A vueltas con el Salario Mínimo Interprofesional

Javier Poveda. Director del Departamento de Administración de Escuelas Católicas

A mediados del mes de febrero el Consejo de Ministros hacía pública la subida, hasta los 1.080 euros mensuales, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2023. Como hizo con la inflación, a través del artículo de portada de la Revista EC número 103 (octubre de 2022), Javier Poveda, director del Departamento de Administración de EC, nos ofrece en esta panorámica una detallada reflexión sobre las consecuencias de las sucesivas subidas del SMI de los últimos años.

Los datos

El Salario Mínimo Interprofesional o SMI es la cuantía retributiva mínima o el valor del salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada completa de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga. El SMI está fijado anualmente por el Gobierno y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

El salario mínimo interprofesional para 2023 en España ha quedado fijado en 1.080 euros al mes, teniendo en cuenta que en España se acostumbra a publicar el SMI dividido en 14 pagas. El Salario Mínimo es en realidad una cifra anual, que después puede dividirse en 12 o 14 pagas mensuales según el país en el que nos encontremos. Es decir, ahora en España 15.120 euros al año.

Por lo tanto, el SMI en 2023 ha subido 93,3 euros mensuales respecto al salario anterior del SMI en 2022 (aumenta un 8% y supone un incremento del 47% en los últimos cinco años). Este incremento anual es mayor que el del IPC de 2022 que es del 5,7%, por lo tanto los trabajadores han ganado poder adquisitivo en el último año.

Como en tantas otras cuestiones, las decisiones políticas se pueden discutir desde las ideologías o los valores, pero también las cuestiones económicas entran a un debate que quizá se polariza sin la oportuna reflexión. Hay quienes piensan que subir el SMI “por decreto” (que es como se hace) es un paso adecuado en el objetivo de reducir lo que se denomina “pobreza laboral”, que es la pobreza que viven personas que tienen empleo pero que no obtienen los recursos necesarios para un estándar de vida o consumo. Otros, en cambio, consideran que es una medida poco efectiva para reducir la pobreza y la desigualdad, y en cambio, pueda suponer una destrucción de empleo o debilitamiento del ritmo de creación de empleo que tanto necesitamos.

Dos modelos para explicar una realidad

Podríamos simplificar diciendo que existen dos teorías para entender el mercado de trabajo y que representan diferentes impactos sobre lo que puede suponer la subida del SMI.

Las teorías que podríamos llamar más “clásicas” plantean que el salario de los trabajadores debiera ser igual a la productividad marginal del trabajo. Es decir, un salario debiera subir en función de las subidas de la productividad: se retribuye más gracias a que la productividad crece, y por lo tanto permite ese incremento de la retribución.

Según ese modelo o interpretación, cabe el riesgo de que si sube el SMI por encima de la productividad se deje sin trabajo a aquellos trabajadores marginales cuya productividad no haya evolucionado en el mismo porcentaje. Es decir, este modelo plantearía la posibilidad de que subir el SMI puede destruir empleo, ya que el salario de equilibrio estaría justo al nivel de la productividad del trabajo.

Para entendernos de forma gráfica: si un trabajador, con la tecnología que usa, tiene un rendimiento o productividad que no varía, difícilmente se justificaría económicamente incrementos de su salario. Al grano, nunca mejor dicho: si un agricultor con una máquina de cosechar, consigue en una jornada cosechar 10 hectáreas y su salario sube, pero sigue cosechando lo mismo porque la tecnología es la misma (= la productividad es la misma), entonces el rendimiento de la explotación disminuirá por la subida de los costes de producción. Y no siempre es posible, ni incluso deseable, trasladar esos mayores costes a una subida de los precios de venta de los bienes y servicios. El problema es evidente.

Estas teorías claro está tienen que singularizarse en los sectores de ocupación, en las variables de cada ámbito industrial o manufacturero, en el uso intensivo o no de tecnología, etc. Pero para simplificar, creo que podemos avanzar.

Otros economistas utilizan otro marco teórico para entender el mercado de trabajo. En este segundo grupo la consideración es que el salario es fruto de la negociación entre empresas y trabajadores (con mayor poder de las primeras) y, en consecuencia, el salario de los trabajadores está por debajo de la productividad marginal. Según esta interpretación, una subida del SMI no tendría un impacto importante sobre el nivel de empleo y vendría a corregir el excesivo poder negociador de las empresas.

Para decirlo con otras palabras, vendría a referir que el salario realmente no está vinculado a la productividad y los resultados, sino a una negociación la cual conviene apoyar subiendo el SMI, puesto que ese marco de relación estaría inclinado hacia un poder mayor de negociación de las empresas. Quizá suena un poco a lucha de clases este modelo, o quizá lo sea. Sea lo que sea este modelo conceptual es claramente el que ha venido ganando adeptos.

Según la OCDE (2018), y en base al promedio de 27 países analizados, entre 1995 y 2013 la productividad del trabajo creció en términos reales un 30%, mientras que el salario medio lo hizo un 23%. Esta evidencia contradice las teorías que asumen que los salarios de equilibrio son iguales a la productividad marginal del trabajo y, por tanto, da argumentos para la implementación de políticas contra la desigualdad, como el salario mínimo (que fuerza a la revisión salarial).

Parece existir en España una tendencia similar a la de otros países desarrollados según la cual los salarios han crecido por debajo de la productividad en las últimas décadas, una tendencia que aporta argumentos a los críticos de la teoría clásica del mercado de trabajo y apoya medidas para reducir la desigualdad salarial, como el SMI. Pero, siempre hay un pero, parece que el diferencial entre salarios y productividad depende de la medida de salarios utilizada y varía según el sector de actividad. Y quizá este puede ser un gran problema: el SMI es café para todos, y ya sabemos en España el follón que montamos cuando diez personas pedimos café… y todos lo pedimos diferente. ¿Todos los sectores afectados por el SMI están en la misma situación?

Conviene no olvidar que una fuente, suponemos creíble en estas cuestiones económicas, como es el Banco de España, ha concluido en su estudio “Los efectos del SMI en el empleo: nueva evidencia para España”, del año 2021, que cada punto que sube el SMI se resta medio punto a la creación de empleo. Por lo tanto, algo nos hace pensar: la subida del SMI quizá de momento no destruye empleo, pero minora la capacidad de creación. Pero podrá pasar a destruir si sobrepasa la productividad. Eso es evidente: nadie contrata para perder dinero.

No solo el Banco de España ha apuntado en ese sentido. El Ministerio de Trabajo encargó a la catedrática de Economía Sara de la Rica un informe con el que se quería argumentar a favor de la subida planteada, pero sin embargo el informe ha sido polémico puesto que arrojó un resultado no deseado por el Ministerio: los efectos contraproducentes que tendría para la creación de empleo en los sectores sensibles a la subida (apunta a casi 30.000 puestos los destruidos por la subida del 22% en 2019).

¿Tiene algo que ver el SMI con la lucha contra la pobreza?

En general, creo, todos estaríamos de acuerdo en subir a todo el mundo el salario, o al menos hacerlo con los salarios más bajos. Sorprende, permítase el inciso, que quien defiende una subida de los salarios más bajos (el SMI) con una revisión del 8% para esos salarios, al mismo tiempo haya tomado una decisión tan poco justa como subir todas las pensiones otro 8%. Pero en este caso da igual, la subida de las pensiones es de un 8% sobre la pensión máxima o la que sea… Quizá el que se estén desempaquetando las urnas electorales tenga algo que ver.

Pero volviendo al SMI, es fácil realizar una vinculación ideológica de que dicha medida forma parte de un modelo de lucha contra la pobreza. Aspecto que de ser verdad sin duda todos, yo al menos, aplaudiría.

Lo cierto es que el SMI no reduce de forma significativa la desigualdad de rentas ni la pobreza. El aumento del SMI puede beneficiar a trabajadores con bajos salarios, pero no necesariamente a familias con bajo nivel de renta (indicador más eficaz para hablar de la pobreza). En España se estima que solo un 10% de la población por debajo del umbral de la pobreza son trabajadores que perciben el SMI.

La relación entre ser un trabajador con bajo salario y ser miembro de una familia pobre es débil por tres razones. Primero, la mayoría de las familias pobres con cabeza de familia entre 18 y 64 años no tienen ningún miembro con empleo, y por tanto el SMI no les afecta directamente. Esto demostraría que la mejor política para la lucha contra la pobreza es la creación de empleo, pero esa es otra cuestión. Segundo, en España muchos trabajadores son pobres porque tienen contratos precarios, con frecuentes interrupciones involuntarias del empleo, con contratos a tiempo parcial o esta figura nueva tan estelar de los “fijos discontinuos”, que a un tiempo trabajan y en otro… se desintegran: cobran el paro pero no son parados en los datos del INEM. Ver para creer. A estos trabajadores, el SMI tampoco les afecta directamente. Finalmente, en tercer lugar, muchos trabajadores con bajos salarios, especialmente los más jóvenes, no son miembros de familias pobres. Hay una variable que poco se comenta, o en el caso español ni poco. El SMI se plantea con el mismo importe sea cual sea la condición de la persona, la edad, etc. ¿Tendría que ser igual el SMI de un joven que quizá accede por primera vez a un trabajo, que el de una persona con 45 o más años? ¿Tendría que ser igual para un menor de 18 años, que para una persona que realiza una formación en prácticas o pasantía?

La subida del SMI debe verse acompañada con medidas intensivas de recualificación para aquellas personas con menores oportunidades de trabajar

Además, en la mayoría de los países desarrollados el SMI aumenta con la edad de los trabajadores. Pero no es así en España, donde el SMI para jóvenes y adultos es el mismo desde 1998. El hecho de que el SMI para adultos sea reducido en España podría explicar la falta de evidencia de efectos negativos en el empleo total (porque probablemente ya todos con edades altas están ganando salarios superiores al SMI), pero ello no impide que sí existan efectos negativos para el grupo de los jóvenes…

Algunas variables a no olvidar si queremos luchar contra la pobreza

La existencia de un salario mínimo interprofesional se corresponde con una política social que tiene derivadas económicas que conviene no tomarse a la ligera: uno de cada tres jóvenes y una de cada cuatro mujeres cobran el SMI, y la mitad de los trabajadores agrícolas perciben esa misma cifra. En total, algo más de dos millones de personas. Las evaluaciones independientes desarrolladas hasta el momento no permiten afirmar que la medida destruya empleo neto, como señalan sus críticos, pero es evidente que subidas aceleradas pueden afectar al acceso y al mantenimiento del empleo de las personas con menos formación.

Por esta razón, la subida del SMI debe verse acompañada con medidas intensivas de recualificación para aquellas personas con menores oportunidades de trabajar, aprovechando para ello los recursos existentes, como el Fondo Social Europeo, específicamente destinado a este fin, y donde España cuenta con 11.296 millones de euros a invertir hasta 2027.

La subida del SMI, saludada por los sindicatos, no ha recibido esta vez el aval de la patronal, que se ha ausentado de las negociaciones o quizá haya sido excluida de forma directa cuando al negociar le llaman “lentejas”. Resulta evidente que el clima creado en torno a las empresas y los empresarios no es positivo. El diálogo social en esta cuestión debiera ser un punto clave, al igual que es el objetivo del denominado “pacto de rentas”.

En cualquier caso, hay que destacar que las grandes empresas que han sido objeto de críticas políticas acusadas de insolidarias… ninguno de sus trabajadores cobra el SMI (salvo error en las estadísticas). Esta es también parte de la realidad: las empresas en España no son las “grandes empresas”, ya que el 99% del tejido empresarial de nuestro país lo componen pequeñas y medianas empresas. Únicamente el 1% son grandes corporaciones. Las pymes suponen el 65% del PIB de nuestro país y generan el 75% de los puestos de trabajo. Y a esas estructuras un incremento de costes laborales en cinco años de casi un 50%, más los incrementos realizados en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social y el nuevo “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” en dichas cotizaciones, claro que les afecta. Puede que quizá a no expulsar empleo, ojalá, pero seguro que a ralentizar o parar la creación de más. Y eso no nos lo podemos permitir: por lo que supone de truncar proyectos vitales, pero también para el equilibrio del sistema de pensiones, etc.

El aumento del SMI puede beneficiar a trabajadores con bajos salarios, pero no necesariamente a familias con bajo nivel de renta

Y para terminar, mencionar algunas variables que conviene no olvidar aunque no las podamos comentar en este momento:

• Es un dato relevante saber que el nivel de formación general de los trabajadores en España, y de los empleadores (empresarios) es más bajo que el nivel de la media de la UE. Es decir, tenemos más trabajadores y pequeños empresarios menos capacitados que nuestros competidores (según datos de Eurostat).

• En España el peso en el PIB de la inversión, pública y privada, en investigación y desarrollo se sitúa muy por debajo de los niveles que se observan en la UE.

• La pequeña empresa española no se está beneficiando de forma generalizada de los cambios en los procesos de comercialización que se han abierto con la digitalización, perdiendo oportunidades de crecimiento y mejora de la productividad.

• Tras el brutal impacto de la crisis de la COVID-19, el reto de España es aprovechar los fondos europeos de recuperación (Next Generation EU) para realizar inversiones encaminadas a aumentar el potencial de nuestra economía, lo que exige mejorar la productividad. De los distintos bloques de inversiones que plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha presentado el Gobierno de España, el que tiene que ver con la transformación digital adquiere protagonismo desde el punto de vista de la productividad, ya que la digitalización, sin duda, permite incrementar la productividad en la medida en la que impulsa la eficiencia de las empresas.

• Para maximizar el impacto de los fondos europeos de recuperación, es necesario implementar reformas estructurales encaminadas a la mejora de la productividad. Las relacionadas con la digitalización y otros activos intangibles adquieren protagonismo por su contribución al crecimiento de la productividad.

• Un efecto, quizá no deseado, es que contratos que pudieran ser a tiempo completo se realicen a jornada parcial para ajustar proporcionalmente el salario efectivo que se pueda asumir por la empresa, con los problemas que de ello se derivan.

• Incrementar con carácter general el coste de la contratación, vía salarios y cotizaciones a la Seguridad social, aumenta la barrera y la dificultad para volver al mercado laboral a los más de tres millones de parados que existen en la actualidad.

• Puede generarse un efecto absolutamente perverso de incrementar la economía sumergida, aquella que lamentablemente funciona al margen de la regulación con lo que eso implica de quebranto de los derechos de los trabajadores, ausencia de tributación y cotización, etc.

• Pareciera que el único actor que claramente gana en esta situación es el Estado, ya que por esta vía incrementa sus ingresos (al menos en términos de cotización a la Seguridad Social).