SOBRE TRABAS Y TRAVAS. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN TRANS EN ARGENTINA

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014

EJE: Enfoque de derechos y políticas públicas en la contemporaneidad.

SOBRE TRABAS Y TRAVAS. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN TRANS EN ARGENTINA EN EL PERÍODO 2011-2013.

María Lucrecia Baccaro1

Resumen La diversidad sexual fue incorporada en la agenda pública argentina a partir de las luchas de activistas y organizaciones sociales que culminaron con la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. La población trans comenzó a ser visibilizada y considerada —débilmente aún— sujeto de derecho. Diversas acciones se han emprendido desde el Estado para contrarrestar la discriminación de que son objeto y entre éstas se encuentran una serie de programas destinados a la inclusión laboral y la empleabilidad de las personas trans. En el presente trabajo se recorren las acciones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para facilitar la inclusión laboral del colectivo trans, que abarcan tanto la formación profesional, como el entrenamiento para el trabajo y la terminalidad educativa.

Agradecimiento: a Sebastián Zoroastro, por su generosidad en la entrega de ideas, hechos y bibliografía.

El título realizado Berkins.

remite a un comentario por la activista Lohana

Introducción En los últimos años la Argentina ha avanzado en la promulgación de derechos y garantías para evitar la discriminación por diversidad sexual a partir de las Leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Estas leyes fueron un reclamo histórico del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e 1

Licenciada en Trabajo Social (UBA). Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas (FLACSO).

Analista principal en la Dirección de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral. Secretaría de Empleo. MTEySS. mbaccaro@trabajo.gob.ar

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intersex). Sin embargo, la existencia de esta legislación por sí sola, no es suficiente para incorporar a los sectores más excluidos del colectivo en el ejercicio de sus derechos de educación, salud, trabajo y vivienda.

La población trans (travestis, transexuales e intersex) es la más vulnerada y empobrecida dentro del colectivo LGBTI y en relación a ésta se han instrumentado, durante los últimos años, una serie de políticas públicas tendientes a fortalecer sus derechos. El objetivo del presente trabajo es identificar las políticas de inclusión laboral para el colectivo trans, ejecutadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La tensión entre reconocimiento y redistribución, la perspectiva de equidad de género y su impacto en la población trans serán abordados a partir de la descripción de los instrumentos utilizados por el poder político y de los resultados provisorios de las acciones ya en ejecución.

Hay pocos textos sobre el tema. La revisión de la bibliografía sobre diversidad sexual y trabajo indica que la mayoría de los aquellos provienen de la Unión Europea y suelen estar enfocados, por un lado, en recomendaciones a las empresas para evitar la discriminación en el ámbito laboral, estableciendo, por ejemplo, cupos de trabajadores a incorporar. Por otro, generando espacios transversales institucionales, (mainstream de género), que aborden la problemática. El acento está ubicado en la promulgación de leyes antidiscriminación o la incorporación de la igualdad de género entre las reivindicaciones sindicales.

En América Latina nos encontramos con un escenario similar de discriminación en lo relativo a las personas que no responden a la normatividad heterosexual, pero respecto de las personas trans específicamente, la mirada debe ser más abarcadora para contemplar tanto los procesos de inclusión/exclusión social, como el acceso a la educación y al mercado de trabajo formal por las condiciones extremas en que se desenvuelve su existencia.

En la Argentina las estrategias para paliar la exclusión social de la población en general producida por las políticas neoliberales que culminaron en la crisis del 2001, se concentraron principalmente en fomentar la incorporación de los desempleados al mercado de trabajo y en el trabajo registrado, por entenderlas como el eje organizador de las políticas sociales (Grassi, 2012 (I-II)). En esta lógica se continúan enmarcando las acciones implementadas por el poder político en relación a la población trans, es decir, considerar al trabajo como centro de las políticas sociales inclusivas.

Dado que la diversidad sexual es un tema relativamente nuevo en la discusión pública, en la primera parte del presente trabajo se describen, sintéticamente, los conceptos de género, transgeneridad y discriminación sexual. Posteriormente se exploran las

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características de la población trans en base a la encuesta realizada en el partido de La Matanza por el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) en junio del 2012 y a la información proporcionada por las organizaciones sociales que trabajan sobre la problemática. En un tercer momento se analizan las políticas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la promoción del empleo del colectivo trans en tres apartados, el de los lineamientos generales de las políticas, su componente de formación y el componente de empleo.

Por último, se agregan las conclusiones.

1.- Género, transgeneridad y discriminación sexual Si bien el concepto de género aparece inicialmente en la medicina, los estudios de las feministas fueron los que teorizaron sobre la diferenciación sexo-género para plantear que los roles sociales de las mujeres y los varones no están determinados por su sexo anatómico.

El sexo se define a efectos de este trabajo como el conjunto de “características genéticas, hormonales, fisiológicas y anatómicas que diferencian a las personas y que permiten catalogarlas como hombres, como mujeres o como personas intersexuales” (Vargas-Trujillo, 2007).

El género, en cambio, es una construcción social. En los primeros años de vida se constituyen las representaciones de lo que es femenino y lo que es masculino en base a las prácticas, los ritos, los discursos y las instituciones establecidos en cada época y en cada cultura. Ya desde la infancia se determinan dispositivos diferenciados en función de los sexos que van ir constituyendo social, cultural e históricamente la separación entre mujeres y varones. La asignación de colores según sexo, los juguetes reservados a cada uno, la vestimenta, los deportes y el lenguaje organizan tempranamente los papeles sociales y la división del trabajo que se asignarán en nuestra sociedad a los cuerpos biológicos: las mujeres para la procreación, los hombres para el trabajo productivo.

Lo femenino entonces queda asociado al ámbito doméstico, el de la reproducción biológica, de los afectos, del cuidado hogareño. El masculino con el afuera, con el aporte de dinero, la toma de decisiones y la violencia. Pero no son ámbitos con la misma valoración, sino jerarquizados a favor de la masculinidad. El androcentrismo es el patrón dominante en nuestra sociedad, privilegia los rasgos asociados con la

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masculinidad y devalúa lo codificado como “femenino” (Fraser, La Justicia social en la era de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación, 2008).

La mayor valoración del varón se constata en la brecha salarial a favor de éstos por sobre las mujeres, en el desempeño de puestos laborales jerárquicos, en el reparto inequitativo de las tareas domésticas y de crianza, en el menor acceso a la vida pública y política, entre otros. Las políticas de equidad de género, precisamente, se inscriben en este marco a fin de atenuar la desigualdad entre varones y mujeres.

Pero no todas las personas equiparan su sexo biológico con su género y con su orientación sexual. En otras palabras, no todos los seres de sexo femenino tienen una identidad de género femenina y una elección heterosexual de objeto amoroso, y no todos las personas de sexo masculino adscriben al género masculino y elijen a una mujer como objeto amoroso. Lesbianas, gays, travestis, transgénero, intersex no responden a esas características.

Años atrás las personas que no se comportaban de acuerdo a lo esperable para su género fueron consideradas desviadas, perversas y una larga serie de adjetivos descalificativos. En un inicio fueron objeto de estudio de la criminología y luego de las ciencias médicas y psiquiátricas. La aparición de grupos activistas organizados sacó a la homosexualidad y al travestismo de los consultorios médicos y facilitó su aparición pública, no sin grandes luchas y violencias de distinto tipo.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina de su lista de enfermedades a la homosexualidad. Sin embargo, las clasificaciones psiquiátricas siguen incluyendo a la población trans entre los enfermos mentales bajo la calificación de personas que padecen “disforia de género”. Josefina Fernández plantea que en los últimos treinta años aumenta el interés sobre la transexualidad y el travestismo deja de ser un tema de incumbencia médica, quedando sólo los transexuales en su práctica, a fin de facilitar el cumplimiento de su deseo de intervenir sobre los cuerpos para modificarlos (Fernández, 2004).

La denominación trans, aquí utilizada como sinónimo de transgeneridad, aglutina a diversos cuerpos y formas de encarar el sexo y el género. En los fundamentos del Proyecto de Ley de Identidad de Género se sugiere utilizar la categoría de transgeneridad para identificar a “las personas travestis (aquellas que utilizan ropas del género opuesto al propio y construyen su propia imagen genérica), las personas transexuales (quienes muchas veces optan y deciden intervenirse genitalmente para mudar su sexo) y las personas intersex (cuyas corporalidades presentan una diversidad propia)” (Proyecto de Ley, 2010).

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A pesar de la aprobación de la ley de identidad de género, la idea de “anormalidad” sigue presente para referirse a la población que no se identifica con el trinomio mujerfemenino-heterosexual o varón-masculino-heterosexual, dando lugar a frecuentes actos de discriminación, segregación y estigmatización. El INADI sostiene: “La discriminación por diversidad sexual y de género se basa en negar que existen sexualidades diversas, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género tomando a la heterosexualidad y la genitalidad como únicos valores legítimos” (INADI, 2013).

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo ilustra las formas de discriminación laboral con motivo de la orientación sexual o identidad de género. La denegación de los derechos consagrados por las leyes laborales, tales como las vacaciones conjuntas a cónyuges del mismo sexo, al acoso, las bromas indeseables, la denegación de ascenso, el abuso verbal, los apodos, la intimidación, el hostigamiento, las falsas acusaciones de pedofilia, la violencia, el despido, las amenazas de muerte son sólo algunas de las acciones registradas por la OIT. Señala también que otra importante forma de discriminación se produce por autoexclusión, esto es, cuando las personas del colectivo renuncian a presentarse a algunos empleos por temor a sufrir la discriminación por su orientación sexual.

Las graves violaciones a los derechos humanos sufridas en función de la orientación sexual o la identidad de género auto percibida fue objeto, en el año 2006 de un importante trabajo — los Principios de Yogyakarta, encarado por la Organización de Estados Americanos—, que culminó con una serie de recomendaciones y normas legales vinculantes para con los Estados Miembros para aplicar los principios de legislación internacional que garanticen el respeto a la vida, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el acceso a los bienes culturales de la población LGTBI. Sin embargo, a la fecha, alrededor de ochenta países del globo aún criminalizan la homosexualidad con condenas de prisión y en nueve de ellos con condena de muerte, haciendo aún más difícil la situación de la población trans que la del resto del colectivo LGTBI.

2.- Características socio demográficas de la población trans El Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y e INADI, realizaron una encuesta conjunta sobre la población trans, en junio de 2012, que abarcó a travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans con el objetivo de caracterizarlos socio-demográficamente y conocer las experiencias de discriminación y el acceso a la justicia. Hasta ese momento no existían estudios de organismos

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estatales sobre este grupo poblacional. La encuesta se llevó a cabo en el Partido de La Matanza y permitió confirmar los datos que los activistas y organizaciones que trabajan sobre diversidad sexual venían informando.

Del total encuestado, un 97,6% expresó haber nacido en el país y el 80,9% en Capital Federal o Provincia de Buenos Aires.

El nivel de escolarización es bajo. El 60% de la población encuestada informó que fue discriminada por sus compañeros. El 27% lo fue por directivos o docentes. El nivel educativo alcanzado se expone en el siguiente cuadro: MAXIMO NIVEL ESCOLAR ALCANZADO Sin instrucción Primario o EGB incompleto Primario o EGB completo Secundario o Polimodal incompleto Secundario o Polimodal completo Terciario o Universitario incompleto Terciario o Universitario completo TOTAL

% 0,5 15,3 30,2 34,0 14,8 3,3 1,9 100,0

Fuente: Adaptado de INDEC. Primera Encuesta sobre Población trans 2012

Si asociamos los niveles educativos señalados en la tabla anterior con las edades en que se produce la deserción escolar, observamos que el grueso de la población ha abandonado sus estudios entre la pubertad y la adolescencia. Alrededor de los 13 años se produce en la población trans la exteriorización de su identidad sexual que la expone a situaciones de rechazo familiar, escolar y social. El abandono escolar no supone, por lo tanto, una situación de coincidencia azarosa entre edades, sino que se encuentra fuertemente condicionado con las manifestaciones de la diversidad y su correlato de discriminación.

El acceso a la cobertura de salud también es escaso para las personas trans. Es significativo que sólo el 20% accede a obras sociales, prepagas, PAMI o PROFE. El 80% carece de atención sanitaria sistemática.

El 55% de la población encuestada afirmó haber recibido algún tratamiento de hormonización y prácticamente el mismo porcentaje (54%) afirmó haberse realizado alguna modificación corporal: la mayoría inyecciones de silicona o líquidos. Sólo dos de cada diez informaron tener prótesis. El 70% informó que por cuestiones económicas no ha realizado otras modificaciones corporales. La mitad respondió que fue discriminada en un ámbito de salud, por lo que dejó de concurrir.

Es relevante señalar que a más de dos años de promulgada la Ley de Identidad de Género aún no existen protocolos nacionales de atención médica para que el sistema

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de salud público cuente con los profesionales ni los insumos necesarios para los tratamientos de hormonización y operaciones corporales de readecuación reglados por la Ley. Tampoco existe en el sistema de atención primaria de la salud personal médico experto en la problemática de los cuerpos hormonizados, lo que estaría indicando un rechazo de sectores de la medicina a la implementación de la Ley. También las enfermedades de transmisión sexual, especialmente la Hepatitis C y el VIH/SIDA ocupan un importante lugar entre las problemáticas a nivel sanitario que padece este colectivo, producidas generalmente como resultado de sus estrategias de supervivencia.

Por ese motivo, varios Consultorios Amigables que funcionan en

algunas ciudades están implementando acciones para la atención de la población trans.

La encuesta del INDEC señala que gran mayoría, casi el 70%, contestó que la actividad laboral que ejerce está vinculada a la prostitución. El trabajo no formal alcanza al 80% de la población encuestada. Más de la mitad respondió que no realizó ningún curso de capacitación laboral. Siete de cada diez indicó que está buscando cambiar la actividad laboral y ocho de cada diez que su identidad de género dificulta el cambio.

Los datos publicados por Lohana Berkins resultan similares: PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS SEGÚN RANGO DE EDAD Base: total de casos Entre 16 Entre 22 Entre 32 Entre 42 55 y Fuente de Ingresos Total y 21 y 21 y 41 y 51 más Prostitución 84,10% 84,50% 80,80% 38,50% 28,60% 79,00% Otros Empleos 9,10% 12,70% 14,10% 46,10% 42,80% 14,80% Otros Ingresos 4,50% 1,80% 3,80% 15,40% 28,60% 4,30% NS/NC 2,30% 0,90% 1,30% 0,00% 0,00% 1,90% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Total 44 110 78 13 12 257 Fuente: Berkins, L. (Comp.) (2008) Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros. Buenos Aires.

La situación habitacional es deficitaria para la mitad de las personas trans, con escasos servicios de recolección de residuos, carencia de pavimento y falta de alumbrado público. Sólo dos de cada diez informaron ser propietarios de sus viviendas.

La mitad de la población encuestada informó haber sido objeto de discriminación por parte de familiares, seis de cada diez por parte de vecinos, y el 85% la sufrieron en la vía pública por parte de desconocidos. El 76,6% informó que fue objeto de discriminación de la policía.

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La encuesta confirma, entonces, el estrecho vínculo entre discriminación y pobreza que ubica a la población trans en situación de extrema vulnerabilidad social. Aunque provengan de hogares de ingresos medios o altos, la expulsión temprana del núcleo familiar genera un empobrecimiento progresivo a lo largo de su vida. La escasa educación formal alcanzada también contribuye para llevar a la población a trabajos informales, especialmente aquellos relacionados con el comercio sexual.

La población trans, bien lo resume Diego Sempol, comienza su camino de exclusión a partir de ser expulsada de sus hogares en la pubertad, quedando apartada de los sistemas de salud y educativos, ejerciendo la prostitución como estrategia de supervivencia y permaneciendo expuesta a violencias policiales y sociales. Su promedio de vida en América Latina es de 35 años (Sempol, 2012). Al realizar trabajos no formales la población no cuenta con aportes jubilatorios ni de obra social, por lo que el acceso a los sistemas de seguridad social le está vedada.

Un informe de Mauro Cabral para la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas indica: “La discriminación por identidad y expresión de género alcanza niveles altísimos en el mercado laboral latinoamericano, debido al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. Por un lado, las trans son excluidas de ese mercado debido a sus carencias a nivel de educación formal. Por otro lado, aquellas que lograron completar sus estudios secundarios –e incluso universitarios- son frecuentemente discriminadas en el acceso al empleo sobre la base de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans.” (Cabral, International Gay & Lesbian Human Rights Commission, 2008).

Se produce de este modo un espiral de empobrecimiento. La discriminación por condición sexual, la exclusión laboral y la pobreza sólo producen más pobreza y más discriminación.

3.- Políticas del MTEySS para la inclusión laboral de la población trans Las posibilidades de acceso al empleo registrado en las personas trans son mínimas.

Como se señala más arriba, la falta de estudios formales, de capacitación, de hábitos de trabajo, sus problemas de salud y la discriminación expulsan al colectivo del mundo del trabajo.

Diversas organizaciones trans han venido luchando desde hace varios años para lograr una mejora en la empleabilidad de esta población. La Escuela Cooperativa de Trabajo para Travestis y Transexuales Nadia Echazú fue el primer emprendimiento organizado en nuestro país cuyo objetivo era la formación y el trabajo en el rubro textil.

Su conformación contó con el apoyo económico de los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo. Posteriormente, en diversas localidades del país se organizaron otras cooperativas de trabajo y de formación. En lo educativo, las organizaciones del

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colectivo crearon un Bachillerato Popular Trans, el Mocha Celis, destinado a la finalización de estudios secundarios para la población trans.

Algunos municipios y algunas provincias también han implementado acciones de inclusión laboral para la población trans desde hace unos años. El Estado Nacional a través del INADI ha sido el impulsor en esta área. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ha intervenido igualmente en el apoyo a cooperativas.

En el año 2011 se suscribe un Convenio de Cooperación entre el INADI y el MTEySS con el objetivo de mutua colaboración, coordinando políticas de inclusión laboral en relación a la diversidad sexual. En el marco de este Convenio se han organizado jornadas de sensibilización sobre la problemática con otros organismos estatales, sindicatos, cámaras empresarias y encuentros entre cooperativistas.

La Secretaría de Empleo (SE) ha lanzado el año 2012 una “Línea de Inclusión Laboral para Personas Trans” (Línea) para sistematizar las acciones que venía ejecutando en materia de empleo para esta población. Para eso creó el Área Trabajo y Diversidad Sexual e incorporó a personas trans al equipo de trabajo. Esta política se ejecuta mediante la Red Federal de Servicios de Empleo que nuclea a todas las Oficinas de Empleo Municipales con convenio firmado con el MTEySS a través de la Secretaría de Empleo. También articula con las diferentes áreas de la SE, ya sean de formación, entrenamiento para el trabajo, empleo independiente o trabajo autogestionado, debido a que la Línea no cuenta con presupuesto propio.

Estas acciones se inscriben en la construcción de un piso de protección social para las personas trans, ampliando al colectivo la cobertura que tanto el Programa Jóvenes como el Seguro de Capacitación y Empleo otorgan2. Esto significa que el piso de protección social es considerado el punto inicial para construir trayectorias de acceso a otros sistemas de la seguridad social. Funcionan como políticas redistributivas de alivio a la pobreza con propósitos de inclusión social. La mayoría son políticas transversales, que articulan los diferentes niveles de gobierno y actores de la sociedad civil3.

La “Línea de Inclusión Laboral para Personas Trans” tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de la población trans. El término empleabilidad se utiliza para significar 2

“El piso de protección social (PPS) comprende las garantías de un nivel mínimo de prestaciones que buscan otorgar seguridad económica (mediante transferencias monetarias) y acceso a servicios esenciales a la población, priorizando la cobertura de aquellos ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y exclusión. De esta forma el PPS constituye una “protección social básica”, promotora de oportunidades de inclusión y facilitadora de cohesión social” (Bertranou (Coord), 2010).

3 Varias provincias y municipios adhirieron a la Línea: Tucumán, Catamarca, Entre Ríos y Santiago del Estero y los municipios de Rosario, Córdoba, General Pico, Santa Rosa, Lanús, Morón, Mar del Plata y Corrientes.

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las capacidades de las personas para obtener, conservar y reemplazar un empleo.

Esencialmente, un empleo de calidad. Parte de la premisa de que la habilidad del trabajador tiene directa relación con su nivel de formación y a sus capacidades de adaptación a los cambios tecnológicos. Entonces, para favorecer las capacidades de empleabilidad de la población trans, la “Línea” propone ejecutar acciones de formación profesional, finalización de estudios formales, entrenamientos laborales y desarrollo de emprendimientos independientes.

En el mes de mayo de 2013 el MTEySS emitió una resolución por la cual el colectivo trans puede ser incluido entre los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo.

Este Seguro se conforma de una prestación dineraria, no contributiva, equivalente a $225.- mensuales durante los primeros 18 meses y de $200 los siguientes 6 meses y de prestaciones de formación profesional, terminalidad educativa y servicios de orientación y apoyo tanto para la búsqueda de empleo como para el empleo independiente y el entrenamiento laboral.

El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo también está abierto para la población trans que tenga entre 18 y 24 años y no tenga los estudios obligatorios concluidos. En este caso las ayudas económicas tienen un esquema más complejo, que varían de $450 a $1.000.- y están condicionadas a acciones de terminalidad educativa, formación profesional o búsqueda de empleo. En ambos programas los participantes pueden obtener un subsidio en dinero para la realización de un emprendimiento independiente. A partir de marzo de 2014 estas prestaciones económicas son compatibles con la percepción de la Asignación Universal por Hijo.

La Secretaría de Empleo del Ministerio también financia acciones específicas de sensibilización en diversidad y empleo y capacita a los agentes de las oficinas territoriales, gerencias de empleo, áreas municipales, empresas y sindicatos en lo relativo a la situación de las personas trans, sus derechos y la discriminación de la que son objeto.

La inclusión de la población trans en el mundo del trabajo no es tarea sencilla.

Propuestas de redistribución económica que reduzcan las injusticias socioeconómicas y la desigualdad y propuestas de reconocimiento que interpelen la injusticia cultural o simbólica son necesarias. El peligro radica en que algunas de estas propuestas pueden llevar a acciones que terminen siendo estigmatizadoras o funcionar como discriminadoras, reforzando el gueto en que se encuentran. a) El Reconocimiento y la Formación La identidad Trans no se circunscribe a la portación de un documento de identidad con el nombre del género autopercibido, ni a los tratamientos hormonales o de

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modificación corporal que realicen. Las relaciones con los otros, su visibilidad o invisibilidad y los grados de aceptación o desprecio que generan en los demás también forman parte de la constitución de las identidades trans.

En este sentido, las formas de referirse a la población trans, los pronombres que se utilicen y el respeto que se observe son muestras cotidianas de reconocimiento y aceptación. En una nota publicada en la revista El Teje, Mauro Cabral refiriéndose al proyecto de identidad de género aclaraba: “Un proyecto que considere la identidad y la expresión de género desde perspectivas antidiscriminatorias debería hacer exactamente lo que dice: asegurarse de que ninguna persona sea discriminada de modo alguno por cómo se identifica y/o se expresa en términos de género, cualquiera sean sus datos registrales. Después de todo, y mal que les pese a quienes la administran, la palabra de la ley no nos dará mágicamente la posibilidad de pasar desapercibidos/as entre hombres y mujeres al nombrarnos, legalmente, como hombres o mujeres”. (Cabral, Un paso en Falso, 2008)

Insertándose en esta prescripción de visibilización/respeto, la cartera de Trabajo ha determinado la obligatoriedad de acatar la identidad de género auto percibida de los postulantes y registrar a todos los potenciales beneficiarios por su nombre elegido más allá de lo que indique su documento de identidad, ya que el nombre con el que las personas trans se presentan no es un apodo o un alias sino la manifestación de la identidad de género con el que se identifican.

Ahora bien, la incorporación de la población trans a los programas de inclusión laboral es realizada a partir de la diferencia. Es decir, las instituciones receptoras de la población, ya sea para cursos de formación o terminalidad educativa o prácticas calificantes deben ser instituciones sensibilizadas con la diversidad sexual ya que de otro modo reproducirían las mismas situaciones de discriminación que determinaron el abandono de los estudios o trabajos.

Dos experiencias diferentes de terminalidad educativa se han encarado con éxito hasta el presente. Una se refiere a la inclusión de la población trans en el sistema de educación de adultos de Tucumán, a partir de la creación de un aula satélite. Las instalaciones, docentes y currícula son las mismas que para el resto del sistema, solamente varía el horario, por la tarde, en que se dictan las clases. La otra experiencia es la del Bachillerato Popular Mocha Celis, en la ciudad de Buenos Aires.

Está expresamente dirigido a la población trans para el armado de proyectos cooperativos. Sus aulas son exclusivas para el bachillerato y el equipo docente y no docente está formado por activistas, trabajadores y profesionales relacionados con las cuestiones de género y la educación popular.

Otros intentos de inclusión han sido más problemáticos. Los talleres POI (Programa de Orientación e Inducción al mundo del trabajo) son parte de un trayecto formativo que

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deben realizar todos los adherentes al programa Jóvenes. La incorporación de la población trans a alguno de estos talleres devino en su expulsión, tanto por dificultades de aceptación de docentes y alumnos no trans como del propio grupo trans. En estos casos, el reconocimiento de derechos identitarios opera en tensión con la visibilidad.

Las opciones de formación propuestas por los programas de la “Línea de Inclusión Laboral para Personas Trans” abarcan también la capacitación en oficios y la capacitación para el autoempleo. Las propuestas de formación para la población trans recorren todo el espectro de capacitaciones en oficios que posee la SE, que abarcan innumerables actividades tales como las relacionadas con la construcción, alimentación, mecánica, informática, turismo, rurales, textil, etc.

Sin embargo, se constata respecto a las temáticas de formación elegidas por la población trans que se ha reproducido la tendencia a la elección de ocupaciones consideradas femeninas en el mercado de trabajo. La elección de cursos de peluquería, textiles o gastronómicos así lo indica. Pareciera que la interiorización e institucionalización de los estereotipos de género en el tipo de ocupaciones a los que habitualmente acceden mujeres y varones continúa presente al interior del colectivo.

Cabe preguntarse si esta elección es producto de estrategias adaptativas destinadas de lograr la aprobación social o provienen de la aceptación de los mandatos sociales impuestos por la división sexual del trabajo.

Pero no sólo las cuestiones de género inciden en la elección de la formación profesional. Los escasos trayectos formativos previos de la población trans dificultan el abordaje de capacitaciones con salidas laborales mejor remuneradas, como las relacionadas con las nuevas tecnologías.

b) La Redistribución y el Trabajo Nancy Fraser sostiene que la injusticia socioeconómica incluye a la explotación, entendida como la apropiación por otros del trabajo propio, la desigualdad económica producto de la realización continua de trabajos indeseables o mal pagos y la privación de un nivel de vida material suficiente. Señala, además, que tanto la injusticia simbólica (la falta de reconocimiento, la invisibilización y la falta de respeto) entendida como relación social institucionalizada y no como estado psicológico y la injusticia socioeconómica “se encuentran habitualmente imbricadas hasta el punto de reforzarse dialécticamente la una a la otra”. (Fraser, ¿De la redistribución al reconomimiento?

Dilemas de la justicia en la era "postsocialista"., 2000).

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Más arriba se han considerado algunas acciones realizadas en relación a la injusticia simbólica. En este apartado se analizaran algunas cuestiones relativas a la injusticia socioeconómica y sus formas de abordaje.

La prostitución, como ya se señaló, constituye la principal estrategia de supervivencia del colectivo trans. Numerosos debates se han suscitado y aún continúan para dilucidar si esta actividad debe ser reglada por el estado o, por el contrario, debe ser perseguida por los poderes públicos. En la mayoría de los países el camino elegido es combinar reglamentarismo con prohibicionismo, con el resultado fáctico de quedar al margen de la ley (Brufao Curriel, 2008). Dicha discusión no ha sido aún saldada ni se pretende abordarla en este trabajo. Solamente se consigna que la salida de la situación de prostitución debe constituirse en una opción posible para el colectivo trans y para las personas en general que se dedican al comercio sexual.

“Entonces pienso que no nos excluimos en la prostitución por nuestra voluntad, porque la autoexclusión vendría del conocimiento pleno del resto. Y justamente no tenemos el acceso a ese conocimiento pleno. No es que podamos decir “yo probé acá, probé allá y decidí que la prostitución es divina”. (…) Si después de reflexionar colectivamente el 80 % quiere seguir en la prostitución, bueno, será un estadio (…)

Porque insisto, nadie puede elegir sin haber conocido la otra parte. Lo que quiero plantear es que podamos tener la posibilidad de competir en el mercado libre de trabajo (…) La prostitución debe ser una elección y no un destino para las personas.

Ahora, ¿qué condiciones generamos para que sea elegible? No vamos a aceptar la prostitución como un trabajo sino como un modo de supervivencia” (Berkins, 2007).

Sin embargo, salir del mundo de la calle e incorporarse al mercado formal de trabajo no es sencillo. Desde lo personal implica un cambio radical de horarios, costumbres y relaciones sociales. Desde lo fáctico, las enfermedades preexistentes, muchas de ellas relacionadas con la prostitución, dificultan pasar la barrera de los exámenes de aptitud psicofísica obligatorios al ingreso laboral. Los antecedentes penales son otro límite, por ejemplo, para el ingreso a los empleos estatales.

Teniendo en cuenta estos obstáculos, algunas personas trans han encarado desde hace unos años acciones para la constitución de cooperativas de formación y trabajo como una opción laboral diferente a la de la prostitución. La cooperativa Nadia Echazú formó a sus integrantes para la adquisición de competencias en los rubros textiles, informática, marketing y capacitación a la par que se dedicaron a la producción de sábanas. La cooperativa Amazonas del Oeste también se especializa en el rubro textil.

La Silvia Rivera se organiza en torno a la gastronomía. En las ciudades de Rosario y Mendoza también se conformaron cooperativas de producción textil. Todos estos emprendimientos han transitado numerosas dificultades para su conformación, desde la falta de capital inicial y de espacio físico, hasta las luchas internas entre sus integrantes.

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La elección de ocupaciones consideradas femeninas mantiene una línea de continuidad con las elecciones de formación profesional. Las trayectorias de formación son coherentes con la salida laboral, aunque por ahora se mantienen circunscriptas a actividades y ocupaciones que, por lo general, son menos valoradas y remuneradas.

Los pilares en los que se asientan las expectativas de inclusión laboral de la cartera de Trabajo son dos. Uno de ellos es el trabajo asociativo, es decir, la constitución de cooperativas de carácter solidario enmarcadas en las experiencias asimilables a las propuestas por la Economía Social (entendidas aquí como unidades económicas y autogestionadas), por su capacidad de crear gran cantidad de puestos a partir de reducido capital de trabajo y cuyo objetivo es la reproducción de vida de sus miembros y no la rentabilidad del capital (Tirenni & Francioni).

La conformación de cooperativas de trabajo tiene una dificultad adicional a la organizativa. Son proyectos asociativos entre el círculo más cercano, ya sea familiar, vecinal o entre amigos o conocidos. En el caso de la población trans, se produce la asociación entre personas del mismo colectivo, lo que aminora las posibilidades de visibilización y de construcción de lazos sociales más extensos.

El otro pilar — siguiendo la misma lógica de la utilización de mano de obra extensiva y requerimiento de reducida calificación que pueda adecuarse a las escasas trayectorias laborales previas—, es la incorporación de la población trans en la pequeña y mediana empresa. Las PYMES han sido en la última década las grandes generadoras de empleo en la Argentina. Hoy el país cuenta con más de 650.000 PyMEs, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado. Las empresas que incorporen personas adscriptas en los programas pueden contar con incentivos económicos por parte del MTEySS, ya que en algunos casos los empleadores deducen del salario del trabajador el dinero que éste percibe por los programas de empleo y descuentan también de las contribuciones a la seguridad social la porción correspondiente al subsidio.

La incorporación en PYMES requiere un doble esfuerzo. Por un lado fuertes acciones de capacitación y sensibilización hacia el empleador para asegurar el ingreso de la población trans en trabajos no discriminatorios y, por el otro, un no menor esfuerzo del Estado para controlar el trabajo registrado, ya que es en el sector de la micro y pequeña empresa donde se verifica el mayor grado de informalidad en la relación empleado-empleador y, si bien se ha producido una fuerte disminución en el trabajo no registrado a lo largo del período 2003-2012, aún continúa siendo importante el

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porcentaje

de

trabajadores

de

pequeños establecimientos

en

situación

de

informalidad, que es el lugar donde se supone se puede incluir la población trans.

Conclusiones No es prudente realizar conclusiones definitivas sobre el resultado de las políticas de inclusión para la población trans debido al escaso período de tiempo en el que se están ejecutando y a lo reciente de las resoluciones ministeriales que avalan la incorporación de esta población a los programas de capacitación y empleo del Ministerio de Trabajo.

Podemos mientras observar que tanto en los trayectos formativos como los laborales se advierte un fuerte interés de las participantes en la incorporación en actividades tradicionalmente femeninas, por lo que su inserción se constituye dentro del rango depreciado por los patrones androcéntricos de valoración4. Por consiguiente, las políticas de equidad de género cobran fundamental importancia para equiparar los derechos entre toda la población sin importar su sexo, género y orientación sexual, y las intervenciones de la política pública deberán tener el doble objetivo de inclusión social e igualdad.

Sensibilizar a la población en temas de género, diversidad sexual y derechos sociales es una de las formas requeridas para abordar el problema. La inclusión no se resuelve exclusivamente por la incorporación de las personas trans al ámbito laboral.

Se

requiere de más y mejores políticas públicas de comunicación y sensibilización amplias, profundas y continuadas para atacar los prejuicios, actitudes represivas, medicalizantes y discriminadoras que por ahora se mantienen vigentes en la sociedad.

Al revisar los valores de los subsidios otorgados tanto por el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo como por el Seguro de Capacitación y Empleo se observa que los montos de las transferencias a los beneficiarios son muy bajas, especialmente los del Seguro. Desde el año 2006, momento en que se creó el programa hasta mediados del 2014, los importes de las prestaciones dinerarias no sufrieron incrementos a pesar del proceso inflacionario argentino y por lo tanto no permiten la subsistencia diaria5.

La formación de cooperativas de trabajo debe ser instrumentada, tal como lo sugieren Tirenni y Francioni, no sólo desde el objetivo de ingreso económico de sus miembros 4

Es pertinente aclarar que el grueso de la población incorporada son mujeres trans y es escaso aún el acercamiento de varones trans al programa.

5

En cambio sí se han actualizados los valores de los honorarios docentes y materiales de apoyo de las capacitaciones para asegurar el funcionamiento de los programas.

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sino además con el propósito de desarrollar las potencialidades para constituir relaciones sociales que construyan sujetos capaces de romper el aislamiento. Esta es una de las tareas más importantes para no repetir la exclusión y reemplazar el gueto de la calle por el gueto del “emprendimiento”.

Acciones más intensas del poder político para controlar el trabajo registrado y fortalecer al trabajo decente también son necesarias para garantizar una inclusión en el empleo de la población trans que garanticen su cobertura previsional, de salud y sindical .

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