INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE CONSTITUCIÓN

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE CONSTITUCIÓN. Eje Temático: Intervención profesional Alderete, Diego Ignacio1; Battistessa, Esteban Omar2; Cocco, Mariana3; Matusevicius, Jorgelina4; Toscani, María de la Paz5

Resumen Los procesos urbanos que caracterizan a las ciudades capitalistas contemporáneas se encuentran inmersos en una dinámica que configura de modo particular la demanda de atención a los servicios sociales. El aumento de los desalojos, la imposibilidad de pago del alquiler por los salarios provenientes de una inserción precaria en el mercado laboral, los abusos y episodios de violencia directa que sufren las personas que padecen esta problemática son algunas de las situaciones que se presentan a los trabajadores sociales. La posibilidad de encontrar estrategias de abordaje exige realizar un proceso de reflexión acerca de los determinantes de las experiencias subjetivas y de los procesos de despojo y expulsión que viven las personas que presentan problemas habitacionales. De esta manera entramos en un proceso de ejercicio crítico del propio proceso de intervención en el que se analizan los alcances y límites en torno a las estrategias de abordaje colectivo tendiente a la organización comunitaria y la adopción de una perspectiva de derechos.

Introducción El presente trabajo pretende realizar un análisis de las estrategias de intervención desarrolladas en el marco del Proyecto “Hábitat y Salud” del Centro de Salud N° 10 ante el proceso de renovación urbana en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.

Esta dinámica de modificación del uso del suelo incluye una recomposición por desplazamiento, que ha marcado un aumento significativo de la demanda al Servicio Social del CeSAC por las distintas problemáticas habitacionales que surgen del mismo 1

(trabajador social, UBA (trabajador social, UBA, omarbattistessa@yahoo.com.ar ) 3 (trabajadora social, UNLa) 4 (trabajadora social, UBA, matusevicius@hotmail.com) 5 (trabajadora social, UBA). Institución: Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 10, A. P. Hospital Penna, CABA 2

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y que se suman a las ya existentes. Dicho proyecto es llevado adelante en el Barrio de Constitución que se caracteriza por el predominio de viviendas colectivas: hoteles, inquilinatos y pensiones. El trabajo realiza un recorrido por el dispositivo de intervención que se ha constituido como un espacio de producción colectiva de conocimiento, articulando distintos saberes, para superar las respuestas escasas y precarias (y en algunos casos represivas) que se proponen para las personas que viven esta problemática.

Las principales tendencias que influyen en la transformación del espacio urbano resignifican la demanda y exigen estrategias de intervención que exceden la gestión de recursos asistenciales. Los conflictos ligados a la resistencia a los desalojos, la exigencia de respuestas definitivas a la problemática, las luchas por el uso del espacio público brindan una trama organizativa con la cual dialogar desde las instituciones en las que trabajamos. En este sentido se presenta la necesidad de conocer en profundidad las determinaciones del entramado social y su correlato con la dinámica del mercado, lo que ha suscitado la necesidad de emprender la tarea de investigación que contribuya a potenciar el proceso de intervención. En el presente análisis pretendemos mostrar algunos resultados de dicha indagación y sus contribuciones a la estrategia de abordaje de la problemática que enfrentamos. En este sentido nos planteamos: ¿Qué procesos hicieron incrementar los desalojos en el barrio?, ¿qué destino se da a las viviendas desalojadas?, ¿cómo influyen los emprendimientos inmobiliarios en el rediseño urbano y en la trama social?, ¿se verifica un proceso de expulsión de la población pobre? ¿qué estrategias despliegan los vecinos afectados?

Pasaremos primero a explicitar los procesos que se vienen dando en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires vinculados a la disputa en torno al suelo urbano y los procesos de renovación que implica en lo cotidiano desplazamiento de familias hacia otras zonas de menor valor. Dichos procesos impactan en la configuración de la demanda al trabajo social en el servicio social de los efectores de salud, lo se analizará en el siguiente apartado. Posteriormente se describirá el dispositivo de intervención ligado a la estrategia de abordaje diseñada por el equipo. En función de este recorrido y de la reflexión crítica en torno a la práctica desarrollada en el marco del proceso de intervención, se analizarán dos aspectos que consideramos ejes prioritarios de trabajo. Nos referimos por un lado a los procesos subjetivos que atraviesan las personas que padecen la problemática habitacional que se encuentran entre la responsabilización individual y las estrategias colectivas. Por otro lado

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analizaremos la distancia entre la formulación abstracta de la perspectiva de derechos y la correspondencia de dicha perspectiva con la práctica institucional.

Procesos urbanos. La Ciudad de Buenos Aires y la recomposición por desplazamiento.

La ciudad puede pensarse como un espacio construido y modificado a partir de las distintas intervenciones públicas, inversiones privadas o prácticas autogestionadas o de ocupación del espacio por parte de la población. Esto va acompañado de apropiaciones desiguales del espacio, de acuerdo a la capacidad adquisitiva y las relaciones de poder en el orden existente.

La ciudad se configura como un espacio deseado por los diferentes actores que en ella coexisten. En términos de intereses de las empresas capitalistas, la ciudad, como parte de su valor de uso (Topalov, 1979) ofrece los medios necesarios para la reproducción de la mano de obra y la infraestructura necesaria para que dichas empresas se desarrollen. En términos de la población que allí habita, la ciudad se configura como un espacio de posibilidades y de acceso a diferentes servicios, “expresa la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, a equipamientos de educación, salud y esparcimiento más especializados, dicho de otro modo, a un conjunto de atributos complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como mercancías” (Catenazzi y Reese, 2010: 74).

Se entiende a la ciudad como resultado de un proceso de conformación histórica de apropiación desigual y privada del espacio. En el interjuego de actores e intereses se van generando modificaciones en el espacio urbano que conllevan a una lógica de concentración territorial que, asimismo, conduce a la diferenciación y desarrollo desigual de los espacios, ya que los capitales privados van a invertir en donde le sea más rentable. De esta manera, van a existir zonas con sobreacumulación y concentración de capital y otras de escasa inversión. En este sentido, “la aglomeración urbana que se conforma es funcional, contradictoria y desigual en su distribución entre la población” (Lombardo, 2001: 109).

En la Ciudad de Buenos Aires esto se expresa en la conformación de una segregación socioespacial que implica una diferenciación entre las zonas norte y sur de la ciudad.

La primera, foco de inversiones públicas y privadas y la segunda relegada. Esta asimetría genera dos áreas diferentes según los distintos grados de concentración y exclusión social, que dan cuenta de un espacio y una sociedad desigual y fragmentada. Por un lado, el sur de la ciudad “donde habría una mayor presencia de los estratos pobres y bajos de la sociedad, y por otro lado, el norte donde se concentrarían los estratos medios y altos” (Mazzeo; 2008:32).

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A partir de la década del 90, en un contexto de globalización, estos procesos se complejizan aún más, ya que la economía mundial requiere para su desarrollo una red de lugares estratégicos que incorporen nuevas inversiones e infraestructuras. De esta manera, se advierten nuevos procesos de transformación urbana, relacionados con la puesta en valor y rehabilitación de zonas antiguamente olvidadas y degradadas. En dichos procesos el Estado cumplió un rol fundamental generando las condiciones necesarias para la inversión de emprendimientos privados. Se trata de la conformación de ciudades globales6 (Sassen, 2001) que compiten entre sí para ser atractivas a la inversión de grandes emprendimientos privados y trasnacionales. La intervención de ambos actores –estado y privados- facilitó un nuevo uso territorial, una valorización del suelo y con ello la probabilidad de desplazamiento de los sectores de menores ingresos que lo habitan (Lanzetta y Martin, 2001). Como señalan Rodriguez y Von Lûcken (2011) “los procesos de renovación y recualificación urbana, contribuyen a un reordenamiento de la ciudad, poniendo en cuestión la existencia de los sectores de menores recursos en áreas urbanas consideradas estratégicas” (2011; 212) Estos procesos se expresan en la Ciudad de Buenos Aires en el diseño y la planificación de la Ciudad a través de distintos distritos. Entendidos por el gobierno de la CABA como “la concentración de establecimientos de un mismo sector, en un espacio geográfico delimitado, dedicadas al desarrollo de actividades similares incentivadas con beneficios fiscales y de promoción. Se trata de sectores estratégicos para la Ciudad porque tienen un gran impacto en la economía: son generadoras de empleo de alto valor agregado y exportadoras por naturaleza”(Sitio web Gobierno de la Ciudad, 2014) A través de la sanción de diferentes leyes fueron conformándose los distritos que reorganizan a la ciudad: Distrito Tecnológico7, en los barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya; Distrito Audiovisual8 en Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal, Palermo y Colegiales; Distrito de Diseño9 en Barracas; y Distrito de las Artes10 en San

6

A modo de ejemplo de la masividad de este fenómeno, ver nota del diario Clarín “Buenos Aires, cada vez mejor posicionada como Ciudad Global” Edición digital 20/04/14. Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/Buenos-Aires-posicionada-ciudad-global_0_1123687734.html 7 Ley 2972, sancionada en Diciembre de 2008, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

8 Ley 3876 sancionada en Septiembre de 2011, comprende desde la intersección de Fray Justo Santa Maria de Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José León Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av.Álvarez Thomas; Av. Forest; Av de Los Incas; Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin; Paysandú; Av. Wames; Av. Juan B Justo; Av Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta la intersección con la calle Guatemala 9 Ley 4761, sancionada en Noviembre de 2013 y reglamentada en Julio de 2014. En el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield

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Telmo, La Boca y Barracas. A esto se le agrega el proyecto de trasladar las oficinas gubernamentales del Gobierno de la Ciudad al Barrio de Constitución, lo que completaría el proyecto para los barrios de la zona sur. Este último proyecto intentó avanzar a fuerza de una inédita represión en el predio del Hospital Borda.

Las diferentes transformaciones de la ciudad, llevan a la consolidación de un mercado inmobiliario fuerte y hegemónico en lo que respecta al acceso tanto de compra-venta de inmuebles como de alquiler de los mismos. Se trata de un mercado que no es inclusivo, si no que favorece el acceso a quienes disponen de mayores recursos económicos. Ante esta situación, la ciudad, lejos de ser un espacio para todos, va imponiendo dificultades y restricciones a su acceso, ante esto la población de menores recursos económicos desarrolla diferentes estrategias para poder vivir en la Ciudad.

Ejemplo de ello lo configuran las villas miseria, los asentamientos, los conventillos, inquilinatos, hoteles-pensión y la situación de calle.

A partir de esto se puede pensar a la ciudad como un espacio escindido. Desde las conceptualizaciones de Duhau (2003), pueden identificarse dos lógicas dentro de la ciudad i) como ciudad formal, que es producto de un proceso histórico de construcción de un marco jurídico y normativo de la ciudad y de los procesos de producción de la misma, relacionada con la construcción de un prototipo de ciudad deseada que logra imponerse como la correcta; ii) y como ciudad informal, por contraposición, es aquella que presenta una irregularidad jurídica en la propiedad del suelo y la producción de la vivienda. Esta ciudad es la que tiende a permanecer invisibilizada por la sociedad y funcionando al margen del orden hegemónico.

Entre ambas ciudades, se establecen desigualdades en cuanto objeto de inversiones tanto públicas como privadas. Como señala Cravino (2001) “quienes tienen poder adquisitivo, son el objetivo de los nuevos emprendimientos inmobiliarios urbanos del capital concentrado. Quienes tienen la necesidad como prioridad, son el objetivo de clientelismo político, de propietarios que promueven la ocupación de sus tierras, de prestamistas usureros, de locadores y proveedores, que obtienen ganancias generalmente vendiendo productos subestándar sobrevaluados, u obligados a autoproducir su suelo urbano” (2001:7).

La problemática en el barrio de Constitución se presenta de manera crítica ligada a la presencia predominante de viviendas colectivas. Se conjugan viejas y nuevas, o relativamente nuevas, problemáticas. Las primeras se encuentran asociadas a la 10

Ley 4353, sancionada en Noviembre de 2012, para el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la ribera norte del Riachuelo,

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deficiente infraestructura, a las arbitrariedades de parte de dueños y encargados, a la ausencia de regulación del mercado de alquiler de piezas por parte del Estado. Por su parte las “nuevas” problemáticas se hayan vinculadas a la generalización de los desalojos en esta parte de la Ciudad y a la renovación urbana, que incluye obras financiadas

por el

Estado, típica

de

los procesos

de

recomposición por

desplazamiento.

La problemática habitacional como objeto de intervención del Trabajo Social en un Centro de Salud.

Las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Ciudad se dirigen mayormente a generar condiciones para las inversiones inmobiliarias y acompañar con mecanismos asistenciales el proceso de expulsión de los antiguos habitantes del barrio. Los sujetos que solicitan respuesta ante las problemáticas de vivienda se encuentran inmersos en esta dinámica que los excede y ante la cual las herramientas organizativas y asistenciales existentes resultan escasas e insuficientes. Es así como el dispositivo de intervención implementado desde el Centro de Salud busca combinar la recuperación de una mirada colectiva del problema para los que lo atraviesan; articular respuestas organizativas y de disputa de este modelo de Ciudad; la adopción de una perspectiva de derechos y el ejercicio de los mismos en los problemas cotidianos. El dispositivo cuenta con distintos componentes que incluyen: espacio grupal de abordaje de la problemática, entrevistas individuales y colectivas, articulación con organizaciones sociales, generación de una red de abordaje institucional y un proceso de investigación y formación permanente.

- Reuniones grupales: Las mismas constituyen espacios de admisión colectiva de aquellas personas que concurren al CeSAC a solicitar asistencia por su problemática habitacional. La puerta de entrada a la participación grupal, consiste en una reunión en la que cada persona que concurre realiza una breve presentación y descripción de su situación. A partir de lo que surge en estas intervenciones, se comienzan a trabajar los temas emergentes ligados a la urgencia que implican las situaciones de desalojo o de inestabilidad habitacional. El objetivo principal es, además de comenzar a visualizar el problema como problema social, poder brindar herramientas individuales y colectivas para defenderse de la vulneración de derechos ante los desalojos. Para esto las herramientas que se brindan van desde la legislación vigente que regula el mercado de piezas de alquiler, hasta las posibilidades de resistencia y la socialización de experiencias exitosas de defensa de los derechos. Se trabaja también los recursos institucionales involucrados en esta defensa, brindando los datos de referencia para

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poder realizar denuncias, presentar pedidos de amparo, exigir intervención ante casos de vulneración de derechos.

- Entrevistas: Luego de las reuniones grupales las personas son entrevistadas en forma personalizada. Se establece una continuidad con lo trabajado en las reuniones grupales. El espacio de entrevista se extiende más allá de la confección de la Historia Social y el Informe Social. Se trabaja en el asesoramiento personalizado respecto de la manifestación particular del problema de emergencia habitacional que se expresa en cada vecino que asiste a la consulta. Se realiza una caracterización de la situación problemática, tomado un registro de los distintos aspectos que intervienen en dicha situación. La integración de estas entrevistas en el marco del proyecto local, permite resignificar el espacio de entrevista. Se crea, entonces, un espacio de reflexión conjunta. Se indagan las posibilidades de colectivizar la demanda y la acción con otros vecinos y se pone a disposición la información de las redes de organizaciones comunitarias que trabajan la problemática y que pueden servir de apoyo para determinadas medidas de resistencia. Asimismo se articulan los recursos legales y de defensa de derechos acordes a la situación que trae cada vecino.

- Trabajo de indagación empírico conceptual: A partir del material empírico relevado en entrevistas y reuniones grupales, de lo indagado bibliográficamente y del conocimiento que se va adquiriendo en la intervención se presenta la necesidad de organizar toda la información y relevar los aspectos vacantes que no pueden ser observados de manera directa. El objetivo principal es conocer cómo se manifiesta en el barrio de Constitución el proceso de recomposición urbana que se da en la Ciudad de Buenos Aires y determinar cómo impacta en la cotidianeidad de las familias que viven en hoteles-pensión.

Con este trabajo de indagación se pretende, por un lado, superar en el plano del conocimiento la mirada en torno a la manifestación del problema e ir a sus determinaciones más profundas, esto nos brinda herramientas para pensar la intervención y redireccionarla. Asimismo la experiencia se constituye en un proceso de investigación acción, en tanto los nuevos conocimientos se materializan en acciones y se constituyen en poderosas herramientas para fundar la organización y participación vecinal.

- Articulación con organizaciones sociales: La articulación se da en los distintos espacios del proyecto. En sus inicios se trabajó en vinculación con CIBA (Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires) quienes concurrían a las primeras

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charlas para trabajar qué hacer ante los desalojos. Asimismo los compañeros del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y del Movimiento Territorial de Liberación fueron clave en la socialización de su experiencia de lucha por el acceso a una vivienda definitiva. Para el caso de las situaciones particulares de desalojos en el área del CeSAC se trabajó y trabaja articuladamente con distintas organizaciones: Movimiento Popular Latinoamérica, Movimiento de Trabajadores 1º de mayo (FOL). Estas organizaciones han sido clave en los procesos de resistencia a los desalojos que se han dado en el barrio, impulsando y apuntalando procesos organizativos. La experiencia acumulada de estas organizaciones permite forjar nuevas estrategias ante estas situaciones y dar una disputa, que a partir de cambiar la correlación de fuerzas entre vecinos y dueños de hoteles y pensiones garantiza la protección de algunos derechos.

- Seguimiento de hoteles en conflicto: Algunas de las situaciones que llegan a través de la demanda espontánea o que se ponen de manifiesto en el espacio grupal ameritan un acompañamiento y apoyo con recursos organizativos y legales por parte del equipo que lleva adelante el proyecto local. Para ello se realizan reuniones en algunos hoteles en conflicto y se articula con los movimientos, anteriormente mencionados, que trabajan el tema. Una pieza clave dentro de esta estrategia es contar con servicios jurídicos que además de ser gratuitos trabajan desde una perspectiva de defensa del derecho a la vivienda. Es en esta instancia de participación en procesos de lucha en la que las personas se apropian de las herramientas que brindamos en los talleres, porque es allí donde se genera una praxis que permite transformar conocimientos en acción.

Procesos de aceptación – resistencia frente a los desalojos.

En la dinámica del área de Trabajo social del CeSAC N°10 la problemática se nos presenta de un modo fragmentario, como una demanda, en la inmensa mayoría de los casos, que remite a situaciones de vulneración del derecho a la vivienda de una persona o familia.

La posición subjetiva de dichos sujetos de la demanda, o de la mayoría de ellos, se caracteriza por la pasividad y la fragmentación. La primera entendida como una forma de acomodamiento al menos en dos aspectos: 1) la aceptación pasiva del poder que los locadores ejercen sobre ellos imponiéndoles en general pésimas condiciones de alojamiento, la amenaza perpetua de desalojo y su asidua concreción; 2) el acomodamiento a los requerimientos de los programas asistenciales que muchas

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veces implican soportar malos tratos y asumir posturas denigrantes para dar el perfil de pobres meritorios. La segunda, la fragmentación, remite no sólo al modo en que se expresa la demanda sino al modo en que se piensa la problemática, despojada de sus determinaciones colectivas. A ambas cosas contribuye la oferta asistencial: no sólo separando a los destinatarios sino enfrentándolos en una guerra de pobres contra pobres.

No es difícil imaginar cual es la concepción del mundo, de la sociedad, del sujeto que subyace a esas posiciones y sus consecuencias más allá de las mismas. En los espacios de reflexión del programa, fundamentalmente en el dispositivo grupal problematizamos los aspectos antes mencionados. Respecto de la actitud de los inquilinos frente a los locadores, predomina la idea de que éstos tienen el derecho de desalojarlos por el sólo hecho de ser los propietarios del inmueble. El derecho humano a una vivienda queda subsumido al derecho a lucrar con la vivienda en tanto mercancía. Cierto es que en un sentido esta conciencia expresa la realidad jurídica y fáctica. Lo que oculta es la existencia de mecanismos legales de defensa del derecho a la vivienda. Ello a su vez implicaría contar con el apoyo de un tercero que compense la relación de fuerzas desfavorable al inquilino. Contar con estas herramientas abre posibilidades a un cambio en la posición de los sujetos. En ciertos contextos los sujetos de la demanda logran resultados favorables en la disputa con los locadores.

Resultados que dependen del nivel de apropiación de las herramientas jurídicas por parte de aquellos y de la respuesta de los locadores. A lo que debe agregarse el papel jugado, en cada caso, por los organismos judiciales correspondientes.

Cabe destacar tanto el impacto que produce en un número significativo de personas el conocimiento de sus derechos, como que son excepcionales los casos en que logran empoderarse a partir de ello.

Con respecto al segundo aspecto, la relación con la oferta asistencial gubernamental es sumamente problemática. Es unánime la queja por el maltrato recibido en los organismos efectores de los programas asistenciales, incluso más allá de los casos en los que se rescata la atención recibida por parte de algunos operadores. Los turnos lejanos para situaciones de emergencia, la cantidad de requisitos, muchos de ellos injustificados, los permanentes atrasos en los pagos, etc. son moneda corriente. Sin embargo las más de las veces las quejas son contra otras víctimas del sistema (argentinos contra argentinos que supuestamente no necesitan “realmente” la asistencia, o argentinos contra extranjeros, por el sólo hecho de serlo) que son identificados como competidores por un recurso escaso. Ana María Fernández (2007), en relación al fenómeno de la violencia social dice que el estallido de instituciones y

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subjetividades está detrás del cada vez más feroz e implacable “todos contra todos”.

Y que éste es producido por muy eficaces políticas de Estado, que operan destruyendo lazos sociales mediante nuevas y variadas estrategias biopolíticas de vulnerabilización. Estrategias que promueven el aislamiento, la desconfianza, la competencia, la pérdida de la experiencia de la propia potencia, el desamparo.

No podemos olvidar que en el capitalismo es cada vez mayor la población obrera excedentaria, aquella de la que prescinde el capital para reproducirse. Prescindencia que es relativa dado que aquella población cumple un papel fundamental en el sometimiento de la población obrera ocupada. Las estrategias políticas antes descriptas no hacen sino reforzar las contradicciones entre las propias víctimas del sistema.

Que esa dinámica determinada por la estructura misma del sistema y favorecida por políticas específicas sea lo predominante, no significa que no se desarrollen procesos de resistencia ante la sistemática vulneración del derecho a la vivienda.

En el ámbito inmediato de nuestra intervención, barrio de Constitución, en los últimos años se incrementó considerablemente la cantidad de desalojos individuales (personas solas o familias aisladas) y colectivos.

En este contexto, pero involucrando a viviendas colectivas, en las que se desarrollaban procesos de desalojos masivos (numerosas familias de una misma casa) comenzaron a darse procesos de resistencia colectivos. Que el desalojo involucre a un conjunto de familias aparece como la primera condición para que se desencadenen dichos procesos.

No tenemos registro de la totalidad de los casos de ese tipo y por tanto de la evolución de todos ellos. Sí conocemos la experiencia de algunos de ellos que lograron darse una organización al interior de cada casa que les permitió primero resistir el desalojo y luego desarrollar estrategias que les permitieran ampliar el horizonte de permanencia hasta donde fuera posible para, finalmente, negociar la mejor salida a su alcance. No era mucho más a lo que podía aspirarse en un principio pero no era poco teniendo en cuenta el contexto y la práctica social predominante, la aceptación pasiva de los desalojos.

Un caso paradigmático fue el del hotel El Cid. Allí el conflicto se desencadenó al rebelarse los inquilinos contra condiciones abusivas del locador¸ precios exorbitantes de los alquileres y estado deficitario de instalaciones y servicios. El proceso colectivo se fue consolidando en la misma lucha a medida que iban superando los obstáculos que se le presentaban por la acción del aparato del estado (jurídico y punitivo) a su servicio. Un hito en esa lucha fue la resistencia a una orden de desalojo en la que

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intervino el grupo GEOF. El éxito de los vecinos unidos al lograr resistir el desalojo a pesar de la extrema violencia del operativo generó una conciencia de su propia fuerza (empoderamiento) y la valoración de la organización como herramienta de lucha.

Sin embargo, consideramos que hay otro componente o característica distintiva de esa experiencia que fue la dinámica participativa, democrática, autogestionaria promovida por quienes asumieron el rol de coordinación de la lucha colectiva: algunos vecinos con perfil militante junto a miembros de agrupaciones universitarias.

La herramienta o método por excelencia para la toma de decisiones era la asamblea.

La coordinación de las mismas era llevada adelante por aquellos, aplicando dinámicas participativas al mejor estilo de la Educación Popular. Consideramos que ese particular modo de organización permitió superar la tradicional modalidad de funcionamiento jerárquico-delegativa que concentra el poder en algunos y sume en la pasividad a las mayorías. Se trataba de una dinámica asamblearia, de democracia directa, horizontal y no jerárquica que, como dice Ana María Fernández (2007), no busca acumular poder sino multiplicar potencia.

Y siguiendo la misma lógica de la multiplicación los sujetos de esa experiencia vieron que a su alrededor otros sujetos se debatían en experiencias que al menos tenían en común la resistencia colectiva a los desalojos. La articulación con esos otros dio lugar a la conformación de un espacio de lucha común en el que se difundió la modalidad asamblearia tanto al interior de cada casa involucrada como del espacio de coordinación entre todas ellas. La experiencia de El Cid data del año 2.009 y ya en el año 2.010 el conjunto de las casas en conflicto se constituye como movimiento autodenominándose MPL (Movimiento Popular Latinoamérica).

Sin embargo, como señala la autora antes citada “En cualquier colectivo que se proponga autogestivo

la tendencia a la reinstalación de modalidades jerárquico-

delegativas (…) opera en permanente conflictividad con la apuesta a la horizontalidad…”. Es así que cada experiencia tuvo avances y retrocesos, algunas abandonaron el movimiento e incluso la lucha. Algunas antes del desalojo y otras como consecuencia de la dispersión provocada por el mismo. Pero el movimiento continúa con su misma modalidad incluso creciendo hacia adentro, incorporando nuevas casas y hacia afuera a través de la articulación con otros espacios de lucha por el derecho a la vivienda en un horizonte de cambio social más amplio.

Nos centramos en la experiencia del MPL porque es propia del ámbito territorial de intervención inmediato del Programa de Hábitat y salud del CeSAC N°10 en el que nos insertamos.

Sin embargo, como quedó dicho hay otros espacios de lucha

protagonizado por distintos movimientos sociales y políticos. El gran desafío es la

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confluencia de esas experiencias en un espacio común orientado a la multiplicación de las potencias particulares y no a la concentración de poder en un solo grupo. Hoy todavía reina la fragmentación.

Somos conscientes de las limitaciones de la intervención profesional. Pero creemos que nuestra potencia está en la capacidad de articularnos con los procesos sociales que luchan contra la vulneración de derechos, poniendo a su servicio las herramientas que nos provee nuestra disciplina. ¿Sujetos de derechos o derechos sujetos a la propiedad?

Como dijimos anteriormente, la estrategia de intervención en el dispositivo grupal está ligada a trabajar en el fortalecimiento de los vecinos en el ejercicio de sus derechos.

Las familias se encuentran sometidas a diversas arbitrariedades por parte de los dueños y encargados de hoteles, pensiones y casas de familia. Sumado a la incapacidad de hacer frente al pago del alquiler, se presentan problemáticas asociadas, que inciden negativamente en la salud de la población. Se agrava entonces, el padecimiento subjetivo y la vulneración de derechos que enfrentan estas familias. La resolución de la situación de deuda de alquiler es enfrentada por parte de los propietarios con mecanismos que distan de estar ajustados a los canales jurídicamente establecidos. Es usual el relato de situaciones por parte de las personas que concurren al dispositivo, de desalojos compulsivos que se presentan bajo distintas formas. Las personas, luego de ser amenazadas, hostigadas para ponerse al día, son expulsadas de manera repentina. Se les coloca un candado en la puerta de su vivienda, quedándose el dueño con sus pertenencias o se arrojan estas a la vía pública.

Las familias pocas veces visualizan esto como un mecanismo ilegal de resolución, consideran que el dueño tiene el derecho, por ser propietario, de re apropiarse de la pieza, sin mediar una acción judicial. Contrariamente a esta percepción, la legislación regula este tipo de situaciones. La ley de locaciones urbanas (N° 23091) considera que si una persona ha estado viviendo más de 6 meses en una vivienda, existe un contrato implícito que le otorga a esta persona la condición de inquilino. De acuerdo a esta normativa la persona para ser desalojada debe ser notificada por escrito y luego iniciársele un juicio de desalojo. Son muy pocos los casos en los que esta normativa se cumple. Las personas tienen registro, originada en su propia percepción o a partir de comentarios o relatos de otros vecinos, de la posibilidad del desalojo violento. Esto lleva muchas veces a que las familias decidan retirarse de la vivienda antes de vivir

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esta situación traumática, lo que le evita al dueño o encargado la realización de los trámites judiciales.

En el dispositivo grupal se hace referencia a los derechos que otorga la legislación a no ser desalojado de manera violenta. Se trata de que las familias conozcan la legislación y los derechos que le otorga para evitar la situación de calle y la desprotección que conlleva esta condición. Los vecinos descreen de la posibilidad de aplicabilidad de la legislación en función de la estrategia de ganar tiempo para poder tramitar los recursos asistenciales que le permitan evitar la situación de calle. Este descreimiento se encuentra fundado, por cierto, en el reconocimiento de que estas situaciones por más ilegales que sean, son de ocurrencia frecuente y en el convencimiento de que ningún dueño o encargado ha tenido consecuencias por manejarse por fuera de los canales legales. La desprotección ante este tipo de situaciones se agrava con el accionar de las organizaciones gubernamentales de asesoramiento jurídico. Al consultar ante este tipo de respuestas por parte de los dueños, las personas son aconsejadas a recurrir a la solicitud del subsidio habitacional para superar su situación de calle. El accionar ilegal por parte de los dueños o encargados no recibe un tratamiento desde el sistema jurídico, no se realizan acciones para evitar la vulneración de derechos ante los desalojos ilegales. Este tipo de asesoramiento convalida, en un punto, que la desprotección de las familias se perpetúe en el tiempo.

Es aquí donde nos parece importante detenernos. Trabajar desde la perspectiva de derechos debe encontrarse asociada a una práctica que ponga en marcha los mecanismos para que esos derechos se efectivicen. El primer límite a esto es el desconocimiento de los marcos regulatorios, no sólo por parte de las personas afectadas sino también por los organismos encargados de velar por su aplicación. Por otro lado se presenta otro límite que se vincula con la controversia entre defender el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda. El campo del derecho se encuentra atravesado por esta contraposición de derechos que expresa a su vez la conflictividad existente originada en el propio modo de acumulación capitalista. El derecho a la propiedad es puesto por encima de la resolución de la necesidad, y del derecho, al acceso a una vivienda digna. Se presenta de diversas maneras esta confrontación al interior mismo del campo de lo jurídico. Lo que se encuentra expresado en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución de la Ciudad y en los Pactos y Declaraciones incorporados con carácter de constitucional en el año 1994, se encuentra negado, la mayoría de las veces, en la práctica institucional de asistencia a las personas que padecen la problemática.

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Limitar la protección del derecho a la vivienda a la intervención asistencial implica desconocer múltiples aspectos que se derivan del modo en el que se defiende el derecho a la propiedad. Ya sea por canales legales como la resolución de los juicios por desalojo, como por las informalidades y tratamiento violento a la resolución de los litigios por falta de pago. En el caso de los desalojos judiciales, existe una controversia entre los jueces vinculada a si se debe proteger derechos de las personas desalojadas por sobre la restitución inmediata de la vivienda al propietario. Estos debates no hacen otra cosa que dejar entrever que en la aplicación del marco jurídico existe un margen de interpretación en el que entran a operar marcos teóricos ideológicos y políticos de quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir en estas controversias. Por otro lado, cuando las personas están libradas a las arbitrariedades originadas en el accionar ilegal de los propietarios, lo que encuentran como respuesta es la intangibilidad del derecho a propiedad y el no respeto a su condición de habitantes de un inmueble, con derecho a la tenencia del mismo, que no deberían ser tratados como si fueran meros objetos.

La enunciación del reconocimiento de las personas como sujetos de derechos debe atender, justamente, a los modos en los que esto se ve permanentemente negado en el recorrido de resolución de las problemáticas. Michel Foucault nos alerta que las disciplinas, las prácticas institucionales operan como un contraderecho. Las respuestas institucionales al no intervenir en evitar las prácticas arbitrarias e ilegales de los propietarios, operan individualizando el problema y, aun sin quererlo, responsabilizando de modo individual a aquellos que padecen el problema. Las dificultades para hacer frente al pago del alquiler están vinculadas a problemáticas de salud que desencadenan dificultades para sostener las inserciones laborales, a la inserción precaria en el mercado de trabajo. Muchos jefes de familia sostén de hogar poseen empleos inestables, sin seguridad social y con ingresos que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Ya vimos como la política pública desatiende esto como problemática social, pero vemos aquí cómo la dinámica de respuesta institucional se corresponde con tal concepción e interviene en el caso por caso, con estrategias equívocas respecto a la aplicación de la legislación vigente.

Palabras finales En

los

últimos

transformaciones

años, la vinculadas

Ciudad a

de

procesos

Buenos

Aires

urbanos

viene experimentando

propios

de

las

ciudades

contemporáneas. En esta nueva concepción del espacio urbano, las ciudades son percibidas por los gobiernos locales como un objeto de consumo que debe ser vendido

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en el mercado mundial, en función de una imagen urbana hegemónica y dominante; regidas por los mismos condicionantes que una empresa, compitiendo globalmente por lograr una posición ventajosa en la red de ciudades para lograr la atracción de inversiones del mercado financiero e inmobiliario para el desarrollo urbano, despreocupándose por la tarea de garantizar condiciones de vida digna a los ciudadanos. Estos proyectos de ciudad se asientan sobre el proceso de expulsión de la población pobre y una política restrictiva y mercantil respecto del uso del espacio público. Frente a esto se presentan desafíos a la intervención que no pueden limitarse al rol institucionalmente asignado, que exigen procesos de reflexión y reconocimiento de los determinantes más estructurales de la problemática que se nos presente como demanda. Esto permitirá diseñar e implementar estrategias de intervención que puedan enfrentar los problemas por los que somos demandados y también aquellos que se derivan de las respuestas instituidas, que muchas veces convalidan procesos de padecimiento subjetivo. Dada la complejidad que reviste la problemática se requiere la necesaria articulación con aquellos actores parte en los procesos de lucha para la protección de la vulneración sistemática de derechos.

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