XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
Eje temático: Enfoque de derechos y políticas públicas en la contemporaneidad DERECHOS HUMANOS Y POLITICAS SOCIALES EN EL SECTOR RURAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES Stella Maris Yano1
Resumen El tema se desarrolla en el Proyecto de Investigación Análisis de los factores que obstaculizan el acceso de los trabajadores rurales de la provincia de Misiones al ejercicio de los derechos ciudadanos y a los beneficios de las políticas sociales 16H/ 378; a partir de los objetivos específicos que pretenden describir las estrategias de vida que desarrolla este sector de la población misionera y detectar la información que posee acerca de sus derechos y obligaciones. Se consideran las posibilidades y limitaciones para acceder al ejercicio de los derechos sociales a partir del análisis de las características propias de la zona, las principales actividades económicas, las relaciones sociales entre sus protagonistas, los avances tecnológicos, el papel del Estado y su intervención a través de las políticas sociales.
Introducción Las transformaciones en el sector rural afectan a todas las dimensiones de la vida: la economía, la política, y en lo social a las relaciones sociales. Con la globalización, la capacidad de competir pasa a ser una condición para que las economías rurales sean viables. La incorporación de la mujer como parte de nuevas estrategias de trabajo modifica las relaciones dentro de la familia y los tradicionales roles de género. En la provincia de Misiones la actividad rural se basa en la mano de obra del trabajador rural que incluye a su familia, es esta el núcleo de producción y consumo que adopta estrategias de vida entendidas a partir de las estrategias de sobrevivencia y de reproducción social. Cuando se hace referencia a las estrategias de vida se trata de prácticas sociales de la familia relacionadas a la capacidad productiva, a los recursos disponibles, a las posibilidades
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Docente universitaria de la carrera Licenciatura en Trabajo Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Misiones. Profesora Adjunta de la materia: Taller III Actuación profesional en ámbitos socio grupales/organizacionales. stellayano@hotmail.com
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económicas y aquellas que le permite el estado, para obtener los medios que aseguren la reproducción. Generalmente el proceso económico de la familia rural llega hasta la subsistencia, no todos logran obtener ganancia, no existe acumulación, no tienen capacidad de crecer como productores. La producción de la tierra se realiza para el autoconsumo y/o trabajo asalariado, pero aún así no es suficiente. Asimismo aparecen otras formas de ingresos adicionales: como la comercialización en el mercado del excedente producido, por ejemplo la venta de productos en la feria del pueblo; otra entrada económica para la familia es el cobro de jubilaciones y pensiones; así como la obtención de bonos, tarjetas o tikets sociales, becas, entre otros ingresos que permite el estado. Entre los derechos ciudadanos, el derecho a la tierra es importante para la familia del sector rural porque necesitan de un lugar para vivir y producir su subsistencia; sólo se garantizan estas cuestiones en la medida en que puedan lograr la tenencia de la tierra y trabajarla para plantar y consumir o comercializar la producción. Es así que la cría de animales, que ha sido parte de las estrategias de vida para consumo principalmente y/o la venta de productos que se derivan de ella, ya no es un único medio de vida para todas las familias del sector. Sí perdura la economía de parentesco y vecindad que tiene que ver con costumbres y tradiciones relacionadas a las formas de vida y que aportan un sostén para la familia. Es el intercambio de bienes y servicios: herramientas, favores, etc que implican redes de solidaridad y reciprocidad de ayuda mutua. Se trataría de una red de relaciones entre los sujetos que habitan en la zona y donde se produce un complejo entramado socioeconómico. Las estrategias de vida implican también decisiones tomadas en un determinado contexto y que persiguen un objetivo, en este caso las familias pretenden garantizar el bienestar de sus integrantes a través de los medios que tienen disponibles. Un medio sería también el apoyo técnico otorgado por las organizaciones locales del sector rural que permitió a las familias conocer nuevas técnicas de trabajo asociativo, de sembrado, nueva tecnología, oportunidades de acceder a microcréditos, elaborar emprendimientos familiares y cooperativos. El papel de las organizaciones en el sector rural cumple funciones relevantes: sirve de base para el desarrollo del capital social, facilita la ejecución de proyectos, sirve como instrumento de relacionamiento entre lo público y lo privado, reúne y transmite conocimientos y saberes populares, defiende intereses de la comunidad, presta servicios a sus miembros, participa en
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emprendimientos innovadores para la generación de ingresos, facilita alianzas productivas entre actores, son un mecanismo importante de difusión de información. Muchas de estas funciones son claves para el desarrollo rural y pueden realizarse a nivel local. (Machado; 2000:6) Se evidencia el desarrollo de procesos de trabajo en la producción, que en algunos casos logran combinar la utilización de la tecnología con la mano de obra del trabajador rural, sin embargo en otros casos aún no se lo reconoce como un aporte de mejoramiento o facilitador para la mano de obra. Asimismo hay una reapropiación del saber hacer del trabajador, lo que no significa que el trabajo deje de ser precarizado. Entonces, a partir de esta realidad, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cambian las estrategias de vida de los trabajadores rurales y sus familias con la intervención del estado, con la idea de derechos y obligaciones ciudadanas?, ¿qué conocimiento poseen los trabajadores rurales y sus familias sobre esto?, ¿cómo les llega la información?
El Rol del Estado y las Políticas sociales Aún los trabajadores asalariados están condicionados por periodos de producción (en la época de la zafra están activos) y por sobre todo por los períodos en que están inactivos, lo que les da inestabilidad en sus ingresos y cobertura social para ellos y sus familias. Los altos niveles de informalidad no permiten la cobertura de seguridad social entre los trabajadores rurales. En la relación entre Estado y Sociedad civil, en la relación de producción, el estado es quien da garantía en dicha relación social. Entre capitalista y trabajador asalariado, el estado debe velar por que se respeten derechos, deberes y obligaciones de ambas partes. La actual reconfiguración del Sistema de Seguridad Social2 y de asistencia social parte del análisis del sistema de asignaciones universales como una de las transformaciones de los sistemas de protecciones, entre los que se consideran “la creación de la Asignación Universal por hijo para protección social (AUHPS) extensión de las asignaciones familiares por hijo a segmentos de la población históricamente no alcanzados por el mismo; básicamente
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En relación a las transformaciones del Sistema de Seguridad Social es en términos de organización administrativa, destinatarios, tipo de beneficio, formas de acceso y requisitos de permanencia y las fuentes de financiamiento. Danani, Claudia e Hintze, Susana (coord.) (2011); “Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010”; Universidad Nacional de General Sarmienti; Buenos Aires; pág 158.
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trabajadores informales” (Danani e Hintze; 2011:25). También se consideran la protección de los niños, niñas y adolescentes y la noción de derecho a la protección. No se trata de una política más de transferencia de ingresos sino que da valor a la protección social, priorizando a la población más joven que necesita de la protección de sus familias y del estado, como aquellos pobladores del sector rural que no han sido reconocidos en sus derechos como ciudadanos. Afirma el autor Rofman que las asignaciones son concebidas como un complemento de los ingresos familiares que intentan mejorar los ingresos per cápita de los hogares (2001:4). Sin embargo está instalado el debate, ante la disputa por el sentido de inclusión, que implica y porque “invoca el principio de universalidad al incorporar a los trabajadores desocupados, a los monotributistas sociales, y a personas que se desempeñan en la economía informal o que perciben un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil” (Danani e Hintze; 2011: 159). Principio que tiene distintas acepciones como por ejemplo el que se sostiene en el criterio de ciudadanía o el de inclusión por trabajo. (Op Cit; 2011: 162) Considerando al trabajador informal, cuya denominación es tomada en su concepción por Lo Vuolo y según esta referencia, ese trabajador en la AUHPS es identificado como un sujeto de derecho. En relación a los derechos universalizados que son: salud, educación, empleo y previsión como condición, según Lozano para restituir a la población su carácter de ciudadanos (En Op Cit; 2011: 166) Sin embargo también se enfatizó el papel del trabajo en la inclusión pensando al estado como el reparador de las desigualdades sociales y creador, según el Presidente Néstor Kirchner, de “oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno” (En: Op Cit; 2011: 166). Esta política se conecta con la idea de solidaridad e igualdad, y el reconocimiento de garantías para la reproducción de la vida. Sin embargo, tiene limitaciones y condicionalidades que dejan excluidos a trabajadores no registrados con remuneraciones insuficientes para mantener a su familia; así como requerimientos que discriminan exigiendo los controles sanitarios, vacunatorios y educativos, afirman las autoras Danani e Hintze (2011:175). Otro grupo excluido sería el que aparece en los resultados de una investigación “(…) en Misiones, particularmente las familias de productores de tabaco poseen un ingreso anual que les impide percibir la AUHPS, por lo tanto, sostienen la actividad productiva, y la población infantil y juvenil los acompaña en las tareas (…)” (Spasiuk; 2012:111).
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Es decir que el productor se vale de la mano de obra de toda la familia, los integrantes menores inclusive, para conseguir un ingreso mínimo por la producción, en este caso de tabaco. Retomando la percepción de los destinatarios de AUHPS, aquellos que valoran esta política en la construcción de su mundo, como afirma Spasiuk en la investigación que realiza, “(…) la percepción regular del dinero de la AUHPS es lo que sumado a los demás ingresos que genera le permiten reordenar sus inversiones y sus gastos y reestructurar su vida cotidiana. Sentirse acompañada y atendida por el Estado y mejorar objetivamente sus posibilidades actuales de vida y proyectando su futuro” (2012: 18). Significa una ayuda o ingreso regular que satisface necesidades básicas y cotidianas y que se diferencia de los otros ingresos obtenidos estratégicamente por las familias. La escuela y las políticas educativas Esta política hace parte no sólo a sus destinatarios directos, sino que también la escuela participa actuando a favor de la alfabetización y reforzando una red social que se instala en torno a ella, creando una trama de relaciones entre la familia, la escuela, la comunidad y esta política. Dando también oportunidades a través de Programas de finalización de estudios así como de becas para estudiantes, por ejemplo el PNIE “rural” destinado a niños y jóvenes de escuelas rurales. La escuela que prepara a los estudiantes para que se integre a la sociedad como ciudadano, acompañada por un estado que pretende ser garante y responsable principal de la seguridad social. Sin embargo, los mismos directores y maestros, tienen sus propias opiniones sobre las políticas sociales y algunos de ellos estigmatizan a los sectores que son sus destinatarios, asumiéndose como “agentes veedores y prescriptores de los usos, apelando incluso a la amenaza y a múltiples formas de coacción”. Se establece así un dispositivo de control sobre los posibles usos que realicen las familias de estos ingresos poniendo en riesgo la garantía de derechos sociales. (Spasiuk; 2011: 136-137).
El acceso a la información: facilitadores y obstáculos Hasta aquí se analiza aquel sector, y al decir de Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación en la gestión de Néstor Kirchner, se refiere al sector que participa de algún tipo de redes sociales, o forman parte de instituciones sociales o la Iglesia. “Pero existen grupos sociales que desconocen o están mal informados acerca de las políticas sociales. Será
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una dura tarea para el Estado ir a buscar a los que están desenganchados de todo” (En diario: Primera Edición; 2014: 4). La televisión y la radio también transmiten informaciones relacionadas a los derechos y obligaciones ciudadanos; comunican mensajes y pautas hasta los rincones del sector rural, donde el ciudadano no es consciente de su derecho a la información, del acceso a las fuentes fehacientes que le permitan tomar decisiones en las acciones a emprender. Los movimientos obreros por ejemplo la UATRE, desarrollan una activa labor a favor de la conquista de los derechos del trabajador rural, y uno de sus objetivos es que a través de la alfabetización los trabajadores puedan defender sus derechos. Esta organización considera que la formación, información y capacitación de todos los que integran el sector, es el medio más idóneo para mejorar y dignificar el nivel y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias3. Las computadoras, los servicios de telecomunicación digital, las TIC´s, también llegan al sector rural pero no es garantía de que eleven por sí solas el nivel de vida de esta población, más aún si los canales de comunicación no mejoran. Son las diferentes organizaciones y entidades rurales que están en contacto con los actores sociales (escuela, centro de salud, organización eclesiástica, organización pública local, etc) las que intermedian en el servicio de la tecnología, utilizándolo para mejorar el trabajo, aumentar la capacidad de comunicación, enseñar oportunidades de futuros proyectos. La Internet es un recurso que se integra a innumerables actividades del medio rural y sirve para mejorar la participación local, la formación y capacitación, el apoyo técnico, que son parte de objetivos comunes al desarrollo social y económico del sector. Con la innovación de las posibilidades de desarrollo en red para comunicar y realizar intercambio de experiencias y conocimientos con otros grupos o sectores. Dice un estudio especial sobre el derecho de acceso a la información desde la Organización de los Estados Americanos que la información pertenece a las personas, no es propiedad del estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. El estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. El estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para promover el respeto al derecho a la información y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos. Además está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la
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Extraído de la página de internet: http://www.uatre.org.ar/capacitacion.php
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promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar sus infractores4. Sin embargo un obstáculo es la falta de comprensión de la información acerca de los derechos y obligaciones que se da por causas del analfabetismo, por la falta de motivación de los medios que informan, por la manipulación de la información a favor de intereses ajenos a la población destinataria. El problema es no poder asimilar esa información por el arraigo de una cultura de sumisión al poder, por ejemplo es el empleador o patrón quien decide sobre los derechos y obligaciones del trabajador; pero también perdura el modelo patriarcal en el desenvolvimiento de las familias es decir es el hombre, jefe de familia, quien tiene la autoridad y dominio pleno, lo que implica decidir sobre qué derechos y qué obligaciones se apropian sus integrantes, qué información es conveniente a la que accedan su esposa e hijos. Parafraseando resultados de la investigación de Petit, quedan expuestos los integrantes de la familia al abuso de poder en una relación de dominio y de superioridad que existe dentro de la dinámica familiar, y donde la cuestión de género está fuertemente marcada en los mandatos culturales presentes en la organización familiar. La información que pudiera recibir la mujer sobre sus derechos significa una amenaza para el dominio y ejercicio de control del hombre sobre esta. El que se vale de la manipulación para controlar y decidir en voluntad de ella, prohibiendo y restringiéndole sus derechos, y quedando la mujer vulnerable y encerrada posiblemente dentro de un círculo de violencia en diversas manifestaciones. (2014: 89-90)
Conclusiones Los obstáculos en la información acerca de los derechos y obligaciones del trabajador rural y sus familias, se refieren al acceso de esta población a información incompleta, no fehaciente, no eficiente (no son parte de la realidad o no se adaptan a las características de la región entonces no motiva a participar y ni a ser crítico), información que evidencia recursos inasequibles, información que no es comprendida y al no ser comprendida no se la puede aplicar a las problemáticas existentes. Además persisten en el sector rural los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad en el acceso y participación en la información sobre derechos y obligaciones, lo que evidencia las desigualdades en materia de género, resistiendo la discriminación y violación de los derechos
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Extraído de página de internet: http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la %20Informacion.pdf
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de la mujer. Debido al arraigo de una cultura de sumisión al poder y la perduración del modelo patriarcal en las relaciones y el desenvolvimiento de las familias. Es fundamental sostener que la información pública para el sector rural debiera ser generada por
una
red
conformada
por
instituciones
gubernamentales,
organizaciones
no
gubernamentales, empresas que de alguna manera están vinculadas al sector, y que brinden el acceso y distribución de información acerca de los derechos y obligaciones del trabajador rural y su familia. Cobra importancia la figura y la función del promotor comunitario, del promotor de salud, del promotor socio cultural como encargados de informar a la comunidad, cada cual promoviendo acciones a partir del acceso a diferentes políticas sociales otorgado por programas y proyectos sociales, previniendo enfermedades, revalorizando los recursos locales, recomponiendo la identidad cultural, que corresponden a derechos de cualquier ciudadano. El impacto de las TIC´s es indudable pero deben ser dirigidas a verdaderas transformaciones en el desarrollo social, vislumbrando lo cotidiano del sector rural en el que hay familias que viven aún en estado de precariedad, reconocer las TIC´s como un medio que facilita el acceso a la información a través de fuentes rápidas, confiables, con canales de comunicación inmediata e interactiva, que permitan a los responsables de operarlas, poder promover los derechos y obligaciones del ciudadano rural. La educación cumple un papel fundamental siempre y cuando considere el aspecto político, económico, social, histórico, cultural del medio rural, las necesidades e intereses de su población, el entorno familiar. Las políticas educativas deberían generan la igualdad de oportunidades dentro de un proceso de construcción de ciudadanía. El acceso a la información y al conocimiento de los sectores rurales es importante para adaptarse a las grandes transformaciones de la modernidad, para aquellos que desean permanecer en la zona pero en mejores condiciones de vida. Desde la mirada del Trabajo Social nos interesa conocer y analizar los factores que obstaculizan el acceso de los trabajadores rurales a los derechos de ciudadanía y a los beneficios de las políticas sociales. Para realizar un aporte desde esta disciplina al campo científico valiéndonos de la producción de conocimiento de esta investigación, así como de quienes desean profundizar sobre la temática ubicada en esta realidad determinada.
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Bibliografía DANANI, Claudia e HINTZE, Susana (coord.) (2011) Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en
la Argentina 1990-2010. Universidad Nacional de General Sarmiento.
Buenos Aires. LO VUOLO, Rubén (2009) Asignación por hijo. Serie Análisis de coyuntura N° 21. CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE POLITICAS PUBLICAS –CIEPP- Buenos Aires. LOZANO, Claudio (coord.) (2005) La universalización de las asignaciones familiares y la actualización de la propuesta del FRENAPO. CTA. Buenos Aires. MACHADO, Absalón (2000) El papel de las organizaciones en el desarrollo rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. SPASIUK, Gisela (2011) Escuelas, Familias y la Asignación Universal por hijo para la protección social en el NEA. Misiones: Editorial Universitaria. Ponencia: ROFMAN, Rafael (2001). El sistema de asignaciones familiares como herramienta central en la política social argentina. VI Congreso Internacional CLAD: Reforma del Estado y la administración pública. Buenos Aires. Tesis de grado: PETIT, Alejandra Ruth (2014) Trabajo de investigación: Las representaciones sociales de mujeres integrantes de familias rurales; sobre la participación en su comunidad, en el Barrio Nuevo localidad de San José provincia de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNaM. Misiones. Artículo: Diario: Primera Edición. Sección: política y economía. Posadas Misiones. 2014. Pág 4. Páginas de internet: http://www.uatre.org.ar/capacitacion.php http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%2 0Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
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