Construir espacios seguros y comunidades educativas integradoras

“GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE ABUSOS SEXUALES A MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS” DE ESCUELAS CATÓLICAS

Pedro J. Huerta Nuño. Secretario General de EC

Ser escuela católica no se agota en la posibilidad de contar con una oferta educativa de calidad y excelencia, no se conforma con una esmerada atención al aprendizaje del alumnado, o la acogida de las familias, tampoco es una suma de proyectos pedagógicamente innovadores o de potentes valores institucionales. Esto es así porque en la escuela católica todo lo que forma parte de ella educa. No es solo una máxima definitoria, es una propuesta de sentido, y de la vivencia que sus valores implican para que, desde la misión y la vocación de escuelas del cuidado, puedan construirse espacios seguros y comunidades educativas integradoras.

Nuestros centros educativos, y antes que ellos nuestras instituciones, nacieron como respuesta pastoral a las constantes evangelizadora y antropológica que definen la misión de la Iglesia. Entendemos la educación como expresión de la buena noticia de Jesús de Nazaret, no es un medio más, sino una herramienta privilegiada para la transformación social, una posibilidad de encuentro, de diálogo y de cuidado al servicio de toda la aldea de la educación, como le gusta definirla al papa Francisco.

Este triple paradigma, del encuentro, el cuidado y el diálogo, que conforma el núcleo de la propuesta del Pacto Educativo Global, nos sitúa ante las emergencias educativas que visualizan la escuela más como comunidad que como institución, para todos sus espacios y procesos, ya sean relacionales, de aprendizaje, pastorales, formativos o de gestión. La prioridad del encuentro, el cuidado y el diálogo pone el foco en la atención y la protección de quienes conforman cada comunidad educativa, que deja de interpretarse como concepto meramente espacial para comprenderse como elemento temporal, haciendo de ello su seña de identidad.

“No nos dejemos robar la esperanza, no permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que «fragmentan» el tiempo, transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El espacio cristaliza los procesos; el tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro e impulsa a caminar con esperanza” (Francisco, Carta Encíclica Lumen Fidei, 57).

Que el tiempo sea superior al espacio nos obliga a cambiar las coordenadas de nuestro actuar, no condicionadas ya tan solo por la protección o preservación de los lugares específicos en que desarrollamos la misión, sino sobre todo por la adecuada medida de los tiempos, los procesos que incorporamos y nuestra capacidad, personal e institucional, para mantenerlos en el tiempo y hacerlos costumbre.

Escuelas: espacios de cuidado

Emplazadas a caminar con esperanza y a no fragmentar el tiempo, como respuesta a la invitación del papa Francisco, en los últimos años las escuelas se han revalorizado como espacios de cuidado. No ha sido únicamente la situación de pandemia global lo que ha ayudado a lograr grandes avances, también la reflexión interna que han incorporado las entidades titulares de centros educativos católicos en torno a la propia misión y a los valores evangélicos de justicia y de misericordia. Pero tampoco podemos olvidar los cambios sociales y eclesiales que han propiciado, junto al cuidado, la incorporación de una cultura de la protección hacia los más vulnerables de nuestras comunidades educativas, y que en los documentos de los dos últimos papas se ha expresado a través del principio de actuación denominado “tolerancia cero”, la creación y promoción de comisiones de investigación y la apertura dialéctica para acoger un discurso que habla de la realidad de los abusos sexuales a menores, sin ambigüedades ni dobles caminos morales.

Cuando la escuela del cuidado es también una escuela de ideario católico, no debe dejar lugar a dudas sobre su triple compromiso para actuar ante la lamentable realidad de los abusos sexuales a menores. Esto es, debe crear espacios para una prevención estructurada y programada; debe incorporar protocolos de intervención clarificadores y efectivos; debe promover la adecuada sanación y reparación del tejido relacional, así como del dolor que el abuso provoca a quienes lo han padecido directa o indirectamente.

Pero, no basta con tenerlo claro, se hace necesario que en el posicionamiento institucional y en las actuaciones programáticas exista una reafirmación de estos compromisos. Sigue siendo triste y vergonzoso constatar que muchos han traicionado la confianza que la sociedad y las familias depositan en el centro educativo para la educación y el acompañamiento de sus hijos e hijas, y por extensión en la entidad que lo promueve y sostiene; es contrario al testimonio que se espera de quienes en la comunidad educativa deben dar sentido y valor a los principios morales desde los que se define el carácter propio; es doloroso comprobar que de quienes se esperaba cuidado y protección se haya recibido tanto daño; es deplorable que no se haya generado por parte de algunos responsables institucionales una inequívoca adhesión al triple compromiso de prevención, intervención y reparación, así como un reconocimiento de responsabilidad y un indudable posicionamiento al lado de las víctimas.

El párrafo anterior es duro, puede hacerse difícil de leer, hay quien incluso lo considerará injusto hacia aquellos que actúan con determinación y se comprometen en crear espacios seguros. Pero, no nos engañemos, no consiste tan solo en reconocer que los abusos sexuales a menores son un problema real y están creando un dolor inequívoco a muchas personas, la mayor parte de ellas vulnerables, se requiere también un compromiso de las escuelas de ideario católico en cuanto instituciones significativas, que promueven los valores del Evangelio, que son integradoras y relacionales, tal y como se desprende de los idearios y proyectos educativos que las identifican.

Es más que un deber, es nuestra misión que las escuelas sean entornos seguros, que contribuyan a la mejora del mundo y a acabar con la lacra social de los abusos sexuales a menores

Prevención y reparación de los abusos a menores

Es aquí donde radica la necesidad y valor propio de la “Guía para la prevención y reparación de los abusos sexuales a menores en centros educativos” que proponemos. Este documento es resultado de varios años de reflexión compartida, con conocedores del tema, con personas de nuestras entidades titulares que tienen un amplio recorrido y experiencia, tanto en la escucha y acogida de las víctimas como de los victimarios. Este largo camino se ha visto interrumpido en varias ocasiones: la pandemia y los cambios legislativos sobre protección de menores han sido dos hitos importantes para ello, pero también lo ha sido la prudencia para que la reflexión incorporase más voces, para saber responder a la creciente sensibilidad en el ámbito escolar para la creación de espacios seguros y, sobre todo, al deseo de que la Guía fuera una aportación útil y práctica para los centros educativos, tanto para quienes acompañan directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje como para aquellos que ocupan funciones directivas y de animación.

La cultura del cuidado y de la protección viene siendo, en los últimos años, una constante en las propuestas de formación de Escuelas Católicas. Esta Guía viene a complementar las anteriores, contra el acoso escolar y sobre el duelo en el ámbito de la escuela, y se expande en los proyectos interdepartamentales de “Shamar - Escuelas del cuidado”, el Pacto Educativo Global, Tejiendo Compromiso Social en Red y Cumplimiento Normativo. Difícilmente se entenderá la Guía sin estas otras reflexiones, porque el compromiso de afrontar los abusos sexuales en los centros educativos necesita de un planteamiento holista desde la ética del cuidado.

Actuar y generar un cambio de paradigma en los centros

En cuanto guía, se ha puesto especial atención en aportar herramientas para saber actuar y para generar un cambio de paradigma en los centros educativos. Queremos que sea un documento práctico, que oriente y acompañe las actuaciones, ya que la intervención ante casos de abusos sexuales en menores debe incorporar procedimientos normativos y exige una toma de decisiones singular, respetuosa con los menores afectados y acorde con los protocolos de actuación. Ya hemos dicho más arriba que la sensibilidad social y eclesial está creciendo, afortunadamente, frente a la violencia de cualquier tipo sobre los menores, y seguirá creciendo, en cuanto seguimos incorporando a nuestra actuación la importancia que merecen la prevención y la reparaciónsanación.

Podríamos decir que la parte más visible, y evidentemente delicada, de la actuación frente a los abusos sexuales a menores es la intervención. Una vez se ha detectado el abuso y se han puesto en marcha los protocolos de protección del menor afectado y de denuncia, la institución educativa tiene un papel inexcusable en el proceso. Actuar es el único camino, para ello se deben conocer y seguir los procedimientos marcados por la legislación vigente, comunicar a las autoridades competentes el caso y garantizar un espacio seguro y protegido para todos los menores del centro, tanto para quienes han sido víctimas del abuso como para el resto, que ante una noticia de este tenor pueden convertirse en víctimas indirectas a causa de un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección.

No puede haber excusas ni ambigüedades en la intervención, esto debe quedar claro en todo momento. Una escuela que toma como bandera la cultura del cuidado, comprometida en la creación de espacios seguros para toda la comunidad educativa, ha de incorporar protocolos y estrategias para detectar cualquier tipo de violencia sobre los menores, ya se produzca en el centro educativo o fuera de él, con una atención muy especial a los casos de violencia intrafamiliar, pero también entre los mismos menores, ya que desgraciadamente en los últimos años han aumentado considerablemente las situaciones de violencia y agresiones sexuales entre iguales. Concluir que, por no producirse los abusos en el ámbito de la escuela, esta no debe dejar de sentirse comprometida en su denuncia o solución, va contra la esencia misma de nuestra misión educativa, que debe estar abierta al entorno y obligada a la mejora y transformación del mismo.

La intervención es un proceso sensible. Nuestra Guía detalla algunos de sus aspectos determinantes para garantizar el cumplimiento normativo, se une de este modo a otros tantos recursos que los centros educativos deben conocer e incorporar a sus procedimientos, algunos de los cuales se proponen en la bibliografía y los anexos. Son muchas las entidades católicas, sobre todo de ámbito educativo, que cuentan con una trayectoria ejemplar en protocolos de actuación. La clave, sin embargo, no está en asimilar sin más documentos elaborados magistralmente por otros, de ahí que en nuestra propuesta hayamos evitado generar “plantillas” de autorrelleno. El compromiso por una intervención adecuada y humanizadora pasa por regular procedimientos propios, adaptados a la realidad de cada entidad, de modo que puedan ser conocidos por toda la comunidad educativa y contribuyan a la deseada esfera de cuidado global, en los colegios y desde los colegios.

Si bien vamos detectando un aumento en la conciencia y la responsabilidad para la intervención que prevenga los silencios institucionales, en cuanto obstaculizan la obligada transparencia y el compromiso real por la cultura de la protección, es imprescindible atender al menos dos cuestiones que aún cuentan con cierta resistencia, no por falta de implicación institucional, sino más bien por un erróneo concepto de salvaguarda de la imagen institucional.

En primer lugar, concebir el centro educativo como una burbuja aislada y autoprotegida, que por sí mismo evita situaciones contrarias a sus principios morales. Esta idea, tan abstracta como equivocada, conlleva no tomar ninguna medida frente a los abusos mientras no se den casos en el propio centro, con una falsa sensación de seguridad porque “cuando pase ya intervendremos adecuada y contundentemente”. Contar con protocolos de intervención, así como con la formación adecuada y el conocimiento de los mismos por parte de la comunidad educativa, no son recomendaciones, sino obligaciones, tanto legales como institucionales. Una de las excusas más escuchadas para no preparar la intervención es que debemos evitar que la escuela se convierta en un espacio para la sospecha. Pensar de este modo no solo es inadecuado, sino una grave irresponsabilidad que atenta contra la cultura del cuidado y la protección.

Actuar es el único camino, para ello se deben conocer y seguir los procedimientos marcados por la legislación vigente, comunicar a las autoridades competentes el caso y garantizar un espacio seguro y protegido

En segundo lugar, confiar en que, pasado un tiempo desde que se ha hecho público un caso de abuso sexual en el centro educativo, las aguas se remansarán por sí mismas y no conviene que desde la institución se altere la paz convivencial de la comunidad educativa. Por lo general, el desacierto más común consiste en pretender “controlar” la comunicación, tanto al interior de la comunidad educativa como a los medios de comunicación, ya sea evitándola o haciendo declaraciones tan ambiguas como confusas. Comunicar es un ejercicio obligatorio que denota transparencia, compromiso y cercanía, pero es importante hacerlo con definición y precisión. La institución no puede ceder a otros la narración de aquello que sucede en ámbito del espacio escolar, esto no obstaculiza que pueda contar con ayuda externa para hacerlo bien. En Escuelas Católicas sabemos de la necesidad de una buena comunicación institucional, y de acompañar a muchas entidades para que sean protagonistas de la misma.

Además, aún en este segundo error de actuación, debe evitarse cerrar heridas en falso, esto es, considerar el abuso sexual como una situación vergonzante que es mejor olvidar, “pasar página y centrarnos en hacer lo nuestro, que es la labor educativa”. Lo decíamos al comienzo, educar no se agota en crear espacios para el aprendizaje de conceptos o materias, en gestionar el proceso educativo formal o promover un modelo pedagógico, educar es una tarea holista que se regenera continuamente a través de los cambios que se producen en su mismo desarrollo. Tras un caso de abuso sexual debe promoverse una adecuada reparación, que sane las relaciones en el marco de la comunidad educativa, que revise la conciliación con los valores, su conocimiento e interiorización, no solo los institucionales, sino también los de cada uno de sus componentes, una reparación que acompañe los procesos alterados, que promueva una justicia restaurativa desde los principios de misericordia y de esperanza, sin dar lugar a la indeterminación.

Nuestra Guía es una propuesta de valor, porque ayuda a entender e incorporar la importancia del trabajo previo y del compromiso posterior, la prevención y la reparación. Quedarse solo en una descripción del proceso de intervención podría contribuir a olvidar estos dos ejes en nuestro compromiso educativo frente a los abusos sexuales. Es más que un deber, es nuestra misión que las escuelas sean entornos seguros, que contribuyan a la mejora del mundo y a acabar con la lacra social de los abusos sexuales a menores. No rehuyamos pedir perdón, no seamos piedra de escándalo para nadie, porque, “Ay de quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí” (Mc 9,42).