XXVII congreso Nacional de Trabajo Social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
Eje temático: proyecto profesional y organizaciones colectivas de trabajo social
PROYECTOS ÉTICOS-POLÍTICOS EN DEBATE: LA AUTONOMÍA DEL CENTRO DE ESTUDINTES DE TRABAJO SOCIAL – SANTA FE. Frente Estudiantil de Trabajo Social (FETS)1
Resumen En la ponencia nos centraremos en analizar y problematizar, desde una perspectiva socio-histórica y en clave de complejidad, el escenario político – institucional del gremio estudiantil de trabajo social, en el proceso de transición de la carrera de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe a la Universidad Nacional del Litoral. Además, abordaremos la continuidad del espacio gremial antes mencionado en la coyuntura institucional actual y, la disputa de poderes y capitales. Tenemos el objetivo de presentar un debate en relación a la legitimidad de nuestra organización estudiantil, la cual no necesariamente se encuadra en los marcos ‘legales’ (estatutarios) pre-establecidos. Buscamos poner en cuestión la implicancia que el sostenimiento y la legitimidad de la autonomía del CETS tiene en la formación de un perfil profesional crítico, comprometido y participativo, en relación a luchas y disputas de los proyectos éticos-políticos al interior de la academia como parte de un proyecto social. El pase a la Universidad: Luchas histórica del colectivo de Trabajo Social de la Ciudad de Santa Fe La Licenciatura en Trabajo Social, dependiente hoy de la Universidad Nacional del Litoral, cuenta con un extenso recorrido histórico de lucha en el que intervinieron diversos actores institucionales y políticos, y que pugno siempre por constituirse en carrera de grado; cabe destacar que el Centro de Estudiantes de Trabajo Social, fue y es un actor fundamental de esta lucha. En lo que sigue buscamos situar el escenario institucional que da marco a la expresada lucha. Al respecto podemos decir que en el año 1943 el Consejo de Educación de la provincia de Santa Fe aprueba una resolución para la creación de la Escuela de Servicio Social cuya apertura se realiza en el mismo año. Ya desde marzo del año 1955, la Asociación Gremial de Estudiantes gestiona el cambio de la escuela a la Universidad Nacional del Litoral, tanto en 1957 como en el 1958, 1966, 1
* Frente Estudiantil de Trabajo Social (FETS) actual conducción del Centro de estudiantes de trabajo social (CETS) – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Nacional del Litoral. frenteestudiantildets@gmail.com
1969, 1979, 1980, 1985, 1991, 1996 y 1997 se reiteraron estos pedidos contando con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y el de Bienestar Social de la provincia, apoyaba también el Centro de Asistentes Sociales de Santa Fe y Rosario. Por otra parte, cabe aclarar que la Dirección de la Escuela de Servicio Social adhería al reclamo, que en líneas generales encontraba argumentos basados en una serie de aspectos que hacen a la construcción institucional, como a lo que respecta a la vida académica y la formación profesional, producto de la dependencia a un organismo ministerial del poder ejecutivo. La posibilidad de perder la validación de los títulos, el hecho de que los docentes de la carrera sean empleados públicos; la imposibilidad de una formación y capacitación constante del cuerpo docente, como así también las dificultades para desarrollarse en el campo de la investigación social, y sumado al hecho de que para poder realizar una reforma curricular o reglamentaria, era necesario que se apruebe por una ley provincial, hizo de ésta una lucha imperiosa para el desarrollo del campo profesional y disciplinar en la ciudad de Santa Fe. Luego de años de debate al interior de la comunidad educativa de la Escuela de servicio Social, acompañada por la particularidad del contexto político y en el sostenimiento de esta lucha histórica, es que se logra la Constitución de la Licenciatura de Trabajo Social como parte de la oferta académica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con el objetivo de jerarquizar la formación y producción académica. El ingreso de dicha carrera al ámbito universitario se realiza en un desarrollo compartido entre la Facultad de Humanidades y Ciencias (FUCH) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), con la intencionalidad de lograr el fortalecimiento y la concreción de la integración académica que promuevan el trabajo coordinado y cooperativo entre las distintas Facultades. Si bien en los documentos formales de la actual curricula esto es lo que se sostiene, podemos decir desde la experiencia común del colectivo estudiantil (tanto del plan ‘85 como del plan 2010), que desde el momento en que se inicia el procesos de transición y la implementación del nuevo plan de estudios, se pone de manifiesto la complejidad que implica el proceso de integración de dos instituciones, concretamente la Escuela de Servicio Social y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con lógicas, idiosincrasia, identidad y prácticas distintas y ya constituidas. Se torna necesario aclarar que entendemos por institución, para lo cual recuperamos a C. Castioradis quien entiende a esta categoría, como un complejo total coherente conformado por un magma de significaciones imaginaria sociales, que atraviesa, orienta y regula la vida institucional y la de los actores que la constituyen, donde es en cada caso su propia obra, y tal creación deriva del imaginario instituyente del colectivo humano, siendo este inherente al colectivo. En otras 2
palabras, cada sociedad construye su propio mundo dándole sentido a la vida, poniendo en tensión las contradicciones entre lo instituido y lo instituyente. Y es en este contexto, entre la construcción disciplinar y el proceso de integración de dos instituciones, que se pone en juego y disputa el campo de sentidos y la construcción historia de nuestra organización estudiantil y gremial, centrando en debate la legitimidad de dicha organización, la cual no necesariamente se encuadra en los marcos ‘legales’ (estatutarios) preestablecidos. Esto nos llevó a pensar, cómo la construcción del campo disciplinar del trabajo social se vio atravesado en primer instancia, por una disputa donde se pone en juego la legitimidad del mismo en su construcción histórica, poniendo una vez más de manifiesto las tensiones y contradicciones inherentes al mismo. En esta línea, acercándonos a la implicancia del contexto de consolidación del campo profesional y disciplinar, podemos sostener que para comprender dicho proceso debemos considerar el contexto socio-económico y político en el que se gesta; e indagar sobre lo que se produce en dicho momento histórico en el campo de las ideas, en el campo cultural y educativo. Creemos pertinente establecer, ¿Qué se entiende por proceso de profesionalización?, el mismo refiere al proceso a través del cual una ocupación se convierte en profesión, reconociéndose que para su ejercicio es necesaria la formación con el fin de adquirir conocimientos y desarrollar competencias, destrezas y habilidades. Esto implica, según Miguel Miranda Aranda, los siguientes aspectos: el desarrollo de un cuerpo de conocimientos disciplinares sistemáticos, la transmisión en instancias formales de formación y acreditación, la investigación, el establecimiento de principios éticos, una organización interna con autoridad sobre el ejercicio, que desarrolla una cultura profesional, y el reconocimiento público de la actividad producida. En relación al proceso de profesionalización del trabajo social, se puede postular que este se desarrolla en la última década del Siglo XIX y principio del Siglo XX en los Estados Unidos en tanto como ocupación nace en Europa con anterioridad. Su emergencia pone en tela de juicio los principios y la efectividad de los sistemas de atención de la pobreza basados en la caridad y en la beneficencia. En este sentido la construcción de una nueva concepción en relación al abordaje de las manifestaciones de la cuestión social, sienta las bases de este proceso de profesionalización del trabajo social que tiene una intrínseca relación con la formación académica, acudiendo ésta a las innovadoras teorías de la época que hace al Pragmatismo e Interaccionismo Simbólico. En relación a lo escrito consideramos que en la historia del Trabajo Social una de las grandes tensiones refiere a la autonomía profesional, la cual indica hasta qué punto los profesionales se 3
consideran a sí mismos como protectores de un conocimiento y una actividad, control que se ejerce a favor de la sociedad. Al mismo tiempo que la reivindicación da origen a la constitución de las comunidades profesionales, las cuales producen un sentimiento común de identidad, autorregulación, membresía permanente, valores compartidos, lenguaje común, limites sociales definidos y una fuerte socialización de los nuevos miembros. La lucha de los asistentes sociales por establecer la autonomía de su campo fue significativa, ya que se presentaron algunas contradicciones mantenidas en el tiempo como el establecimiento de límites entre los conocimientos propios y los de otras disciplinas. Esto aparecía como conflictivo ya que faltaba claridad en la delimitación del objeto de estudio; lo social, el servicio social, en este caso, aparecía como un concepto muy ambiguo, cuyo objeto desdibujaba las múltiples aplicaciones prácticas. Y en este sentido, no podemos dejar de remarcar que al interior del campo profesional y disciplinar de Trabajo Social, existe un fuerte debate sobre la transversalidad del mandato de origen, en relación a la función social asignada desde el poder hegemónico a nuestra profesión. Lo cual condiciono durante muchos años la formación de un perfil profesional, con base en matrices teóricos epistemológicas de corte liberal conservador, primando así un carácter subsidiario, dependiente y subordinado de nuestra disciplina en relación al Derecho y a la Medicina. Ese modelo auxiliar condicionó la reivindicación de ciertas matrices teórico-epistemológicas, como también definió particulares modos de intervención profesional. Estas tensiones y contradicciones que marcaron históricamente al Trabajo Social se ponen una vez más de manifiesto en el escenario institucional actual de la carrera de Trabajo Social en la ciudad de Santa Fe. En esta eterna disputa por definir nuestra identidad, por defender nuestra historia y nuestra posición en relación a la lucha de clases, consideramos fundamental remarcar que nuestra profesión se ha desarrollado también desde sus inicios con ideales emancipatorios y solidarios como parte del pueblo. La profesionalización del trabajo social surge formando parte de un proyecto que brega por la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, libre, igualitaria y pacífica. Los fines últimos de nuestra disciplina están vinculados desde sus orígenes con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más desfavorecida, buscando contribuir a un proceso de desarrollo y progreso social que iguale oportunidades, y que habilite a la participación de los sujetos. Por todo lo expuesto sostenemos que una de las dimensiones que hace a la reivindicación de la autonomía del CETS, nace de la profunda convicción de los y las estudiantes de Trabajo Social, 4
que desde nuestra academia, históricamente nos hemos organizado en los Centros de Estudiantes en pos de luchar, en defensa de los sectores populares en la época más oscura y sangrienta que vivió nuestro país en la última dictadura cívico-eclesiástico- militar, cobrando la libertad y vida de nuestros/as compañeros/as, militantes políticos y sociales. Como así también, ante la Ley Federal de Educación Superior, el contexto institucional que pretendía convertir a la carrera en una tecnicatura y, que en pleno auge neoliberal intentó el cierre de la misma, a lo que nos opusimos y resistimos, acompañados por los docentes, personal administrativo y egresado. En el proceso de transición de nuestra carrera a la Universidad, vimos afectados y negados los pilares que se venían revindicando y defendiendo como colectivo estudiantil ante la imposición de una estructura hegemónica que pretendía y pretende fagocitar nuestros espacios de representación gremial. Es por todo lo expresado que buscamos poner en cuestión la implicancia que el sostenimiento y la legitimidad de la autonomía del CETS tiene en la formación y el establecimiento de un perfil profesional crítico, comprometido y participativo, en relación a luchas y disputas de los proyectos éticos-políticos al interior de la academia como parte de un proyecto social, poniendo en debates dos dimensiones fundamentales: autonomía-heteronomía, en relación a la construcción de legitimidad-legalidad.
La Universidad como nuevo marco institucional. El pase a la universidad dejó entrever un conjunto de aspectos que hacen a la complejidad de un proceso de transición en el cual la lógica institucional del ámbito académico se impuso desde el comienzo hasta hoy, sobre la lógica institucional de la escuela, negando la identidad e historia de esta última y trastocando los pilares. En este sentido, podemos decir, que en el habitar cotidiano se pone constantemente en tensión los marcos legales que establecen el nuevo ámbito institucional y el principio de legitimidad social. Ahora bien, siguiendo a Cazzaniga, podemos decir que la legitimidad no es solo legalidad sino que la excede. En un sentido weberiano, el Estado se constituye como monopolio de la fuerza física legítima, y en las sociedades modernas, se materializa tal fuerza a través de un acuerdo sobre regla y procedimiento de elección de quién manda, es decir, de la autoridad publica. Tales procedimientos se amparan en el marco jurídico que los instituye legalmente, y de este modo, se otorga legitimidad de origen que otorga el poder de mandar. Sin embargo, tal autoridad política con legitimidad de origen se desempeña en su gobierno y tal accionar es evaluado por los ciudadanos que otorgan o rechazan, que apoyan o critican, y por tanto, se funda otra legitimidad que se refleja 5
en el habitar cotidiano, una legitimidad social. En este sentido, observamos que la universidad llevó adelante acciones más vinculadas a la imposición violenta del nuevo contexto y no una integración de los diferentes ámbitos institucionales. Una de las cuestiones fundamentales que repercutieron (y aún repercuten) en el estudiantado, refiere a una diferenciación agresiva por parte de las autoridades de la FCJS entre los estudiantes del Plan ’85 (Plan que antecede al Plan actual) y los estudiantes del Plan 2010, considerando a los primeros como estudiantes residuales y entendidos los segundos como nuevos ciudadanos universitarios. En este sentido, los estudiantes que venían de la carrera de Servicio Social, no fueron incorporados ni reconocidos como ciudadanos universitarios, con todo lo que esto implica, cercenando determinados derechos que hacen a la vida académica. Asimismo, se estableció desde la Universidad, un proceso de transición rígido, que en sí mismo contenía mecanismos implícitos de expulsión progresiva de los estudiantes del terciario. Son claros ejemplos de esto, la rapidez de la caducidad en la posibilidad de cursar; en relación a que hay determinadas materias específicas que no se pueden rendir libre, situación que se ve complejizada en materias que si pueden rendirse en condición de libre, por el hecho de que por la propia dinámica y particularidad que hace a nuestro proceso de formación, el cursado en sí mismo es una herramienta fundamental en la construcción colectiva de conocimiento; siendo esto uno de los factores que coarta la posibilidad de terminar los estudios. Por otra parte quienes en este proceso por condiciones personales o particulares se ven inducidos a pasarse de plan, teniendo la carrera avanzada, la opción de homologación presentada institucionalmente, impone la necesidad de volver a rendir materias ya acreditadas, implicando para estos compañeros la perdida de lo construido formalmente hasta el momento, siendo que el plan curricular que se aprueba en 2010, su implementación inicia de hecho en el año 2008. Por otra parte, las materias compartidas que constituyen el primer ciclo del plan de estudios, eran pensadas y orientadas en función del perfil profesional del estudiante de abogacía, dejando de lado la construcción disciplinar del trabajo social y la orientación y debate que esto implica. Como así también la imposición de un régimen de estudio ya establecido para la lógica de dicha carrera, sin tener en cuenta las particularidades y necesidades de la carrera de Trabajo Social. La dinámica y desempeño estudiantil que rige en la Facultad de Ciencias Jurídicas prioriza un perfil liberal de estudiante en el sentido de que se hace énfasis en rendir libre, estudio individual con material bibliográfica fijo, rígido; la casi inexistencia del vinculo entre docente-estudiante por la masividad del estudiantado. Todos estos rasgos, del cual el estudiantado tuvo que empezar a convivir, se contrapone y entra en contradicción con los pilares vertebrales de la profesión misma y 6
con el perfil de estudiante que ésta conlleva, como planteamos anteriormente, en el sentido de una construcción colectiva permanente que prioriza una dinámica de trabajo grupal, presencia en el cursado de las materias, material bibliográfico cambiante a través de ‘carpetas vivas’. Estos fuertes contrastes identitarios muchos veces no entraron en dialogo, sino por el contrario, chocaron y generaron rupturas más que integración. Todos estos cambios fueron impuestos y avasallaron toda la idiosincrasia y modos de habitar del estudiantado de trabajo social, llegando a muchas situaciones de discriminación y exclusión como por ejemplo, el rechazo de los docentes a dictar clases para los estudiantes de Trabajo Social, priorizando solo los estudiantes de Abogacía. Situaciones concretas que van más allá de lo legal y que reflejan la puja y tensiones entre dos colectivos con valores, prácticas, representaciones diferentes. Encontrando como punto máximo de tensión en este proceso de transición, el cierre del edificio de la Escuela de Servicio Social para una remodelación de toda su fachada, de sus instalaciones. Hecho que violentó al colectivo de la escuela, por diferentes factores, entre ellos, los espacios asignados para el cursado a los estudiantes de Trabajo Social eran espacios relegados de la facultad; el traslado de la biblioteca con la que contaba la escuela, a la biblioteca central de la Facultad, convirtiendo a la misma en una sala de lectura; la pérdida del espacio de alumnado; la denominación de la histórica escuela como “anexo”, marcaba fuertemente el carácter subsidiario que se le pretende otorgar desde lo simbólico a nuestra carrera. Siendo a su vez cada uno de estos espacios, los que construían la cotidianeidad y pertenencia por tanto identidad, como comunidad educativa.
¿Por qué la Autonomía? En este nuevo contexto, el Centro de Estudiantes de Trabajo Social, se vio cercenado en su derecho legítimo de continuar representando a los/las Estudiantes de Trabajo Social, perdiendo a su vez participación en todos los espacios de decisión y por ende de representación, ante la imposición de una estructura hegemónica. Frente a esta situación, comenzó la lucha por el reconocimiento y autonomía de su representación gremial. El 3 de Octubre de 2011, y luego de más de una año de instancias de diálogos con todos los actores pertinentes, los estudiantes de Trabajo Social acompañados, con el apoyo de diferentes agrupaciones políticas, deciden la toma simbólica de la FCJS y del Centro de estudiantes de Derecho, en repudió al no reconocimiento del CETS. Hecho que se suscita en la Asamblea anual de rendición de cuentas del centro de estudiantes de Derecho donde los estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social, como les corresponde en su calidad de ciudadanos universitarios, 7
se presentaron a la misma, proponiendo a la Asamblea una moción para que el máximo organismo gremial de la FCJS se pronuncie por la autonomía del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, históricamente combativo, presente en las luchas sociales y estudiantiles desde hace 60 años y único representante legítimo de los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. Dicha moción fue votada y aprobada por simple mayoría estudiantil, de acuerdo a lo expresado en el artículo 5 del Estatuto de Funcionamiento del Centro de Estudiantes de Derecho (CED). Ante este panorama, la conducción Franja Morada del CED que coordinaba la asamblea, procedió a ignorar el resultado imponiendo fraudulentamente su propio resultado, desconociendo la voluntad democrática de la mayoría constituida en asamblea. Luego de cuatro días sosteniendo la medida de fuerza tomada y constituidos en asamblea permanente, los diferentes organismos llegan a un acuerdo que consiste en: En relación a la Autonomía del CETS.
Avanzar en el reconocimiento de esa autonomía.
Solicitud del Presidente de la Junta Electoral de CEDyCS y del Presidente del CETS al presidente de la FUL del reconocimiento del CETS.
Reconocimiento del Presidente de la FUL ad referendum de la Junta Ejecutiva de FUL, a reunirse posteriormente a los procesos electorales actuales.
El reconocimiento que realizará de la Junta Ejecutiva deberá ser tratado en el Congreso de FUL
Una nota del CETS solicitando un veedor de su proceso electoral, adjuntando su Estatuto, asumiendo el compromiso del CETS de realizar todas las reformas que sean necesarias, de acuerdo a lo que establece el Estatuto de la FUL.
En cuanto a los padrones de estudiantes: Los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social integrarán los padrones para las elecciones del Centro de Estudiantes de Trabajo Social y del Centro de Estudiantes de Derecho y de Ciencias Sociales, pudiendo elegir su representación gremial en cualquiera de los dos centros de estudiantes, en ambos ó en ninguno, respetando el derecho a elegir y ser elegido de cada estudiante, haciendo hincapié en la libertad sindical. Los estudiantes de la Carrera Servicio Social sólo estarán afiliados al Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Los estudiantes de la Carrera Abogacía sólo estarán afiliados al Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales. 8
Habiendo llegado a estos acuerdos, el Centro de Estudiante de Trabajo Social resuelve levantar las medidas de fuerza”.2 Cabe destacar que en el período que duro la toma, se utilizaron mecanismos de intimidación por parte de las autoridades de la facultad y avalados por la conducción del CED, como el intento de desalojo por parte de la policía Federal, sin notificación, y con presencia policial en la puerta de la Facultad, siendo esta una toma pacífica donde no se obturaba el normal funcionamiento de la Institución y haciendo uso legítimo del derecho a protesta. En este punto debemos precisar que entendemos por autonomía. Para ello recuperamos la noción propuesta por Castoriadis cuando expresa que “Autónomo es aquel individuo que se da a sí mismo sus propias leyes. Dado que hay en la sociedad un número indefinido de individuos, resulta evidente que cada uno de ellos no puede darse su propia ley. ¿En qué sentido, entonces, puedo afirmar que soy autónomo dentro de una sociedad? Pues bien se puede decir que soy un individuo autónomo en una sociedad si tengo la posibilidad real, y no sólo formal, de participar, junto con todos los demás, en un plano de igualdad efectiva, en la formación de la ley, las decisiones acerca de ella, su aplicación y el gobierno de la colectividad. A mis ojos ese es el verdadero sentido de la democracia. Y un régimen que no esté basado en este principio no puede ser llamado legítimamente democracia. Un régimen que sólo tiene libertades negativas es un régimen liberal, no un régimen democrático”3 Por eso consideramos que si bien el momento de lucha que desarrollo el colectivo estudiantil de Trabajo Social fue una instancia decisiva, la misma no constituye el fin último del proceso de autonomía, por el contrario configura el inicio de un proceso de lucha que tiene como objetivo avanzar en las conquistas legales, legítimas y reales de una sólida autonomía del CETS, dado que en éste contexto la misma tiene un carácter relativo. Asimismo, consideramos que si bien el proceso de transición implicaba la configuración de nuevos escenarios de transformación, pensando en el cómo se dio es decir, las herramientas, los mecanismos, la modalidad, en definitiva, la praxis política no generó una integración mediante acuerdos y consensos comunes, sino que se optó coercitivamente por llevarla delante de manera impositiva.
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Acta: Acuerdo de la autonomía del CETS. 2011. Extraído de: Cuaderno de jornadas 03, Diálogo con Cornelius Castoriadis, publicado por la FFYL de la UNAM, a propósito de su visita a México en 1993. Corresponde al diálogo que el teórico libertario griego entabló en una de sus conferencias, y que fue transcrito y traducido por Enrique Hulz Piccone, docente del Colegio de Filosofía de la FFYL. 3
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Reconocemos como otra arista más de la obstaculización de la integración que, si bien en el actual escenario existe la posibilidad reglamentaria de participar en los espacios de co-gobierno, no existe una posibilidad política de acceder realmente a estas instancias ya que la matrícula de estudiantes de Abogacía supera ampliamente a los estudiantes de Trabajo Social.
A modo de reflexiones finales: deudas y desafíos En relación a todo lo desarrollado, entendemos que el desafío de avanzar en la real consolidación de la autonomía del CETS se sustenta por un lado, en dos de los fines que representan el espíritu del estatuto del órgano máximo de los estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, es decir, el estatuto de la Federación Universitaria del Litoral que en su artículo 3, inciso d establece “luchar contra todo tipo de limitacionismo y velar por las reivindicaciones de los estudiantes’ y, por otra parte, en el mismo artículo en su inciso f considera ‘bregar por la conquista definitiva de la independencia nacional del pueblo argentino y apoyar a los pueblos que luchan por su autodeterminación”, dos preceptos que muestran un claro carácter emancipatorios. En este sentido, no debe ser la FUL la que ignore la trayectoria histórica del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la ciudad de Santa Fe, ni tampoco la profunda autodeterminación expresada por sus estudiantes en todas las Asambleas realizadas antes y después del traspaso de la carrera de Servicio Social al ámbito universitario de ser representados por sus propios compañeros de carrera en su Centro histórico. La FUL, así como ningún espacio de representación gremial, debe forzar a los compañeros a tener que ser representados por quien no quieren ser representados, y si por el contrario, debe garantizarle el derecho a ser defendidos en sus aspectos gremiales por aquellos a los que consideran expresan fielmente sus intereses; exclaman en sus fines el estatuto de la FUL “luchar contra todo tipo de limitacionismo”, aquí es donde debemos basar la reflexión que las normativas del propio estatuto no deben ir en contra de los fines por los cuales fue creado y respetar en el caso de Trabajo Social la pre-existencia del Centro de Estudiantes y la determinación del colectivo de estudiante de dicha carrera de ser representado por el mismo, más aun teniendo en cuenta que el propio estatuto de FUL no considere en su reglamentación las particularidades en la que hoy se encuentre nuestra carrera y por consiguiente sus estudiantes y espacios de representación. Por otro lado, recuperamos el proceso histórico de la creación de la Reforma Universitaria del ’18 como hito simbólico de lucha de los movimientos estudiantiles por la ampliación de los derechos en el campo educativo en tanto entendemos que esto encuentra una intrínseca relación con la 10
Universidad que pretendemos construir actualmente, y por ende, con la defensa de los espacios de los espacios de representación estudiantil, en este caso trabajado, el CETS. En esta línea queremos exponer que en el año 1916, en la Argentina accede al gobierno de la Nación el radicalismo de Irigoyen, su discurso condensaba las reivindicaciones que demandaban ser satisfechas por los sectores populares de la Argentina, es decir criollos e inmigrantes que exigían mayores espacios de participación en los ámbitos políticos, económicos y sociales. El contexto internacional estaba signado a grandes rasgos, por la crisis del mundo occidental que devenía de la primer guerra mundial (1914) por un lado, y por otro lado la revolución rusa del 1917, que junto al contexto nacional, perfilaban un escenario en el cual se pondría en tela de juicio la legitimidad y vigencia de la lógica de intervención del Estado llevada adelante por la generación del '80. En éste contexto, los crecientes sectores populares, sobre todo la incipiente clase media urbana de ése momento histórico, en su tránsito de conquistar más y mejores derechos sociales, y un gobierno dispuesto a dar respuestas a sus demandas, es que se produce el Proceso de Reforma Universitario que se gestará en la provincia de Córdoba criticaban la formación pedagógica anacrónica, el clericalismo y la perpetuación del pensamiento científico hegemónico que no se responsabiliza por la función social del saber, de esta forma se fue constituyendo un discurso crítico y transformador del funcionamiento de la Universidad por parte de los estudiantes cordobeses. Más profundamente la Reforma Universitaria de 1918 fue a partir de considerar a la Universidad como el espacio político fundamental por el cual las elites logran consolidarse como tales, legitimando la idea meritocrática de la movilidad social, de la que deviene la construcción de ciudadanía a partir de un disciplinamiento integrador y formativo, por ello se muestran como evidentes aún hoy la interrelación entre elites intelectuales y sectores del conservadurismo oligárquico, dado que es sabido que las oligarquías nacionales fueron históricamente quienes pusieron en marcha la máquina de culturación extranjerizante y por consiguiente, anti nacional, anti popular y pro imperialista. No es nuestro interés desarrollar aquí las características del sujeto universitario que idealizaba la reforma, sino dar cuenta de que en los albores de nuestra actual era universitaria, el motor fundamental de cambio tenía que ver con democratizar la vida universitaria, proceso del cual el movimiento estudiantil fue protagonista, buscando posicionarla al servicio del
pueblo, como
categoría general para referirnos a los sectores históricamente ajenos a las oportunidades de igualdad ciudadana. Sin embargo, es nuestra intención aclarar que estamos lejos de los fines de la 11
reforma vinculados a la impronta renovadora de la juventud, que coexistieron en su origen con el cogobierno, al que legítimamente accedió el movimiento estudiantil. Por el contrario, asistimos a reiteradas invocaciones del espíritu de la reforma, el cual es manipulado para reclamar el derecho de administrar recursos y poder político, sin importar la finalidad, un privilegio que algunos se arrogan a costas de deslegitimar voces y procesos democráticos y colectivos como el que se dio en el colectivo estudiantil de trabajo social en el contexto de transición de la carrera de Trabajo Social a la UNL, al luchar por la autonomía e igual reconocimiento del CETS, ante todos los claustros, como legítimos ciudadanos universitarios. Por eso nuestra lectura del momento histórico por el que atraviesa la Universidad Nacional del Litoral se define por su incapacidad para democratizarse en su aspecto más esencial, el servirle al país que le otorga razón de ser, de ahí su lógica necesidad de fagocitar, a través de su brazo de representación estudiantil, procesos de construcción colectiva que vayan por fuera de la lógica instituida. Nosotros defendemos la autonomía y rechazamos el aislamiento social universitario orientado a la reproducción de elites sociales, políticas, culturales e intelectuales. Creemos en el valor de una universidad que se muestre como espacio plural, participativo, sin trabas institucionales, que nos permita discutir los perfiles profesionales, democratizar las discusiones en torno a los contenidos curriculares desde las implicancias específicas de cada disciplina, necesitamos problematizar la deserción de la universidad como manifestación de
la noción expulsiva con que se diseñan
algunos planes de estudios que pretenden formar perfiles academicistas, tecnocráticos e irreflexivos de profesionales. En definitiva aspiramos a profundizar la defensa de la Universidad pública y gratuita y trabajar por una Universidad con compromiso social, creadora y popular, de ahí es que consideramos una deuda que no admite dilaciones el hecho de vincular la producción académica con los temas centrales de la agenda pública, defendiendo los espacios gremiales de representación estudiantil como parte de la lucha por la democratización de la educación pública en pos del ingreso y permanencia de los sectores populares, haciendo frente a una postura universitaria neoliberal que está pensada para unos pocos.
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