lugar a que paulatinamente, se observen algunas transformaciones al respecto en América Latina.

De igual forma y gracias a los debates que se han generado en las últimas tres décadas, se ha iniciado un proceso para cambiar la concepción tradicional de la violencia contra la mujer en el hogar como una cuestión privada, considerada un problema familiar donde nadie, ni el Estado, se debía involucrar. De esta manera, se ha cambiado la noción sobre la violencia contra las mujeres, colocando en tela de juicio las condiciones de desigualdad existente entre hombres y mujeres, sumado a que en la actualidad se califica la violencia de género como un problema de política pública, pero pese a estos avances, el problema sigue latente.

Considerando estos antecedentes, las mujeres que alcancen posiciones en el gobierno tienen que tejer, necesariamente, una alianza con el movimiento social de mujeres para generar una agenda en función de sus necesidades. El desafío central es la consolidación de una alianza entre investigadoras y académicas, mujeres en el sector ejecutivo y legislativo y el movimiento social de mujeres feministas. Cualquier estrategia válida para lograr avances, supone la unión de las mujeres, para así lograr desarticular aquellos prejuicios que discriminan a la mujer.

Dado que la prioridad para los Estados deben ser las personas, su calidad de vida y su bienestar, la lucha para eliminar la violencia contra la mujer debe estar presente en las agendas de los gobiernos de la región y en especial de los parlamentos como representantes de la ciudadanía.

Es importante destacar que muchos países tienen la paridad como un punto de partida y no de llegada, sin embargo, esto no ha garantizado que las mujeres lleguen a ocupar cargos de representación pública.

Lilian Celiberti, de nacionalidad uruguaya, es la Co-Coordinadora de la Articulación Feminista Marcosur y actual Coordinadora del Centro de Comunicación Virginia Woolf - Cotidiano Mujer de Uruguay. En el 2012 fue Co-Coordinadora del Grupo de trabajo “Derechos, Tierra y territorios” en el Proceso de la Cumbre de los Pueblos hacia Río +20. Además, estuvo a cargo de la coordinación del Programa “Empowering women to fight against inequalities” entre 2012-2015. Es docente y reconocida activista feminista.

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Por otro lado, uno de los temas centrales de la desigualdad entre hombres y mujeres es que estas últimas cargan con mayores responsabilidades, situación que se evidencia porque las mujeres no sólo son responsables de las actividades laborales que haya a lugar, sino también de la tarea reproductiva y del cuidado de los hijos. De ahí que esto implique una escasez de tiempo de la mujer para ocupar otras actividades, entre ellas la función pública.

Para finalizar, es necesario evidenciar que América Latina se ve amenazada por la emergencia de sectores fundamentalistas (ultraconservadores) que hablan de la ideología de género como un peligro, por ejemplo, el Parlamento de Brasil cuenta con un 30 % de conservadores fundamentalistas. Por esta razón, es necesario la creación de una unión fuerte con la ciudadanía y seguir promoviendo el debate de la equidad de género y la eliminación de la violencia, no sólo en los parlamentos sino también en la academia y otros espacios públicos.

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Mirtha Palacios2

Presidenta del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer

El desafío de la mujer es grande en todo el mundo, por esta razón es necesario continuar trabajando por la paridad de representación en la política. En el Paraguay, el índice de candidaturas de las mujeres es del 30 %; sin embargo, el porcentaje de electas sólo ha alcanzado un 16 % en el Congreso.

derechos humanos constituye la base para el desarrollo de una sociedad sustentada por el accionar de un Estado de derecho, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres está latente y se evidencia, por solo citar un ejemplo, en la escaza participación y representación política de ellas en la actualidad.

En el caso concreto de la representación paraguaya en el Parlamento del Mercosur, de los 18 parlamentarios electos solo tres son mujeres. Esta situación depende en cierto modo de las mujeres, de la voluntad que tengan para enfrentar una campaña política y de persistir con sus competencias y propuestas por alcanzar el escaño.

En el ámbito legislativo, la representación de las mujeres en América Latina alcanza un porcentaje del 26 %.

Ubicándose por encima del promedio mundial que es del 22 %, según el informe del Instituto de Democracia de la Asistencia Electoral, organismo intergubernamental que busca promover la sostenibilidad y equidad de la democracia en todo el mundo.

Como mencionó la parlamentaria uruguaya Amanda Núñez: “antes las mujeres estaban para inflar globos, preparar los escenarios y poner las sillas ahora están para ocupar el escenario y tener su propio espacio”.

Actualmente en América Latina convergen dos escenarios que brindan excelentes oportunidades, por un lado, un notable crecimiento económico y por otro una generalizada estadía democrática. Sin embargo, la inequidad social y el déficit de la participación paritaria afectan directamente a las mujeres en los procesos de cultura democrática de la región y en cada proceso electoral. Por lo cual, se aspira a que se produzcan avances significativos hacia la paridad representativa como una meta para transformar las relaciones de género y el empoderamiento de las mujeres.

Pese a que la igualdad y la prohibición de la discriminación son dos piedras angulares en el sistema democrático y que en muchos gobiernos se considera que el respeto de los

El empoderamiento de las mujeres, sobre todo en el ámbito político, es indispensable, ya que se muestra como una estrategia exitosa para su vinculación en los procesos de toma de decisiones. De esta manera, al lograrse una representación paritaria se contribuiría a la consolidación de la democracia, a un buen gobierno y al desarrollo social de sus miembros.

La transformación de las relaciones de género y acabar con la cultura machista exige un abordaje multidimensional e integral. En este punto, las mujeres pueden hacer un aporte desde lo normativo y conceptual para tratar de manera amplia el desafío paritario. De esta manera, se lograrán superar las brechas económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales que sufren las mujeres y que impiden su empoderamiento.

En relación al homicidio de mujeres, en Paraguay se aprobó la Ley contra el feminicidio. Esta normativa,

Mirtha Elizabeth Palacios Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, es la Presidenta del Componente Latinoamericano del Foro de Mujeres de EuroLat, Parlamentaria del Mercosur Electa en el período 2008-2013 y 2013-2018 y actual Presidenta de la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlamento del Mercosur.

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llamada ‘por ellas’, impone una pena de 10 a 30 años de prisión al victimario.

Es importante resaltar que la denuncia es una herramienta muy eficiente y útil contra la violencia, ya que a pesar que las leyes existan, es necesario la denuncia para abrir los procesos e imponer las penas respectivas. Por esto, es vital que todas las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia realicen su denuncia, dado que en muchas

ocasiones en que ha ocurrido esta situación, no se ha visibilizado y por lo tanto, puede que esto motive a que se vuelva a presentar.

Por último, es necesario mencionar que Paraguay se está sumando a los países que están avanzando en el tema de la mujer en Latinoamérica, entre los que se resaltan: Costa Rica, Chile, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Panamá, Perú, México y Brasil.

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Casimira Rodríguez3

Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (Bolivia)

Hace algunos años las personas que residían en el campo, entre ellas muchas jóvenes y mujeres se trasladaron a la ciudad en busca de oportunidades, debido a que las condiciones de pobreza eran extremas, no había hospitales ni colegios. Por lo anterior muchas de ellas en procura de generar algunos recursos para su subsistencia, decidieron trabajar en hogares.

En aquellos años ser empleada era muy difícil por las condiciones críticas que vivían, en especial porque los empleadores las consideraban ‘una cosa inferior’ en comparación con el ciudadano del común que vivía en las ciudades.

No había ningún derecho para aquellas trabajadoras, no contaban con servicios de salud, educación y menos con un horario de trabajo decente, pues en muchos casos empezaban a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. La explotación laboral era evidente.

Por todas estas condiciones, las trabajadoras del hogar se fueron reuniendo y emprendieron un proceso de unificación de intereses, logrando la conformación de un sindicato que luchara por sus derechos. El sindicato se formó cuando sus lideresas empezaron a recibir capacitación, lo que les permitió tomar consciencia sobre la reivindicación de sus derechos y el rechazo a la explotación laboral, siendo este el motivo principal que impulsó la creación de esa asociación.

Es preciso mencionar que hacer parte del sindicato representaba un riesgo laboral, pues corrían el peligro de ser despedidas, pero aun con ello, las trabajadoras del hogar se organizaron para luchar por sus derechos y por una condición que dignificara su labor.

Esta serie de situaciones las motivó a trabajar por dos propósitos: por un lado, el fortalecimiento de su organización y, por el otro, desarrollar una propuesta de

ley que velara por los derechos de las trabajadoras del hogar. El camino fue difícil, pero logró la elaboración de una propuesta de ley al Congreso. Sin embargo, en esa época el Congreso no estuvo interesado en establecer este nuevo marco normativo, pero no fue motivo para que esta asociación desfalleciera, más bien motivó a que se continuara insistiendo, lo que acrecentó su popularidad y la cantidad sindicatos a nivel departamental, lo que propició que se creara una Federación nacional.

En 1984 se convocó un grupo de trabajadoras, el cual propuso un cambio en el término con el que eran llamadas, pasando de ‘empleadas domésticas’, a ‘trabajadoras del hogar’; esto con el propósito reivindicar los derechos de este sector.

La Ley de las trabajadoras del hogar presentó una larga lucha y en sus discusiones por aprobarla, no hubo consenso entre las partes involucradas, especialmente en relación a las exigencias hechas por las trabajadoras en temas de horarios, salarios y vacaciones, a lo que fácticamente los empleadores se oponían.

Gracias a esa lucha, se visibilizó la Federación de las Trabajadoras del Hogar, se construyeron alianzas con otros sectores y se ejerció una presión a nivel nacional e internacional para poder lograr el reconocimiento de los derechos de este sector.

Finalmente, en el año 2003, se logró la promulgación de la Ley Nº 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar.

Cada una de las agremiaciones debe luchar por la no violencia contra la mujer y por la erradicación del feminicidio, ya que todas las mujeres sin importar la profesión u oficio que ejerza, pueden ser víctimas de este flagelo.

Casimira Rodríguez Romero, de nacionalidad boliviana, es la actual Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Fue ministra de Justicia (2006-2007) durante el primer gobierno del Presidente Evo Morales. Además, se desempeñó como ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar por dos periodos. Es activista y sindicalista indígena, que ha luchado por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar.

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PANEL 2 Empoderamiento PolĂ­tico- Social y experiencias organizativas de las Mujeres 17

María Pozo4

Representante del Servicio Legal Integral Municipal de Sacaba (Bolivia)

A partir de la promulgación de la ley No. 348 de Bolivia, conocida como “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, se ha implementado la creación del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). Éste servicio promueve y protege los derechos de la mujer contra la violencia intrafamiliar y doméstica, encargándose de brindar atención, asesoramiento y orientación a las víctimas.

Actualmente, cada municipio cuenta con un SLIM, el cual se encuentra constituido por un equipo multidisciplinario de dos psicólogas, cuatro abogadas y una trabajadora social que brindan orientación, apoyo psicológico, social y legal.

Por medio de esta Ley, se han podido reconocer las diversas formas de violencia hacia la mujer, entre ellas, la violencia física, psicológica, intrafamiliar, mediática, simbólica y/o encubierta, que atenta contra la dignidad, la honra y el buen nombre; a su vez, se reconoce la trasgresión de los derechos reproductivos y la libertad sexual. Además, su extensión abarca el sistema educativo, los servicios de salud, el ámbito laboral, patrimonial y económico, así como el ejercicio político y de liderazgo.

No obstante, se ha venido presentando un aumento en el número de mujeres violentadas psicológicamente en el municipio de Sacaba, lo anterior se ha podido determinar mediante el desarrollo de talleres que realiza la entidad.

De igual forma, gracias a las capacitaciones que recibe la comunidad sobre el conocimiento de sus derechos, las tipologías, causas y consecuencias de la violencia, las mujeres no están esperando a ser violentadas físicamente, sino que al primer insulto y humillación se dirigen a las oficinas del SLIM y se les brinda la atención correspondiente.

Asimismo, algunos de los servicios que presta la entidad se expresan en: la recepción y registro de las denuncias de violencia, física, psicológica y sexual; brindan orientación, protección y apoyo legal a las víctimas de violencia; apoyan emocionalmente a la víctima; promueve y realizan procesos terapéuticos; brindan orientación psicológica sobre las causa y consecuencias de la violencia intrafamiliar; realizan seguimiento e investigación de los casos denunciados y acompañan a la víctima durante todo el procedimiento, sea ante el médico forense, Ministerio Público, centros hospitalarios, entre otros.

Por su parte, cuando una mujer es agredida verbalmente todos los días, el SLIM la asesora de forma legal, mostrándole las vías que puede utilizar para hacer efectivos sus derechos.

Las mujeres en situaciones de violencia deben buscar apoyo en instituciones como el SLIM, ya que por el hecho de ser mujer no tienen que sufrir agresiones de ninguna índole.

María Elvia Pozo Cáceres, de nacionalidad boliviana, es la Jefa del Servicio Legal Integral Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (marzo 2016 - enero 2017), Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Ha desempeñado cargos como asesora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Colomi y de la Subcentral Aguirre del Distrito Rural Aguirre del municipio de Sacaba.

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Roxana Silva5

Magistrada de la Corte Constitucional de la República del Ecuador

La República del Ecuador ha tenido avances en materia de participación de la mujer en diferentes ámbitos, entre ellos el público. Por ejemplo, en 1997 se emitió la Ley de Amparo Laboral, donde por primera vez se contempló que un 20 % de las mujeres debía cumplir roles laborales en instituciones públicas.

El poder electoral se encuentra compuesto por dos instituciones: El Consejo Nacional Electoral encargado de llevar a cabo el proceso electoral; y el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de la parte jurisdiccional, es decir, cuando ocurre alguna situación de incumplimiento en lo referente a las elecciones, este es el ente que sanciona.

A principios del Siglo XXI, la Ley de partidos políticos del Ecuador establecía un porcentaje del 30 % para la participación política de la mujer, el cual debía irse incrementando en un 5 % cada vez que hubiese elecciones. Sin embargo, el entonces Tribunal Supremo Electoral hizo caso omiso a esta norma y siguió inscribiendo listas con candidatos sin cumplir lo que establecía la Ley.

Sin embargo, pese a la existencia de una fuerte normativa a nivel constitucional y una Ley de Partidos Políticos conocido como Código de la Democracia, el porcentaje de mujeres que llegó a la Asamblea Nacional en las elecciones de 2013 fue del 38 %. En relación a las elecciones de los gobiernos locales (prefecturas y municipios) que se denominan en el Ecuador, Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, la situación es mucho peor, pues a nivel de los municipios apenas 16 mujeres son alcaldesas, y en el caso de la prefectura el número de mujeres es apenas de dos.

Por esta razón, en el año 2000 un movimiento de mujeres se reunió llevando a cabo la primera veeduría en la historia del Ecuador. Las veedurías son formas organizativas de la sociedad civil que, sin vida jurídica propia, realizan la vigilancia de un aspecto determinado en el ámbito público. El grupo de mujeres que realizó la veeduría, presentó a los medios de comunicación una serie de denuncias sobre el incumplimiento de la Ley de partidos políticos, teniendo como resultado la aprobación de la primera Ley de Cuotas en el país.

En el 2008 se creó una nueva Constitución, la cual incluye por primera vez en el Ecuador el principio de paridad; es decir, se pasó de la cuota a la igualdad, así, las listas deben tener un 50 % de mujeres y un 50 % de hombres.

La nueva Constitución dividió la estructura del Estado ecuatoriano en 5 poderes, que son: ejecutivo, legislativo, judicial, transparencia, control social y electoral.

En el momento de inscribir las candidaturas sí se cumple el principio de paridad. No obstante, existe una paridad sólo de salida más de no de llegada, ya que no se logra que las mujeres ocupen el 50 % de los cargos públicos.

En este sentido, la normativa únicamente no garantiza que las mujeres ocupen cargos de representación.

Por lo tanto, el gran desafío es eliminar varios imaginarios referentes a que no hay mujeres que cuenten con la preparación necesaria para asumir el reto de la política.

Como también hay que eliminar esos casos en donde las mujeres que llegan a un escaño de representación, más tarde son obligadas a renunciar para que asuma un sucesor.

En el Ecuador se realizaron estrategias para promover la participación política de la mujer, llevándose a cabo una

Roxana Silva Chicaiza, de nacionalidad ecuatoriana, es Magistrada de la Corte Constitucional del Ecuador, Licenciada en Ciencia Sociales y Políticas, Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador y Doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Además, cuenta con estudios avanzados en Administración Pública de Maxwell Escuela de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse USA.

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prueba piloto en la Provincia de Imbabura. Por medio de este ejercicio se pudo determinar que las mujeres tienen escasos conocimientos para utilizar las tecnologías de la información y comunicación, en especial las redes sociales, de ahí que sea imperioso que las mujeres se apropien de todas las herramientas a su alcance para ampliar su participación política, ya que estas tecnologías son muy importantes para para promover sus candidaturas, informar sobre las acciones que han venido realizando dentro de una gestión determinada, rendir cuentas a las comunidades, entre otros.

Es innegable que las mujeres en los últimos años

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han asumido diversas posiciones de poder que eran tradicionalmente masculinas. Por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional del Ecuador por primera vez de nueve miembros seis son mujeres. Sin embargo, la inequidad persiste en diversos campos como el laboral y en otros espacios de toma de decisión.

Para finalizar, como manifestó una lideresa indígena ecuatoriana: “nosotras somos como los granos de quinua, si estamos solas el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidas en un costal nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer”.

Claudia Cecilia Arce6 Coordinadora de la Mujer en Bolivia

En la última década, el Estado Plurinacional de Bolivia ha llevado a cabo un proceso de transformación gubernamental, caracterizado por una mayor vinculación de las mujeres en la política. En el país las mujeres siempre han estado participando en la discusión política, desde las luchas anticoloniales hasta los diversos temas que se vivencian en la actualidad, pero no de una forma muy visible.

La Constitución Política del Estado establece principios de igualdad de género y ordena que el Órgano Electoral Plurinacional, debe garantizar la participación política de las mujeres y los hombres. La Constitución establece que: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

De este modo, a partir de su aprobación las mujeres han estado trabajando de forma articulada para promover leyes fundamentales que tengan un enfoque de género; como es el caso de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización en donde han luchado para que se recojan los principios de paridad, equidad e igualdad en la conformación de los órganos subnacionales.

Por otro lado, se ha trabajado en la Ley 18 del Órgano Electoral con el propósito de que sean aplicados los principios de paridad y alternancia en la designación de autoridades, como también en la presentación de las listas de candidatura.

Los avances en esta materia se ven reflejados en algunas estadísticas. En 1997 el Senado contaba solamente con un 4 % de mujeres y la Cámara de Diputados tenía en su composición un 12 %; en el 2014 son 50.77 % el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado un 44 %. De esta manera, lo particular del caso boliviano es que por primera vez en la historia del país se encuentra representada su diversidad en la bancada de la Cámara de Senadores y Diputados.

Asimismo, existen mujeres liderando diferentes órganos de integración regional, como es el caso del Parlamento Andino.

Las mujeres están haciendo sus propias militancias y candidaturas a nivel territorial y por este arduo trabajo han sido elegidas. Así, la presión que han ejercido las mujeres organizadas ha hecho que los partidos políticos se comprometan con la paridad, sin este compromiso no hubiese sido posible llegar a la situación actual. De esta manera, la normativa ha contribuido con la paridad, por ejemplo: los consejos municipales se encuentran compuestos por un número impar y la Ley establece que la titularidad del número impar la tendrá una mujer.

El reto más grande que tiene la participación política de la mujer es que se desarrolla en un contexto donde el Estado se encuentra afianzado por una red patriarcal. Por lo que, la violencia y el acoso político son las manifestaciones más fehacientes de la resistencia que tiene este sistema. Por lo tanto, la lucha debe mantenerse para asegurar los avances logrados hasta ahora.

Claudia Cecilia Arce Cuadros, de nacionalidad boliviana, es la representante de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, comunicadora social y magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos; estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en Estudios Andinos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, responsable del área de investigación y articulación social del Centro de Apoyo a la Mujer y la Niñez en Bolivia.

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PANEL 3 Medios de Comunicación,

Economía y Mujer

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Leonilda Zurita7

Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP (Movimiento Al Socialimo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos)

El actual presidente Evo Morales, quien fue un destacado líder cocalero en los años 80, expresó que no sólo los hombres tienen que luchar por sus tierras sino también las mujeres y sus hijos.

Estas declaraciones fueron el inicio de los esfuerzos por organizar a las mujeres. Para el año 1995 se formaron 4 Federaciones que aglutinaban diferentes sectores de mujeres, y años más tarde se fundaron dos más. Desde ese momento, fueron creciendo estas asociaciones y en el mes de julio de 1997 se fundó la Coordinación de Mujeres del Trópico de Cochabamba.

Del 18 de diciembre de 1997 hasta el 18 de enero de 1998, se realizó una marcha desde Villa Tunari hasta la Paz, en la cual participaron más de 20.000 campesinos de hojas de coca y entre ellos muchas mujeres. Esta marcha tuvo como propósito exigirle al gobierno la suspensión de la medida que les obligaba a la erradicación de sus cultivos de coca. Llegaron a la capital con dos intervenciones, sin embargo, fueron violentados y ultrajados por policías que custodiaban el lugar.

Desde ese momento hasta el 2009, las luchas han sido constantes, los líderes de las federaciones y los jefes de los campesinos cocaleros han sido asesinados, encarcelados y perseguidos. En un caso particular, la secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP fue encarcelada en el año 2002 con otros 70 dirigentes.

A pesar de todas estas situaciones, se han mantenido unidos luchando por una sola causa, siendo este el bien común de

toda la población; no solo de la región del trópico, sino para Bolivia y el mundo entero.

Por otro lado, en relación a la participación política de la mujer es preciso mencionar que, para las elecciones municipales del año 2002 solo una mujer fue titular y las demás ocuparon la suplencia. Sin embargo, las mujeres exigieron que después de dos años y medio de la posesión del cargo, las suplentes debían asumir la titularidad.

En este sentido, se ha avanzado progresivamente en la participación de la mujer en la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente, en la Cámara de Diputados las mujeres alcanzan una participación del 51 % y en el Senado lograron un 47 %.

Es pertinente mencionar que las decisiones y reuniones que han llevado a cabo las mujeres en Bolivia, no están en contra de los hombres, sino que buscan el bien común y la defensa de los derechos de todos.

Cuando una mujer tiene la oportunidad de gobernar, lo hace con un enfoque más amplio y lo que decide, lo lleva a cabo; por eso es necesario que las mujeres continúen preparándose para ir superando las dificultades y los problemas que surgen entre las propias mujeres como que se mantenga el machismo, el egoísmo y los celos.

Los cargos son pasajeros y lo importante son los logros alcanzados en estos espacios de representación y decisión.

Leonilda Zurita Vargas, de nacionalidad boliviana, es la Secretaria de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, además se desempeña como Representante de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, fue elegida en 2015 como Asambleísta Departamental por el Departamento de Cochabamba. Es reconocida por su trayectoria sindicalista.

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Nadia Sánchez8

Presidenta de la Fundación She is

La Fundación She is cuenta con 13 embajadoras en diferentes países y entre sus funciones promueve la generación de modelos e iniciativas económicas para erradicar los diferentes tipos de violencia hacia la mujer.

En Colombia el 86 % de las mujeres han sido acosadas y violentadas física y emocionalmente, lo que ha generado que se creen programas para disminuir estas cifras y se espera que con la firma del acuerdo de paz se promuevan una serie de proyectos encaminados a la protección de la mujer.

La organización ‘She is’, se encarga de identificar diferentes grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad generada por el conflicto armado, así como dentro de las poblaciones indígenas, la comunidad afrodescendiente y campesina para promover nuevos modelos económicos que les permitan generar proyectos de emprendimiento.

La organización le apuesta a tres ejes principales, a saber: una educación efectiva que permita empoderar a las mujeres económicamente y formarse como líderes sociales. En este punto, el interés estriba en que la mujer pueda generar recursos propios, para apoyar económicamente su núcleo familiar, lo que le generaría independencia y mayor oportunidad para expresar sus capacidades productivas y sociales.

El segundo eje es el empoderamiento y la seguridad, ya que una mujer empoderada va disminuir su dependencia económica y tendrá argumentos y líneas de acción para velar por su seguridad.

El tercero es la participación política, en el que se busca que más mujeres estén preparadas para ocupar espacios de decisión.

Según diferentes estudios realizados por la CEPAL y el Banco Mundial, se concluye que el empoderamiento le permite a la mujer hacer mejor manejo de sus recursos económicos y disminuir los sesgos de violencia.

Adicional a esto, la Fundación maneja un modelo económico perfilado hacia la sostenibilidad, donde no sólo se le brinda apoyo a un grupo de mujeres por un corto periodo, sino que identifican, fortalecen y generan canales de comercialización para el emprendimiento que estén llevando a cabo.

Con este modelo, las mujeres no se quedan en un programa a corto plazo, sino que por el contrario, ellas mismas continúan un ciclo de fortalecimiento de sus ideas de negocios para finalmente, complementar y desarrollar sus habilidades, generando lideresas en materia económica y social.

En ese sentido, el empoderamiento es la primera herramienta clave para erradicar la violencia contra la mujer, la desigualdad y la pobreza; pues más allá de un discurso político, los modelos económicos hacen posible la ejecución de proyectos que den oportunidades a las mujeres.

Actualmente la fundación le apunta a disminuir la pobreza y la violencia hacia la mujer, pues una mujer empoderada económicamente genera un ingreso para la nación del 20 % y disminuye las tasas de feminicidio y violencia en un 40 %.

Por lo anterior, es necesario apostar a programas que busquen implementar modelos económicos sostenibles.

Las mujeres emprendedoras son esenciales para promover el desarrollo de un país, porque generan empleos, ingresos y mejoran su convivencia familiar. De ahí que las mujeres que logren consolidar su proyecto productivo pueden ampliar nuevos escenarios en los que no se vean discriminadas y de esta manera, puedan sentirse independientes y seguras de sí mismas.

Por lo tanto, los programas deben ir más allá del asistencialismo.

“Cuando la mujer se empodera, inevitablemente está llevando una nación al éxito. Un modelo económico integral incluye la erradicación de la violencia, el desarrollo de las economías de base, la eliminación del asistencialismo y la generación de programas socio-productivos”.

Nadia Sánchez, de nacionalidad colombiana, Presidenta de la Fundación She is, administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana con MBA enfocado a la gestión de proyectos y desarrollo internacional de la Universidad de la Rioja España. Ha sido consultora para la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, fue premiada por el desarrollo de iniciativas y proyectos que promueven la equidad de género, la vivienda sostenible y los derechos humanos por la Universidad de Harvard y el BID.

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Paola Mejía Viaña9

Periodista, presentadora y locutora boliviana

“Existe violencia desde los medios de comunicación cuando una profesional de 22 años recién graduada realiza un casting para ser locutora, presentadora de noticias, redactora o periodista y le dicen que no cuenta con el perfil requerido”.

Entrar en cualquier medio de comunicación es muy complejo y al hacer un análisis de quienes hacen parte de estos, se puede afirmar que si bien hay mujeres periodistas, presentadoras, jefas de prensa y gerentes; los que manejan los círculos de comunicación son hombres.

Ellos son quienes deciden la línea que va adoptar un determinado canal.

Además, hay violencia de género cuando le exigen a la periodista que esté a las 5:00 am arreglada como si fuera para una fiesta. Actualmente se ha entrado en el juego donde cualquier persona puede ser comunicadora porque ya no es requisito ser profesional en comunicación. De esta manera, quienes están comunicando pueden ser ingenieros, administradores y sobre todo modelos y reinas de belleza.

Los medios de comunicación son los primeros en ejercer violencia, porque en vez de crear comunicadoras están creando objetos sexuales y una marca. A las mujeres le bajan la autoestima desde el primer momento en esta sociedad, le ponen prejuicios, estereotipos y no las dejan ser tal cual como son. Por esta razón existe un conflicto en ellas mismas y con la sociedad.

Por su parte, en relación con el tratamiento de la información en los medios de comunicación, se genera violencia por la forma como es presentado el contenido. No es lo mismo sintonizar un canal donde la periodista exprese “lamentablemente en Cochabamba se ha suscitado un nuevo caso de feminicidio, el número 22”. A que la periodista enuncie “tenemos las imágenes de las siete puñaladas que le propiciaron a una mujer”.

En este punto se debe tener en cuenta que toda la población merece ser informada, pero de forma adecuada, ya que la labor del comunicador es informar con veracidad y objetividad. Sin embargo, los medios de comunicación se han convertido en un negocio donde buscan despertar el morbo para atraer más audiencia.

El feminicidio se ha presentado como una noticia ideal para despertar el morbo, lo que provoca más audiencia, más publicidad y por lo tanto más dinero. En este sentido, los medios juegan con la sensibilidad de la población, lo que indudablemente representa violencia de género.

Finalmente, es preciso referirse a la necesidad de denunciar la violencia contra la mujer. En Bolivia no existe la práctica de la denuncia, porque las mujeres sienten miedo. Un hombre no golpea una mujer de la noche a la mañana, sino que le da señales desde un ‘apretón’, peleas por celos, los primeros empujones, y en la mayoría de los casos las mujeres no toman las medidas necesarias para evitar estas situaciones. Por esto, es imperativo denunciar para evitar desenlaces fatales.

Paola Andrea Mejía Viaña, de nacionalidad boliviana, es presentadora de noticias para el Canal Bolivia TV, licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad Privada del Valle de Cochabamba. Por su alto rendimiento académico fue becada durante toda su carrera por esta casa de estudios en donde realizó actividades de protocolo en eventos internacionales, como lo fue en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Tierra 2010 y la Asamblea General de la OEA 2012. Además, se desempeñó como locutora del programa Perfil Cultural en Salta – Argentina.

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PANEL 4 Violencias hacia las Mujeres

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Rosana Alvarado10

Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador

El 25 de noviembre se conmemora del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Según estadísticas de ONU Mujeres, el 70 % de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en el transcurso su vida, bien sea, psicológica, patrimonial, física, económica, entre otras. De igual forma, las mujeres constituyen el 70 % de los 1.300 millones de pobres en el mundo, esta problemática social afecta principalmente a las mujeres. Además, las dos terceras partes de los 76 millones analfabetos a nivel mundial son mujeres.

Asimismo, 130 millones de mujeres en el mundo han sufrido mutilaciones de genitales, sin condiciones básicas de higiene; el 25 % de las mujeres han sufrido violencia sexual y el índice de feminicidios es escandaloso.

De esta manera, no es posible afirmar que la violencia hacia los hombres tiene la misma proporción en relación a la que sufren las mujeres, porque a pesar de que existan casos aislados de violencia de género hacia los hombres, esto no es generalizado. Los hombres no sienten miedo cuando andan por las calles, cuando escuchan expresiones desagradables, estos no son golpeados en sus hogares; más sin embargo, las mujeres encuentran la inseguridad en las calles y en sus casas.

Esas son las razones que sustentan la designación de un día para la No violencia hacia la mujer, la cual debe seguir ocupando la agenda legislativa y académica de los países. Este flagelo universal golpea a todas las mujeres sin importar su condición económica y social, o si provienen del campo o de la ciudad.

Al analizar la situación de las mujeres en el mercado laboral, ellas sufren la mayor tasa de desempleo y subempleo, presentan menor cobertura de seguridad social y no le son reconocidas las tareas de cuidado en el hogar. En el caso del Ecuador hace menos de un año se ha logrado la afiliación de las mujeres ama de casa a la seguridad social, constituyéndose uno de los grandes logros del gobierno del

Presidente Correa, este hecho tiene que constituirse en una referencia para América Latina.

Por otra parte, las mujeres también sufren desigualdad laboral en las instituciones privadas donde por el mismo trabajo que los hombres reciben una remuneración menor del 30 %.

Las mujeres no tienen una participación importante en las grandes empresas, según los datos del Banco Mundial las empresas lideradas o de posesión de una mujer tiene menos valor de propiedad y maquinaria en comparación con las lideradas por hombres.

Del mismo modo, no tienen igual acceso a los medios de producción, lo que les hace imposible impulsar y desarrollar sus emprendimientos, que son la herramienta esencial para alcanzar su autonomía e independencia económica.

En un caso concreto las mujeres no cuentan con la misma capacidad para acceder a créditos, a pesar de ser las mejores administradoras de los fondos y son caracterizadas por tener una buena reputación de pago en las entidades bancarias. Las consecuencias de la discriminación en los créditos se reflejan en que los emprendimientos de las mujeres son débiles y presentan menor capacidad de liquidez y endeudamiento.

De esta manera, el mercado no puede ser el mecanismo eficiente para lograr la equidad en el acceso de los medios de producción, ya que los mercados tienden a beneficiar a quienes tienen más poder.

A pesar de estas condiciones adversas, las mujeres han generado grandes emprendimientos y buenos ejemplos de que el trabajo liderado por ellas genera movilidad social.

Desde el Estado, es urgente seguir avanzando en estos temas, porque aún existe discriminación y opresión a pesar de los diferentes logros alcanzados en países como Bolivia y Ecuador.

Rosana Alvarado Carrión, de nacionalidad ecuatoriana, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, es Doctora en Jurisprudencia y Comunicadora. En 2007 fue electa como Asambleísta Constituyente y formó parte de la Comisión de Legislación y Fiscalización, Vicepresidenta de la Comisión Especializada de lo Civil y Penal, y Vocal de la Comisión Especial de Fiscalización y Control Político. En 2009, fue electa Asambleísta por la Provincia del Azuay y desempeñó el cargo de Presidenta de la Comisión Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales.

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Guadalupe Pérez11 Activista del Colectivo Rebeldía

Actualmente, los medios de comunicación y las redes sociales muestran a la mujer como una mercancía y un objeto sexual.

Estos son ‘los mejores’ multiplicadores de los intereses de un sistema de poder capitalista y colonialista en donde muchos afirmarían que reproducen la sociedad en la que vivimos; sin embargo, los medios se encargan de recrear una realidad proporcionándola de manera ‘homeopática’, es decir; de forma gradual para que la audiencia no lo perciba y sea posible naturalizar lo presentado en éstos.

padecen, afectando su vida, salud y economía. Estos cánones de belleza han sido implantados por el patriarcado para seguir usando a las mujeres como mercancía, por citar un caso concreto; el de las cirugías plásticas y el sin número de productos de belleza.

En este sentido, los medios de comunicación son patriarcales, en donde recrean la realidad y la reproducen proporcionando valores de esos sistemas de poder hacia fuera y hacia dentro, en otras palabras, se han convertido en una maquinaria simbólica de sentidos comunes que buscan asegurar ese poder patriarcal en nuestro contexto.

Asimismo, los medios a través de esa idealización están induciendo al consumo y de la misma forma envían un mensaje a las mujeres que para poder alcanzar reconocimiento o la posibilidad de ser candidatas a un cargo de poder en una empresa o en el sector público, es necesario cumplir con un cierto prototipo.

Los medios muestran a la mujer de forma mayoritaria en la esfera doméstica, como un producto, como algo que tiene que tener una capacidad de seducción, mientras que los hombres los muestran en los escenarios de poder y de decisión. Por tal razón, para reconstruir ese universo de división sexual de hombres versus mujeres utilizan como estrategia potencial, la publicidad.

Pese a esta situación, las mujeres deben tener una capacidad crítica y reflexiva para identificar de qué manera los medios están domesticando a la población.

Hoy en día la publicidad vende un estereotipo y con este, una serie de productos por los cuales muchas mujeres

Por lo anterior, los medios y las empresas de publicidad son propiedad de los hombres y por medio de estos aseguran su sistema de dominación patriarcal capitalista.

Para concluir, los desafíos que presentan las mujeres son inmensos y el panorama no es muy optimista, sin embargo, se ha aumentado la capacidad de crítica y la no aceptación de aquellos hechos que desacreditan a las mujeres, por lo que estas pequeñas acciones van consolidando un nuevo sentido común.

Guadalupe Pérez, feminista coordinadora del Colectivo Rebeldia, activista por los derechos de las mujeres y por la justicia social y económica. Pedagoga especialista en Educación para la Sexualidad. Integrante de diversos colectivos, organizaciones de mujeres, redes y plataformas sociales contra hegemónicas.

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Rocío Molina12

Concejal Municipal de Cochabamba (Bolivia)

Actualmente, las mujeres que desempeñan cargos de representación están expuestas a la violencia y al acoso político. El acoso político hacia las mujeres es definido como todo acto de presión, persuasión, hostigamiento o amenazas, individuales y grupales cometidos directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias. Con el objeto de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo. O para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Por su parte, la violencia política son todas aquellas acciones y conductas de agresiones físicas, psicológicas, sexuales en contra de mujeres candidatas, electas o aquellas que se encuentren ejerciendo la función pública. El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres del 28 de mayo de 2012, la cual aborda estos términos.

El acoso y violencia política pueden adoptar varias formas, entre ellas, el impedimento de asistencia a funciones o para ejercicio de voto, proporcionar datos falsos de la electa al Tribunal Supremo Electoral, su impedimento de reincorporación después de licencia, la restricción de uso de la palabra, la restricción de derechos a mujeres indígenas, las sanciones injustificadas, la discriminación por sexo, color, edad o cualquier causa, por estar en embarazo, parto o maternidad; por desprestigio, por actos de fuerza o intimidación que le obliguen a acciones en contra de su voluntad, por contar con estereotipos para asignación de funciones y por la provisión de información falsa o errónea.

A pesar de la existencia de esta ley, en la realidad la cultura machista y patriarcal sigue copando las estructuras del poder nacional, departamental y municipal y aunque se resalte que Bolivia se encuentre los cinco países con paridad de género en política, dicha paridad tropieza en el Ejecutivo regional, puesto que a nivel nacional solo el 28 % son Ministras, a nivel departamental no hay ninguna Gobernadora y a nivel municipal solo el 8 % son Alcaldesas. Por lo anterior, la Ley 243 es marginal en su aplicación, es una ley ‘de las mujeres’ y no es una ley de interés eminentemente nacional.

En este sentido, Bolivia es el primer país que tiene una innovadora ley de lucha contra el acoso político, pero aún no la aplica del todo. Los niveles de acoso político y violencia son altos, y la ausencia de apoyo es grande, principalmente en los municipios alejados de las capitales. La mayoría de las mujeres políticas hace un análisis de costo beneficio y descubre que tal vez es mejor permanecer en otras funciones, por eso se necesitan sistemas que las protejan.

Al analizar los casos registrados de acoso político de mujeres en Bolivia en los últimos cinco años, las cifras registran 272 donde sólo 13 se resolvieron. Para citar casos concretos, en marzo de 2012 la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, fue asesinada el 21 de junio de 2016 y la concejala de Viacha, Herminia Mamani falleció de complicaciones pulmonares luego de ser atropellada.

Las dos habían denunciado acoso político.

Finalmente, una ley no es suficiente mientras la cultura machista que comienza con el insulto y termina con la violencia, siga siendo impune en casi todas las instancias organizativas.

Rocío Alejandra Molina Travesi, de nacionalidad boliviana, es Concejal Municipal de Cochabamba por el periodo 2015-2020, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y magister en Comunicación Estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar. De igual manera, cuenta con especialización en periodismo de televisión del Interwork Institute, Miami y fue becada en el programa regional de periodismo en EEUU, en los años 1994, 1997 y 2010. Además, fue Directora de la carrera de Comunicación y periodismo en la UNIVALLE 2011-2013 y se ha desempeñado como jefe de prensa y directora de noticias de varios medios de comunicación en Bolivia.

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Tania Sánchez13

Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”

América Latina en su conjunto ha logrado un importante avance hacia la meta de reducir la pobreza, esta problemática social está directamente vinculada a la falta de acceso a servicios básicos, oportunidades laborales, salud, educación, entre otros. A pesar de este progreso, en la región el 1 % de la población controla la mitad de las riquezas, por lo que existe una desigualdad en términos de acceso y disfrute de los recursos en donde las mujeres son las más perjudicadas.

Esta situación es originada por el sistema económico imperante que conforma las relaciones sociales y refuerzan las relaciones de poder. Es por ello que varias organizaciones feministas están luchando para cambiar estas relaciones de poder, que oprimen y generan más brechas.

Al analizar los avances que han tenido los países de la región en el tema de la mujer, es posible afirmar que Bolivia ha progresado significativamente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sin embargo, falta por trabajar en estrategias que fomenten la independencia económica de estas.

Por medio de la reforma de la Constitución boliviana se plantearon nuevas formas de desarrollo económico que propician la sostenibilidad de la vida a través de la protección de la mujer, ya que son las mujeres las encargadas de la sostenibilidad por su función reproductiva, el cuidado del hogar y el fortalecimiento del capital humano.

En el 2015 por primera vez en Bolivia se decretó una ley que establece que las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales deben asignar recursos humanos y económicos para la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

De este modo, los gobiernos municipales y departamentales son los encargados de promover la igualdad de género, el empoderamiento económico, la generación de empleo, el acceso a la educación, la participación política, la eliminación de la violencia y la promoción de campañas de salud hacia las mujeres por medio de la inversión pública.

Al revisar el presupuesto de los 339 municipios y los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia fue posible identificar que del total de los recursos públicos a nivel municipal sólo fueron invertidos 1.91 % en programas que buscan erradicar la violencia hacia las mujeres y en el caso de las gobernaciones se invirtieron el 1.25 % de recursos.

El municipio de Cochabamba ha invertido 11 millones de bolivianos en este tema, no obstante, el peso porcentual de esta inversión solo alcanza un 11 %. El 50 % de los municipios del país no invierten ni el 1 % de sus recursos públicos para promover la igualdad de género y sólo 3 municipios asignan el 10 %.

Para el año 2015 hubo un aumento en la destinación de recursos para la realización de este tipo de proyectos, sin embargo, para 2016 se ha presentado una disminución, justificada por la reducción del recaudo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Lo anterior plantea un debate desde la sociedad civil y la academia sobre los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, llamado pacto fiscal. Este pacto se refiere a como los recursos que recauda el Estado responden a las necesidades de toda la población.

Por lo tanto, el reto más grande que tiene los gobiernos es lograr la optimización de esos recursos para que los proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres sigan realizándose.

Tania Sánchez Montaño, de nacionalidad boliviana, es la Directora Ejecutiva del Centro de Promoción de la mujer “Gregoria Apaza”.

Activista, feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Reconocida por su experiencia en el análisis de políticas públicas y su aporte en la construcción de presupuestos públicos sensibles a género.

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PANEL 5 Institucionalidad, Leyes y PolĂ­ticas PĂşblicas para fortalecer el Empoderamiento de las Mujeres 33

Erika Duarte Pérez14

Representante del Pueblo Afroboliviano en Cochabamba (Bolivia)

En la historia boliviana, las mujeres afrodescendientes se han caracterizado por trabajar en el campo en medio de condiciones de pobreza y exclusión. Esta circunstancia motivó a muchas madres enviar a sus hijos a las ciudades con el pensamiento de que tendrían un futuro mejor, pero lamentablemente ocurrió lo contrario, históricamente los afrobolivianos han sido tratados como criados, hecho que persiste aun en el siglo XXI. Esta comunidad había asumido que el ser afro era malo, por lo que era muy común que las madres les dijeran a sus hijos que se casaran con un blanco, para mejorar la raza. Muchas otras mujeres salieron del campo a buscar una mejor vida; sin embargo, no contaban con la formación necesaria para acceder a buenos empleos. Por lo anterior, trabajaban como amas del hogar, y en el mejor de los casos llegaban a ser mensajeras o secretarias con mala remuneración.

“Mi madre había trabajado como ama de hogar. Y ella nos decía que debíamos casarnos con un blanco para que nuestros hijos no sufran lo que ellos han sufrido”.

Ante todas estas situaciones, en 1988 en la ciudad de la Paz por iniciativa de varias mujeres se formó la primera organización de afrodescendientes, denominada Movimiento Cultural Saya Afroboliviana (Mucsabol). Las fundadoras de esta organización utilizaron su cultura para ser visibilizadas y mostrar que estaban presentes y hacían parte de Bolivia.

Desde ese entonces han trabajado con mucha dificultad porque no han contado con el apoyo de ningún partido político. Sin embargo, gracias al esfuerzo de aquellas mujeres luchadoras fue posible su reconocimiento y después de un tiempo hicieron parte de la Asamblea Constituyente, donde sus ideas e intereses fueron tomados en cuenta en la Constitución Política del Estado.

Luego, estas mujeres con muchas otras de diferentes departamentos formaron el Consejo Nacional del Pueblo

Afroboliviano (CONAFRO), ente que los representa a nivel nacional. Lo más interesante de la formación de MUCSABOL y CONAFRO es que la iniciativa ha sido de mujeres afro, que al igual que las mujeres indígenas y de otras culturas muestran la fortaleza de su género.

El trabajo de CONAFRO ha visibilizado las necesidades de los afrobolivianos, en especial, la importancia de hacer parte de los espacios de representación. Además, ha venido luchando para que no sólo las mujeres de la Paz lleguen a estos espacios, sino también de los diferentes departamentos del país.

Las acciones de CONAFRO también se han encaminado en afrontar el racismo y la violencia. Por ejemplo, en el caso del departamento de Santa Cruz donde una afroboliviana fue asesinada por su esposo mientras dormía, la comunidad afro realizó una protesta para rechazar estos actos de violencia. Esta problemática afecta a todas las mujeres sin importar su raza, por lo que todo el país debe unirse contra el feminicidio.

En Bolivia se proclamó la ley que declara como ‘Decenio del Pueblo Afroboliviano’, al periodo comprendido entre el año 2015 y el 2024. Esta iniciativa la recibieron las comunidades con gran satisfacción porque es una legislación que promueve la reivindicación de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como su participación plena y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. A su vez, les ayudará a erradicar el racismo para que las niñas y niños afrodescendientes tengan un futuro sin discriminación.

Todos estos avances han sido significativos. Hace 20 años, los afrobolivianos eran un grupo invisible que no tenía ninguna representación, hoy en día están presentes y participan activamente de varios encuentros, foros y espacios de toma de decisiones.

Janeth Ericka Duarte Pérez, de nacionalidad boliviana, es Ejecutiva Departamental del Consejo Nacional Afrobolivianos (CONAFRO) en Cochabamba, Secretaria Nacional de cultura de CONAFRO, Presidenta de la Organización de Afrodescendientes MAUCHI e Integrante de la Red Contra la violencia de Cochabamba. Además, se desempeñó como secretaria de Género y Generacional de CONAFRO por dos periodos y es comunicadora.

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Loreto Carvajal15

Diputada por la República de Chile

Los países de la región comparten un diagnóstico común relacionado a la violencia que sufre la mujer en diversos ámbitos, por ejemplo; “la discriminación en los colegios cuando dicen que las mujeres no son buenas para las matemáticas, sino que deben de ser capaces de cocinar”, la violencia de género también se reproduce en los medios de comunicación; los índices de discriminación en materia económica y política siguen siendo altos.

Ante esto nos preguntamos: ¿Qué se debe hacer hoy en día para erradicar esta problemática?, ¿Cuáles son las propuestas que van a discutir y consolidar las mujeres de Latinoamérica, no sólo desde el Ejecutivo, Congreso, Parlamento, Consejos Municipales sino desde la ciudadanía en general? Estas cuestiones son relevantes porque ayudan a entender que es lo que debe hacer la política pública y qué retos depara el futuro.

Para dar respuesta a estas preguntas, el papel que deben desempeñar las mujeres desde los espacios de representación, como los parlamentos, es vital. La discriminación política es evidente y se vive a diario en Chile.

Además, la región presenta una gran desigualdad. Hoy en día, Chile cuenta con los ingresos per cápita más altos en Latinoamérica y pertenece al grupo de los países que conforman la OCDE. Sin embargo, existe una gran concentración de la riqueza, donde el 10 % de la población posee el 90 % de los recursos, situación que no solo ocurre en Chile, sino que se replica en países como Brasil, Bolivia, entre muchos otros.

En este punto, la gran tarea de muchos países y regiones es combatir la desigualdad y la pobreza, ya que esta ataca con fuerza la población rural y afecta drásticamente a la mujer.

En el caso chileno, la Presidenta Bachelet impulsó un programa de gobierno que dio como resultado grandes trasformaciones para el país. Una de ellas fue la reforma tributaria, enfocada en el principio ‘quien tiene más, debe

pagar más’. Esta reforma se hizo acosta de muchos miedos, mitos y desinformación, ya que muchos afirmaron que el día en que se haga ley la reforma tributaria no va a haber más trabajo. Esto no fue más que una mentira, la reforma se aprobó y permitió el ingreso de más de 8000 millones de dólares al presupuesto de la nación, los cuales se destinaron a brindar educación gratuitita a los chilenos.

Anteriormente la educación en Chile era muy cara y sólo se educaban aquellos que podían pagar un colegio y una universidad privada. Sin embargo, esta situación se acabó con la reforma. Asimismo, se realizó una reforma estructural en relación a los derechos laborales y sociales.

Es muy importante discutir acerca del contexto económico, porque una de las principales medidas que deben tomarse en Latinoamérica es el análisis y la transformación de los modelos tributarios. Lo anterior con el fin de reducir el número de personas que viven en condiciones de pobreza.

La economía mundial esta mirada desde la retentiva del hombre.

Los hombres son los que producen y toman las decisiones, en cambio las mujeres están subyugadas a la economía doméstica y del cuidado, no solo deben ejercer su labor en el trabajo sino también hacerse cargo de los niños y del esposo.

En materia salarial en Chile, el promedio del salario de un hombre es de 816 dólares mensuales, en el caso de las mujeres por el mismo trabajo es de 550 dólares. En el caso de las mujeres con estudios de postgrado, específicamente con maestría, reciben un ingreso aproximado de 1520 dólares mensuales, por su parte los hombres reciben 2750 dólares. La equidad en el nivel salarial es importante para que la mujer se realice en el ámbito profesional.

Respecto a lo anterior es necesario implementar políticas que aumenten el ingreso femenino y permitir que los salarios más bajos sean complementados a través de subsidios. Por otro lado, es importante evaluar la posible

Loreto Carvajal Ambiado, de nacionalidad chilena, actual Diputada por el Distrito N°42, integrante de las Comisiones permanentes de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales; Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Fue Concejala de la Municipalidad de Cabrero entre 2000-2004 y 2004-2008; es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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eliminación del artículo 203 del código laboral chileno, que dispone que el empleador debe garantizar una sala cuna o una sala anexa para que esas mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Se ha propuesto erradicar esta ley porque supone una desventaja para el empleador, y esto restringe la posibilidad de contratar mujeres.

Asimismo, en este gobierno se ha creado un programa de capacitación que permite a todas aquellas mujeres que terminaron la secundaria formarse en un oficio, se les paga el transporte y un subsidio y, además, se les certifica para que puedan entrar al campo laborar con mejores herramientas.

Por esta razón, se está proponiendo tener un sistema proporcional en donde los partidos políticos deberán proponer listas con mínimo un 40 % de participación de mujeres. Aquellos partidos que no cumplan con este requisito no podrán inscribir sus listas. El objetivo es que, por primera vez en el país, en las elecciones de 2017, se cuente con una ley de cuotas que ayude a aumentar el número de mujeres en el parlamento chileno. Sin lugar a dudas, estas medidas ayudarán a mejorar la democracia y permitirán gobernar con una mayor equidad de género.

Un tema básico que ha impulsado el gobierno chileno es la misión de implementar salas cunas en cada una de las comunas del país. Esto significa tener a los menores de dos años en un lugar con infraestructura adecuada y con profesionales para que las mujeres que tengan jornadas de trabajo muy largas puedan cumplir con su labor.

Por otro lado, en Chile se ha discutido el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Se ha propuesto que en los casos en que se ponga en riesgo la vida de la madre, exista inviabilidad fetal de carácter letal o el embarazo sea producto de una violación se permita interrumpir el embarazo sin penalizarlo. No obstante, es uno de los temas más controversiales en el Senado, debido a la gran injerencia de la iglesia católica y de senadores conservadores que oponen a estos temas.

En el ámbito legislativo, de los 120 diputados solo 19 son mujeres. En Chile no existe la ley de cuotas por lo tanto son minoría, solo un 15 % de la cantidad de diputados.

Para finalizar, es necesario que toda la región continúe trabajando para erradicar todos los tipos de violencia hacia la mujer, en especial los feminicidios.

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Coronel Alfredo Castedo16

Director Departamental – Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (F.E.L.C.V) Cochabamba (Bolivia)

El 25 de noviembre es un día de gran importancia para que los hombres sean conscientes de la necesidad de valorar, cuidar y respetar a sus compañeras, madres e hijas, para así poder vivir en un ambiente de paz.

El departamento de Cochabamba presenta el índice más alto de feminicidio a nivel nacional. Por esta razón, desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (F.E.L.C.V) se está realizando un importante trabajo, en especial en la etapa de denuncias ya que son una herramienta fundamental para evitar hechos lamentables, como los feminicidios.

La norma establece que la F.E.L.C.V debe encargarse de realizar campañas de prevención, auxilio e investigación de casos donde haya sucedido posibles hechos de violencia. En este sentido, para disminuir los casos de feminicidio son muy importantes las estrategias de prevención, como la promoción de los mecanismos y procedimientos para realizar una denuncia.

En el Departamento de Cochabamba las denuncias más recurrentes son por violencia física, sexual, psicológica y económica, así como por abandono. En lo que va transcurrido del año, en el departamento se han registrado más de 4900 denuncias.

El área metropolitana de Cochabamba es donde se han presentado el mayor número de casos de feminicidio.

De los 22 casos, en cuatro ocasiones (18 %) el victimario estaba bajo los efectos del alcohol. A partir de las investigaciones se ha podido identificar que una razón frecuente para estos delitos es que el hombre no asume que la relación con su pareja terminó y que esta se encuentre con otro compañero. En este sentido, es una problemática que le concierne a todos los sectores sociales y para afrontarla es indispensable inculcar buenos valores desde el hogar, así como continuar y fortalecer las acciones de prevención.

La denuncia es un importante deber del ciudadano, por lo tanto, cuando exista algún tipo de indicio o información de un caso de violencia, lo mejor es la prevención.

De los últimos cuatro casos de feminicidio que se han presentado, tres de ellos ya cuentan con sentencia ejecutada.

En estos delitos, los culpables no tienen posibilidad de ningún tipo de beneficios por la evidencia de los hechos y se garantiza así la eficiencia por parte de la justicia.

Para finalizar, si bien en Bolivia existe la Ley 348 que protege la integridad de la mujer y plantea importantes estrategias para lograrlo; es necesario realizar una mayor difusión de su contenido y de las herramientas que le brinda a la población para evitar los casos de violencia contra la mujer.

Alfredo Bernardo Castedo Borda, de nacionalidad boliviana, es Teniente Coronel DEAP y actual Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (F.E.L.C.V) en Cochabamba durante el periodo 2016-2017. Del mismo modo, se ha desempeñado como Director de la F.E.L.C.V en el Valle Alto (2015-2016) y en Sacaba (2013-2014) y como Sub-Comandante de la Estación Policial Integral No. 6 (2012-2013). Además, ha asistido a importantes eventos como la XXII Reunión de Subgrupos de trabajo del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos en Washington - EE. UU. en el 2011.

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Edith Mendoza Fernández17

Presidenta del Parlamento Andino Parlamentaria Supraestatal por el Estado Plurinacional de Bolivia

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha elegida por la Asamblea General de la ONU en conmemoración del brutal asesinato de las hermanas Mirabal bajo la dictadura de Trujillo en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.

Todos los días nuestras sociedades enfrentan la muerte violenta de cientos de mujeres por razones de género. A nivel internacional, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS); una de cada tres mujeres (35 %) ha sido víctima de violencia, principalmente propiciada por su compañero sentimental. Además, éstas representan prácticamente la mitad de las víctimas de trata de seres humanos detectada a nivel mundial, según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) en el 2014.

Según datos de UNICEF más de 700 millones de mujeres en el mundo se casaron cuando aún eran niñas (menores de 18 años), en Bolivia el 22 % de las mujeres se han casado antes de los 18 años.

De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas “menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y tienen poca confiabilidad en las instituciones y mecanismos oficiales”.

En América Latina, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el 2016: “Cada día mueren en promedio al menos 12

latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer”.

Adicionalmente, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de las Naciones Unidas señaló que; en 2014, un total de 2089 mujeres en 25 países de la región, fueron víctimas de feminicidio.

En el caso de la región andina para el 2015: en Bolivia se produjeron 104 feminicidios, en Chile 30 feminicidios y 105 intentos fueron frustrados. En el caso de Colombia “Cada dos días y medio una mujer es asesinada por su pareja o expareja’, en Ecuador se registraron 45 casos y en Perú se informó que en promedio hay 10 feminicidios por mes.

Actualmente, Bolivia cuenta con leyes y decretos que buscan erradicar la violencia hacia la mujer, sin embargo, no son suficientes. Por tal razón, es necesario que las mujeres estén unidas para luchar por sus derechos. Asimismo, es necesario reconocer que los actores de esta problemática son hombres y mujeres que deben trabajar juntos para frenar esta situación.

Esta problemática no solo se resuelve con la captura del agresor, por tal razón es necesario impulsar e implementar mecanismos de prevención. En este punto, la Ley 348 de Bolivia dicta que el 10 % del presupuesto que tienen los gobiernos autónomos deberán utilizarse en temas de prevención.

Gracias a los avances normativos que se han presentado en Bolivia, las mujeres están participando y liderando diversos escenarios. Actualmente, Bolivia es una referencia internacional en relación a la equidad de género, son el

Edith Mendoza Fernández, de nacionalidad boliviana, Presidenta del Parlamento Andino 2016-2017, parlamentaria de la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología de la información y la Comunicación y la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género del Parlamento Andino; Covicepresidenta de la Comisión Segunda Económica Financiera ante EuroLat; Copresidenta del Grupo Interparlamentario Boliviano ante la Unión Interparlamentaria (UIP); es Abogada de la Universidad Mayor de San Simón UMSS y Máster en Educación Superior de la misma universidad.

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segundo país a nivel mundial en contar con una participación de mujeres del 51 % en la Asamblea Nacional.

A pesar de estos importantes avances, la problemática de la violencia contra la mujer sigue latente. A diario este grupo poblacional sufre violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica en ambientes tanto domésticos, como laborales, educativos, políticos e institucionales. Por lo cual, la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia contra esta población es esencial y debe ser prioritaria.

El gran reto del mundo y de la región andina es empoderar a la mujer, así como capacitar a las jóvenes sobre la importancia de participar de forma activa en los distintos escenarios de deliberación a nivel nacional, regional y local.

El Parlamento Andino, constituido por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, cumpliendo su compromiso frente a esta problemática, constituyó en septiembre de 2015 la Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género para hacerle frente a los temas de violencia hacia la mujer. Por otro lado, aprobó en Plenaria durante las sesiones de septiembre de 2016 el Marco Normativo para la Erradicación de todos los tipos de Violencia hacia la Mujer.

Un instrumento regional para la prevención, atención, protección y reparación a aquellas que han sufrido alguna situación de violencia.

Para la construcción de este Marco Normativo se tuvo como metodología la armonización legislativa, la cual parte del estudio comparado y de evaluación de políticas públicas de los países andinos. Posteriormente, los parlamentarios y parlamentarias andinos debatieron el instrumento con expertos y autoridades en la temática. Finalmente, se contó con el apoyo de ONU Mujeres y se abrió espacio a la participación ciudadana, dándole legitimidad tanto técnica como política al documento.

Por otra parte, el Parlamento Andino se encuentra trabajando en la estructuración de un curso virtual ‘Género, Emprendimiento y Transformación desde la Integración’ dirigido a los parlamentarios andinos juveniles y universitarios. Este tiene como objetivo general el desarrollo de capacidades de liderazgo en las mujeres de la región andina, promoviendo su participación ciudadana en los diferentes ámbitos de su interés, desde una perspectiva de género.

Además, complementa el curso virtual con un curso presencial ‘mujer, género y emprendimiento’ dirigido a comunidades indígenas, afrodescendientes, sindicales y campesinas de los cinco países de la región andina. Por otra parte, se encuentra desarrollando un Observatorio Regional Andino contra el feminicidio y toda forma de violencia hacia la mujer, plataforma a través del cual se realizará periódicamente la recolección sistemática de información relacionada con los delitos y violencia hacia la mujer en la región andina.

El 3 de septiembre se realizó la posesión de 25 parlamentarios universitarios en la ciudad de Cochabamba, estos jóvenes estudian en universidades estales y se encuentran trabajando en las cinco comisiones. Posteriormente se abrirá la comisión especial de la mujer.

El Parlamento Andino ratifica el compromiso y la gestión parlamentaria a favor de la integración de nuestros pueblos, la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana con el propósito de aportar a la solución de los problemas que aquejan a la Comunidad Andina.

Día a día las mujeres del mundo realizan grandes esfuerzos por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de los países. La mujer es sinónimo de grandeza, pureza, amor, dignidad, esfuerzo, sacrificio y valentía.

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Nelson Cox18

Representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba (Bolivia)

La lucha de los derechos de las mujeres no debe ser solamente de este grupo, sino que debe incluir también a todos los hombres. Es necesaria una fuerte articulación entre las labores que realizan la policía, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y los juzgados, siendo estos la última instancia a la que se debe recurrir para la protección de la mujer.

La Ley 348 es una normativa de política pública, donde el Estado boliviano ha buscado garantizar a las mujeres una vida sin ningún tipo de violencia. Lastimosamente no se está cumpliendo a cabalidad.

Las estadísticas no son suficientes para cambiar la conducta humana. Por lo tanto, es relevante encontrar las falencias no solo desde el punto de vista judicial sino desde el ámbito educativo. Es decir, con encarcelar a un agresor no se va a erradicar la violencia, por lo que es indispensable la implementación de medidas de prevención desde las entidades educativas.

Por otro lado, los padres cumplen un papel fundamental en la formación de sus hijos. Son los encargados de inculcar valores, prácticas de buenas conductas y buenos ejemplos para que no repliquen actitudes de violencia por medio

de hechos o palabras que denigran la dignidad humana.

En este sentido, es necesario generar medidas educativas de prevención desde las escuelas, la comunidad, el barrio o cualquier escenario para poder convivir en un ambiente libre de violencia.

Así mismo, es indispensable llevar a cabo un exhaustivo trabajo con los hombres, no solamente para sancionarlos sino también para concientizar a los agresores y evitar las potenciales agresiones. La lucha es para todos los seres humanos, niños, niñas, adolecentes, hombres y mujeres, con el fin de propiciar un escenario libre de violencia.

Existen normas y leyes de carácter nacional e internacional que son muy importantes para avanzar en el tema, sin embargo, es necesario fomentar su aplicabilidad.

Igualmente, si existen falencias en su implementación, se deben generar espacios de discusión, que analicen la ley y busquen soluciones a dichas problemáticas.

Finalmente, este tipo de espacios son muy importantes para discutir un tema tan relevante como es el de la mujer; así como, para identificar los roles que cumple cada una de las entidades que intervienen en este problema y poder exigirles que cumplan su labor.

Nelson Marcelo Cox Mayorga, de nacionalidad boliviana, es el actual Representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba. Abogado de la Universidad Mayor de San Simón UMSS y Magister en Derechos Humanos de la misma institución. Ha ocupado importantes cargos en el Ministerio de Justicia, en el 2011 fue designado Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales. Además, hizo parte de la Procuraduría General del Estado, donde se desempeñó como Director General de Procesos en Derechos Humanos y Medio Ambiente; Director General de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa; y Director General de Defensa.

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SESIÓN DE CLAUSURA 41

A manera de clausura del foro, la Presidenta del Parlamento Andino, Edith Mendoza Fernández, realizó la lectura del documento que fue el resultado de los dos días de trabajo y que se presenta a continuación: FORO PARLAMENTARIO SOCIAL ‘MUJERES POR LA VIDA’ LLAMADO A LA ACCION DE LÍDERES A FAVOR DE LA DEMOCRACIA PARITARIA Nosotras y nosotros, mujeres y hombres representantes de los parlamentos de la región andina, de los mecanismos para el avance de las mujeres, del ámbito legislativo, de los partidos políticos, de las organizaciones de mujeres, agrupaciones ciudadanas, de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos y de la academia; reunidos en el Foro Parlamentario Social, los días 24 y 25 de noviembre de 2016, realizado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia concluye que: Preocupadas y preocupados porque a pesar de los avances en la representación política de las mujeres, persisten factores estructurales, de ámbito político, económico, social, cultural, que perpetúan estereotipos, prejuicios y la discriminación de género, que impiden el pleno empoderamiento de las mujeres en todas sus dimensiones, lo que resulta determinante para su empoderamiento político (y viceversa).

Constatamos que si bien cada día más mujeres latinoamericanas ocupan espacios de poder y participan en la toma de decisiones políticas de sus países, los avances no son homogéneos, existen grandes disparidades entre países, grupos (en particular, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales y las mujeres con algún tipo de discapacidad), y entre los niveles de gobernanza, con una presencia de mujeres desigual y aún deficitaria en el nivel subnacional y local; por lo que se hace necesaria la construcción de una Democracia Paritaria que supone un avance para el conjunto de las sociedades hacia el desarrollo sostenible de los países.

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Reiterando los compromisos normativos asumidos por todos los Estados miembros de América Latina, que han suscrito la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW de 1979; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer – Convención de Belén do Pará de 1994, el Consenso de Quito – 2007 que emana de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe ; la ‘Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria’ por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño realizado el 28 de Noviembre de 2015; la Norma Marco coincide oportunamente con la reciente aprobación de una nueva Agenda Global para el Desarrollo, ‘Transformando nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ y la Estrategia de Montevideo adoptada en la XIII Conferencia Regional de la Mujer que reconoce ‘la democracia paritaria como criterio –cuantitativo y cualitativo- que constituye un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres’.

Declaramos como un objetivo prioritario la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los 17 objetivos para transformar la sociedad, para lo cual la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria resulta una herramienta normativa poderosa.

Asumiendo que la construcción de la igualdad sustantiva, y la paridad, implican un compromiso interpartidario e intersectorial, que exige una voluntad política firme y recursos financieros adecuados a dicho objetivo integral y de largo plazo; asumimos la Estrategia de Montevideo adoptada en la XIII Conferencia Regional de la Mujer que incluye su compromiso con la Democracia Paritaria, como uno de los cinco enfoques o perspectivas que guían las políticas públicas y los objetivos vinculados a la autonomía y los derechos de las mujeres y que van a orientar las medidas.

Y, en particular, reconociendo que ‘la democracia paritaria como criterio - cuantitativo y cualitativo- constituye un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres’.

Declaramos que el Foro Parlamentario Social ‘Mujeres Por la Vida’ constituye una oportunidad para promover la plena participación de las mujeres en la política, la economía, la cultura, la ciencia, la justicia y en todas las áreas de la sociedad guiada por los valores y principios de la igualdad sustantiva contribuyendo al proceso democrático paritario en consonancia con los objetivos sostenibles de la Agenda Post 2015.

III. Promover los valores y principios de la igualdad sustantiva contribuyendo al proceso democrático paritario en nuestras respectivas instituciones y organizaciones, en consonancia con los objetivos sostenibles de la Agenda Post 2015;

I. Desde la posición que ocupamos, cada uno desde sus respectivas funciones y organizaciones, nos comprometemos a generar un cambio cultural y estructural para consolidar una democracia paritaria en nuestros países a través de las siguientes acciones:

V. Identificar y liderar al menos una propuesta de reforma por parte de las instituciones del Estado, que conduzca a medidas de prevención, protección y/o difusión conducente al logro de la igualdad sustantiva y de la paridad, sea legal, institucional o mediante la adopción de políticas públicas;

II. Conformar el Foro de Mujeres Líderes de Bolivia para integrar el Foro Líderes de América Latina y el Caribe a favor de la Democracia Paritaria coordinando con el apoyo de ONU Mujeres;

IV. Promover actividades para la diseminación y sensibilización sobre el objetivo y contenido de la Norma Marco para la consolidación de la Democracia Paritaria;

Formar parte del Foro Líderes de América Latina y el Caribe a favor de la Democracia Paritaria, coordinado con apoyo de ONU Mujeres.

Cochabamba – Estado Plurinacional de Bolivia, 25 de noviembre de 2016.

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