La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe
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tratan de disminuir el impacto; en contadas ocasiones logran modificar sustancialmente un proyecto y, en menos oportunidades aún, los proyectos son rechazados. Si bien por lo general no se realizan evaluaciones de impacto ambiental de políticas y programas, ya se han ideado algunos instrumentos con este fin (por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica).
C.
Políticas específicas
Otras políticas ambientales explícitas se relacionan con la conservación de los recursos naturales renovables, incluidos los planes de manejo. En general, estas son claramente reactivas. Un ejemplo clásico son las políticas de disminución de la deforestación de bosque nativo, que no han tenido éxito en los países de la región. Casi todos los países poseen legislaciones e instituciones para la protección forestal que definen las políticas ambientales explícitas. No obstante, los factores que inciden en la deforestación escapan al control de estas políticas explícitas. También han fracasado las políticas de conservación del suelo, ya que los flagelos de la erosión, el agotamiento de nutrientes y la salinización están presentes en todos los países de la región. Las políticas de conservación de los recursos del mar están influidas por las amenazas de crisis sociales debidas a la disminución de la actividad pesquera y también por las advertencias de los científicos que estudian los recursos marinos. Las dificultades para que la opinión pública tome conciencia de los problemas relacionados con la disminución de estos recursos inciden para que la reactividad sea menor que en los casos anteriores. Las políticas ambientales explícitas referidas a la calidad de vida de la población, especialmente las relacionadas con la salud (por ejemplo, respecto de la contaminación), surgen de los problemas cotidianos que enfrentan las personas con relación al consumo y en el trabajo. Estas quizás sean las políticas más reactivas, a causa de la presión que ejerce la población. Desafortunadamente, aún queda mucho para que se presione por la adopción de políticas más preventivas y estructuradas. En términos generales, las políticas ambientales explícitas han tenido poco éxito. Pese a su reforzamiento institucional, los organismos ambientales del sector público, concebidos como organismos ambientales reactivos, casi sin excepción han navegado en aguas muy difíciles, y la mayoría se han visto envueltos en graves conflictos tanto con otras instancias de la burocracia estatal como con la sociedad civil, sobre todo con los grupos empresariales y con las organizaciones no gubernamentales ambientalistas. Las funciones asignadas a estas estructuras gubernamentales han sido claramente
