La realidad de la segregación escolar

De forma recurrente el término segregación escolar aparece unido a la educación concertada, ya sea en medios de comunicación, en las opiniones de la sociedad y algunos informes publicados. La realidad no es siempre como se cuenta, y por ello te recomendamos que leas el informe en el que Joaquín Alonso Vigil, asesor Jurídico de EC Asturias, ha recopilado diversos estudios que abordan la segregación en la escuela. Asimismo, te animamos a que descubras el análisis que Luis Centeno, secretario general adjunto de EC, realiza sobre el informe del catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Carabaña, acerca de esta misma cuestión.

Escuela concertada y segregación escolar

Joaquín Alonso Vigil. Asesor Jurídico de Escuelas Católicas de Asturias

¿Tema de actualidad o más de lo de siempre?

En los últimos tiempos están proliferando en los medios de comunicación las informaciones sobre la importancia de la segregación escolar en nuestro país, asunto, desde luego, merecedor de atención. Muchas de ellas, basándose en estudios o artículos académicos, ponen el acento en los efectos negativos que tendría la existencia de los centros concertados sobre aspectos como la justicia social o la igualdad de oportunidades. Se les imputan a las aulas concertadas unas cifras de segregación superiores a las de los centros públicos y se buscan explicaciones que apelan a menudo a viejos argumentos, como la supuesta selección del alumnado en el proceso de admisión de alumnos o la exigencia a los padres de cantidades de forma ilegal. Intentando comprender mejor el fundamento que pueda haber para tales afirmaciones, hemos hecho una pequeña recopilación de estudios que abordan el tema de la segregación en la escuela (puede consultarse al final). Destacan por su número los suscritos por varios profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Autónoma de Barcelona, a los que se suman otros sufragados o auspiciados por entidades como la Fundación 1º de Mayo, Save the Children o la Fundació Jaume Bofill. De estos resultados, que se obtienen con una sencilla búsqueda en Internet, llama la atención la frecuencia con que aparece un pequeño número de autores que, a su vez, son citados con reiteración por los restantes como fuente de información o referencia. Con ello es fácil deducir que hay un grupo especializado, casi sin competencia, en esta materia y que la escasez de estudios fiables sobre la realidad social de la enseñanza concertada ha propiciado que el vacío se haya venido llenando por unos pocos trabajos estadísticos, utilizados una y otra vez como base para extraer conclusiones.

Quien esté interesado en ello podrá descubrir sin gran esfuerzo que el núcleo principal del que surge buena parte de estos análisis es el grupo de investigación denominado Cambio Educativo para la Justicia Social, constituido en la Universidad Autónoma de Madrid en 2009, e impulsado por la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la misma Universidad. Una pista sobre los planteamientos de su actual titular pueden darla las siguientes líneas: “La segregación escolar es un acto consciente y deliberado de opresión -en el sentido de Iris Marion Young (2011)- por el cual los grupos que ostentan el poder separan, excluyen y marginan a colectivos minoritarios, impidiéndoles, de esta forma, recibir una enseñanza de calidad. Sin esta concepción de segregación como ejercicio de poder, no estamos captando la verdadera magnitud de la segregación escolar, ni seremos capaces de comprenderla, ni podremos rearmarnos para luchar contra ella” (“Segregación escolar como opresión”, MURILLO, MARTÍNEZ-GARRIDO, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2020).

A su vez, en el blog que el Seminario de Reflexión del grupo mantiene como “construcción colectiva” (http://educacionyjusticiasocial.blogspot.com), se encuentra, en una entrada dedicada a “Ideas para el/la docente comprometido/a con la justicia social” (23 de marzo de 2016), la siguiente recomendación: “Asume que la neutralidad es imposible. El clima inequitativo, opresivo, social y políticamente neoliberal... que nos rodea nos lo impide”. La fotografía de un grupo de mujeres sosteniendo una pancarta en la que se lee “Escuela pública: de tod@s para tod@s” ilustra el artículo. El mismo blog da unas pautas de cómo ha de ser el “académico/activista” y del concepto amplio de investigación que debe manejar (“Tareas del académico/activista crítico en educación”, 19 de marzo).

Para completar el panorama, entre los colaboradores de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social que publica el grupo encontramos al mismo excoordinador del Área Federal de Educación de IU que hace unas semanas invitaba desde las páginas de El País a “conseguir que lo que es un clamor social en la sanidad lo sea igualmente en la enseñanza”, o sea, que se generalice la demanda de supresión de los conciertos educativos (Enrique J. Díez Gutiérrez, “Suprimir los conciertos educativos: rescatar la educación pública”, El País, 18 de febrero de 2023).

De todo esto es fácil concluir que la motivación investigadora va unida en muchos de estos casos (y sin necesidad de llegar a los extremos militantes del estudio promovido por la “Fundación 1º de Mayo”, dependiente de CC.OO., con el ánimo de impugnar las políticas educativas de “la derecha”) a la voluntad de promover cambios sociales y/o políticos en línea con unos postulados ideológicos muy concretos que, desde luego, no parecen demasiado amistosos con la enseñanza concertada.

Reflexiones profanas

A uno, que es profano en Sociología, la consideración de las fuentes estadísticas y de la forma en que suelen ser utilizadas, le sugiere algunos comentarios:

- Sobre el uso de las pruebas PISA. Se observa que, ante la falta de otras fuentes más fiables, para medir la segregación escolar se recurre sistemáticamente a la explotación de datos estadísticos socioeconómicos de la base española de las pruebas PISA. Para ello se utilizan unos índices específicos elaborados a tal fin (principalmente el denominado “Índice Gorard”).

A la hora de valorar los resultados obtenidos, hay que destacar que la encuesta de PISA no distingue entre centros privados concertados y no concertados, pese a que la segregación socioeconómica sería máxima en estos últimos (si bien es cierto que su número es muy pequeño dentro del total). Por otro lado, se limita a datos de la ESO, lo que implica un análisis incompleto, ya que la escolarización inicial -donde parece más lógico que se inicie la segregación- no se produce en ese nivel y los centros concertados están integrados, en su inmensa mayoría, por todas las etapas desde la Educación Infantil.

Conviene recordar también que no existe consenso científico sobre qué índices y variables son más acertados para medir la segregación (hasta el punto que eso sea posible de una forma objetiva) y que han sido propuestas diversas alternativas que arrojan diferentes resultados (unos índices tienden a sobredimensionar la segregación y otras a minusvalorarla, según se reconoce en los mismos estudios), por lo que sería útil un análisis crítico de la elección realizada. A mayor abundamiento, sería interesante comprobar que la forma en que se relativiza la aportación de la escuela pública a la segregación total (que en términos absolutos es superior a la de la privada), no desvirtúa los resultados finales.

- Las encuestas anuales realizadas por CICAE-CEAPA sobre aportaciones económicas de las familias en centros concertados. Los datos recogidos por estas encuestas suelen ser tomados como referencia en relación con las barreras económicas para el acceso a la educación concertada. Sin embargo, su valor científico y estadístico es más que discutible, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en 2020 los datos fueron recogidos solamente en ocho comunidades autónomas, seleccionadas por quienes encargaban el trabajo, y escogiendo un mayor número de centros de Madrid y Cataluña, por ser donde se pagaban las cuotas más altas, según admitía la propia encuestadora. Es obvio que los resultados obtenidos de esa muestra no pueden ser extrapolados al conjunto de los centros concertados, ni ser tomados como referencia nacional válida. Por otra parte, en las encuestas de CICAE-CEAPA no hay reparos a la hora de mezclar confusamente, pese a ser conceptos distintos, donativos con precios de servicios y actividades complementarios o extraescolares (cuya percepción es por completo legal) o en traer a colación hasta las aportaciones de los socios cooperativistas de las “ikastolas”. Pues bien, estas encuestas sirven para respaldar conclusiones como que la selección del alumnado, el cobro de cuotas de escolarización, o la omisión de información respecto al carácter voluntario de las cuotas para las actividades complementarias son una realidad indiscutible e incluso estructuralmente consolidada en los centros concertados.

- Estadísticas del INE sobre el gasto en educación de las familias. Tampoco resultan fiables a estos efectos, en este caso por presentar resultados conjuntos de centros concertados sostenidos con fondos públicos y centros puramente privados, cuando las diferencias de coste existentes entre unos y otros son abismales. Sin embargo, se utilizan como base para argumentar que si el gasto de las familias es superior en los centros concertados solo puede deberse a una infracción continuada del principio de gratuidad.

- Las estadísticas de escolarización del Ministerio de Educación. Dado que se pretende afianzar la idea de que se está produciendo una creciente privatización de la enseñanza en España, se usa a veces la evolución de los datos globales del Ministerio de Educación sobre escolarización en centros públicos y concertados, desde 1990 hasta la actualidad, como aval estadístico. Sin embargo, se obvia un factor tan importante como que el incremento del porcentaje de alumnos escolarizados en centros concertados que se produce bruscamente entre mediados de los noventa y el año 2000 responde de manera principal a la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, con la implantación de la ESO, del mismo modo que, en un momento posterior, hay un nuevo aumento de las cifras absolutas motivado por la declaración de gratuidad del segundo ciclo de la Educación Infantil. No parece, pues, el fruto de una ofensiva neoliberal que haya conseguido con carácter general un incremento llamativo de los fondos destinados a centros concertados (con las salvedades que puedan aplicarse al caso puntual de la Comunidad de Madrid).

No todo es tan simple como parece

En resumen, las bases estadísticas utilizadas adolecen de importantes limitaciones en unos casos, y se prestan a interpretaciones sesgadas en otros. Esto no quiere decir que la segregación escolar no exista, pero ni los índices barajados como reflejo de la realidad son dogmas indiscutibles, ni sus causas son necesariamente imputables a la conducta de los titulares de centros concertados. Por este motivo es necesario promover una revisión crítica de las fuentes utilizadas, así como la realización de estudios estadísticos independientes que sirvan de contraste a los que se vienen utilizando (incluso por los autores menos hostiles a la enseñanza concertada) como base científica.

Por otra parte, se requiere afinar en la interpretación de los datos para evitar conclusiones simplistas. En la segregación influyen muchos otros factores que nada tienen que ver con la titularidad (zonificación escolar, baremos de admisión, aspectos ideológicos, etc.), en una proporción que no está bien definida, del mismo modo que hay barreras económicas al acceso a los centros concertados que no derivan del incumplimiento de la legalidad, sino de decisiones de las administraciones públicas, especialmente en relación con la ausencia de financiación de servicios tan necesarios como el comedor o el transporte. El problema ofrece muchas perspectivas posibles y las respuestas deben huir de reduccionismos fáciles que no sirven para explicar, por ejemplo, por qué Asturias, con una política muy restrictiva de la concertación, arroja cifras de segregación netamente superiores a las de Madrid, en el polo contrario.

Si dejamos que una cuestión con tanta complejidad y riqueza de matices se despache con razonamientos como el formulado por Murillo, Belavi y Pinilla (“Segregación escolar público-privada en España”, Universidad Autónoma de Madrid, Papers, Revista de Sociología, Vol. 103, Núm. 3, Pág. 312, 2018): “si la iniciativa privadaconcertada influye en la segmentación de la educación, estaríamos por lo tanto frente a un problema de incumplimiento de la ley”, al final, esos serán los únicos términos en los que se centre el debate.

BIBLIOGRAFÍA PARA CURIOSOS

- MURILLO, F. J., MARTÍNEZGARRIDO, C., y BELAVI, G. (2017). “Segregación escolar por origen nacional en España” en OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 12(2): pp-pp. 395-423.

- MURILLO, F. J., BELAVI, G., y PINILLA, L. M. (2018). “Segregación escolar públicoprivada en España”, Universidad Autónoma de Madrid, Papers, Revista de Sociología, vol. 103, núm. 3, p. 307-337.

- MURILLO F. J., y MARTÍNEZGARRIDO, C. (2018). “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea”, Revista de Sociología de la Educación (RASE), vol. 11, nº 1.

- MURILLO, F. J., y MARTÍNEZGARRIDO, C. (2018). “Incidencia de la crisis económica en la segregación escolar en España”, Revista de Educación, núm. 381.

- GORTÁZAR, L., (2020). “Segregación escolar y ciudades: ¿matrimonio inseparable?” Panorama Social, núm. 32.

- GONZÁLEZ DE MOLINA, P. (2021) “La segregación escolar, las desigualdades educativas y el modelo educativo de la derecha en España”, Fundación 1º de Mayo.

- FERRER, A., y GORTÁZAR, L. (2021). “Diversidad y libertad. Reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro”, EsadeEcPol Insight #29 Abril 2021.

- ZANCAJO, A., VERGER, A., y FONTDEVILA, C. (2021) “La concertada a debat”, Fundació Jaume Bofill.

- ZANCAJO, A., VERGER, A., y FONTDEVILA, C. (2022) “La educación concertada en España. Reformas en clave de equidad desde una perspectiva internacional”, Fundació Jaume Bofill.

ANÁLISIS DEL INFORME

LA SEGREGACIÓN ESCOLAR ENTRE CENTROS, UN DUDOSO PROBLEMA DEL SISTEMA ESCOLAR

Luis Centeno Caballero. Secretario General Adjunto de EC

A petición de la Fundación Europea Sociedad y Educación, entidad jurídica privada e independiente que defiende desde hace 20 años, “el protagonismo de la educación como fundamento del progreso y desarrollo de las sociedades democráticas”, Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en sociología de la educación, desigualdad y movilidad social, exdirector del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) y de la Revista Española de Sociología, ha elaborado un interesante Estudio sobre datos empíricos relacionados con la “segregación escolar” o segregación entre centros y los resultados académicos de los alumnos matriculados.

Dicho Estudio, presentado públicamente en febrero de 2023, analiza datos objetivos reflejados en los Informes de la OCDE sobre PISA 2012 y 2018, tanto en el ámbito internacional, como en España, y sirve para verificar qué grado de relevancia real tiene la “segregación entre escuelas” y sus efectos sobre rendimiento escolar, así como una aproximación a los costes y al alcance de posibles políticas de reversión y sus consecuencias.

Partiendo de los estudios internacionales, la segregación social (vinculada a la condición socioeconómica, origen nacional o étnico, etc.) se encuentra en España en la media de los países de la OCDE. Incluso, la segregación de alumnos inmigrantes es menor en España que en otros países de nuestro entorno (Francia, Alemania, etc.). Asimismo, los datos revelan que la segregación social entre escuelas no es un rasgo especialmente llamativo de la enseñanza Secundaria en nuestro país.

Con independencia de su mayor o menor magnitud en nuestro sistema educativo, “la segregación social entre escuelas no es un problema en sí misma, sino solo por sus consecuencias”, señala el Informe. Siendo frecuente que se le atribuyan todo tipo de efectos negativos o muy negativos. Sin embargo, si se estudian los datos de rendimiento PISA, contra lo que pueda suponerse, “la segregación social no influye por sí misma en los resultados académicos”. Es decir, “tener compañeros de hogares desfavorecidos no empeora de por sí el aprendizaje escolar; tampoco tener compañeros de hogares favorecidos lo mejora sin más”. Dicho con otras palabras, el efecto “pares” o “iguales” solo puede vincularse a la segregación académica: los compañeros de nivel académico alto ayudan, mientras los de nivel académico bajo, perjudican.

"Este Informe contradice declaraciones alarmistas que consideran que la «segregación escolar» es un problema sistémico en España"

Como se demuestra con valores empíricos, la “segregación social” no es un problema real entre escuelas, tan solo es un hecho. Igual que existen diferencias entre localidades o entre zonas de una misma localidad. En palabras del profesor Julio Carabaña, las consecuencias de estas diferencias “parecen nulas a nivel de recursos, están por determinar al nivel de consecuencias en la vida adulta y han resultado muy pequeñas a nivel de resultados académicos”. Si comparamos estos últimos, la cifra de variación baja notablemente entre PISA 2003 y PISA 2018. Esto es, de ser un problema, se está reduciendo año a año, tendencia que se mantiene.

En resumen, este Informe contradice declaraciones alarmistas que consideran que la “segregación escolar” es un problema sistémico en España, queriendo avalar un necesario cambio estructural en nuestros centros educativos, anulando la capacidad de elección a las familias y otorgando esta facultad a las administraciones educativas que realizarían una labor de “distribución” o “reparto” del alumnado, según su tipología, entre todos los centros públicos y privados concertados. Al final, este y no otro es el núcleo de la cuestión: trasladar el derecho de los padres a elegir el tipo de centro, a manos de las Comisiones de Escolarización, con el pretexto de lograr una equilibrada distribución de los alumnos, como si estos fuesen piezas de un puzle.

Es más, con la excusa de acabar con la supuesta “segregación escolar”, calificada como grave problema de nuestro sistema educativo por algunas organizaciones que apoyan el intervencionismo frente a la libertad, la enseñanza pública frente al pluralismo educativo, el colectivismo frente a la autonomía, o la equiparación por abajo frente a la meritocracia y el esfuerzo, en suma, el victimismo frente a la propia responsabilidad, se plantean medidas con un coste económico inmenso que implican el desplazamiento forzoso de sectores de población y la negación de derechos a las familias más vulnerables y con menos posibilidades de ejercerlos. Y todo partiendo de una base cruel que considera a los alumnos de inferior condición socioeconómica, como alumnos de inferior capacidad de aprendizaje. Como alumnos condenados a un escaso nivel académico que solo provocan problemas y, por ello, deben ser repartidos entre todos los centros (“que los concertados asuman su responsabilidad”, claman).

Frente a esta visión, propongo una mucho más positiva. Si realmente se desea mejorar el rendimiento escolar de todos los alumnos, especialmente en aquellas zonas más desfavorecidas, comencemos por aportar suficientes recursos personales y materiales que permitan una atención más personal, un acompañamiento permanente, una coordinación real con las familias, una escuela que se preocupa por el cuidado del alumno… sin necesidad de traslados forzosos de escolares, ni de negar a los padres y madres su derecho básico de elección.