XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
Eje Temático: Enfoque de derechos y políticas públicas en la contemporaneidad. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LOS JÓVENES, UNA DEUDA PENDIENTE María Leonor Lattanzi1
Resumen El trabajo, focaliza en las políticas represivas del gobierno de la Provincia de Córdoba, especialmente en los procedimientos llamados “operativos de seguridad”. El argumento oficial presenta las medidas implementadas como protección a la ciudadanía contra el delito, pero en la realidad tiene características represivas y selectivas y están en correlato con la ausencia de otras políticas de carácter preventivas, promocionales o asistenciales que deberían estar dirigidas a las familias y adolescentes de la pobreza. El aumento de estas redes de control policial y penal en la Ciudad de Córdoba se presenta como una trama cerrada y sólida que se agranda criminalizando jóvenes pobres en el afán de dar tranquilidad a la sociedad y neutralizando chicos potencialmente amenazantes al orden social. Son mega operativos dirigidos contra los barrios populares, con sometimientos a situaciones humillantes, ofensivas, violatorias de todos los derechos humanos. Proponemos reflexionar sobre ello y analizar alternativas de integración social.
Jóvenes Pobres: ¿Sujetos de Derechos? Como nunca antes ocurrió en la historia Argentina de estos últimos años, los jóvenes y adolescentes de los sectores populares urbanos de la Ciudad de Córdoba tienen más posibilidades de caer en la exclusión social que de ser integrados de manera activa. El modelo económico político y social neoliberal globalizado ha favorecido -desde las últimas décadas del siglo pasado- la expulsión sistemática de la escuela, de la participación política, del aparato productivo y de cualquier otra forma de inserción laboral estable y con posibilidades de un salario digno. Su aislamiento y marginación se ve aumentada por la oferta del consumo exacerbado y organizado que desde la cultura posmoderna híbrida que cultiva el egoísmo hasta límites inimaginables y es potenciada desde los medios de comunicación. Ambos
1 Lic. Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social – Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Asistente – Mail: leonorlll@gmail.com
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
ofrecen de manera sutil y compleja posibilidades de actuaciones centradas en la autoagresión y en la violencia hacia los demás con conductas adictivas y delictivas. Las dificultades de sus familias están centradas en obtener los medios para la sobrevivencia cotidiana, siendo vulnerables a la hora de crear diálogos y proyectos con sus hijos adolescentes, quienes viven en una sociedad donde el futuro aparece como una amenaza. La desarticulación de los modos de vinculación familiar rompe con la estructura de la relación padre-hijo y su lógica de relación nutricia, contenedora y dadora
de sentidos. Así los adultos dejan de ser referentes de aprendizajes
reflexivos y constantes de identificación. Sin redes simbólicas de sostén y con deterioros afectivos que provean significados generadores de relaciones productivas y de confianza entre las generaciones, estos jóvenes deambulan por las calles y por la vida con un desconocimiento de los motivos de su situación de desintegración social en la que han quedado atrapados. La sociedad neoliberal habla de pluralismo, de aceptación de diferencias, pero estas diferencias no son de mundos ni de ideas, sino de consumos, públicos y acceso a las clasificaciones de ser o no ser dictadas por el mercado. La características corporales de estos adolescentes, sobre todo su color de piel y su historias de vidas los estigmatizan, quedando enmarcados en la categoría
de
indeseables, peligrosos, y violentos. Siendo hoy estas características sinónimos de exclusión y control punitivo donde se proyecta la creación de un "nosotros" mediante el distanciamiento de un "ellos" y donde siempre estará la posibilidad de que esta relación nosotros/ellos se transforme en una relación de enemigos y se convierta en un antagonismo. Esto sucede cuando el otro, a partir de una simple diferencia, empieza a ser percibido como aquel que pone en peligro mi existencia, mis posesiones. Jóvenes pobres, ya cercados por la falta de oportunidades, por la exclusión educativa, por la falta de empleo, estigmatizados con estas persecuciones, por andar en moto, usar gorra o ropa deportiva, transitar por la calle o detenerse en una esquina son etiquetados como delincuentes y drogadictos. Sin embargo, no se valora de la misma manera que un joven que no tiene garantizado cómo proyectar su vida esté sufriendo “inseguridad” y esté en “emergencia”; así las autoridades de la Provincia de Córdoba deberían contemplar políticas de inclusión real para estos chicos que también están en emergencia. En consecuencia reprimir es ocultar el conflicto social. Esto, en la realidad, significa ofrecerles a nuestros adolescentes y jóvenes empobrecidos, en lugar de la escuela y
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
la familia con condiciones dignas de vida y un proyecto humano, la judicialización y la represión. En lugar de una propuesta de país con desarrollo sustentable en todas las dimensiones y al cual adherir en sus ideales juveniles, les proponemos corrupción y muerte en manos de la policía al que no se “adapta”. La violación de los derechos humanos en este esquema es una constante, provocados por la imposición de este Estado Policial, Penal y Judicial que son sus instrumentos activos.
Nos surge como interrogante pensar si no es contradictorio que en esta sociedad que excluye, que mata, que tortura, que persigue, pretender que la respuesta sea la paz, el amor y la concordia, depositando el grave problema en ellos. Tan grave es este fenómeno, que los establecimientos correccionales y penales donde son alojados se encuentran colapsados y expresan dramáticamente una población que carece de todo resguardo básico en las condiciones de vida, constituyendo un escenario de violencia social e institucional sin precedentes y reflejando un ámbito donde eclosionan otras problemáticas que son producidas por el mismo encierro. Un verdadero fenómeno de “violencia institucional” que emerge como una “herida abierta” en el sistema democrático de la provincia de Córdoba, donde son sistemáticas las violaciones de derechos humanos, promovidos por el poder político y policial y tolerado y amparado por el Poder Judicial.
Cómo opera la política criminal en la construcción del delincuente La Política Criminal desarrollada en Córdoba se caracteriza por la búsqueda de respuestas inmediatas, de fuerte impacto político y mediático con medidas de represión a costa de los derechos humanos. Su objetivo es brindarle a la población la sensación de que se está haciendo algo, no importa si éstas políticas resuelvan realmente el problema o peor aún lo profundizan; lo importante es el show, la apariencia, tratar de crear una sensación de que se está atacando el problema delictivo, atacando, como si estuviésemos en una guerra. Una guerra, en la que los enemigos son los más vulnerables de la sociedad, los excluidos, a quienes se les dificultan todos los accesos al sistema y la satisfacción de sus derechos básicos, pero a su vez tienen un derecho privilegiado para ser perseguidos y castigados. Lo peor del caso es que en la construcción de este show político y penal, otros sujetos de los sectores al que pertenecen las víctimas elogian estas políticas represivas. Se promueve un tipo de vigilancia que es altamente intrusivo en la vida privada de los
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
individuos y violenta sus libertades civiles, además de tener, en este sentido, una valencia represiva. La defensa de los ambientes y las situaciones se realizan en torno a la idea de un extraño que desea atacarlos y en el accionar, genera territorios sociales protegidos y territorios sociales desprotegidos, tal el caso de las urbanizaciones urbano periféricas que presenta implicaciones culturales muy adversas. Ante el nacimiento de una “mentalidad de fortaleza”, a medida que las medidas de prevención situacional y ambiental se multiplican, la gente común cada vez busca más “encerrarse” en ámbitos protegidos lo que incide necesariamente en una separación con respecto a los otros, resquebrajando aún más las relaciones sociales, basadas en la confianza. Paradójicamente, como lo demuestran las investigaciones empíricas sobre el miedo al delito, esta agresividad de la expansión de la táctica situacional y ambiental se traduce en el incremento de la sensación de inseguridad. Dentro de este espectáculo, no se toma en cuenta que la política criminal debe ser parte de una política social que la abarque, pues se considera poco técnico y eficaz; además, estos enfoques sociales no dan la “sensación” de ofrecer soluciones “inmediatas” o “mágicas”. En Córdoba, el Gobierno protege a la policía y a su política de gatillo fácil que definen un enemigo potencial que es el delincuente -directamente asociado con la pobreza-, siendo significativo el número de jóvenes muertos en estos últimos años en estos procedimientos. Predomina el perfil del delincuente joven que comete delitos contra la propiedad, utilizando a menudo violencia extrema y al que se le asimilan otras cualidades como ser, la de consumidores de drogas, vivir en las villas y se lo presenta como amenaza de la sociedad, demonizándolo y convirtiéndolo en fuente de todos los males, justificando cualquier tipo de acción, como si no perteneciera a la escala humana. Nunca se encuentra en ese análisis que este joven es producto de la sociedad que lo genera y lo padece, solo se busca destruirlo sin reparar en los medios e involucra la responsabilidad de la conciencia colectiva en su consecución. Esta exclusión y deshumanización es intrínsecamente violenta y como tal, requiere de mecanismos de control represivos. Tomás Abraham dice que las lógicas del campo económico han tomado una fuerza hegemónica de tal magnitud que están operando como matriz cultural para todo el campo social a través de diferentes dispositivos de subjetivación; y propone como ideal de ser la figura de los empresarios exitosos que triunfan en el mundo. Ellos son los mejores incluidos y por eso todos deberíamos ser como ellos, estos chicos
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
entonces son el emergente de esa guerra desatada subrepticiamente en la “paz” neoliberal del libre mercado. Reconocer una matriz económica dominante en todos los aspectos de la sociedad, nos lleva a pensar que se genera una forma hegemónica de sujeción centrada en la lógica de la compra y venta. “Ser” en el neoliberalismo es “consumir” y no poder hacerlo significaría no ser. Esta percepción conforma la subjetivación de estos adolescentes y se homologa rápidamente exclusión del mercado con exclusión social. La exclusión no es más que una forma de inclusión en los desviados lugares que se les asigna, y aquí adquiere sentido la función represiva que se despliega para controlar, apresar, combatir a todos los que se fugan de ese modelo pretendidamente uniforme y total, donde es necesario controlar y reprimir a través de la “legitima violencia” del control social punitivo, entonces la actividad de represión se despliega tanto legal como ilegalmente sobre los sectores vulnerables enunciados. Las políticas de seguridad ciudadana que implementa son encaradas por fuerzas policiales y la propalación del miedo a través de los medios de comunicación, adictos a esta doctrina de la tolerancia cero2. Sintéticamente, consiste en poner en práctica metodologías precisas y claras que "garanticen" la seguridad por medio del combate a la delincuencia y sobre todo a potenciales delincuentes. De esta manera, dos de las técnicas son: limpieza de clase y del espacio público, detener y palpar a cualquier persona que pueda ser sospechosa de un crimen o un delito y los jóvenes pobres son la materia prima por excelencia para cumplir este cometido. La teoría social en que se basa para imponer las nuevas doctrinas en materia de seguridad, es aquella que puede ejemplificarse en distintos autores y que responden al Manhattan Institute (Nueva York, U.S.A.) representantes de los que sostienen que el delito es el producto de carencias individuales, morales o de comportamiento. Siguiendo a Wacquant: "el objetivo de esta reorganización es calmar el temor de las clases medias y altas -las que votan- mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos”. Para que la "tolerancia cero" sea efectiva, se aumenta el número de efectivos y los gastos en su equipamiento midiendo esa efectividad policial en términos cuantitativos de personas detenidas y en el patrullaje intensivo en las calles, donde la aplicación de las leyes es inflexible contra infracciones menores como la ebriedad, la drogadicción, el ruido, la mendicidad y la prostitución. Los niños de la calle y las prostitutas son los terroristas urbanos, siendo un resorte legal de estas arbitrariedades e inequidades discriminatorias, la aplicación del código
2 Nos referimos aquí a la política en materia de control policial que ideara William Bratton (ex jefe de la Policía de Nueva York) y que ha sido tomada como modelo a aplicar en otras ciudades del mundo
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
de faltas que le confiere a las fuerzas de seguridad la posibilidad de ejercer el poder de detención. Las familias indigentes se convierten en objeto de una política que tiene como fin civilizar
la
ciudad y controlar a aquellos que no se someten a sus dictados de
"normalidad" y son conducentes a provocar la fragmentación de los pobladores. Van como ejemplos, las políticas urbanísticas implementadas donde las villas son trasladadas a las llamadas “ciudades” construidas en terrenos devaluados, contaminados por las fumigaciones, cuya construcción física se centra en garantizar la seguridad desde una intolerancia selectiva en el caso que estos jóvenes "peligrosos" se organicen para intentar revertir situaciones como la pobreza.
Conclusiones Es la sociedad la que debe demandar un pensamiento amplio sobre seguridad ciudadana y tan amplio como la noción de derechos que ella elija serán sus políticas, las que deberán encontrar los instrumentos y la capacidad para llevarlos a acabo. Entiendo que solo la comprensión de una política de Seguridad, en el marco de la complejidad, que involucre la relación entre ciudadanos, de ellos con las instituciones y las instituciones entre sí, permitirá encarar una política inclusiva en el ejercicio de derechos en lugar de restringirlos. La política criminal debe ser la protección y la defensa de los derechos fundamentales de las personas y hace alusión a los medios empleados por el estado para prevenir y o reprimir la criminalidad. Es necesario trabajar en políticas de prevención y fundamentalmente garantizarles a los jóvenes primero el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Hay adolescentes con los que trabajamos en las instituciones de control punitivas, que jamás se le cruzó por la cabeza pensar en un proyecto de vida, porque no tienen dónde verlo, no le entra en el imaginario la idea de proyectarse, porque no es lo que ellos viven. Nos surge como interrogante entonces, ¿no es medio paradójico que esta sociedad que excluye, mata, tortura, y persigue, pretenda que la respuesta social sea
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
la paz, el amor y la concordia? Es muy extraña una sociedad que pide aplicar mano dura contra ciertos sectores, especialmente los jóvenes de la pobreza, que sabemos ya fueron privados de derechos fundamentales, que viven sin un mínimo de dignidad y pretender que ellos contribuyan activamente a consolidar una sociedad armónica y sin ningún tipo de conflicto. Sostenemos el involucramiento de todos los ciudadanos, en este tema tan complejo, porque solo con la participación real de la sociedad podremos contribuir en la elaboración, en el seguimiento y en el control de las políticas públicas y no obstaculizar desde el desconocimiento de las causas que lo constituyen. En este contexto, es necesario mantener abiertas las preguntas que apuntan a las múltiples variables del problema, para no reforzar el pensamiento dual, en el que los jóvenes excluidos son objeto de control y vigilancia y trabajar en la restricción de derechos y abuso policial y penal que hoy acontece. Es necesario elaborar propuestas que puedan materializarse en el corto y largo plazo y que traten el problema de la inseguridad y la seguridad ofreciendo una mejor calidad de vida a la ciudadanía en general, potenciar su empoderamiento, inclusión activa y productiva en la vida social, de esa manera, la comunidad se convertirá en gestora de su propia protección y prevención y los resultados serán de gran valor en el tiempo y a largo plazo y harán referencia a una vida ciudadana. Todo esto no puede significar el sacrificio de los derechos fundamentales, que es lo que normalmente caracteriza a las respuestas “técnicas” o “situacionales” que buscan obtener resultados inmediatos. Bibliografía Abraham, Tomás: (1999) La Empresa de Vivir. Buenos Aires, Argentina; Editorial Sudamericana. Aniyar de Castro Lola: (1999) Participación Ciudadana en la Prevención del Delito. Antecedentes Debate y Experiencias. Capítulo Criminológico, Vol. 33, Nº 2. Venezuela. Bourdieu y Wacquant: (1995). Respuestas para una Antropología Reflexiva. Grijalbo. México. Bourdieu, Pierre: (1997).La Razón Práctica Sobre la teoría de la acción. Editorial Anagrama, Barcelona.
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
Calloni, Stella: (2001). Las Guerras de Baja Intensidad. Estados Unidos y los nuevos escenarios militares. Revista Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. Domínguez Lostalo Juan Carlos: (1999). Control Social y Derechos Humanos, Seguridad Humana y Seguridad Comunitaria. Hacia un programa integral de desarrollo comunitario para la seguridad humana en Latinoamérica. Alternativas N° 1 del Control Social. Revista Latinoamericana. Informe Comisión Provincial de la Memoria y los Observatorios de Derechos Humanos: Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba (2014) Editorial Universidad Nacional de Río IV. Laúd Claudia (2005). La seguridad en una sociedad democrática ¿participar en estos tiempos? Mimeo. Mouffe, Chantal: (2001). Por una política de las identidades nómadas. En Apuntes de Cátedra, Seminario Medios Masivos y Nuevas Subjetividades. Córdoba, Escuela. Ciencias. Información U.N.C. Schmucler, Héctor: (1997). Comunicación, Cultura y Desarrollo en Memoria de la comunicación. Bs. As, Argentina; Ed. Biblos. Solares Martínez Verónica. (2003): Artículo sobre: La Prevención del Delito. UNAM: Capitulo Criminológico. Revista de las Disciplinas del Control Social. Vol 27. Wacquant, Loïc: (1999). Las cárceles de la miseria. España, Editorial Manantial. Zaffaroni Raúl: (1982). Política Criminal Latinoamericana. Perspectivas Disyuntivas. Editorial Hammurabi. Argentina