EL ESTADO EN LOS BARRIOS: LA EXPERIENCIA DESDE LOS CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014

EJE: Enfoque de derechos y políticas públicas en la contemporaneidad.

EL ESTADO EN LOS BARRIOS, APORTES Y DESAFIOS PARA EL TRABAJO SOCIAL: LA EXPERIENCIA DESDE LOS CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA. María Valeria Rodríguez 1 - Verónica Dolores Aveldaño 2 Vanesa Lourdes Conicella 3- Pedro Luis Aballay4

Resumen El presente trabajo lo desarrollamos como profesionales del trabajo social que se desempeñan en los Centros de Acceso a la Justicia, política perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los orígenes de la misma se remontan a la década del ´90, a través de servicios de asesoría legal gratuitos. A partir del año 2007, se crea “Acceso a la Justicia Para Todos”, bajo una noción de justicia más amplia que su antecesor programa. Durante el año 2010, se profundiza esta reconfiguración con la conformación del área psicosocial integrada por psicólogo/as y trabajadore/as sociales. En la actualidad existen 60 centros distribuidos en el país, principalmente en villas y asentamientos. En relación a ello, consideramos pertinente reflexionar sobre los nuevos procesos de intervención, que se originaron a partir de la reconfiguración de esta política, de manera territorial, recreando nuestras prácticas profesionales.

Introducción A través de este trabajo nos proponemos generar una aproximación a lo que consideramos un nuevo escenario de intervención en el ámbito de la justicia para el trabajo social, en el cual nuestra profesión ha iniciado un proceso de recreación de sus propias prácticas profesionales. Esta ponencia nos invita a reflexionar sobre los desafíos que conllevan la búsqueda y concreción de la noción de integralidad en los procesos de intervención social, tanto desde el desarrollo de esta política como desde nuestro quehacer profesional.

1

Lic. en Trabajo Social.

Cel: 15 55092992 2 Lic. en Trabajo Social.

4854-0229 3 Lic. en Trabajo Social.

6511-7797 4 Lic. en Trabajo Social.

Cel.: 15-5116-4090

Equipo psico-social de los Centros de Acceso a la Justicia. mariavaleria1983@yahoo.com.ar.

Equipo psico-social de los Centros de Acceso a la Justicia. verodolave@hotmail.com. Cel: 15Equipo psico-social de los Centros de Acceso a la Justicia. vconicella@yahoo.com.ar. Cel: 15Coordinador del Centro de Acceso a la Justicia villa 21-24. pedroaballayalluisetti@gmail.com.

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Por otra parte, buscaremos efectuar una breve mención sobre lo que encierra el concepto de acceso a la justicia, y las vicisitudes que ha conllevado con el tiempo, ya que el mismo se fue re conceptualizando a la luz de nuevos sentidos y escenarios socio-políticos. En relación a ello, esta mención responde a nuestro propósito de caracterizar los fundamentos y/o discusiones que subyacen al Programa Acceso a la Justicia para Todos, dentro del cual nos desempeñamos como profesionales del trabajo social.

Para ello utilizaremos el término "acceso a la justicia" para referirnos a un hecho social, entendiendo por tal al vínculo entre los individuos como ciudadanos y el sistema judicial, para la defensa de sus derechos legalmente reconocidos, partiendo de suponer que dicho acceso no es igualitario y de admitir que es un derecho legalmente consagrado por el principio de igualdad ante la ley. En tal sentido, "acceso" es comprendido como un hecho, que actualiza el derecho formalmente reconocido. En esta actualización es donde se torna problemático, porque las posibilidades de acceso no son iguales para todos los individuos y grupos como consecuencia de la desigual distribución de recursos. Mientras unos poseen más y mejor acceso, otros deben enfrentar obstáculos que limitan y aún impiden su libre acceso a la justicia. (Begala et al: 2001) De esta manera coincidimos que el acceso a la justicia, a pesar de estar formalmente contenido entre los derechos civiles, es transversal a todos y cada uno de los derechos humanos. Lo que implica la consideración del mismo como una función y servicio público, que en tal condición debe ser gratuito, sostenible, adaptable, integral y de calidad. La falta de cualquiera de estas características, que son en realidad los principios del servicio público, en la Administración de Justicia, se convierte en un obstáculo para el acceso a ella y para el ejercicio de una ciudadanía plena (Ferrer Araujo: 2010).

En este sentido, visibilizamos que “Acceso a la Justicia” busca representar una política integral que trasciende el mero proceso judicial conectando distintos efectores y recursos tanto del aparato jurídico como del administrativo-ejecutivo para tal fin. No obstante, entendemos que la noción de acceso a la justicia ha ido tomando distintas significaciones en relación a los distintos momentos socio-históricos y en consonancia con cada modelo de Estado.

Continuaremos con una sintética descripción de los antecedentes de esta política la cual nos será de ayuda para

problematizar las acciones desarrolladas desde el

Estado en relación al acceso a la justicia. Con posterioridad nos introduciremos en su

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actual contexto, tratando de identificar si esta política ha implicado la creación de un nuevo escenario de accesibilidad. Seguidamente realizaremos una descripción de los procesos de intervención que se llevan a cabo en los centros de acceso a la justicia – en adelante CAJs- tratando de efectuar una caracterización de los mismos a través del concepto de dispositivo de intervención; para luego, en sintonía con ello, reconocer aportes

y

funciones

específicos

de

nuestro

campo

disciplinar.

Finalmente,

concluiremos esta ponencia identificando los desafíos y demandas que interpelan al trabajo social para el desarrollo de políticas integrales en el acceso a la justicia.

Un poco de historia para conocer la política Realizando una breve reseña de los antecedentes de esta política observamos que en el año 1990 fue creado el “Programa Social de Servicio Jurídico y Atención jurídica Comunitaria”, el cual inicialmente funcionaba a través de dos centros ubicados en los barrios de La Boca y Villa Crespo prestando asesoramiento y servicios en materia exclusivamente jurídica. A mediados de 1996 el programa contaba con 6 centros.

En septiembre del año 2007, Mediante la Resolución Nro. 114 se crea el Programa “Acceso a la Justicia Para Todos”, introduciendo nuevos sentidos en relación al concepto de justicia. “Se entiende por Acceso a la Justicia una concepción amplia, no solo garantizándolo como derecho fundamental, sino como un servicio de contenido jurídico-social, formativo e informativo que ofrece herramientas necesarias a la ciudadanía para ser consciente de sus derechos y hacerlos valer ante los estrados judiciales y todas las instancias de la vida en sociedad” (“El Acceso a la Justicia”, 2011:64) En Octubre de 2008, mediante el Decreto Nro. 1755 se crea la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia definiendo como su principal responsabilidad primaria promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, conducir e impulsar actividades relacionadas con los programas jurídicos y sociales de atención comunitaria, y atender al tratamiento de las demandas de los ciudadanos mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el marco de las competencias asignadas.

En marzo del 2010, mediante la resolución Nro. 1033 se crea en esta Dirección el área psicosocial, la cual se encuentra compuesta por trabajadore/as sociales y psicólogo/as que se integran en forma paulatina a los equipos profesionales de los

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CAJs que se encontraban conformados principalmente por abogados y personal administrativo.

En el año 2013 la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia pasa a depender orgánicamente de la nueva Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Justicia de la Nación.

Entendemos que es relevante tanto para comprender los orígenes como la actualidad de este programa, no perder de vista que sus antecedentes se remontan en el periodo histórico caracterizado, tal como lo sugirió Lewkowicz (2001), por un “Sin Estado”.

Durante el periodo neoliberalista en nuestro país el Estado perdió sus funciones de articulador simbólico de la sociedad “Si el Estado Nación era ese terreno que proveía un sentido para lo que allí sucediera, el mercado es esa dinámica que conecta y desconecta, inevitablemente, lugares, mercancías, información, personas, capitales o tecnología, sin que esa conexión/desconexión asegure a priori un sentido” (Lewkowicz, 2001: 24). Esta debilitación del Estado Nación como institución real y espacio simbólico capaz de generar lazo social fue arrastrando a las instituciones que lo materializaban y, en sintonía con ello, a las subjetividades que se ordenaron bajo esa clave. “El agotamiento de su capacidad metaorganizadora desalojó las certezas colectivas y convirtió a las instituciones en fragmentos sin centro en su estatuto simbólico” (Lewkowicz, 2002: 32) De esta manera, coincidimos con Schweinheim que los cambios estructurales en políticas públicas se operacionalizan en cambios en los objetivos y metas, en la adopción de una nueva producción institucional, en la identificación de nuevas situaciones o poblaciones objetivo de las políticas y en nuevas estrategias de cooperación o conflicto con los actores involucrados (2004). No obstante, entendemos que el lugar preponderante que ha tomado esta política al interior del organismo se encuentra vinculado a que el modelo de Estado que se comenzó a configurar en el año 2003 buscó revertir este “Sin Estado” recuperando su capacidad de reorganizador simbólico de la sociedad. En este marco el Estado se reconoció como garante y promotor de la justicia, pero entendiéndola desde una perspectiva más amplia e integral, como lo es la justicia social5.

En el contexto descripto, esta política en el año 2007 ha iniciado un proceso de reconversión el cual si bien implicó el sostenimiento de algunos elementos de continuidad, introdujo importantes rupturas plasmadas tanto en lo discursivo como 5

Se entiende a la justicia social como un conjunto de aspectos asociados a la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades.

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también en la toma de acciones concretas. En este sentido, se destaca la modificación de sus principales objetivos, la ampliación de funciones y la creación de nuevas modalidades de intervención entre otros aspectos. Para lo cual ha sido clave la inserción desde los territorios y, ya no bajo la reduccionista y clásica concepción de justicia, la constante búsqueda de un modo de gestión integral a través de la interdisciplina y la inter-agencia tanto gubernamental como no gubernamental.

“Acceso a la Justicia” como un nuevo escenario de accesibilidad.

El modelo de Estado que se empezó a configurar a partir del año 2003 implicó la posibilidad de un Estado presente, allí en el territorio, el cual conoce lo que pasa directamente, sin intermediarios interviniendo favorablemente en la cotidianeidad del barrio (“Acceso a la Justicia”, 2014). Lo cual involucró el surgimiento y la emergencia de nuevos escenarios de intervención. En este sentido, Acceso a la justicia no reduce su accionar a brindar respuestas de naturaleza jurídica, sino que procura receptar la problemática en su conjunto, erigiéndose al respecto “un sistema de asistencia y acompañamiento de los consultantes en la gestión de sus problemáticas ante cada uno de los organismos competentes para dar respuesta a estas necesidades” (“Acceso a la Justicia”, 2014: 87), actividad que resulta centralizada en los mismos CAJs. En este sentido, la conformación del área psicosocial resulta consecuente con estos lineamientos que se fueron reconfigurando y construyendo en el accionar de la política. La creación de dicha área, se tradujo en la incorporación de profesiones ajenas a lo jurídico, como el trabajo social y la

psicología, no obstante dicha

incorporación se dio de manera paulatina; ya que su ampliación y fortalecimiento tuvo lugar en consonancia con la complejidad de las demandas que se atendían.

En la actualidad la característica principal de los CAJs está dada por su carácter territorial, ya que en su mayoría se encuentran ubicados en villas y asentamientos precarios y, en muchos casos, se constituyen en la única instancia estatal establecida de manera permanente. Tal circunstancia ha requerido y requiere cotidianamente un trabajo en conjunto con diferentes actores sociales, tales como los curas pertenecientes al “movimiento de curas villeros” como así también con otros referentes barriales; favoreciéndose la entrada de los CAJs al territorio.

En este sentido, tomando a Arias (2013) durante las últimas décadas, las transformaciones que a nivel económico, político y social hemos experimentado y atravesado, obligan a repensar las relaciones, entre producción y reproducción, entre lo social, lo cultural y lo político y por ello la propia función de lo territorial. En esta línea, Giraldéz (2011) nos habla de que es necesario observar al territorio también

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como escenario propicio y permanente en la lógica de intervención de las políticas sociales.

En consonancia con ello, podríamos sostener que en la presencia de los CAJs en los territorios, subyace el reclamo que distintas organizaciones y movimientos barriales efectúan sobre la necesidad de intervención estatal. Dichas instituciones en términos de Arias “reclaman activamente, se comprometen en la respuesta, pero de ninguna manera se plantean como alternativa a la institución estatal, muy por el contrario, denuncian cuando cubren servicios que deberían brindar frente a estos temas” (2013:6). No se trata pues de superponer

recursos sino

de fortalecerse

institucionalmente mediante el trabajo articulado.

A continuación se realiza una descripción de los Centros Acceso a la Justicia.

En la actualidad, existen 60 (sesenta) CAJs. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen 18 (dieciocho), distribuidos en las siguientes modalidades: 

6 (Seis) están ubicados en zonas urbanas y céntricas: Caballito, Montserrat, Liniers, La Boca, All boys y Constitución. En este último barrio funciona el CAJ “Presidente Néstor Carlos Kirchner”; el cual se destaca por la cantidad de prestaciones y organismos que lo conforman.



10 (diez) están ubicados en diversas villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires: Villa Soldati (Barrio Ramón Carrillo), Villa 1 11 14, Villa 19, Villa 15, Villa 26, Villa 21 24, Lugano 1 y 2,

Villa 20, Villa 31 (Barrio

Comunicaciones) y Villa 31 (Barrio Güemes). 

2 (dos) oficinas multipuertas (Lavalle e Inmigrantes) cuyas aperturas se realizaron conjuntamente con el Poder Judicial de la Nación, ofreciendo la prestación de servicios de orientación y derivación frente a problemáticas jurídicas y sociales.

En Provincia de Buenos Aires se encuentran funcionando 19 (Diecinueve) CAJs, los cuales se han distribuido tanto en el área metropolitana como en el interior de la provincia. Asimismo, con el propósito de profundizar esta política y favorecer su accesibilidad, desde el año 2010 se han inaugurado sistemáticamente 23 (veinte y tres) centros en distintas provincias del interior del país6.

6

A modo de ejemplo señalamos: Lanús, San Martin, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Mercedes, La Plata, Chascomus, Olavarría, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, Ciudad de Rosario (Santa Fe), Rio Gallegos (Santa Cruz), San Salvador de Jujuy (Jujuy), Ciudad de Santiago del Estero (Santiago del Estero), Resistencia (Chaco), Sáenz Peña(Chaco), Corrientes, Barrio Muller (Córdoba), Paraná (Provincia de Entre Ríos), Formosa y La Pampa, entre otros. Para más inform ación ver sitio web institucional: http://www.jus.gob.ar/accesoalajusticia.aspx

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Otra modalidad de apertura es la “itinerante”7, denominada de esta manera ya que son centros que funcionan una o dos veces a la semana. Desde estos centros se procura replicar el trabajo cotidiano llevado a cabo por los denominados CAJs “fijos”. Sin embargo, en la práctica, los “itinerantes” adquieren su propia especificidad ya que se encuentran en barrios o asentamientos pequeños.

Continuando con las distintas maneras en que esta política interactúa con los territorios, señalamos que algunos CAJs se desarrollan en el marco del “Plan Ahí en el Lugar8”, es decir en dispositivos donde se comparte el espacio físico y accionar cotidiano con otros ministerios nacionales (Salud, Desarrollo Social, Educación).

Retomamos a Ana Arias (2013) ya que visibilizamos que el despliegue de las intervenciones estatales sobre los territorios no responde necesariamente a una organización institucional homogénea ni escalonada. Se procura, en consecución con el propósito de un abordaje integral, fortalecer las instituciones y que los programas no se superpongan.

En relación a los equipos de trabajo, los CAJs se encuentran conformados por abogado/as, que en su mayoría cumplen a su vez el rol de la coordinación; psicólogo/as y trabajadore/as sociales – área psicosocial- y personal administrativo. A su vez en el marco del Programa “Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo”9, algunos jóvenes beneficiarios de dicha prestación se han integrado a los CAJs, desarrollando sus prácticas en un periodo no mayor a dos años. La particularidad de dicha convocatoria radica en que los mismos residen en los barrios en los cuales funcionan los CAJs y, en diversas experiencias, han facilitado la inserción y promoción de estos centros. Asimismo, se busca que desde este espacio institucional dichos jóvenes alcancen los objetivos propios del programa del cual son parte.

Con respecto a la conformación del área psicosocial, entendemos que este hecho obedeció a la emergencia de un abordaje interdisciplinario en las demandas que recibían los CAJs; ya que, en un principio, las mismas sólo podían ser canalizadas a través de un servicio jurídico-administrativo. En la actualidad, los integrantes del área psicosocial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distribuimos nuestro accionar

7

En algunas circunstancias, la apertura de estos centros puede representar una instancia previa a la apertura de un CAJ “fijo”, o bien como forma de articulación con la infraestructura propia de la política vigente a modo de ampliar su ámbito de inserción. Hacem os mención a estos centros itinerantes: Carbonilla, Barrio Rivadavia, Zabaleta, Tierra Amarilla, Barrio Soldati, entre otros.

8 Este Plan amplía y consolida la presencia del Estado nacional en pequeños pueblos, parajes y barrios del territorio nacional que se encuentran aislados social y/o geográficam ente, promoviendo los procesos de inclusión social a través de la conformación de redes.

9 Programa que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación cuya población objetivo son los jóvenes de 18 a 24 años de edad, que no hayan finalizado sus estudios prim arios o secundarios y estén desempleados. Para más información ver sitio web institucional: http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/

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semanalmente en dos o tres CAJs. El resto de los integrantes del equipo de trabajo permanece de manera constante en un solo centro.

Por otra parte, consideramos importante señalar que Acceso a la Justicia, a través de distintas decisiones políticas, ha buscado la no compartimentación de la actuación estatal. Es por ello que se han firmado convenios con distintas carteras gubernamentales como también con organismos de la sociedad civil, posibilitando un trabajo coordinado y una articulación conjunta10.

De esta manera, en el proceso de re-conversión de esta política, ha sido un factor central la constante búsqueda de articulaciones inter-agenciales en pos de constituirse en una “ventanilla única” con capacidad resolutiva. Este hecho junto a otros aspectos, tales como el territorial e interdisciplinario, le han imprimido a “Acceso a la Justicia” una identidad propia. Asimismo, para comprender este proceso entendemos relevante diferenciar dos conceptos ligados a la noción de accesibilidad; uno es el de accesibilidad inicial y el otro, el de accesibilidad ampliada.

La accesibilidad inicial es la propia del primer contacto o del ingreso al circuito de asistencia; y la accesibilidad ampliada (Azevedo, 2001 citado por Solitario et al, 2006) es entendida como el tránsito o recorrido de los sujetos por los distintos servicios que intervienen en la atención a una determinada problemática social. Tal significación posibilita recuperar la ‘otra’ cara acerca de esos mismos hechos evidenciando las tensiones, obstáculos y desencuentros entre diferentes niveles de complejidad, jurisdicciones y dependencias.

De acuerdo a ello, la noción de accesibilidad resulta ser un eje trasversal que atraviesa a esta política en tanto dispositivo de intervención estatal que ha reconfigurado nuevos escenarios de accesibilidad; los cuales han logrado constituirse a través de los que entendemos que han sido dos aspectos claves en la gestión de los CAJs. Por un lado, esta política se ha caracterizado por una voluntad política que busca de manera constante la articulación inter-agencial a través de la firma de numerosos convenios que amplíen los servicios brindados a la comunidad, como por otra parte, se les posibilita a los equipos profesionales de los centros cierto nivel de autonomía para re-pensar sus prácticas interventivas en pos de transcender los limites existentes en la accesibilidad.

10

A modo de ejemplo se mencionan los convenios firmados con la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de Reincidencia, con la ANSES, con el Ministerio de Planificación Nacional, con la SEDRONAR, con el Ministerio Publico de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, con la Defensoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entre otros organismos.

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A continuación, profundizaremos esto último adentrándonos en las modalidades de intervención social llevadas a cabo desde los CAJs, puntualmente por el área psicosocial.

Los CAJs, ¿dispositivos de intervención?

Con el crecimiento de la política y la paulatina incorporación de nuevos profesionales – ya no exclusivamente abogado/as - se comienza a discutir si los CAJs representan la emergencia de un Estado con presencia territorial y capacidad de respuesta integral ante situaciones de vulnerabilidad social de extrema complejidad.

Entendemos que ante el actual contexto de Acceso a la Justicia es importante visibilizar a las intervenciones de los profesionales del área psicosocial no sólo como una herramienta de transformación de las circunstancias objeto de intervención, sino también como la forma que ha encontrado esta política de dar respuesta frente a los escenarios de complejidad sobre los cuales se ha insertado.

A partir de la incorporación de dicha área, ciertos movimientos instituyentes comenzaron a poner en cuestión la idea de integralidad y cómo es abordada; buscando nuevas alternativas de trabajo con la comunidad y en las cuales se concretice la idea de sujeto de derecho. En este sentido, nos comenzamos a replantear los modos de intervención llevados a cabo, identificando sus límites y potencialidades.

Adherimos al concepto de dispositivo, para analizar el funcionamiento de los CAJs en clave de intervención social. Este concepto nos permite visibilizar los distintos componentes (contextuales, subjetivos, institucionales e instrumentales) que abarcan y que, en determinadas circunstancias, condicionan los procesos de intervención del área psicosocial como parte del mismo. De esta manera, entendemos a los CAJs como un dispositivo de integración y facilitación de dialogo (Carballeda, 2008:102) entre los diferentes aspectos mencionados.

Lo explicitado anteriormente nos permite aproximarnos a los modelos de intervención vigentes en esta política, entendiendo que los procesos que han acompañado la evolución de la misma siguen actuando y generando continúas re-creaciones de nuestro quehacer profesional.

En la actualidad, en los CAJs se interviene predominantemente a nivel sujeto y familia, habiendo experiencias incipientes en relación al trabajo en grupos y con la comunidad.

Con respecto al abordaje individual y/o familiar, se destacan que las principales

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demandas recibidas giran en torno al pedido de ayuda social, desempleo, emergencia habitacional, dificultades en el acceso a la salud, violencia familiar y de género, problemática de adicciones, violencia institucional, conflictos intrafamiliares e identidad.

La complejidad de las demandas que se presentan en lo cotidiano, responden a la interconexión e interdependencia de muchas de las problemáticas citadas con anterioridad. Estas problemáticas constituyen escenarios de intervención de suma complejidad, ya que, directamente vinculado a la cuestión social, revisten un carácter diferenciado según los procesos históricos que los han determinado. De esta manera, los escenarios complejos que atraviesan en lo cotidiano el devenir de los CAJs representan el proceso de exclusión y desafiliación de diversos sectores de la sociedad. Compartimos que “mientras que el excluido deviene en un mero dato, un resultado de la imposibilidad de continuar inserto en los diferentes sistemas – educativos, sanitarios, mercado laboral-, el expulsado resulta entonces de una operación social, una producción. Si se considera a la exclusión, ya no como un estado, sino como una operatoria, la estrategia de lectura se complejiza aun más” (Calienni et al., 2009:45) Es por ello que destacamos la permanente vigencia de un trabajo de búsqueda y resignificación de modalidades de intervención que puedan recuperar, a través de un trabajo en conjunto con protagonismo de los sujetos, las inquietudes y necesidades que los atraviesan, como parte de una comunidad. En este sentido, en cada práctica profesional, nos proponemos generar escenarios de accesibilidad y contextos de posibilidad, presentándose entonces en cada intervención una dimensión subjetiva y política.

Retomado a Carballeda, la intervención implica una serie de acciones, mecanismos y procesos que construyen representaciones de ese “otro” sobre el que se interviene (2008). De esta manera se pretende, mediante un trabajo conjunto con los sujetos y familias, construir representaciones sociales que faciliten la apropiación de la idea de sujeto de derecho, de sujeto posibilitado, para la superación de las problemáticas sociales que atraviesan su vida cotidiana.

En relación a la atención de sujetos y familias, éstos generalmente se acercan al dispositivo mediante una consulta espontánea, una derivación inter-institucional, o bien a través del “boca en boca” de otros vecinos. Esto último se debe a que los CAJs han logrado constituirse como un referente institucional ante las diversas problemáticas cotidianas de los vecinos del barrio, incluso sin demasiada delimitación del campo de

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actuación, ya que existe una representación de que allí “los van a escuchar y orientar” ante una gran generalidad de temas. Este hecho, sin lugar a dudas, representa un importante factor de posibilidad para el trabajo cotidiano, ya que el equipo profesional cuenta con una relativa autonomía y flexibilidad para abordar diversas problemáticas.

Asimismo procuramos reconocer otras situaciones conflictivas que se encuentran entrelazadas a la problemática inicial que acerca a los sujetos, mediante el desarrollo de procesos de intervención más abarcativos con objetivos tanto a corto como mediano plazo.

Por otra parte, la conformación de numerosos vínculos institucionales, de los cuales se desprenden cuantiosas derivaciones a los CAJs, se debe en parte, a los procesos de intervención en red llevados a cabo por lo/as profesionales del trabajo social. En diversas intervenciones se procura facilitar el acceso, a través de “derivaciones asistidas”, a programas sociales con capacidad de respuesta a la problemática que demanda el sujeto. Por “derivación asistida” nos referimos a un proceso que busca tanto, en la medida de lo posible, la autonomía del sujeto para la exigibilidad de sus derechos como también un activo acompañamiento institucional en el ejercicio real de los mismos.

En esta tarea se destacan los convenios mencionados con anterioridad, los cuales favorecen los procesos de intervención en función de crear y recrear vías de acceso tanto en instancias administrativas como también de carácter judicial. Por ejemplo, en las situaciones donde se presentan problemáticas relacionadas a la salud, y el poder ejecutivo no da respuesta, se da intervención a los organismos de contralor para exigir la resolución de la demanda.

Con respecto

a los procesos de intervención desplegados a nivel grupal y

comunitario, detallamos que se han realizado algunas experiencias principalmente vinculadas a la modalidad de taller como espacio de intercambio de experiencias y producción comunitaria. Estas iniciativas de los equipos profesionales han recuperado las principales problemáticas por las cuales consultan los sujetos en pos de posibilitar un espacio de reciprocidad y construcción colectiva.

En las modalidades de intervención señaladas, subyace la búsqueda permanente de un abordaje interdisciplinario que favorezca a una mayor dilucidación de los fenómenos que se presentan, lo cual se plasme en prácticas más integrales. De esta forma,

consideramos

la

necesidad

de

facilitar

la

creación

de

espacios

interdisciplinarios, capaces de conceptualizar los problemas de forma compleja y no sometidos a fronteras disciplinarias; sin embargo advertimos que esta modalidad

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necesita apertura y flexibilidad como también “(…) requiere un proceso, una continuidad, intencionalidad y corresponsabilidad” (Calienni et al., 2009:41).

En función de lo descripto nos preguntamos acerca del sentido que le otorga el territorio a los procesos de intervención señalados, y cómo éste puede actuar tanto como un factor de oportunidad como así también de complejidad. Ligado a ello, nos interrogamos acerca de los límites y posibilidades que atraviesan de manera constante nuestras prácticas profesionales como trabajadore/as sociales.

El Trabajo Social en los CAJs… limites y posibilidades Desde la incorporación de profesionales del trabajo social en esta política se fue dando una re-configuración de las prácticas que tenían lugar en los CAJs, donde parte de nuestros principales interrogantes comenzaron a girar en torno al posible abordaje territorial en este contexto institucional. De esta manera, el accionar de lo/as trabajadores/as sociales habilitó nuevos vínculos institucionales en el territorio como también el diálogo con diferentes actores sociales, tales como referentes comunitarios, organizaciones

políticas

y

sociales,

instituciones

gubernamentales

y

no

gubernamentales con presencia territorial (parroquias, salitas de atención primaria de la salud, centros educativos, comedores, etc.); introduciendo a los CAJs, en muchos casos, en redes ya pre-existentes. Tal escenario, por un lado, facilitó la inserción en los barrios como a su vez, nos permitió el reconocimiento de los recursos y las potencialidades que atraviesan los territorios.

Calienni junto a otros autores (2009) nos proponen pensar en cada territorio como si fuera un texto que hay que saber leer, ya que si bien se encuentran permeados por la capacidad unificadora de la globalización; logra de alguna manera permanecer lo propio de cada lugar. De acuerdo a ello, se interpreta que el territorio es unicidad y diversidad al mismo tiempo. Es en ese inter-juego en el que surgen las nuevas subjetividades.

Ligado a lo anterior, y en términos de intervención, pensar en territorio nos acerca a la noción de espacio barrial. Lugar que en el que se conjugan diversos sentidos, intereses, conflictos y tensiones. Lo definimos como “territorio en el que se localiza la acción como espacio y tiempo con sentido, con historicidad de la acción humana – territorialidad-” (Calienni et al., 2009: 43). Siguiendo a esta línea para estudiar los territorios no podemos prescindir de dimensiones de análisis tales como la percepción, las representaciones, el imaginario, la ideología, la identidad y la cultura. Este “analizar” significa la necesidad de “saber” para el “hacer” debido a que para una

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acertada intervención de las actuales problemáticas sociales, en territorios tan complejos, se requiere de un enfoque que supere la especificidad, como hemos visto, a través de la formación continua, interdisciplina y de una aptitud auto-crítica en el cotidiano. “El enfrentamiento a problemáticas sociales cada vez más complejas, obliga al Trabajador Social, al desarrollo de una reflexión ética, lo que implica revisar los marcos conceptuales desde los que intervenimos y de los esquemas de justificación” (2009:46).

En este contexto institucional lo/as trabajadore/as sociales nos insertamos entre ciertas tensiones asociadas a las representaciones de la institución que nos convoca y a las demandas e imaginarios de la población consultante acerca del trabajo social.

Por otra parte, nos encontramos atravesados ante nuestras propias inquietudes y expectativas profesionales.

En lo que respecta a las representaciones de la institución sobre nuestro quehacer profesional, las mismas nos ubican en lugar más asociado a la “gestión de política”.

Sin embargo, a partir de nuestras prácticas, hemos advertido la necesidad de contemplar la “gestión” de recursos en el marco de intervenciones más abarcativas.

Históricamente los profesionales del trabajo social han tenido una fuerte implicación con las políticas sociales, es decir, las mismas son y han sido un componente constructivo en el desarrollo de las intervenciones. Es por ello que, en la cotidianeidad de nuestras prácticas, adquirimos un rol de facilitador en el acceso a políticas públicas, promoviendo la eliminación de las barreras burocráticas. No obstante, observamos que subyace un riesgo de rutinización en nuestro ejercicio profesional, el cual muchas veces atenta ante la posibilidad de generar una construcción conjunta, con los sujetos que recibimos, de procesos de intervención más integrales. Este riesgo se debe a múltiples aspectos; por un lado, entendemos que la incorporación de trabajadore/as sociales ha sido muy reciente – sobre todo si consideramos que a partir del año 2012 se empezó a contar con un número de profesionales significativo en relación a la cantidad de centros inaugurados –, lo cual ha implicado que la identidad del área se haya ido conformando de manera paulatina a través de un proceso que aún se encuentra actuando. Por otra parte, visibilizamos que el aspecto territorial de estos dispositivos conlleva diferentes factores a tener en cuenta a la hora de analizar los procesos de intervención.

Los CAJs se caracterizan por su amplitud y generalidad a la hora de atender consultas, hecho que ha posibilitado la conformación de valiosos vínculos de confianza con la población y distintos referentes territoriales. Lo cual, a su vez, implica un gran

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caudal de consultas a diario por temáticas muy disímiles. Entre estas consultas, encontramos algunas más asociadas a gestiones principalmente “administrativas” – por ejemplo relacionadas a la seguridad social, la gestión de documentación, solicitud de la Televisión Digital Abierta (TDA), entre otras – como también, consultas vinculadas a problemáticas sociales de gran complejidad como las señaladas con anterioridad. Aquí lo/as trabajadore/as sociales adquieren un rol de gran “flexibilidad” ya que abordan una diversidad de tareas, las cuales no siempre se asocian a la especificidad profesional. Sin lugar a dudas esta ductilidad, propia de esta profesión, ha favorecido el fortalecimiento de este dispositivo en distintos aspectos – entre los cuales subrayamos el afianzamiento en el trabajo en equipo y la capacidad de respuesta adquirida –. Sin embargo, nos preguntamos si ¿existe la necesidad de alcanzar una mayor delimitación en nuestro quehacer profesional en pos de profundizarlo y someterlo a una mejora continua? y si ¿dicha delimitación podría contribuir al desarrollo de nuevas alternativas de intervención social, como por ejemplo prácticas más asociadas al trabajo comunitario?

Por otra parte, otro aspecto a considerar en el análisis de nuestras prácticas profesionales es la infraestructura disponible para nuestro trabajo en el cotidiano. En su mayoría los CAJs se desarrollan en espacios físicos que han sido cedidos por alguna institución barrial, casas parroquiales, clubes, comedores comunitarios, entre otros. Esto se debe a las complejidades que existen, en materia de política pública, para ingresar a estos territorios. Si bien entendemos que este aspecto es sumamente relevante, el mismo excede los alcances de esta ponencia; no obstante podríamos decir que la complejidad del “ingreso” a los territorios más relegados y abandonados por el Estado durante el periodo neoliberal se evidencia también, en algunos casos, en aspectos tales como el espacio que se ha podido lograr para el desarrollo cotidiano de estos dispositivos. De esta manera, a pesar de los continuos esfuerzos llevados a cabo en materia de gestión política, la infraestructura disponible no siempre es la más indicada en relación a las necesidades de los equipos de trabajo y a la población consultante en general. Por lo tanto, aunque tal escenario requiere que nos dotemos de una mayor flexibilidad, al mismo tiempo, debemos intentar preservar un encuadre lo más adecuado para los sujetos que recurren a los CAJs. Consideramos que los aspectos señalados, tanto los que sugieren limites como también posibilidades, son parte del proceso de reconversión llevado a cabo por esta política; el cual evidenció la emergencia de un Estado presente en los territorios, como también el factor de posibilidad que representa para Acceso a la Justicia constituirse

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como una política que actúa “en” y “para” los territorios. Asimismo, hemos visibilizado algunas de las complejidades que implica “lo territorial” para la implementación de los CAJs, y en particular, para el desarrollo de procesos de intervención más integrales que requieren de un abordaje en el tiempo y dotado de un encuadre institucional adecuado. De esta manera, comprendemos que la revisión crítica de nuestras prácticas profesionales puede facilitar el desarrollo de nuevas modalidades de intervención para no sólo trabajar “en” y “para” el territorio, sino también para profundizar aún más el trabajo “con” la comunidad. Por lo que compartimos que "Uno de los mayores desafíos que el trabajador social vive en el presente es desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajos creativas y capaces de preservar y efectivizar derechos, a partir de demandas emergentes en el cotidiano. En fin, un profesional propositivo y no sólo ejecutivo" (Iamamoto, 1998 citado por Parra, 1999).

Consideraciones finales A través de esta ponencia nos hemos propuesto generar una aproximación a lo que consideramos un nuevo escenario de intervención en el ámbito de la justicia para el trabajo social, analizando los procesos de intervención en lo social llevados a cabo dentro de la política “Acceso a la Justicia Para Todos” Consideramos que esta política ha sido parte de la reforma institucional propuesta a partir del año 2003, encontrando en un plano discursivo y también en la praxis, la propuesta de superar los modelos de intervención social propios del periodo neoliberal. En este sentido, entendemos que tanto a través de las reformas administrativas efectuadas, como de los procesos de intervención social que se han promovido, se ha puesto en tensión la idea tradicional de “justicia” pasando a acercarse más a una perspectiva de “acceso a la justicia”. De esta manera, por un lado, el acceso a la justicia pasa a proclamarse en un plano formal como un derecho transversal a todos y cada uno de los derechos humanos; y por otra parte, se constituyen dispositivos en pos de materializarlo en servicios públicos integrales.

Recorrimos el proceso de re-conversión de esta política destacando que no sólo ha cuestionado el enfoque tradicional de justicia, sino que ha creado y recreado formas alternativas de intervención social desde un espacio institucional que no poseía competencias y funciones asociadas a la intervención social. A su vez, destacamos que en este proceso “Acceso a la Justicia” ha redefinido su identidad siendo clave en la actualidad su abordaje territorial. Al adentrarnos en las principales problemáticas

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que acontecen en los CAJs, visualizamos que se trata de sujetos que se encuentran bajo una situación de acumulación de desventajas, con trayectorias vitales profundamente marcadas por la vulneración de diversos derechos (a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, etc.), y en diversas ocasiones, en situación de desafiliación o exclusión social.

A modo de aproximarnos a las modalidades de intervención que se desarrollan en los CAJs, utilizamos el concepto de “dispositivo” para poder complejizar nuestro análisis.

A la luz de ello, hemos descripto nuestras prácticas en la cotidianeidad de dicho dispositivo y cómo las mismas se han ido re-configurando en consonancia con la complejidad de las demandas de intervención.

Adentrándonos en los procesos de intervención llevados a cabo, observamos cómo a través de ciertos movimientos instituyentes, se han logrado importantes rupturas y transformaciones en materia de intervención social posibilitando la creación de nuevos escenarios institucionales en los cuales se puedan re-pensar las lógicas instituidas, integralidad de la justicia ya no sólo como mero patrocinio jurídico, estatalidad en los territorios, etc. Sin embargo, entendemos la importancia de continuar reflexionando acerca de los modelos de intervención social que se dan desde los territorios. Ligado a lo anterior, consideramos valioso el análisis de las experiencias de trabajo de abordaje grupal y comunitario que se han llevado a cabo, con el objetivo de poder expandirlas y profundizarlas en miras a favorecer la construcción de sujetos de derecho y el fortalecimiento del lazo social. Todo ello, reflexionando acerca del lugar privilegiado que poseen los CAJs como dispositivos públicos insertos en el territorio de manera permanente.

A su vez, nos hemos permitido identificar tanto las potencialidades como

los

condicionantes que atraviesan al Trabajo Social en su quehacer profesional; invitándonos a continuar re-pensando nuestro trabajo cotidiano para el desarrollo de nuevas prácticas, llevadas a cabo en conjunto con la comunidad, atravesadas por la creatividad y la inventiva.

Entendemos relevante no dejar de destacar que el proceso señalado ha facilitado la creación de nuevos interrogantes en relación al desarrollo y a los alcances de programas o políticas cuya finalidad es el real acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos. En este sentido, nos preguntamos acerca de ¿cuáles son los desafíos que debemos asumir? y ¿qué necesidades nos interpelan en materia de formación y actualización profesional?

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Finalmente, deseamos a través de esta ponencia, trasmitir nuestra experiencia de trabajo con el colectivo profesional, impulsando reflexiones que favorezcan al intercambio, construcción y reconstrucción del conocimiento en nuestro campo disciplinar, ya que entendemos que ello se plasmará en nuestro trabajo cotidiano.

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