LIBROS

Compliance

Luis David Coaña Be (coord.), INACIPE/Tirant lo Blanch, México, 2019

El libro Compliance es resultado de la importante alianza entre la editorial Tirant lo Blanch y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ambas instituciones siempre preocupadas por mantener la vanguardia en la difusión de la cultura y la novedad jurídica. De esta manera, muestran su preocupación por ahondar uno de los temas novedosos resultantes de la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La presente obra inicia con el planteamiento de las problemá ticas presentes en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la forma en que la doctrina jurídico-penal ha resuelto dichos conflictos, al tiempo que plantea la necesidad de que las personas jurídicas en México contemplen programas que resulten eficientes para la implementación del “debido control de la organización”, requisito sine qua non para la efectiva sanción penal de las mismas. Subsecuentemente, el coordinador del libro analiza el conteni do mínimo que debe tener un programa de cumplimiento normativo, o compliance program, por su nombre en inglés, al tiempo que examina el entramado normativo nacional para dar luz sobre su calidad al regular esas herramientas preventivas. El estudio es precedido por un examen sobre los beneficios preventivos y económicos de la implementación de estos compliance programs. De la misma manera, el autor analiza la figura citada mediante la figura de la imputación objetiva, que debe ser un factor fundamental en la difusión de una cultura de integridad en el seno de la sociedad. La obra aborda los elementos doctrinarios relacionados tanto con el compliance program como con los elementos del delito, haciendo un importante énfasis en la imputación objetiva, y ofrece un interesante esquema sobre la vinculación de las salidas alternas del proceso con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Sin duda, este breve compilado se vuelve una lectura obligatoria para aquellos que pretendan internarse en los temas que se abordan, por lo cual agradecemos los esfuerzos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la editorial Tirant lo Blanch para acercar este tipo de contenidos a la comunidad jurídica.

Medio ambiente y Derecho

Guillermo Haro Bélchez, Miguel Ángel Porrúa, México, 2019

México, ubicado entre los países de mayor biodiversidad del mundo, tiene una enor me responsabilidad para conservar su riqueza natural y consolidar su futuro: especialmente en cuanto al incremento de la temperatura de la atmósfera, el cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica, donde más se agudizan las tendencias negativas.

Medio ambiente y Derecho es un texto que contiene información básica sobre temas ambientales y su vinculación con el Derecho, útil para estudiantes y ciudadanos en general que pretendan obtener datos relevantes del clima y su evolución, del planeta y la sociedad, así como de los orígenes del Derecho ambiental, destacando el caso de México, donde se impul sa la reforma al procedimiento de inspección y vigilancia para codificarlo, actualizarlo y armonizarlo, reafirmando el derecho humano al debido proceso y a la presunción de inocencia. Además, se describen las nuevas tecnologías verdes para el siglo XXI y se ofrecen datos recientes sobre el estado actual de la salud de la Tierra.

Superar la pobreza, lograr la equidad, aplicar la ley y avanzar en la justicia social son propósitos inaplazables, pero nunca a costa del deterioro ambiental, que juega con la vida y las ideas de bienestar de miles de personas.

De Iter Criminis a la Revista Mexicana de Ciencias Penales

INACIPE, México, 2017-2019

En la década de 1990 el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) comenzó a publicar la revista Iter Criminis, haciendo alusión a la expresión latina que remite a las fases de desarrollo del delito. Tras más de 20 años y siete épocas, fue reemplaza da por la Revista Mexicana de Ciencias Penales, estrenada en 2017 con un número dedicado al nuevo sistema penal acusatorio.

El afán de renovación del INACIPE se había notado ya ese mismo año, cuando cambió el logotipo que lo había identificado desde 1976 por uno que hiciera olvidar el esqueleto de ballena antediluviana y representara mejor la época actual. Los círculos concéntricos del nuevo símbolo de la institución representan, a un tiempo, a los tres poderes de la Unión y a las etapas del procedimiento penal en vigor, mientras que sus colores (rojo y negro) remiten a la pasión y a la racionalidad que deben caracterizar tanto al penalista como a todo profesional que estudie las causas, las consecuencias y las formas de prevención de la criminalidad.

El delito es un fenómeno complejo que ocupa al Derecho penal desde la perspectiva jurídica; sin embargo, hay otras disciplinas que coadyuvan a la comprensión y el control de esas conductas nocivas para el orden social. Para explicar la gé nesis y el desarrollo de la actividad delincuencial son tan necesarios los abogados como los sociólogos, los biólogos, los psicólo gos, los economistas, los filósofos, los historiadores e, in cluso, los periodistas. Hablar de ciencias penales implica remitir a la multitud de formas en que se analiza el comportamiento humano. En este sentido, la denomina ción Iter Criminis resultaba vistosa, pero insuficiente. El título actual de la revista es preciso: se refiere a todas las ciencias penales y su sonori dad es más amigable con las generaciones actuales, que quizá no estén habituadas a publicaciones bautizadas con locuciones latinas. “Huelen a polilla”, dicen los jóvenes.

El diseño de la portada y los interiores varió con fines cromáticos para atraer a más lectores. En todo caso, si en algo hubo continuidad entre ambas publicaciones fue en la nombradía de sus autores: Sergio García Ramírez, José Ramón Cossío, Luis de la Barreda y Luis Rodríguez Manzanera, entre otros, son algunos de los colaboradores en la nueva revista. De este modo, el INACIPE ratifica que la calidad sigue caracterizan do a sus numerosas publi

caciones. Con todo, al mismo tiempo pretende que autores no tan conocidos colaboren con artículos, ponencias, rese ñas, etcétera. La criminología y la criminalística, por ejemplo, son carreras que actualmente concitan el interés de muchos jóvenes, quienes, sin duda, podrían aportar mucho a su desarrollo.

Aun cuando haya algunos pendientes que resolver, como su inclusión en plataformas digitales o en el Índice de Revistas Mexicanas de Inves tigación Científica y Tecnológica del CONACyT, la Revista Mexicana de Ciencias Penales es un vehículo de divulgación de temas que inquietan no sólo a gobernantes y académicos, sino a toda persona lo bastante civilizada como para desear un entorno que evidencie el funcionamiento correcto de la procuración y la impartición de justicia.

Los primeros nueve números (2017-2019) han

sido monográficos. Se han dedicado a temas como los delitos electorales, la desapa rición forzada de personas, la corrupción, la seguridad y el terrorismo, el consumo lúdico de la marihuana y la pérdida de la libertad. En la vida diaria, cualquiera de estos asuntos se trata en público y en privado, lo cual mortifica a todos los sectores sociales y evidencia que el proceder antijurídico es inherente a los tiempos que corren. Esa situación obliga a mantener medios de comunicación comprometidos con mejorar el statu quo. En este sentido, la difusión de las ciencias penales deviene indispensable para salvaguardar los derechos humanos. En suma, la Revista Mexicana de Ciencias Penales es uno de los foros más acreditados de América Latina para el análisis, la crítica y las prospectivas de las muchas disciplinas penales.

Sergio Alonso Rodríguez

Diccionario de protección de datos personales

Isabel Davara F. de Marcos (coord.), INAI, México, 2019

El derecho a la protección de datos personales fue reconocido constitucionalmente en nuestro país en junio de 2009. Desde entonces ha habido muchos otros hitos normati vos de diferente relevancia y en la actualidad contamos con un detallado y específico marco regulatorio, tanto a nivel público como privado. Esta obra pretende abarcar las dos esferas regulatorias, así como exponer las tendencias internacionales más relevantes que, en cada concepto, puedan ayudar a entender e interpre tar mejor su alcance y su contenido. Este diccionario, publicado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), incluye más de 200 voces, con más de 30 autores, entre los cuales se cuentan los más brillantes y reputados especialistas de nuestro país en la materia, quienes abordan conceptos fundamentales relativos a la protección de datos personales.

Se trata de una obra inédita, no sólo en México sino internacional mente, que ha tenido como uno de sus principios rectores recoger todas las fuentes legales y normativas que exponen cada término, cuando así existen, de manera que el lector pueda encontrar un compendio de

las referencias ahí establecidas y así tenga una visión lo más comprehensiva posible de cada una de las voces.

El uso de la fuerza. Práctica forense

Blanca Ivonne Olvera Lezama, Editorial Flores, México, 2020

¿Quién o quiénes se encuentran

facultados para usar la fuerza? ¿Cuándo es legítimo el uso de la fuerza? ¿Cómo ha evolucionado la normatividad sobre el uso de la fuerza en instituciones federales de seguridad pública? ¿Qué normatividad existe sobre el uso de la fuerza en estados y municipios? ¿Qué reformas constitucionales dan origen a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuer

za? ¿Cuáles son los principios y los derechos humanos que fundamentan el uso de la fuerza? ¿Cuáles son las responsabilidades y las facultades del primer respondiente en el uso de la fuerza? ¿Qué recomendaciones existen sobre el uso de la fuerza de institucio nes de derechos humanos nacionales e internaciones?

Este manual ofrece un análisis introductorio al respecto y brinda algunas herramientas de consulta para el estudio y la comprensión del tema. Anexa la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y el Informe de Policía Homologado, instrumentos de conocimiento obligado e indispensable para todo aquel que

pretenda capacitarse y certificarse con miras a formar parte de las instituciones de seguridad pública y ciudadana. El uso de la fuerza es el punto de contacto de las fuerzas del orden con los probables responsables de delitos y la ciudadanía, asegura la autora. El uso correcto y legítimo de la fuerza brinda certidumbre a la preserva ción de los derechos humanos. Al ser éste un libro de práctica forense, contempla mecanismos, formatos y normas que utiliza todo elemento de seguridad en el trabajo cotidiano. Los integrantes de la guardia nacional y los policías federales, estatales, municipales, ministeriales y de inves tigación pueden hallarlo útil para la realización de sus tareas.

La primera parte de este libro desarrolla el tema de la prueba desde su pers pectiva teórica, iniciando con las elaboraciones de los pioneros en la materia: el inglés Jeremy Bentham, el alemán Karl Joseph Anton Mittermaier y el francés Édouard Bonnier, autores que, desde el siglo XIX, sen taron las bases de las instituciones del Derecho probatorio que siguen vigentes hasta la actualidad, con las características propias de cada país y su evolución a través del tiempo.

En esta parte también se analizan algunas de las disquisiciones teóri cas contemporáneas que plantea el tema, así como las relativas al problema de la verdad desde su concepción epistemológica. Andrés Cruz Mejía se cuestiona: ¿qué es la verdad? Y si ésta existe, ¿es alcanzable por el ser humano?, ¿existe sólo cuando hay correspondencia entre lo que se dice que ocurrió y los fenómenos que ocurrieron empíricamente? ¿La verdad se construye mediante planteamientos lógicos expuestos con una coherencia irrefutable? ¿O simplemente sobre el

Derecho probatorio. Teoría y dogmática

Andrés Cruz Mejía, Bosch, México, 2020

supuesto de afirmaciones no cuestionadas o acepta das expresa o tácitamente por las partes en conflic to? El autor analiza los problemas que resultan de la regulación legal de la prueba y que no siempre permiten, cuando no lo impiden, un auténtico proceso de investigación que nos faculte para lograr la mayor certidumbre de los hechos cuestionados, en relación con los cuales se emitirá una sentencia; el problema de los hechos que se plantean en los procesos jurisdiccionales; la exposición que de ellos formulan los litigantes; su naturaleza y la posibilidad o la retrac ción de su acreditación; el problema de la regulación de la prueba ilícita, donde un dato de prueba que permitiera un mejor cercioramiento de los hechos cuestionados es desestimado por el juez, atento a que en la obtención de esos datos se violaron derechos fundamentales, así como la problemática que se presenta en relación con hechos refractarios a la prueba por su ocurrencia en la intimidad o por su naturaleza psicológica, como los que se plantean en los casos de la violencia familiar.

En la segunda parte del libro el autor realiza un estudio dogmático de todos y cada uno de los medios de prueba en particular y su regulación en los ordena mientos jurídicos procesales, analizando con precisión sus características, así como la normatividad que regula su aportación al proceso mediante su ofrecimiento; su admisión por el órgano jurisdiccional; su prepara ción y su desahogo, así como los efectos que se producen al formar la convicción del juzgador con base en la cual emitirá su fallo.

Se analiza la prueba confesional, con el reconocimiento de un hecho que perjudica al confidente y beneficia a su contraparte; la prueba testimonial, con los graves inconvenientes que plantean tanto la percepción de los hechos por el testigo como su reproducción en el momento de rendir su testimonio; el pro blema de la memoria y el problema de los narradores de historias (storytellers); los problemas que plantea la prueba pericial colegiada con la carga de pagar los honorarios de los expertos por las partes litigantes, que provoca, desde luego, que el perito incline la balanza a favor de quien hace el pago de sus servicios y no a favor de la verdad científica o técnica que se les solicita; la inspección judicial, casos en los que procede y requisitos para su adecuada valoración; la documental con todos sus avances e im plicaciones tecnológicas; las presunciones y los indicios, haciendo cita puntual de las jurisprudencias emitidas por los tribunales federales mexicanos, así como de múltiples ejemplos de casos prácticos que ayudan a la mejor comprensión de estos instrumentos, los cuales tienen la función de resol ver los conflictos que se presentan entre particulares con motivo de la dinámica de la interacción social, procurando que esa solución se emita con el conocimiento lo más cercano posible a la verdad de los hechos con trovertidos, para alcanzar la justicia anhelada por los seres humanos en todo el tiempo y en todo lugar.

El autor analiza los problemas de la regulación que no siempre permiten un auténti co proceso de investigación.

PARTICIPA - APRENDE - REFLEXIONA - COLABORA

El objetivo general es facilitar un espacio de colaboración, discusión y reflexión para aquellas personas interesadas en transformar la enseñanza del derecho, con el fin de mejorar la calidad del ejercicio profesional de las y los abogados y fortalecer el Estado de Derecho.

CONFERENCIAS - MESAS DE REFLEXIÓN - TALLERES PONENCIAS - MESAS DE TRABAJO - EXPOSICIÓN DE CARTELES

ÁREAS TEMÁTICAS

Enfoque especial: Perspectiva de género en la educación jurídica y el ejercicio profesional del derecho

1. Perspectiva de género en la educación y las profesiones jurídicas

2. Educación jurídica, democracia y justicia

3. Regulación de las escuelas de derecho y calidad en la educación jurídica

4. Nuevas formas de enseñar el derecho

5. Habilidades profesionales 6. El perfil de docentes de derecho

7. Evaluación de la educación jurídica y del ejercicio profesional

8. Tecnología en la educación jurídica y el ejercicio profesional

9. Enseñanza del sistema de justicia penal

10. Educación jurídica y bienestar

Cierre del registro 16 de marzo

Derechos indígenas y acceso a la justicia penal LIBROS

Héctor Carreón Perea, INACIPE, México, 2019

Anivel constitucional se resalta el respeto a la libre autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Derivado de ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla disposiciones relevantes en torno a la aplicación de un procedimiento especial tratándose de delitos cometidos por o en contra de una persona perteneciente a un grupo indígena. También refiere que se extinguirá ese procedimiento si se procede a una solución basada en costumbres propias de dicho pueblo indígena, siempre y cuando no se trate de situaciones específicas que establezca la propia ley procesal.

Es importante resaltar que el Estado mexicano ha suscrito de manera voluntaria norma tividad internacional sobre pueblos indígenas, como el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 169, que destaca que los pueblos indígenas deben gozar de los derechos humanos sin obstácu los ni discriminación.

Por su parte, las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad establecen como recomendación necesaria el respeto a la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas integrantes de las comunidades indígenas conforme a la legislación de cada país. La declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, en su artículo 40, menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias, considerando en todo momento el respeto a las costumbres, las normas y las tradiciones de los pueblos indígenas.

Cada una de estas dispo siciones, así como otras más, establecidas por la comunidad internacional, han sido suscritas por el Estado mexicano que, por lo tanto, se encuentra obligado en garantizarlas en beneficio de la seguridad jurídica de los pueblos y las comunidades indígenas.

Lo anterior constituye un fundamento que caracteriza la obra coordinada por Héctor Carreón Perea, en la cual diversos autores, mediante sus investigaciones, resaltan los puntos más importantes a considerar tratándose de los derechos humanos de los pueblos indígenas al acceder a la justicia, primordialmente en materia penal.

Circunstancias que en frentan como la dificultad o la negación para contar con un intérprete o un traductor han propiciado la creación de iniciativas como el Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos de las Américas, para ubicar cuáles son las problemáticas que comúnmente afectan a los pueblos indígenas de América. Asimismo, la ausencia de apoyo mediante el servicio de intérpretes ha propiciado la creación del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas por parte del Instituto Nacional de Len guas Indígenas.

La obra destaca la impor tancia de que los derechos humanos de las personas, los pueblos y las comunida des indígenas también están intrínsecamente relacionados con la autonomía y la libre determinación sobre los recursos naturales en sus territorios, por lo que no se debe permitir ninguna intervención deliberada sin antes haberse garantizado el derecho a la consulta previa. Cabe señalar que los auto res de esta obra ponen énfasis en las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas, ya que, aun con la armonización del sistema de justicia penal con el sistema consuetudinario, la constante discriminación hacia mujeres y niñas indígenas sigue siendo un tema pendiente que los principales actores de la sociedad deben atender para solucionarlo. Sin embargo, es importante brindar el debido reconocimiento a los esfuerzos que ya se han realizado con resultados muy positivos, como la creación de las Casas de la Mujer Indígena, una acción que nació a raíz de las redes ciudadanas e interinstitucionales entre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (en la actualidad Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).

Otro tema que se destaca de manera lúcida en este libro es la defensa pública electoral para pueblos y comunidades indígenas, una aportación necesaria que tiene el objetivo de garantizar el respeto a los de rechos políticos electorales de las personas indígenas. Desde su instauración en 2016 ha te nido logros importantes como la resolución JNI-05/2016 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que por primera vez garantiza la participación de las mujeres en una elección extraordinaria.

De forma sobresaliente se subraya el valor jurídico que tienen los peritos culturales, cuyo objetivo es sensibilizar al juzgador sobre las pluralidades culturales que existen en Mé xico, así como sobre los puntos de enlace que existen entre el sistema jurídico positivo y los sistemas jurídicos consuetudinarios y tradicionales indígenas, para tender puentes entre ambas conceptualizaciones de la justicia.

El aporte jurídico y social de esta obra es un legado para el estudio de los dere chos humanos, debido a la contundencia de las ideas que exponen los autores en cada uno de sus artículos para visibilizar los retos que aún hay que enfrentar para garantizar que los derechos indígenas sean plenamente respetados en todos los ámbitos y, especialmente, en materia penal.