PENSANDO NUEVAS PRÁCTICAS EN LA CUESTIÓN CRIMINAL

XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014

Eje temático: proyecto profesional y organizaciones colectivas de trabajo social PENSANDO NUEVAS PRÁCTICAS EN LA CUESTIÓN CRIMINAL Andrea Abdala1 Paula Grange2 Romina Benitez3 Sabrina Esperon4 Stella Caballero5 Susana Balbiano6 Resumen

El presente trabajo pretende dar cuenta del proceso de creación y conformación del CEICC, una organización no gubernamental formada, en principio, por Trabajadores Sociales; su misión, los ideales comunes y la convicción de trabajar en la cuestión criminal.

El CEICC es el Centro de Estudios e Intervención en la Cuestión Criminal. Su objetivo es el estudio de las múltiples dimensiones que atraviesan la Cuestión Criminal y la intervención en las problemáticas asociadas a la misma junto con los actores involucrados, la comunidad y sus organizaciones; desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Una perspectiva de Derechos Humanos es siempre una perspectiva crítica e implica necesariamente un proyecto político que parte de la reafirmación de la necesidad del Estado y de la construcción de una ciudadanía plena y activa que se encuentre en condiciones de hacer valer y exigir el respeto de sus derechos. Desde este enfoque pensamos el CEICC. ¿Qué es el Ceicc? Qué nos proponemos El Ceicc es el Centro de Estudios e Intervención en la Cuestión Criminal, una organización no gubernamental que tiene como objetivo

el estudio de las múltiples dimensiones

que

atraviesan a la Cuestión Criminal, y la intervención en las problemáticas asociadas a la misma,

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Lic. en Trabajo Social. Patronato de Liberados Bonaerense. Mail: andreaabdala2@yahoo.com.ar Lic. en Trabajo Social. Patronato de Liberados Bonaerense. Mail: paula_grange@yahoo.com.ar 3 Lic. en Trabajo Social. Patronato de Liberados Bonaerense. Mail: romi_benitez@yahoo.com.ar 4 Lic. en Trabajo Social. Patronato de Liberados Bonaerense. Mail: sabrinaesperon@yahoo.com.ar 5 Lic. en Trabajo Social. Patronato de Liberados Bonaerense. Mail: stellacaballero77@yahoo.com.ar 6 Lic. en Trabajo Social. Patronato de Liberados Bonaerense. Mail: susana-ahoraestiempo@hotmail.com 2

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junto con los actores involucrados, la comunidad y sus organizaciones, desde una perspectiva de Derechos Humanos.

En este marco, nos proponemos: - Deconstruir el discurso hegemónico profundizando en la temática a través de procesos de reflexión, debate, y capacitación permanentes.

- Visibilizar, analizar y denunciar prácticas violatorias de derechos de las personas en conflicto con la ley penal.

- Incidir en las políticas públicas relacionadas con la cuestión criminal.

- Promover el ejercicio de los derechos en los sectores más vulnerables.

- Propiciar el trabajo en red con instituciones involucradas en la temática.

- Incorporar perspectivas desde diferentes disciplinas para un abordaje integral de la cuestión criminal.

- Desarrollar investigaciones en relación a los diferentes aspectos que conforman la problemática.

- Sistematizar procesos de intervención profesional abonando a la generación de nuevas miradas.

- Aportar a la construcción de una seguridad democrática que prevenga la violencia institucional en todas sus formas.

Pr qué y cómo conformamos el Ceicc El Centro de Estudios e Intervención en la Cuestión Criminal nació como iniciativa de un grupo de trabajadoras del Patronato de Liberados Bonaerense7 donde el escenario que se nos presenta a diario nos condujo a replantearnos y reflexionar sobre las intervenciones ante la cuestión criminal, en respuesta a las limitaciones que enfrentamos en nuestra práctica profesional en dicha institución.

La ausencia de recursos para poder dar respuestas a las problemáticas que engendra la cuestión criminal, la carencia de dispositivos que actúen ante la vulneración de derechos de las personas asistidas y la falta de capacitación del personal en relación a criminología desde una perspectiva de en Derechos Humanos, constituyen parte de esas limitaciones.

En este marco los profesionales realizamos acciones acotadas y fragmentadas, que intentan responder por lo general a urgencias, y a la gestión de recursos, pero de ningún modo

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El Patronato de Liberados Bonaerense es un ente autárquico, que pertenece al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Este se ocupa, bajo el concepto de “tutela”, de toda persona que cumple en el medio libre una pena impuesta judicialmente.

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responden a un diagnóstico ni a una intervención fundamentada y planificada. Además “El Patronato tiene su epicentro en el control del cumplimiento de las pautas compromisorias impuestas judicialmente, y la inclusión en programas asistenciales queda supeditada a este cumplimiento entre otras condiciones restrictivas” (CAPPELLO SENATORE, 2011).

Asimismo, la complejidad de los diversos casos que nos presentan los sujetos, fue ampliándose y, con ello, los desafíos que cada intervención implica. También la percepción que los procedimientos institucionales en muchos casos significan una obstaculización en el acceso a los derechos de las personas, exponiéndolos aún más a la vulneración extrema.

La falta de capacitación sobre la temática desde la misma institución, que aporte a la reflexión en el colectivo profesional

y que enriquezca cada práctica en el quehacer cotidiano, la

ausencia de espacios de discusión más amplia entre los colegas involucrados, y la directiva institucional de perfilarnos como trabajadores sociales del control más punitivo, nos encaminó hacia otras esferas.

Otro de los factores a tener en cuenta que contribuyó a la conformación de la organización fueron los intereses y motivaciones vinculados a la cuestión criminal de cada uno de las integrantes reflejado en la necesidad de materializar en acción los ideales compartidos.

Desde el año 2010 comenzamos a reunirnos, en principio como un grupo de estudio desde el cual abordábamos diferentes autores de teoría social, leyes, artículos periodísticos sobre temas actuales, publicaciones y bibliografía emergente, etc.

Todo lo trabajado por el grupo se encontraba atravesado por los avatares diarios de nuestro lugar de trabajo, donde nuestras pésimas condiciones objetivas como trabajadores se mezclaban con los objetivos profesionales y el claro desacuerdo con las políticas publicas provinciales. La organización sindical cumplió un papel importante, como colectivo, en las luchas salariales y las relacionadas con nuestras condiciones de precariedad en cuanto trabajadores del Estado, a lo que, inevitablemente, se le sumó la discusión sobre cual era nuestro desempeño como profesionales en el proceso de reinserción social de las personas en conflicto con la ley penal. Y en relación a ello, nos vimos obligadas a crear espacios de discusión y formación que no existían a nivel institucional.

Paulatinamente se conformó un grupo estable, y a partir de esto, surgió la necesidad de transformar este conjunto informal en otro más constituido, cuyas acciones fueran delimitadas por los objetivos que nos planteábamos. A esta altura ya habíamos mantenido contacto con organizaciones y actores políticos y sociales relacionados con la cuestión criminal.

En 2013 pusimos CEICC como forma de nombrar a este colectivo. No obstante los años que venimos caminando juntas consideramos que nuestra organización se encuentra en su etapa

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inicial, así como también su formalización en relación a su personería jurídica. Continuamos en la búsqueda permanente de capacitación en la temática asistiendo a congresos, seminarios, maestrías, y todo aquello que fortalezca al proyecto profesional y político al cual apostamos.

Así es como nace la necesidad de un debate colectivo más amplio, por fuera del Patronato de Liberados Bonaerense, y a través de una ONG, acerca de los problemas que encuadran los procesos de criminalización, interpelando al discurso instalado sobre “seguridad”, ya que dicho discurso punitivo tiende a perpetuar la plataforma jurídico normativa sobre la que se establece el sistema capitalista.

Al respecto, Bourdieu afirma que cada sociedad elabora, en todo instante, un cuerpo de problemas sociales considerados como legítimos, dignos de ser discutidos, publicados, a veces oficializados y, en cierta forma garantizados por el Estado(MALLARDI, 2009). En tal sentido pensamos, las ONGs pueden llegar a cumplir un papel preponderante a la hora de hacer visible una problemática social que no es considerada como tal por la correlación de fuerzas existentes. Instaurándola como problema social, imponiéndola en la agenda pública, se la hace susceptible de ser atendida por las agencias que correspondan.

Por lo general los conflictos sociales son banalizados y analizados desde una lógica binaria por los medios masivos de comunicación, generando esto un estado de percepción social equivocada de los mismos, que deriva en respuestas tan rápidas como erróneas, a la espera que oportunistas políticos lleven como bandera soluciones que lejos de resolver los conflictos, los agravan.

Siguiendo los planteos de Villar (MALLARDI, 2009) la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de las políticas públicas puede darse en cuatro posibles momentos: 1. establecimiento de agenda; 2. formulación y promulgación; 3. implementación y 4. monitoreo y evaluación.

En este sentido, es posible pensar a la esfera pública desde una perspectiva amplia, donde Estado y Sociedad Civil, coexistiendo desde la heterogeneidad, representan distintos intereses, pudiendo establecer acuerdos o estar atravesados por conflictos de distinta intensidad.

Trabajo Social. Compromiso Ético-Político Los Derechos Humanos son derechos y libertades que han sido reconocidos, mediante acuerdos internacionales entre países y que están protegidos por instrumentos legales internacionales. Son derechos fundamentales que todo ser humano (por ser inherentes a la persona humana) tiene frente al Estado, que éste tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir (respetar, garantizar y satisfacer). Una perspectiva de Derechos Humanos es siempre una

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perspectiva crítica e implica necesariamente un proyecto político, que parte de la reafirmación de la necesidad del Estado y de la construcción de una ciudadanía plena y activa que se encuentre en condiciones de hacer valer y exigir el respeto de sus derechos.

El accionar del CEICC parte de la convicción que bajo las reglas imperantes mundialmente, fundamentadas por el régimen capitalista, el cumplimiento de los Derechos Humanos se encuentra subordinado a ciclos políticos y económicos a escala global, donde la violación de los mismos varia según el momento histórico que se este atravesando. Por ello, no creemos posible el ejercicio pleno de dichos derechos hasta tanto el sistema capitalista sea reemplazado por otro mas justo.

No obstante ello, y apelando al sentido ético de nuestra profesión, trabajamos con la certeza de que, hasta tanto un cambio de semejante envergadura no suceda, debemos redoblar nuestros esfuerzos en acercarnos los más posible a ese anhelo de construir un mundo más ecuánime.

Partiendo de dicho posicionamiento político-profesional, consideramos que “los desafíos actuales llevan a, superando anteriores debilidades, construir colectivamente un proyecto ético – político profesional, que pueda enfrentar con competencia y compromiso, en el interior de las fuerzas sociales progresistas, las condiciones en las que viven los trabajadores (con o sin empleo) y demás sectores subalternos.”(MONTAÑO, 2007) Nuestra práctica profesional diaria sin cuestionamientos, respondiendo básicamente a necesidades inmediatas, sin interrogar las estructuras, sin interpelar a la institución para la cual trabajamos y sin analizar la inmediación macro social y económica de las políticas de las cuales somos sus reproductores inmediatos, no puede ser más que uno de los tantos instrumentos que aportan a la reproducción de relaciones sociales injustas, tratando de solucionar sus efectos sin cuestionar, y mucho menos desestabilizar, sus causas.

La contradicción existente entre una ética profesional esperable, orientada a cambios estructurales, y la reproducción del sistema imperante, debe ser canalizada desde la organización profesional articulada con los actores sociales involucrados en cada una de las temáticas con las cuales trabajamos y la comunidad y sus organizaciones. Trabajo imposible de ser concretado si pretendemos desconocer la dimensión política de los problemas sociales a los cuales nos enfrentamos.

El Trabajo Social, fue, es y será esencialmente político. Infinidad de veces se ha escuchado a colegas, incluso a muchos con una gran capacidad técnica y resolutiva, ostentar su desinterés por los procesos políticos a nivel nacional y/o global. Situación que vista desde afuera, se puede apreciar fácilmente que no es cierta.

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Sobran ejemplos de personas que ejercen cargos políticos que carecen de todo tipo de tecnicismo. Pero, no hay posibilidad de ser técnico sin la dimensión política, incluso para analizar situaciones pequeñas y concretas.

Planteemos un escenario: Una persona de alto poder adquisitivo es robado violentamente por otra de clase social baja, sustrayéndole, esta última el automóvil en el cual se desplazaba. ¿Quién es el débil en esta situación? ¿Hay una sola víctima? ¿Qué derechos fueron vulnerados antes y después del hecho concreto? ¿Tiene derecho alguien a sustraer un bien que no es de su propiedad? ¿Tiene derecho el 1% de la población mundial a quedarse con el 50% de las riquezas mundiales, mientras que el otro 50% se reparte entre el 99% restante? 8 ¿Cuántos derechos le fueron violados a la persona que le sustrajeron el auto? ¿Cuántos derechos le fueron vulnerados a una persona que apela a la trasgresión de la ley penal como medio de subsistencia?

Lejos de caer en el simplismo de creer en la existencia de una única respuesta válida, no existe posibilidad alguna de analizar este, ni ningún otro acontecimiento, sin tener en cuenta su dimensión política. Esto es,

ver las correlaciones de fuerza intervinientes, las tensiones

sociales, los intereses (a la larga

irreconciliables) entre clases, los imaginarios sociales

creados y/o fomentados por monopolios comunicacionales con claros intereses creados, las políticas públicas enfocadas en la problemática concreta, qué pretende de mi intervención la institución para la cual trabajo y por qué, y cuáles son las reales necesidades de la población asistida, etc.

Salvo que caigamos en el pesimismo de la razón y consideremos a la realidad inalterable, por mandato ético debemos dotar a nuestra profesión de un amplio sentido crítico que permita, en su ejercicio, incidir y/o fomentar dinámicas sociales emancipadoras.

La cuestión criminal. Seguridad ciudadana Entendemos la cuestión criminal desde el concepto amplio de criminología definido por Aniyar de Castro: “todo lo que se relaciona con lo que se define como crimen, y por lo tanto con la criminalización, con las instituciones normativas y administrativas que se han utilizado para manejarlo, con las expectativas y el imaginario colectivo, y con las manipulaciones políticas que se hacen de todo este complejo conjunto de hechos, ideologías políticas, que es tan trascendente para la gobernabilidad.”(ANIVAR DE CASTRO, 1995)

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“50% para el 1% 50% para el 99%” Agencia Rodolfo Walsh. 28/02/2014. http://www.agenciawalsh.org/informacion-general/politica-nacional/11973-2014-02-28-13-38-44.html

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En la Cuestión Criminal suelen entender el derecho penal y la criminología: El primero se supone que trabaja en que los tribunales resuelvan los casos que se le presentan de manera ordenada, sin contradicciones dando una armonía a lo que todos los sujetos debemos acatar. Su tarea esta centrada en la ley en si misma, no en la realidad.

En la criminología convergen diferentes fuentes, y ahí es donde el trabajo social tiene un gran desafió por delante. Puede y debe aportar en la tarea de analizar cuales son las causas del delito y por sobre todas las cosas, como juega el poder punitivo en la existencia del mismo. ¿Es el poder punitivo una parte de la solución del conflicto o es uno de sus generadores?. La imposición vertical del poder de la ley, ¿cómo se relaciona con una justicia reparadora?

Como venimos diciendo, todo aquello que se aporte en relación a la cuestión criminal vendrá subsumido por una postura política - ideológica, y no hay posibilidad de que así no sea. Todo lo que se plantee, indefectiblemente, será, o no, funcional al poder.

Desde el CEICC nutrimos nuestra mirada sobre la cuestión criminal a partir de los aportes de la criminología crítica y el garantismo, entendiendo éste último como el único modelo de derecho penal aceptable dentro de un estado constitucional. El garantismo penal no es más que la sujeción del derecho a las leyes y a la Constitución, a las garantías fijadas constitucionalmente para todos.

Desde esta mirada analizamos los discursos vinculados a la seguridad ciudadana que, en su afán reduccionista, tienden a limitar la problemática de la seguridad al delito, a la criminalidad tradicional, dejando fuera de la esfera de discusión otros aspectos que permanecen ocultos y enmascarando los procesos vinculados a la criminalización. Así es como por ejemplo los delitos contra la propiedad privada, perpetrados en contra de los estratos sociales medios y altos (junto con los delitos vinculados a la prostitución y a los estupefacientes) son los que engrosan mayoritariamente las cárceles y comisarías de nuestro país, con población proveniente también mayoritariamente de los sectores más desprotegidos. El estereotipo de criminal vinculado a estos delitos, cumple una función innegable en la invisibilización de las relaciones entre la delincuencia menor y aquella del crimen organizado, donde los actores son sujetos de alto poder político y/o económico. Tampoco entran dentro del discurso de la inseguridad las cuestiones vinculadas a la violencia institucional. Este tipo de violencia es la ejercida o permitida por el aparato estatal, sus organismos y agentes, de manera arbitraria e ilegítima.

Incluye prácticas que van desde el gatillo fácil, torturas, malos tratos, detenciones ilegales, armado de causas, desapariciones, ejercidas fundamentalmente por miembros de las fuerzas.

También otras vinculadas al funcionamiento de la justicia y sus instituciones: las irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales, el excesivo uso de la prisión preventiva (según

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datos publicados por la Procuvin9, el 84 por ciento de los jóvenes de hasta 21 años que está detenido por la justicia nacional lo esta en forma preventiva), las condiciones inhumanas de alojamiento de las cárceles, la demora en los procesos penales, entre otros.

Muchas veces las acciones de violencia institucional cuando son ejercidas contra personas que han cometido delitos o que pertenecen a los sectores sociales más vulnerados, no son vistas como violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario como prácticas justificables que ayudan a proveer más seguridad.

Aniyar de Castro (2005) se pregunta ¿Por qué separar las víctimas de los delitos definidos institucionalmente, de quienes son víctimas de los controles penales, de las persecuciones legales” y de las impunidades? Aquí entra a jugar la lógica de la defensa social contra el enemigo.

Para el discurso hegemónico, que se transmite a través de los medios de comunicación, y que es empleado por políticos y demás personajes de la vida pública, se justifica la ampliación del poder punitivo, como estrategia de “lucha” contra la inseguridad entendida desde esta perspectiva reduccionista. En esta mirada preponderan los postulados de la teoría del enemigo y tiene sus fundamentos en el positivismo penal. Básicamente esta teoría establece que contra el enemigo, todo. Aquel sujeto que representa un peligro porque viola leyes o incluso podría violarlas, debe ser perseguido y sancionado con todo el peso de la ley y más. En el sentido de que resulta aceptable que ciertos derechos o garantías de la persona “delincuente” sean restringidos en función de criterios de defensa social. El enemigo es privable de derechos y se debe combatir con todo el peso del poder punitivo. Aquí surgen claramente los discursos sobre legitimidad/ilegitimidad de la violencia institucional.

El poder punitivo, siguiendo el desarrollo de Ávila Santamarina (2011), es violento y arbitrario, altamente discriminatorio y no resuelve conflictos sociales. Sin embargo es un poder no sólo justificado por el derecho penal, sino además legitimado por este discurso social que demanda seguridad. Actualmente se encuentra en expansión, a través de la multiplicación de los tipos penales, el aumento de las penas, así como el aumento de los presupuestos en seguridad para la construcción de cárceles, la dotación de más personal y equipamiento a las fuerzas y la creación de otras nuevas. La reincidencia como elemento de agravamiento de penas también es ejemplo de cómo se profundiza dentro de la ley el poder punitivo, así como el extendido uso de la prisión preventiva.

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Procuraduría de Violencia Institucional, Ministerio Publico Fiscal.

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Retomando la perspectiva de Derechos Humanos, cabe preguntarnos cómo es la relación entre éstos y el poder punitivo. Por un lado, el discurso de los Derechos Humanos funciona como un límite al poder represivo del Estado, el derecho penal entendido desde esta perspectiva podría servir a la protección de los derechos de las personas. Sin embargo, la aplicación del derecho penal en muchos casos actúa vulnerando derechos humanos. Una persona en situación de encierro, no sólo ve privado su derecho a la libertad, sino a muchos otros vinculados a ella. Ello sin mencionar las condiciones en que actualmente se da la pena de privación de la libertad en la Argentina, por el funcionamiento y las condiciones del sistema carcelario, lo que llevaría a enumerar una amplia lista de derechos vulnerados por el Estado en el ejercicio de su capacidad de punir.

Claramente el poder punitivo nunca tutela derechos humanos violados, no repara ni restaura una situación en que los derechos son vulnerados, simplemente porque su función es reprimir y sancionar al victimario. No se ocupa de las víctimas. El poder punitivo no les devuelve los objetos robados, no les cura las lesiones recibidas. No es el objetivo de un proceso penal. Un conflicto social no es resuelto por el poder punitivo, sino que éste lo convierte en otro problema, más grave aún.

El discurso imperante plantea esta particular relación como un juego de suma cero, es decir, si una parte gana la otra necesariamente pierde. Si los derechos humanos son para los delincuentes, la sociedad pierde. Si queremos que la sociedad gane, entonces es preciso aplicar el poder punitivo a toda costa, aún a riesgo de vulnerar derechos. Los derechos humanos aparecen entonces, desde esta perspectiva, como un obstáculo para la tan anhelada seguridad.

Debemos interpelar y oponernos fuertemente a este discurso, rescatando la constitucionalidad de un estado democrático de derecho, en donde hay cuestiones que no son sometibles a la decisión popular o de las mayorías: “Los derechos humanos no pueden sacrificarse por el sentimiento de inseguridad pública, por el bien común, por el orden público o por cualquier otra consideración mayoritaria. (El derecho penal) no es un derecho de las mayorías para las minorías desviadas, sino que es un derecho de todas las personas destinado a todas las personas.”(AVILA SANTAMARIA, 2011) En épocas donde parece que la batalla es netamente comunicacional, donde todo se construye desde el poder mediático, debemos crear los mecanismos necesarios para transmitir las experiencias y conocimientos científicos que desde nuestra profesión surjan. Consideramos que hay que dar el debate de lo que entendemos como seguridad ciudadana y democrática.

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Que este debate debe necesariamente ser dado en conjunto con otros actores, organismos y organizaciones de la sociedad.

Acordamos con los principio de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional10, que postula: “La seguridad no debe estar pensada desde la lógica del “enemigo”, donde el respeto y ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos y queda limitada a un tema punitivo y represivo. No creemos en la intervención exclusiva de las instituciones que componen el sistema punitivo: un abordaje integral de la seguridad debe ser coordinado también con agencias no policiales del estado y con las organizaciones libres del pueblo”.

Siguiendo a distintos autores que desarrollan el tema de las políticas criminales y la cuestión social, podemos definir que la cuestión social remite a la relación capital-trabajo y es una manifestación de las desigualdades y antagonismos arraigados en las propias contradicciones de la sociedad capitalista. La atención de la cuestión social se vincula directamente a aquellos problemas y grupos que pueden colocar en riesgo el orden socialmente establecido y la cohesión social. “Es la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más allá de la caridad y la represión.”(IAMAMOTO, 1997) Cuando el Estado comienza a intervenir a través de sus instituciones para abordar las diferentes refracciones de la cuestión social es cuando el Trabajo Social comienza a vincularse con la cuestión social: “Es en el cruce entre políticas sociales, derechos sociales y reconocimiento de la cuestión social que emerge el Trabajo Social, desde una idea claramente conservadora y moralizadora” (CLEMENTE 2004).

Las políticas criminales se pueden pensar como un segmento de las políticas sociales que tienen como carácter distintivo la lectura de los problemas sociales en clave criminal, es decir, el abordaje de las refracciones de la cuestión social mediante la criminalización de las mismas.

“Así, las respuestas ante problemáticas que remiten a la agudización de las contradicciones generadas por el sistema se leen en clave criminal, cuya sanción recae insoslayablemente sobre las consecuencias y no sobre la génesis del problema”. (CAPELLO SENATORE, 2011) El Trabajo Social no es ajeno a esta concepción de las problemáticas sociales en clave criminal. Siguiendo a Pavarini, el operador social del sistema penal, está “…hegemonizado por la "cultura de lo penal" en el modo en que percibe muchos aspectos en que se ofrece la problemática social”. Aun cuando nos posicionamos desde el convencimiento de que la instancia penal es la última a la cual acudir, muchas veces ante la falla de los servicios sociales

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www.contralaviolencia.com.ar

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se produce el abandono que deja librada las problemáticas y los sujetos al campo de lo penal.

Afirma Pavarini: “…podemos asumir que la clientela del penal es en buena parte aquella abandonada por el sistema socio-asistencial” y agrega "la cárcel es la única institución que no puede cerrarle la puerta en la cara a nadie".

Consideramos un desafío profesional del trabajo social transcender las limitaciones ejercidas por las estructuras sociales y los sesgos institucionales, manifestaciones éstas del poder hegemónico, haciendo ejercicio de su autonomía profesional y con un pensamiento crítico, planteando un trabajo social que “organice el colectivo de entidades fuertes y representativas, y que consolide códigos de ética claramente orientados en ciertos valores definidos colectivamente, el asistente social puede ver reforzado su margen de maniobra para una práctica profesional que, sin eliminar los condicionamientos sistémicos, privilegie la garantía de los derechos sociales conquistados” (MONTAÑO, 2007) y pugne por los tantos que aún faltan.

Conclusiones En la actualidad, y a pesar de sus claros resultados, los postulados del positivismo penal, siguen influyendo en el diseño de las políticas criminales: el poder punitivo como instrumento privilegiado de resolución de conflictos, la perspectiva del otro peligroso, enemigo a combatir; la reducción de la seguridad ciudadana al delito y el crimen tradicional, invisibilizando sus nexos con los llamados delitos “de cuello blanco”, así como la naturalización o legitimación social de la violencia institucional ejercida sobre un sector específico de la población, para quienes sus derechos humanos resultan suprimibles en pos de una supuesta defensa social.

En este sentido, creemos que el Trabajo Social tiene mucho para argumentar, máxime si logra potenciarse con otras disciplinas que puedan aportar a la deconstrucción de la concepción de que

los conflictos criminalizados por la ley (comúnmente denominados delitos) son un

problema individual pasible de ser sancionado.

La conformación del CEICC apunta a responsabilizar a la sociedad toda, introduciendo el debate sobre cuál es la génesis de las problemáticas que son hoy criminalizadas y pensar en la búsqueda de soluciones, donde el objetivo reparador no puede ser la mera sanción penal, cuyos efectos deshumanizantes, deteriorantes y regresivos abonan a las des-socialización y/o estigmatización de las personas y no a la inclusión de las mismas en conductas esperables socialmente.

Zaffaroni sugiere que no hay que apropiarse del discurso penal sino que, al contrario, hay que neutralizarlo y luchar por la transformación del poder punitivo, lucha que, en última instancia,

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también apunta a la transformación de la sociedad. En el marco de esta lucha surge el CEICC, asumiendo el desafío y haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad profesional y sus obligaciones éticas, de nuestras convicciones políticas, de lo que consideramos justo y teniendo claro del lado que estamos si de injusticias sociales hablamos.

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Reporte

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